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Introducción
El abordaje acerca del devenir de la policía en Colombia requiere tener en cuenta la lectura foucaultiana de esta como forma de pensar y hacer -o dispositivo de gubernamentalidad- en los procesos de configuración de la racionalidad política moderna. Algunas pistas sobre la teoría y las prácticas de policía se pueden reconstruir desde la lectura foucaultiana en las etapas de medicalización en los centros urbanos europeos (Fuster Sánchez, 2012); no obstante, la genealogía de la institución de policía en Colombia y, especialmente, en Bogotá, como eje de despliegue de las singulares ideas y prácticas de la modernidad en este lado del planeta debe tratarse en relación de continuidades y discontinuidades con respecto al proceso europeo. Si bien, en ese escenario se identifica un eje positivo, centrado en el gobierno de la población, y uno negativo, inclinado al control y la represión; la modernidad en la ciudad colombiana requiere tener en cuenta el análisis teórico global, es decir, las influencias de la modernidad occidental, pero también las especificidades locales, que hacen singular el devenir de la ciudad colombiana.
La institución de Policía en Colombia se constituyó discursivamente desde sus orígenes en los primeros años de la década de 1890 como representante del orden legal específicamente y, en ese sentido, como la encargada de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico -establecido por los poderes del Estado- por parte de los ciudadanos. Sin embargo, más allá de ser una institución ajena a la definición normativa y respetuosa de los límites de los derechos individuales, en la práctica el devenir de la vida en policía previa a su institucionalización y en su desarrollo posterior, a lo largo del siglo XX, han mostrado dos caras que se distancian de la función positiva de salvaguarda de la legalidad. Primero, la denominada vida en policía se erigió desde el período colonial como un dispositivo de control que pretendía llegar a los lugares más recónditos de la vida cotidiana, mediante la regulación de los comportamientos en el espacio público y en los espacios privados, incluso, en las formas de pensar y en los cuerpos de los ciudadanos, más aún de los que no eran considerados ciudadanos.
Segundo, en coherencia con lo anterior, el poder de policía no solo se encargaba de regular las transgresiones establecidas en las leyes vigentes, sino que delimitaba en sí misma la norma social, cultural, moral y, más adelante, higiénica hegemónicas. Una lectura sociológica en este punto permite afirmar que una de las funciones fundamentales de la policía fue fijar la frontera de la transgresión jurídica-legal y también moral, la línea normativa entre lo bueno y lo malo en la escala de valores socialmente legítimos, esto es, lo que está dentro de/fuera del orden social; como se explicó, esto va más allá del campo jurídico.
Precisamente, en el período 1880-1930 confluyó el proceso de emergencia y consolidación del discurso higienista con la institucionalización de la Policía que se inclinó hacia la función negativa mediante la fijación de objetos de control y represión: personas que habitaban o utilizaban de manera permanente la calle, quienes se situaban en la secuencia peligroso/criminal/no ciudadano.
De acuerdo con este planteamiento, la lectura sociológica, política e historiográfica del período 1880 a 1930, tiene el objetivo de hallar los antecedentes de la configuración de la función negativa de la Policía, enfocada en el señalamiento y la represión de las personas que habitan y utilizan las calles, a partir de la convergencia de discursos y prácticas higienistas y de seguridad. Justamente, se combinan elementos teóricos y metodológicos de la sociología, la historia y la semiótica, para analizar las condiciones de producción de la Policía como saber/poder y dispositivo de clasificación de lo sucio, lo enfermo y lo peligroso.
Es importante precisar que esta investigación da continuidad a estudios sobre el proceso de institucionalización de la Policía en Colombia (Becerra, 2010; Camacho, 2000; Hering, 2018). Sin embargo, ha sido poco explorada la dimensión de análisis acerca de la racionalidad que sustenta la función negativa de represión, especialmente dirigida a aquellos sujetos perniciosos (Hering, 2019), individuos y espacios que representaban la suciedad del cuerpo, el alma y la piedra (Sennet, 1997), y contradecían los anhelos modernos de progreso, en auge en el período estudiado. Si bien, existen algunas referencias a la persecución de la vagancia en este lapso (Hering, 2018; Castro, 2011, 2012; Robledo y Rodríguez, 2008; Rodríguez, 2019) se distancian de esta propuesta de análisis, dado que no todas: a) estudian el período específico de institucionalización y profesionalización de la Policía, en Colombia; b) especifican los fundamentos de la racionalidad que sostiene el dispositivo policial; c) definen la conexión particular entre la Policía y la población que habitaba las calles, en esos años.
El diseño metodológico toma como base el concepto de semiosis social de Verón (2004), entendido como la construcción social e interdiscursiva del sentido, que permite vincular el análisis de los discursos al análisis sociológico, mediante la definición del discurso como una manifestación de la semiosis social. De manera cercana a la propuesta foucaultiana, Verón (2004) propone la lectura de las gramáticas de producción, que corresponden al sistema de conocimientos o racionalidad que sustenta discursos y prácticas espaciotemporalmente concretos. De esta manera, el concepto de semiosis social posibilita hallar los ejes de la clasificación y configuración de los límites expresados en los discursos y las prácticas de policía, cimentados en ideas singulares de suciedad corporal y urbana, improductividad, inmoralidad y crimen, como características que se concentraban en las personas que habitaban las calles. En esta caso, la Policía es el dispositivo por excelencia del control de la suciedad que, en el contexto colombiano de finales del siglo XIX e inicios del XX, desplegó la función de represión de espacios y sujetos “perniciosos” (Hering, 2019).
Para el desarrollo de esta argumentación, se presentan cinco apartados adicionales a la introducción: a) teoría y práctica de policía en clave foucaultiana, b) dimensión conceptual e institucional de la policía en Colombia, c) Bogotá: ciudad desordenada en la que se impone el dispositivo de control, d) vida en calle: principal objeto de discursos y prácticas de policía, y e) reflexiones finales.
Teoría y práctica de policía en clave foucaultiana
La policía como forma de pensar y hacer, no solamente como institución moderna, se configuró entre los siglos XVII y XIX, principalmente, en los escenarios urbanos europeos (Fuster Sánchez, 2012). En la perspectiva foucaultiana, el tránsito de la racionalidad política pastoral -basada en el poder de la Iglesia- a la racionalidad política moderna -fundamentada en el gobierno laico del rey y, más adelante, de los organismos, figuras e instituciones del Estado moderno occidental- requieren una aproximación genealógica que profundice en los discursos y las prácticas que se conjugan para, progresivamente, dar forma a concepciones, instituciones, prácticas y dispositivos contemporáneos, identificados como normales e inamovibles. Precisamente, este tránsito contiene procesos concomitantes como la constitución de Estado moderno occidental con particularidades en cada país de Europa, la medicalización como base ideológica y práctica de la racionalidad política moderna, y la configuración de la anormalidad y la producción del crimen. Foucault se ha ocupado de cada uno de estos temas en el marco de sus disertaciones y, a partir de estas, se pueden deducir y profundizar en componentes específicos para plantear una lectura sobre las orientaciones discursivas y prácticas de la policía (Foucault, 2000). Como mencioné, según Castro (2019), la policía tiene dos ejes centrales: uno positivo, asociado a la razón totalizante del Estado moderno, y otro negativo relacionado con la represión de individuos anormalizados.
El primer eje tiene como componentes base el surgimiento y desarrollo del Estado moderno occidental y la ciudad moderna, ambos concebidos, en clave genealógica, como formas de pensar y hacer. Según la perspectiva foucaultiana, la ciudad moderna en Occidente constituyó un laboratorio de construcción de las nuevas ideas de orden social y de producción de un individuo que, progresivamente, abandonó los referentes comunitarios de su acción y se orientó a las máximas de productividad y control racional. Fuster Sánchez (2012) explica, siguiendo a Foucault, cómo durante los siglos XVIII y XIX la productividad se impuso como el objetivo central del orden político-económico y el cuerpo individual reveló su capacidad de producir y hacer crecer las riquezas del Estado. Para alcanzar el máximo rendimiento de los individuos, fue necesario un giro hacia el control de procesos poblacionales, permeados en la ciudad medieval por las epidemias, a través del despliegue de dispositivos de medicalización orientados al control político-económico y la administración de la población urbana. La medicina se erigió como el saber autorizado por el poder del Estado y el naciente sistema capitalista para gestionar las nuevas premisas de clasificación y separación urbanas predominantes y, a su vez, este saber se convirtió en fuente de legitimidad de las diversas tecnologías de gubernamentalidad o instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y tácticas que permiten ejercer poder sobre la población (Foucault, 2006).
Foucault (1977) explica tres etapas de formación de la medicina social europea, a partir de las cuales se puede desentrañar el perfilamiento de los objetivos, los objetos -cuerpos y espacios a controlar- y las funciones de policía: la medicina de Estado, la medicina urbana y la medicina de la fuerza laboral. La primera tiene como epicentro Alemania, país en el que se generó mayor reflexión en torno al funcionamiento, organización y administración del Estado. No es casualidad que reflexiones como las de Marx o Weber y las conceptualizaciones sobre el Estado moderno occidental emergieran en ese escenario; justamente, la fragmentación y la debilidad de las instituciones y el territorio motivaron la producción de discursos y prácticas, cuyo fin principal era la integración. Entre estos, la medicina de Estado como saber se ocupó de la observación y clasificación de enfermedades, la administración de un sistema de control de enseñanza y concesión de títulos, y la organización de un poder médico territorial. Este saber progresivamente se convirtió también en poder y se incorporó en las prácticas cotidianas mediante la policía médica, encargada de observar, detectar y clasificar la enfermedad y los enfermos, con el objetivo de hacer crecer las fuerzas del poder estatal.
La segunda, medicina urbana, tuvo lugar en la ciudad francesa, principal centro de control y disciplinamiento poblacional e individual. Este tipo de medicina se enfocó en la intervención de las condiciones del medio ambiente y los espacios urbanos, con base en nuevas clasificaciones que devinieron en fronteras simbólicas y materiales, vigentes hasta nuestros días. Entre los siglos XVII y XVIII se dio un despertar, una toma de conciencia sobre el estado de atraso humano y urbano, que se reflejaba en la piedra obstaculizada por desperdicios y en los cuerpos malolientes. Aunque el conocimiento pudiese haber avanzado en distintas dimensiones, en este punto histórico se revelaron olores corporales fétidos, enfermedades, contagio derivado del contacto con el otro “sucio” y “enfermo” y del aire cargado de suciedad (Sennet, 1997). En conjunto, la reflexión fisiológica acerca de la suciedad del cuerpo como obstáculo, infección, desaseo, desorden, muestra en su sentido lingüístico (con el prefijo des) la negación o inversión del orden prototípico moderno: la disciplina, la productividad, la circulación, la salud, es decir, lo aceptado, que lleva a la configuración del límite de lo que está dentro/afuera del orden y, así mismo, constituye una rígida estructura vertical entre los que están arriba/abajo. Estos señalamientos no son fortuitos, sino que se fundan en “motivaciones para mantener a la gente abajo, adentro o afuera a partir de procesos de denigración o clasificación negativa que son indirectos, ampliamente efectivos y ocultos en circunstancias culturales, normalizadas o naturalizadas en el sentido común” (Bayón, 2020, p. 4).
La clasificación entre el cuerpo limpio/sucio se consolidó y se trasladó a otros binarios como la idea moral del cuerpo puro/impuro (limpieza o suciedad del alma) y, por supuesto, a la reflexión de la oposición urbano/rural, progreso/atraso, salud/enfermedad, circulación/estancamiento (Sennet, 1997). Esa separación tuvo una fuerte significación social en la configuración de un modelo de clasificación de espacios, comportamientos e individuos en la vida cotidiana que ha trascendido geográfica y temporalmente. Así mismo, con base en el modelo sistémico-fisiológico, la ciudad se orientó a la distribución funcional del espacio según oficios y clases, con esto se configuraron los modelos urbanísticos que pretenden la homogeneidad social y la segregación en función de las necesidades productivas, por un lado, y la transformación de comportamientos a partir de los cambios en el espacio, por otro (Foucault, 1977). En línea con el planteamiento del artículo, se evidencia que esta racionalidad fue la que orientó los discursos y prácticas médicos, psicológicos, urbanísticos, arquitectónicos y policiales para control del individuo. Estos se sumaron a discursos y prácticas salubristas, higienistas y estadísticos que establecieron el límite de lo que se considera normal/anormal, en cuanto a procesos vitales (natalidad, mortalidad, enfermedad, discapacidad, locura, crimen, etc.).
En este marco, la policía se hizo cargo de la organización, clasificación y limpieza del espacio urbano, en una acepción positiva de intervención para el mejoramiento general de la salud poblacional, a través de acciones concretas, como: la redistribución de espacios fuente de contaminación (por ejemplo, cementerios y mataderos); la apertura para la circulación del aire y el agua (construcción de avenidas y canales), y el control de los cuerpos enfermos mediante el modelo de cuarentena. En coherencia con la consolidación de la policía como dispositivo de despliegue de las prácticas de medicalización, esta se enfocó en observar y clasificar el estado de salud/enfermedad (condiciones de salubridad) e intervenir, modificar y proteger a la población de los elementos del medio que pudieran afectar la salud, estas últimas acciones entendidas como proceso de higienización (Foucault, 1977).
La tercera, la medicina de la fuerza laboral, se manifestó particularmente en Inglaterra, donde el desarrollo industrial permitió identificar la nueva clase proletaria. Este proceso de transición no solo se desplegó en la dimensión económica, sino que incluyó componentes sociales, culturales y políticos. Uno de los ejes de análisis foucaultianos señala el progresivo cambio en el significado sociocultural de la pobreza, que pasó de su concepción religiosa como medio de salvación y de tener una función social dentro de las ciudades, a considerarse como fuente de enfermedad, suciedad, revolución y disturbios. Por esa razón, la medicalización del proletariado se erigió como medida de prevención de la enfermedad, contención y protección de los posibles brotes revolucionarios. En este orden de ideas, la higienización física, moral y política, mediante prácticas de salud y eugenésicas de las clases pobres -para el mejoramiento de las “predisposiciones” raciales “naturales”- se convirtieron en un componente central de protección de las clases altas (Fuster Sánchez, 2012).
El segundo eje relacionado con la represión de individuos anormalizados, se basa en la configuración de la idea de los individuos anormales en el marco de la producción de la ciudad moderna occidental en clave de lectura foucaultiana, en la cual se cruzan, a lo largo del siglo XIX, el saber científico de la psiquiatría y el poder político-jurídico mediante el saber/poder medicolegal. Este último se encargó de la detección de patologías mentales y corporales que, en principio, justificaban la absolución de los acusados en procesos penales, pero que, progresivamente, se transformaron en marcas biológicas, comportamentales y/o psicológicas que alertaban sobre un peligro potencial. Las figuras reconstruidas desde la mirada genealógica de Foucault (2000) desembocan en cuerpos anómalos encubiertos entre los normales, personificados en el monstruo, el onanista y el individuo a corregir, tres formas de sujetos psiquiatrizados, propensos a seguir sus instintos por placer. El sujeto producido desde los discursos y las prácticas de la psiquiatría devinieron en riesgos latentes que podían desatar sus pasiones y, por esa razón, debían ser medicalizados, criminalizados o recluidos, pero nunca completamente curados de su estado de anomalía. En el mismo sentido, Hering (2019) identifica el proceso de racionalización y objetivación de los prejuicios frente a peligros potenciales, a través de la medición y etiquetamiento del cuerpo, la apariencia y el estilo de vida, implementados por la antropometría, el detectivismo y la Policía Judicial, durante los primeros años del siglo XX, en Colombia. El sujeto pernicioso que se fabrica, en la trama discursiva de los saberes/poderes mencionados y perseguidos por la Policía, es:
Un peligro para sí mismo, el enfermo también lo es para otros, y todo el mundo se reúne en torno a ese pequeño fragmento negro, absoluto, puro, pero perfectamente visible de peligro. […] En el centro el instinto de muerte aparece desnudo, acaba de nacer. (Foucault, 2000, p. 138) (cursivas propias)
En la perspectiva de Hering, Buffington y Caimari (2019), siguiendo a Foucault, la Policía, en particular, y el sistema carcelario, en general, cumplen dos funciones complementarias que fundamentan la producción del crimen y los criminales: primero, despolitizar las reivindicaciones de los trabajadores y pobres, expresadas en revueltas, y reducirlas a transgresiones urbanas aisladas. Segundo, configurar ilegalidades insoportables, demonizadas, para encubrir ilegalidades toleradas.
En la misma dirección del control y disciplinamiento negativo individual, Foucault (2000) muestra el giro del modelo de control patológico sobre la lepra -consistente en la exclusión político-jurídica, social y espacial de los enfermos- al modelo de control de la peste. Este último da un lugar fijo en la ciudad a lo patológico en un espacio trazado. Los individuos apestados no se excluyen, sino que cumplen una función en la estructura, son los peligrosos a los que los otros deben temer, sirven para ejemplificar el disciplinamiento, la aceptación de discursos, prácticas de seguridad e intervención cotidiana de cuerpos y espacios, y sostienen estructuras de poder.
No se trata de una exclusión, se trata de una cuarentena. No se trata de expulsar, sino, al contrario, de establecer, fijar y dar su lugar, asignar sitios, definir presencias en una cuadrícula. No rechazo, sino inclusión. […] Se trata, por el contrario, de una serie de diferencias finas y constantemente observadas entre los individuos que están enfermos y los que no lo están. Individualización, por consiguiente, división y subdivisión del poder, que llega a coincidir hasta con el grano fino de la individualidad. (Foucault, 2000, p. 53)
En síntesis, el proceso de medicalización en sus distintas etapas y expresiones particulares en los países de Europa tuvo el objetivo ya no solo de curar la enfermedad, sino de alcanzar los máximos niveles de salud poblacional -y así de productividad-. De esta forma, la preocupación por la limpieza del cuerpo, el alma y la piedra se concretó como una de las obsesiones modernas, que dio paso a las prácticas de clasificación y persecución de la Policía, mediante dispositivos, cada vez más sofisticados, con los cuales se objetivaban prejuicios (Hering, 2019). Así, los binarios salud/enfermedad y productividad/vagancia se empezaron a relacionar directamente con la frontera entre limpieza/suciedad. Las transformaciones apuntaron a un individuo limpio, ordenado, sano, productivo y autosuficiente e indiferente al otro, especialmente al diferente. La gestión poblacional se desplegó mediante diversas estrategias de policía orientadas al control de la enfermedad, las condiciones del ambiente y, más adelante, el cuerpo pobre y sucio del trabajador.
Precisamente, en América Latina se hallan rastros del proceso de medicalización y la convergencia de los saberes médico, legal y policial en la concepción del orden moderno y la implementación de medidas para difundirlo e imponerlo. Ibarra y Páez (2018) señalan que los referentes europeos y norteamericanos fueron la base de los proyectos sanitarios de las ciudades latinoamericanas. En el caso de Santiago y Valparaíso (Chile), el final del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX representaron el surgimiento de una idea de orden moderno, marcado por la preocupación higienista frente a la transformación urbana y los hábitos de la población. La construcción de infraestructura sanitaria (escusados privados para las clases altas y públicos para las mayorías urbanas) y la limpieza del cuerpo mostraron la emergencia de un prurito olfativo. Desde este punto de vista, en estos escenarios, el asco surgió como un fundamento afectivo de diferenciación y distanciamiento frente a las otredades “sucias”. En la delimitación de la frontera frente a la suciedad se sumaron otras ya asentadas, como la frontera frente a la improductividad que, en suma, señalan delincuentes y objetos de miedo, como se explica más adelante. De este modo, la Policía en el período de institucionalización en varios países de la región se erigió como dispositivo de implementación del orden moderno higienista: “si para el discurso higiénico-moral dominante el pobre era fuente de suciedad y enfermedad, de desorden social y político, el guardián debía volverse educado, decente, respetable y limpio y encarnarse en una -autoridad moral’” (Palacios, 2016, citado en Palma, 2019, p. 69).
Dimensión conceptual e institucional de la policía en Colombia
Al profundizar en la constitución y el desarrollo histórico de la Policía en la ciudad latinoamericana, se identifica la tensión entre, por un lado, la orientación discursiva como representante del Estado y como institución garante de seguridad y protectora de todos los ciudadanos en la vida cotidiana, en un sentido amplio, y, por el otro, el direccionamiento práctico como dispositivo de control urbano según ejes ideológicos o conceptos hegemónicos que definen la idea del orden social y aspiran a la homogeneidad social. Estas orientaciones se relacionan con los ejes positivo y negativo, descritos por Castro (2019) en el proceso europeo; sin embargo, es importante destacar que los objetivos, los objetos, las funciones y el devenir de la policía en América Latina, en general, y, específicamente, en Colombia tienen particularidades. Desde este punto de vista, se considera que, en el caso colombiano, la Policía continuó con el objetivo de fijación de límites entre lo seguro/peligroso y la función de clasificación social de los individuos anormales, es decir, los criminales. En este sentido, al final del siglo XIX, en el período analizado, la policía colombiana se configuró como saber/poder medicolegal fundamentado en la relevancia del concepto de limpieza; en acepciones particulares del concepto de seguridad, y como dispositivo urbano asociado al eje negativo, dirigido a la detección, contención, medicalización y encierro de los individuos anormales, en el nivel micro de la vida cotidiana urbana.
Higienismo como deber ser de la ciudad moderna en un país rural
De acuerdo con el objetivo del artículo, es importante profundizar en uno de los ejes conceptuales de la clasificación establecidos por el orden social de la ciudad occidental, en general, y los saberes/poderes y dispositivos que lo sustentan: la idea de limpieza. Esta implica varios significados como la higiene y la salud, la seguridad y la moral públicas, con los que se legitiman discursos y prácticas para el control y disciplinamiento del cuerpo, el alma y la piedra (Sennett, 1997; Pedraza, 1999). Las ciudades latinoamericanas colonizadas por España comparten la tendencia de la Ilustración orientada hacia un fuerte rechazo a las “desgracias humanas”: la suciedad del cuerpo y la inmoralidad -que aparecen con gran peso en los discursos y las prácticas de las ciudades en este lado del planeta-, el mundo rural, el desorden urbano, etc. De acuerdo con Álzate-Echeverri (2007), se considera que la secuencia de sentido del despertar higienista -entendido como el concepto global que establece la oposición limpio/sucio y que desarrolla discursos y prácticas para el control y disciplinamiento de la piedra, el alma y el cuerpo, para su transformación de atrasados a modernos- inició con la preocupación por la limpieza del alma, pasó, de manera concomitante, por la agudización sensorial ante el desorden y suciedad urbanos, y siguió con el despertar de los sentidos con respecto a la higiene del cuerpo. Estos fundamentos se tradujeron en las ciudades colonizadas, a través de los binarios civilización/barbarie, civilizado/salvaje, progreso/atraso, Europa/América. El rechazo frente a las características propias del nuevo mundo se legitimó mediante los discursos científicos de la medicina, el derecho y la filosofía positivistas que señalaban los problemas de la estructura fisiológica y racial de los indígenas (determinismo biológico), su tendencia a la inmoralidad expresada en la desnudez, el desconocimiento de la moral cristiana y las difíciles condiciones climáticas y geográficas del territorio. De esta forma, la policía siguió caminos similares a los europeos, dado que se legitimó como un dispositivo de control y disciplinamiento para la limpieza urbana:
De la falta de higiene resultaba la enfermedad y, con base en esta idea, se imaginaba la inmoralidad del cuerpo social como un padecimiento terminal. Con ello se justificaba la necesidad de un “brazo vigoroso” para curar la sociedad. ¿Habría mejor forma para justificar la necesidad de la policía que haciendo de ella una institución de curación? (Hering, 2018, p. 22)
Así mismo, se concretó la oposición y repudio por el sucio maloliente asociado con la falta de salud y la pereza que lleva a la improductividad y la vagancia. De esa forma, en las postrimerías del siglo XIX, el higienismo entró explícitamente a definir otros conceptos y dispositivos dirigidos a desplegar el deber ser de los hábitos, los comportamientos y los espacios, entre estos los de la urbanidad, el deporte, el salubrismo y la eugenesia, cada uno con políticas y estrategias específicas que se orientaron al objetivo de transformación de esas características adversas al progreso. Cada uno de estos discursos pretendió producir un tipo de individuo deseado para la sociedad urbana civilizada y, en contraposición, configuró las características del individuo desviado, aquel que está fuera de la norma.
Así, el salvaje es improductivo, no procrea satisfactoriamente; es en suma inútil. Aquí se aprecian bien dos de los mecanismos de naturalización de la diferencia cultural, legitimados por el discurso de la ciencia. El primero es la construcción de oposiciones estigmatizadas […]. El segundo mecanismo, íntimamente vinculado con el anterior, produce un desplazamiento de la cultura de los otros hacia la animalidad y hacia la falta de verdadera masculinidad (una suerte de feminización), rasgos asociados con la falta de racionalidad y con una humanidad disminuida. (Álzate-Echeverri, 2007, p. 62)
Fueron varias las medidas para lograr la transformación del nuevo reino y lograr el crecimiento poblacional, funcional a los intereses de la corona española. Principalmente, se estableció la vida en policía en los espacios proyectados como centros física y simbólicamente urbanizados y civilizados, asociada a la organización, y el control espacial y de los cuerpos de los ciudadanos mediante las rondas y los registros periódicos: “La ciudad debía responder a una nueva organización que hiciera más fácil su gobierno y, sobre todo, el control de policía” (González Quintero, 2010, p. 28). En coherencia con el modelo europeo, se instituyeron prácticas higienistas de aseo cada vez más aisladas al espacio privado, y en las ciudades se implementaron una serie de reformas sanitarias para el control de las basuras, las aguas residuales, los excrementos de los animales, el aislamiento de los cementerios, etc., todas ellas parecen continuar el modelo europeo de separación de lo limpio y lo sucio, y muestran el afán de limpiar la piedra, el alma -incluida claramente en la estructura de significación neogranadina- y el cuerpo.
El discurso científico, principalmente el derecho, la medicina1, la filosofía y sociología positivistas fueron prolíficos, durante las primeras décadas del siglo XX, en la producción de manuales y literatura especializados en argumentar y enumerar los problemas fisiológicos y psicológicos de la raza. No se puede decir que el higienismo y la eugenesia fueron asuntos exclusivos de élites políticas, económicas e intelectuales; en la difusión de esos discursos y prácticas también tuvo que ver la prensa -con un lugar fundamental en la circulación y legitimación de conceptos desplegados en varios gobiernos-. El discurso mediático explícitamente manifestó el rechazo descrito con términos despectivos y apoyó políticas sanitarias, campañas pedagógicas, medidas para la difusión de la cultura física, entre otras prácticas eugenésicas. Algunas de estas fueron: la campaña Máximas para la regeneración total o catástrofe bajo el lema “Una nación, una raza y un Dios”, durante la Hegemonía Conservadora; la Conferencia Panamericana de Higiene, en 1926; y la Revolución en marcha del presidente López Pumarejo, que contenía principios para una “profilaxis mental”. A partir de 1920, se hizo énfasis en la pedagogía de los sentidos mediante el refinamiento y disciplinamiento de estos, lo cual derivó en un prurito olfativo, es decir, el repudio extremo a los olores corporales y, de ahí, en la producción de diversos productos para evitarlos. La consecuente reducción de la tolerancia a los olores corporales y el uso de productos de higiene personal se difundieron progresivamente a lo largo del siglo en las incipientes ciudades colombianas, con resistencias populares y rurales, que para las élites confirmaban el atraso y la “oscuridad” en la que se hallaban.
Acepciones de la seguridad nacional
En Colombia, el concepto de seguridad se vincula con el mantenimiento del orden social, el cual se fundamenta en la idea de control ejercido por el Estado como el Leviatán (Hobbes, 2017), que contiene las pulsiones humanas y reprime el estado de desorden y degeneración naturales. El Estado neogranadino y, posteriormente, colombiano se configuró bajo una idea de seguridad basada en la clasificación de “buenos ciudadanos” y “malos ciudadanos”; en ese sentido, la garantía de protección siguió esa secuencia clasificatoria. Más que ciudadanos que se organizan en una institución social, política y económica, y en torno a un ordenamiento jurídico con derechos y deberes, el Estado se concibió como un gran ente de control de cuerpos atrasados, diferentes y, de ahí, peligrosos. Así, la seguridad de Estado contempla discursivamente la definición de límites de la anormalidad dentro de las funciones de sus instituciones y en sus prácticas establece diversos dispositivos de control social2.
En esta línea de ideas, Castro (2011, p. 164) destaca la importancia del control social policial en el entramado del poder estatal:
[…] como corrección de la desviación, busca reproducir ciertos niveles de homogeneidad en los espacios de la vida cotidiana. […] hace que las personas se comporten de determinada manera y, a la vez, limita las actuaciones de los que ejercen el poder. Desde el ángulo político es la función de tomar o determinar una decisión, así como la capacidad de los depositarios del poder, de obligar a los destinatarios de [este] a obedecer dicha decisión.
En el contexto colombiano del siglo XIX -atravesado por guerras bipartidistas; constantes cambios político-jurídicos; tensión entre el control confesional y el secular; diferenciación social en razas, castas y clases, y afán de progreso y regeneración- se impusieron como máximas de seguridad y control: la productividad, la moral y, progresivamente, la higiene. Estos conceptos se pueden entender, en términos de Verón, como el soporte ideológico que se manifestó en los discursos sociales, principalmente, en los político-jurídicos, pero también en los de otros ámbitos como el económico y el de la prensa, que claramente fue el encargado de hacer circular esos preceptos. Así, esta definición de seguridad utilizó -y continúa empleando- un elemento central de persuasión: el miedo, como base de discursos y prácticas político-jurídicos. En el caso particular de la construcción de la anormalidad, Foucault (2000) plantea la emergencia de discursos con estatus de verdad que orientan la conducta de los gobernados en la vida cotidiana y logran la integración al orden social en torno a la necesidad de seguridad. La configuración de argumentos legítimos con estatus de verdad no solo tiene un fundamento racional, sino que en gran parte la verdad se produce mediante sustratos emocionales, componentes indispensables para lograr el consenso colectivo (Estrada, 2020, 5 de octubre). El miedo constituyó un potente componente de legitimidad de una idea particular de orden social, de consenso en torno a las figuras declaradas criminales, y de las acciones consecuentes ante el peligro latente.
Son miedos que nos hacen sospechar del vecino, ver en el “otro” un peligro, que bloquean los lazos de solidaridad, que nos aíslan y nos encierran, y nos hacen evadir al otro, evitar el encuentro y sentirnos en una ciudad de todos y de nadie. [...] El miedo se aprende y se propaga. […] Se nos enseña el miedo, se nos entrena para sentirlo, para desconfiar de los demás, para aislarnos y para ayudar a propagarlo. (Niño, 2000, pp. 175-177).
En este orden de ideas, las élites político-jurídicas e intelectuales construyeron discursivamente los objetos de miedo (Ahmed, 2015) que, en este marco de preponderancia del control y la seguridad, se objetivaron y racionalizaron mediante los saberes-poderes de la medicina, el derecho penal positivista, la antropometría y el detectivismo. Se trataba de hallar argumentos y pruebas, aparentemente, racionales para demostrar la peligrosidad de ciertos individuos y grupos (Hering, 2019)3. Precisamente, la policía se constituyó como el dispositivo encargado de regular el cuerpo, la mente y el alma en su desarrollo cotidiano, y de conectar el soporte ideológico con el cumplimiento regular de las normas: “La policía resurgió como eslabón entre los intereses del Estado y la sociedad, como un conector cuya función era controlar las cotidianidades y garantizar la convivencia” (Hering, 2018, p. 23).
Aunque desde la Colonia ya se contemplaban funciones regulatorias de policía, en el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, especialmente entre 1880 y 1930, se perfilaron tránsitos importantes en la delimitación de funciones y en el proceso de institucionalización. Estos se pueden resumir en cuatro cambios significativos: el primero relacionado, justamente, con las funciones que, de generales y administrativas4, pasaron a encausarse hacia el cumplimiento del ordenamiento jurídico, es decir, hacia la contención de los individuos y grupos transgresores construidos en el marco de los códigos penales y de policía de tendencia positivista. En ese orden de ideas, en el período de estudio se dieron los primeros pasos para diferenciar las funciones administrativas y penales-militares de represión -estas últimas vigentes especialmente durante y en los años posteriores a la Guerra de los Mil Días-, y convertirlas en acciones de carácter civil. Esto se concretó con la organización del cuerpo nacional de Policía como ente encargado del orden de la capital (Decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891; Ley 23 del 23 de octubre de 1890) y la adscripción al Ministerio de Gobierno, primero, en 1901 mediante el Decreto 1064 del Ministerio de Gobierno y, luego, en 1911 con el Decreto 1171 del Ministerio de Gobierno. Para los propósitos de este artículo, es importante aclarar que el carácter civil refiere la protección interna de los ciudadanos, sin embargo, la cara penal se preservó en los códigos de Policía que definían explícitamente los objetos de miedo5. El segundo cambio muestra la profesionalización, a través de la implementación de uniformes, la asignación de sueldos (Ley 8 del 23 de mayo de 1841; Ley 23 del 23 de octubre de 1890; Decreto del 27 de enero de 1900; Decreto 575 del 3 de junio de 1903), y la creación de los procedimientos de instrucción (Decreto 32 del 31 de enero de 1912). El tercero plantea el tránsito del ámbito regional al nacional, que incluso tuvo retrocesos después de la institucionalización de 18906. Finalmente, el cuarto señala la diferenciación de la policía urbana y la policía rural, mediante la Ley 8 de 1841, con la que se especifica el espacio de concentración del control social7.
Con lo anterior, se observan las combinaciones y el carácter híbrido de los objetivos y las funciones de policía en Colombia. Si bien hubo un tránsito progresivo hacia funciones civiles y de protección ciudadana -entendidas como positivas-; en la práctica la Policía mantuvo una función negativa de represión y definición de los límites de la anormalidad desde una seguridad criminalizadora.
Bogotá: ciudad desordenada en la que se impone el dispositivo de control
Mientras que en el escenario nacional tenían lugar transformaciones estructurales políticas y económicas, emprendidas por las élites, y se desencadenaban guerras por todo el territorio; en el entorno urbano los cambios se materializaron en varios espacios y dimensiones como resultado de la imposición del higienismo como eje de significación que pretendía controlar la cotidianidad y constituir una nueva ciudad y unos nuevos ciudadanos, en sintonía con las ideas de progreso y modernidad. La nueva traza urbana siguió los preceptos de higiene, estética, urbanidad y separación funcional: se dio una nueva división de la ciudad de cuatro a siete parroquias entre 1882 y 1891 y, en los primeros años del siglo XX, se reorganizó en barrios; en ese tránsito, también se distribuyó el espacio en inspecciones y distritos de policía, lo que planteaba uno de los pasos del control confesional al secular; la división también se trazó en función de la segregación de clases, por lo que aparecieron los primeros barrios obreros; se pasó de una arquitectura rudimentaria a la preocupación estética por imitar la apariencia republicana de las fachadas; se demolieron masivamente casas antiguas y se construyeron espacios amplios diseñados para la circulación del aire, la separación funcional y la indispensable ubicación de cuartos para la higiene privada8; se expropiaron varias iglesias y conventos para uso estatal, principalmente para convertirse en cuarteles del Ejército y de la Policía; en la década de 1920 el crecimiento desordenado y la forma alargada, que ya tomaba la ciudad con la construcción de barrios obreros en las periferias sur y occidente, llevaron a plantear la necesidad de planes urbanísticos, no concretados hasta la década de 1930 (Robledo y Rodríguez, 2008).
En medio de todas estas transformaciones en la estructura de significación social y en los espacios urbanos, las élites encontraron problemas en la población santafereña, que aumentaron la necesidad de controlar la cotidianidad: los cuerpos, los comportamientos y los lugares anormales. De manera particular en estos años (1880-1930), la ciudad se convirtió en un espacio ávido de progreso, pero que luchaba en contra de toda clase de depravaciones (vagancia, ociosidad, prostitución, vicios, escándalos); enfermedades y epidemias derivadas de esos “vicios”9; y los espacios que se salían del límite normativo, entre estos, las chicherías y ciertas “calles prohibidas”. A lo anterior, se sumó un período de crecimiento demográfico -dado por la llegada de sectores campesinos pobres-, empobrecimiento de la población, reducción de salarios y aumento de tensiones entre diversos sectores de la población (Robledo y Rodríguez, 2008).
Bogotá ya se concebía como una ciudad insegura, que necesariamente debía disciplinarlo todo y a todos aquellos que se salieran de los límites de la normalidad. Precisamente, en ese contexto se fortaleció la delimitación entre los pobres legítimos o de solemnidad, es decir, quienes tuvieran una enfermedad física o mental que les impidiera trabajar, y los pobres ilegítimos, asociados a los vagos sin oficio y sin ningún beneficio para el orden, quienes representaban esas características adversas: suciedad, luego inmoralidad, obstáculo y peligro urbano y, finalmente, crimen.
La corrupción no solo contemplaría algo físico o referente al cuerpo. El riesgo moral era más alto para la población, lo que el documento califica como la corrupción de los espíritus inocentes por el “desenfreno” presente en la ciudad, causado por el ocio y la vagancia. […] Se debía temer y, en especial, actuar sobre las personas que crearon a partir de esta imagen ligada a la vagancia, al ocio, la fama, el escándalo y la corrupción. (González Quintero, 2010, p. 23)
Según la máxima de limpieza desplegada por el higienismo mediante los saberes poderes de la medicina y el derecho, se delimitaba claramente la normalidad y, de ahí, los rostros y cuerpos aceptados y los no aceptados. Justamente, bajo la secuencia señalada (suciedad-inmoralidad-peligro-crimen) se identificaron espacios, individuos y grupos que serían objeto del control policial. Así las cosas, la institución naciente, a partir de 1890 y en las tres décadas siguientes, persiguió, principalmente, a aquellos que representaban suciedad en sus diversas acepciones. Con esto, la idea de limpieza estableció funciones de Policía urbana: control de epidemias, vigilancia de la salubridad y el aseo en los espacios públicos, implementación de políticas sanitarias y, especialmente, control de los cuerpos que eran la fuente de enfermedad, contagio, degeneración, etc.
[…] la preocupación por la higiene de aquel entonces implicaba, como es sabido, un especial interés por el control de epidemias, la limpieza urbana y la profesionalización de la medicina en aras de un deber ser […]. Estos se configuraron como dos poderosos discursos y saberes utilizados para evitar el fracaso escolar y la delincuencia, que confluirían en los discursos médico-pedagógicos y en prácticas de observación y clasificación. Su resultado fue una clara delimitación entre normalidad y anormalidad. (Armus y Hering, 2018, p. 24)
Hasta aquí se muestra la forma en que, en Bogotá, en medio de la hibridación cultural (García-Canclini, 1990), se erigieron ejes conceptuales (conceptos globales) de clasificación social relacionados con la limpieza y el orden, que se objetivaron en la clasificación y separación de espacios, identidades y objetos de miedo.
Situación de calle: principal objeto de discursos y prácticas de policía
Este breve recorrido ha permitido rastrear las lógicas de la configuración simbólica y material nacional y de la planificación de la capital colombiana, particularmente. Con este marco, se identifica que las figuras y espacios del asco y el miedo se regularon principalmente a través de los discursos y las prácticas de policía, situados en estrecha relación como responsables (legítimos) de la construcción del límite normativo entre lo “bueno” y los “buenos” y, en contraposición, de los considerados “malos”, los rotulados o, en otros términos, anormalizados desde los discursos públicos estructurales y estigmatizados en las interacciones urbanas cotidianas10. Los que quedan adentro son los individuos/grupos desodorizados, limpios, física y mentalmente sanos, productivos, buenos, estéticamente agradables y, consecuentemente, los que diferencian las actividades públicas y las privadas, los que ejecutan todas las prácticas necesarias para hacer parte de los normales y los que tienen miedo del otro diferente.
Ahora bien, ¿quiénes quedaron por fuera en nuestra sociedad híbrida? La respuesta sería muchos individuos y grupos, o todos los que representaban mezcla racial, lo popular, la ruralidad, la enfermedad, la locura, la debilidad, etc. Sin embargo, se destacan las personas que vivían o permanecían la mayor parte del tiempo en las calles (“vagos”, “mendigos”, “mal entretenidos” e incluso los “chinos de la calle”), estigmatizadas como las principales fuentes de suciedad e inseguridad, en las diversas acepciones descritas. Estos rostros y cuerpos, identificados como las personas en situación de calle de ese período, concentraron muchas de las “desgracias” humanas de las que hablaron los discursos de base higienista. Para ellos la “esperanza” de progreso era lejana.
Con los idearios sobre escoria, parásitos y mal olor no solo se describieron crisis y enfermedad, también se asociaron de forma estigmatizada grupos marginales, pobres, criminales y delincuentes. El juego retórico con el desorden y la falta de higiene ayudaron a fortalecer la contraposición entre la burguesía desodorizada y la maloliente “plebe”, la enfermedad y la salud, la propiedad y la pobreza, la seguridad y la inseguridad. (Hering, 2018, p. 23) (cursivas propias)
Aunque la Iglesia católica y los fieles desde sus prácticas de caridad estaban encargados formalmente de los sectores pobres, en el período estudiado se bifurcaron los discursos y las prácticas de control según la mencionada diferenciación de pobres de solemnidad y vagos. En las primeras décadas del siglo XX, la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca tomó la responsabilidad directa sobre mujeres y niños desamparados y continuó con la clasificación pobres legítimos y pobres ilegítimos para determinar el lugar en el que se les debería recluir.
Es preciso aclarar que la vagancia y la ociosidad estaban contempladas fuera del orden social desde el período colonial, incluso esta estigmatización parte la persecución de la improductividad como herencia española11. No obstante, la delimitaron entre pobres de solemnidad y los pobres ilegítimos permitió desvincular la pobreza del carácter religioso como castigo divino “Los pobres verdaderos y los vagos que usurpan este nombre se van aumentando con asombrosa rapidez, y si el mal no se cura radicalmente y nos contentamos con aplicarle remedios paliativos, amenaza funestas consecuencias” (Salazar, 1942, p. 36). A lo largo de este siglo fueron varias las normas que tipificaron la vagancia como un delito al que debían aplicarse medidas correctivas o de ortopedia social (Robledo y Rodríguez, 2008), entre estas: la Ley 11 de 1825, la Ley 60 de 1826, la Constitución Política de 1832, y Ley 18 de 1841 sobre Policía general y sus reformas en 1843 y 1846 (Rodríguez, 2012). Según Dayana Becerra:
[…] en estas primeras manifestaciones de la función policial, se evidencia como prioridad el ejercicio del control social en todas las esferas de desarrollo de los individuos, al punto que la vigilancia se ejercía con el fin de cumplir todas las disposiciones internas del Estado, coartando la libertad personal. (Becerra, 2010, p. 150)
De acuerdo con lo anterior, el tránsito específico en los discursos y las prácticas de policía asociado a la función negativa de control de los peligros urbanos, entre 1890 y 1930, se expresa en tres aspectos, a saber: primero, la identificación de sujetos concretos que se constituyen como peligros sociales u objetos de miedo, estos eran los pobres ilegítimos, las personas que vivían o pasaban la mayor parte del tiempo en las calles; segundo, a la característica de improductividad de este tipo de población, se sumaba la suciedad del alma (inmoralidad) y la suciedad del cuerpo (olores fétidos, enfermedad, epidemias), razón por la que en esta época se concentraron adjetivos en los discursos policiales que lo relacionaban con el crimen (Figura 1).
[…] la figura del ladrón y la peligrosidad […] se le atribuyó como parte importante del espacio de la ciudad que se construyó discursivamente. Las alusiones a los vagos y ociosos casi siempre iban acompañadas de la palabra “ladrón” en algún momento. (González Quintero, 2010, p. 38)
Fuente: Torres-Ruiz (2018).
Figura 1 Configuración léxica de las personas que vivían en las calles en los documentos político-jurídicos (1880-1930)
Tercero, en esa época ya se ubicaban lugares asociados a la anormalidad; esto evidencia que la función de policía aportaba en la configuración social e identificación en la ciudad de toporrepresentaciones del miedo (Avendaño, Forero, Oviedo y Trujillo, 2019), es decir, en la construcción de imaginarios de miedo frente a ciertos espacios urbanos que, a su vez, justificaban la acción policial. La configuración metonímica de íconos del mal (Suárez, 2017) entre espacios y personas caracterizados como raíz de epidemias, crimen y degradación moral se registró en múltiples documentos. Uno de los ejemplos fue la denominada “Ciudad Ciega”: “La Policía estampillaba este sector como un foco de infección a causa de los diferentes brotes de tifo, un ‘muladar inmundo’, popularmente conocido como ‘La Ciudad Ciega’” (Hering, 2018, p. 179).
En estos años, se fortaleció la asociación entre vagancia, mendicidad, desaseo personal y del espacio público, razón por la que el Estado planteó la implementación de servicios de higiene y asistencia públicos como parte de las funciones de policía. Se identifica también en la normatividad judicial una característica particular vinculada con las personas que habitaban las calles, a saber, los problemas mentales. En ese sentido, además de “improductivo”, “vago” y “sucio” se sumó la concepción de “loco”, como una nueva forma de constituir al sujeto anormal y una nueva clasificación dentro de la diversidad definida desde las estructuras de control.
Sobre los discursos y las prácticas asociados, específicamente, al control y la seguridad sobre la creciente población en situación de calle en los primeros años del siglo XX, se cuentan el Código de Policía reglamentado a través de la Ordenanza 22 de 1922; el Decreto 1863 de 1926, por el cual se fija el Reglamento de Policía Nacional, y el Acuerdo 18 de 1933 (Rodríguez, 2012). En varios de estos documentos se destacan términos despectivos frente a los pobres ilegítimos, explícitamente clasificados como “vagos”, “mendigos” y “prostitutas” y el uso reiterativo del sustantivo “ratería”.
Una institución policial, por tanto, está sometida al riesgo de que, por la extracción social de sus miembros, su organización, su formación doctrinaria, su historia, su ubicación en uno u otro brazo del Estado, defina como “enemigos” o “clases peligrosas” a ciudadanos portadores de características sociales particulares que no necesariamente atentan contra el orden. Ello explica que con frecuencia la Policía convierte a las clases bajas, a las minorías étnicas o a los portadores de algunos estigmas particulares, en los objetos de su control y o persecución. (Camacho, 2000, pp. 107-108) (cursivas propias)
La condición de “peligro social” o “ícono del mal” no se limitaba a la población masculina, los discursos y prácticas de control policial también rotularon a las mujeres, representadas como la principal fuente de enfermedad y contagio, a partir de su asociación con la vagancia y la prostitución. En los juicios en contra de mujeres acusadas de vagancia, se partía de la improductividad, pero necesariamente aparecían relaciones tácitas con la falta de honestidad (el hurto), la inmoralidad y los vicios. Así mismo, se establecía la relación directa con la obligación de dedicarse a los espacios privados y al trabajo doméstico (AGN, 1907). “El cuerpo de la prostituta, especialmente hediondo, es un caso extremo del cuerpo de la mujer cuyo escrupuloso aseo debe impedir la propagación de sus humores mantecosos, fétidos, repugnantes y de índole acre y corrosivo” (Monlau, 1926, citado en Pedraza, 1999, p. 195).
De forma similar, los “chinos de la calle” -niños desamparados, rebeldes ante las normas higiénicas y estéticas, que andaban sucios e incluso descalzos y se dedicaban a la venta de periódicos- fueron objetivados como obstáculos y desechos humanos sin derechos para ser parte del espacio del progreso -la ciudad-. Su destino era ser corregidos y puestos como una pieza útil de la estructura social:
En el caso de los niños, la Policía los desconocía como ciudadanos al desprotegerlos. Así las cosas, los cuerpos concertados de los niños se transformaban en eslabones de la producción como promesa de propiedad para los hacendados o colonizadores de tierras. (Hering, 2018, p. 209)
La configuración discursiva sustentó prácticas de criminalización, como el encierro, implementadas por la Policía para el disciplinamiento de los cuerpos atrasados mediante el “trabajo forzado en colonias agrícolas, en las fuerzas militares y en granjas cafeteras”, a finales del siglo XIX (Ley 60 de 1826, citada en Becerra, 2010, p. 147). A pesar de la fuerza de los preceptos de rechazo a la improductividad, en este siglo se dieron algunas discusiones que reprochaban dichas medidas represivas, desarrolladas a través del denominado “concertaje de vagos”. Específicamente, Manuel Ancizar, en 1851, expresó que esa práctica era contraria al pensamiento Liberal (Castro, 2011). Sin embargo, los saberes-poderes de la medicina y el derecho mantuvieron la legitimidad del aislamiento y, en consecuencia, los discursos y prácticas de policía conservaron esa práctica.
Reflexiones finales
En Colombia, las investigaciones académicas sobre la Policía han sido pocas. Desde el análisis historiográfico, se encuentran escasas apuestas que revisan los fundamentos ideológicos en el proceso de institucionalización. No obstante, Hering (2019) identifica algunos estudios acerca de las transformaciones durante los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, Castaño (1947); Atehortúa y Vélez (1994); Aguilera (1997); Martínez (2001); Deas (2017) y Hering (2018). Adicional a esto, en este artículo se destacan las disertaciones de Camacho (2000), Becerra (2010) y la edición especial del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura (volumen 46, número 2 del 2019)12. Como se observa, no hay continuidad y se puede afirmar que este no se ha constituido como un campo formal de investigación. No obstante, estos aportes permiten tener un panorama general de los tránsitos, los procesos y las funciones de la naciente institución policial en América Latina y Colombia.
Este artículo se diferencia, pero complementa revisiones anteriores, en tanto pone el foco en las gramáticas de producción con las cuales se indaga acerca de la racionalidad que sustenta la función negativa de represión de la Policía, marcada por la clasificación, estigmatización y criminalización de individuos y espacios “peligrosos”. En este punto, es importante resaltar que las instituciones, políticas, normas y prácticas de Policía -como principal institución encargada de impartir el orden en la vida cotidiana de los centros urbanos- se despliegan de forma contradictoria: aunque sus temas, objetivos o contenidos no tenían la misionalidad directa de intervención a la población habitante de calle, pues principalmente la Iglesia, las instituciones de beneficencia y el sector social del Estado se han encargado de esta; sí trazan la frontera de anormalidad, ubican los espacios y las poblaciones improductivas, sucias y antiestéticas afuera de los límites de la normalidad, y actúan para “limpiar” los objetos de miedo y asco.
Para desentrañar los significados de los objetos de represión, se identificaron las diversas acepciones de los códigos (limpio/sucio y salud/enfermedad) establecidas por el higienismo, como soporte ideológico de la configuración de los peligros urbanos, entre 1880-1930. Las personas que vivían en las calles se consideraban no solo diferentes, sino que eran “desechos” humanos, un otro que parece no alcanzar la categoría de ser humano, dado que la raza, la clase, la apariencia física y los hábitos transgresores, marcaron la brecha o, mejor, el abismo frente a aquellos cuerpos que sí se ajustaban a los propósitos civilizatorios. En ese escenario, los pobres ilegítimos no fueron reconocidos desde el derecho intrínseco del ser humano a ser situado en el espacio físico y simbólico urbano en su condición de ciudadanos.
Desde este punto de vista, en este período se sentaron las bases discursivas de la estructura de clasificación, en la que claramente las personas que viven en las calles quedaron fuera, en un estado de negación, marginados de la categoría de ciudadano. En ese orden de ideas, la forma de constituir y reconocer al sujeto en el discurso medicolegal contenido en los códigos de Policía llevó a descubrir las justificaciones de determinadas prácticas como las ejercidas en contra de aquellos cuerpos y almas “sucias”. Estas eran incuestionablemente ejecutadas por sus miembros, a partir de la legitimidad y naturalización del concepto de limpieza, interiorizado en la doctrina institucional. A pesar de que el higienismo, la urbanidad y la eugenesia, principalmente, desaparecieron formalmente de los discursos oficiales y mediáticos, aún se encuentran sus huellas en las representaciones sociales, en la configuración segregacionista del espacio urbano y como principios de los discursos y prácticas de la Policía. Con esto, se evidencia que el giro hacia las funciones civiles -formalmente no militares-, en el proceso de institucionalización, se quedó en el discurso, pero, en la práctica se mantuvo la función represiva. A propósito de lo anterior, Hering (2019) muestra que la Policía
es peligrosa no como esencia, sino en potencia: puede juzgar haciendo del prejuicio racionalizado parte de su sustento formal. He ahí la disolución del límite. Mirada policial y olfato policial se convierten así en justificación de su intervención: el brazo policial. (Hering, 2019, p. 149)
Si bien las estrategias de control biopolítico foucaultianas ponen el acento en el control legítimo de la medicina y la progresiva institucionalización de las funciones de policía, principalmente, enfocadas en la materialidad del cuerpo y el espacio; en este artículo se sostiene que dentro de estas lógicas operaban tácticas de producción emocional colectivas que despertaron la conciencia y la sensibilidad frente a las diversas imágenes de lo sucio y lo peligroso. En ese sentido, la institución policial está implicada en los procesos de producción de discursos de miedo y asco (Ahmed, 2015; Miller, 1998). De esta manera, se abren varias líneas para continuar rastreando esta institución, entre estas el análisis político, sociológico e historiográfico de las emociones13, en este caso, las pistas históricas sobre la producción de miedo y asco hacia objetos específicos permiten encontrar insumos para investigaciones más contemporáneas.
