Conscientes de que vivimos tiempos de cambios acelerados en los que la tecnología es una herramienta que puede favorecer procesos y agilizar acciones, la revista Medicina y Ética ha ido evolucionando a lo largo de treinta años de publicación cuatrimestral ininterrumpida. Como parte de este camino, nos encontramos en un momento determinante de nuestro crecimiento.

Desde el año 2017 transitamos a una publicación en línea en la plataforma de software de código abierto Open Journal Systems, con el fin de cumplir con uno de nuestros objetivos, que es la difusión gratuita y de gran alcance de los conocimientos y de la cultura de bioética. También, nos dimos a la tarea de publicar cada artículo en español y en inglés, y en los formatos PDF y XML.

Esto nos ha ido permitiendo conservar indizaciones importantes y obtener otras nuevas. Actualmente estamos indizados en el Directorio de Latindex en sus versiones impresa y electrónica, en el catálogo v1.0 de Latindex (catálogo, versión 1) en su versión impresa, en MIAR, al igual que en la base Bibliografía Latinoamericana de revistas de investigación científica y social (BIBLAT), en The Philosopher's Index, así como en Google Scholar.

Desde el año 2017 nos propusimos también estar indizados en SCOPUS, con el propósito de fortalecer nuestro nivel académico y lograr la excelencia como publicación continua. Por ello, de cara a este proceso hemos renovado también nuestros Consejos, generando la figura del Consejo Científico, conformado por expertos nacionales e internacionales que orientan las acciones y estrategias para lograr el rigor académico que buscamos en nuestra publicación, así como también el Comité Editorial, conformado igualmente por grandes profesionales en el campo de la bioética, que se reúnen periódicamente para sugerir acciones y ayudar a darle una mayor difusión a nuestra revista. Ambas figuras son esenciales para nuestro funcionamiento y para lograr la indización en SCOPUS, por lo que queremos aprovechar este espacio para agradecerles a quienes han formado parte de este proyecto desde hace varios años y a quienes se están incorporando y sumando a partir de este número.

De igual manera, es importante mencionar que contamos con un nuevo director de la revista, el Dr. Fernando Fabó, quien es, también, el actual director de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac México. Sustituye al Dr. Antonio Cabrera, quien ha culminado su periodo con grandes acciones y dejando una huella imborrable tanto para esta publicación como para la Facultad, y a quien le agradecemos su impulso y visión para dar un paso más en la búsqueda de la verdad y de la excelencia.

Sirva, por tanto, esta editorial para darle la bienvenida al Dr. Fernado Fabó como nuevo director. Su amplia trayectoria en el campo de la bioética, sus estudios e investigaciones rigurosas en esta disciplina, así como su visión fresca e innovadora contribuirán sobremanera a conseguir las metas que nos hemos planteado.

Con estos cambios y nuevos horizontes inauguramos una nueva etapa en nuestra revista, en la que agradecemos a nuestros suscriptores el haber podido llegar hasta aquí, al tiempo que les pedimos su apoyo y retroalimentación para continuar y seguir dando pasos que logren fortalecer la cultura bioética en México y en el resto del mundo.

Sin lugar a dudas, la bioética es dinámica y lo es en función de los avances vertiginosos de la ciencia y la técnica. No obstante, asistimos a un empate entre éstos y la reflexión ética, gracias a los constantes cuestionamientos sobre ámbitos de la conducta humana que intervienen sobre la vida y sobre la salud. Así, este número da cuenta del papel de la bioética como ciencia imprescindible en el acelerado mundo de los cambios científicos, con temas que van desde la preocupación por el éxito de los tratamientos médicos en el binomio de la relación médico-paciente, hasta la ética en la investigación, las intervenciones intrauterinas y sus implicaciones éticas y morales, la reflexión sobre el actual entendimiento de la autonomía del paciente y los retos que implica pensar en un sistema y en unos principios de acción global desde la bioética. En resumen, este número comparte la inquietud de repensar lo dicho y lo planteado hasta ahora en la bioética de nuestro tiempo.

En el primer artículo, Robertha Mendoza plantea el tema de la adherencia terapéutica en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, y reflexiona sobre las causas que llevan a los pacientes a no cumplir con los tratamientos planteados por los profesionales y al consecuente deterioro de su salud. Propone que las causas son mixtas y pueden ser responsabilidad tanto de los mismos pacientes como de los sistemas de salud.

Así, determinantes sociales de la salud, como el acceso a la educación y a los servicios de salud, pueden alterar la adhesión a tratamientos que procuren cambios en los estilos de vida que influyen directamente en las condiciones de las personas tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, y que repercuten en el mayor tiempo de hospitalización, incremento en los ingresos a urgencias así como en los aumentos en los costos. Por esta razón, la adherencia terapéutica no es responsabilidad única del paciente, sino que debe ser compartida; en consecuencia, se debe fortalecer e impulsar la educación del paciente, la información, el razonamiento y las acciones para generar estrategias y programas de educación en salud, de manera que disminuyan las causas de la falta de adherencia terapéutica.

El segundo artículo, de Ricardo Paéz, presenta una veta novedosa en el ámbito de la investigación científica, que es la óptica desde la ética pública para determinar el valor social de la investigación.

Tradicionalmente se ha planteado la ponderación de la eticidad de las investigaciones biomédicas con seres humanos mediante la balanza riesgo-beneficio, pero esto representa una visión individualizada que sólo contempla el beneficio para un individuo, pero no para una comunidad, por lo que plantearlo desde los objetivos de la ética pública implica ponderar el valor social que beneficiará no sólo a un individuo sino a una comunidad.

El valor social se inscribe en el principio de justicia y de la justa distribución de bienes, pero en el caso del lente de la ética pública, el bien puede representar el valor social del conocimiento generado que deberá quedar al margen de intereses económicos y/o comerciales. Por lo anterior, la determinación del valor social deberá tener como criterio fundamental la prevención del daño y el impacto positivo en la comunidad, lo que da como resultado una relación armónica entre los investigadores y la comunidad.

El autor menciona algunas causas del olvido de la consideración respecto del valor social, como el individualismo explicativo, un conflicto de interés o la privatización del conocimiento. Para combatirlos se recomienda tomar en cuenta las determinantes sociales de la salud, las cuales determinarán el riesgo para una comunidad y proporcionarán elementos para mitigarlo. Se proponen, además, otros principios para determinar el valor social, como el beneficio público, la proporcionalidad, la equidad, la confianza y la rendición de cuentas.

El tercer artículo de este número representa una discusión actual y muy relevante para el avance científico en lo referente al diagnóstico prenatal, y tiene que ver con las intervenciones médicas y quirúrgicas en el feto para corregir anomalías congénitas.

Milagros D’Anna y Gustavo Páez retoman las discusiones planteadas en torno al estatuto humano del embrión en el ámbito de la medicina fetal y de las intervenciones quirúrgicas en el feto, resaltando las bondades que se derivan de la pronta detección de anomalías y de su consecuente tratamiento. Mencionan, además, que esta posibilidad a menudo ha orillado a negar el derecho de nacer a aquellos fetos en los que se detectan discapacidades y enfermedades congénitas, por lo que conviene revisar los fundamentos del actuar médico en estos escenarios y concretamente en este campo especializado de la medicina.

Así, plantean tres posturas diferentes sobre la eticidad de intervenir sobre el feto como paciente, con el propósito de salvaguardar su vida física o brindarle calidad de vida.

La primera es la fundamentación ontológica, la cual concibe al feto como persona desde el momento de la concepción, en cuanto substancia que existe en sí misma y no en otra, por lo que su valor se encuentra en el plano ontológico y no queda sujeto a consideraciones sobre sus actos o funcionalidad. En esta postura, el feto merece la atención y protección de salud como cualquier otra persona, en función de su dignidad intrínseca.

La segunda postura, la funcionalista, pone énfasis en las funciones, capacidades o actos que es capaz de ejecutar el feto, por lo que su consideración hacia él se limita al plano de su sensibilidad compartida con los demás animales, reduciendo la obligación ética a minimizar y evitar su sufrimiento y dolor. Quienes sostienen esta postura afirman que existe un salto cualitativo entre el feto no nacido y el niño, y que su ser persona viene dado una vez que se encuentra fuera del vientre materno y no antes. Este salto cualitativo consiste en la viabilidad extrauterina y en el deseo de la madre de continuar con su embarazo y dar a luz. En esta postura, el estatus moral del feto viene dado, entonces, por su viabilidad y por el hecho de ser aceptado por la madre, enfatizando lo que el feto puede hacer por encima de lo que es.

Por último, la tercera concepción se basa en el principialismo y en sus cuatro principios como criterios de decisión. Entre ellos, se subraya la autonomía de la madre en particular, haciendo depender el estatus moral del feto de la decisión materna.

Ante este abanico de posibilidades, los autores sostienen que el feto es una persona merecedora de la protección y atención de su salud, y que debe tratarse como tal para favorecer las intervenciones que protejan su vida.

El artículo de Victoria Fernández presenta una primera aproximación al gran reto de «desterritorializar» el campo y objeto de estudio de la bioética general, para retornar a las intenciones originales de Van Ranssaeler Potter, que tenían que ver con el estudio de las ciencias de la vida y de la salud, mediante la puesta en práctica de la bioética global.

Dos sucesos han sido claves para entender esa subdisciplina de la bioética: la Carta de la Tierra y la Declaración de los Derechos de las Generaciones Futuras. Ambos acontecimientos han sido trascendentales para plantear problemas complejos que atañen a toda la humanidad y que merecen una seria y profunda reflexión y propuestas urgentes de solución, en el entendido de que la degradación ambiental es, también y a la par, una degradación social y viceversa.

La novedad que nos presenta la autora radica en pensar que el campo de acción de la bioética no se ciñe únicamente a las ciencias biomédicas ni al ámbito clínico, sino que su interés radica, también, en otras realidades, como el entendimiento de la persona en sus relaciones sociales y, por ende, de las comunidades como lugar de encuentro y crecimiento interpersonal, así como de la naturaleza como casa común y de las generaciones futuras.

De modo muy esclarecedor, la autora hace la diferencia entre sistemas, valores y principios, para dotar de fuerza y solidez el estudio de la bioética global, afirmando que mientras un sistema constituye un conjunto de normas y procedimientos comunes a una sociedad, los valores, por su parte, son aptitudes o cualidades que dictan la conducta de un individuo en sociedad, así como los principios son una guía que marca la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto y son de carácter universal.

Con esta distinción, la autora propone, de modo preliminar, algunos principios para la puesta en práctica de una bioética global, entre los que destacan, entre otros, el principio de proporcionalidad del daño-beneficio y el principio de razonabilidad en la legitimidad de una decisión.

El último artículo, de Paola Buedo y Florencia Luna, propone un replanteamiento del tradicional principio de autonomía de la bioética principialista en lo referente a la toma de decisiones en pacientes con alteraciones mentales.

En este contexto, afirman que, mientras que la autonomía se ha concebido de forma aislada en los pacientes, provocando que en aquellos con problemas de salud mental se favorezca la aparición de estigmas sociales y de nulidad en sus decisiones, el concepto de autonomía relacional permite una comprensión más amplia de la misma y favorece una toma de decisiones conjunta entre los profesionales, el paciente y su familia.

La autonomía relacional parte de la base de que las decisiones se toman con base en las relaciones sociales y en el contexto en que se encuentra el paciente, de tal manera que, de existir condiciones que aumenten la vulnerabilidad de la persona, éstas deberán ponderarse en la decisión conjunta, y no tomarse de forma aislada ni definitiva.

Las autoras advierten, además, sobre la precaución que hay que tener en el concepto de vulnerabilidad, pues también puede derivar en estigmas sociales impuestos que discriminan y no favorecen el respeto a la persona. Por este motivo introducen el concepto de capas de vulnerabilidad, las cuales deberán irse paliando para fortalecer la autonomía relacional.

Así, la toma de decisiones compartidas plantea una novedad respecto de la consideración del principio de autonomía en las relaciones entre pacientes y profesionales de la salud, y permite involucrar el contexto, las circunstancias y las relaciones sociales, fortaleciendo la unión de saberes en la toma de decisiones que entable, a su vez, un diálogo entre la vulnerabilidad y la autonomía del paciente, especialmente para aquellos pacientes con alteraciones en su salud mental.

Finalmente, en este número se presentan dos reseñas. En la primera, Patricia Hernández aborda lo planteado por Octavio Márquez en cuanto a las relaciones entre las neurociencias y la neurobioética, la psicología y la psiquiatría, con la finalidad de abordar el estudio de la salud mental dentro de la complejidad de sus relaciones y desde la óptica de la persona humana como un todo y bajo una metodología inter y transdisciplinar.

En la segunda, José Enrique Gómez Álvarez hace una revisión de los temas abordados por la Comisión Nacional de Bioética en su vigésimo quinto aniversario, que tienen como eje vertebrador los derechos humanos. Dichos temas van desde el estatuto humano del embrión, hasta los avances científicos y técnicos, la ética de la investigación en seres humanos, el consentimiento informado, la salud mental y la medicina genómica. Con todos ellos, la Comisión ha hecho una labor ardua para impulsar la cultura de la bioética en nuestro país, tal como queda de manifiesto en esta obra reseñada.