Las ciencias sociales y las políticas públicas han demostrado una preocupación recurrente por el estado de desigualdad económica y social que prevalece en el mundo. A través de distintas aproximaciones teóricas y de mecanismos y acciones, se ha tratado de enfrentar la sostenida acumulación y concentración de recursos, no sólo económicos sino políticos, sociales y culturales. Y ello, a pesar de la defensa contemporánea de la igualdad y los esfuerzos por atender los procesos de exclusión.

Desde diversas perspectivas sociológicas, destaca el interés por dar cuenta de cómo se originan las desigualdades y cuál es su impacto en la vida social. La sociología no asigna valores intrínsecos a los recursos, sino que los clasifica en términos de su importancia para alcanzar un determinado resultado en los procesos de vida. Cuando se realiza este tipo de análisis, es importante reconocer que la conexión entre objetivos y medios puede estar determinada o influenciada por factores que surgen de condiciones de desigualdad y sistemas de estratificación social que implican, a su vez, una compleja red de mecanismos, instituciones y prácticas sociales que decantan en las inequidades y desigualdades que podemos observar en la sociedad, sean de clase, raza, género u otra condición. La multicausalidad de éstas responde así, a su multidimensionalidad y a las interacciones entre económía, sociedad, política y cultura, entre otras aristas que han cobrado creciente atención, como lo es la desigualdad de género.

^{Grusky (2019)} argumenta que los elementos cruciales para dar cuenta de estos sistemas son:

1)los procesos institucionales, en los cuales se desarrollan los métodos específicos en los que distintas características y capitales son designados como valiosos y deseables dentro de una sociedad; 2) reglas de distribución, a través de las cuales se establecen parámetros con los cuales estos capitales, destacando el capital económico, se distribuye a los distintos roles y puestos dentro de la división de los procesos productivos; y 3) mecanismos de movilidad, que conectan a los individuos con ocupaciones específicas, llevando a una distinción entre los niveles de acceso y control de recursos.

Por su parte, al complejizar la jerarquización, estratificación y desigualdad social, Pierre Bourdieu redefinió la noción de esta última al considerar múltiples formas de capital más allá del económico. Su perspectiva de capital cultural destaca cómo el acceso a la educación, el conocimiento y las formas culturales influye en las oportunidades de una persona en la sociedad; argumentó que este capital cultural es transmitido de generación en generación y puede actuar como un factor determinante en la movilidad social (^{Bourdieu, 2011}, ²⁰¹²). Las familias o los grupos con un mayor entramado de capitales tienen una amplia ventaja en términos de acción en instituciones de todo tipo, lo que refuerza las diferencias de oportunidades entre diversos sectores

Con una breve mirada histórica, observemos que desigualdad y las estratificaciones sociales se habían considerado como una condición inevitable de la estructuración de las sociedades, y en muchos casos estas jerarquías eran justificadas a través de doctrinas religiosas o, incluso, justificaciones pseudo científicas que equiparaban la diferencia con la desigualdad. No fue hasta el período de la Ilustración como proyecto-guía de construcción de la Modernidad que cobró forma el metadiscurso de la igualdad -limitado, por cierto, en términos de raza y género-, haciendo frente al estatus privilegiado de la aristocracia y otros grupos de élite en términos de ventajas legales y civiles, removiéndolas gradualmente a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Posteriormente, a través de un sinnúmero de luchas sociales, esta noción de igualdad se expandió a otros derechos: no sólo civiles como el voto, sino económicos como tenencia de la tierra, propiedades y medios de producción, y sociales y culturales como la educación y la libre determinación de los pueblos (^{Grusky, 2019}). Han sido luchas sociales y el desarrollo de nuevos proyectos políticos los que perfilaron los contornos de avances, estancamienttos y retrocesos en la búsqueda de mayor igualdad.

Las sociedades contemporáneas -aunque han visto una mejoría sustantiva en términos de logros y de igualdad de derechos, de superación de exclusiones y el logro de mayores márgenes de integración social- han robustecido las “diferencias hechas desigualdades”, y continúan siendo una realidad que se reproduce y despliega como contraverdad de sus alcances. Cierto es que una de las preocupaciones más importantes es la acuciante desigualdad económica. En su libro, El capital en el siglo XXI, Thomas ^{Piketty (2014)} presenta un detallado análisis de la distribución del ingreso y la riqueza en el mundo, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, a través de una copiosa base de datos económicos de una veintena de países y un minucioso recorrido histórico, estadístico y comparativo. A partir de ello, identifica ciertos patrones en el proceso de acumulación del patrimonio de las principales economías en los cuales se pone en evidencia una ley básica del capitalismo, según la cual el rendimiento del capital suele ser superior a la tasa de crecimiento de la economía, lo que puede estimular la concentración de la riqueza y agravar la inequidad: el capitalismo produce desigualdades insostenibles que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se basan las sociedades en democracia. Por lo tanto, desde la perspectiva de las políticas públicas, es responsabilidad de los Estados crear estrategias y políticas sostenidas que desmantelen y operen como contrapeso y eje balanceado de estos sistemas de desigualdad. Paralelamente, como hemos señalado, el hecho de que la exclusión social comporta múltiples dimensiones en las que se construye y manifiesta, su abordaje amplía el espectro de políticas sociales entre las que la educación, la salud, la vivienda, etc., devienen territorios para que la voluntad política y la agencia humana devengan en cambios estructurales.

Si las expresiones de desigualdades se han perfilado y moldeado históricamente, las disyuntivas y contradicciones que caracerizan los tiempos que vivimos, los de la globalización, afianzan de un modo decisivo el binomio inclusión-exclusión, apertura-cerrazón. La heterogeneidad temporal y territorial de los procesos de globalización arrojan escenarios cuya complejidad ha incrementado sus aportes e intensificado sus promesas incumplidas. Se ha construido una configuración sociohistórica mundial donde sus logros están sostenidos en desarrollos desiguales, en fragmentaciones sociales y políticas, y en contradicción con el medio que la sostiene (^{Foster y Holleman, 2014}). Ya hace tiempo, Ulrich Beck conceptualizaba a dicha configuración como “la sociedad mundial del riesgo”, en la que nuestro condicionamiento de lo social y nuestro avance sociotecnológico significaban la constitución y producción de riesgos globales.

La producción de la esfera global conlleva cambios radicales que trastocan referentes espaciales, temporales, geográficos y/o territoriales. La transformación de los medios de comunicación, que intensifican la densidad y rapidez de las conexiones transnacionales, reestructuran la forma en que se constituyen las relaciones e instituciones sociales. La localización de los países y las fronteras entre los Estados se tornan más difusas, porosas y permeables y las conexiones globales, que se extienden por todo el mundo, se intensifican en virtud de que pueden trasladarse instantáneamente de un lugar a otro. Así, el mundo se estructura como un espacio a la vez único y diferente. La presencia y fuerza de actores e instituciones trasnacionales, supranacionales o globales transforma radicalmente al Estado, sus facultades, funciones, espacios y territorios en los que concentra su actividad.

De esta forma, en su intensidad y aceleración, los procesos de globalización conducen a flujos de intercambio y circulación a escala mundial y regional, generando nuevos sustratos de integración, a una movilidad humana global, a migraciones voluntarias, al ascenso social y, simultáneamente, a exilios de trabajadores y desplazamientos de minorías en un horizonte en el que se da el aumento de la desigualdad y la pobreza. Este doble carácter se despliega también en el ámbito político -democratización y regresiones autoritarias, sociedades civilies y ONG participativas junto a ciudadanías desdibujadas en el seno de autocracias de nuevo corte.

Autores como Nancy Fraser, por ejemplo, han cuestionado el concepto tradicional de ciudadanía y han propuesto un enfoque que considera las dimensiones económicas, culturales y políticas de la inclusión social. Fraser destaca cómo la desigualdad económica y cultural puede llevar a una “fractura de la ciudadanía”, en la cual ciertos grupos enfrentan exclusiones sistemáticas. Esta fractura puede ser evidente en la falta de acceso a servicios públicos, la marginalización de ciertas identidades o la limitación de oportunidades económicas para grupos desfavorecidos (^{Fraser y Honneth, 2003}).

Afirma ^{Valdés Ugalde (2023)} que los contextos globales conducen a la creación de instituciones representativas y participativas en la formación de lo público y sus opuestos: el fanatismo religioso y político, la intolerancia a los diferentes, la concentración autocrática del poder y oligárquica de la riqueza. Estos fenómenos revelan una complejidad que necesita una mirada global y también soluciones globales. Ninguna atención a ellos es relevante desde el espacio exclusivo del Estado nacional (^{Bokser Liwerant, 2015}).

En efecto, no es suficiente seguir concibiendo las problemáticas sociales y la desigualdad en términos de las fronteras del Estado-nación. Situar a los actores sociales en relación con la desigualdad presupone que la mayoría de las relaciones sociales se extienden a esta escala. Sin embargo, debido a los procesos de globalización, esto ya no es así. Nos encontramos en nodos de circulación dentro de la economía mundial, por lo que las teorías de la desigualdad se enfrentan a un doble problema: cada vez es más difícil asignar a los agentes sociales a un único Estado, y se ha vuelto dudoso que las relaciones recíprocas duraderas, que están en la base de las normas de igualdad, puedan limitarse congruentemente al Estado-nación (^{Weiss, 2005}).

Cabe resaltar el caso de nuestra región, cuyos niveles de desigualdad superan a los de otras por un amplio margen. En América Latina y el Caribe, 50 % de la población más pobre solo significa 10 % de los ingresos, mientras 10 % de los más rico recibe 55 % de dicha recaudación. En términos de riqueza, la concentración es mucho mayor: 10 % de esa población acaudalada acumula 77 % de la riqueza y 50 % de los más pobres, solo una unidad porcentual (^{De la Mata y Berniell, 2022}). Incluso en términos de derechos como la educación se puede observar un marcado patrón de clase:

El 88% de los hijos de padres con educación media-alta (secundaria completa o más) también tendrá ese nivel y el 81% de quienes terminan con educación baja (menos que secundaria completa) tienen padres con ese mismo nivel educativo. Otras cifras apuntan en la misma dirección. Solo uno de cada diez hijos de padres no universitarios logra completar hacia sus 24-25 años de edad un ciclo de educación superior, mientras esa fracción es casi de uno de cada dos para quienes tienen madre o padre graduados de la universidad. Sumado a esto, existen importantes brechas socioeconómicas en la calidad de la educación recibida, brechas que también se transmiten de una generación a otra. Parte de las brechas de calidad se relacionan a los altos y crecientes niveles de segregación escolar que presenta la región. (^{De la Mata y Berniell, 2022})

Las herramientas que se utilizan a nivel institucional han sido insuficientes. Tomemos nuevamente el caso particular de América Latina. En la región, las políticas sociales han surgido como un terreno de conflicto y negociación donde se aborda, en diferentes grados de efectividad, la mitigación de las disparidades y la promoción de la inclusión. En la actualidad, América Latina enfrenta desafíos complejos. Si bien algunos países han experimentado mejoras económicas y sociales en las últimas décadas (como Chile, Uruguay o Costa Rica), las brechas siguen siendo palpables en áreas como el acceso a la educación, la salud, el empleo digno y la distribución de la riqueza. Esto ha llevado a un aumento en la demanda pública de medidas que reduzcan las desigualdades y amplíen las oportunidades (^{Barrientos y Hulme, 2008}).

Las políticas sociales están influenciadas por dinámicas económicas y políticas más amplias, globales. Las decisiones y políticas económicas internacionales pueden limitar la autonomía de los Estados en la implementación de políticas sociales. Sin embargo, las fronteras estatales resultan insuficientes para asumir con cabal rigor los desafíos y riesgos en un mundo interdependiente. Además, las movilizaciones sociales y las demandas por una mayor equidad se entrelazan cada vez más con los debates globales sobre derechos humanos y justicia social. Habría que complejizar más la perspectiva de las políticas públicas ya que aún hay mucho por hacer en materia de fragmentación, selectividad, discriminación y sostenibilidad.

En el marco de la interdependencia global, recordemos cómo la constelación de crisis que conllevó la Covid-19 dejó entrever tanto su carácter global como la fragmentación en las respuestas de los gobiernos, tanto en los tiempos como en las capacidades instaladas. El desafío global que ha significado la enfermedad sacó aún más a la luz las ineficiencias de los sistemas políticos, los estilos de gobernar, su eficacia o ineficacia, las condiciones estructurales inequitativas, la desigualdad de recursos de las economías nacionales y de la infraestructura. Los desempeños de los diferentes gobiernos arrojaron resultados disímiles.

Los diferentes gobiernos trataron de responder a cortoplazo -ajenos a los tiempos requeridos por políticas públicas sostenidas- y con un perfil propio (cuando no aislado) al tiempo que su legitimidad en el seno de sus sociedades se vio debilitada. La complejidad del panorama mundial se deriva, junto a la capacidad estatal diferencial, del entramado social marcado por carencias sociales, desigualdad en la cohesión y la confianza social, de la solidez del ordenamiento democrático y la capacidad de los liderazgos (^{Kassam, 2021}; ^{Bokser Liwerant, Saracho y Villanueva, 2021}).

Las regresiones democráticas y las respuestas autocráticas exacerbadas por nuevos populismos han acentuado la polarización que desde la política refuerza la social y han hecho evidente que el desencadenamiento de las diferencias y distancias debilitan el impacto tan requerido de políticas públicas que nutran las nuevas esferas públicas de múltiples agentes. Estas mismas requieren coordinación a nivel global para que puedan dar respuesta a las necesidades que dan cuenta no sólo de la desigualdad en el seno de cada sociedad, sino también de las desigualdades regionales.

De igual modo, las ciencias sociales enfrentan la realidad de que muchas de sus categorías teóricas pierden hoy fundamento, mermando su capacidad explicativa y sentido heurístico. Los planos de manifestación de la interdependencia someten a prueba las formas de organización social y política, así como las coordenadas de lo público. Las figuras centrales de las múltiples crisis: el Estado, la sociedad, el Mercado -y, ciertamente, la cultura y el individuo- ven redefinidos sus espacios y funciones. Ellas se enfrentan en nuevos códigos a la diversificación de las desigualdades y la polarización.

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La necesidad de hacer acopio de esfuerzos para entender nuestro momento, para intentar dar cierta hoja de ruta que ayude a comprender los escenarios posibles del mañana son un irrenunciable estímulo a nuestro quehacer. Es por ello, que para la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales resulta fundamental articular un espacio de discusión sobre investigaciones actuales y reinterpretaciones de académicas y académicos sobre el fenómeno de la desigualdad, la jerarquización social y la exclusión. En los artículos que componen el dossier de este número 249 titulado “Polarización, jerarquización y (des)integración: procesos actuales de desigualdad social” se conjuntan temáticas multi e interdisciplinarias que rearticulan la discusión sobre el panorama de polarización que se vive actualmente en México, en nuestra región y en el ámbito global.

Para iniciar nuestro dossier, y en una sección más teórica del mismo, Victoria Gessaghi, Matías Landau y Florencia Luci nos ofrecen una revisión conceptual con su artículo Categorías, narrativas y órdenes jerárquicos: apuntes para el estudio de los procesos de jerarquización. En este texto, los autores rescatan, revisitan y reflexionan sobre los mayores exponentes del concepto de “jerarquización” dentro de las ciencias sociales. Repensar cómo la sociología, la antropología y la ciencia política han configurado sesgadamente sus propios aparatos conceptuales, nos abre un panorama sobre las formas en que opera una épistémè dicotómica, polarizante y discriminatoria. Los autores nos advierten que, si no prestáramos atención a ello y no tratáramos de deconstruir nuestras narrativas teóricas, reproduciríamos órdenes jerárquicos asimétricos.

En segundo lugar, también desde una mirada conceptual, el artículo Interés, reconocimiento y victimismo en las luchas sociales. Una observación crítica a la teoría de Axel Honneth de Sergio R. Clavero García, se enfoca en discutir las virtudes y fallos de la propuesta de este teórico alemán heredero de la Escuela de Frankfurt. Si bien el pensamiento de Honneth se basa en la lucha social a partir de intereses particulares, la búsqueda del reconocimiento normativo y la importancia de los movimientos sociales, un desafío que se le ha planteado a la teoría de Honneth es que algunos críticos consideran que su enfoque en el reconocimiento podría llevar a una sobrevaloración de la identidad individual y podría pasar por alto otros factores estructurales y materiales que influyen en las desigualdades sociales. Una crítica importante de este artículo es el papel que juega la figura de “víctima” y el “victimismo” en este modelo teórico; la identidad o la representación de esta figura complica las luchas por el reconocimiento.

Un concepto fundamental para las ciencias sociales es el de “cohesión social”, sin embargo, como bien lo muestran Esther del Campo y David Hernández Corrochano, en su artículo Las rutas de indefinición y las dimensiones de la cohesión social. La desigualdad como dimensión distintiva, este concepto ha fluctuado en dimensiones de ambigüedad que poca atención ha requerido. A partir de un minucioso desglose de las vías por las que transita la indefinición de la cohesión social -teórica, de investigación e institucional- nos percatamos de lo pernicioso que ha resultado para la academia en ciencia social dicha cuota de ambivalencia. Un hallazgo importante del artículo es que el concepto de desigualdad logra aparecer como un elemento clave de la cohesión social, ya que, si observamos vértices teóricos como “capital social”, “comunidad”, “reciprocidad”, su contraparte negativa, la desigualdad, es igual de fundamental, aunque se le quiera invisibilizar por su connotación desfavorable.

En una sección que muestra empíricamente lo que los artículos previos han elaborado teórica y conceptualmente, el artículo de Yan Basset, Votos y estratos: la creciente estratificación social del sistema partidario colombiano en el siglo XXI, genera una interconexión muy interesante entre el “estrato”, es decir, un mecanismo de control y diferenciación social por parte del Estado en Colombia, y el concepto de clivaje, para concretar un análisis sobre las tendencias y preferencias del electorado en las cinco ciudades más importantes de este país: Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla. La herramienta teórica del clivaje, a partir de la desagregación metodológica del estrato, ayuda a comprender de manera más clara la división de los votantes en diferentes bloques separados y su espacialización. Este análisis lleva al autor a comprender de mejor manera la dinámica de la profunda transformación del sistema partidario en Colombia y sus consecuencias en las tendencias electorales.

En otro sentido, Víctor Castrelo nos ofrece La ruta de la polarización argentina. Cuatro acontecimientos de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), un artículo imprescindible para comprender las condiciones en las que se encuentra la política de izquierda en Argentina. A partir de la recolección de cuatro eventos -el conflicto con el campo, la sanción de Ley de Servicios de Servicios de Comunicación Audiovisual, los festejos del bicentenario de la independencia y las elecciones de 2015- el autor bosqueja detalladamente el paisaje polarizado entre actores sociales, jurídicos, comunicacionales y empresariales, el cual se fue gestando durante el transcurso de los últimos gobiernos de izquierda de este país, principalmente el de Cristina Fernández de Kirchner. Después de las elecciones ganadas por Mauricio Macri y la consecuente presidencia de Alberto Fernández, el panorama dicotomizado es aún menos alentador.

Para adentrarse más a la realidad latinoamericana, Asbel Bohigues y José Manuel Rivas, con su artículo Evaluaciones de Lula y Dilma en las élites latinoamericanas: de la transversalidad ideológica a la división, cuestionan la dicotomía simplista derecha-izquierda al revisar la representación que se tuvo sobre algunas políticas de Rousseff y da Silva en Brasil y que tuvo repercusiones en América Latina, ya que ambos fueron parte importante del panorama latinoamericano de “izquierda” en los últimos años. A partir de la revisión de la escena brasileña de polarización afectiva se enfatiza que la ideología es uno de los elementos determinantes de la significación de líderes y candidatos políticos. Utilizando datos de representatividad de legisladores latinoamericanos, se caracterizaron las percepciones de las élites políticas latinoamericanas fuera de Brasil, con el fin de evaluar la imagen de los liderazgos de la izquierda brasileña y su consecuencia en la polarización ideológica en la política de ese país.

Finalmente, Héctor Gómez Peralta en su artículo El discurso de odio y los límites de la libertad de expresión en Estados Unidos realiza, en un primer momento, una examinación detallada sobre la amplitud legal y social de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y las vicisitudes históricas que han ampliado y restringido simultáneamente la idea de libertad de expresión, para, en un segundo momento, diseccionar la complejidad de los discursos de odio que emergen de una sociedad tan radicalizada y polarizada como la estadounidense. Al analizar varios casos en la jurisdicción de Estados Unidos, el autor nos hace percatarnos que etiquetar a tal o cual locución como discurso de odio puede ser menos sencillo de lo que se puede creer, lo cual tiene implicaciones severas en el devenir de las sociedades y sus facciones.

En la sección de artículos misceláneos hallamos, en primer lugar, a Kevin Zapata Celestino con su texto titulado Percepción ciudadana de los impuestos durante el primer año de la Cuarta Transformación: Una aproximación cualitativa al tema fiscal en México, en el cual el autor expone un estudio en el cual se evidencia una homogeneidad en la representación que existe sobre los impuestos y su condicionamiento social entre los ciudadanos de la Ciudad de México y de Monterrey. Este artículo genera cuestionamientos sobre la posible medida gubernamental de la reforma fiscal por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. El basamento discursivo del gobierno lopezobradorista es la apuesta por un “pueblo” unificado y la lucha anticorrupción, sin embargo, en la percepción ciudadana, estos elementos siguen generando dudas en la gestión de recursos fiscales.

Por otro lado, Mauro Cerbino Arturi, Natalia Angulo y Marco Giovanny Panchi plantean en su artículo Las primeras víctimas: reflexiones sobre juventudes, pandemia, tiempo, espacio y tecnologías que este grupo etario fue uno de los que más tuvo consecuencias negativas durante la coyuntura de la Covid-19 en Ecuador. A partir de una metodología de grupos de enfoque, los autores exploran la capacidad de las y los jóvenes de adecuar sus lógicas sociales de cotidianidad en el contexto de la pandemia, en el cual fueron criminalizados en el espacio público y pormenorizados en el diseño tecnológico en el espacio privado. Las consecuencias de la contingencia por el coronavirus se vislumbran como funestas a futuro, ya que se exigirá un doble esfuerzo por parte de los jóvenes de no truncar su socialización y su trayectoria escolar y de repensar el ámbito laboral a futuro.

En el artículo Fundamentos explicativos de la obstrucción de la democracia en el África posindependentista de Louis Valentin Mballa, se exploran las escasas capacidades que históricamente han tenido los gobernantes del continente africano para la correcta implementación del régimen democrático en la región. En primer lugar, y a partir de un recorrido historiográfico, el autor nos presenta las diferentes etapas en que la colonización, descolonización y recolonización han tenido injerencia sobre la política africana aún después de los procesos nacionales de independencia. En segundo lugar, se plantea una panorámica general sobre el enquistamiento político de las élites en la región, ya que, como se ve en el documento, dictadores como Teodoro Obiang Nguema y Paul Biya, llevan más de 40 años en el poder. Los caminos que debe recorrer la democracia en África es sinuoso y complejo, sin embargo, es importante tener expresiones académicas preocupadas por ello.

En otras latitudes, el artículo La democracia colombiana ante el impacto del posconflicto y del Acuerdo de paz: papel del acompañamiento internacional de Mar Ortega Jordà y Alexis Berg-Rodríguez es una revisión politológica e historiográfica sobre la compleja condición en la que se encuentra la transición hacia la paz en Colombia. Si bien se firmó el acuerdo en 2016 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, el resultado de dicho evento generó nuevas vicisitudes entre diferentes esferas del panorama sociopolítico: el Estado colombiano, la sociedad civil del país y los agentes internacionales que formaron parte de las negociaciones. Los autores dan cuenta de cómo hay sectores de la sociedad colombiana que, por un lado, no permiten la desestigmatización de los grupos guerrilleros en la zona y, por otro, contrapone la necesidad de una política de seguridad democrática con la búsqueda de una correcta implementación de los derechos humanos.

Completan el número dos reseñas de libros de reciente publicación: La voz ajena en los titulares periodísticos: una mirada desde la lingüística a sus problemas conceptuales y operacionales de Deni Alejandra Silva Meaney y Los riesgos de la democracia: ¿cómo entender el cambio político? de Juan Pablo Navarrete Vela.