nova página do texto(beta)
Espanhol (pdf)
Artigo em XML
Referências do artigo
Tradução automática
Enviar este artigo por email
Citado por SciELO 
Similares em
SciELO 
Permalink
El proceso de modernización actual en países en desarrollo muestra profundas brechas sociales y económicas entre territorios y comunidades. Se trata de una tendencia predominante en países latinoamericanos, ya que su desarrollo reciente surge en paralelo con la exclusión de grupos vulnerables de los beneficios del desarrollo (Cepal, 2016; Insulza, 2011; Robert, 2007). Si bien los niveles de pobreza en la región disminuyeron desde 37% a 30.7% entre 2005 y 2016 (Cepal, 2014), la inequitativa distribución de recursos y oportunidades continúa siendo un obstáculo central para alcanzar el desarrollo. Algunos autores destacan que el problema de la exclusión se ha agudizado en Estados que han implantado políticas de corte neoliberal, que hoy muestran serias dificultades para disminuir la brecha de oportunidades entre los grupos sociales de mayores (Acevedo y Valentini, 2017; Canudas y Lorenzelli, 2005; Jiménez y Assuna, 2017) y menores ingresos (Danner, 2017). Estas cifras explican por qué la agenda 2030 de desarrollo sostenible subraya la necesidad de conciliar el crecimiento económico con la inclusón social (Cepal, 2018: 93).
El escenario social latinoamericano ha contribuido a que tanto investigaciones como informes públicos trasladen su foco desde aproximaciones que analizan la pobreza desde lo monetario, hacia estudios que indagan en las diversas expresiones materiales y simbólicas de la desigualdad (Canudas y Lorenzelli, 2005; PNUD, 2017). En este tránsito, la inclusión aparece insistentemente en las políticas sociales como respuesta a situaciones de pobreza y desigualdad estructural de los países de la región, así como una herramienta para corregir desequilibrios propios de marcos político-económicos neoliberales que han reducido las políticas y los programas de bienestar existentes en los países.
Sobre esto, el panorama social global muestra que sólo 50% de mujeres en edad laboral trabaja (Cepal, 2014). El 18% de los nacimientos sucede en mujeres de menos de 20 años (OMS, 2009). El 70% de las personas con algún tipo de discapacidad está desempleada y sólo entre 20% y 30% de los niños y niñas en situación de discapacidad asiste a la escuela (International Disability Rights Monitor, 2004). Estos datos muestran cómo las oportunidades de desarrollo humano se distribuyen inequitativamente entre grupos de la sociedad.
En esta discusión, el caso chileno resulta interesante de analizar, dada la paradoja de un país que ha disminuido aceleradamente la pobreza, de 38.6% en 1990 a 11.7% en 2015 (Ministerio de Desarrollo Social, 2016), y en el que persisten niveles de inequidad que lo sitúan entre los países con mayor desigualdad del mundo (por ejemplo, 0.495 de coeficiente de Gini en 2016). Diversos estudios dan cuenta de un país donde el proceso de modernización capitalista ha generado profundas inequidades en áreas sociales sensibles del desarrollo humano (Codoceo y Muñoz, 2017; PNUD, 2017). Chile ha avanzado en la medición multidimensional de la pobreza (Ministerio de Desarrollo Social, 2016) a través de la aplicación de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen). Ésta advierte que el acceso a oportunidades sociales está fuertemente condicionado a factores estructurales como educación e ingresos. Asimismo, se expresa en una disímil calidad de educación, infraestructura de barrios, atención de salud, acceso a bienes culturales, y oportunidades de participación política.
Este artículo resume los principales resultados del Índice Regional de Inclusión Social (IRIS) de las comunas de la Región de Valparaíso en Chile. Esta región (provincia) está compuesta por 38 comunas (municipios) y su capital es Valparaíso (mapa 1). Cuenta con una superficie de 16 396 km² y con una población de 1 825 757 habitantes; es la tercera región más habitada del país. En términos de desigualdad, muestra una disminución del coeficiente de Gini según ingresos autónomos (ingresos generados por las personas del hogar), desde 0.504 en 2013 a 0.495 en 2015. A nivel de ingresos monetarios (ingresos autónomos más transferencias del Estado), dicho coeficiente baja de 0.491 en 2013 a 0.482 en 2015 (Ministerio de Desarrollo Social, 2016).
Algunos datos que retratan el estado de la inclusión social (IS) en la Región de Valparaíso es que 18.2% de la población regional está bajo la línea de la pobreza multidimensional (Ministerio de Desarrollo Social, 2016); es la región del país con mayor número de adultos mayores (18%), y un porcentaje similar corresponde a adultos en situación de discapacidad. El 52.7% de la población regional son mujeres; de ellas, sólo 44.3% participa en el mercado laboral. La proporción de jóvenes que no estudia ni trabaja asciende a 14.6% de población en ese rango de edad (bajo la media nacional de 18%). Otro dato revelador es que es la región del país con mayor número de asentamientos irregulares (slums), con 162 y más de 40000 personas viviendo en ellos (Techo, 2016).
Estas cifras explican que en la Estrategia de Desarrollo Regional 2020 (Gobierno Regional de Valparaíso, 2012: 14) se plantee como objetivo que todos los integrantes del territorio puedan acceder adecuadamente a servicios básicos, disponer de un empleo de calidad y ejercer plenamente su ciudadanía participando en los destinos de la comunidad.
A partir de la situación político-social de la Región de Valparaíso es pertinente indagar en las brechas de IS entre comunidades y territorios. Se han investigado las diferencias en las condiciones de calidad de vida en las ciudades (Orellana et al., 2012; Minvu, 2010), las brechas de desarrollo humano a nivel comunal (PNUD, 2005), los niveles de pobreza multidimensional (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). El aporte del iris radica en que, a diferencia de otros estudios sociales, propone una métrica de inclusión a escala local, además de incorporar la dimensión género con el objetivo de visibilizar las condiciones de inclusión de la mujer. Además, mide la inclusión desde un enfoque que integra tanto indicadores asociados con el individuo, como factores territoriales que inciden en la inclusión. Esta investigación busca ser un aporte al conocimiento de las ciencias sociales al proponer una metodología que a nivel local prueba empíricamente un fenómeno (inclusión social) que hasta hoy ha sido parte de estudios de corte nacional y macropolíticas.
En este marco, el IRIS1 permite medir y comparar el grado de inclusión social a nivel comunal, en aspectos como acceso a servicios sociales, espacios físicos y mecanismos de redistribución. En específico, se indaga: ¿Cuáles son las comunas de la Región de Valparaíso que muestran mayor liderazgo en IS? ¿Cuáles son las comunas que presentan mayor rezago en IS? ¿Existen brechas de inclusión entre las comunas rurales y urbanas de la Región de Valparaíso? ¿Qué dimensiones sociales exhiben mayores brechas a nivel comunal? ¿Qué lineamientos sugiere el iris para las políticas sociales de Chile y América Latina?
El IRIS está compuesto por cinco dimensiones: 1) Empleo y seguridad (seis indicadores); 2) Salud y bienestar (14 indicadores); 3) Educación y acceso a la información (nueve indicadores); 4) Vivienda y entorno (nueve indicadores), y 5) Género (seis indicadores).
De la exclusión a la inclusión social: dos perspectivas en discusión
Desde la segunda mitad del siglo XX se observan debates teóricos acerca de qué concepto retrata de forma cabal las tensiones sociales emergentes en sociedades capitalistas. Durante la década de los años sesenta, la discusión sobre problemáticas sociales se desplazó desde el estudio de la marginalidad hacia estudios de pobreza que se concentraban en aspectos como ingresos y acceso a canasta básica de alimentos (Acevedo y Valentini, 2017). Esta perspectiva ha sido criticada por autores que señalan que el enfoque de pobreza resulta limitado, ya que no aborda de manera satisfactoria aspectos como participación, diversidad sexual o medio ambiente, que afectan a grupos vulnerables de la sociedad (Madanipour, 2011).
La exclusión social puede crear un espiral de desventaja que impacta en aspectos de identidad, reconocimiento, oportunidades, redes y bienestar del individuo (Berube, 2005). Por lo tanto, en lugar de centrarse en las formas de pobreza material, actualmente se abordan aspectos como redistribución, acceso y participación (Murie y Musterd, 2004). Esta perspectiva multidimensional de la exclusión apunta a que una persona es segregada no sólo cuando sus ingresos resultan insuficientes, sino cuando no accede al desarrollo pleno de sus capacidades (Sen, 2010), lo que la sitúa en los márgenes de las redes de oportunidades (Subirats, 2010).
Mayra Buvinic (2004) advierte que las desventajas derivadas de la exclusión social generan estigma y discriminación de los grupos excluidos, separando a los individuos entre “nosotros y ellos”; los grupos con escaso poder padecen una exclusión que influye significativamente en la distribución de oportunidades de vida. Esto marca una diferencia sustantiva con el concepto de pobreza, ya que es posible encontrar personas en una situación de pobreza objetiva que participan plenamente de la vida social, independientemente de que sean empleados de bajo salario, personas en situación de desempleo o pensionistas, al tiempo que existen personas con una situación económica y financiera relativamente desahogada que padecen una grave exclusión o rechazo social (Castel, 2000).
La inclusión se concibe como un proceso que busca asegurar que personas en riesgo de pobreza y segregación aumenten sus oportunidades y recursos para participar en la vida económica, social y cultural, gozando de condiciones de vida y bienestar considerados como normales en la sociedad (Muriel et al., 2014). Por lo tanto, apela a una situación en la que personas y comunidades se integran económica, política y culturalmente en la sociedad (Eberle, Serge y Losier, 2007). Si la exclusión social es un proceso que niega el acceso, la participación y la capacidad de elección a las personas, la inclusión social se fundamenta en valores como la justicia social, la diversidad, las oportunidades de elección y el derecho a servicios sociales (Cushing, 2003). La IS se materializa de distintas formas en el ciclo vital de la persona, como un individuo con derecho a reconocimiento de su identidad y estilo de vida, un ciudadano con derechos políticos de participación, un agente activo dentro del sistema laboral, un consumidor accediendo a servicios y bienes, e integrante de organizaciones y redes sociales (Vranken, De Decker y Van Nieuwenhuyze, 2003).
Este giro hacia la inclusión social no ha estado exento de debate. Angus Cameron (2006) advierte que en la literatura sobre exclusión social, la naturaleza y los significados de la inclusión social se dan por hechos o sobre- entendidos. Esta falta de entendimiento crítico sobre qué es estar incluido nace de una tendencia en las ciencias sociales de definir la inclusión social simplemente como negación de la exclusión social (O’Reilly, 2005). En esta línea crítica, Ruth Levitas (1996) sostiene que el concepto de exclusión social desvía la atención del problema central de las sociedades capitalistas, reflejado en las inequidades materiales entre los dueños de la propiedad y la clase trabajadora.
Para el Banco Mundial (2017), la IS es un proceso de mejora de capacidades y dignidad de los desfavorecidos sobre la base de su identidad y participación en la sociedad. En concordancia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2007) perfila la inclusión como una forma ampliada de integración social, que no sólo mejora el acceso a canales de integración, sino que promueve mayores posibilidades de auto- determinación de individuos. Esta integración, a juicio de Joan Subirats et al. (2004: 15) , depende de la participación de los individuos en tres ejes básicos: 1) mercado y/o la utilidad social aportada por cada persona como mecanismo de intercambio y de vinculación; 2) la redistribución, llevada a cabo por el Estado; y 3) las relaciones de reciprocidad que se despliegan en el marco de la familia y las redes sociales.
Para definir la IS es necesario diferenciarla de conceptos como integración y cohesión social. Sobre el primer concepto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2017) plantea que la integración social se alcanza mediante un papel activo que los individuos con sus derechos y responsabilidades. El segundo concepto apunta a la ausencia de fracturas o divisiones dentro de la sociedad, y a la capacidad de gestionar tales divisiones. Una sociedad cohesionada crea un sentido de pertenencia, promueve confianzas, combate la exclusión y ofrece a sus miembros la oportunidad de movilidad ascendente. La inclusión social asoma como un proceso (o ideal) de mejora de los términos de participación para personas que están en desventaja en función de edad, sexo, discapacidad, raza, origen étnico, origen, religión, estado económico o de otro tipo, a través de mejores oportunidades, acceso a recursos, voz y respeto por los derechos (UN, 2016: 1).
Más allá del énfasis de cada autor, se reconoce que conceptualizar y medir la IS será siempre un ejercicio subjetivo que varía dependiendo de los grupos y contextos culturales, aunque siempre asociado con valores como cohesión, democracia, solidaridad e integración (Silver, 2015). Asimismo, se trata de un proceso que persigue la integración y la ampliación de oportunidades de grupos excluidos plenamente identificados: adultos mayores, infancia, etnia, personas con discapacidad, minorías sexuales, grupos económicamente vulnerables e inmigrantes. No obstante la amplitud del término, autores como Subirats (2010)) han hecho el ejercicio de operativizar una agenda pro-inclusión basada en cinco ejes básicos: 1) visibilidad; 2) consideración de necesidades de individuos y grupos; 3) interacción social; 4) derechos de personas a servicios sociales, y 5) recursos para participar plenamente de la sociedad.
Desde una arista política, las agendas pro-inclusión levantadas a nivel nacional y local buscan avanzar hacia sociedades promotoras de los derechos fundamentales (Barnes Atkinson y Marlier, 2010), desarrollo de capacidades (Oxoby, 2009; Sen, 1985) y oportunidades de participación igualitaria para todos sus miembros. En este sentido, Ali Madanipour (2011) sostiene que las sociedades actuales muestran un desigual acceso de ciertos grupos a procesos de toma de decisiones, recursos económicos, servicios y narrativas comunes que posibilitan la integración social. Esto se explica, en palabras de Robert Castel (2000, 2014), por la fragilización de los soportes relacionales y simbólicos que vinculan a los individuos con la sociedad. Esta fragilidad en el modelo político-social de países en desarrollo ha llevado a avanzar hacia un enfoque de derechos sociales garantizados. Este enfoque se define como un conjunto coherente de principios y prácticas que permitiría operacionalizar los derechos humanos en políticas de desarrollo (Pautassi, 2007).
En este estudio se identifican tres pilares básicos (Allman, 2013; Madanipour, 2011; Murie y Musterd, 2004; PNUD, 2017; Silver, 2015; Subirats et al., 2004; Subirats, 2010) para definir y alcanzar la inclusión social: 1) mecanismos de redistribución como empleo, ingresos, bienes, subsidios, entre otros; 2) acceso a servicios sociales, equipamiento y espacios físicos, y 3) mecanismos de participación en proceso de tomas de decisiones, reconocimiento y autodeterminación. Estos tres pilares representan la base para definir la inclusión social como un proceso en el que grupos sociales diversos acceden a empleo, espacios físicos, servicios sociales, autodeterminación y procesos de toma de decisiones, que posibilitan un desarrollo individual y colectivo.
A partir de la revisión de literatura, arribamos a una definición de inclusión como un proceso donde grupos sociales diversos acceden a empleo, espacios físicos, servicios sociales, autodeterminación y procesos de toma de decisiones, que posibilitan un desarrollo individual y colectivo (Cáceres et al., 2017).
En la siguiente sección se presenta una revisión de índices que abordan las temáticas de áreas como calidad de vida, justicia social, bienestar, progreso social, equidad de género, desarrollo humano e inclusión social.
Monitoreando la realidad social: una revisión de índices sociales
A continuación se analizan ejemplos de índices que abordan problemáticas sociales a nivel local y nacional. En esta búsqueda se seleccionaron mediciones asociadas con criterios como: 1) problemáticas relacionadas con IS: exclusión, desarrollo humano, justicia social, calidad de vida; 2) año de publicación; 3) dimensiones y variables consideradas en los índices, 4) uso de data secundaria, y 5) casos de estudio internacionales.
El Índice de Justicia Social (Scharaad-Tischler y Schiller, 2016) busca medir a escala nacional 27 indicadores distribuidos en las dimensiones: 1) prevención de pobreza; 2) educación equitativa; 3) acceso al mercado laboral; 4) cohesión social y no discriminación; 5) salud, y 6) justicia intergeneracional de los Estados miembros de la Unión Europea.
El Índice de Bienestar (OECD, 2015) analiza las condiciones de vida en países miembros de esta organización, con el fin de priorizar acciones de política pública. Se elaboraron indicadores basados en 11 dimensiones distribuidas en dos áreas: condiciones materiales (ingreso, salud, educación, empleo y vivienda), e indicadores asociados a calidad de vida (balance trabajo-vida, educación y habilidades, capital social, calidad ambiental, seguridad personal, bienestar subjetivo y participación ciudadana).
El Índice de Progreso Social (Stern, Wares y Hellman, 2016) tiene como principal objetivo medir indicadores sociales y ambientales para analizar las condiciones de vida de la población. El estudio se desarrolló en 50 países y propone una medición de esta cuestión en 52 indicadores. Éste consta de tres dimensiones de análisis: 1) necesidades humanas básicas (nutrición, agua, vivienda y seguridad); 2) fundamentos del bienestar (acceso a información, salud, educación, calidad ambiental), y 3) oportunidades (derechos personales, educación superior, libertad personal e inclusión de minorías).
El Índice de Inclusión Social de Americas Quarterly (Alidadi et al., 2015) tiene como objetivo evaluar el impacto de políticas públicas e identificar brechas en áreas como acceso a bienes y protección de derechos civiles y políticos. Entre los indicadores utilizados encontramos: porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) (2004-2014), porcentaje del PIB invertido en programas sociales, matrículas en la escuela secundaria, derechos políticos, derechos civiles, derechos de la mujer, derechos LGTB, inclusión interracial, participación ciudadana, inclusión financiera/género, porcentaje que vive con más de 4 dólares al día, empoderamiento personal, capacidad de respuesta del gobierno, acceso a una vivienda adecuada y acceso a un empleo formal. En 2015 los resultados señalaron que Uruguay (80.24) lideraba este índice, Chile se ubicaba en quinto lugar (67.98),y Guatemala al final (25.69).
El Índice de Calidad de Vida Urbana (Orellana et al., 2012) mide las condiciones objetivas de la población generadas a partir de las actuaciones y las dinámicas de transformación del espacio urbano inducidas por actores públicos, actores privados y la sociedad civil. Considera una serie de indicadores secundarios asociados con: condición laboral, ambiente de negocios, condiciones socioculturales, conectividad y movilidad, salud y medio ambiente, y vivienda y entorno. En su versión 2015 se analizaron 93 comunas de más de 50 000 habitantes (10 áreas metropolitanas y 25 ciudades intermedias).
A partir del análisis de estos índices, es importante destacar que priorizan la utilización de indicadores de fuentes públicas. De ellos se consideraron aspectos como calidad de la vivienda y entorno, acceso a servicios de educación y salud, indicadores de género, empleo y jubilaciones, entre otros.
A continuación se presenta el marco metodológico utilizado en la construcción del IRIS 2017.
Metodología
El IRIS 2017 analiza un conjunto de datos que indagan en las condiciones de inclusión social a nivel comunal. La construcción de este estudio contempló cuatro fases principales:
Revisión bibliográfica, que tuvo por finalidad arribar a una definición que resumiera las múltiples aristas de la IS. Asimismo, se revisaron índices y estudios nacionales e internacionales (por ejemplo, Schuschny y Soto, 2009; OECD, 2008) que permitieron definir la estrategia metodológica del estudio.
-
Aplicación de encuesta de juicio de expertos en formato online para cada una de las dimensiones del IRIS. El método de selección de la muestra es de carácter no probabilístico de juicio experto.2 Se consideraron los siguientes criterios para la selección de la muestra; a) área de expertise según dimensión del IRIS; b) institución en la cual se desempeña (universidad, organizaciones o servicios públicos). El subestudio contempló una muestra de 26 expertos (siete en educación, tres en empleo, ocho en género, cinco en salud y cuatro en vivienda).
La encuesta de expertos buscó valorar la propuesta de una definición de inclusión social, evaluar la preselección de indicadores (once de educación, trece de empleo, seis de género, siete de salud y nueve de vivienda), y seleccionar indicadores disponibles en fuentes públicas. Los indicadores fueron medidos a partir de una escala del 1 al 7 (donde el 1 es poco favorable y 7 muy favorable). La definición de IS propuesta fue valorada con un promedio de 5.3, lo que indica que es medianamente favorable y se debe fortalecer con la revisión teórica. El conjunto de indicadores considerados por dimensión fue valorado con un promedio sobre 6.0, que señala que son favorables para la construcción y el cálculo de los indicadores del IRIS.
Una vez consensuado lo que entendemos por inclusión social, se seleccionaron los indicadores a partir de tres criterios: a) pertinencia conceptual; b) capacidad discriminatoria, y c) disponibilidad y confiabilidad (semestral, anual o bianual). Esta fase permitió arribar a un total de 44 indicadores plausibles de incorporar en el estudio (ver tabla 1).
Tabla 1 Dimensiones e indicadores del índice de inclusión social
| Empleo y seguridad (6 indicadores) | Salud y bienestar (14 indicadores) | Educación y acceso a la información (9 indicadores) | Vivienda y entorno (9 indicadores) | Género (6 indicadores) |
|---|---|---|---|---|
| Remuneración imponible promedio de afiliados a seguro de cesantía (2013) | Tasa de mortalidad infantil por cada 1 000 nacidos vivos (2014) | Puntajes PSU igual o superior a 450 puntos En establecimientos municipales de educación (2014) | Cobertura del servicio de alcantarillado de aguas servidas domiciliarias (2009) | Tasa de denuncias por delitos de VIF hacia la mujer por cada 100 000 habitantes (2016) |
| Población de 20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía (2013) | Tasa de mortalidad de adulto mayor hombres por cada 1 000 habitantes (2014) | Cobertura del servicio a Internet de red fija por hogares (2009) | Denuncia contra las personas respecto al total de denuncias (2015) | Tasa de denuncias por delitos de VIF hacia el hombre por cada 100 000 habitantes (2016) |
| Población de afiliados a seguro de cesantía del 40% nacional de menores ingresos (2013) | Tasa de mortalidad de adulto mayor mujeres por cada 1 000 habitantes (2014) | Promedio del puntaje PSU (2014) | Denuncias contra la propiedad respecto al total de denuncias (2015) | Tasa especifica de fecundidad de madres adolescentes de 15 a 19 años por cada 1 000 mujeres (2014) |
| Población de afiliados a seguro de cesantía que tienen contrato a plazo fijo (2013) | Esperanza de vida al nacer de hombres (2005-2010) | Promedio de puntaje SIMCE Lectura 2° básico (2012) | Tasa de casos policiales por delitos de mayor connotación social por cada 100 000 habitantes (2012) | Número de mujeres jefas de hogares en situación de pobreza, no indigente. Aproximado a 40% de Vulnerabilidad (2014) |
| Ingreso per cápita del hogar (2011) | Esperanza de vida al nacer de mujeres (2005-2010) | Promedio de puntaje SIMCE Lectura 4° básico (2012) | Hogares con hacinamiento medio (2013) | Número de mujeres jefas de hogares en situación de pobreza crítica o indigente. Aproximado a 20% de Vulnerabilidad (2014) |
| Personas en situación de pobreza por ingresos (2013) | Población de 0 a 6 años en control, que está en riesgo de desnutrición o desnutridos (2011) | Promedio de puntaje SIMCE Matemáticas 4° básico (2012) | Hogares con hacinamiento critico (2013) | Ingreso per cápita de mujeres por hogar (2014) |
| Población de 0 a 6 años en control, que esta con sobrepeso (2011) | Promedio de puntaje SIMCE Historia, Geografía y Cs. Sociales 4° básico (2012) | Hogares con saneamiento deficitario (2013) | ||
| Población de 0 a 6 años en control, que está en condición de obesidad (2011) | Promedio de puntaje SIMCE Lectura 8° básico (2011) | Número de familias que viven en campamentos (2011) | ||
| Población de adultos mayores en control, que esta con sobrepeso (2011) | Promedio de puntaje SIMCE Matemáticas 8° básico (2011) | Superficie urbana de áreas verdes y espacios públicos respecto al total de habitantes (2014) | ||
| Población de adultos mayores en control, que esta con bajo peso (2011) | ||||
| Población de adultos mayores en control, que está en condición de obesidad (2011) | ||||
| Años de vida potencialmente perdidos por cada 1 000 mujeres (2014) | ||||
| Años de vida potencialmente perdidos por cada 1 000 mujeres (2014) | ||||
| Distancia a hospital de referencia (2007) |
Fuente: Elaboración propia
Dado que los indicadores tienen diferentes unidades de medida, se llevó a cabo un proceso de “normalización de datos” que permitió generar una escala de valorización para los indicadores considerados. El rango de valores contempló un intervalo [0,1], donde el 0 indica bajo grado y el 1 indica alto grado. Por otro lado, se entenderá como un indicador negativo aquel donde los valores altos señalan baja condición; por ejemplo, el indicador población de 0-6 años que tiene sobrepeso. Un indicador positivo es aquel donde los valores altos señalan una mejor condición, como ingreso per cápita del hogar. Así, en el proceso de normalización de datos el indicador negativo es normalizado por máximos, y en el caso del indicador positivo, por mínimos. Al ser normalizados ambos tipos de indicadores, el valor 0 indica bajo desempeño y el valor 1 indica alto desempeño.
A continuación se presenta la normalización de indicadores negativos y positivos.
Sea Xij j-ésimo indicador en la i-ésima comuna un indicador negativo y positivo, éstos se normalizan respectivamente como
Para todo, j = 1, 2, …, I indicadores, y i = 1, 2, …, 36 comunas. Así, las ecuaciones (1) y (2) muestran los indicadores normalizados con la misma unidad de medida e interpretación.
Una vez normalizados los indicadores, el siguiente paso es construir un índice por dimensión.
Como se ha mencionado anteriormente para toda i = 1, 2, …, 36 comunas, los
indicadores de la dimensión Educación y Acceso a la Información serán ponderados por
ω_j, de modo que
Para la ponderación de los indicadores considerados se llevó a cabo un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) por dimensión. Este se inició con un análisis de correlación para justificar la viabilidad y obtener un vector de ponderación de los indicadores por dimensión. La confirmación de la pertinencia del AFE se realizó a través de la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que permite demostrar la pertinencia del análisis. El resultado de esta prueba arrojó que sólo la dimensión Educación logró ser ponderada, ya que se rechazó la hipótesis nula (las variables son no correlacionada) con un p-valor de 0,00 (menor a 0,05). El índice KMO fue de 75%, lo cual indica que es pertinente un AFE.
La construcción del índice por dimensión se realizó calculando la media aritmética sin
ponderar. Esta se representa por
La construcción del índice es un resumen aritmético con igual ponderación de las dimensiones consideradas. La expresión (3) representa el grado de inclusión social,
donde d = 1,2,3,4,5 representan las dimensiones para todo i = 1,2, … ,36 comunas.
Considerando las sugerencias metodológicas señaladas por Michael J. de Smith, Michael Goodchild y Paul Longley (2007), el método utilizado para clasificar las comunas según su grado de inclusión fue Jenks (agrupamiento no jerárquico). Como resultado de este proceso se obtuvieron tres grupos (clusters). El primero corresponde a siete comunas con alto grado de inclusión social (valores entre 0.599 y 0.674); el segundo, a 17 comunas ubicadas en rango medio de inclusión social (valores entre 0.518 y 0.599); el tercero, a 12 comunas con bajo grado de inclusión social (valores entre 0.440 y 0.517). Los pasos del algoritmo de Jenks como método para clasificar los datos son:
-
Se calcula la Suma de los Desvíos al Cuadrado (SDC):
Donde
Se fija el número de grupos a considerar. Una regla empírica es fijar número de grupos impar. En este caso, se fija k = 3 grupos definidos en alto, medio y bajo grado de inclusión social.
-
Se calcula la Suma de Desvíos al Cuadrado Grupal (SDCG); es decir, este proceso se realiza para cada combinación de grupos y se expresa como:
Donde
Se calcula el ajuste de los grupos, llamado Goodness of Variance Fit (GVF), el cual está dado por
Cabe considerar que como criterio de un buen ajuste de agrupamiento de los datos se considera un GVF por sobre el 80%. En el caso del Índice de Inclusión Social, el GVF es de 85% para los tres grupos y el índice de precisión es de 61%.3 Finalmente, al comparar el promedio del grado de inclusión por grupos (alto, medio y bajo), la prueba estadística no paramétrica Kruskal4 arroja un p-valor de 0,00, el cual es menor que el nivel de significancia del 0,05, lo cual implica que en promedio el grado de inclusión alto, medio y bajo son estadísticamente diferentes (Hollander, Wolfe y Chicken, 1973). Para facilitar la interpretación del grado de inclusión social por comuna, la expresión (3) es multiplicada por 100 de manera que el rango de valores que puede tomar una comuna de la Región de Valparaíso estará entre 0% a 100%.
A continuación, se presentan los principales resultados del estudio. Primero se expone el Índice de Inclusión Social y el grado de IS por comuna y dimensión. Luego se analiza la distribución del iris según el tamaño de comunas y su porcentaje de ruralidad.
Resultados
El grado de inclusión social se analizó por comunas, utilizando el método Jenks de agrupamiento en tres grupos. En el rango superior aparecen seis comunas -Concón, Santo Domingo, Villa Alemana, Los Andes, Zapallar y Quillota- con alto grado de inclusión (de 67.4% a 60.0%). Concón en particular debe su liderazgo a mayores condiciones de IS en cuatro de cinco dimensiones. En estas comunas habita 21% de la población de la Región de Valparaíso. En rango medio aparecen 18 comunas con grados de inclusión entre 59.9% a 51.8%. En éstas habitan 52% de los habitantes de la región. Finalmente, 12 comunas muestran un bajo grado de inclusión (44.0% y 51.7%), con 27% de los habitantes de la región (ver gráfica 1).
En la tabla 2 se destaca que las comunas con alto grado de inclusión (gris oscuro) presentan mayor homogeneidad entre los valores por cada dimensión. Éstas se consideran homogéneas, ya que estadísticamente muestran coeficiente de variación (cv) entre 20% y 25%. Los Andes y Quillota destacan en el grupo con mayor grado de inclusión, pues ambas exhiben valores homogéneamente altos en todas las dimensiones. Asimismo, el grupo con bajo grado de inclusión (blanco) muestra que las dimensiones de educación (cv = 27%) y género (20.9%) son las que presentan mayor heterogeneidad en el grado de inclusión.
Tabla 2 Resumen del grado de inclusión por comuna
| DIMENSIONES IRIS 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comunes | Empleo | Educación | Salud | Vivienda | Género |
| Concón | 49 | 82 | 57 | 65 | 85 |
| Santo Domingo | 47 | 77 | 54 | 62 | 86 |
| Villa Alemana | 53 | 73 | 60 | 68 | 67 |
| Los Andes | 61 | 63 | 57 | 66 | 68 |
| Zapallar | 42 | 71 | 49 | 73 | 76 |
| Quillota | 57 | 59 | 60 | 67 | 64 |
| Cabildo | 50 | 44 | 64 | 74 | 67 |
| Limache | 49 | 46 | 59 | 74 | 71 |
| Petorca | 43 | 45 | 56 | 74 | 81 |
| Papudo | 50 | 52 | 58 | 67 | 70 |
| La Cruz | 38 | 44 | 65 | 73 | 76 |
| Casablanca | 43 | 48 | 62 | 74 | 67 |
| Quilpué | 52 | 63 | 61 | 62 | 57 |
| La Ligua | 45 | 43 | 59 | 76 | 68 |
| El Tabo | 53 | 38 | 65 | 63 | 71 |
| Nogales | 45 | 45 | 51 | 76 | 72 |
| San Felipe | 64 | 56 | 46 | 59 | 62 |
| Viña del Mar | 58 | 70 | 55 | 49 | 53 |
| Calera | 41 | 56 | 52 | 65 | 65 |
| San Antonio | 47 | 51 | 45 | 73 | 63 |
| Olmué | 41 | 36 | 63 | 62 | 70 |
| Panquehue | 42 | 50 | 47 | 71 | 60 |
| Santa María | 47 | 38 | 62 | 67 | 55 |
| El Quisco | 43 | 41 | 53 | 66 | 64 |
| Quintero | 42 | 38 | 57 | 65 | 57 |
| Llay Llay | 42 | 46 | 54 | 68 | 48 |
| Calle Larga | 49 | 31 | 66 | 43 | 67 |
| San Esteban | 50 | 39 | 61 | 51 | 53 |
| Hijuelas | 30 | 41 | 54 | 52 | 73 |
| Algarrobo | 46 | 35 | 39 | 60 | 69 |
| Catemu | 42 | 20 | 57 | 72 | 55 |
| Cartagena | 33 | 45 | 47 | 59 | 62 |
| Puchuncaví | 40 | 43 | 42 | 57 | 63 |
| Valparaíso | 47 | 59 | 48 | 46 | 33 |
| Rinconada | 47 | 28 | 55 | 38 | 59 |
| Putaendo | 44 | 28 | 55 | 54 | 40 |
Fuente: Elaboración propia
A continuación se detallan los resultados según dimensión.
La dimensión Salud analiza la inclusión desde tres perspectivas: 1) acceso a atención; 2) acceso a espacios de educación o sensibilización, y 3) condiciones del entorno que impactan en esperanza de vida, mortalidad, o prevalencia de determinadas enfermedades. Las comunas de menos de 30 000 habitantes como Calle Larga, El Tabo, La Cruz, Cabildo y Olmué, lideran el ranking. La primera explica su liderazgo por indicadores como bajo nivel de obesidad en adultos mayores, mientras que El Tabo lo hace por indicadores como bajo nivel de obesidad en población de 0 a 6 años y una mayor esperanza de vida al nacer de hombres. La ubicación de la comuna de La Cruz está ligada con un nivel significativamente menor de sobrepeso en adultos mayores. En el Área Metropolitana de Valparaíso (AMV), las diferencias aparecen asociadas con indicadores como “esperanza de vida al nacer de hombres”, donde las diferencias entre comunas alcanzan hasta los cinco años entre Concón y Valparaíso.
La dimensión Educación es liderada por Concón, Santo Domingo y Villa Alemana. En el caso de Concón y Villa Alemana, su lugar se explica por indicadores como mayor tasa de conexión a Internet en hogares. El lugar de Santo Domingo está asociado con altos valores en indicadores como Puntaje Prueba de selección universitaria igual o superior a 450 puntos en establecimientos municipales. Es importante destacar que es la única dimensión donde todas las comunas del AMV se ubican dentro de los primeros 10 lugares. Asimismo, las comunas ubicadas en el rango inferior presentan menos de 50 000 habitantes; es decir, las oportunidades en esta dimensión se concentran sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas.
La dimensión Género mide la inclusión social respecto a las condiciones de desarrollo profesional, económico y social de la mujer a través del acceso a empleo e ingreso. Los indicadores sociales están relacionados con la tasa de denuncias por violencia intrafamiliar hacia la mujer y el hombre, ingreso per cápita de mujeres por hogar, jefas de hogar en situación de pobreza y tasa de fecundidad de madres adolescentes. De acuerdo con la clasificación Jenks, del total de cinco comunas con alto grado de inclusión social en la dimensión Género (rango alto 53-2%-63.9%), cuatro (80%) son comunas de tamaño pequeño y una comuna corresponde al AMV (20%). El análisis de la dimensión Género muestra que Santo Domingo y Concón encabezan la dimensión. Las comunas ubicadas en el rango superior muestran un mayor ingreso per cápita por hogar de mujeres, baja tasa de denuncia de delitos de violencia intrafamiliar contra la mujer, además de un menor porcentaje de mujeres Jefas de Hogares en Situación de Pobreza (40% de Vulnerabilidad).
La dimensión Empleo y Seguridad Social se relaciona con medidas de protección que la sociedad desarrolla para evitar desequilibrios económicos y sociales derivados de la pérdida de ingresos económicos o de contingencias como desempleo y pobreza. Las comunas de San Felipe, Los Andes y Viña de Mar lideran el índice a partir de su comportamiento en variables como porcentaje de población de 20 años afiliada a seguro de cesantía, ingreso total del hogar, e ingreso per cápita del hogar. Al analizar el AMV, observamos que Viña del Mar, Villa Alemana y Concón destacan entre las primeras 10.
En la dimensión Vivienda y Entorno, el ranking es liderado por La Ligua, Nogales y Cabildo. Este índice muestra que las oportunidades de inclusión en términos de acceso a vivienda y un entorno habitable se concentran en comunas con menos de 50 000 habitantes. La Ligua destaca tanto por bajos niveles de delitos contra la propiedad y personas, como por bajo nivel de hacinamiento crítico. La ubicación de Nogales se debe al bajo nivel de delitos de mayor connotación social entre cada 1000 habitantes y mayor porcentaje de áreas verdes mantenidas por habitante. Destaca la baja posición de la comuna de Viña del Mar, que pese a contar con un alto porcentaje de áreas verdes, asoma como una ciudad con altos niveles de familias viviendo en campamentos. Esto último constituye un indicador relevante, dado que no sólo habla del acceso a vivienda, sino que da cuenta de condiciones de desventaja estructural asociada con empleo, participación, educación y salud.
En términos de tamaño de comunas, los resultados del iris muestran tres grandes hallazgos:
De las comunas pequeñas de la región (de 5 000 a 20 000 habitantes), sólo 33% muestran puntajes sobre el promedio regional (Santo Domingo, Zapallar, Petorca, Papudo, La Cruz y El Tabo).
El 77% de las comunas de tamaño medio (de 20 000 a 100 000 habitantes) se ubican sobre el promedio regional (Los Andes, Quillota, Cabildo, Limache, Casablanca, La Ligua, Nogales y San Felipe).
El 80% de las comunas del AMV (Concón, Villa Alemana, Quilpué y Viña del Mar) presentan puntajes sobre el promedio regional. Por el contrario, Valparaíso (capital regional) es la única comuna del AMV bajo el promedio regional. Estos datos permiten señalar que son las comunas de tamaño medio, así como las pertenecientes al AMV, las que reúnen mejores condiciones de inclusión social.
Por otra parte, el análisis del grado de inclusión asociado con el porcentaje de ruralidad de las comunas muestra que entre las 10 comunas con mayor porcentaje de ruralidad (Panquehue, Putaendo, Calle Larga, Hijuelas, Catemu, San Esteban, Llay Llay, Cabildo, Algarrobo, Petorca), sólo Petorca y Cabildo se sitúan sobre el promedio del índice regional. Lo anterior permite inferir que en comunas con mayor porcentaje de ruralidad, los habitantes encuentran un menor acceso a recursos y oportunidades que inciden en su inclusión social. No obstante, se detectaron casos atípicos como las comunas de Cabildo (34.3% de población rural) y Petorca (26.8 de población rural), ubicadas dentro de las 10 primeras del ranking del índice. Esta relación entre baja inclusión y ruralidad está en sintonía con los resultados de la Casen (2015), que muestran que 18.3% de personas que habitan en ciudades están bajo la línea de pobreza por ingresos, una cifra que aumenta a 35% en personas que viven en asentamientos rurales.
Conclusiones
Los hallazgos derivados del iris representan un aporte para comprender las condiciones de inclusión social en las comunas de la Región de Valparaíso. Ante la pregunta de investigación “¿Cuáles son las comunas de la región que muestran mayor liderazgo y rezago en IS?”, el análisis según tamaño de comunas muestra que son las comunas de tamaño medio (77% de éstas) y el AMV (80% de éstas) las que concentran mayor cantidad de comunas sobre el promedio IRIS regional. Esto habla de oportunidades de acceso a servicios sociales, equipamiento o condiciones laborales, que se encontrarían en mayor grado en comunas con un tamaño poblacional mayor. Es relevante mencionar que la capital regional (Valparaíso) se encuentra entre las tres comunas con bajo grado de inclusión social. Cuatro dimensiones muestran un grado de inclusión menor al promedio regional (55.6%). Esto se explica principalmente por variables como acceso a vivienda, condiciones de seguridad, y desigualdad en materia de género.
Estos resultados refuerzan lo expuesto por Fernando Codoceo y Jorge Muñoz (2017) sobre el proceso de desarrollo reciente de Chile, que muestra profundas inequidades de desarrollo humano. Desde una perspectiva latinoamericana, el caso de Chile reafirma lo planteado por Inés Jiménez y Gonzalo Assuna (2017), en relación con el hecho de que las políticas de corte neoliberal han debilitado la capacidad de los Estados para disminuir las brechas de acceso a empleo, seguridad y servicios básicos entre grupos sociales.
Con respecto a las brechas de inclusión entre las comunas rurales y urbanas, los resultados del IRIS en comunas rurales muestran que ocho de las 10 con mayor porcentaje de ruralidad se sitúan bajo el promedio del índice regional. En este sentido, el IRIS 2017 concuerda con la medición de pobreza multidimensional (Ministerio de Desarrollo Social, 2016), en la que nueve de las 10 comunas con mayor ruralidad muestran niveles de pobreza sobre el promedio regional. Esto enfatiza la necesidad de levantar estudios que ayuden a comprender de manera clara qué entendemos por IS y a crear agendas pro-inclusión para contextos rurales.
Sobre la pregunta “¿Qué lineamientos para las políticas sociales se desprenden del IRIS?”, un hallazgo relevante es la identificación de áreas oscuras en el sistema de indicadores sociales generados por el Estado de Chile. Por áreas oscuras nos referimos a problemáticas o fenómenos vinculados con el proceso de inclusión de personas e individuos que hoy no son monitoreados por ningún indicador objetivo. Es decir, constatamos que el repertorio de indicadores sociales disponibles a nivel comunal permite sólo mediciones parciales del fenómeno. Por ejemplo, no es posible medir el acceso de personas en situación de discapacidad al mercado laboral en San Felipe, ni medir la brecha salarial hombre-mujer en Viña del Mar, el grado de participación en organizaciones sociales en La Calera, o la mixtura social de los barrios de Quillota.
En este sentido, urge el diseño de indicadores en áreas sensibles como discapacidad, acceso a bienes culturales, educación inclusiva, mixtura social de barrios y participación. Esto es importante porque si los indicadores que guían las decisiones políticas resultan inadecuados, la función central de la política social se ve afectada. Por un lado, desde una perspectiva política, la identificación de áreas oscuras en el sistema de indicadores sociales asoma como un asunto central en la discusión sobre el proceso de modernización del Estado en Chile. Por el otro, estas áreas oscuras resultan un insumo para el desarrollo de investigaciones que permitan construir nuevos indicadores.
El IRIS constituye un aporte en el diseño de políticas sociales efectivas para la disminución de la pobreza y desigualdad social. Se propone como un sistema de monitoreo de políticas sociales para gobiernos locales que permite mejorar la gestión y la efectividad de políticas sociales. Si consideramos que los objetivos de desarrollo sostenible para los países de América Latina y el Caribe plantean la necesidad de identificar grupos de población que son objeto de exclusiones (Cepal, 2018), el IRIS constituye una herramienta adaptable a la realidad de otros países latinoamericanos. Estamos frente a un estudio perfectible, que debe incorporar en versiones futuras indicadores que contribuyan a construir una medición integral del fenómeno de la inclusión social.
