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Introducción
Un régimen democrático requiere de una ciudadanía que participe en los asuntos públicos de su comunidad, ya que la democracia carece de legitimidad si los ciudadanos no participan en el proceso político. Si lo anterior se acota estrictamente a la participación electoral, teniendo en cuenta que ésta permite la representación y traduce necesidades ciudadanas en políticas públicas (Miguélez, 2014), se puede afirmar que una baja participación representa serios riesgos para la continuidad de la democracia, así como para su fortalecimiento y consolidación (Cruz, 2000, 2003; Nohlen, 2004; Shenga y Pereira, 2019). Estos son algunos motivos por los cuales es importante identificar y evaluar el impacto de los factores asociados a la participación electoral. Además de las razones comúnmente señaladas por los modelos clásicos del comportamiento electoral (Campbell, Converse, Miller y Stokes, 1960; Downs, 1957; Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, 1944), en determinados contextos hay que tener en cuenta otra serie de variables que afectan de igual manera a las orientaciones de los ciudadanos al momento de acudir a las urnas. Es el caso de los contextos en los que determinados actores hacen uso de la violencia directa (Galtung, 2004), ya sea política o criminal.1 En este orden de ideas, “la influencia de actores armados al margen de la ley en el marco del proceso electoral introduce un nuevo factor a la hora de examinar el comportamiento electoral del ciudadano” (Valencia y Sanín, 2018: 92).
En general, las consecuencias tangibles que tiene la violencia para la calidad de vida, así como el uso estratégico que de este tema hacen políticos y medios de comunicación, convierten a la (in)seguridad en un tema relevante sobre el que los votantes pueden basar sus decisiones electorales (Ley, 2017). Tal y como afirman Infante y Medellín (2017: 205), “los contextos en que se mueven los procesos electorales pueden afectar de manera directa al resultado, porque los electores pueden verse afectados por las diferentes circunstancias en el camino”. En este sentido, un contexto violento genera desconfianza institucional, pudiéndose reducir el grado en que los ciudadanos perciben que el gobierno está realizando su trabajo de manera correcta, llevándolos a recluirse en el ámbito privado y a despreocuparse de los asuntos públicos (Díaz, 2016). Lo anterior puede tener aún mayores repercusiones en el ámbito local por dos motivos: 1) en condiciones normales, las elecciones locales suelen registrar menores niveles de participación que las elecciones estatales o federales, ya que las primeras suelen ser consideradas de segundo orden (Marsh, 1998; Lefevere y Van Aelst, 2014) y 2) si se habla específicamente de los contextos de violencia criminal, tal y como indica Hernández-Huerta (2020: 6), “la política electoral criminalizada, en la que hay un uso intencional de la fuerza por grupos criminales para influir en la política, es predominantemente un fenómeno local”.
Las organizaciones criminales muestran un mayor interés por condicionar los resultados electorales locales (Albarracín, 2018; Alvarado, 2019; Boudreaux y Torres, 2020; Ponce, López y Sainz, 2021), primero, porque los gobiernos municipales son una fuente muy importante de información, por lo que a través de estos es posible conocer quién puede ser blanco de robo, extorsión o secuestro; segundo, las organizaciones criminales pueden usar a las policías municipales como sus brazos armados; además de que, al controlarlas, tienen acceso a armamento y a información sobre los planes de otras agencias del Estado; y, finalmente, los gobiernos municipales también son fuente de ingresos, bien sea por extorsión directa o por la asignación de contratos de servicios u obra pública (Cubides, 2005; Chacón, 2006; Dal Bó, Dal Bó y Di Tella, 2006; Ponce, 2016, 2019; Trejo y Ley, 2021; Hope, 2021).
Los grupos criminales cometen actos de violencia antes de la elección para controlar a los gobiernos municipales sin esperar a que haya un ganador porque les resulta más atractivo intervenir en el proceso electoral, ya que tomar el control sobre los gobiernos municipales cuando los alcaldes ya asumieron el gobierno puede ser más costoso (Alesina, Piccolo y Pinotti, 2016; Pinotti, 2012; Sberna, 2011; Sberna y Olivieri, 2014). El alcalde y los funcionarios, una vez bien establecidos, estarán protegidos por la policía local y posiblemente también gocen de la protección de algún otro grupo criminal. En estas condiciones, cambiar el statu quo puede resultar menos factible para las organizaciones criminales (Ponce, López y Sainz, 2021).
En América Latina, México es uno de los escenarios más propicios para examinar los efectos de la violencia criminal sobre la participación electoral, debido a que el país cuenta con elevados niveles de violencia relacionada con el crimen organizado desde, al menos, los inicios del presente siglo. En este sentido, aunque cada vez existe más literatura al respecto, aún sigue habiendo importantes vacíos y resultados contradictorios. Desde un enfoque agregado, varios trabajos han encontrado una relación negativa entre violencia criminal y participación electoral a nivel municipal (Ley, 2017, 2018; Trejo y Ley, 2016a, 2016b), sin embargo, esto es teniendo en cuenta únicamente los asesinatos o ataques contra actores políticos. Otros autores han trabajado con la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes (Pulido y Almaraz, 2017; Espinosa, 2018) indicador que no siempre está relacionado con la violencia criminal. También hay otros trabajos que han examinado este fenómeno, pero teniendo en cuenta estados concretos como el Estado de México (Pulido y Almaraz, 2017) o Guerrero (Jiménez y Solano, 2016), aunque en este último caso contemplando solo una convocatoria electoral. Por último, hay investigaciones que, aun abordando elecciones a nivel local y utilizando el mismo indicador de violencia criminal que el presente artículo (tasa de homicidios por arma de fuego), hace ya varios años que se publicaron y no contemplan las elecciones celebradas de 2012 en adelante (Bravo, Grau y Maldonado, 2014). Además, en este último caso, mientras que Trelles y Carreas (2012) hallaron una relación negativa entre violencia criminal y participación electoral, Bravo, Grau y Maldonado (2014) encontraron que la relación es nula.
Este artículo arroja luz sobre estas perspectivas en competencia. Concretamente, se prueba si la hipótesis mayoritaria de la relación negativa entre violencia criminal y participación electoral es válida para el caso de las elecciones municipales de Tierra Caliente celebradas entre 2006 y 2018.2 Esta región está compuesta por 31 municipios ubicados en los estados de Michoacán, Estado de México y Guerrero. Tierra Caliente ha sido históricamente violenta y en años recientes ha ocupado un lugar relevante en el escenario de la violencia en el país debido al alzamiento de diferentes grupos de autodefensas que se movilizaron contra las condiciones impuestas por la organización criminal de Los Caballeros Templarios y la cooptación de los gobiernos municipales del estado de Michoacán (Maldonado, 2010). Durante la última década, Tierra Caliente ha estado consistentemente entre las cinco regiones más violentas de México, manteniendo esta posición en la actualidad. Un ejemplo de ello es que, en 2021, ocupó el primer lugar en el país en el número de víctimas de desplazamiento forzado interno debido a la situación de violencia (Le Cour-Grandmaison, 2023).
En Tierra Caliente no hay autoridad que se oponga a las bandas criminales (Aguirre, 2015), lo que incluye su implicación en los procesos electorales. Este hecho se evidenció en el proceso electoral de 2021, cuando los candidatos que realizaron su campaña en la Tierra Caliente de Guerrero se vieron obligados a obtener la aprobación de los grupos delictivos (Violencia y Paz, 2021). Durante ese mismo proceso electoral, en algunos municipios de la Tierra Caliente michoacana, se registraron niveles de participación extremadamente bajos debido a la presencia activa de organizaciones criminales (Jiménez, 2021). Por su parte, en el Estado de México, la creciente violencia asociada al crimen organizado es motivo de gran preocupación. Las organizaciones delictivas ejercen un control férreo sobre sus áreas de influencia, imponiendo a sus propios candidatos, excluyendo a aquellos que no están alineados con sus intereses, y estableciendo normas que desafían los principios democráticos y la autoridad del Estado mexicano (Barranco, 2023). El temor al crimen organizado es tan generalizado que, de cara a las elecciones de 2024, hay ciudadanos de la región que no quieren participar en dicho proceso debido a su inquietud por estos grupos criminales (Martínez, 2023). Entre estas organizaciones se incluyen: Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Guerreros Unidos (Barranco, 2023).
En la presente investigación se analiza el impacto de la violencia criminal sobre la participación electoral en elecciones locales en los 31 municipios que componen la región de Tierra Caliente. Específicamente, se examina si la violencia criminal -medida con la tasa de homicidios por arma de fuego por cada 1 000 habitantes- tuvo algún efecto sobre la participación electoral en las elecciones locales celebradas durante el periodo 2006-2018. Se incorporan distintas variables señaladas por la literatura como influyentes en el comportamiento electoral de los ciudadanos, como educación, densidad poblacional, pobreza y desigualdad. De igual manera, se incluye una variable que pocos estudios sobre participación electoral y violencia han contemplado: la capacidad institucional de los municipios. Aminorar los niveles de pobreza y desigualdad, o reducir las tasas de homicidio y crimen, además de ser propósitos a largo plazo, no es tarea fácil para los gobiernos. En cambio, mejorar la capacidad institucional depende en gran medida de las propias agencias del Estado, ya sean locales o no. Así, en el caso de que se observe que la capacidad institucional municipal afecta la participación podría ofrecerse un instrumento político viable para aumentar la participación en elecciones locales (Hajnal y Lewis 2003). Este trabajo, al margen de la presente introducción, se estructura en cuatro partes: 1) se discuten algunas de las investigaciones previamente realizadas sobre violencia y participación electoral; 2) se explicitan las decisiones metodológicas y el modelo estadístico; 3) se exponen los resultados; y 4) se plantea la discusión y las conclusiones.
Violencia y participación electoral
Se puede hablar al menos de tres formas de violencia, cada una de las cuales tiene diferentes repercusiones sobre la participación político-electoral en los contextos en los que se manifiestan. En primer lugar, hay una serie de estudios que analiza el legado de la violencia de los conflictos armados sobre la participación política (Alacevichab y Zejcirovic, 2020; Barrero y Meléndez, 2011; Behar y Guzmán, 2020; Blattman, 2009; García-Sánchez, 2007, 2010a, 2010b; Gómez, 2009; Hadzic, Carlson y Tavits, 2020; Voors et al., 2012; Weintraub, Vargas y Flores, 2015). Un segundo grupo lo conforman las investigaciones sobre los efectos de la violencia producida por los grupos terroristas sobre la participación política (Bali, 2007; Montalvo, 2011; Rose, Murphy y Abrahms, 2007; Robbins, Hunter y Murray, 2013). El último grupo está compuesto por quienes han examinado los efectos de la violencia homicida (criminal o no) sobre la participación política. A los efectos de esta investigación interesa este tercer tipo de violencia.
Algunos autores han encontrado que la violencia homicida aumenta la participación comunitaria (Bateson, 2012), la participación no electoral y disruptiva (Bateson, 2012) y la probabilidad de apoyo a opciones golpistas (Pérez, 2003) y autoritarias (Malone, 2010). No obstante, algunos de estos estudios presentan una limitación al hacer referencia a cómo afecta a la participación haber sido víctima o no de un acto de violencia; y es que la victimización no captura toda la experiencia de vida en un contexto caracterizado por la violencia. De acuerdo con Ley (2018: 1966), “incorporar el contexto de violencia en el cual viven los votantes es importante para explicar cómo, cuándo y dónde las víctimas y las no víctimas deciden participar políticamente”.
Desde un enfoque individual, han sido muchos los autores que han abordado el estudio del comportamiento político de los ciudadanos mexicanos, ya sea relacionándolo con la violencia (Díaz, 2016; Reyes, 2019; Valdez y Paniagua, 2011) o no (Duarte y Jaramillo, 2009; Gutiérrez-Sánchez, 2017; Hernández-Huerta, 2017; Miguélez, 2014; Soto-Zazueta, 2019). No obstante, solo revisaremos los trabajos que, desde un enfoque agregado -mismo que adopta la presente investigación- examinan la relación entre participación electoral y violencia, ya sea de tipo criminal contra actores políticos o bien homicida (criminal o no) indiscriminada (no dirigida exclusivamente contra actores políticos).
Comenzando por las investigaciones sobre violencia criminal contra actores políticos y participación electoral, Ley (2018) afirma que el uso estratégico de la violencia por parte de las organizaciones criminales contra funcionarios públicos y candidatos durante los procesos electorales reduce la participación electoral y sus efectos se hacen presentes tanto a nivel agregado como a nivel individual. Llevando a cabo un análisis de los actos de violencia contra actores políticos en México desde 1995 hasta 2012 y cruzando estos datos con los de participación electoral en ese mismo periodo, tanto a nivel local como federal, encontró que, a nivel agregado, cuanto mayor fue el número de ataques criminales contra funcionarios y candidatos en una región menor fue el nivel de participación electoral. A nivel individual halló que cuanto mayor fue el número de ataques criminales contra candidatos y funcionarios públicos menor fue la probabilidad de que una persona saliese a votar. Este último resultado se desprende del análisis de una encuesta realizada cuatro días después de la elección federal del 1 de julio de 2012. Lizama (2018) también analizó los efectos de la violencia contra actores políticos sobre la participación electoral y, además, incluyó los efectos de este fenómeno sobre la competitividad electoral, todo ello teniendo en cuenta los procesos electorales locales acaecidos en México desde 2006 a 2017. Para este autor, el asesinato de actores políticos se orienta en un doble sentido: 1) hacia la competencia, en tanto que presiona a los candidatos; y 2) hacia los electores, con el objetivo de persuadirlos para que apoyen a determinados candidatos o para que se abstengan de participar. Concluye que la violencia electoral acentúa la desafección con el campo político local mexicano, lo que tiene como consecuencia una menor participación ciudadana y también una menor competitividad electoral. No obstante, a diferencia de Ley (2018), Lizama (2018) no estableció ninguna relación estadística, ya que su investigación es de carácter cualitativo. No obstante, más recientemente se encontró que es factible la concurrencia de elevados niveles de violencia criminal dirigida contra actores políticos y porcentajes de participación electoral superiores al promedio nacional. El informe sobre el proceso electoral 2020-2021 elaborado por la consultora Integralia afirma lo siguiente:
En 54% de los municipios donde hubo asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de elección en los ayuntamientos, se registró un porcentaje de participación ciudadana superior al promedio nacional. Esto podría indicar que los incidentes de violencia no desincentivaron la participación ciudadana en el proceso, o, por el contrario, que los habitantes de esos municipios salieron a votar en mayores proporciones como resultado de las amenazas o el acarreo por parte de grupos criminales. (Integralia Consultores, 2021: 7)
En lo que se refiere a los trabajos que examinan los efectos de la violencia criminal indiscriminada -no dirigida exclusivamente contra actores políticos- sobre la participación electoral, Trelles y Carreras (2012), analizando las elecciones acaecidas en México entre 2000 y 2010 encontraron que, a medida que incrementó la violencia criminal (usaron como proxy la tasa de homicidios por 1 000 habitantes) a nivel municipal, los ciudadanos abandonaron los canales públicos de participación y se refugiaron en sus esferas privadas, disminuyendo así la participación electoral en las elecciones federales a nivel municipal. La participación electoral también disminuyó cuando incrementó el nivel de violencia criminal en el municipio aledaño, pues la cobertura mediática de determinados casos afectó la percepción de los ciudadanos que viven cerca de las áreas con elevados niveles de violencia criminal. Los autores, usando datos de la encuesta LAPOP 2010, también analizaron los efectos de la violencia criminal sobre la participación electoral en elecciones presidenciales y a gobernador a nivel individual y encontraron que los ciudadanos expuestos a elevados niveles de violencia criminal declararon menos probabilidades de votar en unas futuras elecciones que aquellos que vivían en áreas menos violentas. Por otra parte, Bravo, Grau y Maldonado (2014), analizando la participación electoral agregada entre 1994 y 2012, mostraron que los años en los que hubo elecciones presidenciales tendieron a ser aquellos en los que se registró una mayor participación. Además, encontraron que la relación entre tasas de homicidios por arma de fuego por 100 000 habitantes (indicador que usaron como proxy de violencia criminal) y participación en elecciones municipales no fue muy fuerte. En su estudio, estos autores también contemplaron el nivel de desarrollo de los municipios como variable interviniente, pero esta hipótesis condicional tampoco se confirmó. Solo en los municipios en situaciones muy opuestas apareció la relación esperada: en desarrollo muy bajo parece haber un efecto negativo (muy modesto) entre violencia y participación, y en desarrollo muy alto parece ocurrir un efecto positivo.
Por último, Jiménez y Solano (2016), ciñéndose al caso de Guerrero, analizaron cómo la violencia criminal incidió en el ambiente político para llevar a cabo las elecciones de 2015, afectando a candidatos, funcionarios y activistas políticos (homicidios, amenazas y secuestros), así como la participación ciudadana en la integración de las casillas, la dinámica de las campañas, y la “normalidad” de los órganos electorales. Los autores concluyeron que la ciudadanía acudió a votar, alcanzando una alta participación, demostrando que la violencia no inhibe la apuesta por las instituciones democráticas. No obstante, aunque leve, sí se observó una disminución en el nivel de participación, ya que en 2012 fue de 59.2 % y en 2015 de 56.47 %. Además, este trabajo presenta limitaciones, como no hablar de cómo fue esa evolución municipio a municipio ni establecer relaciones estadísticas entre variables, ya que su trabajo es de carácter cualitativo.
Pasando a las investigaciones que examinan los efectos de la violencia homicida indiscriminada no criminal sobre la participación electoral, Pulido y Almaraz (2017) analizaron el impacto de la violencia en el comportamiento electoral de los ciudadanos del Estado de México a nivel municipal teniendo en cuenta los procesos electorales del periodo 2006-2015. Usando un modelo econométrico de mínimos cuadrados encontraron que la violencia sí tuvo efectos sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos mexiquenses, pero no afectó del mismo modo a todos los partidos políticos. Afirman que la violencia -tasa de homicidio por 100 000 habitantes- afectó de manera negativa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN), no así al Partido de la Revolución Democrática (PRD). El motivo fue que los ciudadanos castigaron a los dos primeros partidos por ser los responsables de las políticas estatales y nacionales en ese periodo. Por su parte, Espinosa (2018) analizó la relación entre participación electoral en las elecciones federales intermedias y tasas de homicidio entre 1996 y 2016 en México. Se observa que hay varios tipos de correlación: estados más violentos con menores índices de participación electoral (Chihuahua, Guerrero y Baja California); estados menos violentos con alta participación (Querétaro y Yucatán). Estos casos confirman una correlación inversamente proporcional. No obstante, al interior de los estados de Guerrero y Coahuila, y teniendo en cuenta el total nacional, se evidenció una correlación positiva importante, lo que quiere decir que, entre 1996 y 2016, al tiempo que aumentó la tasa de homicidios también lo hizo la participación electoral. De esta forma, dependiendo del estado, con el aumento de la violencia, disminuyó o aumentó la participación electoral. Según Espinosa (2018), en los casos en los que disminuyó lo hizo porque el electorado se mostró apático ante la efectividad de su voto o no veía garantizada la seguridad para participar en el sistema democrático. Por otro lado, cuando la participación aumentó el motivo fue que el electorado tenía mayor interés en votar para buscar cambios en la política de seguridad. En la misma línea que la mayor parte de los hallazgos anteriores, se propone que la participación electoral está relacionada negativamente con el nivel de violencia criminal. Por lo tanto, la hipótesis de este trabajo es la siguiente: la participación de los votantes en las elecciones municipales tiende a disminuir a medida que aumenta el nivel de violencia criminal en el municipio.
Metodología
Datos y variables
La variable dependiente fue la tasa de participación electoral en elecciones locales. Como los 31 municipios que forman la región de Tierra Caliente pertenecen a tres entidades federativas distintas, los datos fueron recopilados consultando los sitios web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Guerrero, del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Durante el periodo estudiado (2006-2018) se celebraron cuatro elecciones locales en cada uno de los municipios, por lo que el número de observaciones fue de 124 (N=124).
La variable independiente fue la tasa de homicidios por arma de fuego por 1 000 habitantes en cada uno de los municipios durante el año anterior a la celebración de las elecciones y el primer cuatrimestre del año electoral.3 El número de homicidios se recabó de la página web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), concretamente atendiendo a las causas detalladas Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) X930-X959. Para calcular las tasas se tuvieron en cuenta los datos poblacionales del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI para las dos primeras elecciones y los de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI para las dos últimas convocatorias electorales.
En cuanto a las variables de control, acorde con la literatura sobre participación electoral, se introdujeron las siguientes: educación, densidad poblacional, pobreza, desigualdad y capacidad institucional municipal. La educación se introdujo porque diversos autores afirman que tiene un efecto positivo en la participación, ya que provee de recursos y habilidades a los ciudadanos para involucrarse más en la vida política (Carreras y Castañeda-Angarita, 2014; Klesner y Lawson, 2001; Moreno, 2003). En esta investigación se trabajó con datos de analfabetismo, medido con la tasa de personas de más de 15 años que no saben leer ni escribir, por 1 000 habitantes. El año que se tomó para calcular la tasa fue 2015 y los datos se extrajeron de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.4
En cuanto a la densidad poblacional, es decir, los habitantes por kilómetro cuadrado en cada uno de los municipios, los datos son los referentes al año 2015 y fueron recopilados de la página web del INEGI. Esta variable se tuvo en cuenta porque se ha comprobado que los municipios con altos niveles de participación presentan baja densidad de población, y a la inversa (Cedillo, 2009). Una explicación de este fenómeno es que la densidad poblacional puede ser considerada una variable proxy que captura el nivel de capital social de un municipio. Una mayor densidad poblacional empeora la habitabilidad y convivencia entre los habitantes de un municipio (McCulloch, 2003) y, en consecuencia, podría tener efectos negativos sobre la participación electoral (Bargsted, Valenzuela, de la Cerda y Mackenna, 2013). Para el caso de la pobreza, se midió teniendo en cuenta el porcentaje de población en situación de pobreza -moderada y extrema- en cada uno de los municipios, mientras que la desigualdad fue medida a través del Coeficiente de Gini.5 Los datos de ambas variables para las dos primeras elecciones fueron los referentes al año 2010 y los de 2015 para las dos siguientes. La fuente utilizada para recopilar estos datos fue el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Estas dos variables se incluyeron ya que numerosos autores afirman que elevados niveles de pobreza y desigualdad aumentan los costes de oportunidad de participar en política y reducen la capacidad de las personas para realizar esta actividad (Huntington, 1984; Lipset, 1963, 1994; Przeworski, Álvarez, Cheibub y Limongi, 2000; Rosenstone, 1982). Aunque en contextos en los que hay elevados niveles de pobreza y se hace un uso político de ésta por parte de las autoridades puede que esta relación negativa no se dé (Aparicio, 2002; Gómez, 2001; Valdés, 2001).
Por último, se incluye capacidad institucional porque los ciudadanos pueden asociar mayor capacidad institucional con una gestión más eficaz de los servicios básicos, lo que podría repercutir en una mayor participación electoral en el ámbito municipal (Hajnal y Lewis, 2003). Se toman tres dimensiones básicas de la arquitectura institucional de los gobiernos municipales: capacidad administrativa, capacidad de dotación de servicios y capacidad fiscal.6 A su vez, cada una de estas dimensiones se midió utilizando al menos un indicador. Los datos de la primera dimensión se extrajeron del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015 del INEGI. Por su parte, los datos de los indicadores de capacidad de dotación de servicios se recabaron del índice de marginación 2015 a nivel municipal, elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Por último, la información sobre el indicador de capacidad fiscal se extrajo del programa de finanzas públicas estatales y municipales del INEGI para 2015.
Para medir la capacidad administrativa se utilizaron varios indicadores: disposiciones normativas internas, computadoras en dependencia municipales y nivel de escolaridad de los titulares de las áreas administrativas. El primer indicador muestra la cantidad de disposiciones normativas internas por cada 1 000 habitantes que se encontraban vigentes en la Administración Pública Municipal o Delegacional al cierre de 2014. Se considera que estas disposiciones normativas representan procesos institucionalizados (Martínez, 2014), los cuales podrían tomarse como indicador de eficacia en la gestión. El segundo indicador refleja el número de computadoras en funcionamiento que tuvieron las instituciones de las Administración Pública Municipal o Delegacional al cierre de 2014, por 1 000 habitantes. Por su parte, el indicador de nivel de escolaridad de los titulares de las áreas administrativas se midió por el máximo grado de estudios que hubiesen cursado dichos titulares al cierre de 2014.
En cuanto a la dotación de servicios, se utilizaron dos indicadores: porcentaje de ocupantes en viviendas con agua entubada y porcentaje de ocupantes en viviendas con drenaje y servicio sanitario exclusivo. Se trata de una dimensión que capta el cumplimiento de algunas de las principales responsabilidades del gobierno municipal. Cuando los gobiernos prestan servicios públicos de manera eficaz y así lo perciben los ciudadanos, se espera que la participación electoral aumente (Krause, 2012). Como se mencionó anteriormente, esta información se extrajo del índice de marginación municipal 2015 elaborado por el CONAPO. Por último, la capacidad fiscal se midió con la inversión pública municipal. Este ítem hace referencia a los egresos en obras públicas y acciones sociales de los municipios, en pesos mexicanos por habitante, teniendo en cuenta los datos de 2015. Se incluyó esta variable porque se ha comprobado que la política fiscal y de gasto de los gobiernos locales afecta positivamente a la participación electoral (Chong, de la O, Karlan y Wantchekron, 2010; Geys, Heinemann y Kalb, 2010). Intentamos realizar un índice mediante la técnica de componentes principales con todos estos indicadores de capacidad institucional. Sin embargo, al hacer el análisis de fiabilidad el Alpha de Cronbach salió muy por debajo del nivel necesario para construir una escala confiable (-.001). A partir de ese análisis, decidimos utilizar solo tres indicadores de capacidad institucional por separado: computadoras en dependencias municipales, profesionalización de la administración pública municipal e inversión pública municipal. Un resumen de la operacionalización de todas las variables incorporadas y las fuentes de las cuales se extrajeron los datos se recogen en la Tabla 1.
Tabla 1 Operacionalización y fuentes de las variables dependiente, independiente y de control
| Variable dependiente | ||
|---|---|---|
| Participación electoral | Porcentaje de participación en elecciones municipales | IPEC GUERRERO, IEEM e IEM |
| Variable independiente | ||
| Violencia criminal | Tasa de homicidios por arma de fuego cada 1 000 habitantes | INEGI |
| Variables de control | ||
| Educación | Tasa de personas de más de 15 años que no saben leer ni escribir, por 1 000 habitantes | INEGI |
| Densidad poblacional | Habitantes por kilómetro cuadrado en cada uno de los municipios | INEGI |
| Pobreza | Porcentaje de población en situación de pobreza (moderada y extrema) en cada uno de los municipios | CONEVAL |
| Desigualdad | Coeficiente de Gini | CONEVAL |
| Capacidad administrativa | Cantidad de disposiciones normativas internas por cada 1 000 habitantes; número de computadoras en funcionamiento por 1 000 habitantes; y máximo grado de estudios cursado por los titulares d las áreas administrativas | INEGI |
| Capacidad de dotación de servicios | Porcentaje de ocupantes en viviendas con agua entubada y porcentaje de ocupantes en viviendas con drenaje y servicio sanitario exclusivo | CONAPO |
| Capacidad fiscal | Egresos en obras públicas y acciones sociales de los municipios, en pesos mexicanos por habitante | INEGI |
Fuente: elaboración propia.
Técnica de análisis y modelo estadístico
Una vez identificadas las variables dependiente, independiente y de control, se procede a probar la hipótesis formulada. Con el fin de conocer el efecto de la violencia criminal sobre la participación electoral en elecciones locales, decidimos hacer análisis estadístico multivariado. Debido a la naturaleza de los datos (no cumplen la condición de independencia, debido a que tenemos observaciones de los 31 municipios de Tierra Caliente en cuatro años distintos), se decidió estimar un modelo de regresión multinivel con intercepto aleatorio. Asumimos que las elecciones en un municipio suceden en un contexto específico, es decir, interesa evaluar en qué medida los atributos del contexto municipal afectan la participación electoral en elecciones locales. Sin embargo, también se considera la posibilidad de que los atributos de cada una de las elecciones incluidas en el modelo afecten la tasa de participación electoral. De esta manera, los años electorales fueron incluidos como variables independientes. El modelo multinivel permite estimar ambos efectos.
Previo a la realización de la regresión mencionada, se hizo un análisis descriptivo de la variable independiente, es decir, de las tasas de homicidios por arma de fuego cada 1 000 habitantes en los 31 municipios que componen la región de Tierra Caliente. Con ello se pretende conocer la magnitud del contexto de violencia que se produce en el periodo previo a las elecciones. Mostrar este grado de violencia permite, por un lado, ver las variaciones al interior de Tierra Caliente y, por otro, proporcionar una explicación más completa de su incidencia o no en la intención de voto.
La violencia en Tierra Caliente y su relación con la participación electoral
La violencia es una problemática presente en la vida cotidiana de los ciudadanos mexicanos, realidad que podría llegar a condicionar el comportamiento electoral de los individuos, sobre todo en su decisión de acudir o no a las urnas el día de las elecciones, ya que esa acción podría tener repercusiones negativas para la propia integridad personal. La constatación de la relación entre la violencia, por una parte, y la participación electoral, por otra, depende en cierta medida de la percepción que los ciudadanos tengan de esa cuestión. Por tal motivo, es necesario examinar de manera previa el contexto que rodea a estos en su decisión de votar o no hacerlo. En el Gráfico 1 se puede observar ese contexto y la variabilidad en los niveles de violencia entre los municipios que conforman la región de Tierra Caliente. Los valores del eje de cordenadas representan los homicidios con arma de fuego por cada 1 000 habitantes, mientras que los puntos en el gráfico son los 31 municipios de Tierra Caliente en los cuatro periodos electorales analizados, por lo que hay un total de 124 puntos en la imagen. El promedio de homicidios con arma de fuego en el periodo fue de 0.42 por 1 000 habitantes, por lo que se aprecia claramente la variabilidad en los datos.
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
Gráfico 1 Tasa de homicidios por arma de fuego cada 1 000 habitantes
Una vez expuesto el grado de violencia criminal que existió en Tierra Caliente en los meses previos a la celebración de las elecciones municipales acaecidas entre 2006 y 2018, se examina la incidencia que dicha violencia podría tener en la participación electoral. En la Tabla 2 se presentan los resultados de la regresión multinivel con intercepto aleatorio realizada para determinar la influencia de la violencia criminal en el comportamiento electoral de los ciudadanos de los municipios de Tierra Caliente.
Tabla 2 Modelo multinivel con intercepto aleatorio
| Value | Std.Error | DF | t-value | p-value | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 46.94761 | 9.038464 | 84 | 5.194202 | 0.0000 |
| Año electoral 2008 | 0.00841 | 1.474303 | 84 | 0.005707 | 0.9955 |
| Año electoral 2009 | 0.32978 | 1.757758 | 84 | 0.187612 | 0.8516 |
| Año electoral 2011 | 2.38608 | 1.013034 | 84 | 2.355383 | 0.0208 |
| Año electoral 2012 | 9.22350 | 1.293008 | 84 | 7.133367 | 0.0000 |
| Año electoral 2015 | 10.68146 | 1.278957 | 84 | 8.351698 | 0.0000 |
| Año electoral 2018 | 9.60927 | 1.273886 | 84 | 7.543269 | 0.0000 |
| Homicidios | -1.31330 | 0.753312 | 84 | -1.743370 | 0.0849 |
| Densidad poblacional | -0.00758 | 0.020810 | 26 | -0.364328 | 0.7186 |
| Pobreza | 0.08180 | 0.086512 | 84 | 0.945512 | 0.3471 |
| Coeficiente de Gini | 3.33501 | 17.008361 | 84 | 0.196080 | 0.8450 |
| Computadoras | 1.59233 | 1.181755 | 26 | 1.347427 | 0.1895 |
| Profesionalización | -0.05655 | 0.064489 | 26 | -0.876909 | 0.3886 |
| Inversión | 0.00166 | 0.001015 | 26 | 1.631958 | 0.1047 |
| Número de observaciones | 124 | ||||
| Número de grupos | 31 | ||||
| R2 | 0,89 |
Fuente: elaboración propia.
Los resultados del modelo muestran que, a excepción de la concurrencia electoral, la mayoría de las variables contextuales municipales no tiene efectos estadísticamente significativos sobre la participación electoral en elecciones municipales en la región de Tierra Caliente en el periodo 2006-2018. En el caso de la tasa de homicidios, como se esperaba, la relación es negativa (-1.31330); sin embargo, aunque no es estadísticamente significativa al .05, sí lo es al .10. Por lo tanto, la hipótesis propuesta quedaría solo parcialmente refutada. Este resultado podría estar influenciado, en parte, por el tamaño de la muestra, que constó de tan solo 124 observaciones.
Por su parte, los años 2011, 2012, 2015 y 2018 muestran un efecto significativo sobre la tasa de afluencia a las urnas, es decir, los atributos de estas elecciones explican parte de la varianza de la participación electoral en el periodo estudiado. Al analizar con detalle estos años electorales, se nota que, además de las elecciones para conformar los congresos locales, hubo elecciones concurrentes o bien federales (presidente, senadores y diputados) o bien para gobernador. Como se muestra en la Tabla 3, esto no fue así en los años 2007, 2008 y 2009. Este hallazgo es relevante, porque a diferencia de otros estudios que no incluyen los años electorales como variable, nuestro modelo muestra que, más allá de las características de los municipios, la concurrencia de las elecciones parece tener un efecto importante sobre los niveles de participación electoral.
Tabla 3 Elecciones celebradas en años seleccionados
| 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michoacán | Ayuntamientos Gobernador Diputados al Congreso del estado | Elecciones federales (diputados) | Ayuntamientos Gobernador Diputados al Congreso del estado | Elecciones municipales (extraordinarias) de Morelia Elecciones federales (presidente, senadores y diputados) | Ayuntamientos Gobernador Diputados al Congreso del estado Elecciones federales (diputados) | Ayuntamientos Diputados al Congreso del estado Elecciones federales (presidente, senadores y diputados) | |
| Guerrero | Ayuntamientos Diputados al Congreso del Estado | Elecciones municipales (extraordinarias) de Malinaltepec Elecciones federales (diputados) | Gobernador | Ayuntamientos Diputados al Congreso del estado Elecciones federales (presidente, senadores y diputados) | Ayuntamientos Gobernador Diputados al Congreso del estado Elecciones federales (diputados) | Ayuntamientos Diputados al Congreso del estado Elecciones federales (presidente, senadores y diputados) | |
| Estado de México | Ayuntamientos Diputados al Congreso del Estado Elecciones federales (diputados) | Gobernador | Ayuntamientos Diputados al Congreso del estado Elecciones federales (presidente, senadores y diputados) | Ayuntamientos Diputados al Congreso del estado Elecciones federales (diputados) | Ayuntamientos Diputados al Congreso del estado Elecciones federales (presidente, senadores y diputados) |
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los institutos electorales de los estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México.
Discusión y conclusiones
El objetivo de esta investigación fue analizar la participación electoral en elecciones locales en los 31 municipios que componen la región de Tierra Caliente. Específicamente, se examinó si la violencia criminal -medida por la tasa de homicidios por arma de fuego por cada 1 000 habitantes- tuvo algún efecto sobre la participación electoral en las elecciones locales celebradas durante el periodo 2006-2018. Se encontró una relación negativa pero no significativa estadísticamente (al .05) entre participación electoral en elecciones municipales y violencia criminal, por lo que la hipótesis de trabajo inicialmente propuesta queda refutada parcialmente, ya que la relación sí es significativa al .10. Con respecto a la relación entre violencia criminal y participación electoral en elecciones municipales, los resultados de esta investigación no coinciden con lo encontrado por otros autores. Bien es cierto que la forma de medir la violencia no siempre es la misma en todas las investigaciones. Tanto para el caso de la violencia criminal dirigida exclusivamente contra actores políticos (Ley, 2017, 2018; Lizama, 2018; Trejo y Ley, 2016a, 2016b) como para la indiscriminada (García-Sánchez, 2007, 2010; Trelles y Carreras, 2012), gran parte de las investigaciones hallaron una relación negativa entre ambas variables, concluyendo que la participación electoral desciende a medida que los niveles de violencia aumentan.
No obstante, otros estudios presentan resultados distintos. Algunos autores encontraron que los homicidios en general no siempre están relacionados de manera negativa con los niveles de participación electoral (Espinosa, 2018). Del mismo modo, otras investigaciones señalaron que la violencia criminal indiscriminada no tiene ningún efecto en las elecciones (Fernández, 2013; Medellín y Ontiveros, 2013). Por ejemplo, Bravo, Grau y Maldonado (2014), utilizando los homicidios por arma de fuego por 100 000 habitantes como proxy de violencia criminal, encontraron que la relación entre esta variable y la participación electoral en elecciones locales en México entre 1994 y 2012 no fue muy fuerte. Este hallazgo coincide con los resultados de esta investigación, lo que pone de manifiesto que la violencia criminal no siempre desincentiva la concurrencia a las urnas. Pese a no confirmar la hipótesis inicial y a no coincidir con los hallazgos de la mayor parte de los trabajos sobre el tema, el aporte de la presente investigación creemos que es importante en tanto que cuestiona la hipótesis mayoritaria y abre nuevos horizontes de trabajo. ¿Los ciudadanos deciden no participar electoralmente en función de si hay mayor o menor niveles de violencia criminal en su municipio? ¿Quizás son obligados por parte de las organizaciones criminales a votar por un determinado candidato? ¿Estamos, en cambio, ante prácticas clientelares o de acarreo y como consecuencia no desciende la participación electoral pese a los elevados niveles de violencia criminal en algunos municipios? O, como afirma Espinosa (2018), ¿los ciudadanos se movilizan electoralmente buscando un cambio en las políticas de seguridad?
En este último caso se estaría asumiendo que los ciudadanos ejercen su voto de manera libre, cosa que no siempre ocurre en la región de Tierra Caliente, donde nunca se han dado las condiciones para que se pueda hablar de una normalidad democrática en términos de participación electoral (Ochoa y Tomas, 2016). En contextos donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia e influencia, como es el caso de la región que aquí se analiza, puede que la violencia que rodea al proceso electoral u otros factores sean independientes de la decisión de los ciudadanos de acudir a las urnas o no hacerlo, pues se ha documentado en varias ocasiones que los ciudadanos de algunas zonas de la región de Tierra Caliente no ejercen su derecho a voto de manera libre, sino bajo la amenaza de algún grupo criminal (Ramírez, 2020).
Tras realizar estudios a nivel agregado y comprobar cómo se relaciona la violencia criminal con la participación electoral se hace necesario llevar el análisis a nivel individual para conocer exactamente las motivaciones detrás de la decisión de los ciudadanos de acudir o no a las urnas. También son necesarios estudios de caso para examinar cómo exactamente impacta la violencia en el comportamiento electoral de los ciudadanos de un determinado municipio. Probablemente, como señalan algunos autores (Márquez, González y Quijano, 2018), las hipótesis sobre política y violencia que se confirmaron en sexenios anteriores dejaron de ser válidas en la actualidad. También puede ocurrir que esas hipótesis sean válidas en unos contextos y no en otros, o que el resultado dependa del indicador que se utilice para medir la violencia, es decir, puede que la violencia sea determinante para la participación en determinado tiempo y lugar, pero en otras ocasiones sean otras variables las decisivas en el comportamiento electoral. O que los resultados sean distintos dependiendo del indicador de violencia que se utilice, de forma similar a lo que ocurre con el voto económico (Duch y Stevenson, 2017; Gomez y Wilson, 2001; Sanders y Carey, 2002; Singer, 2013).
Un segundo hallazgo que merece mencionarse es la importancia que los atributos de las elecciones tuvieron en la participación electoral. Concretamente se aprecia una estrecha relación entre elecciones concurrentes y mayor participación electoral en comicios locales en 2011, 2012, 2015 y 2018. En 2011, en Michoacán, a la par que las elecciones a ayuntamientos, se celebraron comicios para gobernador y de diputados al congreso del estado. Mientras que en 2015 y 2018 las elecciones a ayuntamientos se produjeron al mismo tiempo que las elecciones estatales y federales. En cuanto al Estado de México y a Guerrero, en 2012, 2015 y 2018 se celebraron de manera simultánea elecciones municipales, estatales y federales. En un análisis costo-beneficio, los ciudadanos acudirán más a las urnas si las elecciones son concurrentes, pues no solo estarían dejando de participar en una votación, sino en varias, lo que aumenta el coste de no votar (Blais, 2000). O, dicho de otro modo, las elecciones concurrentes incrementan la participación porque los costes se mantienen prácticamente iguales mientras que los beneficios aumentan (Lijphart, 1997). Por lo tanto, implementar reformas para que las elecciones locales se celebrasen al mismo tiempo que las estatales o las federales podría ser un buen instrumento para que la participación electoral en elecciones locales aumentase.
Finalmente, es importante reconocer que nuestra investigación presenta algunas limitaciones. Una de ellas se refiere a la falta de mejores indicadores de capacidad institucional municipal, sobre todo relativa a policías y burocracias profesionales y eficientes en la persecución del delito. Asimismo, la inexistencia de datos sobre opinión pública con representatividad municipal no permite evaluar las percepciones y actitudes de los ciudadanos para ver cómo estos inciden en su decisión de ir a votar o, más aún, cómo o por quién votar. Como se planteó inicialmente, la legitimidad de la democracia depende en cierta medida del involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos, siendo uno de ellos la participación electoral, por ende es de vital importancia estudiar los determinantes de ésta y en el caso de México, seguir profundizando en el conocimiento de cómo algunos de los mayores problemas que tiene el país, como son la violencia y la pobreza, afectan el comportamiento electoral de los ciudadanos.
