El libro Four Worlds of the Welfare State in Latin America, rico en interdisciplinariedad, establece una tipología de la manera en que se institucionalizan los Estados de bienestar en América Latina. Esta importante obra que nos ofrece el Dr. Ilán Bizberg, profesor del Centro de Estudios Internacionales en El Colegio de México, es un ensayo comparativo internacional que logra un entendimiento de estos procesos, escapando de las discusiones tradicionales sobre la configuración de los sistemas de protección social. El autor utiliza tres interesantes cuestionamientos que sirven de hilo conductor a lo largo de su obra: ¿Cuál es el significado social del Estado de bienestar? ¿Qué actores sociales dominan las relaciones sociales de esta sociedad?, y ¿qué tipo de compromiso social han alcanzado?
Es importante reconocer que el autor convoca en cada línea de su obra a un público lector amplio, tanto por su riqueza teórica como por sus aportes metodológicos y empíricos. El libro conjuga resultados disciplinares vecinos a la economía, como los de la historia, la sociología, la ciencia política y también la antropología, con la finalidad de reforzar la teorización propuesta. Ésta se sitúa lejos de crear axiomas a partir de los fenómenos sociales y, en cambio, avanza en la estructuración progresiva de las nociones básicas, los instrumentos y los resultados que ofrece esta indagación. Su enfoque metodológico apuesta por “historizar” las diferentes teorías de las ciencias sociales que movilizan el proceso de investigación. Un aporte fundamental es que el autor se aparta de las hipótesis ad hoc y, en cambio, opta por un método inductivo que ofrece versatilidad y originalidad al proceso de elaboración de tipologías de Estados de bienestar en América Latina.
Es notable la manera en que el autor moviliza teorías diversas para construir sus categorías. Prueba de ello es el excelente dominio de las perspectivas, como la que se expone de Karl Polanyi sobre los sistemas de protección social, y la del sociólogo Gøsta Esping-Andersen sobre la desmercantilización y la segmentación de los Estados de bienestar. En su obra, el autor también integra algunos resultados de la antropología estructuralista; tal es el caso de la noción del sistema de protección social como una deuda de vida. En las sociedades capitalistas modernas, esta noción se describe como la deuda que todos los individuos que viven en sociedad tienen hacia otro, lo cual se concreta en la deuda del Estado, como representante de toda la sociedad, hacia cada uno de sus ciudadanos.
La noción de deuda de vida que trabaja el autor se apoya en los desarrollos de Bruno Théret y se funda sobre el principio de reproducción social. Théret refiere que las sociedades y sus grupos, ante lo frágil e incierta que es su existencia, necesitan asegurar la perennidad del conjunto. La deuda de vida se describe como elemento constitutivo de las relaciones sociales. En tal sentido, se le concibe como un conjunto de interdependencias que toman forma de derechos y obligaciones recíprocos entre los miembros de la sociedad, que se reproducen de generación en generación.
Así, Ilán Bizberg plantea que la autonomización de los órdenes que constituyen las sociedades reclama un principio de cohesión ante la ruptura que los describe. El libro propone que las esferas de la práctica social del núcleo familiar, la corporación capitalista y el Estado administrativo restituyen esta separación artificial a través de los Estados de bienestar. En razón de ello, los sistemas de protección social se estructuran a través de tres relaciones macroeconómicas: una vendría a ser la consustancialidad económica, otra la alianza política y, por último, la protección interna. El Estado de bienestar constituye una mediación entre los diferentes órdenes sociales y, a la vez, se devela como un compromiso social entre los diferentes grupos de la sociedad, resultado de su necesidad de protección y del conflicto distributivo.
Por otra parte, la detallada revisión de los principales resultados en los estudios de los Estados de bienestar hace que la obra sea muy atractiva para aquellos lectores que buscan enterarse de la pluralidad de perspectivas sobre la región. El autor divide los estudios en dos conjuntos: el primero es descrito por aquellos que intentan llegar a un principio general que gobierna su evolución, y el segundo, por aquellos que buscan coincidencias y divergencias históricas y estructurales para formar grupos o clusters de países.
La revisión del primer conjunto ofrece una síntesis de su ontología y epistemología, que define la existencia de los sistemas de protección social sobre leyes generales. Hipótesis como el desarrollo de la democracia, la legitimidad del régimen político o los movimientos laborales se utilizan para explicar las condiciones sobre las que los Estados nacionales se ven motivados para desarrollar sistemas de protección social. Con un procedimiento metodológico top-down, se intentan verificar estas hipótesis que emanan de una ley única. En varios sentidos, es posible vincularla con la pretensión de descubrir la naturaleza del desarrollo democrático en los países de la región.
La segunda revisión pretende capturar las principales características del otro tipo de desarrollos, siguiendo la consigna que propone Esping-Andersen sobre abandonar la esperanza de encontrar una sola fuerza causal que explique la trayectoria de los Estados de bienestar. La manera de proceder de este tipo de estudios incluye la caracterización de los sistemas nacionales de protección social desde el método comparativo, con el objetivo de explicar su “arquitectura”. El análisis inductivo, caso por caso, centrándose en las diferencias y sus coincidencias, es la base para identificar grupos de países y de ahí construir tipologías.
Este conjunto de trabajos, en su mayoría, identifica tipologías de carácter cualitativo que se vinculan con solidez al trabajo de Esping-Andersen, en el cual las condiciones que describen los sistemas de protección social se vinculan con el régimen sociopolítico y éste, a su vez, está determinado por razones políticas y socioeconómicas. Retomando esta perspectiva, se han propuesto tipologías desde tres enfoques: la segmentación, la familiarización y la ciudadanía, que para el autor no son coherentes por completo, pues en algunos casos suelen empalmarse conceptualmente. Otra de las consideraciones que se plantea en dicha revisión es que la mayoría de estas tipologías son de carácter normativo y proponen una suerte de jerarquización en la que el sistema más “adecuado” representa el modelo ideal.
Apoyándose en los resultados de esta detallada revisión y del análisis histórico a profundidad de los países de la región, el autor moviliza inductivamente estos recursos para definir una tipología de cuatro Estados de bienestar. De acuerdo con ésta, en la que algunos podrían ser perfectos híbridos de dos o más tipos, el Estado, el mercado, la sociedad y la familia definen el actor dominante que administra y asigna la protección social, echando mano de algunas organizaciones o instituciones económicas, políticas y sociales para reunir, administrar y asignar los recursos en los Estados de bienestar.
El primero de ellos es el estatista, caracterizado por el dominio del Estado. La posición de los demás actores depende del grado de eficacia y cobertura de los servicios que proporciona el actor dominante a la sociedad. Debido a ello, el papel del sistema de protección social es secundario, mientras que el mercado presenta un carácter residual. La participación de la esfera doméstica tiene un rol más marginal en tanto que el Estado y la sociedad logren proporcionar servicios de manera adecuada a una proporción mayor de la población. Los estudios de caso de Costa Rica y Brasil constituyen dos aproximaciones a los sistemas de protección social en los que el actor dominante es el Estado.
La segunda esquematización propuesta por el autor se refiere a un tipo de Estado de bienestar sociocorporativista, que considera la sociedad como actor dominante. Aquí, el Estado se presenta como complementario en cuanto a su posición para proporcionar servicios vinculados a la protección social, manteniendo el mercado en un rol mejor descrito como residual y la esfera doméstica en un lugar marginal. En este caso, los regímenes de bienestar que más se acercan al “tipo ideal” son los de Uruguay y Argentina.
La tercera tipología se refiere al régimen mercantilizado. En éste, el mercado establece la manera en que se organizan y distribuyen los servicios de protección social. Ofrece una variante importante respecto de las demás tipologías, pues el actor dominante comparte su predominancia con el Estado. La relación que se establece entre el Estado y el mercado es de carácter subsidiario del primero hacia el segundo. Entonces, cuando los individuos no logran completar los pagos, el Estado interviene, otorgando un rol marginal a la esfera doméstica y a la sociedad. El caso chileno representa un buen ejemplo de este esquema en el que el mercado es dominante.
La cuarta tipología es el régimen familiar, que identifica un esquema de protección social en el cual las familias -y preponderantemente las mujeres- tienen un papel central o dominante. A través de recursos financieros y humanos, el orden familiar atiende a jóvenes, enfermos, desempleados y ancianos. En este régimen, el Estado asigna asistencia básica, mientras que la sociedad, a través de la caridad, la Iglesia o las organizaciones no gubernamentales, desempeña un rol complementario. El predominio de la familia como proveedora de bienestar se presenta en los estudios de caso de Bolivia, Ecuador y Perú.
Una tipología adicional que propone el autor es aquella en que el mercado, el Estado y la familia se encuentran en constante tensión: éste es el modelo híbrido. En estos esquemas no hay un actor dominante, sino que la arquitectura institucional de los Estados de bienestar combina los ámbitos públicos, privados y familiares. Estos regímenes encuentran un punto de inflexión en los periodos de liberalización económica, cuando las reformas estructurales y las políticas sociales focalizadas, aplicadas de manera generalizada, crean una tendencia hacia la descentralización de la responsabilidad del Estado en el bienestar. Los estudios de caso que mejor describen esta tendencia son México y Colombia.
Otro elemento para destacar del libro es que el autor se centra en cómo los Estados de bienestar permiten al lector explorar de manera comparativa los sistemas de protección social. Este estudio destaca la estructura institucional, el grado de cobertura, el desempeño general y la capacidad de los Estados de bienestar en la región de América Latina ante la crisis del COVID-19. Información sobre el gasto público y privado, cobertura, segmentación, infraestructura, recursos humanos y saldos de la pandemia complementa el estudio histórico, ofreciendo capacidad para evaluar de manera integral el estado de los sistemas de protección social en la región.
El autor da asimismo luz a los lectores sobre cómo las instituciones de los Estados de bienestar tienden a estructurar las relaciones en los mercados laborales. Dicho en otras palabras, los sistemas de seguridad social pueden configurar formas de inclusión y exclusión social. Esto se desarrolla siguiendo la hipótesis de trabajo según la cual los Estados de bienestar no sólo redistribuyen ingresos, sino que su configuración institucional puede influir en la valoración económica y el reconocimiento social. En este sentido, es posible que generen incentivos para la institucionalización de trabajos formales/informales, debido a que éstos determinan en cierta medida el poder de negociación de los trabajadores en América Latina.
El tema de las desigualdades sociales se complementa más adelante en el libro con el desarrollo de la relación entre Estado de bienestar y género. En este caso, se revisa de manera puntual la tesis de que los sistemas de seguridad social históricamente se han fundado sobre la división sexual del trabajo. En este contexto, el autor aclara al lector que los regímenes de bienestar tienen componentes institucionales que a menudo refuerzan los roles de género tradicionales. Esto puede verificarse tanto en el diseño de las políticas de protección social -por ejemplo, en el caso de las políticas de carácter contributivo-, en las que las mujeres se ven excluidas debido a que tradicionalmente son ellas quienes interrumpen su vida laboral por razones de cuidado. Además, en los programas focalizados se concibe a la mujer como madre cuidadora, lo que en algunos casos podría reforzar su rol doméstico y privarla de la oportunidad de alcanzar autonomía económica.
Al final de este interesante recorrido por la creación de los Estados de bienestar en América Latina, podemos reconocer en su conjunto el gran aporte de la obra. En suma, las líneas del libro permiten superar la dificultad de articular el desarrollo de estudios empíricos con los avances del pensamiento teórico. Lejos de las reglas universales, que son de uso cotidiano en la explicación estándar de los Estados de bienestar, el autor nos muestra que su configuración, institucionalización y estructuración dependen de diferentes maneras de una especificidad histórica. En este sentido, las tipologías que se proponen escapan de un principio único y, en cambio, se constituyen a través de una serie de permutaciones entre el Estado, el mercado, la sociedad y la familia. Así, los regímenes de protección social definen su configuración según el grupo social dominante que decide y administra la manera en que se monetizan los derechos sociales o, lo que es lo mismo, la deuda social del Estado. En este sentido, podemos decir que la tipología que propone el autor de los sistemas de protección social representa un isomorfismo del conflicto distributivo presente en cualquier sociedad capitalista moderna. Ello hace de esta obra una lectura imprescindible para todo el público interesado en el estudio comparativo internacional de la desigualdad en América Latina.










nueva página del texto (beta)



