La transparencia y el derecho de acceso a la información en México se han posicionado en los últimos años en la agenda gubernamental del país, no sólo como derechos humanos de estricta observancia, sino como políticas públicas que han buscado redefinir la interacción, el proceso comunicativo y las actividades gubernamentales para fortalecer nuestro sistema democrático.

El acceso a la información pública en posesión del gobierno ha sido una política de larga data, ya que su reconocimiento como derecho en el artículo 60 de la Constitución se ubica desde el 6 de diciembre de 1977, año de partida de una de las políticas más difusas y controversiales para el Estado mexicano, esto debido a que en su origen se entendió como un mecanismo de acceso a los medios de comunicación para los partidos políticos, no como un instrumento de vigilancia y contrapeso en el sistema democrático, de ahí que no fuera un tema visible durante 25 años.

Es hasta el 11 de junio de 2002 que se expide la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual se destacó por la creación de un órgano garante para hacer cumplir esta función estatal. Posteriormente, en 2007, se reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y se definen los principios de esta política y sus alcances en los tres órdenes de gobierno.

Tomando en cuenta este recorrido, el libro de Maximiliano García se enmarca en las reformas más recientes de este derecho que se desarrollaron entre 2014 y 2016 y se distinguieron por brindar autonomía constitucional al órgano garante y la expedición de una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese contexto se ubica uno de los problemas de origen de estas reformas: la disparidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información en los distintos estados de la República (^{Puente, 2017}).

En este sentido, el objetivo de investigación de la obra de García Guzmán es

analizar la gestión de la transparencia en los gobiernos locales (principalmente entidades federativas y en menor medida los municipios) y examinar la manera en que la apertura de esas instituciones públicas (en caso de que la haya habido) favorece la práctica de la gobernanza como un método de gobierno orientado a la participación de los ciudadanos en decisiones colectivas para la atención y solución de problemas públicos (^{García, 2021: 22}).

Para ello, entre varios cuestionamientos, el autor se pregunta: ¿qué problemáticas institucionales deben atenderse para mejorar el desempeño gubernamental local en materia de acceso a la información pública y qué tipo de respuestas de política pública deben considerarse para atender esas áreas de oportunidad? y ¿cómo favorece la transparencia y el acceso a la información a la construcción de esquemas de gobernanza en el ámbito local?, planteando la hipótesis de que la heterogeneidad en la práctica institucional de la apertura de los archivos públicos en los estados y municipios de la República mexicana limita el ejercicio efectivo de la transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía, debilitando así la gobernanza a nivel subnacional.

Para brindar un marco explicativo más amplio del proceso y análisis de la política de transparencia, el Dr. Guzmán retoma en su obra el uso del enfoque de políticas públicas como un campo de estudio que permite comprender de manera esquemática y basada en la evidencia diversos elementos como: 1. el problema público que busca atender el acceso a la información; 2. el entorno político en el que se sitúa; 3. la complejidad que conlleva realizar diseños de política pública ambiciosos como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4. las brechas de implementación que se generan al ampliar los alcances de la política de transparencia y acceso a la información a nivel local.

Con el fin de comprobar estos planteamientos, el autor estructura su obra en tres capítulos. En el primero explora el perfil conceptual de la transparencia y la gobernanza en México, dando cuenta de que la transparencia es una política pública que permite que el Estado genere y difunda información clara y trascendente para incrementar nuestras capacidades de comunicación e interacción, mientras que el derecho de acceso a la información tiene una función instrumental, ya que funge como un mecanismo que puede ser usado por las y los ciudadanos para vigilar el quehacer gubernamental. No obstante, el autor señala que aun cuando la transparencia es una cualidad impulsada en sistemas democráticos, en el caso de México ha sido compleja su implementación en las rutinas gubernamentales y en el ejercicio ciudadano, debido a que no se dimensiona su utilidad en la vida cotidiana.

En el segundo capítulo se realiza un recorrido histórico de la institucionalización de la transparencia en México, país caracterizado por contar durante 70 años con un sistema político basado en un partido único y que en sus últimos veinte años ha atravesado por procesos de reforma y democratización que dieron pie a la creación de leyes, organismos e instrumentos para garantizar el derecho humano del acceso a la información. Particularmente, en este apartado se explican con detenimientos los diferentes procesos de reformas estructurales que han buscado llevar la política de transparencia a nivel estatal y municipal.

En su tercer capítulo, el Dr. Guzmán busca acercar al lector a un diagnóstico y análisis más detallado de la implementación de la política de transparencia a nivel subnacional y cómo es ejercido el derecho de acceso a la información. Para ello se partió de una muestra de más de 200 sujetos obligados a nivel estatal y municipios capitales, a los cuales se les realizaron solicitudes de acceso a la información que tenían dos objetivos: por un lado, conocer qué tipo de acciones en materia de gobernanza y participación habían realizado los sujetos obligados y qué instrumentos utilizaban además de la ley general en la materia; y por el otro, medir la calidad de sus respuestas a partir de una escala del 1 al 5, en donde: 1. El vínculo electrónico no funciona o no se proporcionó información; 2. La información está incompleta o es distinta a lo solicitado; 3. La información está contenida en documentos generales como informes de labores o bien, se encuentra en bases de datos no filtradas; 4. La información es detallada y corresponde a lo solicitado; 5. La información satisface lo solicitado y además presenta una explicación o favorece el lenguaje ciudadano.

Los resultados arrojados permiten detectar cuestiones interesantes; por ejemplo, que el 52% de los municipios consultados no emitieron respuestas a las solicitudes; que solo el 31% de las entidades federativas respondieron en tiempo y forma; que el promedio de calidad de las respuestas de todos los sujetos obligados fue de 3, lo cual indica que las instituciones gubernamentales cuentan con la información pero no tienen un formato abierto y aún carecen de lenguaje ciudadano, lo cual indica una falta de instrumentación y mejora en el desarrollo de este derecho humano.

Por último, Maximiliano García comparte una serie de reflexiones que permiten comprender aspectos preocupantes, pero también relevantes: 1. Que existen leyes locales actualizadas a ciegas que no amplían los alcances de la constitución y la ley general, o que no adecuan sus instrumentos a sus contextos; 2. que el derecho de acceso a la información es un derecho segmentado y poco útil para la democracia local, ya que es una práctica poco generalizada entre la población y los intereses ciudadanos aún se centran en aspectos adjetivos del gobierno; 3. Que las principales labores de transparencia que realizan los sujetos obligados son ejercicios de difusión, pero no actividades de mayor proactividad o involucramiento ciudadano.

Por otra parte, se ubican aspectos positivos, puesto que el autor detecta tres variables que parecen promover y fortalecer la transparencia y la gobernanza a nivel local: la promoción de la cultura de la transparencia, la diversificación de temas de consulta y la agilidad y calidad de respuesta por parte de los sujetos obligados. Esto permite dimensionar que en aquellas entidades “donde el acceso a la información se difunde y promueve, los rubros que quieren conocer los ciudadanos se amplían […] para incluir temas sustantivos de política pública” (^{García, 2021: 300}).

Por lo que, a manera de conclusión, se invita a las y los interesados en los temas de transparencia y acceso a la información a consultar esta obra, sus reflexiones y la vigencia de sus resultados los cuales nos permiten comprender que ninguna política es un proceso acabado y que debemos forjar activamente el proceso de consolidación de nuestra democracia haciendo uso de instrumentos como el acceso a la información no sólo para saber y conocer más acerca del Estado, sino para mantener las mejores prácticas gubernamentales, desaparecer sus aspectos y ejercicios indeseables y transformar así a nuestra sociedad a través de una verdadera metagobernanza que nos impulse como ciudadanos, como actores de interés público y no como simples destinatarios, a participar de manera dinámica y sustantiva en las acciones públicas que son de beneficio colectivo.