Introducción

El consenso mínimo que existe entre investigadores y proponentes sobre la definición del ingreso básico universal (IBU) lo ha resumido la organización Basic Income Earth Network (bien) en la siguiente fórmula: “La renta básica¹ es un pago periódico en efectivo entregado incondicionalmente a todos de manera individual, sin requisito de prueba o trabajo”.^2,3 Aunque podríamos considerar que los debates sobre esta idea tienen más de doscientos años, es desde finales de la década de 1960 cuando hay un aumento considerable de la riqueza y extensión de los mismos (^{Widerquist et al., 2013}). Desde entonces, se produjo un pico de interés a mediados de la década de 1980 en torno a dos artículos que tuvieron a la figura de Philippe van Parijs como uno de sus protagonistas. El primero, publicado en la revista Revue Nouvelle en 1984 “L’allocation universalle: un idee pour vivre autrement” estaba firmado por tres miembros del colectivo Charles Fourier: el demógrafo Paul-Marie Boulanger, el economista Philippe Defeyt y el filósofo Philippe van Parjis. Este artículo puede considerarse como el punto de referencia original de la formulación de la propuesta y su discusión en los términos en los que la entendemos actualmente. A pesar de eso, el artículo más reconocido, debido en gran parte a su título provocador, fue el segundo. Publicado en 1988 en Theory and Society, revista donde se reproducían algunos de los debates del September Group,⁴ el artículo “A Capitalist Road to Communism”, firmado por P.van Parijs y Robert J.van der Veen aún hoy es objeto de intenso debate. Entre uno y otro artículo, en 1986, se había celebrado el primer encuentro internacional de investigadores vinculados al IBU. Entre éstos estaba también el economista británico Guy Standing, figura a la que se le atribuye la propuesta del nombre y las siglas de lo que desde entonces se llamará bien. Especialista en asuntos laborales y globalización, se convirtió rápidamente en uno de los académicos más citados en la investigación sobre el IBU en el mundo anglosajón, especialmente tras la publicación de su superventas The Precariat: The New Dangerous Class (2011). Aunque no son los únicos, Guy Standing y Philippe van Parijs pueden considerarse dos de los “padres fundadores” de la investigación académica sobre el IBU y dos de los nombres propios más citados y reconocidos internacionalmente cuando se trata de discutir de forma rigurosa en foros políticos y académicos sobre el mismo. Autores destacados, además, porque encarnan dos de las áreas de especialización de la investigación sobre el IBU más relevantes: la economía aplicada y la filosofía normativa o teoría de la justicia.

Las siglas propuestas por Standing, bien, permanecieron sin cambios cuando en 2004, en Barcelona, se transformó en el Basic Income Earth Network. Desde ese momento y en especial tras la crisis de 2008 y la búsqueda de nuevas respuestas para los nuevos problemas de nuestra época, el interés por el IBU no ha dejado de crecer. Su ingreso definitivo en el debate público global se produjo en el World Economic Forum -más conocido como el Foro de Davos- en enero 2017. La presentación de la propuesta y su principal defensa la realizó el propio Standing, respaldado por el éxito que había generado su ya citado libro The Precariat: The New Dangerous Class (2011), publicado tras más de treinta años como directos del Programa de Seguridad Socioeconómica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En los meses siguientes de ese mismo año otros organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (^{OCDE, 2017}) o el Fondo Monetario Iinternacional (^{FMI, 2017}) empezaron a investigar sobre el tema de forma más sistemática y a extender sus debates por todo el planeta. Philippe van Parijs y Guy Standing han sido desde entonces puntos de referencia insoslayables en la investigación sobre el IBU y ambos publicaron, también en 2017, dos libros que sintetizan desde diferentes perspectivas casi todo lo que se ha investigado a propósito del IBU y los debates que lo rodean. Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy (^{Van Paris y Vanderborght, 2017}) y Basic Income: And How We Can Make It Happen (^{Standing, 2017}) podrían considerarse como un “estado de la cuestión” de la investigación sobre el IBU treinta años después de la creación del bien.

Aquí nos proponemos explorar ambos libros a la luz de un conjunto de bibliografía más amplia que nos permita observar también los matices y diferencias entre sus creadores. Estos libros, aunque mantienen una clara intencionalidad de síntesis bibliográfica, sí tienen una diferencia de fondo en la intención de los autores que es importante considerar desde el principio: el libro de Van Parijs y Vanderborght (VPyV en adelante), publicado por Harvard University Press, tiene realmente una intención de exhaustividad absoluta. La mitad de sus páginas están ocupadas por referencias bibliográficas y notas de profundización sobre cada tema y se puede advertir un tono más académico que busca cierta objetividad sin que esto haga retroceder sus posiciones políticas. El libro de Standing, en cambio, está claramente orientado a usar la bibliografía en términos argumentativos a favor del IBU con la forma de una “guía reflexiva” (^{Standing, 2017: 9}) ante un “imperativo político” (^{Standing, 2017: 8}). Esta intención de Standing, en vez de ser un impedimento, en realidad le permite arriesgar más en los argumentos e ir en ocasiones más allá que los autores continentales en algunos debates y ofrecer un espectro más intenso de los mismos. A pesar de esto, vistos de cerca, los dos libros mantienen una estructura muy similar que puede perfectamente recorrerse en paralelo.

La historia y la clarificación conceptual

Para empezar ambos libros utilizan los primeros capítulos para algo así como una aclaración conceptual sobre el IBU de la cual en realidad no terminan de despegarse a lo largo de toda su argumentación. Esto se debe a la principal característica del objeto de estudio del que tratamos: una “idea”. VPyV se centran en tratar de aclarar aspectos como el hecho de que estemos hablando de una prestación “monetaria” y no en especie, “individual” y por lo tanto no referida al hogar como unidad, “universal” y por eso opuesta a las políticas “focalizadas” a ciertos grupos e “incondicional” en tanto que “derecho subjetivo” ciudadano y no sujeta a ningún control. VPyV dedican además un espacio a explicar, a partir de esta primera clarificación, en qué sentido el hilo conductor de su presentación es en realidad el de los debates en torno al futuro del bienestar social y la economía. Standing, por su lado, opta por esta misma estrategia -que hemos llamado de aclaración conceptual- pero con un matiz sobre la importancia de la “regularidad” del pago. Es decir, la diferencia sustancial de entenderla como el derecho a una “renta” y no como un “capital”. Para el inglés hay una justificación original y primigenia del IBU fundamentada en una idea de justicia económica específica sobre la que va a insistir en diferentes puntos de libro. Esta justificación es la que lo lleva a aclarar desde el inicio su preferencia por el término “dividendo social”. Cualquiera que eche un vistazo a la literatura sobre el IBU se dará cuenta de que los diferentes nombres que ha tenido esta propuesta no son casuales y presentan matices relevantes. Esta formulación preferida por Standing es la que le facilita poner el acento en uno de los puntos centrales de su argumentación: entender el IBU como el retorno de la inversión a la sociedad de la riqueza que se ha generado y acumulado de manera colectiva. Para los autores belgas en cambio, tal como aparece en el título y algunos de sus ensayos más famosos sobre el tema (^{Van Parijs, 1995}), la justificación primera está en la preocupación por la libertad. Una discusión heredada de John Rawls y las corrientes de pensamiento vinculadas con el republicanismo democrático (^{Raventós, 2007}). Aunque ambas argumentaciones terminan al fin y al cabo por entremezclarse en diferentes momentos, es en este matiz de enfoque donde podemos ver una diferencia interesante sobre la forma de abordar el problema, claramente derivada de los orígenes disciplinarios de sus autores.

VPyV dedican también un espacio relevante de su escrito a comparar el IBU con otra serie de políticas que, si bien tienen cosas en común con el IBU, ofrecen la posibilidad a los autores de afinar más la definición del mismo y profundizar en los detalles de esta idea. La primera es diferenciarla de la “dotación básica” o “capital básico” al que veíamos que se refería Standing. El “capital básico” se acerca más a la idea original de Thomas Paine y los republicanos clásicos -sobre la que luego volveremos- y se refiere a una dotación de dinero que se daría a todos los ciudadanos de una comunidad al comenzar su vida adulta para que pudieran comenzaran con el mismo nivel de oportunidades. Para los autores, una medida así no tendría en cuenta que la desigualdad social se basa también en el capital social y cultural que ayuda, por ejemplo, a saber qué hacer con ese dinero. Con un capital inicial universal en realidad el riesgo de cometer errores con una cantidad fija y única de dinero no se distribuiría igualmente. Una renta mensual permitiría que las personas pudieran cometer errores y aún así tendrían un sustento, lo cual en términos de justicia social e igualdad de oportunidades, sobre la que basan mucha de su argumentación, sería mucho más eficiente.

La siguiente propuesta analizada y que en muchos sentidos se ha considerado un equivalente del IBU es el impuesto negativo sobre la renta (NIT, por sus siglas en inglés). Esta discusión es especialmente relevante debido a que el NIT es la fórmula con la que Milton Freedman y Richard Nixon declinaron la idea de un IBU a través del sistema fiscal. Aunque el NIT puede implicar en realidad un abanico amplísimo de fórmulas, es la que más ha llamado la atención de los economistas neoclásicos. La principal diferencia con el IBU es que éste es un ingreso ex ante a la declaración de impuestos, mientras que el NIT se haría ex post a la misma. Esto hace que, por muy bien diseñado que esté el NIT, deba existir algún tipo comprobación de ingreso y por lo tanto no se beneficiaría de todos los efectos positivos de la incondicionalidad absoluta. En todo caso es interesante notar cómo los autores terminan por aceptar que ésta es a fin de cuentas una de las herramientas de implementación realista y viable⁵ de un sistema de garantía de rentas como camino de transición hacia el IBU. Un enfoque que parecen complejizar por ejemplo autores de referencia sobre el tema en España, como Daniel Raventós en el reciente estudio de simulación para su propuesta de financiación del IBU para el país mediterráneo (^{Arcarons et al., 2018}). Por último se busca hacer la comparación con un “crédito tributario” y los llamados “complementos salariales”, que en definitiva se convierten en “créditos fiscales” rembolsables pero orientados sólo a los trabajadores. Ambas son políticas de mantenimiento de rentas que se concentran sólo en los trabajadores pobres y por lo tanto están condicionadas a la situación laboral y que poco o nada harían, por ejemplo, por los desempleados. Esto hace que estas opciones propuestas sean mucho menos interesantes que el NIT y resalta el valor del IBU como una política realmente de ciudadanía.

Standing, en realidad, no aborda la cuestión de las alternativas hasta mucho más adelante en su libro en el capítulo 9 llamado “The Alternatives”. Ahí es donde su estilo más argumentativo le permite ampliar el foco y hablar no sólo de las políticas de transferencia de rentas, “parientes” del IBU (^{Van Parijs y Vanderborght, 2017: 29}), sino que discute el conjunto de las grandes políticas que pueden considerarse como alternativas para resolver los mismos problemas. Éstas son políticas que ya existen y de las que podemos recabar datos y comparar su efectividad y sus límites: el salario mínimo, la seguridad social contributiva, las políticas de asistencia social condicionada, las subvenciones de comidas los programas de “workfare” y los créditos fiscales. La razón de haber presentado más tarde las alternativas es que Standing ha tenido tiempo de presentar al lector algunos de los principios con los que, según su concepción de justicia económica, evaluar estas políticas: las políticas son justas si mejoran la seguridad de los grupos mas inseguros de la sociedad, las políticas no son paternalistas si no imponen controles a ciertos grupos y a otros sí, las políticas deben mejorar la libertad de los beneficiarios y limitar el poder discrecional de los que las diseñan. A estos principios se unen además el de la “restricción ecológica” y el del “trabajo dignificado”: una política no debe de implicar costes ecológicos sobre la comunidad y no puede impedir que la gente busque empleo de forma digna. Como cabría esperar, ninguna de las políticas actualmente existentes es capaz de cumplir todos estos principios y es entonces cuando Standing nos presenta el IBU como una propuesta mucho mejor respecto al sistema clásico de prestaciones y seguridad social o propuestas similares como el NIT. Si se rescata la máxima de Richard Titmuss de que “un servicio para pobres” inevitablemente se convierte en un “servicio pobre”,⁶ Standing refuerza también la solidez argumental de la “universalidad” y la “incondicionalidad” del IBU. A grandes rasgos, mientras que VPyV se mantienen en la argumentación filosóficológica propia de su tradición de pensamiento, Standing concluye que en realidad la mayoría de las políticas alternativas no consiguen los objetivos que se proponen ni tienen capacidad de hacer frente a los nuevos retos de este siglo. Dos estilos argumentativos distintos que en todo caso hace que no difieran sustancialmente de sus posiciones finales.

Los dos libros concluyen estos capítulos con discusiones en torno a propuestas como el trabajo garantizado (TG) o la reducción de la jornada laboral. Ambos concuerdan en que el planteamiento del TG se encuentra en las antípodas del del IBU y que, aunque reservan sus mayores críticas a la dificultad y complejidad de su implementación, terminan por considerar el TG como un “complemento modesto” del IBU (^{Van Parijs y Vanderborght, 2017: 48}). Respecto a la propuesta de reducción de la jornada laboral es especialmente interesante la argumentación de VPyV, ya que consideran que esta reducción es absolutamente deseable pero se muestran muy reacios a que sea a través de una ley concreta que obligue a su reducción. Más bien habría que esperar que el IBU hiciera sus efectos en la mejora de la capacidad de negociación de los trabajadores en el mercado para conseguir reducir el número de horas de trabajo. Un matiz muy importante si consideramos lo que decíamos al principio: para VPyV la principal justificación del IBU es que se trata de una herramienta especialmente efectiva para aumentar la libertad de las personas, que es al fin y al cabo el núcleo de la propuesta. Esta libertad que se vería restringida con una política que “obligara” a la disminución de la jornada laboral.

El siguiente punto que puede recorrerse en paralelo son las discusiones en torno a la historia del IBU. Desde la construcción de las primeras concepciones de asistencia pública, de la posterior seguridad social y su desarrollo en políticas de rentas mínimas y prestaciones como la Bolsa Familia de Brasil o Prospera de México, VPyV muestran el hilo de desarrollo de lo que conocemos como Estado de Bienestar que debería llevarnos hasta el IBU. Comenzando por las experiencias concretas en Inglaterra y el famoso caso del modelo Speenhamland y las Leyes de Pobres⁷ hasta las diferentes ideas que profesaron intelectuales de la Ilustración sobre las mismas. Todo este conjunto de fenómenos se califica como la prehistoria del IBU, pero aparecería en cambio como idea específica de la pluma de Thomas Paine en su panfleto “Justicia agraria” ([1797] ²⁰¹⁴). T. Paine iniciaría la historia del IBU en su radicalización de los ideales del republicanismo democrático al exponer de forma clara la necesidad de garantizar a las personas su sustento material como un objetivo ético y político realizable⁸. Idea que ejerció gran influencia en algunos de los precursores del socialismo utópico como Charles Fourier y que será retomada más tarde por Joseph Charlier de forma más clara. A partir de aquí, según VPyV, la idea reaparece en distintos autores, como John Stuart Mill que, en su Principios de economía política ([1848] ¹⁹⁵¹), dedica a los debates sobre la posibilidad garantizar el derecho a una renta. Un momento clave de esta historia, el paso del debate intelectual a la propuesta práctica sucede a través de Bertrand Russell y su influencia en diferentes sectores de laborismo británico que en la década de 1920 discutieron en sus congresos, para después reaparecer al otro lado del Atlántico en boca de grandes economistas y diferentes extremos del espectro político como Milton Freedman y John Kenneth Galbraith y sus respectivas influencias en el Plan de Asistencia Familiar de Nixon (basada en un NIT, como mencionábamos más arriba) y en la propuesta de Subvención de Ingreso Mínimo del senador McGovern que generaron entonces amplios debates públicos que darían paso a varios proyectos piloto sobre el uso del NIT (^{Tena Camporesi, 2018}). Este recorrido concluye en la actualidad con dos experiencias: la primera es el de la creación del Dividendo Social en Alaska en la década de 1970 y que sigue actuando hoy en día como el referente práctico más cercano a una idea genuina de IBU. La segunda es la experiencia de construcción de la red global de apoyo al IBU, el bien, que es probablemente una de las mayores garantías de supervivencia en el mediano plazo de esta propuesta y cuya creación coincide con un aumento considerable de publicaciones sobre el tema.

Standing a pesar de no utilizar el concepto de prehistoria va a encontrar los orígenes de la idea del IBU más atrás: en la Grecia de Pericles durante las reformas antioligárquicas llevadas a cabo por Ephialtes en el año 461 a.C., reformas que consistieron principalmente en establecer un salario como compensación a las tareas de ciudadanía de los atenienses con el objetivo de permitir ejercer la vida pública a los más pobres de la ciudad, de la que quedaban por entonces excluidos.⁹ Para pautar este proceso Standing utiliza en cambio el termino de “olas”, con el fin de marcar los diferentes momentos en que aparece y se discute la idea de IBU. La primera iría desde Thomas Paine hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, la segunda estaría marcada por el espíritu de posguerra y cuya figura más prominente sería Bertrand Russell, la tercera es la que nos traslada a Estados Unidos, la experimentación con el NIT, las propuestas de Nixon y las preocupaciones más propias de nuestro tiempo, como el desempleo y el cambio tecnológico y, por último la cuarta ola -en la que nos encontramos- que está marcada por el nacimiento del bien a finales de la década de 1980.¹⁰

La deseabilidad ética

Tras este repaso conceptual e histórico tenemos algunos de los capítulos nucleare de ambos libros, los que se centran en la deseabilidad ética y normativa del IBU. VPyV construyen su argumentación ético-normativa en torno al llamado “problema del polizón”, ya que éste ha sido un punto clave que ha llevado a posicionarse a mucha gente a favor o en contra de esta propuesta en términos éticos. Muchos pueden aceptar el IBU como una medida radical para acabar con la pobreza o redistribuir la riqueza, pero se opone a ella en términos éticos: no es justo que quienes no aportan nada a la sociedad reciban dinero de los que sí trabajan, como polizones a bordo de un barco.

Para enfrentar este tema, VPyV hacen un largo recorrido por las diferentes formas de plantear la cuestión según los distintos teóricos de liberalismo igualitario -de los que los autores se sienten parte- como Amartya Sen, Ronald Dworkin y John Rawls. Aunque es posible considerar a VPyV como pertenecientes a la tradición vinculada con la libertad republicana de Philipp Petit¹¹ -como puede serlo Standing de forma más explícita- es aquí donde los autores aclaran que en todo caso se trataría de une feliz coincidencia. Ellos estarían mucho más cerca de la tradición del liberalismo igualitario de John Rawls a quien, precisamente por esto, dedican una gran cantidad de espacio. Estas páginas son de particular relevancia, ya que resumen y detallan uno de los debates más intensos entre Rawls y Van Parijs conocido como “el surfista de Malibú” (^{Van Parijs, 1991}). Aquí nos encontrarnos la famosa propuesta de Van Parijs de volver a “Rawls contra Rawls”. Esto lo hace al extraer las premisas y conclusiones asumidas por Rawls a partir de su principio de la diferencia -por el cual los individuos que están en peor situación son los que deben alcanzar el mejor resultado posible en un índice concreto- e insertarlas en un planteamiento que tiene en cuenta el promedio de este índice en el conjunto del proceso de vida de ese individuo.¹² Esta es la fórmula que usan VPyV para replantear la cuestión de la reciprocidad y los debates sobre lo que entendemos colectivamente como socialmente útil, ensanchando la propuesta de Rawls al conjunto de la vida de un individuo. Desde esta concepción aparecen también, por ejemplo, las argumentaciones de teóricas feministas como Nancy Fraser o Carole Pateman y el problema del trabajo reproductivo. ¿No podríamos acaso considerar a todos los hombres a lo largo de su vida como “polizones” del trabajo de cuidados? La forma en la que el feminismo ha incorporado los debates sobre el IBU lo ha convertido en un espacio específico de investigación y análisis que ha ayudado a ampliar el debate de forma considerable (^{Baker, 2008}; ^{Pateman, 2004}; ^{Robeyns, 2008}).

La discusión se traslada también hacia el análisis sobre lo que han planteado al respecto diferentes corrientes de pensamiento consideradas de izquierda. Desde el libertarianismo y la libertad común y los marxismos hasta las diferentes corrientes poskeynesianas y la función macroeconómica del IBU. Los libertarios, muy cercanos a los planteamientos de Standing, consideran ante todo la propiedad común de los recursos naturales y el IBU como un mecanismo de redistribución de esa propiedad colectiva. Los marxismos tienen diferentes posiciones favorables y contrarias que terminan por girar también en torno al “problema del polizón”. Si ponemos en el centro la cuestión de la explotación y el trabajo, volveríamos a considerar injusto el IBU como una renta que es robada a quien sí trabaja, pero si ponemos en el centro la libertad de no ser explotado, consideraríamos el IBU desde la perspectiva de la libertad republicana y la capacidad de extender la esfera de autonomía de las personas respecto al mercado e incluso una “vía capitalista al comunismo” (^{Van Parijs y Van der Veen, 1988}). VPyV hacen además una crítica frontal a las argumentaciones de A.C. Pigou y la felicidad. La felicidad, debido a la complejidad de su definición, no puede servir como horizonte normativo para apoyar la implementación de algo como un IBU y lo mismo sucedería para VPyV con las argumentaciones poskeynesianas, que son muy útiles para detectar efectos positivos en la economía, pero no sirven desde el punto de vista de la deseabilidad ética, ya que a fin de cuentas no explican en qué sentido es mejor un IBU que otro tipo de opciones con el mismo efecto en la demanda agregada.

Standing, como ya señalamos, antes que darnos un panorama completo, profundiza más bien en el marco ideológico que considera propio: el de la justicia social. El carácter fundamentalmente colectivo de la riqueza es la razón básica sobre la que debería moverse la argumentación ética a favor del IBU, la visión que el autor llama libertarianismo de izquierdas. Una posición que por un lado chocaría con el pensamiento de derechas y por el otro con las posiciones más puramente igualitaristas de las políticas sociales del Estado de Bienestar y la seguridad social. Standing se considera en gran parte un seguidor del economista estadounidense de finales del siglo XIX Henry George, que bajo esta premisa de la propiedad colectiva de la tierra propuso, en su libro Progreso y miseria de 1879, su reparto equitativo a través de un impuesto único:¹³ una tasa sobre la tierra que redistribuyese la renta generada a toda la población reemplazando el resto de los impuestos sobre el trabajo y la producción. Para Standing esta idea de justificar un IBU como reparto de la herencia de riqueza social puede sostenerse tanto para la tierra como, por ejemplo, para las patentes. Siguiendo con argumentos similares a los que podemos encontrar en los libros de Mariana ^{Mazzucato (2014) 14} termina siendo injustificable que gente como Bill Gates acumule fortunas de 80 000 millones de dólares con una tecnología que él desarrolló pero que sería impensable sin una ingente cantidad de trabajo colectivo.

La “segunda principal razón para defenderla” (^{Standing, 2017: 39}) es la libertad. Para mostrarnos su posición sobre el tema, Standing se refiere a una “libertad básica”, es decir a la libertad original condición sine qua non para poder ejercer el resto de las libertades civiles. Esta es la posición que le hace tomar la distancia fundamental con los libertarianos de derechas y defensores del IBU como Charles Murray que, a grandes rasgos, defienden la eliminación del resto de los programas de bienestar como justificación de su implementación (^{Murray, 2006}). Autores en esta misma línea de pensamiento, como ^{Zwolinski (2012)} presentan aquí el principal trade-off o intercambio de un IBU y la contradicción que podría implicar para la libertad de otros aumentar demasiado los impuestos para financiarla. Un debate que ha involucrado al propio bien, que aprobó una resolución al respecto de que el IBU debía de asegurar el mantenimiento del resto de las instituciones del Estado de Bienestar en su Congreso en Seúl.¹⁵

A pesar de esto Standing es mucho más duro con los que se encuentran de su “lado” del espectro ideológico: los “paternalistas libertarios”. Apoyados en la economía conductual y la teoría de los nudges, consideran que la principal labor de los diseñadores de políticas debería ser orientar a los pobres a tomar buenas decisiones.¹⁶ Éste es un punto contra el que también escribe, por ejemplo, el historiador holandés Rudger Bregman en su reciente superventas Utopías para realistas. A favor de la renta básica universal, la semana laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras (²⁰¹⁷) al considerar que, desde el punto de vista empírico, no tiene ningún sentido considerar a los pobres menos racionales que el resto de la población (^{Bergman, 2017: 171}). Es precisamente ese “leve” paternalismo lo que termina por convertir en burocracias kafkianas los sistemas de prestaciones y encerrando a las personas en las “trampas de la pobreza”. El ideal de libertad republicana, uno de los nodos ideológicos de unión de la mayoría de los defensores del IBU (^{Cassasas y Raventós, 2006}) es incompatible con esto. Ésta busca profundizar en la idea de libertad “negativa” entendida como “no dominación”. Es una de las ideas fundamentales surgidas en torno al concepto de “ciudadanía” ateniense, la libertad de no tener que pedir permiso, la libertad sería la posibilidad de actuar colectivamente y no poder ser esclavizado por otros. El IBU permitiría tener la libertad de rechazar los empleos que no nos gusten y aceptar los que sí, empezar un negocio teniendo cierta seguridad financiera, dedicar más tiempo al trabajo de cuidados, a las artes e incluso la libertad de decidir no hacer nada -libertad a la que Standing dedica un apartado entero-. A partir de aquí entendemos cómo la importancia del IBU no es sólo la cantidad de dinero, sino la capacidad de dotar de una mínima seguridad y certidumbre.¹⁷

La viabilidad técnica

El siguiente conjunto de temas que tratan los dos libros es el de los debates relativos a las posibilidades de financiación, su viabilidad económica y la calidad de la evidencia empírica que podemos rescatar con los experimentos de IBU. En este punto la diferencia entre VPyV y Standing también es clara: aunque ambos saben que hay que moderar las expectativas sobre la capacidad predictiva de los llamados “proyectos piloto”, Standing se muestra a favor de seguir profundizando en esta vía mientras que para VPyV es en cierto modo secundaria. VPyV analizan con cierta profundidad las limitaciones de los diferentes pilotos y de los modelos econométricos que han tratado de arrojar luz sobre los posibles efectos del IBU en la macroeconomía y encuentran que en general suelen tener limitaciones como su corta duración y otro tipo de restricciones relativas a la forma de selección de las muestras.¹⁸ Standing, por su parte, como demuestra su participación directa en la realización de uno de los pilotos más conocidos en India,¹⁹ sí los considera fundamentales. Si dichos pilotos están hechos de forma consistente sirven para discutir muchas de las críticas vertidas sobre el IBU, en especial las vinculadas a los efectos desastrosos que tendría en términos de incentivos económicos, así como para afirmar sus efectos positivos, como la disminución del estrés y la mejoría en la salud.

La galaxia de posibilidades y vías de financiación del IBU es mucho mayor de lo que parece en un primer momento y, sobre todo, no es algo que podamos abordar de forma separada de la propuesta concreta en cada caso. Estas vías pasan por el aumento de los impuestos sobre la renta, el capital, el patrimonio, el consumo, el reparto de los frutos de las propiedades colectivas de los recursos naturales y las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales. El objetivo de estos apartados en ambos libros es el de convencer al lector que existen múltiples posibilidades de financiación que se deben abordar en cada lugar específico, y que éstas no sólo son viables sino que tienen efectos positivos para el conjunto de la economía. Ninguna de ellas es al fin y al cabo la panacea y la combinación de algunas en distintos procesos de acercamiento a la implementación real de un IBU tienen que seguir tomándose en consideración.

Éste es además uno de los temas en el que Standing es especialmente convincente debido por un lado su especialidad académica, pero también, como mencionamos, a su tono más argumentativo. Standing comienza con un ataque frontal a los muchos críticos que consideran el IBU insostenible financieramente y consideran que por lo general está basado en “cálculos de servilleta” (^{Standing, 2017: 89}); en realidad ninguno de ellos ha entendido realmente qué es y cómo operaría un IBU y ha dejado de lado cuestiones centrales para su cálculo. Un ejemplo es que entendido como simple mecanismo de redistribución de recursos de las rentas más altas a las más bajas, en algún modelo de NIT, podría reducir su coste neto para el Estado a cero. Por otro lado, en las críticas no se suele tener en cuenta todo lo que se ahorraría con la sustitución de una serie de prestaciones existentes actualmente de cuantía igual o más baja pero más ineficientes, o del ahorro en las subvenciones agrícolas que terminan siempre en manos de los grandes propietarios, o en la eliminación de la gran variedad de exenciones y concesiones fiscales que en el caso de Reino Unido implican cerca de 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) (^{Standing, 2017: 92}). Aunque todas las propuestas concretas de financiación combinan distintas intensidades de estos elementos, hay que tomarlas siempre como orientativas. Lo que demuestra de forma convincente Standing es que se trata siempre de propuestas viables que además suelen trabajar con presupuestos de neutralidad del gasto público y por lo tanto presuponen una recaudación igual. Hay dos puntos interesantes sobre los que reflexiona Standing que son periféricos a la cuestión de la viabilidad económica pero que es interesante resaltar. Uno es el del problema del acceso a la vivienda, en especial en las grandes ciudades, que amenaza con volver inviable y absorber cualquier proyecto de transferencia de rentas: Un problema sobre el que hay que reflexionar de forma específica para contar con la viabilidad de la propuesta. El otro es el de la inmigración, Standing le da la vuelta totalmente a la argumentación tradicional que presenta el IBU como desastroso en tanto que motor de un “efecto llamada” sobre los países ricos. El problema en una sociedad globalizada no es la inmigración, en todo caso sería la migración desde el punto de vista de los países emisores y el IBU podría ayudar en este sentido. El problema político fundamental en los países “receptores” es en realidad la xenofobia, especialmente en países con pirámides poblacionales totalmente invertidas, y en esto también el IBU podría ayudar. Una gran parte de los sentimientos anti-inmigración se generan cuando los ciudadanos perciben que personas migrantes son seleccionadas antes que ellos por sus características socioeconómicas, propias de los subsidios condicionados. El IBU, al volverse universal, pero solo por criterios de residencia legal, podría reducir este tipo de inmigración selectiva y al mismo tiempo reducir los sentimientos anti-inmigración de esos grupos sociales que perciben que las prestaciones se reciben por un criterio más justo como es el de pertenencia a una comunidad.

Otro de los puntos centrales a los que Standing dedica un capítulo entero es a tratar de explicar la conexión entre el IBU y una de las ideas clave de su concepto de “precariado”: la “incertidumbre”. El desarrollo de nuestros Estados de Bienestar ha estado vinculado de manera muy poderosa a lo que la bibliografía entiende como percepción social del riesgo (^{Taylor Gooby, 2004}). Los diferentes procesos históricos que han llevado a la consolidación de estos sistemas estaban anclados a la necesidad de la población trabajadora de reducir los riesgos que podían suceder ante diferentes contingencias: desempleo, los problemas de salud o accidentes laborales. Esto implicaba una visión del riesgo como algo cuantificable, algo malo que podía sucederte en el curso normal de tu vida como trabajador y que por lo tanto podías calcular las probabilidades de que sucediera y poder así asegurarte. Esta percepción es la que ha construido los denominados sistemas de seguridad social. En cambio la “incertidumbre” implica “desconocer lo desconocido”, la falta absoluta de certezas es imposible de cuantificar y por lo tanto de “asegurar” en estos términos. Ésta es la situación que caracteriza actualmente al “precariado”: entradas y salidas permanentes del mercado de trabajo implican la imposibilidad de cotización continua o ahorro para poder asegurarse ente estos riesgos. Es aquí donde los Estados de Bienestar fallan. Un IBU sería un mecanismo mucho más efectivo frente a esta “incertidumbre” y estaría por lo tanto mucho más cerca de nuevos sistemas de seguridad social que de un desarrollo del sistema de rentas mínimas. Además el IBU, al ser otorgado ex ante, es un tipo de protección social que permite generar unos horizontes de seguridad y tranquilidad financiera mucho más claros. Para Standing los sistemas de seguridad social generan una cosa llamada “trampa de la precariedad”.²⁰ Esas situaciones siempre cambiantes de la carrera laboral hacen que sea difícil la autoubicación en una categoría o umbral de renta preciso, y por lo tanto no saber cuándo tienes derecho a alguna prestación o simplemente cómo responder a las preguntas de los formularios para recibirlas. El “precariado” de Standing tampoco podría confiar, como generaciones anteriores, en que el crecimiento económico pudiera mejorar su situación en el futuro.

Aunque no es sencillo responder en qué medida el IBU acabaría con la desigualdad y la pobreza en abstracto sí parece claro para Standing que éste prácticamente terminaría con la “incidencia de la pobreza”: el número de personas que viven en pobreza relativa; así como la “intensidad” de la pobreza de la gente que estuviera cerca de cualquier umbral e indicador de pobreza absoluta. Dicho en otras palabras, de lo que podemos estar seguros es que el IBU reduciría la “amenaza” de la pobreza para mucha gente. La respuesta es más ambigua cuando el economista británico quiere responder a la pregunta de si reduciría la desigualdad. Aunque a priori podríamos decir que por norma general tendría que reducir la desigualdad, la incógnita del sistema de financiación concreto y el conjunto de las instituciones de bienestar que operarían en cada ocasión hacen que sea difícil establecer de forma general en qué grado podría incidir en indicadores de desigualdad. Pero no olvidemos que hay más formas de entender la desigualdad y la pobreza que sólo la relativa a la renta. Un ejemplo relevante para los estudios sobre el IBU es el que ha desarrollado la politóloga y ex diputada Araceli ^{Damián (2014)}, centrado en el derecho al tiempo libre y su propuesta de implementación del IBU para México. El tiempo tiene que considerarse un recurso fundamental para los individuos y los hogares, ya que afecta muy directamente la calidad de vida de las personas. El IBU sería también un mecanismo igualador de tiempo disponible para las personas, liberando su capacidad de tomar decisiones sobre qué hacer con el tiempo propio sin necesidad de someterse a otros para poder conseguirlo.²¹

En la era del llamado “estancamiento secular” (^{Gordon, 2016}; ^{Summers, 2016}) en la que la productividad y los salarios parece que se han desligado definitivamente, hay un argumento fuerte en favor del IBU que suelen esgrimir los poskeynesianos y su interés en revitalizar la demanda agregada. Un IBU podría ser una herramienta especialmente efectiva para esto, ya que iría a parar en gran medida a manos de las personas con más capacidad de aumentar su consumo: las rentas más bajas. Éste es además el grupo que tiene más tendencia al consumo interno y podría por lo tanto inclinar la balanza de pagos. Ante los argumentos sobre la posible inflación que esto podría provocar, Standing también es claro: Si nos atenemos a los datos de los experimentos en realidad podría ser incluso al revés. En India el aumento del poder adquisitivo de los agricultores locales les permitió dejar otras actividades menos productivas y volver a plantar más arroz y trigo, lo que trajo consigo un aumento de la oferta y un descenso de los precios a pesar de que sus ingresos subieron. Aunque esto estaría -otra vez- determinado por la forma de financiación, sí ésta fuera simplemente un cambio de dirección del mismo gasto público ni si quiera existiría un aumento de la masa monetaria en la economía. Para que haya riesgo de inflación el poder adquisitivo agregado debe de ser mayor que el conjunto del PIB, esto es una relación mucho más compleja que el simple aumento de la capacidad de consumo.

Todas estas son apreciaciones que Standing apoya en los datos y en la evidencia empírica disponible, que además nos señalan que el IBU tiene también un efecto positivo en el espíritu emprendedor de las personas. La razón es la que no deja de repetirnos Standing incansablemente, el IBU es importante sobre todo por el horizonte de seguridad que nos proporciona a largo plazo, que es central para asumir riesgos. Al contrario de lo que pudiera parecer, el IBU no va en contra del derecho al trabajo, al revés, otorga más herramientas a las personas para poder llevarlo a cabo como un derecho y no como una obligación.

Uno de los momentos en los que tanto Standing como VPyV aterrizan más claramente la posibilidad de implementación de un IBU es cuando hablan de la Unión Europea y la propuesta de un eurodividendo. La apuesta es transformar las políticas del Banco Central Europeo (BCE) de quantitative easing o alivio cuantitativo (QU) en un IBU que fuera directamente al bolsillo de las personas. Una de las propuestas de implementación más interesantes y que más investigación ha generado últimamente (^{Mencinger, 2017}). Además hacen hincapié en la variable política que un eurodividendo tendría como “estabilizador automático” de la economía en momentos de crisis y sobre todo de redistribución territorial de los recursos, uno de los elementos clave sobre el que pensar el futuro desarrollo de la integración europea.

Un último punto ligado a los aspectos económicos tratado en ambos libros es el de la robotización y la automatización del empleo. Aunque en el debate público éste ha sido uno de los argumentos centrales que se esgrimen a favor de la necesidad de un IBU, estos expertos lo tratan de forma muy marginal. Standing incluso se mantiene más escéptico que VPyV sobre la “idiotez del fin del empleo” (^{Standing, 2017: 75}). Para el economista no tiene sentido pensar el empleo como una cantidad finita que se reduce por la robotización. Ésta podría, como mucho, automatizar una serie de actividades, pero que no tendrían por qué traducirse en eliminación de empleos. La forma en la que una economía crea empleo y desempleo es muy compleja y difícil de predecir con tanta seguridad y hay razones mucho más importantes para apoyar un IBU. Los efectos sobre la inseguridad y la justicia social deberían ser los argumentos centrales para defenderlo, alejarse del tema del desempleo tecnológico y centrarse más en la redistribución de la renta en los momentos de cambio tecnológico.

La factibilidad política

El último punto sobre el que coinciden los análisis de ambos libros es el de la investigación de las posturas de diferentes actores y corrientes políticas sobre el IBU como punto clave para pensar en su factibilidad política. En este caso, el enfoque del libro de VPyV es mucho más propicio para una presentación profunda de este tema. Aunque para saber la opinión respecto al IBU podría parecer útil acercarse a esto desde el punto de vista de las encuestas de opinión, VPyV nos advierten que resulta muy difícil extraer datos sólidos sobre el tema debido a la extendida confusión conceptual entre la gente. Una confusión que termina por hacer de la forma en la que están formuladas las preguntas la cuestión determinante de los resultados. Ante esto es más realista acercarse entonces a las opiniones de las distintas “familias políticas”. En especial, es de interés para nuestros autores la postura del movimiento sindical que, aunque con matices, se ha mostrado reacio a la idea de un IBU. Esto se debe por lo general al miedo sobre el efecto que éste pueda tener sobre los salarios, pero principalmente por el miedo a que un IBU les desplace como operadores políticos centrales para conseguir rentas para los trabajadores. Para Standing es evidente que por sí solos los sindicatos no han sido capaces de evitar el deterioro de los salarios en las últimas décadas, incluso en países donde su capacidad de negociación se ha mantenido solida formalmente; su capacidad de influir en los salarios está determinada por la capacidad de negociación en el conjunto del mercado de trabajo, y esto es algo a lo que un IBU podría ayudar por otras vías y por lo tanto cabría esperar resultados similares.

En cambio son las nuevas organizaciones vinculadas al fenómeno del “precariado” y las organizaciones feministas y ecologistas las que parecen estar mucho más cercanas a esta idea. La panorámica que nos ofrecen los autores nos presenta un IBU que conecta mucho mejor con la nueva izquierda y sus nuevos ejes políticos -o con las viejas ideas de los socialistas utópicos-, que con las organizaciones socialdemócratas y sindicales que han dominado el panorama de la izquierda europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ambos dedican también cierto espacio a argumentar en torno a la propuesta del ingreso de participación de ^{Atkinson (1996)}. Aunque el principal argumento es el de su inviabilidad técnica, resulta interesante ver cómo toca uno de los puntos centrales, donde Atkinson dice que la debilidad política de la propuesta es la débil legitimidad social que tiene la incondicionalidad total. En la propuesta de Atkinson se combinaría un IBU con una cierta cantidad de trabajo comunitario que pudiera demostrar la “participación” social de las personas y por lo tanto cierto nivel de reciprocidad. La extrema dificultad de que socialmente se acepte recibir un ingreso “a cambio de nada” se vislumbra aquí como uno de los puntos críticos de la propuesta.

Standing apunta a una serie de argumentaciones en torno a esto en su capítulo sobre el empleo y el trabajo. Si asumimos la distinción entre estas dos cosas se vuelve mucho más difícil decir que alguien está recibiendo un IBU a cambio de nada. La Gig Economy evidencia que existe una serie de actividades que pueden considerarse empleo sólo a partir de si tienes o no una aplicación encendida. Las condiciones del “precariado” están diluyendo las barreras entre empleo y trabajo, ya que éste termina por hacer una cantidad cada vez mayor de trabajo no remunerado en ese espacio de incertidumbre entre cada empleo que puede conseguir. En nuestra sociedad hay ingentes cantidades de trabajo no pagado. El feminismo, como decíamos más arriba, lleva también décadas apuntando hacia el trabajo reproductivo como una esfera de la actividad humana sin la cual no podríamos sobrevivir, pero que se hace de forma no pagada y sin visibilidad. Lo que se considera como “empleo” es una actividad humana que es “socialmente útil” y por lo tanto permite hablar de reciprocidad, pero no deja de ser una cuestión ideológica.

Conclusiones

En suma, tanto VPyV como de Standing ponen de manifiesto la complejidad y la infinidad de aristas que tiene el debate -y, por lo tanto, la investigación- en torno al IBU. Esto es muy importante para asumir definitivamente que, llegados a este punto, la discusión ha dejado de ser exclusivamente IBU sí o no, sino más bien qué IBU queremos implementar y cómo. Dialogar entonces sobre la financiación y el impacto sobre el sistema institucional en el cual poner en marcha un sistema de seguridad social basado en un IBU se coloca en el mismo plano del debate que su deseabilidad ética, ya que inevitablemente se afectan mutuamente. Las decisiones concretas que se tomen en cada contexto específico de implementación y respecto a qué actores institucionales, van a delimitar cómo esta idea se pondrá en la práctica; esta tensión entre diferentes planos del debate se ve reflejada por ejemplo en Standing en su postura con respecto al NIT. Mientras niega que esta pueda tratarse de una forma de IBU al ser una política de redistribución ex post y por eso suscrita a algún tipo de control de recursos, asume que el método de financiación podría implicar un proceso de redistribución de recursos con un coste neto nulo para el Estado con una fórmula similar de implementación a través del sistema impositivo. En cambio VPyV parecen renunciar a alguno de sus preceptos de “libertad real”, en aras de una posible implementación, sin muchas veces argumentar del todo dónde estaría entonces este límite. Es decir, paradójicamente son los autores provenientes de la discusión filosófica y normativa los más dispuestos a ceder en algunos puntos teóricos clave, mientras que no parecen querer ceder quienes vienen de una investigación y un campo de estudio en principio más pragmático como es la economía aplicada o el estudio del mercado de trabajo global.

Para entender estas tensiones es fundamental asumir un a priori epistemológico a veces no del todo explicitado debido a sus consecuencias para el análisis. Cuando hablamos de la investigación sobre el IBU hablamos de un objeto de estudio mucho más sinuoso y ambiguo de lo que parece en ese permanente juego entre su propuesta ideal y su formulación concreta. Un “objeto” que está asociado además a un universo de otros conceptos adyacentes y sin los cuales no es comprensible ni practicable. El IBU es fundamentalmente una “idea” y como tal no tiene una concreción específica y esencial que la haga inamovible en cada contexto de discusión. Esto la convierte en un objeto de disputa política y teórica en la que muchos actores tratan de proyectar sus propios horizontes de una sociedad deseable. Pero es precisamente esta característica del objeto que estamos tratando de estudiar la que genera una investigación que se mueve a la perfección en los tres ejes de debate que el recientemente fallecido Erik Olin Wright decía que cualquier utopía realista debía enfrentar: su deseabilidad ética, su capacidad técnica y su viabilidad política (^{Olin Wright, 2014}). En definitiva, un conocimiento profundo de la investigación al respecto del IBU debe ayudar a afrontar su posible implementación en el ámbito de las políticas públicas con todas las herramientas necesarias para su debate colectivo como para reducir lo más posible la incertidumbre sobre sus posibles consecuencias prácticas.

En lo que sí parecen coincidir completamente estos autores es en que la “viabilidad política” es al final el punto más complejo y abierto, debido a que éste es el punto de condensación entre los elementos de su deseabilidad ética, su viabilidad técnica y algunos núcleos de sentido común más extensos en nuestras sociedades “contractualistas” en torno a la cuestión de la reciprocidad. Pero tal y como rezaba la introducción del manifiesto de Thomas Paine de Common Sense (¹⁷⁷⁶): “el tiempo crea más conversos que la razón”, parece claro que estamos en un buen momento para la exploración de esta idea que ya se está convirtiendo en una pieza clave de muchos de los debates contemporáneos sobre el futuro de nuestras sociedades y sus instituciones de sostenimiento del bienestar colectivo.