Introducción

A finales de 2019, en Chile hubo fuertes movilizaciones sociales que demandaron, en síntesis, solución a las enormes desigualdades existentes y poner punto final a las reglas del régimen político heredadas de la dictadura. La fuerza y magnitud de las movilizaciones fueron una novedad en el relativamente pacífico panorama chileno, que no se veían desde el movimiento estudiantil de 2011. Fue una sorpresa que las demandas generales se parecieran a las expresadas desde principios del siglo XXI: erradicar la desigualdad social, profundizar la democracia y poner fin al legado jurídico de la dictadura. Sorprendía, porque pese al paso de casi dos décadas y a las gestiones de fuerzas políticas de diverso signo ideológico, como las de la socialista Michel Bachelet y del empresario Sebastián Piñera, continuaban siendo demandas sensibles para Chile. No tan sorpresiva fue la respuesta represiva del gobierno, debido a la tradicional mano dura de las fuerzas armadas. Tal estrategia, en vez de inhibir, incrementó el nivel de participación, generando nuevas exigencias, cuya finalidad fue acotar el tradicional poder de las fuerzas del orden público. En el fondo, ésta fue una forma de exigir el fin de otro de los legados del régimen dictatorial: la relativa autonomía de las fuerzas armadas, siempre pendientes de las decisiones de los gobiernos civiles.

En este trabajo se estudian los principales conflictos sociales que enfrentaron los gobiernos del periodo 2006-2020, encabezados por estudiantes y feministas, con el objetivo de destacar, por un lado, su orientación en pro de demandas específicas y también de carácter político y, por otro, la capacidad de respuesta de los gobiernos, todo ello inscrito en un enfoque analítico de la calidad de la democracia.

El periodo de análisis abarca las gestiones de dos fuerzas políticas opuestas, lo que permite una comparación en sí misma interesante. Bachelet y Piñera se alternaron al frente del Poder Ejecutivo en dos ocasiones consecutivas. Primero se expone un apunte teórico sobre el ejercicio del poder en democracia y el enfoque analítico que se utiliza para evaluar su calidad. Después, con la finalidad de señalar los antecedentes básicos para una mejor comprensión de las respuestas gubernamentales a las demandas sociales, se presenta una descripción de las principales políticas de los gobiernos mencionados que permiten de entrada ver sus diferencias. Las fuentes utilizadas son fundamentalmente los programas e informes de gobierno, que se trabajan de manera cualitativa. En el siguiente apartado se puntualizan los rasgos generales de la movilización social desarrollada por estudiantes y mujeres y se indican las respuestas gubernamentales, enfatizando las diferencias entre cada titular del Poder Ejecutivo. Se recurre a fuentes institucionales y bibliohemerográficas, en específico a trabajos de especialistas que estudian a cada uno de estos actores y a las fuentes institucionales ya mencionadas.

En las conclusiones se precisan los resultados de la comparación, y se destaca en especial la prevaleciente falla gubernamental en cuanto a la satisfacción de las banderas más notables de la sociedad chilena en este tiempo: la eliminación de las distintas formas de desigualdad y el fortalecimiento de la democracia mediante una Nueva Constitución. De ese modo se exponen cambios y continuidades en cuanto al comportamiento de los gobiernos frente a conflictos sociales de la mayor relevancia; en otras palabras, su capacidad de responder a la sociedad.

Estudiando las tensiones de la democracia

La democracia de nuestro tiempo enfrenta retos de la mayor envergadura para consolidarse, especialmente en países que vivieron periodos de dictadura como el caso que tratamos en estas líneas. La impronta del autoritarismo quedó presente en el régimen político y en la cultura política de la ciudadanía chilena. En cuanto a régimen, por la subsistencia de enclaves autoritarios que se establecieron en leyes e instituciones que, 31 años después de la restauración democrática, siguen vigentes. En cuanto a la cultura política, por la presencia de valores y prácticas conformes con el autoritarismo, la discriminación de género, la meritocracia y la desigualdad social.

En contraposición, importantes actores sociales y políticos han pugnado por desterrar esas leyes e instituciones y han generado y reproducido prácticas en clave democrática. Ahí se inscriben las demandas de los protagonistas sociales más relevantes de los últimos años, en especial las que se suscitaron desde 2019 a la fecha. Las acciones han surgido de sectores específicos, que eventualmente ampliaron sus demandas particulares hacia las necesidades más apremiantes de la sociedad chilena: una auténtica democracia y la erradicación de la desigualdad en todas sus formas.

En este trabajo estudiamos las relaciones entre el gobierno y la sociedad a partir del enfoque de calidad de la democracia de Leonardo Morlino. Este autor señala diferentes dimensiones de análisis del ejercicio del poder en democracia, de las cuales aquí recuperamos las que se refieren al ejercicio de las libertades y a la capacidad de respuesta del gobierno a las demandas de la sociedad. Como suele suceder al estudiar la realidad, en este caso encontramos dos dimensiones de la democracia entrecruzadas: el ejercicio de la libertad y la capacidad de respuesta del gobierno (^{Morlino, 2019: 329-330 y 333}). Importan las movilizaciones y las respuestas que los gobiernos han dado a sus peticiones (^{López y Cantú, 2019: 25-26}).

Se trata de un estudio de una faceta de la democracia chilena, considerando las interacciones entre el gobierno y la sociedad. Morlino recupera el término responsivness para explorar las distintas maneras en que una administración gubernamental reacciona a las exigencias de estratos sociales diversos (^{Morlino, 2012: 40}). Tales exigencias pueden ser de carácter político; por ejemplo, en pro del respeto a las libertades, el reconocimiento de derechos o por una mayor inclusión de algún actor o de la misma ciudadanía en la toma de decisiones; o de carácter social, cuando algunos grupos o integrantes de sectores sociales se expresan por el reconocimiento de sus derechos, el cumplimiento de promesas o simplemente para demandar decisiones y acciones que resuelvan problemas concretos, como la falta de empleo, inflación, hambruna y problemas similares. O para que se atienda el bienestar social cotidiano, que abarca educación, salud, vivienda, transporte y, en general, una eficiente y completa prestación de servicios para la sociedad. Morlino señala que

los métodos más efectivos para medir la capacidad de respuesta son: 1) examinar la percepción ciudadana de … actitudes favorables a las instituciones democráticas existentes y la aprobación de (esas) actividades; los recursos que un gobierno tiene a su disposición para responder a las necesidades de su población (^{Morlino, 2019: 233}).

Las élites políticas enfrentan restricciones diversas en el ejercicio del poder. En democracia, el voto de la ciudadanía los respalda por tiempo determinado, en el cual su tarea principal es dar respuestas a las exigencias sociales de la mayoría. Al menos así ocurre en la forma de gobierno democrática. Si quienes gobiernan se interesan más por su integración, cohesión y lealtad, así como por la eficacia de sus decisiones o por la atención exclusivamente a las demandas de uno o varios grupos sociales en particular, la forma de gobierno será distinta.¹ Es probable que goce de estabilidad y gobernabilidad, pero que en esencia no sea democrática.²

La perspectiva que se maneja aquí toma en cuenta lo que sucede en la sociedad frente a la acción o inacción de los gobiernos frente a problemáticas muy sentidas desde abajo. En ocasiones, quienes ocupan las oficinas públicas no se dan cuenta de las carencias que ahogan a los sujetos en general, y son sorprendidos por la inconformidad de las personas que irrumpen en las calles o que realizan acciones diversas para llamar su atención (^{Cotta, 1996: 355}). A veces, la inacción institucional se combina con un letargo ciudadano, derivado de un ambiente económico crítico o de un amenazante contexto internacional. Sin embargo, tarde o temprano, los problemas no resueltos generan inquietud, insatisfacción y hartazgo, lo que a su vez procrea reacciones diversas, coyunturales o permanentes.

El malestar social es tan difícil de evaluar como la eficacia del ejercicio del poder (^{López y Cantú, 2019: 113}). Para ello, una herramienta teórica útil es el concepto de calidad de la democracia. Ambos fenómenos políticos se inscriben en dicho concepto. El malestar de la ciudadanía se expresa en percepciones y acciones que pueden ser identificadas con base en opiniones, comentarios, valoraciones, estados de ánimo, que se reflejan en la opinión pública, en medios de comunicación o en la vida cotidiana misma. Las encuestas sirven para identificar sus elementos principales, especialmente las que se utilizan para calificar la prestación de servicios públicos y las gestiones gubernamentales. Los resultados electorales son un indicador relevante, en la medida en que expresan cierta valoración del desempeño de los representantes populares, pero es insuficiente puesto que hay un activismo social más allá de las urnas (^{López y Cantú, 2019: 117}). La acción social revela las carencias y necesidades a veces de un grupo o un sector bien delimitado, y en ocasiones de la mayoría de la sociedad. En sociedades tan heterogéneas como las actuales, las expresiones son múltiples y los recursos utilizados también. Por ejemplo, las redes sociales digitales son un espacio de expresión indiscutible, que ayudan a identificar las exigencias sociales. Pero la acción callejera, el activismo gremial y la participación ciudadana en espacios institucionales, ofrece abundantes elementos a revisar y analizar, como discursos, programas, propaganda, acciones colectivas y expresiones artísticas de diversa índole.

Recientemente, el activismo cívico ha seguido una estrategia violenta en las manifestaciones en las calles. Es un rasgo peculiar de las movilizaciones feministas, pero no exclusivo ni novedoso (^{Klosteer, 2017}). También se ha suscitado en las movilizaciones de distintos países de América Latina desde 2019. Estas acciones han tenido una respuesta inmediata de carácter represivo de parte de los gobiernos, particularmente en Chile. Si bien este recurso es usual, ahora se pretende justificar por la agresividad de las manifestaciones, que incluyen el daño físico a oficinas públicas, monumentos, edificios de negocios privados, transporte público y, lo que es peor, ataques cuerpo a cuerpo contra las fuerzas de seguridad o contra los simpatizantes y activistas progubernamentales. No obstante, la inconformidad no ha llevado a la ciudadanía a reivindicar la revolución armada. Con todo y su radicalidad, se mantiene en los márgenes de la democracia. Son los gobiernos, independientemente de su adscripción ideológica, los que persisten en la represión como recurso para enfrentar las protestas, lo que erosiona su legitimidad de manera natural. Esta problemática es la que ha prevalecido particularmente en Chile en los últimos tres años.

En este artículo se analiza la insatisfacción social en materia de educación e igualdad de género. No es una evaluación de la gestión gubernamental al respecto. Tampoco se remite en exclusiva a ponderar la capacidad de quienes ejercen el poder para sortear los conflictos desatados por demandas incumplidas. Nuestro análisis pretende dar cuenta de las principales movilizaciones de dos actores sociales sustantivos en el Chile democrático, como son los estudiantes y las mujeres y la capacidad de respuesta de dos gobiernos con identidades ideológicas diferentes. En cuanto a las movilizaciones, trataremos sus orígenes, desarrollo y consecuencias, destacando sus formas organizativas, sus demandas y su impacto en el sistema político. Respecto del gobierno, distinguiremos las principales medidas a través de las cuales trataron de dar respuesta a las demandas y protestas desde la sociedad. El enfoque utilizado no parte de indicadores cuantitativos, aunque sí recuperamos datos que expresan la relevancia de las protestas o de las políticas estatales instrumentadas. Se trata de elaborar un análisis más cualitativo, donde los datos son solamente una referencia para comprender decisiones políticas y acciones sociales.

Los gobiernos de Chile después de la Concertación por la Democracia

Para la comprensión de la capacidad de respuesta gubernamental a las demandas sociales, conviene realizar una caracterización básica de los gobiernos a estudiar. Destacamos sus principales políticas y desafíos en el ejercicio del poder. En esta sección dejamos fuera las demandas de los movimientos estudiantiles y feministas, para tratarlos en los apartados siguientes.

Muchos cambios con sentido democrático pudieron lograrse a lo largo de las dos décadas de gestión de la Concertación. ³ Sin embargo, la conservación del modelo económico implicó condiciones de vida precarias para muchos sectores sociales. La desigualdad se convirtió en el principal signo de la sociedad chilena, lo que quedó en evidencia a partir de los estragos por la crisis económica internacional de 2008.⁴

Michel Bachelet encabezó el último gobierno de la Concertación, entre 2006 y 2010. Presentó un programa entre cuyas prioridades sobresalió la búsqueda del crecimiento económico. Aunque desde entonces reconocía como un problema a la desigualdad en diferentes ámbitos, planteó una serie de políticas que no alteraban de manera sustancial las instrumentadas por administraciones anteriores.⁵ Sus preocupaciones estaban centradas en la ampliación de las políticas de protección social, el mejoramiento de la calidad de vida, el combate contra la discriminación y la exclusión en general y fomentar una mayor igualdad de género. En cuanto a empleo, comenzaba a ver la problemática de la subcontratación, la declinación de la contratación colectiva, el debilitamiento de los sindicatos y la desventajosa situación de las mujeres que trabajaban más allá de su hogar. En cuanto al sistema de pensiones, Bachelet propuso hacer reformas para que realmente fuera benéfico para las personas jubiladas y no para las administradoras de los fondos. Respecto de las comunidades indígenas, en principio propuso impulsar el reconocimiento de sus derechos en el texto constitucional y ampliar la participación de las etnias en órganos de toma de decisiones.

En su primer periodo, la presidenta reconocía que era necesario ampliar los espacios de participación ciudadana ante el descrédito de partidos y gobernantes en general. Y también se comprometió a promover cambios en las leyes para modificar el sistema binominal, para dar cabida a un mayor pluralismo, introducir cuotas de género en el Congreso y en el gabinete presidencial. También se dijo convencida de establecer una política de Estado en pro de los derechos humanos, con la creación de la defensoría ciudadana y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Como represente de un conjunto de fuerzas políticas de oposición a la cd, Sebastián Piñera conquistó la Presidencia de la República en 2010 con un discurso crítico a su antecesora y apoyado por la Coalición por el Cambio (^{Piñera, 2010: 6-7}).⁶

Piñera reconoció los avances que se realizaron en Chile gracias a los gobiernos concertacionistas, pero al mismo tiempo marcó los pendientes a enfrentar en su gestión; ninguno de ellos hizo referencia al fomento de la participación. Sus posturas fundamentales giraban en torno a la familia, la libertad, el derecho a la vida, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del bien común (^{Piñera, 2010: 142}, y ^{Piñera, 2014}). Asimismo, la recuperación económica fue una de sus preocupaciones principales, debido a los estragos que causó en Chile la crisis internacional de 2008. Desde el punto de vista del gobierno, tal recuperación sería posible mediante el impulso del emprendedurismo, es decir, con base en una amplia participación empresarial en el desarrollo económico. Este concepto fue manejado también para dar apoyos a estratos sociales bajos. La desigualdad social no fue percibida como problema cuya resolución correspondiera al gobierno. Su atención se centró en la recuperación económica, la creación de empleos, la búsqueda de la seguridad pública y la eliminación de los rezagos en materia de educación y salud. Pese a sus diferencias políticas, las acciones concertacionistas en materia social fueron recuperadas e incluso ampliadas por Piñera, algo inesperado desde el punto de vista de la oposición (^{Piñera, 2010: 71-72}).

La visión empresarial del presidente fue evidente en sus planteamientos de fomento a la inversión privada en las principales ramas de la economía, como en la producción de cobre, la explotación de combustibles fósiles y generación de energía geotérmica. No obstante, al principio de su mandato, reconoció que el 13.7% de la población se encontraba en pobreza, es decir, 2 millones 200 mil personas; y de esta cantidad, el 23%, o sea, medio millón de personas, en situación de indigencia. Por ello se comprometió a superar la pobreza extrema en cuatro años y la pobreza en ocho (^{Piñera, 2010: 69}).

En su gestión, las políticas sociales tendieron a la focalización y al establecimiento de compromisos con los beneficiarios: dos ejemplos fueron, por un lado, las familias que recibieron el Ingreso Ético Familiar, que se comprometieron a la asistencia puntual de hijas e hijos en la escuela; y por otro lado, quienes estaban en edad de trabajar, se comprometieron a trabajar, a capacitarse o a buscar trabajo de manera inmediata. Para darle mayor solidez a sus políticas sociales, el presidente creó el Ministerio de Bienestar Social, que fue modificado en su segundo mandato para pasar a denominarse como Ministerio de la Familia y el Bienestar Social (^{Piñera, 2018}).

En cuanto a indígenas, Piñera planteó una perspectiva modernizante, que dejara atrás la perspectiva de la “ruralidad”. Se propuso proveer de recursos a las comunas con proyectos productivos, continuar con el reparto de tierras de manera individual y no colectivamente y transformar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en una Agencia de Desarrollo Indígena y la creación de un consejo consultivo, el Consejo de Pueblos Indígenas, con representación indígena (^{Piñera, 2010}). Y desde entonces propuso el llamado Plan Araucanía para atender todas las dimensiones de la problemática indígena en esa región.

En materia de derechos humanos, el presidente no recuperó las banderas de la sociedad en el sentido de continuar con la investigación y el castigo a delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura pinochetista y por los gobiernos posteriores. Por el contrario, su preocupación por combatir la inseguridad lo llevó a defender a las fuerzas armadas en general y en particular y sobre todo a los carabineros, la policía nacional especializada chilena fundada por Pinochet, cuestionada sistemáticamente por distintas organizaciones y movimientos sociales y víctimas de la represión. Tal como lo había hecho en su primer periodo,⁷ en su informe del primer año y medio de su segundo periodo, hizo una reivindicación pública de los carabineros,⁸ aunque promovió el cambio de los principales encargados de la corporación policiaca, “para enfrentar la grave crisis de probidad y liderazgo que afectaba a Carabineros y su Alto Mando, por ello nombramos un nuevo General director y se reemplazaron quince Generales del Alto Mando” (^{Piñera, 2018: 14}).

Asimismo, el presidente propuso modificaciones a la Ley Antiterrorista, dirigidas a enfrentar las movilizaciones de los pueblos de la Araucanía (Idem: 15). Por otra parte, también buscó modificar la Ley Reservada de Cobre, para disminuir el presupuesto exclusivo de las fuerzas armadas proveniente de la explotación de dicho producto, el principal de la economía chilena.

La ciudadanía colocó a Bachelet otra vez en la Presidencia en 2014.⁹ Haciendo eco de las movilizaciones estudiantiles y protestas sociales, erigió la desigualdad social como el principal problema de la nación (^{Bachelet, 2014}). Hizo eco de las demandas más sentidas que afloraron en el movimiento estudiantil de 2011 y tejió nuevas alianzas, entre ellas con el Partido Comunista Chileno (^{Ominami, 2018}). En su programa de gobierno se comprometió a impulsar tres grandes reformas: una tributaria con impuestos progresivos que gravaran la riqueza; una educativa, para eliminar el lucro en las instituciones del ramo; y una Nueva Constitución.

Por su lado, en su segundo periodo presidencial, Piñera acusó a su antecesora de prácticamente todos los problemas de Chile en ese entonces (Durán, 2018). Se dijo dispuesto a eliminar la discordia y convocó al diálogo para recuperar el crecimiento, trató de desplazar la atención sobre los temas colocados como prioritarios por el activismo social y llamó la atención en torno a salud y transporte, además de la calidad de la educación, la eficiencia y eficacia en la recaudación de impuestos y el perfeccionamiento del sistema de pensiones mediante una mayor competitividad. A pesar de que para las elecciones de 2017 Sebastián Piñera se registró como independiente, la estrategia que siguió para llegar de nuevo a la Presidencia no fue del todo diferente a los pasos seguidos por Bachelet.¹⁰

Piñera convocó al diálogo y a la recuperación de la economía mediante el emprendedurismo, y puso especial atención a las debilidades en materia de educación, salud, transporte y seguridad pública. A diferencia del pasado, hizo énfasis en atender a la clase media, que de acuerdo con cifras oficiales estaba compuesta por casi dos terceras partes de la población chilena. En ello basó la creación de la Red Clase Media Protegida, “para protegerlas frente al desempleo, las enfermedades graves, la longevidad, los delitos violentos y el alto costo de la educación superior” (^{Piñera, 2018: 14}, y ^{2019: 9}). Pese a todo, la red de apoyos sociales no fue la prioridad de sus gobiernos, como tampoco en los de Bachelet. En un estudio de ^{Miranda (2018)}, se señala que hubo mayor correspondencia entre el programa electoral y el programa de gobierno de Bachelet que en los de Piñera. Este autor destaca que la agenda social de la primera fue desplazada por la atención a la economía, mientras que Piñera se centró en la eficiencia del aparato administrativo.

El presidente rechazó la exigencia de algunos sectores sociales de una Nueva Constitución y propuso en su lugar la reforma progresiva de leyes e instituciones que, desde su punto de vista, habían probado su validez a lo largo de la historia de la nación. Pronto, el gobierno de Piñera será testigo del cambio de lo que él llamó “la voz de la minoría ruidosa y radicalizada”, en alusión a las movilizaciones estudiantiles y populares de 2011, a un extenso rechazo social a muchas de sus políticas y a las promesas incumplidas por su gobierno y por el de su predecesora.

Bachelet y Piñera sustentaron concepciones diferentes de la participación política. Mientras que para la presidenta y su equipo la participación es indispensable para la democracia, al presidente le fue indiferente; la acción cívica callejera fue vista por Piñera como terrorismo que debía combatirse decididamente por las fuerzas del orden público. Bachelet se adscribió a una postura legalista, defensora del Estado de Derecho, promotora de la acción social en instancias institucionales y dispuesta al diálogo con la disidencia, pero teniendo como objetivo final la salvaguarda del orden establecido.

La participación ciudadana fue un eje transversal durante la segunda gestión de Bachelet. Consistió principalmente en la conformación de consejos consultivos en distintas materias y se creó un Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, para financiar proyectos de “promoción de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, voluntariado y otros ámbitos del bien común”. En 2015, la Presidencia reportó haber apoyado 545 proyectos de organizaciones sociales, más de 200 en la región metropolitana y 147 en la Araucanía (Bachelet, 2016: 197). Los consejos fueron promovidos también para instrumentar la política de vivienda y desarrollo urbano. En 2016 se reportaba la formación de 72 consejos consultivos a nivel de barrios (idem: 480).

En contraste, Piñera no promovió la participación más allá de respetar lo realizado por sus predecesores. Y tanto en su primer mandato como en el segundo, por lo general vio como amenaza la acción política ciudadana, en especial la estudiantil.¹¹ Ello dejó un amplio margen de acción para las fuerzas armadas, y en particular para los carabineros, que fueron los encargados iniciales de la respuesta gubernamental de cualquier signo ideológico. Las luchas sociales en Chile han tenido que soportar y superar la represión para colocar sus demandas como parte de la agenda de gobierno. Ello ha dado lugar a la formulación de una exigencia de fin de la autonomía de las fuerzas de seguridad pública y su subordinación a los gobiernos civiles y a leyes e instituciones genuinamente democráticas.

En la siguiente Tabla se sintetizan las principales políticas de ambos gobiernos, considerando sus diferentes periodos de gestión. Las referentes a educación e igualdad de género se tratarán en el siguiente apartado.

Los movimientos estudiantiles y el gobierno

De manera notoria, un actor relevante a lo largo de las últimas dos décadas ha sido el estudiantado. Como algunos autores han planteado, la mayoría pertenece a generaciones que nacieron después del fin de la dictadura, que ha vivido situaciones críticas, aunque en un contexto de democratización. Y que, en consecuencia, también ha emitido una serie de exigencias a gobiernos que presumen su fervor democrático pero que han dejado mucho que desear. Cuando se reinstala el régimen político democrático, los gobiernos de la Concertación no enfrentaron el modelo educacional como uno de los enclaves autoritarios de la dictadura que se debían eliminar (^{Garretón et al., 2011: 30}).

De acuerdo con ^{Braghetto (2013)}, las organizaciones estudiantiles hasta la dictadura estuvieron vinculadas a los partidos políticos. A partir de la democratización, los activistas estudiantiles se vuelven más críticos del sistema educativo, de los gobiernos y los partidos políticos.¹² El cambio ocurre cuando surge la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), 1999. Es una organización horizontal, de izquierda inorgánica y que recuperaba prácticas del anarquismo.¹³

La llamada “revolución pingüina” se generó debido a la inconformidad del alumnado de entre 14 y 18 años por el aumento al transporte y al costo de la inscripción escolar. Un mes después de la toma de posesión de Bachelet, el movimiento fue creciendo entre abril y mayo de 2006, logrando el 25 de mayo un paro que dejó a 36 mil estudiantes sin clases.

Cinco años después de esa gran movilización, el estudiantado irrumpió en las calles otra vez, entonces integrado por matriculados de nivel medio superior y superior, que también se inconformaron por el alto costo de la educación. Este movimiento tuvo un impacto mayor puesto que estimuló a sectores sociales diversos a un activismo inusitado, pero por completo legítimo. Y muchos trastocaron su activismo estudiantil en acción política al formar o participar en organizaciones y partidos políticos. Gracias a ellos accedieron a cargos de representación política.¹⁴

Las respuestas de los gobiernos chilenos estudiados fueron diferenciadas en sus estrategias, pero al final tuvieron los mismos resultados: los avances para transformar la educación de un bien de consumo a un derecho social fueron limitados. Por ejemplo, una de las principales respuestas del primer gobierno de Bachelet al movimiento de 2006, fue la creación de Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (CAPCE). Aunque fue visto como un parteaguas para que los gobiernos posteriores comenzaran a prestar atención a las demandas estudiantiles, también fue considerado como una respuesta parcial debido a su carácter meramente “consultivo”.

En efecto, el trato ventajoso del gobierno hacia las escuelas privadas dejó de ser la regla, mientras que se fomentó la construcción de nuevos centros e instituciones educativas como los liceos regionales que Piñera impulsó con mayor interés. El subsidio estatal a la iniciativa privada se redujo considerablemente y, en contraposición, se generaron más apoyos económicos para los estudiantes. Sin embargo, las reformas proyectadas por el Ejecutivo para el Sistema de Educación Superior en 2010 nunca dejaron de contemplar el sistema crediticio como la principal opción brindada a los estudiantes para poder financiar su educación universitaria. El cambio más drástico se centró en la homologación del sistema para proporcionar financiamiento tanto para escuelas privadas como públicas, que antes de este año se dividían en dos: el Fondo Solidario y el Crédito con Aval del Estado (^{Iglesias, 2011: 61}).

Pese a la intención de Bachelet en su segundo mandato de eliminar el lucro como principio fundamental en la educación, importantes segmentos del estudiantado y sus familias tuvieron que seguir costeando su formación educativa. Con el apoyo del Estado, con mejores condiciones crediticias y de pago de las deudas, pero al final conservando un sistema educativo que sigue siendo excluyente. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2018 el 31.6% del gasto social en Chile era destinado al ámbito educativo,¹⁵ como segundo rubro con mayor presupuesto, únicamente por debajo de la protección social (34.9%). Sin embargo, a pesar del aumento en el presupuesto destinado a la educación que Bachelet procuró durante los últimos años de su gobierno, una de las promesas más grandes de su mandato, la gratuidad universal en la educación superior, no se llevó a cabo.

A ello contribuyó la exaltación del principio del mérito de parte del presidente Piñera, como elemento esencial para el ingreso y permanencia de los alumnos en la escuela y como requisito para ser beneficiarios de los incentivos monetarios estatales. Asimismo, la disminución de la pobreza y el engrosamiento de las clases medias llevó al presidente a disponer que tales incentivos fueran ya no exclusivos de los pobres. Su convicción en el emprendedurismo en sus dos mandatos lo hizo defender los derechos de los propietarios de escuelas privadas, la autonomía de las mismas para definir planes y programas y el derecho de los padres a decidir el tipo de educación de sus hijos. En pocas palabras, asumió la defensa de la escuela privada, en un contexto social nada propicio para hacerlo. El presidente trató de desplazar el foco de las demandas estudiantiles centradas en la exclusión y la desigualdad, hacia la calidad de la educación. Convocando la atención de propietarios, docentes y padres de familia, abogó por elevar y mantener niveles educativos de excelencia, estableciendo mecanismos de evaluación de la labor docente para incrementar sus ingresos, sin intervenir demasiado en cuestiones curriculares. Y en vez de atender los reclamos de la juventud matriculada en bachillerato y licenciatura, llamó la atención hacia la educación preescolar, a la que le dio el carácter obligatorio y a la que canalizó un importante presupuesto durante su primer mandato.

Una característica común a los gobiernos de Bachelet y Piñera frente a las movilizaciones estudiantiles fue la represión de parte de los carabineros, lo que constató su autonomía frente a los gobernantes civiles. De acuerdo con organismos defensores de derechos humanos, entre abril y mayo de 2006 hubo más de 1,500 detenidos y casi la mitad de ellos permanecieron encarcelados debido a su participación en las manifestaciones estudiantiles (^{Centro de Derechos Humanos, 2007}). En adición, muchos de los escolares activistas recibieron sanciones en sus escuelas, que incluyeron su suspensión o expulsión. El alto a la represión se convirtió entonces en bandera del movimiento, a partir de la cual se logró la destitución del coronel encargado de las fuerzas especiales que confrontaron a los estudiantes (^{Centro de Derechos Humanos, 2007}).¹⁶

La principal diferencia de las gestiones presidenciales en estudio fue la apertura a la negociación de parte de Bachelet. De hecho, se vio forzada a ello, puesto que le tocó enfrentar la revolución pingüina al inicio de su primer mandato, que escaló con la participación de otros sectores sociales y banderas más amplias. Frente ello estableció una estrategia de negociación prolongada, que sirvió para desactivar el conflicto y que pospuso una reforma educativa estructural.¹⁷

Cinco años después, los estudiantes volvieron a movilizarse logrando la conjunción de escolares de secundaria y nivel superior. De acuerdo con información de prensa, para agosto de 2011 habían participado en las manifestaciones poco más de 720 mil personas, de las cuales 4 mil 750 habían sido detenidas (CDH, 2012).

Después de dejar hacer a los carabineros, Piñera tuvo que responder a las movilizaciones de 2011 con un acuerdo para mejorar la calidad de la educación y un fondo presupuestal más grande para supuestamente favorecer a las y los excluidos. La reforma para eliminar el lucro en la educación no se hizo realidad debido a la falta de convicción del equipo gobernante y a las resistencias de los empresarios del ramo. Piñera introdujo mejoras crediticias, estableció cuotas de inclusión para los estratos más pobres e inició una disminución de privilegios a los estratos sociales más altos.

La fuerza de las movilizaciones provocó cambios de estrategia gubernamental y cambios en el gabinete presidencial, algo que no ocurrió frente a las protestas de otros sectores. Pero sus respuestas no fueron suficientes para evitar que el estudiantado implantara una nueva agenda política para Chile. Las fuerzas políticas que lo habían apoyado no pudieron postular una candidatura competitiva, por lo que Bachelet regresó a la Presidencia, distante del espíritu concertacionista y envuelta en las banderas de las movilizaciones estudiantiles: combate a la desigualdad, redistribución de la riqueza y nueva constitución.

En su segundo mandato, Bachelet promovió la aprobación de la Ley de Inclusión, para precisamente responder a las demandas de los estudiantes. De ese modo dispuso modificaciones en los esquemas de becas, créditos y descuentos, con lo que indicó que al final de su periodo “el 92% de los estudiantes de colegios públicos o particulares subvencionados asistiría gratuitamente al colegio” (^{Bachelet, Cuentas Públicas, 2015: 5}). Sin embargo, pese a sus buenos propósitos en pro de la eliminación del lucro en educación, sus avances fueron magros. Sus políticas no pasaron de flexibilizar las condiciones de ingreso y permanencia en la escuela, sin cambiar los fundamentos en el sistema.

Ante lo insulso del segundo gobierno de Bachelet, Piñera regresó poniendo de nuevo el acento en la calidad de la educación y colocando, otra vez, al mérito por delante de la inclusión.¹⁸ En primer lugar, rechazó todas las modificaciones implantadas por su antecesora debido a que, desde su punto de vista, además de ser equivocadas, afectaban derechos de diversos sectores sociales.¹⁹ Propuso la creación de un Sistema Solidario de Acceso a la Educación Superior con la participación del sector público y el sector privado, colocando por encima de todo el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. En segundo lugar, el presidente rechazó la acción estudiantil, calificando a los manifestantes como “un puñado de delincuentes” que actuaban sin justificación alguna.²⁰ Por eso no fue raro que el presidente tuviera una apreciación similar respecto de las movilizaciones de 2019, donde participaron miles de personas: el presidente las descalificó y las consideró actos terroristas, simple y llanamente.

Las luchas feministas y el gobierno

Al igual que en otros países de América Latina, la historia de los movimientos feministas en Chile puede remitirnos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando inició en la región un estallido de manifestaciones a favor de mejores condiciones laborales, la exigencia de derechos políticos y la conquista del sufragio para las mujeres. Sin embargo, en los últimos años existen algunos aspectos que marcaron la diferencia entre la trayectoria de este movimiento y la del resto de los países en la región.

A la par de muchos otros movimientos de la sociedad civil, los feministas se unieron a la lucha en contra del régimen militar durante la última década del siglo XX. Con el retorno a la democracia, sus demandas, como la despenalización del aborto, educación sexual laica en las escuelas y el acceso a métodos anticonceptivos seguros, no encontraron un camino sencillo para lograr posicionarse en la agenda pública.

Si bien es cierto que recientemente han existido avances en materia de igualdad de género, como en la eliminación de violencia hacia las mujeres, algunas otras exigencias, como la despenalización del aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, han tenido que enfrentar la gran influencia de la Iglesia católica como autoridad moral en la sociedad y como un factor de peso en el escenario político. Por ejemplo, durante los gobiernos de la Concertación, la Iglesia ejerció su influencia al interior de esta coalición a través del Partido Demócrata Cristiano, que terminó por lograr que los demás partidos adoptaran también una posición moderada en torno a este tipo de temas, dejándolos prácticamente fuera de la discusión y de la agenda política durante los casi veinte años que la Concertación gobernó.

Los logros de los movimientos feministas durante los gobiernos de la Concertación fueron principalmente de índole institucional, gracias a la creación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) en 1991 durante el gobierno de Patricio Aylwin. Esta institución de rango ministerial comenzó a ocuparse de la creación de políticas públicas con un enfoque a favor de la igualdad y la no discriminación en contra de las mujeres. A partir de esta fecha, una parte del movimiento feminista se institucionalizó, pero otra gran parte continuó protestando en las calles (^{Ríos et al., 2003}). Con el triunfo de Michelle Bachelet como la primera presidenta de Chile, las feministas vieron la oportunidad de impulsar sus demandas con mayor ímpetu y con más posibilidades de verlas satisfechas.

Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet se dio continuidad a las políticas con enfoque de igualdad de género de la Concertación y se ampliaron los programas sociales en beneficio de las madres trabajadoras (como las casas de acogida para las víctimas de violencia familiar, y la creación de un plan de cuidado infantil y educación preescolar para los hijos de las madres trabajadoras), pero no se atendieron las demandas más radicales (^{Franceschet, 2006}).

Se puede destacar el cumplimiento de la promesa de “conformar un gobierno paritario entre hombres y mujeres en los cargos de designación presidencial e impulsaremos una Ley de Cuotas para corregir el déficit de representación política femenina” (^{Bachelet, 2006: 86}). En su primer periodo, el 50% del gabinete estuvo integrado por mujeres, pues de veinte carteras ministeriales, diez fueron encabezadas por ellas. Y aunque en el segundo periodo esta paridad no continuó, nueve de los 23 ministerios tuvieron mujeres al frente, lo que representa casi un 40% del gabinete. Las críticas hacia este hecho no se hicieron esperar, y la misma presidenta lamentó en diversas ocasiones no poder mantener la paridad que caracterizó su primer mandato.²¹

Las demandas del feminismo tampoco lograron ser el centro de atención con la llegada de Sebastián Piñera al poder, pues al pertenecer este último al segundo partido de derecha más tradicional en el país, los valores de la familia predominaron por encima de los derechos de las mujeres. Las políticas se focalizaron en las féminas de los sectores denominados vulnerables, priorizando la creación de empleo para ellas, entendiendo que sus problemas son producto de la pobreza y no de las relaciones de género (^{Torres, 2011}). Las acciones llevadas a cabo durante el gobierno de Piñera representaron un retroceso institucional en la forma de entender los problemas de género, y en los logros que se habían alcanzado durante los gobiernos de la Concertación con la creación del Sistema Nacional de la Mujer. Sin embargo, un avance significativo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera fue la incorporación del delito de feminicidio a la legislación penal chilena en 2010. Esta reforma fue producto de la fuerza de la acción social feminista.

Cuando Michelle Bachelet regresó a la Presidencia, la agenda de gobierno se nutrió de grandes propuestas de reforma constitucional por primera vez desde el término de la dictadura militar. Así, en el 2015 se creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y las reformas a favor de la protección de las mujeres contra la violencia doméstica también tuvieron un gran avance. Fue presentado un proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales (peligro de la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto), el cual fue aprobado en agosto de 2017.

El activismo feminista comenzaba a ser respaldado por el gobierno de Bachelet, marcando una clara diferencia entre sus dos periodos; mientras que en el primero de ellos hablaba sobre “garantizar el derecho a la continuidad de la educación de la adolescente embarazada o madre” (Bachelet, 2005: 89), para su segundo mandato abrazó las causas del movimiento feminista, como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, e hizo reiteradas referencias al #NiUNAMenos en sus discursos (movimiento a favor de las denuncias públicas de violencia de género que inició en Argentina en 2015).

En los años más recientes, los movimientos feministas se encuentran íntimamente ligados a los estudiantiles. De acuerdo con los datos del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, en 2018, el 79% de las protestas a nivel nacional contra la violencia hacia las mujeres tuvo participación estudiantil. Así es como la protesta feminista ha logrado que el estudiantado adopte como demandas, por ejemplo, la de paridad de género dentro de las asambleas estudiantiles y demás órganos de dirección en sus organizaciones, y que los estudiantes se pronuncien a favor de terminar con la educación sexista, el acoso y el abuso escolar. Por ello no es extraño señalar que en 2018 el tema de la violencia de género estimuló a cerca de un millón de chilenos a movilizarse en el día internacional de la mujer.²²

El presidente Piñera no ha incorporado de manera significativa las banderas de los movimientos feministas en ninguno de sus dos gobiernos. Por el contrario, sus alusiones al mismo durante sus discursos se caracterizan por carecer de sustancia. Si bien es cierto que mantuvo algunas de las políticas sociales de su antecesora a favor de las mujeres, para su segundo mandato en 2018, ello no se tradujo en una política de búsqueda de la igualdad de género. Sus posturas giraron en torno a la ampliación de beneficios a las mujeres embarazadas, combate a la violencia intrafamiliar, fomento al respeto a las mujeres que forman parte de las fuerzas armadas e impulso a la participación de las mujeres en cargos de dirección con sueldos equiparables a los de los hombres, por lo menos en la burocracia nacional.

A diferencia de los gobiernos de Bachelet, la participación de las mujeres en el gabinete presidencial no fue un tema que cobrara relevancia en ninguno de los dos mandatos del presidente Piñera. Durante su primera gestión sólo seis de las carteras ministeriales, es decir, un 26%, estuvo encabezado por mujeres. Algunos de las carteras a cargo de mujeres fueron el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio del Medio Ambiente y la Secretaría General de la Presidencia. Para su segundo gobierno, los datos se mantuvieron casi igual, pues siete de los 24 ministerios fueron presididos por mujeres, entre ellos los de Medio Ambiente, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el de la Mujer y la Equidad de Género. Vale señalar que la exigencia de la opinión pública al presidente para incorporar a más personas del sexo femenino en sus gabinetes, no fue tan apremiante como la que hubo con Bachelet. El presidente rechazó la despenalización del aborto, al colocar por encima de todo el derecho a la vida (lo que implica el respeto a la persona humana desde su gestación). Y también puso en primer lugar a la familia como base de la sociedad (por lo que los gobernantes deben respetar sus tradiciones y sus derechos). De ese modo pasó por alto cualquier referencia a la desigualdad y la violencia que se vive cotidianamente en el hogar, resaltando las cualidades que desde su punto de vista tiene el seno familiar. Las manifestaciones feministas no merecieron ningún reconocimiento de parte del presidente, quien ha declarado abiertamente su perfil ideológico conservador.

Es importante considerar la postura ideológica del presidente, si tomamos en cuenta que el 2018, año en que inició su segundo mandato, también fue un periodo significativo para las protestas feministas en Chile. Su intensidad fue inédita, y fueron acompañadas por las protestas de otros grupos como los pertenecientes a las disidencias sexuales. El abanico de demandas se amplió, pues ya no sólo se exigía igualdad de salarios o cuotas de género en el ámbito político. La reivindicación de derechos sexuales y reproductivos para todos los géneros comenzó a tomar fuerza, en el mismo nivel que la no discriminación, el derecho al matrimonio igualitario y el divorcio. La agenda de las movilizaciones se amplificó, ya no solamente se incluía la despenalización del aborto, sino también el rechazo a la violencia intrafamiliar, el acoso escolar o laboral, la desigualdad salarial, la discriminación a todos los géneros y la exclusión educativa por razón de género. Esto facilitó que las activistas feministas participaran posteriormente en las heterogéneas movilizaciones que se desataron en 2019.

Conclusiones

A semejanza de las acciones de otros países, Chile vivió un conflictivo segundo semestre en 2019. Es interesante que las protestas sociales chilenas, en este caso de estudiantes y feministas, hayan confluido finalmente en demandas de carácter político. En esta línea se asemejan mucho a las acciones que se suscitaron en diferentes países en el mismo año, donde las principales exigencias giraban en torno a una causa conocida, como la crítica a las élites políticas promotoras y actoras de la democratización, y además a causas novedosas, cada vez más sentidas, en la búsqueda de una genuina participación popular y en pro de una mayor igualdad. El hartazgo social hacia gobiernos electos democráticamente pero incapaces de asegurar mejores condiciones de vida en el corto plazo, hizo que las movilizaciones sociales se trastocaran en acción cívica con banderas más generales. En Chile, por el cambio de las políticas gubernamentales para erradicar la desigualdad y también por desechar la vieja constitución pinochetista e impulsar una nueva que asegure libertad, participación e igualdad.

En Chile, entre los protagonistas de la acción social en las últimas dos décadas se hallan los movimientos estudiantiles y feministas. Después de un letargo durante los gobiernos concertacionistas, los primeros aparecieron en las calles para cuestionar la preponderancia del lucro y la exclusión social en el sistema educativo. Críticos de las élites políticas y económicas y distantes de los partidos predominantes, el estudiantado practicó formas organizativas más horizontales, se expresó ávida de mejoras socioeconómicas y sobre todo a favor de una mayor igualdad social. Culminado su activismo en las calles, algunos activistas formaron partidos nuevos o revitalizaron a los tradicionales.

El movimiento feminista chileno se colocó en la avanzada de las movilizaciones en pro de la igualdad de género y de la violencia hacia las mujeres. Con base en pequeñas agrupaciones de activistas con experiencia incipiente, radicalizaron sus acciones de protesta, y llamaron la atención como nunca. El eco de diversas movilizaciones que se realizaron en distintas partes del mundo contribuyó al fortalecimiento de las luchas de las mujeres chilenas. Después de lograr la despenalización del aborto, pugnaron por la eliminación del acoso sexual y la violencia hacia las mujeres.

Los gobiernos de Michel Bachelet y Sebastián Piñera, con algunas diferencias, demostraron una exigua capacidad para responder a las exigencias sociales. Los estudiantes fueron el actor más desafiante de un orden establecido, del cual se ufanaban los integrantes de la coalición gobernante encabezada por Bachelet. En los años noventa y principios del siglo XXI, Chile presumía su forma democrática de gobierno y su crecimiento económico.

Gracias al desafío estudiantil, por un lado, y a la crisis económica internacional, por el otro, el último gobierno de la Concertación por la Democracia apenas y pudo atisbar la magnitud de los principales problemas de la nación. Eso le costó la pérdida del poder en 2010, frente a una coalición opositora de una derecha que se presentó como fuerza alternativa al pinochetismo.

A partir de entonces, Bachelet y Piñera se alternaron los turnos en el Poder Ejecutivo nacional, sin que lograran resolver los problemas que desde por lo menos 2006 fueron colocados por la sociedad misma como los más apremiantes. Sus respuestas fueron diferentes, sin que hubiera políticas contundentes para eliminar la desigualdad social y la desigualdad de género y para borrar de las leyes el legado dictatorial.

Los gobernantes tomaron medidas con la finalidad de acercarse a un modelo educativo de carácter gratuito. Desde un enfoque cualitativo, es de destacar que cambiaron las condiciones de acceso respecto de los costos para ingresar y permanecer en las instituciones educativas, ampliaron sus programas de becas y los dirigieron a los sectores económicamente más marginados y crearon nuevas escuelas, mejorando la calidad en cuanto a contenidos y formación docente. Bachelet y, sobre todo, Piñera trataron de subordinar la demanda de inclusión a la de elevación de la calidad, defendiendo el principio fundamental del derecho de los padres a elegir el tipo de escuela para sus hijos. Ello incluía también el derecho a invertir en la educación de sus hijos en caso de ser necesario. De este modo, el lucro en la educación persistió, lo que trajo como consecuencias la permanencia de la exclusión de muchos jóvenes chilenos sin recursos para solventar su instrucción.

El feminismo vio con optimismo la llegada de una mujer a la Presidencia de la República. Mostrando sensibilidad hacia el tema, la presidenta designó un gabinete presidencial paritario, pero no hizo énfasis en su programa de gobierno al respecto. Pese ello, su agenda incluyó la igualdad de género, por lo que varias de sus políticas sociales fueron dirigidas hacia las mujeres y las niñas. Bachelet impulsó acciones afirmativas relevantes, como la cuota de género en órganos de representación política, la despenalización del aborto y el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Sus acciones para enfrentar la violencia hacia las mujeres, en especial dentro de las familias, no fueron notables, pero sentaron las bases de políticas que podrían desarrollarse plenamente en el futuro inmediato. La desigualdad de género fue un elemento clave de su segundo mandato, con avances principalmente legales que todavía no se traducen en prácticas entre la sociedad.

Piñera adoptó posturas políticamente correctas respecto de este tema crucial. Mediante sus políticas sociales también concedió apoyos a las mujeres jefas de familia, decretó algunas medidas para las mujeres embarazadas y también para mujeres trabajadoras del hogar o por cuenta propia. Pero se distanció de varias políticas aplicadas por Bachelet, primordialmente respecto de la legalización del aborto. Su perspectiva se inscribió en la defensa de la vida desde la gestación y en la defensa de las mujeres como parte de la familia, la cual concibió como la base de la sociedad. Tan importante fue para el presidente, que relacionó el bienestar social con el bienestar familiar, colocándolo como una de sus prioridades dentro de su gabinete ministerial. Sin embargo, la violencia intrafamiliar no fue percibida como problema, por lo que sus acciones al respecto fueron más bien escasas.

Sorprende que Bachelet y Piñera enfrentaran los mismos desafíos y no avanzaran de manera significativa en su resolución. Al menos eso es lo que expresaron quienes salieron masivamente a las calles desde 2019. La contundente demanda de una Nueva Constitución implica cambios en materia educativa y de igualdad de género. Aunque los gobiernos se declararon dispuestos a realizarlos, ninguno hizo lo necesario para dejar satisfecha a la sociedad. Tal vez la alternancia por turnos, la moderación de las fuerzas políticas en el poder, la falta de mayorías suficientes en el Congreso para por lo menos avanzar en la modificación de leyes e instituciones, e incluso la distante relación entre las élites políticas y la sociedad, sean elementos que expliquen esta falta de avances sólidos en la erradicación de la desigualdad en todas sus formas. Se requiere más investigación al respecto para obtener conclusiones contundentes.

Para finalizar, es necesario reiterar la respuesta represiva de los gobiernos, independientemente de su signo ideológico. Llama la atención porque refleja el elevado grado de autonomía de las fuerzas del orden en Chile, una herencia más del régimen dictatorial. Aunque Bachelet se manifestó dispuesta a debilitarla, no tuvo grandes avances al respecto. Y Piñera, por el contrario, ratificó su identidad ideológica al justificar el uso de la violencia en contra de las heterogéneas manifestaciones sociales que, según su perspectiva, atentaban contra el orden y las instituciones. De tal modo que el cambio político y social en la nación chilena se vislumbra incierto y preocupante, porque la violencia desde el poder seguirá siendo una estrategia para contrarrestar la acción social.