Introducción

La incorporación de diferentes instrumentos tecnológicos en el día a día es lo que ha llevado a plantear su uso en el ámbito electoral mexicano, con la implementación del voto electrónico tanto en forma de urna electrónica como de voto en línea. Ante un contexto en donde la población se ha visto obligada a permanecer en casa y mantenerse alejada lo más posible de otras personas, como fue el caso de la pandemia por Covid-19, el debate sobre el uso de estas herramientas ha tomado impulso y ha abierto la puerta hacia el diálogo en torno a este tema.

¿Cuál ha sido la postura de los partidos políticos frente a la implementación de voto electrónico en pruebas piloto y su posible incorporación a la legislación durante la pandemia, en México? El objetivo de esta obra es buscar dar respuesta a esta cuestión, sobre todo porque ha sido durante el contexto pandémico que más pruebas con voto electrónico se han realizado incentivadas por la autoridad electoral mexicana y porque se ha visto un avance más significativo en la materia. Interesa conocer la posición de los partidos políticos frente a esta implementación y, sobre todo, porque devino un proceso de reforma electoral que contempló la automatización del sufragio en el ámbito federal mexicano.

Para ello se revisará la postura de los partidos políticos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) frente al uso del voto electrónico en las elecciones de Coahuila e Hidalgo en 2020, así como la posición de estos actores en la Cámara de Diputados respecto de la iniciativa de reforma electoral (el Plan A), en lo concerniente a la automatización del sufragio. Por eso el artículo se estructura en cinco apartados. En el primero se señalan los antecedentes en la automatización de sufragio y se presenta la definición ampliada y reducida del voto electrónico, así como las modalidades para su entendimiento.

El segundo apartado muestra algunos datos que sustentan el planteamiento de que ha habido un incremento en el uso de la tecnología por la pandemia, lo que ha puesto sobre la mesa de nuevo el debate sobre la pertinencia de impulsar e implementar el voto electrónico. Para el tercero, se aborda de manera más o menos profunda la experiencia de automatización del sufragio en Coahuila e Hidalgo en 2020, impulsada por el INE. En cuarto lugar, se señala la posición de los partidos políticos desde el Consejo General respecto de esta experiencia. Finalmente, en el último subtema se hace una revisión de la postura de los partidos desde la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral en cuanto al voto electrónico.

Por un lado, se vislumbra la aprobación de los partidos, en general, a la realización de una prueba con el uso de la tecnología en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, en 2020; pero, por el otro, se deja ver una reticencia en términos generales a la reforma electoral proveniente del ejecutivo (no necesariamente al voto electrónico), pero con modificaciones muy escuetas finalmente en la automatización del sufragio, lo que hace pensar en su estancamiento o retroceso.

Para entender el voto electrónico

Al retomar los antecedentes históricos relacionados al uso de herramientas mecánicas para agilizar los procesos de conteo y resultados de los comicios electorales, la primera vez que se trató de incursionar en el tema en México fue con “La Ley Madero” o Ley electoral de 1911, la cual describía en su artículo 31 la posibilidad de recolectar la votación de la ciudadanía mediante máquinas automáticas.

Estos instrumentos tenían que cumplir con determinados requisitos como la colocación de distintivos para cada partido y candidato, que al mismo tiempo fueran visibles; el resultado automático por candidato y el número de votantes; contar con espacios disponibles para votar por candidatos no registrados; conservar la secrecía del voto; y mostrar los resultados parciales (^{Romero y Téllez, 2010, p. 159}).

Desde ese momento y hasta 1977 se presentaron distintas reformas a la ley electoral (1946, 1951, 1973) para permitir el uso de máquinas en los comicios y así agilizar el sufragio de la ciudadanía como el conteo de resultados. Hasta 1986 con el Código Federal Electoral, describen Romero y Téllez, fue que se “suprimió la posibilidad de emplear sistemas automatizados para recibir la votación” (2010, p. 178).

Posteriormente, en 2002, el senador Luis Alberto Rico Samaniego, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), planteó una iniciativa al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que buscaba implementar la modalidad de votación electrónica para los connacionales que no se encontraran en el país por cualquier razón que fuera, sin embargo, la propuesta no prosperó (^{Senado de la República, 2004}). Por su parte, en 2008 el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) inició un programa específico llamado “boleta electrónica” (^{Romero y Téllez, 2010}).

Aunque el IFE comenzó en su momento con el desarrollo y estudio del voto electrónico, fueron los Organismos Públicos Locales (OPL) los encargados de llevar a la práctica esta modalidad de votación en un inicio. Los institutos electorales locales que han obtenido una mayor experiencia en su uso son los de Ciudad de México, Coahuila y Jalisco, que han desarrollado prototipos de urnas electrónicas, e incluso para el primer caso también ha generado su propio sistema de voto por internet.

En la actualidad, dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) en los artículos relacionados a la documentación y materia electoral se contempla de manera implícita una forma de votación tradicional (con papel y lápiz) en el interior del país, sin embargo, en el exterior se ha optado por la implementación del voto por internet (además del correo postal). Lo que ha incentivado un debate sobre la introducción de una nueva forma de votación entendida como voto electrónico.

En primer lugar, el voto electrónico es sobre todo una herramienta de la que se puede echar mano para el ejercicio del derecho al voto. En segundo lugar, pueden distinguirse dos definiciones para el entendimiento del voto electrónico, una amplia y una reducida. En el caso de la primera se considera el uso de la tecnología en cualquier etapa que compone el proceso electoral y que contempla no solo la emisión del sufragio ciudadano, sino también el conteo de los votos, la publicación de los resultados, la identificación del votante, la confección del padrón (^{Busaniche y Heinz, 2017}; ^{Tula, 2005}). En cambio, la definición reducida tiene en cuenta el uso de la tecnología solamente en la manifestación y el conteo de la votación (^{Busaniche y Heinz, 2017}; ^{Tula, 2005}).

Hay una coincidencia en el establecimiento de dos modalidades de voto electrónico, las cuales parten de la definición mínima señalada antes; además, estos tipos son considerados a partir de las experiencias en su implementación en diferentes partes del mundo; y, finalmente, dependen de la forma en la que evoluciona la tecnología. Por un lado, tenemos la votación electrónica presencial, u offline y, por el otro, el voto electrónico a distancia, remoto u online. Ambos son empleados en el territorio mexicano.

^{Romero y Téllez (2010)} definen en primer lugar el voto offline como la acción de efectuar el sufragio con ayuda de un dispositivo llamado “urna electrónica” de manera presencial en un espacio aprobado por la autoridad electoral. En cuanto al tipo online o remoto, ^{Hernández (2017)} lo define como una modalidad que se puede aplicar desde una computadora, un dispositivo celular, una tableta, un televisor digital, siempre y cuando tengan conexión a internet, lo cual le permitirá a la ciudadanía emitir su voto desde cualquier lugar, sin la necesidad de trasladarse hasta una casilla.

Considerando la forma en la que ha evolucionado la tecnología y el impacto que esto tiene en las modalidades de votación electrónica, podemos apreciar algunos avances. Primero, en lo correspondiente al voto presencial, Marta Cantijoch Cunill (en 2005), ubicaba tres tipos de dinámicas para el ejercicio de la votación electrónica presencial, y no solo a través de urnas electrónicas:

Hay que aclarar que mientras los dos primeros sistemas son más bien de carácter mecánico, el tercero es electrónico totalmente. Hoy en día, pensar en la modalidad presencial del voto electrónico es remitirnos, sobre todo, al uso de urnas electrónicas, debido a que los sistemas mecánicos están siendo desplazados por los avances tecnológicos y el propio perfeccionamiento de las urnas electrónicas, tales como la posibilidad de corregir el voto antes de que quede confirmado de manera definitiva, el voto en blanco, imprimir comprobantes de votación e incluso la identificación biométrica.

Segundo, que tiene relación con esto último, es que la modalidad de voto por internet llega a ser más cuestionada que la presencial, entre otas cosas, porque antes no ofrecía la posibilidad de identificar a la persona electora y eso hacía que fuera visto como una opción no viable ya que no se garantizaba el principio “un elector/electora-un voto”. Sin embargo, un ejemplo de cómo evoluciona la tecnología, adaptándose a las necesidades sociales, es el uso del Blockchain y/o de los mecanismos biométricos para el voto remoto.

En general, ambos métodos proponen al electorado el uso de medios electrónicos que generen confort a la hora de emitir el sufragio. Para las dos modalidades, sin embargo, el principal reto es encaminarse como una herramienta confiable en su uso durante las elecciones y también en procesos participativos. Estudios en la materia han demostrado que son las élites políticas dominantes (los partidos políticos que ostentan el poder) las que más se resisten a su incorporación. Ello se debe a que “perciben que debilitaría la maquinaria política en general y, con ello, su privilegiada posición dentro de la organización” (^{Tula, 2005, p. 29}).

Es decir, sigue quedando en manos de la voluntad política el avance o retroceso del voto electrónico, inclusive “[…] más allá de la evaluación que hagan los expertos respecto del contexto en el cual se encaran procesos de modernización tecnológica en las elecciones, de las estimaciones que éstos realicen sobre la conveniencia de modernizar una o varias fases del proceso electoral y de las conclusiones a las que arriben sobre las ventajas y desventajas de los distintos sistemas de votación electrónica” (^{Tula, 2005, 29}). Esto, incluso a pesar de vislumbrar beneficios de su uso en situaciones extraordinarias, como se verá enseguida.

La tecnología ante la pandemia y la pertinencia del voto electrónico

A escasos meses de haber iniciado el año 2020, el 27 de febrero en México se presentó el primer caso de Covid-19¹, pero fue hasta el 1 de abril que la Secretaría de Salud (SSA) declaró suspendidas todas las actividades no esenciales y con ello se dio inicio a la tercera etapa de contingencia², que implicó el confinamiento de la sociedad, con la finalidad de controlar los casos presentes en la población (^{Sáenz, 2021}).

El comienzo del asilamiento y la cancelación de eventos masivos que fueran un riesgo para la salud de las personas replanteó la forma de convivencia en todo sentido de la población. Las actividades educativas, laborales y hasta lúdicas moldearon diversas plataformas digitales para adaptarlas a sus necesidades y de esa forma demostraron la capacidad tecnológica con la que cuenta el país, el relativamente fácil acceso de la sociedad a estas y el conocimiento requerido para el manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Es decir, si algo ha dejado la pandemia es un uso creciente de la tecnología en todos los ámbitos de la vida cotidiana, así como el replanteamiento de su utilidad en la esfera política y, particularmente, en los procesos electorales y participativos.

Por ejemplo, la Asociación de Internet MX, en su estudio más reciente sobre los hábitos de personas usuarias de internet en México, publicó que de 2019 a 2020 el porcentaje de internautas pasó de 70.1% a 72%, y para 2021 alcanzó un 75.7%, lo que se traduce en 89.5 millones de personas (2022, p. 5).

Conforme fue avanzando la pandemia, el confinamiento necesario de los primeros meses obligó a las personas a permanecer en sus hogares. El estudio referido también mostró que durante 2021 un 95.8% de los lugares desde donde se conectaban las personas usuarias de internet era el hogar, seguido por el teléfono móvil con un 66.70%. En México, el principal punto de acceso a internet es el smartphone, con registro de 95.4%, seguido por la computadora con un 42% (^{Asociación de Internet MX, 2022}). Además, The Network Readiness Index (NRI), posiciona a México en el número 59 a nivel general de una lista de 130 países en donde se busca saber el impacto causado en la aplicación de las TIC (^{Portulans Institute, 2022, p. 1}).

Sin embargo, uno de los retos que sigue atravesando México es la brecha digital existente entre los ámbitos urbano y rural. Fundación Telefónica Movistar presentó en noviembre del 2021 su Informe sobre la Sociedad Digital en Latinoamérica 2020-2021. En dicho documento destaca la cada vez más acentuada diferencia entre ambas zonas. En 2019, reportó: “dos tercios de los hogares mexicanos ubicados en zonas urbanas contaban con conexión a internet. Sin embargo, en zonas rurales solo el 23.4% disponía de conectividad. La brecha, por tanto, se sitúa en los 42.1 puntos. En 2015, esta diferencia era inferior y alcanzaba los 39.2 puntos” (^{Fundación Telefónica Movistar, 2021, p. 256}).

Lo que es un hecho es que el crecimiento en el empleo de las TIC en México ha sido un campo propicio para el uso del voto electrónico más que en otros momentos, justamente por la pandemia. La aparición de este evento obligó a la población a estar en un mayor contacto con la tecnología, lo que haría más fácil a la ciudadanía entender cómo utilizar una urna electrónica o una plataforma virtual. Estos acontecimientos, modificaron los medios por los cuales se llevarían a cabo los Procesos Electorales Locales (PEL) en Coahuila e Hidalgo de 2020 y reavivaron el debate en torno al uso del voto electrónico, que desde hace algún tiempo había pasado desapercibido hasta inicios de la pandemia.

Las elecciones para ambas entidades estaban programadas para el 7 de junio de 2020, pero debido a la falta de condiciones que permitieran su celebración tuvieron que ser retrasados, fijando en un primer momento tres fechas tentativas de las cuales en ninguna procedieron las elecciones ya que aún no se contaba con un panorama adecuado. Ello obligó a que la fecha establecida se postergara hasta el 18 de octubre de ese año.

El voto electrónico en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, 2020

En las elecciones celebradas en el mes de octubre de 2020 en Coahuila e Hidalgo se renovaron para el primer caso el congreso local formado por 25 diputados (16 por mayoría relativa y 9 por el principio de representación proporcional); para el segundo, 84 ayuntamientos (^{INE, 2019a}).

Para poder llegar al uso del voto electrónico en su modalidad presencial en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) firmó dos acuerdos que permitieron su implementación. El primero (INE/CG569/2019) el 16 de diciembre de 2019, en cuyo contenido quedaron establecidos los lineamientos para la automatización de la votación en los comicios del año siguiente.

El segundo Acuerdo (INE/CG30/2020) se firmó el 22 de enero del 2020 y tuvo por objetivo aprobar el Modelo de Operación de la Casilla con Urna Electrónica para los Procesos Electorales Locales. Un punto importante dentro de este documento es el empleo de tres tipos de urnas a utilizar en ambos comicios. Por una parte, Coahuila usaría su propia urna; por otra, Hidalgo contaría con el apoyo de las máquinas electrónicas de Jalisco y del modelo desarrollado por el INE. Además, en este documento se detallaba el proceso a seguir antes, durante y después de la jornada electoral, es decir la preparación de ésta, la operatividad durante la jornada electoral, capacitación del personal, material a ocupar, etc. (^{INE, 2020a}).

Del total de casillas instaladas se contó con 94 urnas electrónicas distribuidas en ambas entidades, Coahuila hizo uso de 54 e Hidalgo de 40, las cuales fueron ocupadas en 10 distritos para el primer estado y en cuatro municipios para el segundo. A su vez se contó con la participación total de 658 funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (MDC) para los dos estados, capacitados especialmente para el uso de cada uno de los dispositivos a utilizar ya que, aunque en esencia funcionan igual, la forma específica de trabajar de cada una cambia (^{INE, 2021a, p. 35}).

El día de la jornada electoral, el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) reportó una instalación del 100% de casillas registradas con urnas electrónicas. Este porcentaje se traduce en el 1.2% del total de casillas instaladas, es decir, de las 7 mil 702 casillas totales, 7 mil 608 contaron con urnas tradicionales (^{INE, 2021a, p. 89}).

Como parte del Informe integral de la evaluación de la implementación del voto en urna electrónica durante los procesos electorales locales 2019-2020, el INE llevó a cabo un estudio con la finalidad de saber la operatividad de la urna electrónica y poder identificar qué tan eficiente y eficaz fue durante su instalación, uso durante la jornada, satisfacción por parte de la ciudadanía y la fiabilidad a la hora de emitir resultados. Asimismo, se analizó el tiempo que se tardó en instalar la totalidad de las urnas electrónicas, el que le tomaba a la ciudadanía emitir su voto, el que tardaba en arrojar los resultados una vez cerrada la casilla y finalmente el que tardaba en integrarse el paquete electoral para su posterior entrega a la Junta Distrital correspondiente.

Para poder hacer el estudio del funcionamiento de las urnas electrónicas se tomó una muestra: 20 de Coahuila y 20 de Hidalgo (un total de 40) de las 94 máquinas ocupadas el día de la jornada (^{INE, 2021a, p. 89}). Para ello se desplegó a personal adicional para no interrumpir las labores del ya asignado a su respectiva casilla, con la intención de poder encuestar tanto a la ciudadanía que acudía a emitir su voto como aquella que participaba como funcionaria de MDC o representante de partido político.

En relación al número de electores que participaron en los comicios mediante el voto electrónico, en Coahuila acudieron 13 mil 265 votantes (^{IEC, 2021}); mientras que en Hidalgo 12 mil 383 (^{IEE, s.f.}). Comparado con el total de ciudadanía inscrita en la lista nominal, apenas un 0.56% votó usando la urna electrónica tanto en un estado como en otro.

El personal que evaluó el funcionamiento de las urnas y la satisfacción de la ciudadanía durante la jornada comicial entrevistó a mil 829 personas de las cuales un 89.6% afirmó que usarlas fue fácil, un 7.7% que fue un poco difícil y 2.7% consideró como muy difícil su empleo. Con base en lo anterior se determinó qué urna electrónica fue más fácil de usar, llevándose el primer lugar la de Coahuila con un 92.9%, seguida por Jalisco con un 87.5% y finalmente la del INE con un 83.3% (^{INE, 2021a, p. 111}).

Dentro de las entrevistas realizadas, también se le preguntó a la ciudadanía sobre la confianza que le había brindado votar con las máquinas electrónicas. De las mil 829 personas, mil 263 afirmaron tener un alto nivel de confianza, mientras que 466 mencionaron que fue poca la confianza hacia su uso y, finalmente, 100 señalaron que no le tenían ninguna confianza a este instrumento (^{INE, 2021a, p. 109}).

Derivado de estos resultados se puede afirmar que el electorado recibió de buena forma la implementación del voto electrónico en sus entidades, pero como Coahuila ya cuenta con una amplia experiencia en este campo, ello se traduce en una familiarización por parte de su ciudadanía. Hidalgo es un caso diferente ya que fue la primera vez que utilizó ese sistema de votación, lo que lo convierte en una novedad para la población y al mismo tiempo les provoca un interés por utilizarlo.

Aunque ya se comentó que fue a través de dos Acuerdos aprobados en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que se implementó el voto electrónico en su modalidad presencial, se vuelve indispensable reflexionar en torno al papel que jugaron los partidos políticos nacionales en estas experiencias, y que se tradujo en el apoyo a las pruebas piloto. Esto se vuelve relevante porque las fuerzas políticas han sido los actores más reticentes a la incorporación del voto electrónico, debido a las suspicacias que genera su uso y la inseguridad que se tiene de que el sufragio ciudadano pueda ser manipulado a través de la tecnología. Percepción que, según se demuestra en este trabajo, resulta sostenible sobre todo en la toma de decisiones para aprobar medidas legales para su uso, y no necesariamente en su implementación a modo de prueba, que fue lo que se fortaleció en el ámbito federal mexicano con la pandemia, en los que vemos que son más propensos a votar favorablemente.

Postura de los partidos políticos desde el Consejo General del INE en la implementación del voto electrónico en Coahuila e Hidalgo

En las dos sesiones extraordinarias llevadas a cabo el día 16 de diciembre de 2019 para discutir los Acuerdos INE/CG569/2019 e INE/CG30/2020, el 22 de enero de 2020 se presentaron las posturas con relación al uso de estas herramientas, así como la respuesta a las dudas y preguntas planteadas por las y los consejeros electorales y las y los representantes de los partidos políticos presentes, además de exponer correcciones a los documentos planteados.

Es importante señalar que el voto a favor o en contra por parte de las y los representantes de los partidos políticos en las sesiones del Consejo General no tiene peso para su aprobación o rechazo, aunque tienen voz dentro de las discusiones para la aprobación de los acuerdos, no tienen voto. La importancia de su participación recae en las facilidades para que pueda haber un común acuerdo en la forma de llevar a cabo los trabajos planteados, así como una manera de resolver y atender las dudas sobre el tema que se esté tratando.

En la primera sesión el tema a tratar fue la aprobación de los Lineamientos para la instrumentación del voto electrónico en una parte de las casillas de los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020. La cual fue aprobada por ocho de once consejeras y consejeros electorales y fue recibida con muy buenos ojos por parte de la mayoría de representantes de los partidos políticos: en suma, cuatro de seis miembros estuvieron en favor de impulsar este proyecto. Quienes se encontraron favorables fueron PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

El representante del PRI al comienzo de la sesión estuvo en contra de aprobar dichos lineamientos ya que desde su punto de vista:

el PRI está de acuerdo en que esta autoridad pretenda la implementación de un sistema de votación electrónica, como una prueba piloto sin modificar de forma sustancial el sistema tradicional de votación, pues este último es el que se encuentra establecido en la norma (…). La inquietud de la parte que represento es que si deben ser las y los legisladores ordinarios quienes realicen la modificación normativa legal para la puesta en marcha de la utilización de los instrumentos electrónicos de votación y no esta autoridad electoral nacional mediante su ejercicio de su facultad reglamentaria” (^{INETV, 2019, 2h10m5s}).

Fuera de ello, la argumentación de los consejeros que impulsaban el proyecto era optimista, como la del consejero Marco Antonio Baños Martínez quién mencionó que este era “uno de los avances que el Instituto Nacional Electoral en su vinculación con el Instituto Federal Electoral está haciendo después de prácticamente ocho años” (^{INETV, 2019, 2h17m53s}).

Por su parte, el consejero Enrique Andrade González afirmó que

(…) en efecto no está previsto en la ley, como decía el consejero Baños, es una deuda que tuvo la reforma de 2014. Ya que hubo experiencias exitosas principalmente en Jalisco y Coahuila. (…) El acuerdo lo que señala es que hay criterios de interpretación de la Suprema Corte de Justicia, concretamente en la acción de inconstitucionalidad 55/2009. En donde dice que la ley tampoco hace una referencia estrictamente a una situación de la modalidad en la que se tiene que emitir el sufragio, pero sí las características que debe tener, que son certeza, confianza, etc. (^{INETV, 2019, 2h33m45s}).

Luego de esa ronda, el vocero del PRI cambió su postura para estar en favor de que se implementara el voto electrónico, afirmando que la intención del partido no era la de desconfiar en el INE, sino la de comprobar que se contara con los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la secrecía del voto, el voto único, y la no coerción de este.

Al final de dicha sesión solo el Partido del Trabajo (PT) mantuvo una posición negativa ante este proyecto, debido a la falta de argumentos legales con las que se sostenía el acuerdo; así mismo, expresó su preocupación ante la forma de actuar del Instituto y la atribución que se tomaba para implementar este tipo de modalidad de votación. El vocero de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por su parte, se reservó el derecho a mantenerse neutral y lo expresó así: “si bien no voy a posicionarme ni a favor ni en contra en este momento, dado que no hay consenso con algunos compañeros, hasta el momento no seremos tampoco impedimento para realizar esta prueba” (^{INETV, 2019, 3h23m11s}).

La segunda sesión extraordinaria tuvo como objetivo aprobar el modelo de operación de la casilla con urna electrónica para los PEL de Coahuila e Hidalgo para el período 2019-2020. En esta ocasión el tiempo durante el cual se discutió este trabajo fue menor, al igual que las participaciones tanto de las y los consejeros como de representantes de partidos.

Este proyecto fue aprobado de forma unánime por los miembros del Consejo General y por los representantes del PRI y el PAN quienes fueron los únicos en participar en esta sesión. Dentro de sus participaciones el miembro de Acción Nacional, Obdulio Ávila Mayo expresó:

(…) todo lo que abarate costos sin mengua del debido fundamento jurídico contará con el respaldo de Acción Nacional, quien acompaña este acuerdo y refrenda su confianza en cada uno de los responsables de la implementación de este nuevo mecanismo. La tecnología debe servir para acrecentar la participación ciudadana. No obstante estaremos atentos y cooperativos a la implementación de este modelo de operación. Siempre en pos del fortalecimiento democrático del país (^{INETV, 2020, 3h54m01s}).

El representante del PRI, Gerardo Triana Cervantes, dejó en claro la postura de su partido ante el proyecto de acuerdo indicando que: “El Partido Revolucionario Institucional apoya el Modelo de Operación de la Casilla con Urna Electrónica para los PEL de Coahuila e Hidalgo en este 2020. Tal como ya se ha posicionado en este Consejo General y lo ha expresado en comisiones” (^{INETV, 2020, 4h00m05s}). Dentro de sus participaciones se dejó ver el interés por utilizar esta modalidad de votación ya que esto reduciría gastos y agilizaría los procesos electorales.

Si se comparan ambas sesiones del Consejo General del INE, en las que el tema a discutir giró en torno al voto electrónico, se puede apreciar un avance en la postura de las personas representantes de los partidos políticos, haciendo manifiesta en la segunda más aceptación y menos cuestionamientos en su implementación. Igualmente, es notorio en los discursos el énfasis que se pone en las bondades del empleo de la tecnología en los procesos políticos democráticos que, como vimos, se acompaña de un uso creciente de ésta que también deriva del confinamiento por la pandemia.

La labor que tiene el INE también en la organización de los PEL ha abierto la posibilidad para desarrollar proyectos de automatización de la votación que, en el ámbito local, y particularmente en unas cuantas entidades, ya era una realidad. El hecho de que el nivel federal sume al voto electrónico como una posibilidad de emisión del sufragio, generando con ello más pruebas piloto y ejercicios vinculantes no hace más que abonar al avance del tema.

De hecho, la experiencia de 2020 ha sido el “empujoncito” que se necesitaba para incorporar nuevos canales para la votación electrónica en procesos electorales y de participación ciudadana subsecuentes. Mucho de esto deriva del optimismo de los propios partidos políticos para poder incluir estas herramientas. Nos referimos a los procesos electorales de 2021, 2022 y 2023, así como a la consulta sobre la revocación del mandato a la figura presidencial, acontecida el 10 de abril de 2022.

En el caso de las elecciones de 2021 se experimentó con voto electrónico en su modalidad remota en 11 entidades. El INE la aplicó en la votación que se recibió de las y los mexicanos residentes en el extranjero y se acompañó también del voto postal. La automatización del sufragio se usó en nueve elecciones de gubernatura para las entidades de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; una diputación migrante para la Ciudad de México, y una diputación de representación proporcional para el estado de Jalisco.

Para recoger los votos desde el extranjero el INE diseñó el Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI), donde el elector primero debe registrarse para obtener su código de verificación y poder ingresar y votar (^{INE, 2021b}). Es preciso aclarar que a pesar de que la votación en el extranjero se recoge desde 2006, es la primera vez que se utiliza el SIVEI y, en general, el voto electrónico para este tipo de elecciones (Carrera, 2020).

En 2021 el INE también decidió instalar 100 urnas electrónicas (propiedad de esa institución) en dos entidades que renovaron diputaciones, ayuntamientos y alcaldías ese año; 50 en Coahuila y 50 en Jalisco, lo que representó un 0.06% de las 163 mil casillas que se pensó instalar en total (^{INE, página oficial}).

En lo que se refiere a las elecciones de 2022, el INE volvió a instrumentar el SIVEI para recibir la votación desde el extranjero en la elección de las gubernaturas de los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. Al igual que el proceso electoral anterior, esta modalidad se combinó con la postal, pero la ciudadanía prefirió votar a través de internet que por esta segunda.

También en 2022 se volvieron a instalar 100 casillas con urnas electrónicas, 50 en Aguascalientes y 50 en Tamaulipas, en ambas para la renovación de sus gubernaturas. Asimismo, en la revocación del mandato de 2022, que es un mecanismo de participación ciudadana que se utilizó por primera vez en México, volvió a implementarse el SIVEI, dando con ello la oportunidad de participar a connacionales (^{INE, 2022}). Finalmente, hay que agregar que, en 2023, para la elección de las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, se utilizará el SIVEI para que mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero puedan votar.

Pero esto no es todo. Un mayor uso de la tecnología en procesos electorales y participativos desembocó en la discusión sobre la incorporación del voto electrónico en la legislación nacional mexicana, a través de una reforma electoral que permitiera, entre otras cosas, la regulación del uso de la tecnología en el ámbito federal, que fue parte de los comentarios de los representantes de los partidos políticos en el Consejo General del INE. Lo que revisaremos a continuación será el análisis del proceso de reforma electoral desde la postura de los partidos políticos, para explicar que sigue existiendo una reticencia en la incorporación del voto electrónico, que es lo que sostiene la literatura especializada.

Reforma Electoral 2022-2023

Con la presentación de la propuesta para reformar las Leyes Electorales en el país planteada por el Ejecutivo Federal el pasado 28 de abril de 2022, se presentaron cambios sustanciales tanto en el Instituto Electoral como en el Tribunal Electoral, en los partidos políticos y su asignación presupuestaria, además de la nueva forma de designar a las y los representantes de las legislaturas locales.

Dentro de dicho documento, que fue conocido posteriormente como Plan A, se planteó la reforma al artículo 35 constitucional en el que se buscó cambiar la razón social del actual INE a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; reducir el porcentaje necesario para validar un Proceso de Revocación de Mandato al 33%. Además de lo anterior entre los cambios de este apartado se encuentra la introducción del voto electrónico en los procesos electorales, consultas populares y de revocación de mandato (^{Cámara de Diputados, 2022}).

En lo referente a esto último, dicha propuesta versaba sobre elevar a rango constitucional la garantía del uso de TIC para la emisión del voto y hacerlo más eficaz y accesible. Asimismo, tenía en cuenta que antes de su implementación debía haber ensayos en la certificación, autenticación y encriptación, para conseguir que los mecanismos a emplear brindaran certeza a la ciudadanía.

Con la llegada de esta propuesta de reforma, los partidos políticos de oposición, así como Morena y sus aliados pusieron sobre la mesa sus diferencias en torno a la política electoral, planteando al igual que el Ejecutivo sus propias iniciativas referentes a la materia. Todas ellas lograron coincidir en el uso de las TIC como medio de fortalecimiento para el voto de la ciudadanía.

Previo a la discusión sobre la iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, ésta organizó los “Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral” que se llevaron a cabo desde el 26 de julio al 25 de agosto de 2022 y constaron de 22 sesiones. Dentro de su agenda se presentó una en específico para tratar el tema de la urna electrónica.

En este foro se presentaron expertas y expertos en el tema tanto a nivel nacional como internacional con la finalidad de proporcionar a las y los miembros de la Cámara de Diputados presentes su visión acerca del voto electrónico, así como el trabajo que se ha realizado tanto a nivel local como nacional y en el extranjero, las ventajas y desventajas de su uso, el funcionamiento técnico, las implicaciones de su uso y el proceso que realiza la ciudadanía para poder sufragar. Esto con la finalidad de poder entablar el debate y las preguntas necesarias, así como conocer con mayor detalle el tema a tratar.

Dentro de estas intervenciones, en primer lugar, el PT hizo un reconocimiento a la calidad de la urna electrónica e inclusividad de personas con discapacidad, así como solicitar la introducción gradual de esta modalidad de votación en el interior del país. En segundo lugar, el PAN destacó los beneficios ecológicos y que el uso de herramientas tecnológicas brindaría ahorros, así como una mayor facilidad y agilidad a la hora de votar.

Posteriormente, las y los miembros de la Cámara Baja realizaron una ronda de preguntas en donde dejaron ver su postura con relación al voto electrónico. La primera legisladora en tomar la palabra fue Cristina Ruiz Sandoval, de la bancada del PRI. La diputada expresó a los presentes que en su partido se encuentran a favor de todas aquellas ideas que busquen innovación y hagan más eficientes los recursos, añadió que, con base en las presentaciones, el voto electrónico se debe introducir de forma “paulatina, programado, razonado, fundamentado” (^{Cámara de Diputados, 2022, 1h23m7s}).

En segundo lugar, el diputado Santiago Torreblanca Engell, del PAN, mencionó que en la iniciativa del Ejecutivo se menciona grosso modo el uso de las TIC y no el uso específico de la urna electrónica, algo que en su partido y en la iniciativa que proponen sí se hace e incluso se busca hacer una regulación en dicho tema.

El tercer orador fue Armando Antonio Gómez Betancourt (del Partido Verde Ecologista de México -PVEM-) y destacó la necesidad de darle a la ciudadanía mexicana la certeza de unas elecciones en donde se haga ver la voluntad del pueblo. A modo de pregunta y reflexión mencionó dos temas; el primero, reafirmando si las urnas electrónicas en efecto son amigables en temas de sustentabilidad y ecología; el segundo, si es posible su implementación al corto y mediano plazo.

Enseguida, el legislador Mario Miguel Carrillo Cubillas, miembro de Morena, se limitó a realizar algunos cuestionamientos en torno al tema: ¿la ciudadanía mexicana está preparada para utilizar estos mecanismos? ¿Lo estaría en el corto, mediano o largo plazo? ¿Sería un medio viable, confiable y que garantice la voluntad de la ciudadanía? ¿Cómo se llevaría esta modalidad a estados como Oaxaca en donde hay muchas comunidades que se rigen por usos y costumbres? Asimismo, dejó ver que actualmente el país no cuenta con una cobertura de internet al 100%, lo que sería un revés para la práctica del voto electrónico en caso de que se necesitara el uso de este medio.

A través de vía remota intervinieron dos miembros más de la Cámara. Primero el diputado Javier Casique Zárate, del PRI, quien retomó las elecciones de 2020 en República Dominicana y el fallo de los mecanismos utilizados, así como las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo en el mismo año y el eficiente manejo que se tuvo, todo ello con la intención de preguntar sobre los alcances que se pueden tener rumbo a la elección de 2024 y sus limitantes.

Segundo, la diputada Susana Prieto Terrazas, de Morena, quien realizó una comparación entre el sistema de voto en papel y el voto electrónico, precisando que este último podría mitigar los costes ecológicos y económicos que actualmente se tienen dentro del INE. Ya que con la actual forma de sufragar dentro del país y parte de la ciudadanía que vota en el extranjero se hace un gasto incluso innecesario de papel y por ende de dinero.

En la segunda ronda de participación de las y los legisladores, así como de ponentes, se respondieron las preguntas y llegaron a coincidir en algunos puntos. El primero de ellos es precisamente sobre la introducción gradual del voto electrónico en su modalidad presencial, es decir, la urna electrónica. La inclusión en el mediano plazo para poder contar con los medios materiales y seguir perfeccionando la operación y el desarrollo de los equipos a utilizar.

El segundo, sobre los costos referentes al arranque de operaciones de las urnas electrónicas, siendo que estas en un principio necesitarían de una fuerte inversión para su adquisición, pero se compensaría el gasto ya que su mantenimiento sería bajo y a diferencia de la forma de votación actual, no se requeriría de la compra constante de papel y materiales plásticos que normalmente se utilizan para los procesos electorales, tanto locales como federales.

De forma general, las posturas de los partidos políticos sobre el tema fueron favorables, con algunas excepciones. Desde nuestro punto de vista, uno de los desaciertos dentro de esta sesión fue el omitir la exposición de las urnas electrónicas, pero también de los sistemas informáticos, con los que ya cuentan tanto los órganos electorales locales como el nacional. Esto debido a que, de haber podido presentar información relacionada con su funcionamiento, sus características y las modificaciones que se les han realizado hubiera sido posible disipar las dudas inmediatas, así como afianzar la postura de los representantes de los partidos.

El 6 de diciembre de 2022 la Cámara de Diputados rechazó y deshechó finalmente el proyecto de reforma electoral presentada por el ejecutivo federal. De los 500 diputados se requerían 334 votos para lograr la mayoría calificada y poder aprobar la iniciativa en cuestión, sin embargo, se emitieron 269 en favor de la reforma, una abstención y 225 en contra (^{DW, 2022}).

Con la conclusión de esta discusión en la Cámara Baja, el ejecutivo federal planteó una alternativa, conocida como Plan B, con el cual se aprobó la reforma de 429 artículos pertenecientes a la “Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral” (^{Sáenz, 2023}).

Esta nueva reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre del 2022, sin embargo, debido a una modificación realizada en dicho recinto, su aprobación en el Senado de la República quedó pendiente hasta 2023. Finalmente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de marzo del mismo año. ¿Qué cambios tiene esta propuesta en materia de voto electrónico? Facilitar el voto de connacionales residentes en el extranjero mediante el uso del internet, permitiendo votar por medio de pasaporte o matrícula consular. Asimismo, se elimina la modalidad del voto postal para estas elecciones y su implementación y ejecución quedan totalmente en manos del INE. Asimismo, el artículo transitorio vigésimo segundo establece que:

El Congreso de la Unión creará una comisión de estudio para la implementación del voto electrónico, con la participación del Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para diseñar de manera gradual, cierta, segura y austera, un sistema de votación que utilice las tecnologías de la información y telecomunicaciones para facilitar la emisión del voto, con certeza absoluta y seguridad comprobada, en resguardo del ejercicio del voto libre y secreto. En un lapso máximo de cinco años deberá presentar al Congreso sus resultados. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales se abstendrán de destinar recursos para el diseño e implementación de sistemas de votación que ajenos a los resultados de la Comisión señalada en el presente transitorio (^{DOF, 2023}).

Por un lado, hay que aclarar que, si bien la reforma electoral ya fue aprobada y publicada, actualmente está suspendida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversas fuerzas políticas en contra de la reforma. Además de que ésta será inaplicable a las dos entidades que ya iniciaron sus procesos electorales, que son Coahuila y el Estado de México. De manera que veremos si las modificaciones en materia particular de voto electrónico resultarán procedentes o no. Es algo que aún está por verse.

Por otro lado, lo primero que salta a la vista con esta propuesta es que, a pesar de los esfuerzos de la autoridad electoral nacional por avanzar en una implementación gradual y bien planificada del voto electrónico, han resultado insuficientes al ver limitada toda la labor que por años han realizado algunas autoridades locales y la federal al respecto. El voto electrónico en el país, con este transitorio, queda totalmente estancado por, al menos, otros cinco años, regresando al “inicio” de su implementación, en la que se va a investigar sobre las modalidades existentes de la herramienta y cuál sería la mejor opción para el país.

Si bien la postura de los partidos políticos se ve, en términos generales, como favorecedora para el uso de las tecnologías en procesos electorales y participativos, sigue existiendo reticiencia de parte de algunos de ellos para seguir avanzando en su incorporación. Particulamente nos referimos a la postura adoptada por el oficialismo (con Morena y sus aliados, PT y PVEM) al lanzar un Plan B con estas disposiciones para la automatización del sufragio en el país. Con ello, se sostiene lo planteado ya por la literatura especializada, respecto de que son las élites políticas dominantes, en este caso los partidos que detentan el poder, quienes más resistencias encuentran en su incorporación dada la posibilidad (no probada) de perder su posición privilegiada por el uso de la tecnología en las elecciones y la posible “manipulación” de la votación.

Conclusiones

La pandemia aceleró la implementación del voto electrónico en México, incentivado por la autoridad electoral federal, por medio de pruebas piloto y ejercicios vinculantes que permitieron a una parte de la sociedad conocer la tecnología disponible para procesos electorales y participativos.

En el primer ejercicio de prueba por medio de urnas elctrónicas utilizadas en Coahula e Hidalgo en 2020, durante la pandemia, los partidos políticos mostraron posturas favorables desde el Consejo General del INE; lo mismo se notó en la discusión que se presentó al respecto en la Cámara de Diputados. No obastante, ello quedó subsumido en la incorporación de la automatización del sufragio, en lo que resultó el Plan B de la reforma electoral, pues independientemente de permitir su uso exclusivo en las votaciones que se recogen de las y los connacionales residentes en el extranjero, no se avanza en la incorporación de la tecnología para la regulación de su implementación dentro del territorio nacional.

Siendo que el Plan B devino de una iniciativa proveniente del Ejecutivo federal y que fue aprobado solamente por el oficialismo (Morena-PT-PVEM), se sostiene que siguen siendo los partidos políticos, especialmente los detentadores del poder, los que más resistencia presentan al avance de la incorporación del voto electrónico. Aun cuando el contexto social sea el más apropiado para hacerlo.