Matrícula de programas acreditados por régimen jurídico de las IES

En el ciclo escolar 2020-2021, la matrícula de tipo superior (TSU y licenciatura) fue de 4 millones 579 mil 892 estudiantes, de los cuales, 67.4% se encontraban inscritos en los diversos subsistemas del sector público y el restante 32.6% en IES privadas (Tabla 3).

Del total de la matrícula nacional evaluable de licenciatura, 53% estaba inscrita en programas acreditados por su calidad, sin embargo, al hacer una distinción por régimen jurídico encontramos que las IES públicas tuvieron un porcentaje del orden de 68% y las particulares de 18%; en consecuencia, existe una desigualdad muy evidente entre la calidad de la oferta académica de licenciatura que ofrecen las instituciones públicas en relación con las particulares.⁹ En otras palabras, las IES públicas tienen logros más importantes en este periodo ya que, como se ha señalado, la evaluación y sus resultados positivos eran requisitos indispensables para la obtención de recursos (Tabla 4); mientras que las IES privadas no se sometían de manera obligatoria a esos esquemas.¹⁰

Matrícula de programas acreditados por subsistemas de educación superior

También se identifican diferencias entre subsistemas. Por ejemplo, tal como se aprecia en la Tabla 5, los de mayores avances en la acreditación de su calidad corresponden a las universidades públicas estatales, los centros públicos del Conacyt y las universidades públicas federales, cuyos porcentajes de matrícula que cursa sus estudios en programas de calidad son del orden del 86%, 76% y 74% respectivamente. En el extremo opuesto, los subsistemas públicos con mayores rezagos son las universidades interculturales y las escuelas normales con porcentajes del 40% y 29%, respectivamente. En términos generales hay que recordar que las universidades interculturales comenzaron a crearse en el año 2003 y actualmente sólo hay 10 instituciones registradas en las bases de datos de la ANUIES en el ciclo 2020-2021, es decir, es un subsistema pequeño en proceso de crecimiento (^{Dietz, 2019}). En el caso de las escuelas normales se puede decir que ha sido uno de los subsistemas con más rezago (salvo contadas excepciones) por razones como: insuficiencia presupuestal para su desarrollo, el alto centralismo para la toma de decisiones, poca autonomía para formular proyectos académicos; bajo porcentaje de profesores de tiempo completo, entre otras (^{Medrano et al., 2017}).

Matrícula de programas acreditados por regiones y por entidades federativas

También es importante identificar las diferencias de matrícula en programas acreditados por regiones para saber cuáles son las que presentan mayor rezago. Para ello, se agrupó la información de matrícula de calidad tomando como referencia la regionalización de la ANUIES.¹¹ De acuerdo con el Mapa 1, la región noroeste registra el indicador más alto de matrícula en programas acreditados, es decir, 6 de cada 10 estudiantes de licenciatura cursa sus estudios en programas considerados como de calidad; en el extremo opuesto, en la región sur sureste, sólo 4 de cada 10. En general se observa una disminución, de norte a sur, en la cobertura de estudiantes con programas de calidad, donde las entidades con menor nivel de desarrollo económico y social, son las que tienen también menos matrícula en programas acreditados.

Fuente: elaboración propia con información estadística de la ANUIES, ciclo 2020-2021.

Mapa 1 Matrícula de calidad por regiones de la ANUIES 

Sin embargo, dicha visión general tiene algunos matices. Al agregar los datos en cuartiles se observan entidades que sobresalen con independencia de la región a la que pertenecen (Gráfica 1 y Mapa 2). Por ejemplo, con un nivel de cobertura educativa de calidad muy buena tenemos a: Nuevo León, Baja California, Sonora, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes e Hidalgo, en un rango que va de 58% a 67%, siendo Nuevo León la entidad con mayor porcentaje. En un segundo grupo las entidades con una cobertura de calidad buena son: Campeche, Morelos, Baja California Sur, Yucatán, Colima, Guanajuato, Michoacán y Chihuahua, en un rango de 54% a +-58%, siendo Campeche la entidad con mayor porcentaje.

Fuente: elaboración propia con información estadística de la ANUIES, ciclo 2020-2021 y de la Subsecretaría de Educación Superior.

Nota: las barras representan el porcentaje estatal de matrícula en programas acreditados y la línea la tasa bruta de cobertura.

Gráfica 1 Distribución de la matrícula de programas acreditados y tasa bruta de cobertura de educación superior por entidad federativa 

Fuente: elaboración propia con información estadística de la ANUIES, ciclo 2020-2021.

Mapa 2 Matrícula de calidad por entidad federativa 

Ahora bien, por debajo del promedio nacional (de 52.9%), se encuentra un tercer grupo de entidades, denominado de calidad regular: San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Quintana Roo, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala, en un rango de 51% a 53%, siendo Tlaxcala la entidad con menor porcentaje. Finalmente, las entidades caracterizadas como de cobertura educativa de baja calidad son: Tabasco, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Nayarit en un rango de 35% a 45%, siendo Nayarit la entidad con el porcentaje más bajo. Lo anterior permite concluir que las regiones con menor desarrollo socioeconómico son las que requieren más apoyos para que sus estudiantes cursen sus estudios en programas de calidad y, con ello, contribuyan de mejor manera al desarrollo de sus regiones.

Comparación de indicadores educativos entre entidades federativas

Cada entidad federativa tiene sus particularidades en cuanto al grado de diversificación y calidad de su propio sistema de educación superior. Hay estados cuyo sistema educativo está muy consolidado y diversificado, como es el caso de Nuevo León, caracterizado porque su sistema público es de muy buena calidad y, en específico, tiene los mejores indicadores en cuanto al porcentaje de cobertura en programas de calidad. Asimismo, destaca porque la tasa bruta de cobertura se encuentra muy por encima del promedio nacional, ya que 6 de cada 10 estudiantes de 18 a 22 años se encuentran inscritos en alguna IES. Asimismo, del total de su matrícula, 67% se encuentra inscrita en programas acreditados por su calidad.

Destaca el caso de Chiapas, en el que la participación de la oferta de educación particular es muy grande, ya que actualmente atiende al 42% de la matrícula de la entidad, cuando el promedio nacional es del 32.6%; sin embargo, de esa matrícula de instituciones particulares, sólo 6% cursa sus estudios en programas acreditados. En general, la matrícula en programas acreditados de su sistema público, que es de 36.4%, se encuentra por debajo del promedio nacional (52.9%). Sobresale también por ser una de las entidades en las que acceden únicamente 2 de cada 10 jóvenes en edad de cursar estudios de licenciatura.

Un caso intermedio es el de la Ciudad de México, entidad que tiene la mejor tasa de cobertura; sin embargo, tiene la característica de que ahí está ubicada la mayor cantidad de IES particulares de todo el país, no obstante, estas IES sólo atienden a 35% de la matrícula de la ciudad. Tiene un sistema educativo público en el nivel del promedio nacional de matrícula en programas acreditados por su calidad, y es sede de las IES particulares más grandes y prestigiosas del país, que son las que más han sometido sus programas a evaluación externa, de tal manera que el porcentaje de la matrícula en programas de calidad de este subsistema alcanza el 23%. En la siguiente tabla, para fines comparativos, se muestran también los datos de los casos de Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca y Nayarit.¹²

Si bien se han logrado avances significativos, persisten desigualdades de calidad de la oferta pública y particular de estudios de tipo superior, particularmente las entidades del sur del país son las que muestran los indicadores más bajos, a excepción de Campeche y Yucatán. Por otra parte, hay entidades en la región noreste y centro occidente que, aun teniendo niveles medios y altos de desarrollo socioeconómico o bienestar,¹³ están caracterizadas por su baja cobertura educativa con programas de calidad, como es el caso de Nayarit, Durango y Coahuila. Por último, parece haber una relación directa entre la oferta de programas de licenciatura de baja calidad ubicada precisamente en entidades con los niveles más bajos de desarrollo socioeconómico: Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Exigir que la oferta académica de las IES particulares sea de calidad

Dada la baja calidad de la oferta educativa de las IES particulares, es apremiante que el gobierno federal reformule o diseñe un nuevo esquema de operación y revalidación de estudios para asegurar la calidad de la educación que imparten. La LGES establece un nuevo mecanismo que permitirá a las IES contar con un reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa, el cual se otorgaría a aquellas que demuestren solidez académica, que impartan estudios con enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que contribuyan a la inclusión, equidad, excelencia y mejora continua de la educación, y demuestren contribuciones en beneficio de la sociedad con los aportes de la institución y sus egresados, entre otros (art. 72). El estímulo para este efecto es, nuevamente, la simplificación administrativa. Cabe señalar que dicho reconocimiento tiene como condiciones que las IES solicitantes tengan una acreditación nacional o internacional vigente, acrediten la vinculación con sectores productivos y sociales, y demuestren su contribución social.

Este mecanismo es insuficiente porque, en principio, dicho reconocimiento únicamente lo obtendrían, nuevamente, las IES más consolidadas. Por ejemplo, de un total de más de 2 mil 700 IES particulares que operan en México, sólo 29 se encuentran asociadas a la ANUIES y 113 a la FIMPES, organizaciones que exigen el cumplimiento de procesos académicos y de gestión de calidad. De hecho, un requisito para que una IES particular sea miembro de la ANUIES es que cuente con el 75% de su matrícula en programas acreditados; por su parte, el reconocimiento institucional a nivel nacional únicamente lo otorgan la FIMPES y el Comité de Evaluación Institucional de CIEES.

En relación con el RVOE, el art. 71 de la LGES reitera las tres fuentes para su otorgamiento: autoridad federal, entidades federativas e IES facultadas para ello. En lo fundamental, reproduce la lógica que ha prevalecido, es decir, exigir condiciones básicas de operación de los programas de estudio. En otras palabras, la evaluación institucional externa es opcional (no un requisito), ya que bastaría con que la IES solicitante de un RVOE presente un plan de mejora continua.

Esta diferenciación propuesta en la misma ley coincide con un estudio publicado por Morales (2013) en el sentido de que, en México, se pueden identificar 2 grandes grupos de IES privadas. Por un lado las universidades de élite cuya legitimidad es producto de la selectividad socioeconómica de sus estudiantes y profesores, su prestigio social y la acreditación de sus planes de estudios; por el otro, aquellas IES que buscan atender a los segmentos medios y bajos del mercado, cuyas fuentes de legitimidad son la maleabilidad de sus programas de acuerdo con la demanda, lograr el reconocimiento de una universidad pública, lograr el RVOE así como su fácil acceso, costos medios bajos y oferta de créditos educativos. En este segundo grupo entrarían las IES absorbedoras de demanda, es decir, instituciones que aprovechan la demanda no satisfecha ni por las lES públicas (rechazados), ni por las IES particulares de élite (Levy en Morales op. cit., 2013).¹⁵

Para garantizar que todas cumplan con estándares mínimos de calidad, es necesario que el RVOE sea más que un mecanismo que defina los requerimientos básicos de operación de una institución, y avance en el sentido de obligar a las IES a evaluar sus programas externamente, para lo cual se requiere armonizar los modelos de evaluación de la calidad, ya que existen diferencias sustantivas entre los de la federación, los de las entidades federativas y los de las universidades autónomas, instancias que pueden otorgarlo. El promedio nacional de la matrícula inscrita en programas de calidad es del orden del 50%, por lo que debe ser una obligación de las IES particulares contar con ese piso mínimo. En otras palabras, ninguna institución de educación superior particular debe ofrecer programas de licenciatura si no tienen al menos el 50% de su matrícula en programas acreditados, sobre todo si se parte del hecho de que están ofreciendo un bien público por el cual obtienen beneficios económicos. No asumir esta responsabilidad es un impedimento que invalida el principio del derecho humano a la educación de calidad.

Socialmente es insostenible que solo unas cuantas IES particulares se sometan voluntariamente a mecanismos de evaluación externa. De nuevo, de las más de 2 mil 700 IES que operan, únicamente 85 cuentan con al menos un programa evaluado como de calidad, es decir, menos del 4%, cuando el promedio de las IES públicas es de 51% (Tabla 8).

Esta exigencia social es viable porque existe un nuevo y consensuado marco normativo para la educación superior. En la LGES la evaluación, mejora continua, equidad e inclusión social, son parte de su objeto; asimismo, en su art. 49, explícitamente se señala que corresponde principalmente al gobierno federal vigilar los servicios que ofrecen las IES particulares. También técnicamente es factible porque, sobre las nuevas disposiciones normativas, lo que se requiere es instrumentar acciones.

Para el sistema de educación superior mexicano, uno de los criterios orientadores, de acuerdo con la LGES, es la excelencia educativa que coloca al estudiantado en el centro del proceso educativo (art. 8). Asimismo, la ley mandata que el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES) tenga la capacidad de detectar aspectos a corregir, mejorar o consolidar para lograr la excelencia educativa; de aportar elementos para valorar el desarrollo de políticas y programas del sector; de ser retroalimentado de manera permanente; asegurar rigor metodológico y con apego a criterios académicos; de ser objetivo, imparcial, replicable, transparente y ético, y de atender a marcos de referencia y criterios de los ámbitos nacional e internacional (art. 59).¹⁶

En este contexto se podría convocar a un grupo de trabajo para reformular el ^{Acuerdo SEP 17/11/17} (de fecha 13 de noviembre de 2017) por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el RVOE del tipo superior que otorga el gobierno federal, pero también los acuerdos de los gobiernos estatales y las universidades autónomas o, en su caso, crear un nuevo acuerdo que exija a las IES particulares una base mínima de matrícula de licenciatura en programas acreditados como condición para funcionar, conforme a la exigencia constitucional de ofrecer una educación de excelencia y a los criterios del nuevo SEAES que mandata la LGES,¹⁷ y en línea con el referente estadístico nacional del porcentaje de matrícula en programas de buena calidad que es del orden del 50%.¹⁸

En el corto plazo se puede estimar que habrá resistencia al cambio por la afectación a intereses económicos de algunos actores, sin embargo, es indispensable que la exigibilidad de programas acreditados por su calidad en las IES particulares tenga un plazo razonable para su cumplimiento y se les brinde apoyo de las autoridades para lograrlo. Ello implicaría también que la lógica de operación de los RVOE estatales y de las IES autónomas se ajusten al nuevo planteamiento federal. Con estas acciones, las familias y los jóvenes tendrán la certeza de que se están formando en programas acreditados por su calidad educativa.

Diseñar programas que promuevan la equidad interinstitucional de las IES públicas menos consolidadas

En estos treinta años, en lo que corresponde a la oferta pública, se han logrado mejores resultados, pero aún persisten desigualdades entre subsistemas. Este trabajo propone que el gobierno federal, en el marco del SEAES, convoque a todos los actores a un acuerdo nacional para disminuir las brechas de calidad entre instituciones. En el discurso del actual régimen son frecuentes las alusiones al concepto de solidaridad social en contraposición al mérito y esfuerzo individual, por lo que sería factible que dicho acuerdo tenga como uno de sus fundamentos la colaboración interinstitucional y la transferencia e intercambio de capacidades de docencia, científicas, culturales y de gestión de las IES consolidadas hacia las menos consolidadas. La propuesta se basa en hacer realidad la aspiración de crear no sólo comunidades universitarias, sino comunidades interuniversitarias e interinstitucionales.

De hecho, como producto de la 3ª Conferencia Internacional de Educación Superior de la ^{UNESCO de mayo de 2022}, se propuso el documento Más allá de los límites. Nuevas formas de reinventar la educación superior, en el que se señalan una serie de principios para configurar el futuro (2030). En particular, destaca el de excelencia a través de la cooperación en lugar de la competencia que textualmente señala:

Las universidades y otros tipos de IES pueden desempeñar sus misiones educativas con mayor eficacia mediante la cooperación y la solidaridad. Esto ayuda a trabajar de forma interdisciplinar, a poner en común los recursos científicos entre las unidades académicas y las instituciones, a compartir conocimientos y experiencias a través de redes profesionales a nivel nacional e internacional para lograr sinergias. (^{UNESCO, 2022, p. 11}).

En este tenor, la fracción I del art. 37 de la LGES insta a las autoridades educativas y a las IES a: promover programas basados en el principio de equidad entre las personas a fin de disminuir las brechas de cobertura y excelencia educativa entre las regiones, entidades y territorios del país…

Se sugiere así que, para lograr la excelencia del sistema de educación superior que señala la ley, es indispensable fomentar la solidaridad y la cooperación. En este sentido, la propuesta es que se apoye, con un sentido de equidad, a las IES menos desarrolladas y con menos programas acreditados mediante la transferencia de capacidades por parte de las instituciones reconocidas por la calidad de sus procesos, por ejemplo:

La idea es no dejar a nadie atrás en términos de acceso y calidad de la educación (^{Unesco, 2022}). Se debe considerar también que el actual uso extendido de las TIC puede contribuir ampliamente al logro de estas propuestas y su viabilidad se fundamenta en la existencia de un nuevo régimen cuyos supuestos abonan en el sentido de fortalecer la cooperación interinstitucional con un sentido de equidad. La CPEUM establece que la educación superior es un derecho humano y su oferta deberá guiarse por los principios de excelencia, igualdad sustantiva y equidad; en la LGES se exaltan principios como el derecho humano a la educación superior, la excelencia educativa, la equidad, la inclusión social, la erradicación de desigualdades, la cooperación interinstitucional, así como la disminución de brechas de cobertura y de excelencia educativa, y en la Hoja de ruta de la UNESCO para el año 2030 se propone, como un eje rector, el fomento a la excelencia a través de la cooperación y la solidaridad en lugar de la competencia. Técnicamente es factible porque hay elementos jurídicos y normativos para que, desde el gobierno federal, se convoque a todos los actores del sistema de educación superior a elaborar un programa especial para disminuir brechas de calidad.

En resumen, para disminuir las brechas de calidad, es necesario convocar a todos los actores a un acuerdo nacional para que las IES públicas consolidadas apoyen a las menos consolidadas. Dicha convocatoria la podría realizar el propio CONACES y, para ponerla en marcha operativamente, los Consejos Estatales de Planeación de la Educación Superior (COEPES) podrían realizar un diagnóstico de necesidades institucionales.¹⁹ Aunado a lo anterior, se podrían realizar foros en los que todos los actores diseñen la ruta específica para hacer factible la cooperación y solidaridad interinstitucional a favor de la calidad y excelencia educativa, y en los que además se fomente la idea de que todas las IES son importantes. Para no continuar reforzando la desigualdad del sistema de educación superior, se debe cultivar una cultura de solidaridad y cooperación interinstitucional para garantizar el derecho humano a la educación; por tanto, en el mediano plazo tendríamos un sistema menos desigual y más equitativo.