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El poder local y sus grupos dirigentes no siempre gozaron de intereses coincidentes durante el proceso de construcción estatal en Bolivia.1 Como en el resto de los países hispanoamericanos, la primera mitad del siglo XIX vivió el inicio de la experimentación política liberal,2 la imposición de nuevas soberanías, legitimidades y legalidades y el tránsito hacia la incorporación al sistema capitalista de pretensión mundial, un proceso secular con base en los novedosos conceptos de la modernidad política y la búsqueda del Estado nacional.3 Fue una época en la que las llamadas de la administración central para la unión de partidos y conjunción de intereses económicos se toparon con la permeación de continuidades coloniales y la creación de nuevas prácticas ilícitas en la localidad, que minaron la autoridad real del Estado (Bonaudo, 2015, p. 19; Peralta e Irurozqui, 2000).
Para entender esa pugna, es necesario señalar que la legitimidad del nuevo orden institucional se asentó a velocidades diversas, según el instrumento tratado (Rosanvallon, 2003, pp. 16-20). En esta discusión, adquieren especial importancia las fronteras, con repercusiones transversales. Estas indican a qué Estado se somete un territorio concreto y en qué comunidad política recae la legitimidad pública para aplicar un código legislativo, apropiarse de los recursos económicos y construir una identidad diferenciada (Spíndola Zago, 2016, pp. 34-37). Para el caso latinoamericano, su difícil dibujo fue parte principal de ese proceso de institucionalización republicana, dada la fragmentación territorial en la que resultó la caída del régimen colonial (Guerra, 1995, pp. 9-10), y la línea fronteriza fue la base legal para propiciar el inicio del funcionamiento del nuevo cuerpo orgánico en un espacio (Cardete del Olmo, 2006; Montaldo, 1999, pp. 15-17; Moyano, 2003). Al tomar su implantación como un acto jurídico de delimitación (Bourdieu, 1980, p. 66), se entiende que debía ser algo aceptado por los grupos sociales que pretende separar lo que se convirtió en un condicionante claro en la voluntad de partición de regiones anteriormente articuladas con un comercio interior muy estrecho, como la andina (aún existe la partición jurisdiccional colonial; véase la conocida propuesta de investigación de Assadourian, Bonilla, Mitre y Platt, 1980).
En Bolivia, multitud de problemáticas condicionaron el proceso legitimador expuesto para el caso fronterizo. Autores como Conti (2008) , Langer (2009, 2003), Platt (2014; 2010) o Mitre (1986; 1981) señalan la continuidad de las redes comerciales coloniales en tiempos republicanos, obviando el corpus legal republicano. Santamaría (1986, p. 199) define la frontera como una línea superpuesta a zonas económicas de integración, remitiendo a conceptos de Assadourian (1972; 1973); mientras que Albó (2000, pp. 43-46) la ve como una arbitrariedad colonialista, un dispositivo con el objetivo de romper unidades étnicas preexistentes como la aymara, dividida con la línea que cruza el lago Titicaca. En definitiva, todos ellos muestran la ilegitimidad de las fronteras exteriores para gran parte de la sociedad boliviana durante la temprana república y, por lo tanto, la incapacidad del Estado incipiente para imponerla y para hacerse presente en el territorio, socializando el peso de la legalidad.
Por ende, si las fronteras se demostraron en Bolivia como instituciones de ardua aceptación, lo mismo ocurrió con su traducción jurídico-comercial, las leyes arancelarias; aspecto de importancia tomando en consideración la tendencia proteccionista en la totalidad de la región latinoamericana en la primera mitad del siglo XIX (Bértola y Ocampo, 2010, p. 63; Coatsworth y Williamson, 2004, p. 205). Una protección comercial que más allá de tener la voluntad de incentivar la industria propia, partió de necesidades fiscales del Estado, creando tensiones entre grupos locales que se vieron defraudadas por esa intencionalidad (Mitre, 1981, p. 48; Peñaloza, 1983, p. 234; Prado Robles, 1997, pp. 15-20). De ahí se infiere no sólo la debilidad de la autoridad central para imponer su proyecto como la mejor opción para el país, sino la existencia de espacios fragmentados en estrategias opuestas, contradicciones que impedían armar un proyecto económico sistematizado (Lefebvre, 1974, pp. 221-224). Entre los poderes locales y el Estado se evidenció una tensión intrínseca entre las propuestas de proyectos nacionales diferentes que catalizó la generalización de prácticas como el contrabando.
En el marco de la tensión entre las fuerzas en pugna por la imposición de la frontera, el Estado en formación tenía la intención de hacer que aceptaran sus reglas y de legitimar su legislación arancelaria deslegitimando las prácticas del resto, por lo que el contrabando se constituyó desde este como una práctica marginalizada económica y socialmente en el discurso oficial de la administración central4 (Muñoz Valenzuela, 2020, p. 228; Tassi, Medeiros, Rodríguez-Carmona y Ferrufino, 2013, p. 5). Lejos de convertir a sus actores en bandidos sociales románticos prepolíticos, como trató de teorizar Hobsbawm (1983, pp. 11-13) , esta práctica se convirtió en una desviación individualizada de la legalidad,5 habitando el margen económico para insertarse en el mercado mundial (Pérez, 2003, pp. 96-97; Rodríguez García, 2015). Ciertamente repercutió en algunos casos célebres, como en el de Gregorio Pacheco y su cadena de extracción ilegal de plata, en la formación de grandes fortunas y su institucionalización (Langer, 2018, p. 238; 2009, pp. 535-537), aunque en la mayoría de los casos se convirtió en un empleo cotidiano más de los que pudiera ofrecer el comercio internacional. El hecho de ser un trabajo que escapa del ojo estatal complica su estudio, mas lo sitúa como realmente interesante por superar el debate entre librecambio y el proteccionismo, importaciones y exportaciones, que ha dominado la historiografía económica, dándole una visión novedosa (Comín, 2018, p. 520; Cuenca-Esteban, 2014, p. 63; Langer, 2003, pp. 77-80).
En Bolivia, el contrabandista surgió tanto del dibujo de la frontera como de la inexistencia práctica de ella, o de un aparato burocrático desplegado capaz de imponerla. La existencia del contrabando y su importancia prueba, primero, la falta de aceptación de las instituciones en el país y, por lo tanto, el estado embrionario de la construcción estatal en términos de legitimidad, o la presencia de intereses cruzados de las administraciones locales con las actividades ilícitas, dando como consecuencia el surgimiento empírico de la diferenciación de estrategias entre poderes. Segundo, la disposición de productos atractivos para el mercado internacional junto a la necesidad de buscar vías para el aprovechamiento económico local que remitían al contrabando colonial tradicional. Tercero, la percepción generalizada de la población de la indetectabilidad del delito.6 La falta de habitantes, de vías de comunicación, de una difícil articulación del mercado interno, y la inercia histórica, eran motivos añadidos que explican su proliferación en la primera mitad del siglo XIX (Comín, 2018, pp. 482-520).
En este sentido, las “tierras de nadie”, territorios remotos, de control administrativo dificultoso, cumplían los requisitos para convertirse en tierras prolíficas para actividades que escapaban al Estado (Santamaría, 1986, p. 198).7 Dos regiones, en ocasiones contradictorias en la forma de ser entendidas,8 remitían a la perfección a esos preceptos en Bolivia: el espacio amazónico-chaqueño oriental9 y Atacama, o el departamento del Litoral. Territorios que coincidieron bajo la administración de José Ballivián (1841-1847) y que dieron a conocer el auge en el mercado internacional de dos de sus productos: la cascarilla, quina o cinchona en el norte yungueño y selvático del departamento del Beni y norte de La Paz, y el guano en el Litoral (Cajías, 1975; Lofstrom, 1974; Pérez, 2003, 2007). Para ambos, el Estado articuló respuestas de comercio monopolísticas en manos de compañías extranjeras, privando en la legalidad a los locales de gran parte de la explotación y el comercio del recurso favorecido, aunque con matices prácticos que expondré en este trabajo.
El objetivo de este artículo es conocer los acercamientos de la administración central y los poderes locales paceños y atacameños hacia la explotación y exportación de la cascarilla y el guano, lo que implica aprehender cómo los locales respondieron a las contratas externas de esos recursos naturales, de forma comparativa entre ambos productos. Se parte de que el proyecto económico del Estado para la cascarilla y el guano no fue aceptado por parte de estos grupos locales, y la falta de retornos para la acumulación de capitales propios condenó el entendimiento, favoreciendo el contrabando, considerado una resistencia local al proyecto económico central. En consecuencia, tampoco fue aceptada la frontera ni su legalidad arancelaria, obviando la autoridad del Estado liberal incipiente y la voluntad de imponer sus reglas, presentando un proyecto económico alternativo. Existieron también alternativas legales para la práctica ilícita que también fueron exploradas, pero la presencia del Estado en ambos territorios era deficiente, lo que impedía la defensa de la legalidad contractual y daba práctica libertad al comercio de productos virtualmente monopolizados -y hasta en el caso de la quina, la salida de semillas al exterior, con el daño económico que ello implicaría-. Cabe señalar que la incidencia del contrabando varió entre ambos casos analizados, lo que remite a la posibilidad de fronteras entre grupos locales, determinando certezas económicas según su proximidad al poder central.10
A continuación, trato de responder las diferentes cuestiones anunciadas, primero, exponiendo las estrategias seguidas para la comercialización del guano, tanto por la administración del Estado boliviano, liderada por José Ballivián, como por los poderes locales; después, haré lo propio para el caso de la cascarilla. Finalmente, unas reflexiones a modo de conclusión.
LAS ESTRATEGIAS FRENTE AL GUANO
En este apartado analizo las varias estrategias seguidas por distintos actores ante la presencia de guano en el Litoral boliviano en la década de 1840. Para ello, después de un acercamiento historiográfico, muestro la política del Estado respecto a este abono bajo las presidencias de Velasco y, sobre todo, de Ballivián, observando las contratas con dos compañías inglesas firmadas bajo el mando de este último. Contratas que recibieron críticas desde el territorio, el cual se adaptó para construir nuevos negocios ignorando el guano y optó por acceder a él ilegalmente.
El departamento del Litoral, territorio continente del guano boliviano, adoleció de varios impedimentos que, a la práctica, lo convirtieron en un margen territorial de la Bolivia del siglo XIX. Cajías (1997, pp. 130-131) demuestra la precariedad de la presencia estatal en la región atacameña por la dificultad de colonizar una zona desértica, las malas comunicaciones, la falta de flota y recursos a invertir y la feroz competencia de Arica, puerto peruano mejor situado para el intercambio con La Paz. Lofstrom (1974, pp. 185-188) , por su parte, indica las dificultades del presidente Sucre para potenciar el puerto de Cobija, dada la preferencia paceña por el emporio del sur peruano. El atacameño era un territorio de difícil encaje en el engranaje de la nueva república, arrastrando a su vez una larga tradición de contrabando como vía de salida al océano para la zona minera de Potosí (Aldunate, Castro Rojas y Varela, 2008, p. 97; Borie, Castro Rojas, Varela y Aldunate, 2016, pp. 209-211).
Aun así, diversos autores coinciden en que la década de 1840 fue de bonanza para el Litoral (Conti, 2019, p. 252; Langer, 2018, p. 236; Letelier Cosmelli, 2016). El puerto de Cobija pudo configurarse como estación comercial intermediaria entre Valparaíso y el sur del país (Langer, 2003, p. 82), estableció estrechos vínculos con las ciudades nor-argentinas de Salta y Jujuy (Schmit y Rosal, 1995, p. 586) y recibió a empresarios con cierto capital para el movimiento inversionista (Colàs, 2021a, p. 82; Conti, 2019, pp. 256-262; Galaz-Mandakovic y Owen Palma, 2015, p. 60). Motivos de crecimiento que en ningún caso se debían a la existencia de depósitos de guano en el departamento, un recurso natural que empezaba por entonces a devenir hegemónico en el Perú y que demostraba una gran capacidad de establecer encadenamientos económicos allí (Bonilla, 1974; Contreras y Cueto, 2013; Vizcarra, 2009), pero que en Bolivia parecía ser ignorado.
En realidad, no fue ignorado, sino que se construyó a su alrededor un entramado legal para convertirlo en una fuente de ingresos central para el Estado.11 Proyecto que se inició durante el efímero mandato de José Miguel Velasco, quien firmó una contrata en 1841 para la extracción y exportación del guano a través de una sociedad boliviana propiedad del comerciante cochabambino Juan Mariano Sanzetenea.12 Una firma que sufrió el mismo destino que la presidencia de Velasco, siendo defenestrada por el gobierno de José Ballivián, a finales de ese mismo año, sin conseguir iniciar la explotación guanera durante la poca vigencia de la contrata.13 Además, su poca incidencia propició que el guano no fuera monopolizado en un inicio, permitiendo la venta de pequeñas cantidades por parte de comerciantes radicados en Cobija al mercado internacional y, por lo tanto, cierto retorno económico para los grupos locales (Galaz-Mandakovic y Owen Palma, 2015, pp. 68-70).
La administración de Ballivián prohibió, el 20 de febrero de 1842, la extracción de guano boliviano, quedando oficialmente monopolizado,14 lo que permitió firmar una nueva contrata, esta vez con dos compañías inglesas, Myers Bland y Gibbs Crawley, radicadas en Valparaíso y Liverpool.15 Estas debían recibir los beneficios de 15% del total del guano exportado y vendido de cada una, y el 70% restante quedaría en propiedad del gobierno, evitando cualquier retorno económico al territorio y centralizando toda entrada al erario nacional.16 Las cantidades extraídas fueron menores de las esperadas por la competencia peruana y la difícil adecuación del guano sucio para el mercado, sólo se embarcaron 21 375 toneladas en 52 buques entre 1842 y 1845, de las cuales el gobierno pudo sacar 21 160 pesos y las compañías contratantes 4 504 pesos cada una.17 Aun así, se tenían grandes esperanzas en el recurso, visto como garantía en un futuro donde se democratizaría su uso en el campo europeo.18
Las previsiones de crecimiento del comercio del guano se vieron en el Litoral como una oportunidad truncada por la contrata extranjera. En consecuencia, en abril de 1842 hubo una protesta anónima en la prensa que, en nombre del conjunto de la sociedad boliviana, criticó duramente el negocio.19 El texto no discutió la conveniencia de hacer una contrata exclusiva, sino el hecho de que las guaneras, siendo una propiedad nacional, fueran puestas en manos europeas sin dar la opción a los bolivianos de presentar candidaturas propias para su remate. En concreto, “si se hubiese instruido a los Bolivianos de este asunto, indudablemente habrían habido muchos que, reuniéndose y formando sociedades ofreciesen la anticipación que han dado los estranjeros [sic] porque no faltan Capitales para semejante erogación [...], lográndose de este modo ocupar una parte de nuestras poblaciones, despertar así el espíritu de industria”.20
El territorio, argumentó, tenía la capacidad de absorber la contrata y provocar encadenamientos económicos que convirtieran al Litoral en un departamento autónomo con acumulaciones de riqueza propias. Teniendo la contrata en manos de empresarios locales, se aseguraba que los trabajadores también lo fueran, formando polos de crecimiento. En el texto se propuso también la posibilidad de distribuir las guaneras entre diversos individuos bolivianos como pago por servicios al Estado, o permitir su libre explotación sólo a individuos con la nacionalidad boliviana, estableciendo derechos de extracción o bancos de rescates.
Si se permitió la publicación de una crítica tal en un periódico oficial fue por ir acompañada, en varios números sucesivos, de una agresiva contestación de la redacción que mostraba la visión de la administración. Se achacó el ataque a intereses individuales apartados de la unión que requería la construcción nacional, justificando la contrata extranjera con una lista de motivos -en ocasiones contradictorios-, como el ser una evolución inevitable del contrato firmado por Velasco con Sanzetenea, tener la inmediata necesidad de recursos monetarios o no conocer una opción que contentara más intereses que esa.21 Pero, respecto de las fuentes ministeriales, la crítica anónima tenía sustento en la actitud del gobierno. En la correspondencia del Ministerio de Hacienda se afirmó que las compañías extranjeras eran las únicas que podían garantizar que el negocio del guano daría un provecho mutuo a las partes contratantes,22 teniendo como único objetivo el beneficio económico del aparato estatal y, por lo tanto, su fortalecimiento en el proceso abierto de construcción liberal.
Cuando se hizo evidente que el guano no se destinaría a la acumulación local ni tendría retornos económicos para la región, los locales buscaron alternativas de negocio evitándolo o usándolo igualmente. El gobierno, por su lado, potenció la compatibilidad de actividades interiores en el Litoral junto a las contratas del guano a través de la prensa oficial.23 Las duras condiciones climatológicas condicionaban severamente la agricultura (Dalence, 1851, pp. 68-69), aunque puedan destacarse los cultivos de forrajes (Carmona, Chiappe y Gundermann, 2021) destinados a la alimentación de la ingente cantidad de ganado ovejuno (unas 2 900 cabezas sólo en el cantón de Chiuchiu).24 Una actividad central fue la arriería para el transporte del interior boliviano y argentino al puerto y viceversa, por el complicado camino desde Calama, ocupando más de un centenar de los habitantes del departamento en 1845.25
En este sentido, José María Artola, español radicado en Cobija, fue ejemplo en la realización de actividad comercial alternativa para el guano. De hecho, firmó varias contratas con la administración de Ballivián durante el decurso de la década, lo que indica que disponía de un patrimonio pingüe (Conti, 2019, pp. 263-267). Por un lado, para internar azogues con los cuales surtir la Casa de Moneda de Potosí, para lo que utilizó la logística de las guaneras inglesas en el transporte del mineral desde Europa;26 por otro, para la llegada de remesas de fusiles para el ejército, con un total de 1 770 a siete pesos cada uno, llegados al país en enero de 1843.27 Un indicativo del volumen de comercio manejado por Artola fueron las entradas y salidas registradas en abril de 1843: movió 41 006 pesos en importaciones y 88 080 en exportaciones, de los 110 273 y 150 406 totales, respectivamente, registrados ese mes en el puerto.28
No obstante, una serie de motivos acabaron de magnificar la vía del contrabando para insertar al Litoral en el comercio del guano. En primer lugar, la inacción de la legislación protectora de la contrata monopolística. Se convino en que a los contrabandistas del guano se les impusiera la pena de hurto, más el comiso del buque con el que pretendieran transportarlo, de sus instrumentos y del abono extraído, el valor del cual se partiría entre el Estado y el denunciante.29 La presencia del buque guardacostas General Sucre, fletado por las compañías contratistas, permitió la aplicación de la ley con éxito hasta 1843 (Galaz-Mandakovic y Owen Palma, 2015, p. 75); pero el contrato, que estipulaba la necesidad de patrullar la costa atacameña con dos bergantines, acabó siendo tachado de irreal por parte de las sociedades inglesas.30 Debido a los beneficios limitados de la empresa guanera, desde Gibbs Crawley y en comunicación con el Ministerio de Hacienda se consideró que “dichas guaneras están bastantemente custodiadas con la jente [sic] destinada a la explotación; por cuya razón está de más el injente [sic] costo que hasta aquí ha gravado sobre la negociación con la conservación y subsistencia del mencionado Bergantín Guardacostas; por consiguiente no se conservará en adelante”.31 Sin buques, las costas quedaron libres para la navegación, sin presencia alguna del Estado para imponer la ley contratista, lo que dio certeza de indetectabilidad a los que quisieran participar del guano.
En segundo lugar, cuando el Estado, a través de sus administraciones intermedias, fue presente, pudo ser para coadyuvar la extracción más que para imponer la legalidad. En concreto, el Ministerio de Guerra achacó a la prefectura la debilidad mostrada ante los ataques contrabandistas:
en la bahía de Mejillones fondeó un bergantín, y que los individuos que trajo a bordo saltaron a nuestra costa con el objeto de estraer [sic] huano [sic]; y estrañando [sic], que limitándose únicamente a una notificación de pura seremonia [sic], no se haya empleado la Guarnición del Puerto en contener semejantes abanses [sic], [...] cuando se repitan estos atentados y no sedan [sic] a intimaciones oficiales, se les rechase [sic] con la Guarnición a viva fuerza.32
Se instó así a utilizar la fuerza, extremo que no ocurrió por una total inacción del prefecto. Autoridad que justificó su actitud argumentando que el guano extraído en contrabando era de mala calidad y geográficamente remoto, por lo que el envío de una fuerza armada a largas distancias suponía un dispendio mayor a permitir el robo.33 En suma, señaló a las guaneras como sospechosas, descontentas con las condiciones de la contrata y patrocinando la extracción ilícita a través de las acciones de trabajadores locales. Primero, apuntó al trabajo de los mayordomos de guanera, atacameños dedicados a llevar la razón de las toneladas de producto cargadas en cada buque. Presuntamente, pudieron dedicarse a adulterar las cuentas de la empresa, cargando más guano del permitido en cada buque, y a ayudar a los grupos dedicados a la sustracción. Ante el robo por parte de un buque chileno de 350 toneladas de guano en el sur, consideró que “no cabe duda que el mayordomo Tomás [...] ha tenido intelijencia [sic] con los Capitanes de dichos Buques: de otro modo era imposible que pudiesen cargar tanto huano [sic] en tan pocos días y en aquellos puntos de tan difícil acceso”.34 Aunque no pudo probarse, la “sospecha que esté complicado uno de los mayordomos” en el “robo ejecutado al sud” fue recurrente en la correspondencia del prefecto.35 Segundo, consideró al inspector de guaneras un personaje sospechoso, no tanto para el contrabando autónomo,36 sino para propiciar el fraude de las empresas contratistas. El prefecto insinuó que el inspector estaba del lado de las sociedades inglesas, que “siendo hoy buenas mañana dejan de serlo”,37 pudiendo obviar la adulteración de las cuentas de los mayordomos y así esquivar las limitaciones de ganancias establecidas por contrato.
Una protesta que, aunque no tuvo consecuencias, evidenció la contrariedad de las autoridades propias del Litoral respecto a las contratas del guano. La disputa entre prefecto e inspector de guaneras -con el que se posicionó el ejecutivo- perfiló la existencia de intereses opuestos entre la localidad, proclive a liberalizar de forma controlada la extracción para el retorno económico en la propia región,38 y la administración central, interesada en la continuidad de las grandes contratas extranjeras para el beneficio inmediato. No obstante, ambos pudieron permitir la existencia de contrabando, tanto por parte de individuos locales como por fraude de las empresas contratantes.
En tercer lugar, por la ineficiencia en la legislación, la inacción de las autoridades y la proximidad al océano, las vías de escape para el robo de guano fueron muchas y la colaboración con actores contrabandistas internacionales, quienes incentivaron la actuación ilícita local, fue constante. Caso paradigmático fue el del capitán francés Tomás Bordenave, quien entre 1844 y 1846 se dedicó al robo pirático en las costas guaneras, llegando a tomar posesión del yacimiento de la isla de la Chimba y a pausar las actividades de las compañías inglesas al sur de Cobija.39 Bordenave repartió por la costa sureña grupos reducidos de individuos locales contratados para trabajar en una rápida extracción de guano, actividad conocida gracias a la confesión del atacameño Isidro Gaete frente al inspector de guaneras.40 Incluso, y conociendo sus actividades, la prefectura no cedió y se negó a actuar contra los grupos de Bordenave, permitiendo un constante goteo de robos en las guaneras del sur, desde donde el guano era trasladado a Valparaíso.41
La existencia y proliferación del contrabando de guano y sus redes internacionales demuestran que, al contrario de la contrata inglesa, el robo era rentable. Teniendo en cuenta la implicación de actores como el contrabandista extranjero y el individuo local contratado, y el hecho de que las autoridades locales y personajes como el mayordomo de guaneras pudieran obviar sus movimientos, considero que estas actividades generaron beneficios de los que pudieron participar los habitantes del Litoral, al contrario de las contratas extranjeras. El contrabando democratizó el guano entre los implicados, siendo una resistencia a los intereses del gobierno y demostrando la existencia de proyectos alternativos que pudieron articularse en los márgenes del territorio. La naturaleza ilegal del contrabando, no obstante, implica tal escasez de fuentes oficiales que impide formalizar las afirmaciones con datos numéricos que lo respalden. Sin embargo, considero que la comparación con el proceso seguido por la cascarilla, a continuación, permite contrastar estas tesis.
LAS ESTRATEGIAS FRENTE A LA CASCARILLA
En este apartado trato de examinar los diversos intereses y proyectos que recayeron sobre el recurso vegetal de la cascarilla. Enmarcándome en estudios sobre el territorio del norte paceño y la problemática del comercio cascarillero, recorro la política seguida al respecto por las administraciones de Velasco y Ballivián, con tendencia hacia la voluntad de aumentar el control central y el beneficio del erario; la contrata monopolística de la compañía del argentino Jorge Tezanos Pinto y su difícil aplicación, y la adaptación de la localidad al proyecto patrocinado por el Estado.
Trabajos como los de Ferrié (2018, pp. 167-174) y Redó Puente (2019) permiten conocer el territorio del norte de La Paz42 como casi ignoto, con una presencia estatal mínima, al margen de las diferentes administraciones y proyectos que ostentaron el poder presidencial boliviano. Un aislamiento superior al del Litoral, que dificulta la existencia de estudios dedicados a la región, pero que no la situaba fuera de las circunstancias económicas del momento, como afirma Gamarra Téllez (2012) , máxime al producto natural más prometedor que esta ofrecía en la década de 1840, la cascarilla. Por ello, los trabajos de Carlos Pérez (2007, pp. 215-231; 2003, p. 98) son clave para entender la relación de la cascarilla con su entorno, la vía de salida hacia Arica y La Paz, centro del comercio del recurso en la década, su papel en la construcción del Estado republicano incipiente y la existencia de contrabando y bandidaje cascarillero en la época.
Existe el acercamiento in situ protagonizado por el explorador y botánico francés Alcide d’Orbigny (1845). En sus palabras, “en el año de 1830, el acopio de la cascarilla vino a dar una nueva vida a la provincia [de Caupolicán], por el comercio que este precioso vegetal atrajo a su interior, y solamente desde entonces los habitantes, acostumbrados al simple comercio de trueque, empezaron a conocer el valor del metal amonedado” (p. 25). Esto es, el comercio de la quina permitía el retorno de recursos económicos a los habitantes indígenas de una región otrora aislada del sistema monetario y del mercado interior y exterior. Unos beneficios de los que d’Orbigny (1845, pp. 74-75) previó un crecimiento exponencial a medida que el Estado pudiera proteger el comercio y la extracción.
Política de libertad de explotación y venta sujeta a aranceles que continuó durante la presidencia de Velasco y durante los primeros años de la de Ballivián. Nombres como Manuel Peñalosa, Juan Más, José Garitano Zabala, José Castaños, Pedro Blaye, Otón Finch y, sobre todo, Emeterio Villamil,43 aparecen de forma recurrente en la documentación ministerial como mercaderes opulentos, de presencia constante en el camino del punto de extracción a La Paz, y de allí a Puno (fuera por tierra o por la intermedia vía lacustre), Tacna y el puerto de Arica. Junto a ellos, comerciantes con menor margen de beneficio y, como los que describió d’Orbigny en el texto anterior, asentados en la región. Ambos grupos enfrentaron la reglamentación de la extracción cascarillera, decretada en marzo de 1842, que detalló el pago de 20 pesos al quintal de cascarilla exportada en las instalaciones de aduanas, y estableció un retén en Pelechuco, Caupolicán, otro en Mocomoco, Muñecas y otro en la villa de Esquivel (o Sorata), Larecaja, para el cobro de aranceles.44 En suma, estableció el paso obligatorio de las cascarillas por la ciudad de La Paz para dirigirse a la frontera, debiendo afianzar en la ciudad una parte del arancel. Los administradores aduaneros, que controlaban los retenes por remate público, ganarían su sueldo según la cantidad de quina exportada legalmente. Así, al definirse la parada obligatoria en La Paz y el cobro de los aranceles en aduanas paceñas, el gobierno trató de desviar dinero perdido con el contrabando hacia los locales que controlaban sus aduanas por remate, quienes en consecuencia estarían interesados en fomentar el comercio legal,45 lo cual, en definitiva, pudo crear un conflicto de intereses entre los encargados de las aduanas y los comerciantes cascarilleros (Shchelchkov, 2011, pp. 39-40). Estos últimos remitieron continuas quejas por el crecimiento progresivo de las tarifas de extracción46 y, al verse ignorados, participaron del auge contrabandista de la quina alrededor de la frontera con el Perú47 para tratar de aumentar su margen de beneficio.48
La guerra peruana entre 1841 y 1842 frenó el comercio y causó pérdidas tanto a aduaneros como a cascarilleros. La administración trató de encauzar la situación haciendo un primer intento de remate del impuesto de la cascarilla en enero de 1842,49 que acabó por ser desierto; una propuesta para el establecimiento de un banco de rescates en 1843 tampoco tuvo recorrido.50 Con la estabilización del país, la afirmación antes citada en la correspondencia del ministro de Hacienda, según la cual sólo las compañías extranjeras podían asegurar un beneficio para el erario en la explotación del guano,51 pareció ser vigente también en el negocio de la cascarilla, cuando se hizo evidente que la libre extracción bajo pago de arancel no permitía controlar el problema del contrabando.
En este sentido, el gobierno recibió el interés de capitalistas foráneos dispuestos a monopolizar la extracción de cascarilla boliviana a cambio de ingentes sumas. Ejemplo de lo cual fue el inglés Louis Stevenson, quien, en agosto de 1844, expuso en una carta al periódico oficial las bondades de establecer una contrata cascarillera. En ella, consideró que:
es tan notorio el contrabando que se ha hecho [de cascarilla] [...], como es notoria la insuficiencia de las medidas hasta hoy adoptadas para evitarlo. El interés individual más enérjico [sic] que toda restricción, y favorecido por la topografía del Departamento, y su dilatada frontera en contacto con la del Perú, primer mercado de las cascarillas, burlará siempre y en perjuicio del Erario, todo esfuerzo que se haga para evitar su clandestina esportación [sic].52
1 116 quintales de cascarilla registrados en la aduana de La Paz contrastaban con los más de 3 500 llegados a Tacna entre 1843 y 1844, una sangría inevitable por parte de la administración, pero contra la que un contratista privado, decía Stevenson, podría luchar. Se comprometió a reducir el monto de quina circulante para subir su precio, establecer un férreo control de la frontera peruana y pagar puntualmente 134 000 pesos en tres años por la extracción anual de 3 000 quintales.53
Su contrata fue desestimada. En su lugar, se aceptó la propuesta de la empresa del argentino Jorge Tezanos Pinto (Conti, 2019; Pérez, 2007, p. 228), sostenida por capitales de socios tanto unitarios argentinos exiliados (Blumenthal, 2015, p. 265), como el mismo Pinto o Pedro José Portal, como de cascarilleros paceños, citando a Casimiro Bacarreza, Ildefonso Huici y Benigno Clavijo.54 La firma implicó la cesión de los derechos de extracción de cascarilla en monopolio por cinco años a cambio de 119 000 pesos, pagaderos a partes mensuales pero proclives a ser aumentados según los requerimientos del gobierno. Aprobado en 1844, con ciertos cambios del legislativo, se mantuvo la obligación de atravesar las aduanas de La Paz para reportar retornos del comercio cascarillero a la región a través del pago de guías selladas,55 se ordenó entablar relaciones con el cónsul en Tacna que debiera controlar el tráfico56 y se insistió en la obligación de la compañía de proveer vigilancia fronteriza para acabar con cualquier contrabando.57 Además, se pidió no exportar más de lo necesario para aumentar el precio del producto en Europa, calculando un máximo de 5 500 quintales anuales entre los extraídos legalmente y las cantidades que de forma inevitable pudieran salir de manera ilegal.58
Contrata de difícil aplicación por lo remoto del territorio donde recayó su autoridad y por la larga tradición de comercio entre los locales. De hecho, varios síntomas demuestran el mal desempeño del monopolio y la existencia de una respuesta local ilegal frente al proyecto patrocinado por la administración. En especial, primero, el bajo nivel de movimiento en el giro de guías para la exportación de la cascarilla a la aduana de La Paz, recibiendo, en noviembre de 1846, un total de 454 pesos.59 Segundo, había grandes cantidades de cascarilla en Lima en manos de especuladores, quienes, además de provocar un descenso en la demanda, no podían provenir de la compañía de Pinto, obligada a exportar el producto desde Arica a Europa o Estados Unidos.60 Tercero, en octubre de 1845 se decretaron nuevas medidas para acabar con el contrabando del recurso, dando mayores competencias a los gobernadores de las provincias de Caupolicán y Muñecas para defender la frontera y aprehender a los corregidores que estuvieran tolerando la extracción fuera de la ley. Esos mismos corregidores, situados en Sorata, Mocomoco, Charazani y Apolo, deberían también celar por la salida única de la quina hacia La Paz.61 Tres indicativos que, por sí mismos, demostraban la agudez del contrabando de cascarilla y la imposibilidad de la empresa contratista para imponer su monopolio.
El decreto de octubre de 1845 merece atención, ya que en sus disposiciones aumentó los poderes de los gobernadores y corregidores de la zona cascarillera. Algo especialmente importante debido a que estos cargos institucionales de poder local pudieron articular el contrabando de la cascarilla en origen. Desde El Restaurador se afirmó un año antes de la promulgación del decreto que
confiriendo la ley a los gobernadores de ellas las vastas atribuciones de la policía, de la recaudación de las rentas fiscales y todas las demás cosas en que se ejerce la acción administrativa, tienen un gran espacio para cometer mil abusos y estorsiones [sic], que pueden escapar al conocimiento del gobierno Supremo, si un alto funcionario como es el Prefecto, no va a descubrirlas y sorprenderlas en los mismos lugares que se cometen.62
Esos abusos se concretaron con los movimientos del gobernador Dehesa, de la provincia de Muñecas, de quien se decía “ser el primer contrabandista i protector del contrabando que hacen sus correjidores [sic] i demás vecinos” con dirección a Puno y Tacna, burlando a las autoridades y haciendo temer a Pinto por la posible quiebra de su empresa.63 Cargos de poder local que, en connivencia con los grupos dirigentes económicos de la localidad, rompieron en la práctica el monopolio de la empresa contratista,64 creando redes internacionales, con la formación de empresas oficiales en el departamento peruano de Puno, dedicadas abiertamente a la toma y venta de cascarilla boliviana sin intermediarios.65
En definitiva, la tradición de los comerciantes cascarilleros practicantes del libre comercio del recurso, fuera legal o por contrabando; la connivencia de las autoridades con los intereses económicos locales que pasaban por la extracción de cascarilla hacia el Perú, y la ineficiencia de la legislación para frenar las actividades ilícitas, condenaron a la contrata de Pinto a la irrelevancia económica y al surgimiento de alternativas a la caída de Ballivián (Pérez, 1997), y aún más a finales del siglo XIX.66 Lo que demuestra la existencia de proyectos locales alternativos al de la administración central también en lugares geográficos tan remotos como el norte paceño, señal de las dificultades del Estado para imponer un criterio único para la acumulación, para hacer valer la autoridad legal y, por ende, para ser presente en la totalidad del territorio. La localidad se adaptó a la contrata extranjera ignorándola, tendiendo puentes con redes de contrabando peruanas y atrayendo a las autoridades locales hacia el comercio ilegal.
REFLEXIONES FINALES
En la Bolivia de la década de 1840 la frontera siguió siendo un ente abstracto, permeable, sin una total legitimidad institucional. Acompañados de una serie de aranceles previstos para redondear la fiscalidad de la administración central, grupos de inversores locales trataron de prosperar dentro del marco legislativo, mientras que otros individuos optaron por resistir su imposición a través del contrabando. En este caso, especial importancia adquirieron nuevos recursos en pujanza de territorios fronterizos, como fueron el guano y la cascarilla. Su extracción ilegal se mantuvo a niveles bajos en la primera parte del gobierno estudiado, pero aumentó exponencialmente a partir del establecimiento de sendos monopolios. En el caso de la quina, aprovechando brevemente un semimonopolio mundial en la producción (Mendieta Parada, 2014, p. 62), mientras que para el guano, sufriendo las consecuencias de la competencia peruana (Colàs, 2021a, pp. 86-87).
Así, se definieron varios proyectos económicos en pugna. Por un lado, el del Estado, tendiente a la centralización y a la extracción de recursos de las periferias; por otro, los de las localidades, que aprovecharon aquello que les era más cercano. Eran acercamientos diferenciados en una misma estrategia para la inserción al mercado internacional a través de la venta de productos en auge, estando la primera legitimada por el orden constitucional y la segunda en pugna con este.67 Pero la existencia de varios acercamientos implicaba tanto el rechazo local del proyecto económico del Estado como la incapacidad de este para imponerlo, así como la necesidad de los grupos locales de encontrar vías para la acumulación y la sensación de indetectabilidad del delito.
Para el trato con el guano, el acercamiento de la administración fue agresivo, ya que ni de la contrata ni del recorrido que debía seguir su exportación resultaba un retorno económico directo al departamento del Litoral. La incapacidad para proveer una vía de acumulación de recursos a los locales convirtió al contrabando en la única opción de acceso a él, permitiendo la creación de redes con actores piráticos extranjeros y, en definitiva, la democratización del recurso. Para el caso de la cascarilla, la estrategia central fue más tímida; la extracción requirió el pago de guías en las aduanas paceñas, siguiendo caminos muy concretos hasta su salida hacia Puno. Por lo tanto, implicó un retorno, aunque sólo para los rematadores de aduana y no para los antiguos cascarilleros o los habitantes del norte paceño, quienes tramaron extracciones ilícitas en alianza con las instituciones locales y mercaderes peruanos, en resistencia al criterio central.68
Existieron así diferencias entre las estrategias de guano y cascarilla, lo que me permite vaticinar la existencia de una voluntad circunstancial del ejecutivo de favorecer cierta acumulación en La Paz, centro político del propio proyecto de Ballivián, mientras que el Litoral quedaba apartado de él. Aunque, en parte, esa diferenciación también pueda explicarse por la mayor proximidad de las guaneras al mercado internacional (esto es, al océano) en comparación con los bosques de cascarilla. Sea como fuere, y contando con que ambos argumentos no son excluyentes, el hecho de establecer esta comparativa y constatar que, a pesar de las variaciones, tanto la estrategia del Estado como la de la localidad son parecidas, permite pensar que esta sucesión de relaciones, resistencias e iniciativas legales no fue algo puntual, sino una relación cercana a la causa-efecto para ese momento histórico. El contrabando se configuró como una respuesta de la localidad al proyecto central desde el margen legal, lo que no sólo remite a una continuidad con el pasado colonial, sino también a la creación y existencia de otras formas de pugna política y, en definitiva, de propuestas de construcción del Estado (Irurozqui, 2015).
