4.1 Asambleas de Diversos Tamaños

Cada una de las 32 entidades federativas del país tiene un Poder Legislativo unicameral, es decir, un Congreso o Asamblea (sólo el Distrito Federal hasta antes de la reforma 2017). El Congreso local más grande se encuentra en el Estado de México con 75 diputaciones (45 mayoritarias y 30 proporcionales), lo cual va acorde con su población y padrón electoral. De hecho, es el padrón electoral con el mayor número de ciudadanos en México; en segundo lugar, se encuentra el Congreso de la Ciudad de México con 66 diputaciones, consistente con el segundo lugar del padrón electoral con mayor número de ciudadanos registrados en el país. Cuestión distinta a Jalisco, cuyo tamaño de Congreso se encuentra en el lugar número siete,⁹ con el tercer padrón más grande.

Se podría afirmar que estos dos Congresos se encuentran entre los más grandes del país, pero de origen se repara en Jalisco una diferencia importante entre la relación del tamaño del Congreso con el padrón electoral. Esta no corresponde a la proporción que se visualiza entre los padrones electorales más grandes¹⁰ con los Congresos más amplios en el país.

El Congreso de Jalisco ha tenido cambios diversos en su tamaño; como se mencionó en párrafos anteriores, en la reforma de 1997 de 37 diputaciones pasó a 40, en 2008 cambió a 39 y en 2017 a 38 diputaciones. En todos los casos han sido 20 diputaciones por el principio de mayoría relativa, lo que se modificó fue el principio proporcional. En otras palabras, a partir de 1994 quedaron 17 diputaciones de representación proporcional; en 1997, 20; en 2008, 19; y en 2017, 18.

Desde que se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (1986), después Asamblea Legislativa del Distrito Federal (1997) y Congreso de la Ciudad de México (2017), contó con 66 diputaciones (40 mayoritarias y 26 proporcionales). Sin embargo, en 2017 se distribuyeron de forma nueva (33 diputaciones mayoritarias y 33 proporcionales).

Con el objetivo de analizar el tamaño (número de escaños) que estas Asambleas deberían tener con respecto a población/padrón electoral, se hace uso del índice de la Ley Cúbica del Tamaño de las Asambleas,¹¹ de ^{Shugart y Taagepera (1989)}. Al aplicar este índice se aprecia que en ambas entidades se presenta una subrepresentación (el número de escaños es menor a los habitantes que proporcionalmente corresponde). El número de escaños que debería tener el Distrito Federal, considerando la población activa, osciló de 217 asientos (1997) a 220 (2018), es decir, en promedio 219 escaños (1997 a 2018). En el caso de Jalisco, fluctuó de 193 curules (1995) a 211 (2018); en promedio 201 escaños (1995 a 2018). Para el caso de la fórmula aplicada¹² con padrón electoral, se advierte que el número de asientos en el Distrito Federal que deberían ser, transitó de 229 escaños (1997) a 249 (2018); esto significa en promedio 242 (1997 a 2018). Jalisco pasó de 182 (1997) a 228 (2018), en promedio 209 (1995 a 2018). Como se aprecia en el Cuadro 2, hay diferencias en promedio mayores a 153 escaños en ambos casos.

A partir de lo anterior se presentan dos temas que adquieren relevancia. El primero versa en la discusión sobre qué considerar para determinar el tamaño de la Asamblea: ¿la población o el padrón electoral? ¿Por qué la población activa y no toda la población? ¿Debería únicamente estar representada la ciudadanía? En el segundo debe preguntarse: ¿para establecer el número de escaños en los Congresos, es viable utilizar otras herramientas además de este índice? Adquiere preeminencia, también, explorar cuánta población debería contener un escaño; esto sugiere cuál es la relación ideal (numérica) entre un representante y sus representados.

Entonces, ¿cuál sería la relación ideal escaño-población/padrón electoral? La relación ideal deberá establecerse a partir del análisis de cuáles son los efectos que se buscan lograr con ese diseño institucional. Dicho de otro modo, cuáles son las necesidades y demandas particulares que se buscan cubrir en esa representación y en ese contexto. Dependiendo de estas demandas para definir el tamaño de las Asambleas, se proponen dos posibles soluciones y se retoman los resultados del índice de la Ley Cúbica del Tamaño de las Asambleas.

Primero, realizar un ejercicio comparativo, donde se considere la relación escaño-población o padrón electoral promedio de la selección de distintas Cámaras bajas en países cuya población/padrón electoral sea la misma o parecida al caso de estudio. Por ejemplo, para este ejercicio se realizó una selección de 15 países del mundo¹³ con una población similar (entre seis¹⁴ y nueve millones) a la de Ciudad de México y Jalisco durante las 17 elecciones analizadas, lo cual arrojó que cada escaño en promedio de esos 15 países comprende 57 mil 292 habitantes.¹⁵ Un escaño en la Ciudad de México contiene en promedio 131 mil 842 habitantes; y en Jalisco, 171 mil 439. En otras palabras, tomando en consideración los 57,292 habitantes en promedio que implica un escaño en esos países, el tamaño de la Asamblea¹⁶ de la Ciudad de México según su población promedio debería tener 152 curules y 119 en Jalisco. Estos datos se encuentran entre el tamaño actual y lo arrojado por el índice, con lo cual se considera como una solución intermedia. También se podría calcular de forma separada, no en conjunto, como se hizo en este análisis; sino comparando, por un lado, sólo a países cuya población sea similar a la población promedio y/o actual de Jalisco y, por el otro, a países semejantes a la de la Ciudad de México.

Y segundo, en el caso de trabajar a nivel local, tomar en consideración (siempre y cuando no se observe de origen sobre o subrepresentación importante en la Cámara baja federal) la relación promedio de a) escaño en la Cámara baja -población/padrón electoral total del país; y b) distrito electoral federal- población/padrón electoral total del país, aunque para esto último no se sugiere utilizar el caso mexicano porque de origen la Cámara de Diputados se encuentra sobrerrepresentada. Dicho de otro modo, el número de escaños es mayor a los habitantes que proporcionalmente corresponde de forma importante -más de 93 escaños de sobrerrepresentación tomando la población y 157 considerando el padrón- (véase Cuadro 16 en ^{Cárdenas, 2014: 92}).

4.2 Acceso y aumento o reducción de posibilidades para los partidos políticos a obtener un escaño

En este subapartado se analizan los efectos de la fórmula electoral, la magnitud de la circunscripción y la barrera legal. Con relación a la fórmula electoral, el reparto de escaños de representación proporcional en ambas entidades es asignado por el Consejo General de los institutos electorales locales; la fórmula matemática es de cociente natural/Hare y los asientos sobrantes se distribuyen por resto mayor.

La fórmula electoral de Jalisco tiene una variación al igual que la del Distrito Federal, ya que existe un paso antes de aplicar la fórmula matemática. En Jalisco, la fórmula funciona de la siguiente manera: se reparten escaños adicionales al partido mayoritario (desde 1994), esto es, al partido político o coalición¹⁷ que obtiene el porcentaje más alto de votación, asignándole el número de diputaciones de representación proporcional que resulte al equivalente del porcentaje de su votación obtenida, adicionándole nueve puntos porcentuales (reforma 1997); se modifican esos nueve puntos por seis en 2000 y por cinco en 2008.

Hasta septiembre de 2020 esta cláusula de gobernabilidad se encontraba en la legislación electoral de la entidad; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la eliminó. Esto en sintonía con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que en octubre de 2015 resolvió su inaplicabilidad (véase ^{Recurso de Reconsideración sup-rec-841/2015 y acumulados}).

En Jalisco, la cláusula de gobernabilidad fue aplicada en 1995 al PAN; el IEPC le asignó una diputación de representación proporcional por cada 5% de su votación. En 1997, el IEPC le concedió al PAN 9% más de votación (de lo que resultó del equivalente de su porcentaje de votación efectiva). En 2000, 2003 y 2006, también se empleó en beneficio del PAN, asignándole 6% más a su votación total; determinando a partir de esta nueva votación cuántos diputados le corresponderían. Lo mismo sucedió en 2009 y 2012 con el PRI (sólo que en estas ocasiones se le concedió el 5% de votación).

En el entonces Distrito Federal se advierte un caso similar; en un primer paso se deducía el número de escaños de representación proporcional ya asignados por la aplicación de la cláusula de gobernabilidad. Esta cláusula fue empleaba por el Consejo General del IEDF en dos ocasiones; 2000 y 2012, en ambos casos la decisión del TEPJF fue revocarla.

A pesar de que la cláusula de gobernabilidad a nivel federal, específicamente para la Cámara de Diputados, fue incluida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1986 y eliminada en 1993, en la Ciudad de México se descartó hasta la reforma política electoral de 2014. A estos casos excepcionales, según Shugart y Wattenberg, se les denomina sistemas aseguradores de mayoría (assuring majority), los cuales “son raros y encontrados en países con credenciales democráticas dudosas”¹⁸ (^{2003: 14}). Cabe mencionar que en realidad ambos sistemas electorales son casos extraños y difíciles de catalogar. Porque, por una parte, aseguran la mayoría absoluta del partido mayoritario con la cláusula de gobernabilidad; y por la otra, consideran el principio de sobrerrepresentación.

Además, con la reforma 2014 en ambos casos se distribuye un escaño de forma directa a cada partido que supere el 3% de la votación válida, independientemente de sus triunfos de mayoría. Afortunadamente, esto se eliminó en la reforma al ^{Código de 2017} en la Ciudad de México; en Jalisco se mantiene.

Entre los efectos que se advierten, es que al repartirse escaños de forma inicial se distorsiona el efecto proporcional que arroja la aplicación de la fórmula matemática en relación con el porcentaje de votación de los partidos. El problema recae cuando este principio de representación proporcional no cubre su principal objetivo: generar proporcionalidad y, de alguna forma, compensar el componente predominante del principio mayoritario; porque, por un lado, de origen se disminuye el número de escaños a repartir y, por el otro, se le reparten más escaños a partidos políticos grandes, que habría que calcular de acuerdo con sus porcentajes de votación si en realidad son merecedores de escaños de representación proporcional. Dicho de otro modo, en lugar de que la representación proporcional compense la sobrerepresentación de los partidos políticos grandes en los Congresos, lo que provoca es el aumento de la desproporcionalidad.

Las listas de representación proporcional se conforman de la siguiente manera: la lista “a”, integrada por las candidaturas de las listas de plurinominales registradas por los partidos políticos; y la lista “b”, compuesta por los mejores perdedores de mayoría relativa en la entidad (porcentajes más altos de votación distrital). Esas dos listas se convierten en una sola, donde se intercalan ambos principios de representación; en otros términos, las candidaturas de la lista “a” irán en los lugares 1, 3, 5, 7, 9… y los de la lista “b”, en los lugares 2, 4, 6, 8, 10 y así en lo consecutivo. Es primordial no perder de vista que una parte significativa de la composición cualitativa de la representación política responde en buena medida al establecimiento de cuotas de género o a la paridad de género.

Este mecanismo se implementó en Jalisco y en el Distrito Federal durante 2000 y 2008, respectivamente. Sin embargo, en Jalisco 2014 se estableció la alternancia de las diputaciones de representación proporcional, distribuyéndose dos de representación proporcional y una de mayoría relativa; y así en lo sucesivo.

Lo anterior, entonces, provoca dos efectos más:

En cuanto al número y magnitud de circunscripción, de acuerdo con la clasificación de circunscripciones electorales propuesta por ^{Nohlen (1998)}, se puede afirmar que para el reparto de escaños de representación proporcional de ambas entidades, las magnitudes de circunscripción son grandes -en promedio, 27 Ciudad de México y 19 Jalisco- en las ocho y nueve elecciones, respectivamente.

Las barreras implícitas o umbrales (^{Lijphart, 1995}) aumentan o disminuyen con respecto a la magnitud de la circunscripción. En los casos donde la magnitud de la circunscripción es uno (mayoría relativa), el umbral efectivo¹⁹ se encuentra en el 50%, es decir, éste es el porcentaje ideal de votación que un partido tendría que superar para acceder a ese escaño. Por supuesto, esto no se vislumbra forzosamente en la práctica, debido a que el número de partidos políticos competidores puede provocar que varíe este porcentaje.

Con relación a las magnitudes de circunscripción grandes (representación proporcional) (ambas entidades), se advierte que cuanto mayor es el número de escaños en esa circunscripción, menores resultan los umbrales. Jalisco tiene umbrales efectivos más altos que sus barreras legales primarias.

Además de las barreras implícitas provocadas por el sistema electoral, en la normatividad electoral se establecen barreras explícitas o barreras legales. En Jalisco, hasta 2005, la barrera legal primaria era de cuando menos el 2% del total de la votación emitida; en este año se modificó a 3.5% de la votación total emitida. Sus umbrales efectivos han sido mayores que sus barreras legales, tomando en consideración las distintas reformas electorales que cambiaron el número de escaños de representación proporcional; así se advierten los umbrales efectivos siguientes: 1994, 4.2%; 1997, 3.6%; 2008, 3.8%; y 2017, 4%.

Por su parte, hasta la reforma de 1999, la barrera legal primaria en el Distrito Federal era 1.5%, quedando en 2% de la votación total emitida; con la reforma de 2014 pasó al 3% de la votación válida emitida.²⁰ El umbral efectivo fue de 2.8% hasta 2017, lo cual significa que hasta antes de la reforma de 2014 era mayor a la barrera legal (2%) y se vuelve menor a partir de la reforma de 2017 (2.2%), porque los escaños de representación proporcional pasaron de 26 a 33, y la barrera legal cambió a 3% en 2014.

El problema de las barreras legales primarias radica en aplicar el procedimiento de reparto de escaños de representación proporcional en los Congresos; en ambos casos, para obtener el cociente de distribución se define la votación efectiva.²¹ Esto implica que los porcentajes de votación de los partidos políticos que sí sobrepasaron esa barrera legal primaria se potencien; en consecuencia, sus posibilidades de acceder a un escaño aumentan.

La barrera legal primaria tiene un efecto en los partidos minoritarios, porque si no sobrepasan el porcentaje establecido quedan fuera; pero en realidad ya se encuentran limitados antes por el umbral efectivo. Por consiguiente, las barreras legales primarias y los umbrales efectivos (mayores a las barreras legales primarias) disminuyen la representación de los partidos políticos minoritarios, y así potencian las posibilidades de los partidos políticos medianos y grandes de acceder a escaños. Cabe señalar que además de considerar las limitaciones causadas por las barreras legales primarias, deben sumarse las producidas por las secundarias.

4.3 La desigualdad entre unidades geográficas-población y el aseguramiento de los partidos políticos a obtener escaños

La distritación electoral puede suscitar:

Entre 1996-2018, en ambas entidades se realizaron dos redistritaciones y tres nuevas distritaciones (se modifican en su totalidad los límites de los distritos electorales). Para los procesos electorales locales 1996-1997, en Jalisco, el IEPCJ realizó la redistritación, manteniendo “la distritación federal correspondiente a los distritos electorales locales del I al VI, del VIII al XV y del XVIII al XIX” (^{Alonso, 2000: 52}); se creó el XX y se realizaron modificaciones en los distritos VII, XVI y XVII.

En cambio, el antes denominado IFE ejecutó una nueva distritación en el entonces Distrito Federal. Conviene señalar que para ambos casos, hasta la reforma de 2014 la facultad de distritación electoral fue del Consejo General de los institutos locales. A partir de esta reforma se volvió facultad del Consejo General del INE. Todavía para el proceso local 2014-2015, el IEDF diseñó su redistritación en 2012; en la cual hubo ajustes en 19 distritos en ocho delegaciones y quedaron igual: 21 distritos en 11 delegaciones.

Por el contrario, para el proceso local 2017-2018, el INE delineó las nuevas distritaciones de Jalisco, quedaron solamente cuatro distritos: I, con cabecera en Tequila; IV y XIV, Guadalajara; y el XIV, Tlaquepaque; en la Ciudad de México cambiaron de 40 distritos uninominales a 33.

Entre las consecuencias de las distritaciones electorales locales, según diversos autores, en 1997 en el Distrito Federal “se pudo demostrar que los distritos que existían en 1994 favorecieron más al PAN que los distritos federales y locales de 1997” (^{Gómez, 2000: 93}). Misma situación se presentó en Jalisco, donde “en la elección de 1995, con la anterior distritación, el PAN obtuvo el triunfo en 17 distritos y el PRI en tres. Con la nueva distritación [1997], el PAN hubiera obtenido 16 victorias por 4 del PRI” (^{Alonso, 2000: 54}).

Con la redistritación de 2015, en el Distrito Federal el PRD perdió y mantuvo distritos electorales de forma similar,²³ con aquellos ajustes y sin ellos. Por ello resulta difícil afirmar que esta redistritación electoral lo afectó electoralmente, lo mismo con el caso del PAN, pues mantuvo una presencia similar.

Por supuesto, esta aseveración tendría que comprobarse también con un análisis a nivel seccional de la geografía electoral vigente en 2012 con los resultados electorales de 2015 y/o los resultados de 2012 con la redistritación 2015. Mismo sería el caso para el análisis de las nuevas distritaciones electorales para el proceso electoral 2017-2018 en ambas entidades; esto queda pendiente para futuras investigaciones.

Las distritaciones y redistritaciones electorales tienen efectos en la relación entre el número de habitantes²⁴ con la magnitud de la circunscripción (número de escaños). Vale decir, el nivel de proporcionalidad y/o representatividad que tendrán los votos emitidos en un distrito electoral frente a los votos que se emiten en otro distrito. La desviación electoral²⁵ (^{Vallès y Bosh, 1997}) compara el número de habitantes por escaño de la circunscripción más perjudicada con la media estatal del número de habitantes por escaños, dividiendo el primero por el segundo; para complementar este índice, se pueden analizar de manera desglosada los distritos electorales locales con mayor sobre²⁶ y subrepresentación.²⁷

A partir del análisis realizado, se observa lo siguiente: en Jalisco,²⁸ el índice de desviación (^{Vallès y Bosh, 1997}) promedio es 1.4 en nueve elecciones. El índice más bajo (1.1) se presentó en las elecciones de 1997, 2000, 2006 y 2018; y el mayor (2.1) en 1995. En ninguna elección la desviación es alta, aunque en 1995 (2.1) y 2015 (1.8) sí se presenta desviación. El índice promedio en el Distrito Federal es 1.2 en ocho elecciones (menor por .2 que el de Jalisco). El índice más bajo (1.1) se presentó en la elección de 1997, consecuencia de la redistritación realizada por el IFE. Mientras que el mayor índice fue 1.3 en tres elecciones (2003, 2006 y 2009). En el caso de la Ciudad de México²⁹ no se aprecia una desviación significativa en ninguna elección.

Se destaca que los distritos electorales con mayor sobrerrepresentación y subrepresentación en Jalisco, en las nueve elecciones, se encuentran entre los 10 municipios más poblados de la entidad. La mayor sobrerrepresentación se concentra en distritos electorales pertenecientes a Guadalajara -de 125 municipios el más poblado, 18.6% (^{INEGI, 2015})- y Tonalá (lugar cinco). En tanto, la subrepresentación se ubica en tres cabeceras municipales: San Pedro Tlaquepaque (lugar tres), Zapotlán el Grande (lugar 10) y Zapopan (lugar dos, 17% de la población total en la entidad). En la Ciudad de México, los distritos con mayor sobrerrepresentación, en las ocho elecciones, se agrupan sobre todo en distritos electorales pertenecientes a Iztapalapa, la demarcación con mayor población en la entidad (el 20.5% de la población total), y en Xochimilco (ocupa el lugar 9 de 16). En cambio, la subrepresentación se concentra en cuatro delegaciones: Cuauhtémoc (lugar seis), Xochimilco, Benito Juárez (lugar 8) y Gustavo A. Madero; esta última, la segunda delegación con mayor población (13.1%) en la Ciudad.

Para próximas investigaciones se puede analizar lo referente al gerrymandering, ya que esto requiere un estudio a nivel seccional de los resultados de votación históricos de los partidos políticos, comparando los resultados de cada una de estas votaciones de acuerdo con los distintos escenarios de distritación; es decir, se necesita visualizar si las distritaciones se hicieron en beneficio o perjuicio de algún partido político en cada una de las redistritaciones o nuevas distritaciones electorales.

4.4 La relación desigual entre votos y escaños

Los subapartados siguientes consideran los efectos generados por el sistema electoral en su conjunto. Para calcular la relación desigual entre votos y escaños se utiliza el concepto de desproporcionalidad, el cual puede entenderse como “la desviación existente entre el porcentaje de escaños y el de votos de los partidos” (^{Lijphart, 1995: 103}). Así, en ambas entidades, la desproporcionalidad existente se explica en buena medida por el principio de mayoría relativa. Porcentualmente, en el caso del Distrito Federal de 1997 a 2015 fue predominante (61-39) con relación al principio de representación proporcional; en 2017 quedó equilibrado (50-50); y en el caso de Jalisco, aunque es equilibrado (51-49, en promedio), se vislumbra al igual que en el Distrito Federal una sobrerrepresentación (el porcentaje de escaños es mayor al porcentaje de votos) de los partidos mayoritarios en el Congreso y subrepresentación (el porcentaje de escaños es menor al porcentaje de votos) de los partidos medianos y pequeños (véase ^{Cárdenas, 2019: 162-163}).

Para medir la desproporcionalidad, diversos autores (^{Rae, 1967}; ^{Loosemore y Hanby, 1971}; ^{Gallagher, 1991}; ^{Lijphart, 1995}) han desarrollado índices. Se eligió el índice de cuadrados mínimos de Gallagher³⁰ (1991), porque el autor ha propuesto

una solución excelente (…) abre una vía intermedia entre los índices de Rae y de Loosemore y Hanby. Su principal característica es que registra con mucha más fuerza unas pocas desviaciones grandes que muchas pequeñas (…) pondera las desviaciones de sus propios valores, de modo que las desviaciones más grandes pesan mucho más en el índice que las pequeñas (^{Lijphart, 1995: 107}).

Igualmente, este índice es sensible al número de partidos políticos en la diferencia entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de votos; el índice arroja resultados del cero al 100, cuanto más cercano a 100 más desproporcional, siendo el cero un sistema electoral proporcional. Al realizar el ejercicio de calcular este índice en las entidades (Cuadro 3), se recuperaron los resultados de las elecciones de diputaciones de representación proporcional en las 17 elecciones.

Los porcentajes más altos de desproporcionalidad en Jalisco fueron: 11 en 1997 y 10 en 2018; mientras en el Distrito Federal, 13.1 en 2009 y 10.3 en 1997 y 2012. Los más bajos fueron 3.9 en el Distrito Federal en 2000 y 5.1 en Jalisco en 2000 y 2006. Se advierte que los índices más altos de desproporcionalidad responden a los mayores porcentajes de sobrerrepresentación y subrepresentación de un partido político en ese periodo legislativo. Asimismo, se percibe que no se cumple la premisa: “cuanto menor es el tamaño del Congreso, aumenta la desproporcionalidad”. Según la media, Jalisco (7.9) es menos desproporcional que el Distrito Federal (8.4), incluso cuando la Asamblea de la Ciudad es 41% más grande que el Congreso de Jalisco.

En realidad, estas entidades se encuentran mucho más cercanas a cero que a cien, lo cual significa que la desproporcionalidad en comparación con otras partes del mundo no es tan alta, pero eso no se traduce en que sea nula o inexistente. Más allá de los no tan altos niveles de desproporcionalidad en estos Congresos, es evidente que el sistema mixto mayoritario en ambas entidades genera de uno a dos partidos que predominan en los Congresos (en algunos casos hasta tres, Jalisco 2018) (véanse Cuadros 4 y 5).

De este modo, la desproporcionalidad del sistema responde a que la votación se concentra en el partido con el mayor número de escaños en el Congreso. Por ejemplo, en el Distrito Federal hasta 2012 la sobrerrepresentación³¹ en general se concentraba mayoritariamente en un solo partido político, el PRD³² (excepto en 2000 y 2006, cuando éste compartió la mayor sobrerrepresentación con el Partido Verde Ecologista de México, PVEM). En tanto, en 2015 (cuando se observó una tendencia hacia el bipartidismo), la sobrerrepresentación se agrupó en dos partidos políticos, Movimiento Regeneración Nacional, MORENA (+5%) y PRD (+4.1%). No obstante, en 2018 regresó la predominancia a la Asamblea de la Cuidad de México cuando el partido con mayor sobrerrepresentación fue MORENA (+12.5%), como lo era en su momento el PRD.

Con respecto a Jalisco, la sobrerrepresentación hasta 2012 se aglutinaba en los dos partidos políticos con el mayor número de escaños: PAN³³ y PRI³⁴ (excepto en 1995 y 2006, cuando el PRI se encontró subrepresentado en -1.5%). En 2015, el PAN quedó como tercera fuerza política y cambió a un partido subrepresentado (-5.3%); el PRI se mantuvo sobrerrepresentado (+10%), y entró como segunda fuerza nueva, también sobrerrepresentada, MC (+5.3%). En 2018, la mayor sobrerrepresentación la tuvo MC (+10%), seguido por el PAN (+6.6%); en cambio, el PRI se quedó con la mayor subrepresentación (-4.4%).

Esto significa que, entonces, la sobrerrepresentación generalmente se concentra en uno o dos partidos, lo cual depende del sistema de partidos (predominante o bipartidismo); por lo tanto, los otros partidos políticos están subrepresentados. En este caso particular, a pesar de ser un sistema electoral mixto, se cumple la premisa planteada por Duverger sobre el sistema mayoritario a una vuelta: “el vencido se encuentra siempre subrepresentado en comparación con el vencedor (…) la presencia de un tercer partido, la subrepresentación de éste es aún más acentuada que la del menos favorecido de los otros dos” (Duverger, 2001: 38).

Llama la atención lo siguiente: en Jalisco, a diferencia de la Ciudad de México, no hubo principio de sobrerrepresentación como tal hasta 2014 (8%), únicamente no se admitía que ningún partido tuviera más del 60% de los escaños en el Congreso. Para el reparto de representación proporcional, en la Ciudad de México desde 2003 se aplica el principio de sobrerrepresentación del 3% (en 2014 se modificó a 8%); con ello, ningún partido político puede sobrepasar ese porcentaje al advertir la relación entre sus votos y escaños -excepto por sus triunfos de mayoría.

La sobrerrepresentación no es el único elemento que muestra la desproporcionalidad, también se evidencia al considerar la subrepresentación. En estos sistemas electorales mixtos, hasta la reforma política de 2014, la subrepresentación adquirió importancia, pues se aplicó ese 8% tanto para evitar la sobrerrepresentación como la subrepresentación. Aunque aún queda pendiente que los legisladores disminuyan ese 8% a un número más cercano a cero.

4.5 La distribución de las fuerzas partidarias y la construcción de mayorías o minorías

El sistema de partidos se entiende como la competencia entre los partidos en el sistema político y no como una colección de partidos (^{Rae, 1967: 47}). Jalisco ha vivido tres alternancias en su gubernatura. En la primera de 1995, el panismo ganó al PRI por primera vez, y ahí se mantuvo por tres periodos consecutivos (18 años). Luego, en 2012, en la segunda alternancia regresó el PRI. En 2018 llegó la tercera alternancia cuando MC triunfó frente al PRI. Por consiguiente, en el Congreso de Jalisco ha predominado el bipartidismo: PAN-PRI (1995- 2012) y PRI-Movimiento Ciudadano (MC), (2015); y tres partidos en 2018 (MC, PAN y MORENA).

La presencia política electoral de MC en la entidad, en gran medida, responde a que emanó de un liderazgo local, el cual cambió la correlación de fuerzas políticas en la entidad. Este es el caso de Enrique Alfaro (actual gobernador de Jalisco), quien fue candidato por MC a la gubernatura del estado en 2012. Él logró aglutinar un apoyo electoral amplio de diversas fuerzas políticas, así como de las cúpulas empresariales de la entidad.

La Ciudad de México, hasta 2018, vivió dos alternancias en la Jefatura de Gobierno. La primera en la elección de 1997, cuando ganó el PRD al PRI. La más reciente, en 2018 con MORENA. A diferencia de Jalisco, desde 1997, el Distrito Federal conservó una Asamblea (después Congreso) que se caracterizó por un sistema de partido predominante, el PRD. Pero en 2015, MORENA equilibró la distribución del poder; aunque después, en 2018, el sistema regresó a la predominancia con MORENA.

Desde 2008 se presentó una diversidad de conflictos al interior del PRD entre sus corrientes internas, lo cual sería una de las principales causas del rompimiento definitivo (sobre todo en las elecciones internas nacionales). Ello desembocó, primero, en la salida de Andrés Manuel López Obrador del PRD, en septiembre de 2012, y después en la fundación de MORENA, que obtuvo su registro como partido en 2014. La presencia del PRD en la Ciudad desde 2015, y sobre todo en 2018, estuvo fuertemente disminuida justo por la migración de sus cuadros (en especial de López Obrador) hacia MORENA y la integración de éstos al gobierno local.

El sistema electoral tiene efectos en la estructura y la dinámica de la competencia del sistema de partidos (electorales y parlamentarios). Esto significa que la transformación de votos en escaños tendrá consecuencias directas en la conformación de las Asambleas. Como se puede apreciar en el Cuadro 4, en el Congreso de Jalisco, tanto el PAN (1995, 1997, 2000 y 2006) como el PRI fueron primera fuerza en cuatro ocasiones (2003, 2009, 2012 y 2015) y MC, hasta ahora, en una Legislatura (2018). A partir de 2015, el partido mayoritario dejó de verse beneficiado por la cláusula de gobernabilidad (tal fue el caso del PAN en cuatro ocasiones y el PRI en tres).

En el Cuadro 5 se aprecia que en la Ciudad de México el PRD obtuvo por sí solo la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa en cuatro ocasiones (1997, 2003, 2006 y 2012) y MORENA en 2018. En ninguna ocasión al PRD se le aplicó la cláusula de gobernabilidad y únicamente fue acreedor de escaños de representación proporcional³⁹ en dos de ocho ocasiones (2000 y 2018).

Como se mencionó en párrafos anteriores, los partidos mayoritarios por lo general se encuentran sobrerrepresentados. Esto se puede observar al clasificar a estos partidos mayoritarios en cuatro tipos (^{Rae, 1967}): dos de mayorías (1. merecidas y 2. manufacturadas) y dos de minorías (3. naturales y 4. artificiales). El único caso donde se presentó una mayoría merecida fue en 1995 en Jalisco, lo cual significó que el PAN sobrepasará por 50% sus porcentajes de votos y escaños. También se percibe que predominan las mayorías manufacturadas, es decir, partidos políticos que obtuvieron más escaños de lo que en realidad les correspondía de acuerdo con la votación obtenida; tal es el caso del PAN en Jalisco en tres ocasiones (1997, 2000 y 2006) y en la Ciudad de México en cinco ocasiones; el PRD en cuatro (1997, 2003, 2006 y 2012) y MORENA en una (2018). En lo referente a las minorías naturales, los partidos políticos no obtuvieron la mayoría absoluta en el Congreso (ni en sus votos ni en sus escaños). Esto sucedió cinco veces en Jalisco, cuatro del PRI (2003, 2009, 2012 y 2015) y una de MC (2018); en el Distrito Federal ocurrió tres veces: para el PRD en dos (2000 y 2009⁴⁰) y MORENA en una (2015). No se presentó ninguna minoría artificial (el porcentaje de votos es mayor que el 50%, pero el de escaños menor a 50%.).

4.6 El número de partidos políticos que cuentan en la competencia electoral y en los congresos

La fragmentación permite medir la dispersión o desconcentración del poder político tanto en la competencia electoral como en la representación parlamentaria; en tal virtud, facilita el conocimiento sobre el número de partidos que contienden en un sistema de partidos (^{Oñate y Ocaña, 1999: 35}). Para ^{Sartori (2005)}, la cuestión no trata sólo de contabilizar cuántos partidos son, sino de identificar qué fuerza tienen. Existen dos reglas a considerar para tomar en cuenta a los partidos: regla 1. potencial para formar coaliciones, y regla 2. potencial de chantaje o para presionar (^{Sartori, 2005: 163}).

Uno de los índices más aceptados para medir la fragmentación es el ideado por Rae; pero el más utilizado, el índice del número efectivo de partidos políticos (NEP) electorales⁴¹ (N_v) y parlamentarios⁴² (N_e) de ^{Laakso y Taagepera (1979)}. Aquí se retoma este índice⁴³.

Tanto en Jalisco como en el Distrito Federal los nep_v y nep_e más altos se presentaron en 2018 y 2015, respectivamente; y los más bajos en Jalisco, 1995, y en la Ciudad de México, 1997 y 2006 (Cuadro 6). En ambos casos (1995 y 1997) hubo alternancias en la gubernatura y Jefatura de gobierno. En el Distrito Federal, 2003 un NEP_e igual a 1997. En 2006, se advirtió el NEP_v más bajo.

Además, cuando se muestran los NEP_e más altos en 2015 y 2018, se observa que en estas entidades emanaron nuevas fuerzas políticas mayoritarias (en Jalisco, MC; y en el Distrito Federal, MORENA), mismas que desplazaron a los partidos políticos mayoritarios predominantes (durante varios periodos legislativos como el PAN-PRI en Jalisco y el PRD en el Distrito Federal).

El NEP_e promedio en Jalisco es 2.7, con lo cual en realidad se muestra la tendencia que se ha observado a lo largo del tiempo en el Congreso de esta entidad: el bipartidismo PRI y PAN obtuvieron en todas las legislaturas más del 32% de los escaños hasta 2015. En ese año, MC y PRI alcanzaron más del 35% de los escaños y en 2018 tres partidos consiguieron más del 21.5%, que fue el caso del PAN y PRI; mientras que MC obtuvo 36.8%. Aunque desde 2015 parece que avanza hacia un tripartidismo.

Por su parte, en la Ciudad de México, el nep_e promedio es 3.3%, lo cual se explica porque hasta las elecciones de 2015 existieron tres partidos (PRD, PRI y PAN) con los mayores porcentajes de escaños -PAN y PRI obtuvieron en todas las legislaturas más del 10% de los escaños (excepto el PRI, que en 2006 tuvo el 6.1%)-; en este año se sumó MORENA. Sin embargo, la realidad es que en la Ciudad de México existe un sistema de partido predominante, porque al menos en cinco periodos legislativos (1997, 2003, 2006, 2009 y 2012) el PRD obtuvo más de 24% de diferencia de escaños con respecto a la segunda fuerza; lo cual se traduce, en promedio, en 20 escaños más que el segundo lugar en estas cinco Legislaturas. Y en 2018, MORENA obtuvo una diferencia de 27 escaños (41%) frente a la segunda fuerza (PAN).

Al restar el primero al segundo (N_v - N_e), se aprecia la reducción mecánica o efecto mecánico del sistema electoral. La magnitud del resultado de esta operación muestra en buena medida el impacto de los diferentes componentes del sistema electoral (el tamaño de la Asamblea o el Congreso, las barreras explícitas e implícitas, la fórmula electoral, la magnitud de circunscripción y el tipo de votación). Cabe mencionar que cuando la reducción mecánica del sistema electoral es negativa (el número efectivo de partidos electorales es mayor que el número efectivo de partidos parlamentarios), se percibe un beneficio a partidos políticos minoritarios con bajos porcentajes de votación. Cuando la reducción mecánica del sistema electoral es positiva (el número efectivo de partidos parlamentarios es menor que el número efectivo de partidos electorales), se favorece a los partidos políticos grandes.

Si bien en Jalisco la mayor reducción mecánica es 1.9 en 2018 (nep_e 4.2 y NEP_v 6.1); esto se relaciona con el segundo índice de desproporcionalidad (Cuadro 3) más alto (10). En cambio, en la Ciudad de México, la mayor reducción mecánica es 1.7 en 2009 (NEP_e 3.6, NEP_v 5.3); al igual que en Jalisco, se relaciona con la desproporcionalidad más alta. En este caso durante tal periodo se distingue el índice más alto (13.1). Se advierte que en Jalisco para en 1995, el índice de desproporcionalidad se encuentra entre los más altos de las elecciones analizadas, y al revisar los resultados no se aprecian reducciones mecánicas tan altas. Se observa una excepción interesante; por ejemplo, en la Ciudad de México en 2015, la reducción mecánica es la segunda más alta de las ocho elecciones analizadas; y por el contrario, la desproporcionalidad es la segunda más baja.