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Introducción
Ciudad Juárez es, desde hace mucho tiempo, una ciudad con problemáticas sociales latentes: migración, feminicidios y una economía bajo la presencia de la industria maquiladora. Su ubicación fronteriza con Estados Unidos hace que muchas de estas se incrementen y se encuentren en constante cambio. Sin embargo, por encima de todas las problemáticas antes mencionadas, destaca la situación de violencia. Desde principios de 2006, del sexenio presidencial de Felipe Calderón en adelante, muchas han sido las iniciativas para paliar esta situación -militarización de las zonas conflictivas, endurecimiento de las penas privativas de libertad, etc.-, sin ningún éxito; la prisión, en su papel de mitigar el riesgo de incidencia delictiva, y por ende la violencia, no se contempla como una estrategia fundamental para esta labor. A pesar del éxito referido en materia de reinserción social por los gobiernos, las cifras de violencia no han dejado de crecer.
En el caso de Ciudad Juárez, según el registro de los homicidios en general -incluyendo homicidios dolosos y feminicidios- recogido por el Observatorio del Fideicomiso de Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) y publicado en su Reporte de incidencia delictiva de Ciudad Juárez(2020), se puede observar un incremento paulatino (de 269 homicidios dolosos en 2015 a 1 446 en 2020). La tendencia creciente muestra claramente que la violencia, lejos de ser erradicada, va en aumento. Sumado a esto, al igual que escasean evidencias para acreditar el éxito de la reinserción -más allá del trabajo de Córdova (2016) - se carece de estudios que pongan el foco en la prisión como problemática en sí misma o como promotora de problemáticas sociales relacionadas con la posliberación de internos (reinserción social y reincidencia delictiva); esto a razón de ser un objeto de estudio sumamente politizado. Los diferentes organismos de gobierno deliberadamente no hacen públicos los datos reales, muy distantes de los oficiales, en materia de reinserción social, invisibilizando los datos de reincidencia delictiva. En Ciudad Juárez, los investigadores Luis Cervera y Julia Monárrez (2011) mostraron que en 2010 la reincidencia delictiva, entendida exclusivamente como el reingreso a la institución penal, era de 16.82 %, y aunque aparentemente la cifra es mínima, ambos alertan de la existencia de una cifra negra en referencia a actos de reincidencia, no únicamente vinculados con el reingreso. Existe una cifra negra de actos delictivos, ya que, en Ciudad Juárez, pocos son los crímenes reportados y aún menos los adjudicados a una persona. Por lo tanto, la reincidencia delictiva que sucede en la ciudad va más allá de la cifra de reingresos y los internos que superaban los dos o tres reingresos aumentan conforme se incrementa la violencia en la ciudad. De lo expuesto anteriormente, surgen diferentes cuestionamientos: ¿falla la reinserción social de Ciudad Juárez? ¿Por qué falla? ¿Quién y cómo se evalúa la reinserción social? Estas interrogantes motivan el acercamiento al Centro de Reinserción Social (CERESO) Estatal No. 3 de Ciudad Juárez, enmarcado por la ley como la única institución encargada del trabajo de reinserción, convirtiéndose en el objeto de estudio.
La prisión y su construcción teórica para el estudio
Es necesario acercarse a la prisión desde una perspectiva teórica para entender cómo se llega a la identificación de prisión, tal y como hoy se concibe en Ciudad Juárez, de dónde parten sus mecanismos de ejecución penal y, por ende, cómo se va a abordar la prisión en esta investigación. Para entender de dónde nace la premisa de esta investigación y de dónde se parte para investigar el fenómeno de la reinserción, hay que conocer en primer lugar el planteamiento de lo que Foucault denomina las sociedades disciplinarias (Foucault, 1975). La prisión queda enmarcada dentro de una amalgama de instituciones en las que se aplican prácticas de poder con carácter disciplinario. La prisión, a pesar de su finalidad disciplinaria, tiene por objetivo implícito el someter a los internos a la normalización y a la vigilancia (Giraldo, 2008: 83). En palabras de Foucault (1975: 188), “la penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos, y controla todos los instantes de las instituciones disciplinarias, compara, diferencia, jerarquiza, homogeniza, excluye. En una palabra, normaliza”, y lo hace cuando vigila, educa y corrige, por medio de mecanismos “de castigo, de vigilancia, de pena y de coacción” (Foucault, 1975: 30). Es el cambio de castigo, de castigar el cuerpo a castigar el alma (Foucault, 1975), lo que reduce las medidas de seguridad a “controlar al individuo, a neutralizar su peligrosidad, a modificar sus disposiciones delictivas y a no cesar hasta obtener tal cambio” (Foucault, 1975: 20). Cabe destacar, a pesar de la consideraciones de Foucault sobre la prisión como capaz de transformar y conseguir efectos en la conducta de los internos, su escepticismo y decepción sobre su funcionamiento actual. En El poder, una bestia magnífica: sobre el poder, la prisión y la vida (Foucault, 2012), se recoge el siguiente extracto que nutre la premisa de esta investigación, partiendo de la idea foucaultiana de eficacia invertida:
La prisión crea y mantiene una sociedad de delincuentes, el medio, con sus reglas, su solidaridad, su marca moral de infamia. La existencia de esta minoría delictiva, lejos de ser la medida manifiesta de un fracaso, es muy importante para la estructura del poder de la clase dominante. (Foucault, 2012: 200)
La prisión se configura como una institución que desarticula y recompone al interno, y cuyo castigo procura evitar la posible repetición de un crimen y no sólo a hacer pagarlo. Sin embargo, la prisión posee cuatro elementos inmutables y que la definen tal y como es: sobrepoder (disciplina como valor adicional), saber conexo, eficacia invertida y elemento de reforma (Foucault, 1975).
Otro de los planteamientos teóricos principales abordados para el establecimiento de un marco teórico es el análisis de Deleuze, precursor de las sociedades de control, sobre la lógica de los encierros desde los elementos centrales que radican en la misma: vigilancia y castigo, ya planteados por Foucault. Deleuze (1990: 43) considera que “el individuo no deja de pasar de un espacio cerrado a otro, cada uno con sus leyes: primero la familia, después la escuela (“acá ya no estás en tu casa”), después el cuartel (“acá ya no estás en la escuela”), después la fábrica, de tanto en tanto el hospital, y eventualmente la prisión, que es el lugar de encierro por excelencia”. Las sociedades de control planteadas por este filósofo introducen el elemento del control como un potenciador de cambio de estas instituciones de encierro: las nuevas tecnologías; es aquí donde Deleuze se desmarca de las instituciones antes mencionadas ya que, a diferencia de las sociedades disciplinarias, el control que Deleuze refiere no amerita el encierro para llevar a cabo la vigilancia sobre los penados (Rodríguez, 2010). Esta lógica lleva a pensar sobre el otro elemento central en el pensamiento de Foucault, rescatado por Deleuze: el castigo. Las sociedades que plantea Deleuze son “maquinarias de producción de miedos y de dispositivos para enfrentarlos” (Galeano, 2005: 120).
La inseguridad en la sociedad se convierte en el elemento central que opera desde el gobierno basado en el miedo, por lo que el castigo pasará del ámbito del encierro a la reafirmación ejemplar para vencer esa percepción de inseguridad, donde los medios de comunicación permitan esa reafirmación (Rodríguez, 2010), lo cual genera un cambio en la forma de pensar la prisión, ya que la masificación de la población penitenciaria, referida por Foucault, está provocada por la “imposibilidad de agrandar el parque carcelario con la velocidad suficiente para absorber la afluencia incesante de condenados” (Wacquant, 1999:91). Esto obliga a realizar una extensión horizontal de la red penal, que Rodríguez (2010:179) define cómo el surgimiento de “penas intermedias (prisión domiciliaria, trabajos para la comunidad, centros disciplinarios no carcelarios) que exigen una actualización permanente de datos -en la lógica misma de la vigilancia”. Con esta extensión de la red penal la vigilancia ya no se concentra en una institución, tomando así el área social y constituyéndose en un arma invasiva, “orientadas a la defensa social en detrimento de la reinserción” (Wacquant, 1999: 122).
Desde esta visión, cabe preguntarse entonces cuál es el papel de la prisión, si ya ésta no tiene un papel transformador que amerita la presencia de los internos. Según el planteamiento de Deleuze (1990), las sociedades de control reescriben la función de la prisión, que pasa a transformarse en un depósito de personas, elemento que coincide con la percepción de instituciones totales de Goffman (1961). Para Deleuze, una vez se desliga de la prisión la necesidad del encierro para efectuar la vigilancia, queda obsoleta, elemento que se toma para este estudio. En el transcurso de estas sociedades, se llega al punto de depresión lógica que François Dubet refiere en sus escritos sobre el declive de las instituciones, que tanto Foucault como Deleuze vaticinaron. La institución, para Dubet (2007), es todo elemento capaz de cumplir con una función de instituir y socializar, en este caso la de justicia y en concreto a través de la prisión, se encuentra inmersa en una crisis debido a las transformaciones en el ordenamiento simbólico de la socialización, de la formación de los integrantes de esta institución y de la forma de instituir actores sociales (Dubet, 2007). Las instituciones de encierro ven obsoleta su naturaleza reformatoria, convirtiéndose más en “deformatorias”, en parte por la eficacia invertida que planteaba Foucault (Morás, 2010). A esta pérdida de naturaleza reformativa o reformatoria se le suma el planteamiento de Deleuze sobre el uso del miedo con fines de cauterización de posibles conductas disonantes (control) (Morás, 2010). Luis Eduardo Morás (2010), refiere que este miedo es el detonante de la inflación de la población en prisión, la cual sigue manteniendo su modelo tradicional con un gradual e imparable deterioro de su funcionalidad.
La idea que permanece latente en los planteamientos teóricos anteriores es el fracaso de la prisión como institución de encierro en su objetivo de transformar la conducta de la persona interna. La prisión bajo el concepto de institución total (Goffman, 1961), presenta unas características que no guardan relación con el propósito de transformación atribuido a esta institución. Lo que Goffman señala en referencia a estas instituciones totales es que el internamiento en estas instituciones constituye más un método de desajuste que de ajuste. Lo que preocupa al autor es la desculturización que genera esta de institución total. Esto se refiere a un “desentrenamiento” que incapacita temporalmente al interno para la vida diaria. A esto, Goffman lo llama “muerte civil”: una pérdida de roles en el mundo exterior. Partiendo de estos planteamientos teóricos sobre la prisión, y habiendo sido contrastados con los resultados de investigaciones previas y datos oficiales sobre CERESO Estatal No. 3 de Ciudad Juárez, se constituye el abordaje teórico de la prisión, ahora como objeto de estudio para esta investigación, de acuerdo con los siguientes elementos:
La prisión marca al interno de forma negativa y perdurable por medio de la educación, codificación y control de la conducta. Esta se establece en la actualidad como un elemento que desarticula y recompone al interno, fallando en su propósito de evitar la repetición del comportamiento delictivo, resaltando el elemento de eficacia invertida (Foucault, 1975) e imposibilitando la reinserción.
El cambio en la lógica del castigo y del encierro ha generado la pérdida de su elemento de reforma y transformación, provocando la sobrepoblación penitenciaria. Ante esta masificación, en el caso concreto de Ciudad Juárez, la deficitaria aplicación de la extensión horizontal de la red penal, aunque reflejada en el Artículo 60 sobre “Tratamiento en semilibertad” de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, convierte a la prisión en un “depósito” de personas que viven fuera de la norma.
Si esta institución mantiene este estatus es debido a su programa institucional (Dubet, 2007) en decadencia, el cual debería contribuir al proceso de socialización del interno, centrando su acción en el principio de transformación del individuo y no en su eficacia y alcance de cifras deseadas.
Desde esta perspectiva teórica y construcción de la prisión es como se aborda la institución penal (CERESO Estatal No. 3 de Ciudad Juárez) en esta investigación.
Preguntas de investigación y objetivos del estudio
Esta investigación parte de interrogantes que se establecen tomando únicamente las causas que generan el problema de estudio en Ciudad Juárez. Esta problemática responde principalmente a factores internos o institucionales (los que pertenecen exclusivamente al interior del penal), en otras palabras, al programa y tratamiento de reinserción social. De acuerdo con los elementos teóricos citados, a la realidad observada y retratada en los estudios estadísticos nacionales y locales, surge la siguiente premisa de estudio: el tratamiento de reinserción, desarrollado y ejecutado por el CERESO Estatal No. 3 no logra mitigar el riesgo de reincidencia delictiva, incumpliendo de esta forma el objetivo de la reinserción social del interno estipulado por la ley y delegado en la institución penitenciaria.
Las premisa que marca la pauta metodológica de toda la investigación se fundamenta en la realidad observada y en el protagonismo de la institución penitenciaria en el proceso de reinserción, la cual es otorgada tanto por la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua aplicada a las sentencias previas a 2016, como para la vigente Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta última, aunque fue “creada para contrarrestar el grave problema de los centros penitenciarios, a través de privilegiar la base de principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución” (Hernández y Mondragón, 2019: 429), sigue reconociendo el centro penitenciario como máximo exponente del trabajo de reinserción social.
Las interrogantes que surgen a raíz de la premisa de estudio son: 1) ¿cómo es el proceso de reinserción llevado a cabo al interior del penal y cómo se mide la efectividad de este y por qué? 2) ¿Cómo impacta este tratamiento sobre la población penitenciaria y cómo es evaluado dicho tratamiento desde la perspectiva directa del interno? 3) ¿Cómo conciben los profesionales implicados este proceso de reinserción en la implementación directa del programa? En el presente estudio se ha querido poner un énfasis especial en la evaluación y descripción de ciertos procesos del ámbito penal-institucional. Para ello, se redactan los siguientes objetivos en los que se enmarca la selección de la muestra y metodología a seguir: 1) describir el grado de eficiencia del proceso de reinserción social, 2) conocer e interpretar, desde la perspectiva de los protagonistas de la intervención (internos, dirección, equipo técnico), la implementación y evaluación de la intervención en materia de reinserción social del CERESO Estatal No. 3, 3) evaluar la efectividad del trabajo de intervención llevado a cabo en el CERESO Estatal No. 3 en su papel de mitigar el riesgo de reincidencia y como promotor de la reinserción de infractores en la sociedad.
Metodología
La estrategia metodológica que en este estudio se emplea reúne las características de la perspectiva cualitativa. La justificación de esta elección se basa en las filiaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas del paradigma cualitativo según Gurdián-Fernández (2007). Debido a que la investigación se desarrolla en un marco penal-institucional, es necesario que la investigación parta desde los cuatros elementos que plantea Van Manen (2003) y que conforman la fenomenología, traducidos por Gurdián-Fernández (2007: 91): “el espacio vivido (espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el tiempo vivido (temporalidad) y las relaciones humanas vividas (relacionabilidad o comunalidad)”. Estos cuatro elementos son de total relevancia para la investigación ya que lo que viven los presos desde su corporeidad, espacialidad, temporalidad y comunalidad arroja información relevante sobre los procesos penales a investigar (Gurdián-Fernández, 2007). Lo que busca esta investigación es describir qué sucede, cómo los actores principales del fenómeno entienden dicho fenómeno, sus acciones y las de los otros, y el contexto en el que el fenómeno se manifiesta (Hammersley y Atkinson, 1994). Por ello, se emplea esta perspectiva con el propósito de construir conclusiones a través de la obtención y posterior análisis de información, fruto de la narrativa de los agentes implicados como, por ejemplo, las experiencias vividas en el interior del penal o las experiencias posliberación que desembocaron en la reincidencia delictiva.
Para una mayor profundidad metodológica, la investigación se realiza bajo un diseño de investigación biográfica-narrativa, donde el discurso tiene total centralidad. Este tipo de estudio se centra también en casos singulares y se configura como estudio de caso en la medida en que quiere mostrar un contexto de vida específico y su trayectoria. Esta temporalidad -pasado, presente y futuro-, sumado a la necesaria trama argumental -foco y dinámica- sobre el contexto, es lo que acerca, en este caso, al estudio de caso a una narrativa biográfica (Bolívar, 2002). En esta investigación, se decide evaluar la reinserción social desde el discurso e interacción con los mismos internos participantes del tratamiento, ya que “todos estos planteamientos metodológicos no alcanzan su significado pleno si no es en relación con el objeto de estudio al que va a ser aplicado: la persona y los documentos de vida por ella generados o facilitados” (Sanz, 2005: 104). La fuente principal es la persona y el testimonio que provee en su faceta de individualidad única y sujeto histórico. Aquí coinciden dimensiones psicológicas y contextuales cuya relación provoca una forma de construir y narrar su experiencia pasada, en relación con el presente y proyección hacia el futuro (Sanz, 2005). Por lo tanto, se parte desde una metodología narrativa (con un enfoque hermenéutico) en el que se crea e interpreta, según Ricœur (1983-1985), una identidad narrativa, que se va elaborando y reelaborando a través de los relatos de actores involucrados en un proceso, los cuales dan sentido a las acciones, a sus vivencias, restableciendo el equilibrio significativo a un curso que es caótico y enigmático en sí mismo. La recolección llevada a cabo desde esta perspectiva cuenta con la aplicación de técnicas de la misma índole: entrevistas en profundidad de corte biográfico para los internos que integran la muestra, entrevistas en profundidad para los profesionales implicados en el tratamiento y proceso de reinserción social del CERESO, observación participante en todo el proceso de reinserción social en el interior del penal y registro de la misma.
Descripción de la muestra cualitativa
Debido a que uno de los propósitos del estudio es conocer la operación y la evaluación del programa de reinserción penal por parte de los agentes implicados y evaluar este programa en su papel de mitigar el riesgo de reincidencia, nos enfocamos en el CERESO Estatal No. 3. Esta decisión se tomó para conocer el funcionamiento del programa de reinserción social, para analizar la intervención y conocer de primera mano la vivencia de los agentes del proceso reinserción e internos reincidentes. Por esta razón -y para comprender la trayectoria de reincidencia delictiva de los internos y su transcurso por el programa de reinserción- se eligió el CERESO como centro de estudio donde se ubica la muestra deseada. El perfil de la muestra queda reflejado como individuos adultos que, habiendo sido juzgados como menores y habiendo cumplido su pena en el CERSAI (penal de menores), hayan reincidido en el delito siendo juzgados bajo la ley de adultos y privados nuevamente de su libertad en el CERESO (penal de adultos) por lo menos una vez.
Tras el sondeo inicial de casos de este perfil, la población total se concretó en más de 25 internos, correspondiendo a los casos de reingreso sucedidos entre enero y junio de 2017, fecha en la que se accedió al penal, con el fin de tener una muestra que refleje la problemática actualizada de estudio y la posibilidad de tener información biográfica reciente sobre el proceso de reinserción al interior y exterior del penal. Contando con la participación voluntaria de los internos y con las limitaciones burocráticas de la institución, la muestra se estableció en 10 participantes. Para esta muestra se aplicaron entrevistas en profundidad de corte biográfico, ya que se buscaba la interpretación de la realidad social, valores y cosmovisión de los integrantes de la muestra sobre el proceso de reinserción a través de la construcción del discurso subjetivo de estos, se decide mantener esta perspectiva (Robles, 2011). Con el fin de conocer y evaluar los procesos penales desde los actores principales en tales procesos, se decidió involucrar al equipo del COCYT (Centro de Orientación, Clasificación y Tratamiento) representado por las profesiones de trabajo social, criminología y psicología, a los que se les sumaron 3 profesionales externos al CERESO por su trayecto RIA laboral en el CERSAI y Policía Federal en materia de prevención de violencia. Para esta muestra, con un total de 8, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad para entender y evaluar así, desde su percepción, el programa de reinserción.
Resultados de la investigación
Los resultados obtenidos del análisis de las entrevistas a internos y a los y las profesionales, permiten evaluar el programa de reinserción del CERESO y describir su efectividad en su labor de mitigar el riesgo de reincidencia delictiva.
Entrevista en profundidad de corte biográfico: internos
A través del recorrido biográfico-narrativo se llega a comprender el enfoque o perspectiva con la que los internos evalúan este programa de reinserción. Conociendo su proceso preprivación de libertad, su proceso de internamiento jurídico-penal y sus intentos de reinserción fallidos, se puede comprender cómo evalúan los internos la institución en general y el programa en particular. De esta forma se identifican cuáles son, desde su perspectiva, los factores asociados a la prisión que impiden la efectividad del programa de reinserción y propician la reincidencia al exterior:
Convivencia al interior del penal con internos sentenciados bajo otra tipología de delito como factor de reincidencia y de ineficacia del programa de reinserción, provocado por la clasificación por grupo delictivo y no por delito de los internos:
La gente no tiene idea de lo que hace la raza aquí. Todos se conocen. Un vato conoce a otro vato y así. Se creen que sólo estoy encerrado no más. Saben que estoy aquí. Así pasa en el CERESO. Mucha gente de dentro dicen al que está fuera mata a este que seguro […]. Muchas veces las morras […] la muerte. (E-IN4)
No se rehabilita la banda porque ya están bien... malandros. Lo que hacen es más bola para cuando salgan haya bola fuera y empiecen a mandar dinero para dentro. Reos, dinero, reos, dinero…Los preparan, salen […]. Entras, aprendes, sales, generas y ganan ellos. (E-IN2)
Corrupción al interior del penal como factor de reincidencia y de ineficacia del programa de reinserción:
Falta de capacitación de parte del programa como factor de reincidencia y de ineficacia del programa de reinserción. Se considera que el programa de reinserción social es ineficaz e ineficiente en su propósito de preparar al interno a enfrentar el mundo de muros para fuera, ya que no capacita para enfrentar una reinserción:
Cuando salí, volví a lo mismo con mis amigos y, pues, como le digo, yo viví entre barrios, entre malillas, se me hizo pues dinero fácil y volví a hacer lo mismo. (E-IN1)
Es que no te dicen muchas cosas, sólo te ponen a dibujar, con puros dibujos quieren sacarte a flote y ese no es el rollo, ¿sabes cómo? Con puros dibujos te quieren sacar a flote y toda la gente allá dentro se la sabe. (E-IN3)
Falta de seguimiento institucional de los casos al interior y al exterior como factor de reincidencia y de ineficacia del programa de reinserción:
A mí sí me convendría haberme cambiado [referencia a su domicilio] pero no tenía a dónde correr, ¿sabes cómo? Ahí tenía que llegar a fuerzas, a fuerzas tenía que llegar ahí, aunque me instalara bien, agarrara una feria, empezar a rentar una casa […] pero no hubo tiempo, ¿sabes cómo? Fueron 2 semanas. (E-IN10)
El empeoramiento de la conducta como resultado de estos factores internos; ya sea por protección -adhesión a grupo delictivo como protección transitoria en el penal-, corrupción institucional o por la convivencia con todo tipo de sentenciados y/o grupos delictivos, el interno se ve expuesto a estos factores que hacen que su conducta se vaya modificando, repercutiendo en su proceso de reinserción.
Te haces malo para que te respeten dentro. Que te vean y digan […]. Para que vean. Yo siempre he sido de esos, para que me vean, medio mocosón pero fierro. (E-IN2)
Volví a salir y la verdad salí haciendo lo mismo y ahora salí hasta robando, me da vergüenza, pero salí robando, salí asaltando y hasta la última hora me metí en las drogas. (E-IN5)
Las consecuencias que se derivan de estos factores se reflejan en la identificación de los propios internos como “currículum oculto” al interior del penal ajeno a la dirección del centro, o saber conexo, en palabras de Foucault (1975), una nula trascendencia vital del periodo de internamiento y nulo interés y participación en los talleres del programa debido a la capacitación de los profesionales que no obligan a dicha participación. Esto se resume en una disfunción del programa.
Entrevistas en profundidad: profesionales
Al igual que en el apartado anterior, se expone la información arrojada por los profesionales de trabajo social, psicología y criminología que desempeñan su labor profesional en el área de tratamiento del CERESO y de los profesionales relacionados con la reinserción social fuera de la institución penal. La información que aquí se refleja es la recabada en las entrevistas en profundidad realizadas con estos profesionales, las cuales tienen el propósito de conocer el tratamiento de reinserción que realizan los internos, su valoración del programa, los factores (internos y externos) que dinamitan el tratamiento, programa y proceso de reinserción social en general, las propuestas de mejoramiento (desde la perspectiva del trabajo social) de la efectividad del programa y las implicaciones de este fenómeno para el trabajo social. A continuación, se exponen los factores internos potenciadores de reincidencia delictiva y de obstáculo para el tratamiento de reinserción identificados por este grupo:
Factores internos institucionales que afectan directamente al tratamiento de reinserción:
∗ Corrupción al interior del penal como impedimento del tratamiento de reinserción social: al igual que los internos, la corrupción al interior del penal es un elemento de obstáculo para trabajar la reinserción social, ya que condiciona el comportamiento de estos dentro de la institución.
Lo que tenían afuera lo tienen mejor adentro. Son cuestiones difíciles porque uno lo ve y uno quisiera hacer muchísimas cosas, pero estamos trabajando contra un gran monstro. La corrupción dentro de los penales. (E-TS1)
Los penales de México tienen 9/10 de corrupción total entonces. ¿Cómo hacer que la reinserción funcione al interior si al interior mismo la corrupción no se quita? Estamos trabajando con un gigante, es bien frustrante. (E-TS3)
∗ Falta de dureza de leyes como impedimentos del tratamiento de reinserción: los profesionales señalan como obstáculo en el tratamiento el pobre endurecimiento de leyes de ejecución penal. Es decir, identifican la necesidad de obligar al interno a participar del tratamiento de reinserción social para evitar que el interno contemple el internamiento como un periodo vacacional del que no obtenga nada constructivo para su posterior reinserción. Estos profesionales denuncian la comodidad de los internos dentro de la prisión y su construcción bajo sus necesidades y no bajo las de la autoridad (lo cual habla de su percepción teórica de la prisión) como un impedimento en el tratamiento, a lo que se le suma la práctica no obligatoria del tratamiento de reinserción:
Es muy blando el proceso de reinserción, es como si […] a ti te sometieran apegado a derechos humanos, vas a decir ¡qué rudo! O sea, someter es obligo, o sea sí te obligo, pero si no quieres te doy la opción, pero si no quieres vas a llevar tu sentencia como dice la ley, en tu celda. (E-TS2)
Hay mucha reincidencia por la facilidad, la facilidad de decir -ah pues estoy ahí, muy cómodos-, […]. Van a trabajo social y dicen: deme un kit de limpieza porque no recibo visita, y yo les digo ¿y por qué le echas la culpa a la visita?, por qué la visita, tu familia te tiene que traer, por qué no trabajas aquí, por qué tú de aquí de tu trabajo por qué no le mandas dinero a tu familia, por qué no te haces responsable exactamente desde aquí de tu familia y le mandas yo qué sé. (E-TS1)
∗ Falta de infraestructura como impedimento del programa de reinserción: los profesionales denuncian que no cuentan con los elementos necesarios para ejercer su profesión de forma efectiva y que el tratamiento y proceso de reinserción del interno se ve condicionado por esta cuestión. Dicha falta de infraestructura se identifica en dos vertientes: 1) falta de infraestructura de la institución -no únicamente infraestructura material, sino también en procesos- y 2) falta de infraestructura latente en la labor que cumplen los y las profesionales encargadas del tratamiento. Esta última cuestión está basada en la necesidad de mayores competencias sobre el programa y tratamiento de reinserción social y sobre la práctica diaria del mismo; los profesionales refieren no tener las herramientas suficientes para garantizar una óptima intervención sin poder garantizar resultados tras el tratamiento.
Institución: En referencia a las carencias institucionales, este grupo señala el nulo seguimiento al exterior del penal como obstáculo de la reinserción social, la clasificación de internos como factor de riesgo -actualmente por grupo delictivo y no por delito- y la convivencia entre internos como impedimento en el tratamiento de reinserción y potenciador del empeoramiento conductual.
Hace mucha falta que al exterior se continúe con ese tratamiento y no hay un seguimiento afuera. No hay un seguimiento y ellos no ponen un interés genuino de su parte por tratar de afuera reinsertarse porque la misma familia, muchas veces. (E-TS2)
En esta situación o en esta posición, pues es pensamiento de masas, pensamiento de grupos y pues a ver hazte una mezcla de secuestro extorsión y violación, pues vas a hacer un doctorado. (E-PS1)
Labor del profesional: relativo al desarrollo profesional, se señala una importante falta de personal -tres profesionales para 3 000 internos al momento de la investigación- y sobrecarga laboral, lo cual dificulta la conciliación interno-familia, propicia un tratamiento estandarizado para todos los delitos e impide el efectivo tratamiento; esto desemboca en un empeoramiento de la conducta:
La circunstancia es que no alcanzamos a cubrir, no se alcanza porque no tenemos el personal suficiente para decirles cuál es el tratamiento que debe de llevar, y este dato es importante porque nosotros, se supone que con estudio de ingreso, nosotros debemos dictaminarle el tratamiento, ya sea psicológico, criminológico y área social, porque también manejamos la terapia social, terapia ocupacional, porque la ley te dice que no puedes tomar como una medida de reprensión o castigo el trabajo, terapia deportiva y médica, que es de salud mental y física, no tenemos medicina, tenemos médicos pero no medicamento. (E-TS3)
Limitaciones del estudio
Tanto el contexto macro (Ciudad de Juárez y sus autoridades), como el contexto micro (la prisión) determinaron algunos de los parámetros previstos haciendo que estos debieran modificarse una vez ya iniciada la investigación. Las principales limitaciones para llevar a cabo la investigación fueron:
Prisión: hay un constante impedimento en el acceso a la institución y a la muestra estudio por el miedo de las autoridades en sus diferentes niveles de poder a la politización de los resultados finales; otra limitación es que, debido a la politización de los datos de reincidencia, es difícil partir de un marco referencial fiable, ya que la reincidencia solo se mide a través del reingreso. Una limitación más fue la imposibilidad de incorporar perspectiva de género al estudio; el miedo de las autoridades antes citadas al posible uso de los datos una vez finalizada la investigación imposibilita el acceso al penal de mujeres, donde la población penitenciaria sufre mayor vulnerabilidad.
Participación: dado que la participación en el estudio es voluntaria, no se pudo completar la muestra deseada de internos para las entrevistas de corte biográfico.
Contexto: la violencia en el exterior del penal condiciona la investigación en el interior. El homicidio del custodio encargado del acceso fue el principal motivo para el cese de la recolección de datos que estaba por concluir. A esto se suma que los principales grupos delictivos de la ciudad operan desde el penal.
Discusión de resultados
Tras el proceso de recolección de datos y análisis de información, se obtuvo un amplio abanico de hallazgos que se pueden desagregar en teórico-empíricos y sociales, sobre los que se realiza una disertación de acuerdo con la evidencia y hallazgos encontrados.
Hallazgos teórico-empíricos
En primer lugar, se identifica un empeoramiento de la conducta propia -entendiendo este concepto como mayor agresividad, mayor conocimiento delictivo y perfeccionamiento del crimen a causa del ingreso- al estar expuestos a un sistema penitenciario nocivo. Este hallazgo conecta con la referencia de Foucault sobre la prisión como institución de empeoramiento o de mantenimiento de la criminalidad. En palabras de este autor, “la prisión crea y mantiene una sociedad de delincuentes, el medio, con sus reglas, su solidaridad, su marca moral de infamia” (2012: 195). En el caso de esta investigación, la realidad encontrada no dista de esta dura crítica a la institución penitenciaria. Podemos agregar a la crítica de Foucault, los elementos contaminantes y detonantes de un empeoramiento en la conducta delictiva de los internos. La corrupción, el hacinamiento, la segregación de internos, la negligencia de los gobiernos y la mala política y/o legislación en materia de reinserción social se suman a la crítica foucaultiana, evidenciando no sólo los problemas en referencia al poder, sino también a la gestión penitenciaria. Por lo tanto, este hallazgo del empeoramiento de la conducta de los internos al ingresar a prisión empata con lo referido teóricamente. La prisión como una “incubadora del crimen” de eficacia invertida según el autor.
Este empeoramiento de conducta referido por los internos se traduce en una nula trascendencia vital del periodo carcelario. Dicho de otra forma, el periodo de privación de libertad no resulta trascendente para la modificación de la conducta al exterior del penal. Si el proceso carcelario no supone una experiencia transcendental -ya que el programa de reinserción social es el organismo encargado de que eso suceda, mitigando así el riesgo de reincidencia a través de las diferentes acciones que el marco legal contempla- es prácticamente inevitable que se reproduzca una conducta delictiva. Foucault ya refería que el cambio de suplicio a castigo supuso una homogenización del ejercicio punitivo, ahora concentrado en la prisión; lo que para este teórico es característica y oportunidad, hoy en día es una labor muy práctica, pero con escasos resultados en materia de transformación de la persona privada de libertad. Profesionales del equipo técnico del penal de Ciudad Juárez refieren en las entrevistas que el hacinamiento provoca una sobrecarga de trabajo que impide realizar un tratamiento de trasformación y obliga a homogenizar el tratamiento de los privados de libertad.
Este tratamiento que se presupone individualizado no puede lograrse, ya que se aplican medidas genéricas que no se ajustan a las necesidades de transformación de cada interno. Por tanto, este hallazgo rompe con la idea de la oportunidad de las prisiones a la hora de homogenizar el ejercicio punitivo, ya que en este estudio no implica ninguna oportunidad, sino un impedimento en la intervención de cara a la reinserción social. Desde sus orígenes, la prisión ha estado ligada al cambio y la transformación del interno. Sin embargo, uno de los hallazgos de esta investigación refleja el punto opuesto: la estancia transformadora de la prisión se convierte solamente en estancia. Por ello, este estudio muestra el mismo escepticismo que Foucault en cuanto a la capacidad transformadora de la prisión.
Por otro lado, se destaca la existencia de un desarrollo penitenciario paralelo a la normativa o legalidad que recuerda al saber conexo. La corrupción referida por los internos y el sistema criminal desarrollado al interior del penal son, por excelencia, los mayores potenciadores de reincidencia delictiva, ya que obstaculizan todo el trabajo realizado en materia de reinserción social. Como hallazgo, también se encuentra que el endurecimiento de las penas no sirve como catalizador de conductas violentas. Prueba de ello es la sobrepoblación y hacinamiento que vive el penal. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) (2019: 20), “la pena de privación de la libertad debe asegurar a las personas que han cometido un delito, la posibilidad de contar con un tratamiento que incluya un adecuado plan de actividades”. Si la prisión tuviera un carácter más allá del punitivo, cabe pensar que la realidad pudiera ser distinta. Deleuze (1996), retomando el pensamiento de Foucault, declara caducas estas instituciones de encierro. Mientras los gobiernos y los profesionales, al menos en el contexto mexicano, se decantan y solicitan mayor endurecimiento de las leyes punitivas (siendo estos dos hallazgos de este estudio), la prisión, según Deleuze (1996), es una institución de encierro que necesita otra conceptualización lejos de las sociedades disciplinarias.
Ligado a esto, destacamos que, a pesar de la evidencia empírica sobre la poca funcionalidad del endurecimiento de las penas para la reducción de los índices de criminalidad, los y las profesionales que desarrollan su práctica diaria en el ámbito de la reinserción social dentro del penal creen que uno de los obstáculos principales del tratamiento de reinserción es la falta de dureza en las leyes penales, abogando por el recrudecimiento punitivo de las medidas carcelarias dentro de la prisión. A pesar de la evidencia científica y del posicionamiento de la CNDH en su Pronunciamiento sobre la racionalización de la pena de prisión(2016), los y las profesionales de acción directa en materia de reinserción social solicitan un endurecimiento de las leyes de ejecución penal que incluya una mejor forma de operar en el tratamiento de reinserción. Sin embargo, a mayor endurecimiento, mayor población penitenciaria; a mayor población penitenciaria, menor capacidad de tratamiento individualizado.
A pesar de que la prisión hoy en día tenga un objetivo reparador o transformador de la conducta del interno a fin de reinsertarlo de nuevo en la sociedad, la prisión en Ciudad Juárez no cuenta con los recursos institucionales suficientes para garantizar un proceso transformador. Esto provoca que tal objetivo se diluya. A la falta de recursos hay que sumarle el elemento de mayor obstáculo: la falta de infraestructura, potenciador de hacinamiento y de incremento de violencia al interior del penal. La falta de espacios habitables y de trabajo impiden el desarrollo del proceso transformador del interno. Los grupos delictivos del crimen organizado toman el abandono gubernamental y las condiciones infrahumanas que se viven en algunos penales para sacar provecho. Al igual que refiere el equipo técnico del penal de Ciudad Juárez, el crimen organizado y pandillas toman la falta de personal administrativo y ejecutivo a su favor (Dudley y Bargent, 2017). Pareciera que la negligencia gubernamental en materia de política penitenciaria, otro de los principales hallazgos de esta investigación, es tomada del planteamiento de Deleuze. La falta de infraestructura, recursos y/o políticas en materia de justicia restaurativa -altamente eficiente y testada en países como Reino Unido o Canadá- empatan con la consideración de la prisión como obsoleta, también planteada por Deleuze.
Todo apunta a que lo acontecido en el penal de Ciudad Juárez en materia de reinserción social y reincidencia delictiva es fruto del uso de un planteamiento arcaico de la prisión; tampoco propone ningún ajuste a las nuevas sociedades, ya que el penal no aplica su extensión horizontal de la red penal estipulada en la ley ni se emplean las nuevas tecnologías para la vigilancia fuera del contexto carcelario. Existe otro elemento confluente con los principales hallazgos de esta investigación: el declive de la institución judicial (prisión) de Dubet (2007). Ante el hallazgo de la corrupción estructural como elemento disruptor de la institución penitenciaria y la falta de instituciones sociales y de gobierno para dar continuidad a la reinserción integral del interno, Dubet (2007) refiere que la prisión sufre un retroceso del modelo burocrático y se encuentra en crisis. Principalmente, debido a las transformaciones del ordenamiento simbólico del concepto de socialización (transformación dentro de la prisión) y de la formación de las personas que componen el cuerpo ejecutor de las medidas punitivas y de transformación/restauración (retroceso en el modelo vocacional).
Otro hallazgo importante es el abandono gubernamental de la prisión, el endurecimiento de las penas y hacinamiento como elementos potenciadores del empeoramiento de la conducta del interno. Cuando esto sucede, la prisión se convierte en lo que Dudley y Bargent (2017) llaman “incubadoras del crimen”. Esta conceptualización debe su existencia al endurecimiento de las penas -lo cual genera una masificación de la población reclusa- y a la falta de infraestructura. Como refieren estos autores, el aumento de los reclusos permite que el crimen organizado y pandillas utilicen el espacio penitenciario para la reorganización y para el reclutamiento, ejerciendo un control dentro y fuera de la prisión. Ante este fenómeno, las medidas gubernamentales que en principio sirven para reducir la violencia, la fomentan. La sobrepoblación penitenciaria contiene de forma inherente la convivencia de diferentes grupos delictivos al interior del penal. Dicha convivencia provoca eventos violentos basados en rivalidades de los grupos delictivos presentes en la prisión y, ante la falta de infraestructura y de personal de la prisión, la medida más operativa pero menos conveniente es la segregación de los internos por pandillas o grupos delictivos. Este hallazgo es semejante al que Dudley y Bargent (2017) en su estudio sobre prisiones de Latinoamérica: “la segregación en las cárceles es un arma de doble filo, que, en el mejor de los casos, disminuye la violencia en las prisiones, pero por otro lado fortalece a las organizaciones criminales” (Dudley y Bargent, 2017).
En esta investigación sobre la prisión de Ciudad Juárez, los y las trabajadoras sociales refieren que esta categorización y/o segregación por grupos delictivos es uno de los mayores impedimentos para el desarrollo del tratamiento de reinserción. Las cárceles pasan de ser promotoras de seguridad -al menos esa es su construcción operativa- a promotoras de delincuencia, ya que dichos espacios se han convertido en reproductoras de la actividad criminal; “las cárceles son una parte esencial para el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe” (Dudley y Bargent, 2017).
Hallazgos sociales
Entre los resultados de la investigación destaca la corrupción estructural como contaminante de las instituciones públicas, entre ellas la prisión. Cuando se habla de corrupción, habitualmente se plantea desde un enfoque con raíces en las “teorías de la modernización”, que sostiene que la corrupción pertenece y es resultado del “subdesarrollo” o de la falta de “cultura de legalidad” (Sandoval, 2016). Sin embargo, a pesar de las atribuciones de la corrupción a las clases sociales más vulnerables, los verdaderos problemas de la corrupción se deslindan de los niveles altos de la pirámide social y no provienen de los sustratos bajos. No se pretende afirmar que todas las entidades públicas son corruptas per se, pero sí existe un alto riesgo de corruptibilidad. En el caso del penal de Ciudad Juárez, la corrupción expresada por internos y profesionales pone de manifiesto que este fenómeno se debe, entre otras cuestiones, a procesos internos basados en la convivencia entre autoridades y población reclusa; sin embargo, también se debe a un elemento que escapa del ámbito institucional, es decir, “una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía” (Sandoval, 2016: 123). Son estos elementos generados dentro del ámbito público los que contaminan las instituciones públicas, estando la prisión entre una de las principales.
Otro de los hallazgos en términos sociales es la falta de elementos sociales, instituciones de gobierno y sociedad civil que den seguimiento al proceso de reinserción. En México, hasta septiembre del 2012, existían 237 566 presos (Rumbo, 2013). En el 2000, las personas consideradas readaptadas eran 370. Para 2011, estas cifras disminuyeron hasta 21 presos, siendo “reinsertados” en 2013. Esta cifra representa un claro desequilibrio al comparar el número de población penitenciaria según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI) (2011), como es advertido por Rumbo (2013). La ONU refiere en sus Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (2012) que es necesario que “antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad” (Rumbo, 2013: 163). Sin embargo, en el caso de Ciudad Juárez, la realidad pospenitenciaria de reinserción social se encuentra limitada a la sociedad civil, sin presencia del Estado, debido a que las leyes de ejecución de penas concentran en la prisión toda la práctica de reinserción. Son muy pocas las asociaciones civiles que trabajan en materia de reinserción en Ciudad Juárez, siempre desde la iniciativa del exrecluso a participar de dichas A. C. La participación escasa del Estado en el seguimiento postpenitenciario no procura ni garantiza la finalización del proceso de reinserción del ya “no privado” de libertad.
Conclusiones
Es necesario reiterar que las conclusiones de este estudio no buscan servir a ningún proceso político con fines de desprestigio de la administración actual (centralizada en el gobierno del estado de Chihuahua). Lo que se pretende es visibilizar, por medio del contraste de la premisa de investigación, la problemática de los fenómenos de reincidencia delictiva y las implicaciones que tiene la efectividad del programa de reinserción social, evaluado desde los agentes implicados. Las conclusiones principales del estudio son las siguientes:
El tratamiento y proceso de reinserción social se ve obstaculizado por un enfoque erróneo de la prisión y por la inaceptación sociocultural del paradigma de reinserción. En México, y en Juárez en particular, se encuentra obsoleta la conceptualización de la prisión -desajustada de la sociedad actual- que se traduce en un mala praxis y aplicación de las políticas en materia penal. En esta misma línea, la privación de la libertad, en un ámbito de hacinamiento carente de programas de rehabilitación adecuados a la casuística de su población específica, presenta un bajo impacto en los procesos que deberían garantizar una reincorporación a la sociedad funcional y sostenible en el tiempo (Gómez del Campo, Zúñiga y Cruz, 2020).
La baja reinserción social, competencia delegada en la prisión exclusivamente, evidencia el abandono gubernamental que experimenta esta institución cuyas competencias son centralizadas en el gobierno de Chihuahua; esta presenta severas deficiencias institucionales para garantizar procesos de reinserción social, impidiendo mitigar la reincidencia delictiva.
La centralización de las competencias administrativas de la prisión en Ciudad Juárez al estado de Chihuahua perjudica gravemente el desarrollo laboral de los profesionales que trabajan en la institución penal. La falta de recursos, medios e infraestructura dependen directamente de un presupuesto estatal que, lejos de beneficiar a la institución, pareciera que va en su detrimento.
El proceso de internamiento es un proceso contaminante y de empeoramiento conductual de los internos. La segregación de la población penitenciaria por grupo delictivo o pandilla -y no por delito- es el mayor obstáculo para el interno, en el tratamiento y posterior proceso de reinserción social, generando el crecimiento del sistema criminal al interior. Todo lo anterior conduce a un empeoramiento en la conducta del interno, debido a la convivencia con personas de su mismo grupo, pero recluida por diferente delito y que puede desencadenar en la adhesión del interno a un grupo delictivo. El proceso de internamiento, en vez de ser transformar “contamina” la vida del interno.
Una vez se egresa del penal, a no ser que el interno de forma voluntaria se interese por su proceso de readaptación a la sociedad, no existe ningún mecanismo de seguimiento institucional, ni de la prisión ni de otra institución pública, que procure su reinserción social. Existen asociaciones civiles en Ciudad Juárez que trabajan la reinserción social, pero no son tomadas en cuenta por los diferentes niveles de gobierno como herramienta de trabajo al exterior de la prisión para garantizar la reinserción del interno y no procuran un seguimiento individualizado, lo cual se presenta como uno de los mayores obstáculos en materia de reinserción social postpenitenciaria en México en general y en Ciudad Juárez en particular: la ausencia de instancias especializadas en ofrecer este tipo de servicios y seguimiento (Zavala, 2018).
El indicador del reingreso penitenciario para medir la reincidencia delictiva es una medida insuficiente para evaluar la reinserción exitosa. El no seguimiento del proceso de reinserción social del liberado, en parte avalado por la ley (Artículo 16) y por la deficiente infraestructura de la administración local, imposibilita conocer el grado de efectividad del programa de reinserción social. Medir la reincidencia delictiva y el éxito del programa de reinserción exclusivamente en base al reingreso es eludir las conductas delictivas ejecutadas no detectadas por las autoridades.
No hay una óptima elaboración de políticas de reinserción social que se ajusten a lo que la realidad juarense necesita en materia de reinserción de personas privadas de libertad. Es urgente comenzar a diseñar políticas de reinserción social que posean un “enfoque transversal, especializado, de género y de protección a los derechos humanos” para poder procurar la efectividad del proceso de reinserción y así mitigar la reincidencia delictiva (Zavala, 2018: 16).
No hay indicadores de evaluación de la reinserción del egresado fuera del dato que arroja el reingreso en prisión. Datos como el empleo, el traslado de domicilio, la reanudación de estudios son elementos por evaluar en un proceso de reinserción que, en este caso, no se tienen en cuenta.
La prisión ofrece una extensión horizontal de la red penal (medidas intermedias de internamiento) estipulada tanto en la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del estado de Chihuahua como en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, y a pesar de su existencia, las sentencias emitidas en la actualidad no hacen uso de esta extensión horizontal, recurriendo exclusivamente a la privación total de libertad y haciendo uso exacerbado de la prisión preventiva (García, 2019). En México y en Ciudad Juárez no se ejecutan modelos de prisiones abiertas para desarrollar el cumplimiento de la pena bajo condiciones normalizadas, evitando así la exclusión y favoreciendo el proceso de reinserción social (Martí, 2019). A esto se le suma el endurecimiento de las leyes de ejecución penal de Chihuahua, factor clave para el hacinamiento y el empeoramiento de la conducta del interno, ya que se ha demostrado que el recrudecimiento legal y punitivo no resuelve el problema de la reincidencia en Ciudad Juárez.
El tratamiento de reinserción social no cumple con el propósito de reinsertar en la sociedad a la persona liberada ni garantiza el cumplimiento de su proceso de reinserción. Este fracaso del tratamiento se debe al elemento interno, antes concluido, y al nulo seguimiento una vez el interno es liberado.
El programa de reinserción social del penal de Ciudad Juárez no mitiga el riesgo de reincidencia delictiva y no cumple con su objetivo transformador ni garantiza la reinserción social del interno; una vez que el interno compurga su pena, estando la función de la reinserción delegada exclusivamente en la prisión, la institución no procura un seguimiento al exterior del liberado. Por otro lado, el internamiento en la prisión de Ciudad Juárez es un obstáculo en el tratamiento de reinserción social por la conceptualización de la prisión, el sistema criminal vigente que ésta contiene, por la segregación penitenciaria por grupo delictivo, por el abandono gubernamental y por falta de infraestructura y profesional para el tratamiento de reinserción y por la corrupción que aqueja al penal.
