Introducción

Cada vez son más los estudios que han orientado sus esfuerzos al análisis del papel de las mujeres en la economía, en los cuales confluyen la historiografía sobre la familia, las redes y las instituciones, y donde se destaca la relación que las mujeres han establecido con la propiedad. A partir de ello, se han podido identificar las modalidades en que éstas lograron incursionar en distintas esferas de la minería, desde la empresarial hasta la del trabajo.

En cuanto a la minería mexicana, la participación histórica de las mujeres tiene una connotación particular, debido al papel central y predominante que esta industria ha jugado en la economía desde tiempos virreinales. Hasta ahora, a diferencia de algunos estudios realizados para los países mineros del Cono Sur, aquellos enfocados en México han abordado principalmente la participación de las mujeres en la minería como empresarias, en parte debido al tipo de fuentes que han estado al alcance de quienes se dedican al tema. Por esa razón, tanto los mineros como las mineras de sectores medios y dentro de la esfera del trabajo están todavía en proceso de estudio, porque éstos existen dispersa y marginalmente en muchas de las fuentes hasta ahora utilizadas.

Considerando lo anterior, este artículo centra sus esfuerzos en desarrollar y explicitar varios puntos. Primero, se propone analizar a las mujeres en la minería guanajuatense destacando la utilización de una fuente escasamente utilizada para ese propósito, la del fondo Agencia de Minería de Guanajuato, que recoge los documentos de la Diputación Minera de Guanajuato. Se eligieron aquellos emitidos entre 1798 y 1849,¹ periodo durante el cual Guanajuato experimentó dos acontecimientos que delinearon el futuro de la industria en las décadas siguientes. La importancia de utilizar esta fuente desde una óptica más centrada en el estudio de la minería per se radica en que revela el vínculo directo de las mujeres con las instituciones mineras creadas en el periodo de dominio español y que funcionaron a lo largo del siglo XIX.

En apoyo a los datos que proporciona esta fuente, en segundo lugar, ha sido necesario hacer un breve recuento del contexto en el que se desarrolló la labor de las mujeres mineras, resaltando la importancia de Guanajuato dentro del ámbito virreinal y republicano; asimismo, se subraya el papel que tuvieron los auges mineros como detonantes de dicha actividad, los cuales se caracterizaron por crear un ambiente de optimismo y confianza, propios de una fiebre minera, y que promovieron la incorporación de un buen número de mujeres de la región. Aquí se destacarán dos eventos consecutivos cronológicamente. El primero no tenía precedentes, fue posible debido al rompimiento del orden colonial y consistió en la posibilidad de que ingresaran al país inversiones directas con capital extranjero a la minería de México. Esto se dio a través de compañías organizadas en Londres que funcionarían en Guanajuato explotando los minerales locales.² Antes, la presencia extranjera se manifestaba a través de la existencia de migrantes que desde siglos anteriores ya formaban parte de la población novohispana, vinculados principalmente a través de cadenas de trabajo, en diversos ámbitos y oficios especializados que los hacían fundirse con el resto de la sociedad.³ Los intereses extranjeros que involucraban el compromiso entre naciones hasta entonces sólo se habían “tolerado” en escalas muy reducidas en momentos críticos para España.⁴ El segundo evento fue el descubrimiento y auge del distrito minero de La Luz entre 1846 y 1850.

A continuación, a partir de la base de datos que pudo elaborarse con la información extraída de la Diputación Minera, se mostrará gráficamente la correlación entre el crecimiento de la minería y los registros de mujeres que la Diputación de Minería reportó en los años considerados de auge y euforia minera del periodo.

Por último, se intentará ofrecer un mapa en el cual se caracterizará a tres grupos de mujeres que se visibilizaron ante la Diputación Minera. El primero ofrece varios ejemplos de mujeres de la élite, que destacaron por el uso de habilidades empresariales y un conocimiento amplio del funcionamiento de las instituciones mineras que emplearon para la conservación de su patrimonio. El segundo muestra discreta y paulatinamente a mujeres que, sin pertenecer a estratos prominentes, comenzaron a mostrar inquietudes empresariales modestas en la minería. Y, finalmente, para el tercero, fue importante recoger, con la ayuda de otras fuentes, como las crónicas y el Fondo Justicia, información sobre las mujeres que formaban parte de las filas de trabajadores y de quienes se conoce poco.

Las mujeres y el vínculo con las instituciones mineras

Las diputaciones de los reales mineros del virreinato existieron desde el siglo XVI, pero adquirieron mayor fuerza a partir del reordenamiento de la industria que impusieron las reformas borbónicas hacia fines del siglo XVIII. Los documentos que generaron son una herramienta que acota con mayor claridad la relación de la población con esta industria. A diferencia de los registros notariales con los que se ha estudiado principalmente la propiedad minera, los de la Diputación muestran movimientos de corto plazo que se intensificaron durante las bonanzas, como los denuncios,⁵ los pleitos relacionados con la propiedad minera, los problemas limítrofes, las invasiones y el desagüe, todos ellos, asuntos sujetos a su control y arbitrio.

Las diputaciones mineras fueron instituciones clave en el ordenamiento de las actividades de esta industria; eran cuerpos colectivos que agrupaban y representaban a los mineros, respondían a una autoridad central, el Tribunal de Minería, y se regían por las Ordenanzas más recientes de 1783. En el siglo XVIII, algunas diputaciones se habían fortalecido gracias a la prosperidad de los reales mineros y habían comenzado a mostrar síntomas de independencia de las instituciones mineras centrales a las que reclamaban mayor autonomía.⁶ Con la Independencia, ante la desorganización gubernamental en todos los niveles, el vínculo de las diputaciones locales con la matriz se debilitó, empoderándolas más,⁷ cuestión que preocupaba a los órganos centrales como el Tribunal de Minería. Un observador del proceso expresaba: “[El Tribunal…] conoce de los negocios de minas con arreglo a las ordenanzas y algunas leyes del Estado que han modificado su jurisdicción”.⁸ Dado el extenso dominio económico de la minería local, la Diputación de Guanajuato cobró un poder igual o más importante que otros que operaban en el lugar, ejerció con libertad la aplicación de reglas casuísticamente y amplió la posibilidad de una participación mayor de las mujeres en la minería.

En términos institucionales, no existieron restricciones que limitaran la participación de las mujeres para decidir sobre sus propiedades⁹ y la legislación minera tampoco tuvo impedimentos al respecto. En las Ordenanzas mineras de 1783, que rigieron hasta la creación de un nuevo código en 1884, sólo se establecieron límites para otros grupos: “[…] prohíbo á los extranjeros el que puedan adquirir ni trabajar minas propias en aquellos mis dominios, salvo que estén naturalizados, o tolerados en ellos con mi expresa Real Licencia”.¹⁰

De hecho, se sabe que muchas mujeres intervinieron en grandes explotaciones. En calidad de esposas, viudas, hijas, madres y hermanas dentro de familias mineras de alcurnia, echaron mano de recursos legales a su alcance para proteger su patrimonio.¹¹ Hay evidencia, además, de algunas que ejercieron labores ejecutivas, gerenciales y administrativas, más allá del papel de rentistas.¹² Existen investigaciones para otros sitios mineros que han mostrado a las mujeres como socias en minas y ocupadas en trabajos específicos en las minas de San Luis Potosí, como también lo hacen algunas crónicas para Guanajuato.¹³ En Zacatecas, se sabe que formaban parte del sostenimiento de los mineros mediante el desempeño de tareas domésticas.¹⁴

Con base en estas evidencias, es claro que la presencia de las mujeres en la minería no fue escasa durante el periodo colonial y existen razones para pensar que se mantuvieron activas en las minas durante el siglo XIX, bajo patrones muy similares. En los escasos estudios relativos al siglo decimonónico, se ha observado que a raíz de la Independencia se dieron modificaciones relacionadas con algunas formas de propiedad, como la desaparición de los mayorazgos, pero no fue el caso con la propiedad minera. Las minas fueron siempre de la Corona y después pasaron a ser del estado republicano; podían explotarse por concesionarios particulares a los que se les solía llamar propietarios, siempre y cuando acataran ciertas reglas.¹⁵

Es cierto que la presencia de esas mujeres de élite, de los siglos XVI al XIX, es visible en los registros notariales, otorgando y recibiendo herencias, adquiriendo obligaciones que muestran casi siempre el resultado final de sus operaciones, así como también en el Fondo Judicial del Archivo de Guanajuato existen expedientes de pleitos que implican a mujeres. Sin embargo, cuando se trata de asuntos mineros, los datos de la Diputación de Minería, por abocarse a la problemática específica de este sector, son mucho más detallados y dan una visión más precisa paso a paso de las transacciones que esas mujeres tenían que seguir para adquirir, proteger y pelear por sus bienes mineros. Permiten además crear una base de datos que las ubica en un universo particular y acotado dentro de esta industria.

Las mujeres en el entorno minero de Guanajuato

Poblaciones como Guanajuato, dependientes de los recursos minerales y de las actividades conexas para abastecer a la minería y a sus habitantes, creaban un contexto en el cual se otorgaban características especiales a las relaciones sociales que afectaban a las mujeres. De acuerdo con Angela Thompson, durante el periodo de transición entre la Colonia y la Independencia, los habitantes de Guanajuato se vieron forzados a crear estrategias de sobrevivencia particulares, debido al contexto industrial en el que estaban inmersos.¹⁶ Eso aplicaba también a eventos específicos, como las bonanzas, en las que, como decía Santiago Ramírez, se creaban fiebres contagiosas por hacerse de propiedades ante nuevos descubrimientos de vetas y minas.¹⁷

Durante el periodo colonial, las ciudades mineras como Guanajuato heredaron a las sociedades del temprano siglo XIX patrones de comportamiento de los habitantes acostumbrados a lidiar con esa actividad y sus fluctuaciones dentro de un espectro demográfico especial. Existía una élite formada básicamente por españoles y criollos capaces de reunir fuentes de financiamiento suficientes para forjar grandes empresas y usar la tecnología de punta de la época. Junto con las grandes empresas, con extensas instalaciones y crecidas inversiones, las hubo también medianas y pequeñas.¹⁸ En todas ellas, grupos de mestizos e indígenas eran ocupados como trabajadores, entre los cuales también se encontraban mujeres y niños.¹⁹

Desde la segunda mitad del siglo XVI, Guanajuato vivió un continuo desarrollo sobre la base de los descubrimientos de minas con distinta riqueza, los cuales permitieron que se consolidara una sólida base minero-metalúrgica, allegándose recursos agrícolas y ganaderos extendidos por todo el Bajío. Con poco más de 70 000 habitantes hacia el final del periodo virreinal,²⁰ se experimentaron sonadas bonanzas que ponían a Guanajuato a la cabeza de la producción minera. La más notable fue la de la mina Valenciana, que puede apreciarse en la gráfica 1.

Si bien las guerras españolas en Europa crearon desabasto de capital e insumos y provocaron desajustes en la producción local, la guerra de Independencia dio un golpe devastador a las minas de Guanajuato. En la gráfica 1 se puede ver que, en 1813, la producción registró el mayor decremento, luego resurgió muy brevemente y después volvió a caer.

La recuperación se inició una década más tarde con las inversiones británicas que arrendaron las minas antiguas y más productivas,²¹ así como otras de menor importancia que también denunciaron o tomaron en arriendo (gráfica 2).²² Esto produjo una efervescencia minera desatada por la reactivación de las minas, lo que alentó a la población, incluyendo a las mujeres, a incursionar en la industria, proceso que se prolongó y culminó con la bonanza de la mina de La Luz hacia fines de la década de 1840.

Los registros de la actividad minera se incrementaron por picos de solicitudes de trámites ante la Diputación en 1824, 1825, 1835 y en los años coincidentes con la bonanza en 1848 y 1849. El creciente interés se manifestó en toda la población, pero los datos muestran un ascenso importante en los registros de mujeres que querían vincularse a la minería.

La gráfica 3 muestra el comportamiento de los registros totales de las actividades reportadas en la Diputación de Minería de Guanajuato entre 1784 y 1849, basados en el número total de expedientes, con un incremento entre 1794 y 1795 que empata con el auge de la mina Valenciana y con alzas fluctuantes a partir de 1823.

La gráfica 4 señala el número de registros de mujeres en los diferentes tipos de actividades, denuncios o conflictos que se presentaron ante dicha autoridad.

La participación de las mujeres siguió un patrón al alza, semejante al de las cifras totales, aunque las variaciones muestran que tanto la inversión británica, que comenzó en 1824, como la bonanza de la mina de La Luz, a partir de 1846, impulsaron a las mujeres a mantenerse o a incorporarse a la minería, lo que se refleja en los datos de las instituciones mineras con más fuerza, aquellas que ya participaban como grandes propietarias, las que intentaron incorporarse al auge minero y las que dependieron de la minería para su supervivencia.

FUENTE: elaboración de Alma Parra Campos con base en ^{Enrique Florescano y Victoria San Vicente, Producción minera. Estadísticas históricas de México (México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1986)}.

Gráfica 1 PRODUCCIÓN DE PLATA EN GUANAJUATO, 1679-1816. PESOS Y AÑOS 

FUENTE: elaboración de Alma Parra Campos con base en ^{Memoria sobre la administración pública del estado de Guanajuato (Morelia: Imprenta y Litografía de la Escuela Porfirio Díaz, [1895])}.

Gráfica 2 ACUÑACIÓN DE LA CASA DE MONEDA DE GUANAJUATO. PESOS Y AÑOS 

FUENTE: elaboración de Alma Parra Campos con base en ^{Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato (AHUG), Agencia de Minería}.

Gráfica 3 REGISTRO DE ACTIVIDADES MINERAS EN LA DIPUTACIÓN DE GUANAJUATO, 1784-1849 

FUENTE: elaboración de Alma Parra Campos con base en ^{Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato (AHUG), Agencia de Minería}.

Gráfica 4 REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MUJERES EN LA DIPUTACIÓN DE GUANAJUATO, 1784-1849 

Las mujeres de la élite minera

La presencia más notable en las actividades ligadas a las minas en Guanajuato fue la de las mujeres de la élite, cuya fuente de riqueza se encontraba vinculada a la propiedad en este ramo, pero con frecuencia a la par de la propiedad de muchos otros bienes, como los de tipo agrícola y comercial.

En la minería, su patrimonio consistía en la posesión de acciones, también llamadas barras, minas en operación, haciendas de beneficio y otras propiedades, entre las que se encontraban las inmuebles, como se ha demostrado para siglos previos.²³ Los casos de mujeres poseedoras o financiadoras de minas como la Valenciana, Cata, Rayas y Mellado, que se encontraban en la Veta Madre, han sido conocidos por su presencia en los protocolos notariales. En éstos, las mujeres empresarias recurrieron frecuentemente a una representación legal confiada a sus administradores y apoderados. Sin embargo, en los registros de la Diputación de Minería, son más las veces que sus transacciones van acompañadas de declaraciones o argumentaciones hechas por ellas mismas para ensanchar y administrar directamente sus propiedades aún mediadas por representantes legales, lo que nos muestra el grado de intervención que ellas tenían y refuta su actuación como meras rentistas.

Aquí analizaremos dos casos con distintas características que ponen de relieve el empuje empresarial y el empeño por la defensa de la propiedad, en los cuales se utilizaron diversas estrategias ante las inversiones extranjeras, ante la familia y ante otros empresarios mineros.

Uno de los ejemplos más destacados de Guanajuato es el de las mujeres de la familia de los condes de la Valenciana y Pérez Gálvez, cuyas minas conservaron el liderazgo de la producción desde finales del siglo XVIII.²⁴ Guadalupe Barrera y Torrescano, primera condesa de Valenciana por matrimonio con Antonio de Obregón y Alcocer, era hija y sobrina de María Guadalupe y Francisca Barrera, respectivamente, también empresarias mineras.²⁵ Sus hijas, nietas y sobrinas continuaron la tradición, amparadas por el férreo vínculo familiar que permitió que hombres y mujeres destacaran por su empeño en participar en esta industria. La red familiar, que también tuvieron otros mineros locales prominentes, les sirvió como plataforma para la ampliación de sus negocios en Guanajuato.

El control de las minas que las mujeres de este linaje compartieron con sus hermanos y cónyuges, principalmente de la mina Valenciana, las puso de cara a los dos destacados eventos de la primera mitad del siglo XIX y las obligó a lidiar con los empresarios británicos que rentaron sus minas en la década de 1820. Esa experiencia les facilitó tomar parte en el auge de la mina de La Luz después.²⁶

Al morir en 1802, la condesa de Valenciana, Guadalupe Barrera y Torrescano, dejó en manos de sus yernos, hijo e hijas una de las fortunas más grandes de Guanajuato, basada en los beneficios obtenidos de la Valenciana y de Mellado. Su hija Ignacia Obregón, quien quedó viuda de Diego Rul durante la guerra de Independencia, fue la primera en destacar al ejercer actividades sustanciales que encaminaron el rumbo de los negocios y contribuyeron a la conservación de los bienes familiares.

El análisis de esta información nos indica que Ignacia Obregón defendió su propiedad frente a obstáculos externos, como los destrozos producidos por la guerra, y también al resolver problemas gerenciales que existían dentro de la empresa familiar de la que formaba parte. Los daños resultado de la guerra le permitieron a la condesa percatarse de vicios en la administración que se venían arrastrando desde antes y estaba decidida a resolverlos para rehabilitar su patrimonio. Así que, a partir de un diagnóstico de la situación en que se encontraba la Valenciana, debido al mal manejo de uno de sus socios, Pedro Otero, a quien Henry Ward calificaba como un mero tendero de Rayas y no un minero experimentado,²⁷ Ignacia Obregón presentó, en 1812, a través de su apoderado, el capitán Joaquín Belaunzarán, seis puntos para restaurar la empresa.

Ella afirmaba que la administración debería ajustarse a lo previsto por las ordenanzas y “no al antojo de algún accionista que […] carece de conocimientos prácticos”. Decidía también suprimir empleos como el de director, el de minero mayor y el de segundo administrador. Los mineros (administradores) debían “asistir a […] sus destinos y permanecer ahí hasta que salga el pueble para evitar desgracias”.²⁸ Exigía que le fueran entregados 1 300 pesos que la administración había retenido, además de que se le indicara el paradero de 7 000 pesos y que le dieran a revisión las memorias semanales.²⁹ Demandaba también que la administración se concentrara en incrementar la productividad, que se mejorara el uso de los malacates para desaguar la mina y que se contrataran empleados con mayores conocimientos mineralógicos. A la condesa le parecía absurdo que las labores de desagüe continuaran siendo ineficientes aun utilizando un mayor número de caballos.

La enérgica actitud de Ignacia obligó al resto de los parcioneros, Antonio Pérez Gálvez, su cuñado, Pedro y Mariano Otero y Feliciana Echeverría, a celebrar una junta de avenencia para que se acataran la mayoría de los puntos propuestos por ella y con esto alcanzar algunas mejoras administrativas y de producción.³⁰ Además, proponía la compra de más cuadras de labor para la Valenciana, a lo que se opusieron los parcioneros de la mina contigua de Tepeyac, propiedad de Francisco Septién y Arce, cuyo apoderado era José María Zambrano y de Gertrudis Zevallos, sumándose también las hermanas Aguirre, representadas por su hermano Antonio Aguirre Campos.³¹.

Los pleitos entre minas limítrofes eran muy frecuentes y se agravaban por el hecho de que las explotaciones con más recursos solían tomar ventaja sobre otras minas adyacentes. El crecimiento continuo de la empresa de Valenciana provocaba mucha desconfianza entre los mineros locales que preveían posibles despojos. La fuerza monopólica de este negocio era enorme, y algunos mineros en conflicto con éste optaban por resolver sus reclamos a través de un acuerdo económico, en vez de entablar largos litigios.

Como puede verse, en el caso de Ignacia Obregón se sentaron precedentes para que otras mujeres de dicha familia también recurrieran a la experiencia adquirida mediante sus parientes involucrados en la minería, para defender su propiedad en circunstancias críticas provocadas durante el periodo de transición a la Independencia. En ese momento, Ignacia fue capaz de superar no solamente las dificultades generadas en las redes de negocios entre mineros locales, sino también aquellas de carácter intrafamiliar que atentaban contra el desarrollo consolidado en una sola empresa de gran tamaño que ella administraba.

En 1823, Ignacia Obregón entabló un pleito relacionado con las minas de Mellado y Fraustos que involucraba a su hermano Antonio de Obregón. En 1817, en plena guerra, la Diputación de Minería había incautado dichas minas para utilizar todas las ganancias de las acciones y forzó a Antonio de Obregón a firmar un documento en el que donaba las cinco barras de su propiedad. En abril de 1818, la Diputación le devolvió a su hermana Ignacia las doce barras que le correspondían a ella más las cinco barras de su hermano. Antonio de Obregón se inconformó reclamando a la Diputación que se le restituyeran. Reconocía que sí había donado las barras, pero que lo hizo obligado arbitrariamente por un juez que usó los rendimientos de las minas para el sostenimiento de las tropas y expresó que “la renuncia a las barras fue obra del miedo”.³²

Agregaba a su argumento que el despojo de las barras se apoyaba en una confabulación arreglada por su hermana y sus testigos, para no ser despedidos de la casa de la condesa o de la mina de Mellado. ³³Al final, todo fue favorable para Ignacia Obregón, ya que pudo conservar 17 barras de las 32 acciones en las que estaba dividida la empresa de Mellado. Aun a costa de su hermano, mantuvo el control de esta mina, la cual, unos años más tarde, le permitió beneficiarse del arriendo con la Compañía Anglo-Mexicana para rehabilitarla y disfrutar de “alimentos” o renta fija, a través de la contrata de avío por trece años que se formalizó en febrero de 1825.³⁴

Sin embargo, lo que en un principio pareció un buen arreglo con los inversionistas británicos, no fue del todo así. En 1829, aparecieron los primeros contratiempos con la Anglo-Mexicana, a la que Ignacia Obregón reclamaba el impago de los anticipos a Mellado,³⁵ que ascendían a 24 000 pesos. Una vez más su capacidad de liderazgo le valió el apoyo del resto de los socios o parcioneros de Mellado; pero al no llegar a ningún acuerdo, los directivos de la Anglo-Mexicana optaron por retirar el financiamiento.³⁶ El litigio entre las dos partes constituyó uno de los escándalos más grandes de Guanajuato.³⁷

Ignacia Obregón revivió el pleito en 1830 y se llegó a un acuerdo en 1831. Los documentos no indican los detalles, pero sus hijos, Manuel y Victoria Rul, heredaron la mayor parte de las acciones, ya sin contrato de por medio con la Compañía Anglo-Mexicana.³⁸ Además, dos de sus descendientes mujeres, Francisca Pérez Gálvez y Victoria Rul, empresarias de la nueva generación, abrieron nuevos fundos en el exitoso distrito de La Luz entre 1842 y 1849.³⁹ La Anglo-Mexicana, por su parte, trasladó exitosamente sus intereses a la Casa de Moneda local por medio de un contrato con el gobierno de Guanajuato.⁴⁰

Un segundo caso, pero con características distintas, fue el de Ignacia Huerta, cuya defensa de la propiedad de sus acciones o barras en la mina Sirena le permitió beneficiarse de la recuperación propiciada por la inyección de capitales británicos durante la década de 1820.

Desde 1798, Ignacia Huerta heredó, junto con los hijos que tuvo con Antonio Camargo, doce barras de la mina Sirena e inició un juicio contra Mariano Zambrano, con quien había contraído segundas nupcias. Zambrano era un minero matriculado⁴¹ y había tomado la administración de los bienes de Ignacia Huerta y sus hijastros sobrevivientes, Manuel y Florencio Camargo, con su consentimiento. Pero, tiempo después, Ignacia Huerta acudió a la justicia minera porque consideró que su esposo la estaba privando de los beneficios de la explotación de su mina, ganando un sueldo excesivo de 50 pesos semanarios y además sufría constantes abusos personales que resumía ante la Diputación escribiendo lo siguiente: “Él me abomina, él me aborrece… y ha profesado que no quiere estar conmigo, porque de un golpe me ha de quitar la vida… no quiero consentir ni yo ni mis hijos que siga administrando mis bienes y haciendo beneficios con ellos a su parentela”. ⁴²

En este tipo de expedientes, el lenguaje con el que se expresaban las partes variaba, pero en muchas ocasiones se recurría al tono dramático que quizá reproducía la difícil convivencia entre las partes. No obstante, Ignacia Huerta también se apoyaba en la parte formal, ya que sí contaba con factores legales a su favor y los conocía bien. Tenía claro lo que las Ordenanzas dictaban para poder poner en marcha una mina, como tener la posesión de la misma y que ésta estuviese en explotación al momento de heredarla; además, ella cumplía con esos requisitos.⁴³

La historia de la mina Sirena es larga y complicada. El primer avío lo había hecho el Marqués de Rayas, quien tenía las doce barras restantes de la mina. Tiempo después, en 1790, Rayas se desistió del avío y cedió ese derecho a Manuel Antonio de Otero, socio también de la Valenciana, quien a cambio de ese traspaso debía dar los primeros rendimientos de la mina hasta por una cantidad de 135 000 pesos.

Los traspasos de acciones complicaban los litigios. En este caso, Zambrano creía poder ampararse en el hecho de ser un minero acreditado por la Diputación y por contar con el documento que respaldaba la donación recibida de Manuel de Otero de una porción de las barras que tenía como aviador. Otero le había donado a Zambrano las acciones que tenía en su poder porque estaba en aprietos económicos, le resultaba muy oneroso el pago del desagüe de la Sirena y había desembolsado mucho dinero para arreglar la herencia de sus sobrinos, hijos de Pedro Luciano, su hermano, pero no lo hizo sin condiciones. El convenio obligaba a Zambrano a pagarle dos terceras partes de las ganancias totales y 100 pesos semanales, así como a enviar los metales que salieran de la mina a la hacienda de beneficio La Escalera. Además, incluía otras dos condiciones. La primera era que, conforme los sobrantes se incrementaran, tendría que pagarle proporcionalmente. Si los sobrantes de la mina llegaban a 2 000 pesos, Zambrano tendría que pagar abonos de 200 pesos semanales, si ascendían a 4 000, abonos de 300, y si alcanzaban los 6 000, los abonos tendrían que ser de 500 pesos. La segunda consistía en que, de existir deslealtades de parte de Zambrano, como ocultar o falsear las memorias o sobrantes, Otero enviaría a sujetos para vigilarlo.

El pleito entre Ignacia Huerta y Mariano Zambrano continuaba en 1810. Ignacia quería las 20 barras completas de la mina Sirena y no las doce que Zambrano le dejaría al tratar de hacer valer el acuerdo con Otero. Ignacia intentaba invalidar ese trato explicando que se había hecho a sus espaldas y las de sus hijos, auténticos dueños de la mina, y que todo se complicó desde el primer traspaso que Rayas le hizo a Otero. Sin embargo, en 1815, la muerte de Zambrano dio fin a la querella, y le dejó a Ignacia el acceso directo a la herencia de su anterior marido, además de la facultad de administrar sus barras y dar el avío a quien le conviniera.

No obstante, las complicaciones para Ignacia Huerta no tenían fin. En 1816, Modesto Villa, casado con María Feliciana Echeverría, viuda de Manuel Antonio de Otero, presentó una demanda contra la señora Huerta, ahora viuda de Zambrano, por trabajar la mina Sirena y anexas⁴⁴ en compañía de Ignacio Segovia, con mucho éxito. Ella había recurrido a Segovia, otro minero reconocido localmente, para poder continuar explotando la mina.

Villa presentó primero un extrañamiento, en el cual se quejaba de que no se le había avisado a su esposa, Feliciana Echeverría, del estado de dichas minas. El finado Zambrano había devuelto a Manuel Antonio de Otero cuatro barras viudas (sin financiamiento) en 1804, las mismas que habían estado en disputa con Ignacia Huerta y que ahora, por herencia, eran de la señora Echeverría. La donación era “transmisible a sus herederos y sucesores” y se trataba de las “cuatro de las que le hace [en] donación para siempre”.⁴⁵

Amparado por el documento de propiedad en el cual Zambrano le donaba sus barras a Otero, pues lo reconocía como su benefactor, Villa le exigía a la Diputación de Minería que Ignacia exhibiera las memorias y el contrato con Segovia para trabajar las minas, con el propósito de comprobar que había ganancias no repartidas a su mujer. La diputación solicitó a Ignacia Huerta las memorias, contabilidad y contrato para explotar las minas. Ella respondió con evasivas, además de afirmar que no existía contrato con Segovia, sino que le pagaba diez pesos semanales por trabajarle la mina, cantidad que después aumentó a doce pesos.

Con las memorias en mano, Villa prosiguió su querella alegando que éstas mostraban gastos que no correspondían a los de una mina, porque incluían los costos de la comida de los socios y no de trabajos propios de ese ámbito, había duplicaciones de pagos hechos al herrero, al velador y otros abultados a su arbitrio. Asimismo, tachaba al administrador de ladrón y afirmaba que su conducta era reprehensible y que el mal uso del dinero explicaba por qué no había utilidades. Calculaba un rendimiento de 184 pesos, de los cuales 36 y dos granos correspondían a su esposa, y afirmaba que, si Ignacia Huerta no pagaba, le embargaría todos sus bienes. También pedía que ella y Segovia entregaran el fierro y el acero existentes en la mina y los comprobantes de pólvora que se habían pedido al estanco de tabaco para utilizar en la mina.⁴⁶

Al comparecer Segovia al citatorio de la Diputación, se declaró como “un simple sirviente” y pidió que toda notificación se dirigiera a la dueña de la mina, Ignacia Huerta. Ella, por su parte, contestó en su comparecencia que, si a Villa le interesaban tanto los recibos de pólvora en manos del Administrador de Tabacos, fuera él a conseguirlos.⁴⁷ Después de repetidos citatorios, Ignacia Huerta respondió que atendería a las peticiones, aunque “carece de los pesos que se le demandan, pues no tiene a la presente ni que comer”.⁴⁸ Decidió resolver esta disputa nombrando a un representante, Juan Ignacio Espinosa de los Monteros, quien resolvió satisfactoriamente.

Esto no detuvo a Ignacia Huerta de mantener activas sus minas, e incluso el arreglo con Villa los reconcilió y se convirtieron en socios de la Sirena. El evidente éxito de su empresa continuó atrayendo la atención de diversos mineros. Algunos incluso quisieron sacar provecho haciendo reclamos por transacciones pasadas. El marqués de Rayas, por ejemplo, le exigió, en 1828, un viejo préstamo de siete mil pesos hecho a Mariano Zambrano (su segundo esposo, ya fallecido) de 30 años atrás. Para evitarse problemas, Ignacia Huerta saldó esa deuda y así pudo arrendar su mina en 1829 a la Compañía Anglo-Mexicana.⁴⁹

Sirena tenía buenos prospectos, así que se emprendieron proyectos de expansión. Ignacia Huerta contaba con diez barras y la Anglo-Mexicana diez barras aviadas. Por mutuo acuerdo, decidieron denunciar terrenos para ampliar la explotación que solicitaron a la Diputación de Minería. De nuevo, Ignacia Huerta puso a prueba su pericia empresarial y se empeñó en proteger su propiedad, ya que su proyecto encontró la oposición de Ildefonso Tirandón, quien a nombre de los parcioneros de la mina Peñafiel, la contigua a Sirena, consideraba que el denuncio invadía su terreno y calificaba las acciones de la Compañía Anglo-Mexicana como de “una audacia execrable”.⁵⁰ Tirandón era el representante de las propietarias de dicha mina, sus hermanas Mariana y Juana María.

En 1830, los parcioneros de Peñafiel se desistieron de la oposición, así como del doble pago que demandaban por los frutos obtenidos del trabajo de la cuadra en disputa, y decidieron revisar la demarcación de sus límites con “mohones de calicanto en el exterior de la mina”, asistidos por el perito de minas José María Espinosa de los Monteros. Cerraron el caso en 1833 con la anuencia de Agustín Godoy, otro de los parcioneros de la mina Peñafiel.⁵¹

El papel de Ignacia Huerta en el desarrollo de la mina Sirena muestra no sólo el conocimiento y la capacidad de dicha empresaria para la defensa de su patrimonio, sino también que tenía una experiencia clara en el uso de los mecanismos dentro de las instituciones mineras para mantenerse y prosperar en el negocio. El análisis de su caso permite también ver un grado importante de involucramiento de otras mujeres en dicho ámbito. En varios casos donde Ignacia Huerta litigó por la defensa de sus intereses, existieron otras mujeres defendiendo los propios. En realidad, el éxito de los negocios mineros de Ignacia Huerta se apoyó en las redes de negociantes relacionados con las minas que hablaban el “mismo idioma”, ya que su relación matrimonial no le fue útil para tal efecto. En su caso, también puede observarse el interés de muchos hombres por apropiarse de los bienes mineros de muchas mujeres a través del matrimonio.

Feliciana Echeverría y otras empresarias que merecerían unas páginas aparte salieron a relucir por las desavenencias que tuvieron con Ignacia Huerta; Echeverría, por ejemplo, como cónyuge de Manuel Antonio de Otero y como heredera, tuvo intereses de consideración en algunas de las minas más importantes de la región, como la Sirena, que peleó con Ignacia Huerta y otras, y como la mina de Mellado, la cual también arrendó junto con Ignacia Obregón a la Anglo-Mexicana. Fue también accionista de la mina Valenciana, la del Tepeyac y La Luz.⁵²

Otros pleitos de Ignacia Huerta pusieron de relieve los intereses mineros de las hermanas Tirandón, María Nicolasa, Juana María y Mariana, propietarias de la mina Peñafiel y anexas, de quienes también se sabe que, al tomar medidas para mejorar la administración de sus minas, decidieron relevar a su hermano Felipe del cargo y lo sustituyeron con otro administrador.⁵³

Los casos de las mujeres Obregón, Rul y Pérez Gálvez, de Ignacia Huerta, Feliciana Echeverría y las hermanas Tirandón son muestra de cómo las mujeres de élite con distintos estados civiles, casadas, viudas o solteras, hicieron la defensa de su patrimonio minero. En ocasiones, se vieron obligadas a depender de la voluntad de sus respectivos cónyuges, pero ya en estado de viudez quedaron libres para administrar sus bienes. Conocían, sin embargo, las redes tanto familiares como del circuito de miembros de la élite minera de Guanajuato que les facilitaron el éxito de sus emprendimientos.

Las mujeres empresarias de la primera mitad del siglo XIX acarrearon las costumbres de sus predecesoras de tiempos coloniales y lograron beneficiarse del impulso de los capitales británicos, que se incorporaron para rehabilitar las minas de Guanajuato; se asociaron con ellos y reanudaron después de algún tiempo su actividad en condiciones de ventaja, tras el periodo destructivo de la guerra de Independencia.

En este contexto, las instituciones como la Diputación, eje rector de la minería, jugaron un papel fundamental, al intervenir regulando los pleitos en tanto propiedad y funcionamiento de las minas y dando a las mujeres una representación visible dentro de la minería y sus organismos.

Las mineras de sectores medios

A través del análisis de la documentación de la Diputación Minera de 1830 a 1849, surgieron casos esporádicos que valdrá la pena estudiar con más detenimiento en el futuro. La consulta reveló la multiplicación de los nombres de mujeres que no habían tenido una contraparte en los registros notariales, pero que ahora ingresaban de lleno en el negocio minero al acercarse a la representación minera local a dirimir sus denuncios y litigios.⁵⁴ Los nombres de las minas que denunciaban no se encontraban entre los más comunes dentro de la Veta Madre y casi ninguno de ellos había aparecido entre los registros del fin del siglo XVIII ni antes de 1830; de lo anterior, se desprende que los denuncios se hacían con la intención de explorar nuevos fundos fuera de esa área. Esto era resultado de un ánimo emprendedor de la inversión extranjera que, al explorar zonas nuevas, había contagiado a la población local.

También se pudo notar que había mujeres denunciando sitios de explotación de menor tamaño, conocidos como los escarbaderos, que podían ser porciones de minas más grandes, donde se habían hecho exploraciones y que por falta de financiamiento se terminaban abandonado, con lo cual se demuestra que mujeres con recursos más modestos se animaban a explotar y mostraban una mayor disposición empresarial femenina en sectores medios.

Los lugares de menor escala encaraban problemas semejantes a los de las explotaciones grandes: sufrían invasiones, pleitos por límites, discordias y abuso. Un ejemplo es el de Mariana Salcedo, quien trabajaba un escarbadero en compañía de Mariano Prado y José Hernández. En la queja que presentó a la Diputación, declaraba por escrito, muy rudimentario en su redacción, que se le había despojado de su negocio y que quizás Mariano Prado no se supo expresar cuando puso el denuncio a su nombre, sin incluirla. Decía la reclamante que era una arbitrariedad otorgarle a él los derechos de su escarbadero, porque ella era la descubridora y quien por propia mano había llevado a cabo los trabajos de ahondado de dicho sitio y porque, en consecuencia, era ella la que tenía el derecho a la propiedad, razón por la cual solicitaba que se le reconociera el denuncio.⁵⁵ El caso claramente mostraba que sus socios habían incurrido en un abuso de confianza que ella se atrevió a llevar ante la autoridad minera.

Otro tipo de petición presentado por las mujeres que ingresaron a los registros oficiales de minería son los denuncios de haciendas de beneficio y zangarros. Estos últimos eran instalaciones de refinación de metales que iban de rudimentarias a modestas. Y, finalmente, en menor medida, pero no menos importantes, están los casos en los cuales se evidencia que las mujeres percibieron la importancia de obtener recursos explotando vetas de minas de mercurio, insumo necesario en el beneficio de metales por amalgamación y que se importaba de Europa. El azogue registró una subida de precios constante durante casi todo el siglo XIX debido al control monopólico de su comercio.⁵⁶ Por ello, el hecho de que las mujeres se interesaran en explotarlo significa que también ellas estaban conscientes del mercado potencial del mercurio producido localmente, cuestión que los propios importadores vieron como una amenaza.⁵⁷

En 1844, Francisca Velázquez y sus socios Dionisio Padilla y Vicente Gutiérrez, por ejemplo, denunciaron una mina virgen de azogue en caldo en el Rancho de la Joya, por el Rincón de los Espinillos, y lograron que se les otorgara la posesión. Cuatro años más tarde, otra mujer, Tecla Hermosillo, representada por su esposo Antonio Iriarte y con sus socios Ramón Alcaraz, José María Sixto y Demetrio Montes de Oca, de profesiones declaradas de abogados y comerciantes, denunciaba en Hacienda del Rincón del Centeno “una mina de cinabrio completamente abandonada”. A este denuncio se opuso otra mujer, Guadalupe Centeno, quien al final logró acordar con Francisca Velázquez y sus socios para que les fuera otorgado el denuncio y la mina.⁵⁸

La dificultad para ilustrar con más detalle la ampliación de la participación de las mujeres en la mediana minería es considerable, ya que sus actividades se confinan prácticamente a esta fuente y existen pocas posibilidades de dar seguimiento a sus casos.

Las trabajadoras de las minas de Guanajuato

En un tercer grupo se encontraban las mujeres que, junto con niños, llevaban literalmente a cuestas la carga de la industria minera: las trabajadoras. Las tareas de estas mujeres en las minas estaban concentradas en labores manuales que debido a la tecnología de la época eran considerables⁵⁹ y de las que no existe mucha información en los documentos de la Diputación o en cualquier otra fuente.

La variedad de trabajo manual en las minas era muy amplia. A las mujeres se les confiaban tareas posteriores al tumbe de minerales como el de quebrar y seleccionar las piedras de valor, y también se sabe que acarreaban parte de esos minerales después de eso. Lo poco que se conoce de estas faenas se desprende de las limitadas descripciones con las que se cuenta principalmente para los siglos virreinales, ya que la documentación en el siglo XIX es dispersa y escasa en extremo. Dada la similitud de los sistemas de trabajo practicados durante la colonia y el siglo XIX, podemos confiar en que las labores de las mujeres en las minas se conservaron. Un ejemplo gráfico excepcional que corrobora este tipo de labores es el óleo de Pedro Gualdi, “Las quebradoras”, expuesto en el Museo Nacional de Historia, que muestra un grupo de mujeres a la salida de una mina ocupadas en esta labor.

En crónicas como la de Francisco Antonio Mourelle de 1770, se anotó que al salir a los patios de la mina Valenciana:

vi muchas mujeres que sólo se entretienen en separar la variedad de metales y otras que con martillos rompían las piedras hasta dejarlas del tamaño de una pequeña naranja: allí supe que les asiste un admirable conocimiento para distinguir las leyes de cada una, cuya operación es precisa para darles los diferentes beneficios que les conviene, y también para las ventas por quintales, cargas o montones, según lo exige su preciosa cualidad.⁶⁰

Siete años más tarde, cuando Antonio de Ulloa visitó Guanajuato, calculó que existían “500 mujeres, cuya ocupación es quebrar los pedazos de metal para reducirlos a partes más menudas”,⁶¹ labor que llevaban a cabo en los llamados despachos.⁶² Esto no es difícil de creer considerando que la mina Valenciana producía 25 % de la producción de Guanajuato en esas fechas y justamente entre 1777 y 1782 en esta entidad se muestra un pico de crecimiento notable (véase la gráfica 1).

Margarita Villalba ha rescatado información sobre las trabajadoras de la mina Valenciana en 1774.

Su tarea consistía en limpiar y separar el mineral útil de los desechos, lo cual requería que tuvieran “conocimiento de las pintas o señales exteriores de los metales”. […] Mujeres y niños […] alrededor del 20 % de la fuerza de trabajo de la Valenciana, […] 720 pepenadoras supervisadas por cuatro mandonas. Su tarea consistía en separar metales de “[…] seis tipos diferentes, de mayor a menor calidad que eran: el molonque o plata casi virgen, metal, los polvillos, los apolvillados, el azogue apolvillado y el azogue ordinario”. Tarea que requería de experiencia y el conocimiento de la “fisonomía” de los metales […] el salario de las pepenadoras era de sólo 2.25 pesos semanales.⁶³

Un problema que se agrega para investigar las formas de trabajo femenino en las minas es la manera en la que se registraba el nombre de estas mujeres en las fuentes. Todos los registros crean cierta confusión, ya que en algunas ocasiones se les llama pepenadoras y en otras quebradoras, pero es posible que, además de recoger y quebrar minerales, se les utilizara en otras tareas, como las de limpieza.

Esa información empata perfectamente con los datos de un expediente judicial de 1784 que ilustra las relaciones y conflictos generados entre las trabajadoras de la misma mina de Valenciana. En un documento que Martina Miliana Ramírez, Juliana Romero, María Ana y Eusebia Ramírez presentaron a las autoridades judiciales de Guanajuato, describían que parte de su trabajo era recoger las piedras que se tiraban por las “ventanas” de las minas; también presentaron su testimonio ante la justicia de Guanajuato y reclamaron la imposición de una mandona o jefa de grupo, por ser esposa de un herrero de la mina Valenciana. Ellas se adscribían como “indias viudas” dedicadas a la “pepena”, algunas por más de veinte años y otras doce. Añadían que siempre habían contribuido con trabajo constante y asiduo, con cuotas para los altares religiosos, además de atender a faenas extraordinarias siempre que se les solicitaba. Con ello, fundaban su derecho a la “propiedad” sobre la pepena de los desechos del terreno del tiro de San Antonio en la mina Valenciana.

El problema consistía en que poco tiempo antes se les había colocado bajo las órdenes de una mandona de nombre Bartola, cuyo puesto era considerado de categoría media en la escala de salarios pagados en Valenciana. Esta nueva jefa había usurpado sus funciones de recolección de minerales de desecho del dicho tiro y las había dejado sin trabajo, además de no remunerarles la labor que ya habían hecho. Las querellantes solicitaban “que se [les] restituy[era] la posesión que tenía[n]”. Las cuatro mujeres ya habían presentado su queja ante la condesa de Valenciana y al administrador de la mina, Juan Jiménez de Arjona, pero no había sido atendida.⁶⁴

Esta descripción, además de informar en qué consistía el trabajo de las mujeres, destaca el tipo de arbitrariedades que se cometían. Las pepenadoras se enfrentaron al abuso de la mandona, la negligencia de la condesa de Valenciana, a quien apelaron por ser mujer, y a la indiferencia del administrador. Este caso revela, asimismo, un asunto más complejo dentro del mundo del trabajo, relacionado con la red de oficios jerárquicos a los que se incorporaban las mujeres y también con las redes familiares que además privaban entre quienes laboraban en las minas. Como se ha visto, la mandona de las pepenadoras agraviadas tenía un vínculo sólido con la mina, garantizado por la ocupación de su marido, cuestión que, además de asociarse con las remuneraciones, creaba una relación de poder y subordinación.

Las mandonas, que coordinaban grupos de pepenadoras, se encontraban en el número doce de la escala de 26 categorías de trabajo en la mina de la Valenciana, en 1805, cuando el salario más alto era de 7.60 reales semanarios para los barrenadores, mientras que las mandonas ganaban 4.75 reales semanarios y las pepenadoras recibían menos de la mitad, 2.25 reales, es decir, el último lugar en dicha escala.⁶⁵

Los datos de este caso se combinan con otros de décadas posteriores para confirmar que las formas sociales que regían las actividades económicas de las mujeres no se modificaron sustancialmente con respecto de los coloniales. Lo que sí variaba eran los nombres de los oficios con que las registraban. No siempre se les llamaba quebradoras y variaba el rubro en el cual se les inscribía. En ocasiones, aparecían nombres evidentemente femeninos en oficios donde se supone sólo había hombres, como en las nóminas de “venta de barreteros”⁶⁶ o en las “ventas de buscones”. En las cuentas de 1813 de la mina Valenciana, hay nombres como Gertrudis, Ignacia, Baleria, Bartola y Rafaela.⁶⁷ Otra característica de las fuentes es que a las mujeres las registraban sólo con su nombre, obviando el apellido, cuestión que fue mucho menos frecuente en el registro de trabajadores hombres, con lo cual se restaba identidad y personalidad a las mujeres. Esto, que podría ser un asunto menor, da una idea de la falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres en las labores mineras, en un mercado de trabajo donde las desigualdades jerárquicas, así como entre hombres y mujeres, eran de por sí abismales.

Algo de la poca información que se ha podido rescatar en otras fuentes menciona que en octubre de 1826 la Valenciana, bajo la administración de la Compañía Anglo-Mexicana, reanudó la práctica de llamarlas pepenadoras y empleaba a 37 de ellas dentro de su nómina, 47 en 1833 y 34 en 1840.⁶⁸ Otros afortunados hallazgos documentales muestran también que minas como la de Villalpando, también bajo administración británica en 1827,⁶⁹ reportaba gastos efectuados en remuneraciones a mujeres por labores de pepena que se organizaban en cuadrillas, al parecer de entre cuatro y cinco mujeres, trabajando bajo las órdenes de una mandona por 49.6 reales a la semana.⁷⁰ Aunque es notorio que los sueldos en el ramo minero se incrementaron con el tiempo, la disparidad de salarios entre hombres y mujeres siempre fue muy grande.

Es probable que hasta la adopción tecnologías más modernas, durante las últimas décadas del siglo XIX, las faenas realizadas por las mujeres fueran las mismas. Las labores de selección y trituración fueron sustituidas por máquinas, poco a poco, hasta fines de ese siglo, y el trabajo de acarreo se comenzó a realizar en carros que circulaban en rieles dentro de las minas.⁷¹ No obstante, el proceso de modernización no fue uniforme para todas las explotaciones mineras, las transformaciones se realizaron desigualmente y a ritmos distintos. Las disparidades entre grandes empresas y otras de carácter más rudimentario se prolongaron por algún tiempo. Las mujeres, probablemente, continuaron trabajando en explotaciones que conservaron métodos antiguos con uso intensivo de mano de obra. Al final del siglo, todavía existían mujeres que formaban parte de la fuerza laboral en la minería de todo el país y representaban entre 0.33 y 1.03 % de 1897 a 1907.⁷²

Conclusiones

La dedicación avasalladora de ciudades como Guanajuato a la minería dio un amplio espacio para que gran parte de su población, incluidas las mujeres, se vinculara a esta actividad en todas las capas sociales; de ese modo, encontramos mujeres como propietarias, empresarias y trabajadoras. En la primera mitad del siglo XIX, se puede apreciar además el surgimiento de un grupo intermedio interesado en participar activamente en la explotación de las minas y en la metalurgia al hacer denuncios ante la Diputación de Minería.

El análisis de las actividades de algunas empresarias de Guanajuato demuestra que realizaron sus negocios con destrezas adquiridas dentro de un medio profundamente vinculado a la minería y con instrumentos adecuados para manejarse en el marco de las estructuras institucionales que rigieron a la industria al iniciarse el periodo independiente. La totalidad de sus actividades, pese al uso ocasional de artificios para esquivar algunas reglas sociales, tocaron prácticamente todas las circunstancias previstas en las Ordenanzas mineras. Se vieron involucradas en denuncios, problemas de invasión de límites entre minas, se asociaron para formar compañías con hombres y con mujeres y litigaron sus pleitos y acuerdos dentro de dicha jurisdicción. No obstante, no se conoce ningún caso, en este periodo, en el que alguna mujer haya accedido a una representación minera, pese a que no había impedimento para ello. Es factible que esto se debiera a que privaron las convenciones sociales.

Aun cuando se dieron cambios generacionales, las estructuras familiares siguieron dando la pauta para la conducta de las mujeres y la forma en que permanecieron en los negocios mineros. Aunque pueden sumarse otras causas, el auge minero, entre la década de 1820 y la de 1850, constituyó un aliciente que incrementó la participación de las mujeres aparentemente desligadas del núcleo de élite, quienes probaron suerte al acudir a la Diputación Minera, para lograr el reconocimiento como partícipes en las minas y la metalurgia de la entidad. Los casos identificados de mujeres conscientes de la importancia del abastecimiento a las minas que denunciaron las de mercurio y las haciendas de beneficio son pocos, pero demuestran intención y un conocimiento más extendido entre las mujeres de procesos mineros y el mercado de insumos.

El número de mujeres en la minería es más amplio de lo que se ha pensado y algunos eventos específicos del periodo analizado coadyuvaron al incremento de su participación, especialmente el impulso a la recuperación minera después de la destrucción causada por la guerra de Independencia. Lo que puede apreciarse en el análisis de la documentación de la Agencia de Minería, después de 1830, cuando las mujeres de la élite habían resuelto su relación contractual con las compañías británicas, es que la Diputación de Minería continuó recibiendo solicitudes por parte de mujeres que se distinguieron de sus predecesoras por tener un perfil menos prominente. Muy pocas de estas mujeres realizaban transacciones notariales que pudieran indicar la propiedad de inmuebles, de arreglos hereditarios o querellas relacionadas con bienes de algún tipo. Sin embargo, su presencia en los documentos históricos de la Diputación de Minería ilustra con certeza su participación en la industria más importante de la entidad.

De las mujeres trabajadoras en las minas de Guanajuato sabemos todavía muy poco. Sus rastros son más difíciles de seguir en estructuras donde prevalecen mentalidades que no registran a las clases menos favorecidas y las hacen menos visibles. Las mujeres sufren de esa falta por doble partida, desaparecen por ser parte de esas clases y por ser mujeres en una sociedad patriarcal.

De cualquier manera, sí sabemos que trabajaban como recolectoras y quebradoras, que requirieron no sólo de fuerza física, sino también de habilidades para reconocer los diferentes tipos de minerales en una época donde la tecnología minera se apoyaba más en la experiencia en todas las fases de la producción.⁷³ Lo que puede apreciarse en todos los niveles de participación femenina en la minería es la mediación de redes tanto familiares como de pares en cada una de las diferentes clases sociales de Guanajuato y que pueden continuar como guía para la construcción de la historia de las mujeres en la minería.