Introducción: el lulismo y el giro nacional popular en América Latina

El gobierno de Luiz Inácio da Silva (Lula) aparece en buena parte de la literatura como expresión del “giro a la izquierda”, aunque se debate sobre las características de dicho giro. De acuerdo con las categorías de la política de la liberación (^{Dussel 2009}), podríamos hablar de un giro popular, en tanto que lo popular es la expresión fenomenológica del pueblo, que se expresa parcialmente en algunos procesos políticos de la región, siendo el pueblo un proceso constituido a partir de la escisión de los oprimidos del bloque histórico en el poder.¹ El hecho fundamental del giro posneoliberal es que un conjunto de grupos políticos y sociales que organizan a las clases populares y a sectores subordinados en el campo del poder pasan, de un momento de resistencia a la política neoliberal, a ser parte de la construcción de alternativas políticas (con mayor o menor protagonismo y en determinada correlación de fuerzas). De ahí su condición de populares, lo que ^{Laclau (2005)} define como populista.

Por otro lado, y siguiendo la tesis de Emir ^{Sader (2009)}, otra de las características centrales fue el rechazo al TLC y al alca, así como a la búsqueda de mayores grados de soberanía relativa desde una reivindicación de lo nacional y a partir de las propuestas de una integración regional autónoma, privilegiando la identidad latinoamericana o Nuestro Americana. En esto radica su condición de nacional y latinoamericano. En su reflexión sobre este giro político en Nuestra América, Sader observa que la nueva estrategia de la izquierda (o manifestaciones del giro popular) se caracteriza: por fomentar un proceso de desmercantilización en el acceso a bienes y servicios que se garantizan desde el Estado como derechos, por producir procesos de descentralización del Estado y empoderamiento popular, por el avance en las estatizaciones para ejercer un mayor control político de la economía de los países y distribuir rentas (especialmente las grandes rentas diferenciales de los productos primarios de exportación). Pero para el sociólogo brasileño, el eje central de la división del campo político latinoamericano es la cuestión de la soberanía. Podemos dividir entre los gobiernos que poseen y/o promueven Tratados de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., denotando a su vez un alineamiento geopolítico con los actores dominantes de este país y la agenda del capital transnacional, y aquellos que priorizan la integración regional autónoma, rechazan los TLC y cuestionan la agenda estratégica del capital transnacional. Es decir, como señala el mismo Sader y otros politólogos, el problema de la dependencia es el eje central para dividir el campo político y caracterizar al proceso posneoliberal en muchos países de la región. De hecho, dentro del giro posneoliberal, se incluyen los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela -que convergen junto con Cuba en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y que van a encarnar con más claridad una nueva estrategia de la izquierda-, y a los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay, caracterizados como gobiernos “progresistas”. Sin embargo, no formarían parte de este giro aquellos gobiernos progresistas liberales denominados como de la “Tercera vía”, quienes continúan con una agenda neoliberal, como el caso de Chile, y que no tienen como horizonte la ruptura con la condición de dependencia o, al menos, establecer mayores niveles de autonomía relativa.

Este giro nacional popular posneoliberal se inicia en términos políticos institucionales a partir de 1999 con la asunción de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, en un contexto en que en el mundo comienza a haber un proceso de resistencia a la globalización financiera neoliberal conducida por Estados Unidos, es decir, el polo de poder angloamericano y el capital financiero transnacional; por ello se inicia un proceso germinal de multipolarización relativa en detrimento del mundo unipolar de Occidente (^{Merino 2014}, ²⁰¹⁶). El triunfo de Luis Inácio da Silva en la elección presidencial de Brasil de 2002, luego de presentarse en tres ocasiones (1989, 1994 y 1998), forma parte estratégica del giro político en la región por el peso decisivo de Brasil en Suramérica. Lula, líder y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) y ex dirigente gremial metalúrgico del corazón industrial de San Pablo, triunfa encabezando una articulación político-social. Por ejemplo, nombra como vicepresidente a José Alencar, del Partido Liberal, ex vice-presidente de la Confederación Nacional de la Industria y reconocido representante gremial de la burguesía industrial de Brasil. Dicha fórmula da cuenta de una articulación entre expresiones de la burguesía local y de la clase trabajadora, propia de los desarrollismos nacionalistas y/o de los nacionalismos populares de América Latina. En ese sentido, sería la estrategia neodesarrollista la que dominaría esta articulación nacional popular.

Uno de los objetivos fundamentales del presente artículo es describir y analizar dicha articulación político-social y el esquema de poder gobernante en Brasil bajo la coalición encabezada por el PT, pues a partir de esta realidad podemos explicar algunos ejes centrales de la política económica y social, y de la geopolítica de Brasil, así como señalar las contradicciones de la estrategia neodesarrollista.² La hipótesis es la siguiente: dentro de un esquema de poder con factores estructurales limitantes, la articulación nacional popular neodesarrollista tendrá una influencia decisiva en el Estado, en un contexto internacional favorable -creciente multipolaridad relativa, altos precios de los commodities y avance del regionalismo autónomo en la región-, lo que explica un conjunto de medidas y posicionamientos que forman parte del giro político popular de buena parte de la región. El otro objetivo del artículo es analizar la crisis y caída del gobierno del PT, en relación con lo que explica su auge. Hay dos puntos de inflexión a considerar: a) la modificación del escenario internacional, producto de la caída del precio de los commodities, y la presión de las fuerzas dominantes en Estados Unidos y en el “Norte global” frente a la política exterior de Brasil; y b) la agudización de las contradicciones, tanto del esquema de poder en el gobierno, como en el interior de la articulación nacional popular neodesarrollista en torno al rumbo político, económico y geopolítico del gobierno, en el marco de los escándalos de corrupción del “Lava Jato” y el “Petrolao”.

Lulismo,³articulación político-social y esquema de poder

El PT es el instrumento político en el cual confluyen un conjunto de organizaciones de las clases populares y grupos subordinados en el campo de poder. El núcleo del PT proviene de los sindicatos obreros de la Conferencia de las Clases Trabajadoras (CONCLAT), de la que luego surge la Central Única de los Trabajadores (CUT).⁴ Allí se destacaría Lula como dirigente obrero metalúrgico. Un segundo componente del PT son las agrupaciones de izquierda, diversos agrupamientos trotskistas y socialistas democráticos, con especial presencia en clases medias. Otro de los sectores que tendrían gran influencia son las organizaciones religiosas, entre ellas la Teología de la Liberación y las Comunidades Eclesiásticas de Base, que impregnarían al partido de un humanismo socialcristiano muy significativo en las clases populares. Por último, se encuentra el sector campesino, organizado de forma destacada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que mantuvo históricamente una relación contradictoria con el PT, pero que sin duda contribuyó e influyó en su desarrollo.

Consecuente con la heterogeneidad de su origen, el PT presenta una profunda heterogeneidad de tendencias ideológicas, las cuales confluyen en torno a un programa político desde el cual se enfrentó al neoliberalismo. Allí encontramos el nacionalismo de izquierda latinoamericano, las tradiciones marxistas de las izquierdas clásicas y del socialismo democrático, el socialcristianismo popular, la socialdemocracia y el liberalismo social. El PT fundó en los noventa, junto con el Partido Comunista Cubano, el Foro de San Pablo, que se convirtió en la plataforma de articulación de los partidos políticos de la izquierda latinoamericana (Frente Amplio de Uruguay, Partido Comunista de Brasil y de otros países, etc.) y de los movimientos político-sociales populares, muchos de los cuales serían protagonistas principales del giro político popular y anti-neoliberal del siglo XXI.

El PT, como partido popular, va construyendo, a partir de la figura de Lula, el fenómeno denominado “lulismo”, que representa el liderazgo carismático de un movimiento. Cuando Lula llega a la presidencia este elemento se potenciará enormemente. Lula representa simbólicamente dos componentes fundamentales de las clases populares brasileras. Por un lado, al proletariado industrial urbano del núcleo económico del país, que en buena medida está organizado sindicalmente. Por otro lado, lo que algunos llaman “sub-proletariado” o también podemos caracterizar como trabajadores pobres, sumergidos en la economía informal de baja productividad, que predomina especialmente en el nordeste del país. Según André ^{Singer (2012)}, el desafío histórico del proletariado brasileño siempre fue el de establecer una alianza con el sub-proletariado, que impida a las clases dominantes utilizar dicha fractura para debilitar a las clases populares y que posibilite la formación de un movimiento de mayoría nacional bajo su liderazgo. Para Singer, el lulismo en el gobierno no hizo realidad ese sueño, al optar por el reformismo débil y alejarse de la agenda del reformismo fuerte del PT. Sin embargo, esta aseveración debe matizarse, pues debe atenderse a la discusión de si contaba con la fuerza para hacerlo, entendiendo que en el Congreso nacional hubo siempre una mayoría de “derecha” y “centro-derecha”. Además de que las políticas de gobierno, de llevar al “subproletariado” al interior del “proletariado”, disminuyeron el ejército industrial de reserva, mejorando las condiciones de negociación y lucha de los trabajadores; así, el lulismo constituye un liderazgo carismático en el que esos dos componentes se encuentran expresados. Este apoyo fue fundamental, aunque en gran medida no fuera activo, para entender el proceso político de Brasil a partir de 2003.

El desarrollo de los brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) -en parte como consecuencia la transnacionalización del capital y el traslado de la producción industrial de media y baja complejidad a dichos países de importante población en busca de bajos salarios a partir de los años setenta y ochenta- contribuyó a un poderoso crecimiento de los trabajadores asalariados en dichos países. Esto tuvo implicaciones en cuanto a las luchas económicas que se desarrollaron y a las regulaciones que se establecieron sobre las condiciones de producción y reproducción de los trabajadores. Además de la tendencia global, una cuestión insoslayable es que en estos países, denominados como economías emergentes, a partir del siglo XXI (salvo China, que es un caso aparte), se desarrollaron fuerzas nacionales que propugnaron por la construcción de un bloque de poder para ganar grados de soberanía, impulsar procesos de industrialización más autónomos, desarrollar tecnología propia, reforzar la identidad nacional, aumentar la intervención y la fortaleza del Estado (nacional o nacional-continental) e impulsar la integración en sus regiones. El lulismo es también, en ese orden, una determinada forma política en que buena parte de las clases populares brasileras enfrentan, desde un país dependiente y a la vez parte de los BRICS, los desafíos del capitalismo financiero transnacional del siglo XXI.

El lulismo puede entenderse, en su origen, como una estrategia de poder de los trabajadores organizados del núcleo paulista; es decir, un salto a la “política” del movimiento obrero organizado del núcleo industrial del país, en pleno ascenso de las luchas gremiales y político gremiales. Un salto que, como observa Antonio ^{Gramsci (2008: 59-60)}, se plantea la unidad de los fines económicos y políticos, estableciendo las luchas sobre un plano universal (más allá de lo corporativo), para construir una nueva hegemonía a partir de la articulación de un conjunto de grupos político-sociales. En esa construcción histórica, asentada sobre el liderazgo carismático de Lula y en el lulismo como identidad significante, se articulan sindicatos del movimiento obrero organizado, trabajadores pobres no organizados que ven en Lula la imagen de la movilidad social ascendente, sectores de la burguesía local necesitada de proteccionismo y políticas estatales, cuadros desarrollistas de las fuerzas armadas y la administración pública, clases medias organizadas en las universidades por el movimiento estudiantil y sectores de la intelectualidad progresista, nacionalista y/o de izquierda. Ello amplía a la vez que matiza sus características de origen, autonomizando al lulismo de su núcleo fundacional. A pesar de la desmovilización y la pasividad de las organizaciones políticas y sociales populares con que se acusa al lulismo una vez en el gobierno, sus características de origen y su liderazgo carismático quedan como marcas indelebles, aun en su devenir moderado.

El lulismo articula las demandas de buena parte de la burguesía local brasilera. Es decir, como lo plantea ^{Bresser-Pereira (2013: 21-29)}, para Lula es fundamental asociarse a los sectores más “progresistas” de la burguesía local, específicamente por los capitales industriales golpeados durante la etapa neoliberal y por el dominio del capital financiero. El impacto de la política económica neoliberal sobre la burguesía local, cuyas consecuencias negativas se agudizan con la crisis iniciada en el sudeste asiático, genera un retorno progresivo a ciertos postulados nacional desarrollistas. La relación de dependencia profundiza en la crisis la extracción del plusvalor transferido desde el capital local al capital global y el retroceso de las fracciones de capital local centrado en la industria en la estructura económica (^{Merino 2014b: 22-45}). En este escenario, como indica Bresser-Pereira, a partir de fines de los noventa, la Federación de Industriales de San Pablo (FIESP), el Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial (IEDI) y la Confederación Nacional de la Industria comenzaron a cambiar sus posturas, lo cual termina por consolidarse con el triunfo de Paulo Skaf en 2004 para la presidencia de la FIESP. Con el objetivo de liderar un nuevo pacto nacional popular con la burguesía local (que ya se expresaba en la fórmula electoral), Lula creó un órgano FORMAL en el Estado, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de la presidencia, conformado por líderes empresariales, obreros, cuadros estatales y referentes intelectuales. Progresivamente, esta línea ligada al empresariado industrial local fue ganando influencia en el Estado a través de representantes del neodesarrollismo nacional, tal como la propia Dilma Rousseff (jefe de Gabinete a partir del 21 de junio de 2005, antes fue ministra de Minas y Energía) o Luciano Coutinho (presidente del poderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social -BNDES- a partir del 1 de mayo de 2007). Y es este sector el que teñirá dominantemente el programa del lulismo.

Pero el lulismo en el gobierno va más allá de esa articulación, y da cuenta de una relación de fuerzas que se expresa en un esquema de poder compartido. En 2003 Lula asume el gobierno con un gabinete muy diverso y complejo. Allí encontramos referentes del Partido Liberal, del Partido Democrático Trabalhista, del Partido Socialista Brasileño, del Partido Verde, del Partido Comunista de Brasil, del Partido Trabalhista Brasilero y del Partido Popular Socialista. Además, se estableció en principio una alianza parlamentaria con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que había formado gobierno con Fernando Enrique Cardoso y contra el cual la alianza formada por el PT se enfrentó en las elecciones de 2002. La mayor parte de estas alianzas, que permitió al PT llegar al gobierno y tener gobernabilidad mediante el apoyo parlamentario a las iniciativas del ejecutivo, supuso un desplazamiento a la “derecha” en relación al programa histórico del PT. También dio lugar a concesiones para conseguir voluntades en el parlamento en donde el PT era claramente minoritario.⁵

El esquema de poder de gobierno incluyó la designación como presidente del Banco Central a un ex funcionario del Banco de Boston, Henrique de Campos Meirelles, un cuadro de las redes financieras globales y de ideología neoliberal. De acuerdo con lo expuesto, podemos observar que desde 2001 hasta 2008-2010 se establecieron esquemas de poder en los llamados países emergentes, donde las fuerzas globalistas liberales mantuvieron alianzas tácticas con las fuerzas nacionales populares. Tenían en común cierto apoyo a una política neokeynesiana de estímulo a la demanda (como solución a los problemas de realización del capital global), una agenda liberal-progresista en cuanto a ciertos derechos civiles y su oposición a las fuerzas neoconservadoras. Este esquema comienza a ponerse en crisis a partir de 2010.

En resumen, con el lulismo una heterogeneidad pluriclasista y contradictoria ocupa el gobierno del Estado: la burguesía industrial local, el capital financiero transnacional y multinacional, la burguesía agraria y grandes terratenientes, representantes del movimiento obrero organizado, intelectuales del Movimiento Sin Tierra (MST), representantes de grupos étnicos y de género, etc. Según ^{Werneck Vianna (2007)}, ello da lugar a un gobierno de compromiso que abriga fuerzas sociales contradictorias entre sí, un nuevo “Estado Novo”. Ello es cierto en tanto que es un Estado en transición, en donde al cambiar la correlación de fuerzas a partir del triunfo del PT en 2002 no se produce un desplazamiento del Estado de los actores dominantes representados anteriormente por el PSDB, sino que se incorporan los que antes se encontraban excluidos y se modifican las proporciones de influencia. A partir de 2006 esta situación comienza a modificarse ganando lugar en el Estado la articulación nacional popular neodesarrollista.

Lulismo y geopolítica

A partir de 1999, en el auge de la “belle époque” neoliberal, comienzan a manifestarse las primeras fisuras del sistema internacional unipolar con hegemonía en Estados Unidos y el polo de poder angloamericano, las cuales van a devenir en una multipolaridad relativa creciente. Además de la crisis de Brasil, en ese año América Latina ocupa un lugar en el escenario mundial con la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, lo que produce la primera grieta para el proyecto neoliberal y el consenso de Washington en la región, más allá de Cuba. En este escenario de inicio de la crisis del orden mundial, en América Latina se posicionan las fuerzas que propugnan un regionalismo autónomo -que cuestiona el papel de periferia en el orden mundial e intenta establecer estrategias de desarrollo endógeno para colocar a la región como bloque de poder en un escenario multipolar- en detrimento de un regionalismo abierto/liberal -que no cuestiona el lugar de periferia y el papel en la división internacional del trabajo, busca estrategias de adaptación al capitalismo mundial, plantea una alianza estratégica con Estados Unidos y, en términos más amplios, con “Occidente”, y está centrado en la integración de las cadenas globales de valor dominadas por el capital transnacional.⁶

Como parte de este giro hacia el regionalismo autónomo, Brasil, durante el gobierno de la alianza encabezada por el PT, va a ser un actor geopolítico clave para el cambio de rumbo de buena parte de América Latina, abandonando el rol de aliado del imperialismo de los Estados Unidos que desplegó a partir del golpe de 1964, aunque con interregnos más nacionalistas durante algunos periodos, como entre 1974-1979 (^{Marini 2008}). Así, bajo los gobiernos del PT, Brasil: a) priorizó la transformación del Mercado Común de Sur (Mercosur) como bloque regional y desde allí buscaron la integración de Suramérica como pilar fundamental de la política exterior, que se cristalizaría en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); b) fue parte del eje regional que dijo no al alca en la cumbre de las Américas de 2005, junto con los países del Mercosur más Venezuela, lo que constituyó una enorme derrota regional para el régimen de Estados Unidos; c) fue un actor principal del espacio de articulación del BRICS que en la ciudad brasilera de Fortaleza, durante una cumbre en 2014, lanzó una nueva arquitectura financiera internacional paralela a la de las potencias capitalistas del norte global (FMI, Banco Mundial); d) reclamó por un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU integrado por cinco miembros (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China); e) cuestionó el bloqueo norteamericano a Cuba y fue protagonista en la construcción del puerto de Mariel y de una zona económica especial en dicho país; f) impulsó un acuerdo con Irán y Turquía sobre el plan nuclear iraní, participando como potencia mundial en uno de los conflictos euroasiáticos más sensibles; g) fue un miembro activo del g-20, en donde propugnó para que se expresara institucionalmente la creciente multipolaridad relativa de la distribución global del poder frente al unipolarismo angloamericano y de sus aliados del norte global. Además, durante los gobiernos del PT, se incrementó varias veces el presupuesto militar, superando los 31 000 millones de dólares en 2013, lo que consolidó un presupuesto mayor al conjunto del resto de los países suramericanos sumados. Este aumento estuvo asociado a la defensa de recursos naturales y de las fronteras, y al desarrollo del complejo industrial-militar desde una mirada nacionalista.

Durante los gobiernos del PT, se destaca la importancia estratégica de Suramérica en la política exterior y se señala la necesidad de avanzar en la construcción de un bloque de poder regional. Más allá de que ello cuente con un conjunto de contradicciones en la práctica, como la falta de apoyo al Banco del Sur, así lo destaca el propio Lula cuando se formalizó la Unasur el 23 de mayo de 2008 en Brasilia: “América del Sur unida moverá el tablero de poder del mundo”. Para sectores del pensamiento estratégico local con influencia en los gobiernos del giro popular posneoliberal, Suramérica es el territorio básico para el desarrollo de un “Estado continental”, cuyo núcleo es el Mercosur a partir de la alianza de Brasil y Argentina, y la integración estratégica de la Cuenca del Plata (^{Methol 2013}). Junto a la Unasur se crearon el Consejo Suramericano de Defensa (CSD), el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa del CSD, los acuerdos de constitución del Banco del Sur, y se proyectó un conjunto de ejes de desarrollo de la infraestructura para la integración (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana-IIRSA) y otras ideas que quedaron sólo en proclamas, como el anillo energético. Desde la Unasur, Brasil, durante los gobiernos del PT, se opuso a los golpes para desplazar con gobiernos nacional-populares y reimplantar el dominio de poderes alineados con las fuerzas dominantes del polo angloamericano. En este sentido, el gobierno de Lula marcó su oposición a la destitución de Manuel Zelaya en Honduras, a los intentos de balcanización de Bolivia y a la masacre de Pando en dicho país, al golpe institucional contra Fernando Lugo en Paraguay, etc. Brasil pasó de una política subimperialista en alianza con Estados Unidos, donde tenía el papel de regente regional con ciertas libertades y márgenes de acción, a los intentos de construcción de un bloque regional para avanzar en grados de soberanía relativa, en alianza con las fuerzas multipolares a nivel internacional.

Lulismo, neodesarrollo y políticas del PT

Para caracterizar al lulismo en el gobierno debe distinguirse el cambio que se da a partir de 2006, cuando se pasó de una combinación de políticas neoliberales en lo macroeconómico mezcladas con políticas de inclusión social, a introducir un conjunto de políticas macroeconómicas que son consideradas dentro de lo que algunos autores definen como neodesarrollismo (^{Bresser-Pereira 2007}; ^{Siscú, Paula y Michel 2007}).⁷ Tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central continuarían durante el primer gobierno de Lula siendo conducidos por economistas oriundos del capital financiero transnacional que tenían como pilares de la política económica: 1) altas tasas de interés, 2) un tipo de cambio sobrevaluado, 3) una política monetarista centrada en las metas de inflación. Pero, como analizan ^{Morais y Saad-Filho (2005)}, a partir de 2006, el gobierno de Lula, además de profundizar una política social inclusiva, comenzó a adoptar nuevas iniciativas y políticas de características neodesarrollistas que se mezclan con las políticas macroeconómicas neoliberales (las tres primeras mencionadas), estableciéndose una política económica híbrida. ^{Morais y Saad-Filho (2011)}, retomando los desarrollos de ^{Siscú, Paula y Michel 2007}) y de ^{Bresser-Pereira 2007}), observan que el neodesarrollismo tiene dos fuentes teóricas: la primera viene de Keynes y de postkeynesianos y neokeynesianos contemporáneos como P. Davidson y J. Stiglitz respectivamente, y se inspira en el concepto de complementariedad entre el Estado y el mercado; mientras que la segunda fuente viene del neoestructuralismo cepalino, interpretado por Fernando Fajnzylber, Luiz Carlos Bresser-Pereira y Yoshiaki Nakano, que pone el énfasis en la competitividad internacional a través de la incorporación del progreso técnico, junto con la necesidad de equidad social para el desarrollo. El neodesarrollismo puede sintetizarse en cuatro tesis:

(1) no hay mercado fuerte sin Estado fuerte; (2) no habrá crecimiento sostenido a tasas elevadas sin el fortalecimiento de esas dos instituciones y sin la implementación de políticas económicas adecuadas; (3) mercado y Estado fuertes solamente podrán ser construidos por una estrategia nacional de desarrollo; (4) no es posible atender el objetivo de reducción de la desigualdad social sin el crecimiento a tasas elevadas y continuas (^{Siscú, Paula y Michel 2007: 509}).

Desde la perspectiva neodesarrollista se hace hincapié en la estabilidad macroeconómica, además del empleo y el crecimiento en el marco capitalista. Eso implica la regulación estatal de las tasas de interés, el tipo de cambio y los salarios, así como también la reducción de la vulnerabilidad externa para defender la economía de los choques externos y de la volatilidad de los flujos de capitales mediante un tipo de cambio administrado y la imposición de controles de capitales en caso de ser necesario. ^{Bresser-Pereira (2007)} plantea que el neodesarrollismo constituye un tercer discurso, en tanto estrategia nacional de desarrollo alternativa al “populismo” latinoamericano -criticando su exceso de intervencionismo estatal, proteccionismo, distribucionismo y la industrialización por sustitución de importaciones-, y a la ortodoxia del consenso de Washington. Para dicho autor, el neodesarrollismo recupera la idea de nación, reafirmando la importancia de la dimensión política del Estado-nación al mismo tiempo que delinea a América Latina como territorio geopolítico de aplicación. Así pues, para estos autores, la globalización constituye un proyecto de desintegración nacional, de debilitamiento intelectual, económico y cultural, de subordinación en el escenario global. De cierta forma, el neodesarrollismo en su versión más nacionalista pretende constituirse en una estrategia de desarrollo capitalista para salir de la condición de periferia dependiente a través del impulso de un “capitalismo nacional”.

Según Nelson Barbosa y José Antonio Pereira de Souza este cambio en la política macroeconómica se resume en “(1) la adopción de medidas temporarias de estímulo fiscal y monetario para acelerar el crecimiento y elevar el potencial productivo de la economía; (2) la aceleración del desarrollo social por intermedio del aumento de las transferencias de renta y la elevación del salario mínimo; y (3) el aumento de la inversión pública y la recuperación del papel del Estado en el planeamiento de largo plazo” (2010: 69-70). A ello le debemos agregar un cuarto punto: “el apoyo a la formación de las grandes empresas brasileras, transformándolas en agentes competitivos frente a las multinacionales tanto en el mercado interno como en el mercado internacional, a través de créditos y otros incentivos regulatorios para adquisiciones y fusiones, y también a través del apoyo diplomático, en especial las relaciones Sur-Sur” (^{Morais y Saad-Filho 2005: 520}). Un dato que refleja en parte este último punto es que el crédito de los bancos estatales creció de 9.8% al 19.5% del PIB entre 2003 y 2010, gran parte del cual fue a financiar a la burguesía local. En este sentido, tanto en Brasil como en Argentina la visión neodesarrollista emerge a partir de las consecuencias catastróficas del proyecto neoliberal, que desembocan en la crisis de 1999 en Brasil y en 2001 en la Argentina, impulsada en la práctica por las demandas de las burguesías locales afectadas por el proceso de expansión del capital transnacional del norte global y la política neoliberal.

En el marco neodesarrollista que describimos, se dio además un conjunto de políticas de inclusión impulsadas que no acabaron con las principales grietas sociales pero claramente favorecieron la disminución de la desigualdad, respondiendo a las demandas de las clases populares. Esto se observa con la reducción del índice de Gini 0.58 en 2002 a 0.53 en 2010 y con el hecho de que el ingreso del 10% más pobre creció 456% más que el del 10% más rico. La CEPAL registra que en el año 2000 el 10% más rico se apropiaba del 47% del ingreso nacional, mientras que el 10% más pobre se quedaba con el 0.5%. Para 2009, el 10% más rico se había quedado con el 43% de la riqueza nacional, según los ingresos del hogar per cápita, mientras que la proporción del 10% más pobre había subido a 1%, es decir, se había duplicado (^{Singer 2012}). La disminución de la desigualdad se produce aun en el devenir de lo que Singer denomina un “reformismo débil”, que abandona el programa histórico del PT. En este sentido, las condiciones para el combate de la pobreza y la desigualdad vendrían de la neutralización del capital por medio de concesiones y no de la confrontación con las clases dominantes (por lo que no hubo auto-organización de las clases populares), a través de la transferencia de ingresos para los más pobres, la ampliación del crédito, la valorización del salario mínimo y el aumento del empleo formal. El aumento del salario mínimo en un 70% se hizo en diez años, es decir, de forma paulatina. Al tomar de las propuestas originales del PT (programa 1994) aquello que no implicaba enfrentar al capital (como la tributación de fortunas, la revisión de las privatizaciones, la reducción de la jornada de trabajo) el lulismo en el gobierno avanzó.

Los dos primeros gobiernos de Lula desarrollan diferentes políticas públicas, que podemos diferenciar de acuerdo con la conceptualización de Luis ^{Reygadas y Fernando Filgueira (2011}) en0 populistas radicales, socialdemócratas y liberales: 1) Como populistas radicales -que destacan la igualdad de resultados y promueven campañas sociales, redistribución de riquezas y fuerte intervención del Estado en la economía- se destacan la redistribución de tierras y la valorización del salario mínimo; 2) como socialdemócratas -que hacen énfasis en la igualdad de capacidades e impulsan derechos universales, reformas tributarias y programas de promoción al desarrollo- se destacan el PAC (Programa de aceleración del crecimiento), el Consejo de Desarrollo Económico y Social, la Parcerías Público-Privadas (PPP), y los Programas de microcréditos y de micro desarrollo; 3) como liberales -que ponen en el centro la igualdad de oportunidades e incluye programas de transferencias condicionadas y formación de cuasi mercados de servicios públicos- se destacan el programa ProUni (en tanto voucher educativo que no es universal), la reforma de régimen de jubilaciones, y los programas Bolsa Familia y Hambre Cero que transfieren ingresos a la población pobre e indigente. Este conjunto de políticas, desde una concepción ecléctica, fue central para explicar la disminución de la pobreza y la desigualdad y articular demandas, dando una respuesta efectiva a la crisis de incorporación de las mayorías populares, lo que se tradujo en legitimidad política.

En relación con la política neodesarrollista que describíamos con anterioridad podríamos señalar, entre las medidas mencionadas, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) lanzado en enero de 2007, que tuvo como objetivos acelerar el crecimiento económico, aumentar el empleo y mejorar las condiciones de vida de la población brasileña. El programa consistió en un conjunto de medidas destinadas a incentivar la inversión privada, aumentar la inversión pública en infraestructura y remover obstáculos -burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos y legislativos- al crecimiento. El PAC vuelve a colocar en escena a un Estado interventor e inductor, que orienta las actividades de las empresas para el mercado interno e impulsa el desarrollo económico.⁸ También se debe hacer hincapié en otra política que tiene una clara característica nacional popular neodesarrollista y refiere a la mayor empresa del Brasil, Petrobras. Tanto el ex presidente “Lula” da Silva como la presidenta Dilma Rousseff hicieron de la petrolera un núcleo estratégico para el desarrollo nacional -“el futuro de Brasil”- tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en 2006 en el presal del océano Atlántico, que equivalen al total del petróleo producido por Petrobras desde su creación en 1953 (15 000 millones de barriles). Ello abrió la posibilidad de superar la dependencia energética que siempre fue en Brasil un factor de restricción externa. Por otro lado, con la modificación del marco regulatorio de los hidrocarburos, que supuso una parcial reestatización de los recursos hidrocarburíferos, Petrobras -junto con el Banco Nacional de desarrollo (BNDES), la estatal Eletrobras y su subsidiaria Eletronuclear, etc.- se constituyó en uno de los espacios estratégicos en los cuales se anudó el entramado de poder del proyecto neodesarrollista nacional popular y, como define Romano Schutte, en el centro de la política industrial (^{Romano 2013}). Este núcleo está conformado por un sector de la fracción de grupos económicos locales-regionales y sectores del pequeño y mediano empresariado nacional; cuadros políticos y estratégicos de tradición nacional desarrollista; sectores nacionalistas de las fuerzas armadas y de la producción industrial-militar; las fuerzas populares organizadas en las centrales de trabajadores y movimientos y organizaciones sociales, fuerzas políticas de izquierda y algunos partidos políticos aliados.

El cambio regulatorio aprobado en 2010 implicó un aumento de la renta petrolera capturada por el Estado y un aumento del control estatal de Petrobras (el paquete accionario en manos del Estado pasó del 39.8% al 48.3%). También implicó hacer de Petrobras y la riqueza del presal una herramienta fundamental del desarrollo en varios sentidos: a través de la inversión en educación y en investigación y desarrollo, mediante la producción de componentes y tecnologías fundamentales de explotación, con el impulso directo e indirecto de industrias estratégicas (industria naval, nuclear, nanotecnología y nuevos materiales) y con un enorme plan de inversiones y de desarrollo del cual participa la burguesía local. En el caso de la industria naval ya se observaba un fuerte crecimiento incluso antes del cambio regulatorio: de 1 900 trabajadores directos en el año 2000 pasó a emplear 80 000 en 2010.

El cambio regulatorio de 2010 implicó un retroceso de los intereses financieros y petroleros transnacionales, tanto en la puja por la apropiación de la renta petrolera como en la apropiación del recurso. Además, dicha renta fue invertida en el desarrollo de una empresa y de un complejo industrial que significa una competencia internacional (por lo menos de escala regional) para dichas transnacionales. Por otra parte, los fondos destinados a investigación y desarrollo aumentaron de 264 millones de reales en 2002 y 617 millones de reales en 2007, a más de 1 000 millones de reales en 2011 (más de 500 millones de dólares), de los cuales 96% provinieron de Petrobras. Brasil se convirtió en el único país de Latinoamérica que supera el 1% del PIB en inversión en investigación y desarrollo (1.21% en 2013 según datos del Banco Mundial) seguido de lejos por Argentina con un 0.65% (2013).

Hacia la crisis del lulismo y la caída de Dilma Rousseff: nuevo contexto geopolítico y económico

El influyente geoestratega norteamericano Henry Kissinger es el autor de la frase “hacia donde se incline Brasil se va a inclinar América Latina”. Brasil no es sólo un pivote geopolítico de la región sino que en los últimos años, en plena crisis mundial y con la emergencia de un mundo multipolar, se convirtió en un actor geoestratégico bajo cuatro condiciones: 1) en la medida en que avanzó a partir de 2002 una articulación de fuerzas nacional popular desarrollista, 2) en la medida en que mantiene un alto crecimiento económico,⁹ 3) en la medida en que pudo constituirse en un actor estratégico de una América del Sur con una mayor influencia del regionalismo autónomo, 4) en la medida en que se desarrolla una alianza mundial con los poderes emergentes de la nueva multipolaridad. Pero hacia 2014 estas condiciones manifiestan un debilitamiento.

A partir de 2011 el avance de un bloque latinoamericano con autonomía relativa, aliado a los bloques emergentes y expandiéndose desde el Mercosur (y el ALBA) hacia la Unasur y la CELAC, resulta una amenaza para las fuerzas dominantes del polo angloamericano. En este sentido, podemos citar una pequeña parte del Informe sobre Amenazas Globales de los Estados Unidos, publicado en febrero de 2011 referida a los procesos de integración latinoamericanos:

Los esfuerzos regionales que reducen la influencia de EE.UU. están ganando algo de tracción. Se planifica la creación de una comunidad de América Latina y el Caribe, prevista para inaugurarse en Caracas en julio, que excluye a EE.UU. y a Canadá. Organizaciones como la Unión de Naciones del Sur de América (UNASUR) están asumiendo problemas que fueron del ámbito de la OEA […] El éxito económico de Brasil y la estabilidad política lo han puesto en la senda del liderazgo regional. Brasilia es probable que continúe usando esa influencia para enfatizar UNASUR como el primer nivel de seguridad y mecanismo de resolución de conflictos en la región, a expensas de la OEA y de la cooperación bilateral con los Estados Unidos. También se encargará de aprovechar la organización para presentar un frente común contra Washington en asuntos políticos y de seguridad regionales (^{Clapper 2011}).¹⁰

Como expresión de esta disputa, los países con gobiernos más afines a las fuerzas dominantes en Estados Unidos y quienes ya tenían además un Tratado de Libre Comercio con dicho país (México, Perú, Colombia y Chile) constituyen la Alianza del Pacífico (AP) en 2011. La AP rescata los pilares del regionalismo abierto, posicionándose a favor de una mayor cercanía geopolítica con Estados Unidos en particular y “Occidente” en general; se basa en la llamada libertad de comercio (libre movilidad de capitales, mercancías e información); la atracción de las inversiones extranjeras y regulaciones favorables al capital financiero transnacional (cesión de soberanía jurídica en tribunales internacionales, flexibilización laboral, legislación de propiedad intelectual a pedido de las trasnacionales, etc.); la especialización en la explotación de las ventajas comparativas estáticas; y el desarrollo puesto en relación a la integración en el capitalismo global del siglo XXI.¹¹ A su vez, en este escenario de tensiones crecientes, en 2013 se produce una ruptura entre el gobierno de Dilma Rousseff y el de Estados Unidos por las filtraciones que realiza el ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Edward Snowden, en las cuales se detallan las escuchas de los servicios de inteligencia sobre Dilma Rousseff y sobre Petrobras.

La cumbre de los BRICS en Fortaleza, Brasil, realizada en el mes de julio de 2014, intentó producir un contrapeso en este escenario. Los cinco países que conforman los BRICS (con la presencia de los socios de UNASUR) profundizaron las alianzas de las fuerzas multipolares, lo que se tradujo, entre otras cuestiones, en la creación de un Nuevo Banco de Desarrollo con 50 000 millones de dólares y de un Acuerdo de Reservas de Contingencias por 100 000 millones de dólares. Ambas propuestas significaban la puesta en marcha de una arquitectura financiera paralela, desafiando a las fuerzas dominantes del capitalismo financiero global y el dominio del polo angloamericano, en un contexto de agudización de los enfrentamientos mundiales después del conflicto en Ucrania. Este último conflicto, que explotó entre fines de 2013 y abril de 2014, produjo un cambio cualitativo en términos geopolíticos: los enfrentamientos entre las fuerzas multipolares emergentes (principalmente China y Rusia, pero también el incipiente bloque latinoamericano entre otros actores) contra las fuerzas unipolares angloamericanas (junto con el llamado “Occidente” expresado por la OTAN) pasaron a ser directos y en territorios centrales de disputa, como la propia Ucrania y el Mar de China (^{Merino 2016}). A partir de esos acontecimientos se habla de una “nueva guerra fría” por parte de importantes sectores de la prensa del establishment occidental, o de una guerra mundial fragmentada según el Papa Francisco (^{Merino y Rang 2016}). Todos los territorios, en mayor o menor medida, están en disputa por los distintos polos y bloques de poder. Y Brasil, como toda Latinoamérica, es uno de los territorios centrales de la disputa global. En este contexto, con muchos países de los bloques emergentes ahogados por las sanciones económicas y las presiones financieras y geopolíticas, se comprende el significado de la cumbre de Fortaleza.

Las presiones geopolíticas, el desarrollo de la Alianza del Pacífico, la agudización de las tensiones globales y la situación del “Petrolao” (junto con otras cuestiones que veremos a continuación) volvieron a fortalecer en Brasil las posiciones en favor del regionalismo abierto, el aumento del control privado de Petrobras y de la renta petrolera con la incorporación de las petroleras transnacionales. Ello afecta la estrategia del regionalismo autónomo e impacta sobre el esquema de poder en que se sostenía el PT, lo que se pone en evidencia con claridad cuando Michel Temer, el vicepresidente de Dilma Rousseff que asumió como presidente luego de la maniobra de desplazamiento de la mandataria del PT en agosto de 2016, se pronunció con celeridad a través de su nuevo canciller por el acercamiento a la AP, la agenda de reformas neoliberales, el alineamiento con Estados Unidos (con quien además firmó acuerdos de cooperación militar y ejercicios conjuntos) y un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

Otra cuestión relacionada con la geopolítica y con el contexto internacional que horadó al gobierno de Dilma Rousseff a partir de 2013-2014, fue la caída en el precio de los commodities. Ello golpeó en general a casi toda la región, cuyos principales productos de exportación son las materias primas. Los problemas de complementación productiva, la debilidad de las cadenas de valor regionales y la falencia en el desarrollo de núcleos productivos-tecnológicos para el desarrollo endógeno de las fuerzas productivas, se hicieron evidentes. En tanto la convergencia en torno al regionalismo autónomo no logre resolver la conformación de una estructura económica regional acorde con sus formulaciones políticas para aumentar los niveles de complejidad e integración, su construcción real resulta endeble, siendo más vulnerables a las presiones geoestratégicas de los principales polos del poder mundial y a los contextos desfavorables.

La desarticulación de la fuerza político social, la caída de Dilma Rousseff y un horizonte incierto

Lo que medió para cambiar las relaciones de fuerza en Brasil fue el “Lava Jato”, a partir de lo cual se denunció el “Petrolao” (el pago de sobornos empresarios y el financiamiento de la política alrededor de la empresa Petrobras y del conjunto de contratistas, destinado al lobby y/o para tener gobernabilidad en el poder Legislativo). El “escándalo” del “Petrolao” y el “Lava Jato” fue un elemento central que debilitó la articulación nacional popular neodesarrollista, deslegitimó a sus referentes y luego fracturó la fuerza, en un contexto en el que se ponían de manifiesto un conjunto de cuellos de botella propios de la condición de país dependiente. Para ello fue fundamental la manipulación político y mediática articulada con el poder judicial, con el fin de que el “escándalo” produzca un golpe por “derecha”, es decir, sirva a un cambio de relaciones de fuerzas favorable al bloque financiero-neoliberal.¹²

Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas, en aplicación de la política “Compre Nacional”, implementada por Dilma Rousseff como ministra de Energía para estimular la creación de empleo y fortalecer a los grupos económicos locales-regionales y a la burguesía local, otorgando un privilegio a las empresas nacionales sobre las transnacionales (que estas últimas presionaban por desmantelar).

A causa de la investigación judicial, el último día de 2014 Petrobras emitió una prohibición para firmar contratos nuevos con 23 empresas incluidas en la Lava Jato, perjudicando a contratistas habituales suyas: Alusa, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Carioca Engenharia, Construcap, Egesa, Engevix, Fidens, Galvão Engenharia, GDK, Iesa, Jaraguá Equipamentos, Mendes Junior, mpe, oas, Odebrecht, Promon, Queiroz Galvão, Setal, Skanska, Techint, Tomé Engenharia y utc. Ello golpeó a las principales empresas del país y al núcleo político estratégico nacional popular neodesarrollista, y detuvo a la economía antes de que Dilma Rousseff asumiera su segundo mandato. Uno de los principales grupos económicos afectados es Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, que dirigió en Cuba la estratégica mega obra del puerto de Mariel con fuertes implicaciones geopolíticas. Esta obra fue financiada por préstamos subvencionados desde el Banco de Desarrollo de Brasil (también muy criticado por empresas transnacionales y las fuerzas financieras globales)¹³ e involucró a cerca de 400 empresas brasileñas. Además, Odebrecht es la empresa comprometida en el desarrollo del submarino nuclear junto con Francia y la que acordó con la empresa rusa Russian Technologies para producir helicópteros y misiles para Brasil, lo cual irrita a las fuerzas dominantes de Estados Unidos. Odebrecht es una empresa clave del complejo industrial-militar brasilero, involucrada en la estrategia del regionalismo autónomo, en donde focalizan las fuerzas neoliberales el escándalo de corrupción.

El ajustado triunfo electoral de Dilma Rousseff contra el candidato neoliberal Aecio Neves del PSDB en el balotaje de las elecciones presidenciales a fines de 2014, donde obtuvo un poco más del 51% de los votos, daba cuenta de un nuevo momento político caracterizado por la debilidad de las fuerzas nacionales populares neodesarrollistas. Fue una elección polarizada que dividió al país en dos mitades políticas, así como también en términos geográficos: mientras el sur industrializado y “rico”, con un fuerte componente de “clase media”, se opuso con fuerza al PT y su alianza política, el norte pobre votó rotundamente en favor de Dilma Rousseff.

El nuevo gabinete del segundo gobierno indica el cambio en las relaciones de fuerzas en favor de las clases económicamente dominantes. Joaquim Levy, formado en la ortodoxa Universidad de Chicago y ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), asumió el Ministerio de Economía, donde reemplazó al neodesarrollista Guido Mantega, quien fue asesor de Lula desde 1993 y ministro de Economía desde el 2006, cuando justamente se produce el giro neodesarrollista. Por otro lado, otro economista que podemos clasificar como neodesarrolista débil, Nelson Barbosa, asumió como jefe de Planeamiento, mientras que la representante de los actores más concentrados de los agronegocios, Katia Abreu (presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura), fue elegida para comandar el ministerio de Agricultura, siendo una dura opositora a la reforma agraria y a la creación de nuevas reservas indígenas. El nombramiento de Abreu generó numerosas protestas de diferentes movimientos campesinos y de pueblos originarios, incluso aliados al PT y también miembros del gabinete; aunque también chocó con el ala derecha de los representantes de los agronegocios ligados al gobierno, especialmente jbs. Con estos cambios, los representantes del capital financiero transnacional, de los agronegocios y de la fracción de burguesía local más internacionalizada y globalista pasaron a ocupar lugares claves del gobierno. Por otro lado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Rousseff sustituyó al canciller Luiz Alberto Figueiredo por el embajador de Brasil en EE.UU., Mauro Vieira, marcando un acercamiento a Washington. En el nuevo gabinete ministerial brasileño había representantes de diez partidos, que recorrían un amplio espectro político e ideológico, pero con una fuerte presencia del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza electoral del país, liderada por el vicepresidente Michel Temer. El esquema de poder que se expresaba era más parecido al previo al 2006, en detrimento de las fuerzas nacionales populares neodesarrollistas que perdían influencia en el Estado.¹⁴

A poco tiempo de asumir su segundo mandato, Dilma lanza un ajuste por 23 300 millones de dólares, que alcanzaba a la educación y la salud. El ajuste impulsado por Levy y Barbosa incluía medidas para aumentar la recaudación mediante alzas de impuestos y recortes a los beneficios laborales como pensiones y reducciones al seguro de desempleo. También fueron afectados proyectos del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y el plan de viviendas populares Minha Casa, Minha Vida, que sufrieron reducciones de 8 000 millones y 2 000 millones de dólares respectivamente. La pretensión era que muchas de las obras de infraestructura involucradas en el congelamiento fuesen ofrecidas en concesión al sector privado. Por su parte, el Banco Central aumentó su tipo de interés a 14.25%, afectando la actividad productiva y beneficiando al capital financiero.

El malestar social fue creciendo por los escándalos de corrupción en torno a Petrobras, el aumento del desempleo, la inflación y la caída en el nivel de renta de los brasileños, luego de muchos años de expansión. Por otro lado, Dilma Rousseff había hecho una campaña centrada en criticar las políticas de ajuste y el proyecto neoliberal encarnizado en su rival, a la vez que prometió profundizar las políticas nacionales populares neodesarrollistas. El giro que se produce en el gobierno, ni bien asume en enero de 2015, luego del golpe que provoca el Petrolao y el no cumplimiento de sus promesas de campaña, produce un profundo malestar en sus votantes y un resentimiento en las fuerzas político-sociales que la sostenían. El ajuste y el giro a la “derecha” afectan la relación con el propio PT.

Como parte de este giro se realiza un acuerdo con el régimen de Estados Unidos, concretado en la cumbre bilateral entre Rousseff y Obama en julio de 2015. Para avanzar con dicho acuerdo, Rousseff logró que dos convenios militares fueran votados por el Congreso poco antes de emprender su visita a Washington. El acuerdo incluyó siete áreas: comercio exterior, medio ambiente y energía, previsión social, defensa, agricultura, educación y ciencia, y tecnología. En cuanto a la defensa, los dos países acordaron desarrollar un proyecto de defensa conjunto, que incluye acuerdos tecnológicos y asociación entre empresas brasileñas y estadounidenses en el área de la defensa para, por ejemplo, la compra y venta de equipamientos y armamento. Según Defensanet y Raúl ^{Zibechi (2015)}, uno de los objetivos de Estados Unidos es la separación de Rusia del programa espacial brasileño, ya que Estados Unidos se opone a que Rusia participe en la producción de vehículos de lanzamiento de satélites o transfiriendo su tecnología de misiles balísticos al brasileño Programa Nacional de Actividades Espaciales. Por otro lado, el acuerdo también incluyó concesiones para inversiones en el sector de infraestructura de Brasil, abriendo posibilidades de negocios para empresas estadounidenses por 64 000 millones de dólares. Ello deshacía el monopolio de las constructoras brasileñas sobre dicho sector a partir del cual el Estado impulsaba la burguesía local.

Lo que además se evidencia es una crisis de liderazgo. ^{Morais y Saad-Filho (2011)} ya lo anticipaban unos años antes, razonando que la ausencia del liderazgo carismático de Lula y la posibilidad de que el gobierno tenga que imponer pérdidas a algunos sectores sociales, debido a la dinámica cíclica de una economía capitalista periférica, podían desestabilizar la base en que se sustentaba la administración de Dilma Rousseff, pues ésta tenía un perfil más técnico, no fue elegida por la base del PT (sino por el propio Lula) y no tenía un liderazgo político arraigado. Esto llevaba a un problema de liderazgo, un problema central en una situación de agudización de las pujas políticas, crisis de legitimidad por los “escándalos de corrupción”, presiones geopolíticas agudas y un giro a la “derecha” que dinamitaba las relaciones con las organizaciones políticas y sociales populares.

La crisis de liderazgo expresa un proceso de desarticulación del entramado político social del lulismo por “izquierda” y también por “derecha”. A partir de 2015 se pone de manifiesto la incompatibilidad entre el programa del PT y del PMDB de Michel Temer. El lulismo contiene estas dos alas, donde el capital concentrado y las fuerzas más conservadoras se expresan con el PMDB y las fuerzas de las clases populares se expresan en un debilitado y desmovilizado PT. Ambos programas chocan en cómo resolver la encrucijada en que se encuentra Brasil: profundizar la senda popular (¿y trascender el neodesarrollismo?) o retroceder y ceder a las presiones del capital concentrado y las fuerzas de “derecha”. Dicha contradicción es constitutiva de la propia articulación lulista y en esta encrucijada histórica deviene antagónica. Si Rousseff ganó con un discurso en línea con la primera opción, desde el primer día de su segundo gobierno se impuso la segunda opción

Dependencia y crisis

La crisis del lulismo nos lleva a un análisis más profundo. Hay una cuestión fundamental que recorre los países periféricos y tensiona las articulaciones nacionales populares: las crisis que surgen en relación con problemas estructurales dados por la situación de dependencia de un país, que a su vez desatan el problema de la “frazada corta”. Mientras la economía crecía, todos los grupos sociales y las clases podían encontrar satisfacción de sus demandas e intereses construidos, es decir, la frazada alcanzaba a cobijar a muchos. El lulismo podía ser aceptado por casi todos o soportado por aquellos que tenían diferencias políticas, ideológicas y estratégicas pero no lograban rearticular una oposición neoliberal contundente a los gobiernos del PT. Y esa situación pudo continuar con Dilma Rousseff en su primer mandato, aunque con mayores dificultades y agudos síntomas de agotamiento. Para el gran capital, tampoco fue negativo al principio el lulismo, a pesar de su tenaz oposición en la elección de 2002 y el apoyo a su expresión política el PSDB. Sin embargo, todo esto cambia cuando se modifica el ciclo económico y las condiciones geopolíticas.

El lulismo superó con holgura la crisis global de 2008 e incluso un primer mandato complicado, pero ello fue general en los llamados países emergentes porque las contradicciones del capitalismo internacional y las pujas estratégicas se centraban en Occidente. Pero a partir de 2014 se conjugan varios fenómenos que golpean a los países emergentes: 1) el fin del periodo de altos precios mundiales de las materias primas; 2) los problemas de competitividad de la economía doméstica y de los capitales locales que, a falta de tecnología avanzada y escala, quedan retrasados frente a los saltos de productividad de los capitales transnacionales avanzados; y 3) una geoestrategia de las fuerzas globalistas del polo de poder angloamericano contraria al desarrollo de los bloques de poder regionales, especialmente en sus espacios fundamentales de su influencia, que se pone de manifiesto en 2010, toma cuerpo en la región en 2012 con la firma de la AP y se agudiza profundamente a partir de 2014 con el conflicto en Ucrania. Ello actúa sobre la base del problema fundamental de la dependencia de los países periféricos que trabajan, entre otros, Enrique Dussel, Ruy Mauro Marini y Theotonio dos Santos.¹⁵

El sistema de relaciones de la dependencia implica que, ante la transferencia de valor que se produce desde el país periférico hacia el centro y ante la pérdida de plusvalor que ello implica para la burguesía local, se busque una extracción de más valor mediante la sobre-explotación del trabajador. En determinadas situaciones históricas, como las de 1999, en plena ofensiva del capital financiero transnacional y del conjunto de empresas que le pertenecen, sectores de los grupos económicos locales y de la burguesía local de países periféricos (especialmente de los capitales más ligados al mercado interno) pueden desarrollar una política de mayor orientación nacional o encontrarse más propensos para apoyar liderazgos que establezcan una articulación político-social con las clases populares y con distintos actores subordinados en el campo del poder. A partir de allí pueden darse políticas desde el Estado en desmedro de dichas transferencias de valor¹⁶ y de todos los mecanismos establecidos de transferencia de valor y fuga de capitales que se imponen en los países dependientes: pagos de fletes, las remesas de ganancias, pagos de servicios tecnológicos, asistencia técnica, patentes, intereses y servicios de la deuda, etcétera.¹⁷

Sin embargo, este comportamiento no resulta lineal ni se desprende meramente de una situación económica, sino de las relaciones de cooperación y enfrentamiento en el campo del poder -donde se constituyen las fuerzas que pujan por el Estado. Y en épocas de crisis, con burguesías locales oscilantes entre la sobre-explotación de la fuerza de trabajo y las políticas nacionalistas-populares, ante el dilema de la frazada corta éstas pueden inclinarse mayoritariamente hacia la primera opción (restaurar la sobre-explotación), acercándose al capital extranjero y a las oligarquías locales. Especialmente cuando el fortalecimiento de las clases populares para la lucha política y económica eleva sus niveles de demandas así como su influencia en la conducción del Estado. Además, influyen las tradiciones políticas e ideológicas de estas burguesías, que muchas veces se encuentran también en una relación de dependencia ideológico-política y, por supuesto, también en una relación de dependencia estructural y estructurante en términos económicos que produce cooperación al tiempo que enfrentamiento. Como observa Theotonio ^{dos Santos (2011)}, la dependencia está fundada en una situación de compromiso entre los intereses que mueven las estructuras internas de los países dependientes y las del gran capital internacional. Y esto pone en cuestión la posibilidad de la estrategia neodesarrollista para la ruptura de la dependencia cuyo sujeto fundamental es la llamada “burguesía nacional”; lo cual comienza a ser cada vez más palpable en Brasil a partir de 2013.¹⁸ Así lo refleja Perry Anderson:

Desde 2006, los bancos estatales pasaron a aumentar gradualmente su cantidad de préstamos, yendo de un tercio a la mitad de todo crédito -la cartera del Banco de Desarrollo del gobierno (BNDES) llegó a aumentar en siete veces su valor desde 2007. Al ofertar tipos preferenciales de intereses para las grandes compañías en un valor mucho más alto del de los subsidios para las familias pobres, la “Bolsa Empresarial” pasó a costar al tesoro nacional el doble de lo que costaba la “Bolsa Familia”. Pero todos esos agrados a la industria brasileña fueron en vano […] En la esperanza de que eso trajera el sector industrial para su lado, el gobierno se enfrentó a los bancos al forzarlos a aceptar retroceder al nivel sin precedentes del 2% de los intereses a finales de 2012. En São Paulo, la Federación de las Industrias (FIESP) expresó, momentáneamente, su satisfacción ante la medida, para inmediatamente después colgar banderas en apoyo a los manifestantes anti-estatistas de junio de 2013 (^{Anderson 2016 15-22}).

Un final abierto

El lulismo forma parte fundamental del giro a la “izquierda” o giro popular de la región en los últimos años, que hoy se encuentra en una situación de reflujo y de nuevo giro a la “derecha” o giro neoliberal. Con la caída de Dilma Rousseff se pone de manifiesto la dificultad, en la actual coyuntura histórica, de los intentos de conciliación de clases, grupos sociales y diversos actores dentro de un esquema de poder heterogéneo. El intento de retomar en 2015 un lulismo del estilo “izquierda buena” del periodo 2003-2006 resultó impracticable por las condiciones políticas, económicas y geopolíticas existentes. Como se analizó, en el nuevo escenario nacional, regional y global se establecen un conjunto de encrucijadas en las cuales se vuelven antagónicas las opciones posibles a tomar.

Para analizar la caída de Dilma Rousseff no alcanza solamente con dar cuenta de la agudización de las tensiones y el establecimiento de una situación de antagonismo entre las fuerzas unipolares y las fuerzas multipolares, entre las fuerzas neoliberales del capitalismo financiero global y las fuerzas nacionales populares neodesarrollistas, sino que es necesario observar, en dicho contexto de enfrentamiento, la desarticulación del entramado político social que permitía al proyecto nacional popular desarrollista influir decisivamente en el Estado. En dicha desarticulación hay una centralidad entre las contradicciones de la burguesía local y las clases populares, así como entre los diferentes sectores políticos e ideológicos. También debe destacarse la incapacidad de las fuerzas que, en mayor o menor medida, forman parte de dicha articulación, de enfrentar en un principio los embates en su contra. La erosión de la figura de Dilma Rousseff, los problemas de liderazgo, el desgaste por los años de gobierno, el giro neoliberal que se realiza al comienzo de su segundo mandato, el eclipsamiento de la línea profundizadora nacional popular al interior del PT y del gabinete, y la poca centralidad de las fuerzas populares en el gobierno explican en parte dicha situación de debilidad.

Por otro lado, se abre una pregunta fundamental acerca de los límites del proyecto neodesarrollista, ya profundamente analizados para el caso del desarrollismo clásico. Límites tanto en el campo económico -imposibilidad de ir más allá de una dependencia negociada y de resolver los problemas de la “frazada corta”- como también en lo político, que se observan en la debilidad de la construcción de la fuerza política-social. Ello guarda estrecha relación con la apuesta de construir poder nacional desde la burocracia estatal civil y militar y la burguesía local, pasando a un segundo plano a los sujetos populares, quienes cumplen un rol de apoyo pasivo. De hecho, las fuerzas neoliberales no encontraron una gran resistencia popular, dando cuenta de la desarticulación que se había producido del lulismo y la desmovilización del campo popular.

Con el ascenso de Michel Temer se pone en marcha una agenda para desarticular el proyecto de regionalismo autónomo continental (aunque fuera débil), asumir un regionalismo abierto liberal y desvincular en términos geopolíticos a Brasil de los BRICS (especialmente de China y Rusia). Además, se vuele a reimplantar un programa neoliberal comandado por el capital financiero que rápidamente se cristalizó, entre otras cosas, en una legislación laboral de flexibilización regresiva para los trabajadores (que motivó una huelga general luego de más de 20 años) y un congelamiento del gasto público por ley por 20 años. Sin embargo, el frente que sostiene a Temer es heterogéneo y no está consolidado como bloque de poder para intentar devenir en bloque histórico. El golpe institucional para la destitución de Rousseff (que llegó con mínimos niveles de aprobación de su gobierno) fue apoyado por parte de la llamada clase media tradicional (pequeña y mediana burguesía consolidada) y la llamada nueva clase media (mayoritariamente el proletariado que mejoró profundamente sus condiciones de vida). Pero las demandas de quienes organizan estos grupos sólo en parte coinciden con la agenda neoliberal -particularmente la coincidencia es en la reducción de impuestos en el caso de la “clase media tradicional”. Y ello dificulta los intentos de producir cierres hegemónicos para las fuerzas neoliberales.

Apenas a un de año de la destitución, la agenda neoliberal impulsada por el poder financiero, los grandes terratenientes, el monopolio mediático comandado por la Red Globo y el sector profundamente conservador del poder Judicial, está causando estragos a nivel social y debilitando todas las estructuras del poder nacional de Brasil, mientras los escándalos de corrupción enlodan a las principales figuras del actual gobierno y comienza a observarse un proceso de lucha y re-emergencia de las clases populares. La resistencia político gremial, a su vez, comienza a expresarse nuevamente en la política a través de la figura de Lula, quien encabeza las encuestas electorales como candidato a presidente, por lo cual existen un conjunto de maniobras para evitar que se presente a las elecciones de este 2018. A pesar del avance neoliberal, Temer tiene la menor aprobación histórica de un gobierno, el bloque neoliberal no consigue unificarse en una candidatura y existe una posibilidad de re-articulación nacional popular basado en el liderazgo de Lula y el poder de los sindicatos, los movimientos campesinos, el movimiento de trabajadores sin techo (MTST), el movimiento estudiantil, las Iglesias progresistas, la pequeña y mediana burguesía industrial y los cuadros nacionalistas con importante influencia en las fuerzas armadas. Las condiciones existentes distan de ser las de comienzos de los años noventa, luego de la caída del Muro de Berlín y el establecimiento del Consenso de Washington, por lo cual resulta complicada la reconstrucción de la hegemonía del polo angloamericano, del capital financiero transnacional y del proyecto neoliberal, favoreciendo una posible rearticulación del lulismo bajo una nueva forma. En resumen, el fin del ciclo político en Brasil que se produce con la caída del gobierno de Rousseff no implica un fin del ciclo histórico post-neoliberal.