Planteamiento del problema

En la historiografía sobre Chiapas se ha vuelto un lugar común afirmar que durante los últimos años del periodo colonial la economía provincial entró en crisis. En este sentido, se ha asegurado que la decadencia de la antigua alcaldía mayor de Chiapas se produjo tras el establecimiento del sistema de intendencias, que tuvo principio en la supresión de los repartimientos y que dio como resultado la debacle de la agricultura y del comercio.

El primero en defender este argumento fue Manuel Trens. En su clásico libro Historia de Chiapas, este autor afirmó que, a finales del siglo XVIII, “la decadencia de esta provincia continuó demarcándose cada vez más”, de manera que sus pueblos acabaron “llenos de pobreza” y “faltos de industria” (^{Trens, 1942: 196-197}). Años más tarde, Henri Favre retomó estas consideraciones y aseguró que “la crisis de la economía colonial local se aceleró a partir de 1790, cuando los intendentes sustituyen a los alcaldes mayores”, y determinó que ello se debió a “la caída de los productos de exportación”, en especial de la grana y del cacao (^{Favre, 1992: 57-60}). Por todas estas razones, Thomas Benjamin concluyó que, para 1821, cuando se consumó la Independencia, “hacía treinta años que la provincia estaba en decadencia” (^{Benjamin, 1990: 36-37}).

Hoy en día, a pesar de que las investigaciones sobre el pasado de Chiapas se han multiplicado y nutrido de nuevas fuentes, el argumento de la decadencia tardocolonial sigue gozando de gran aceptación.

De hecho, algunos historiadores contemporáneos han insistido en que la crisis en efecto sucedió, aun cuando en sus propias pesquisas se han topado con datos que sugieren que algunos pueblos tuvieron un comportamiento económico que no puede calificarse como negativo. En su Chiapas mexicana, Mario Vázquez aseveró que, a finales del siglo XVIII, el dinamismo de “núcleos urbanos” como Tuxtla, Comitán y San Bartolomé de Los Llanos “había dado lugar a importantes procesos de integración y crecimiento regional que escapaban al control de la capital chiapaneca”. No obstante lo novedosa que resultaba esta interpretación, el autor no logró desarrollarla y terminó aceptando que “tras la fundación de la intendencia en 1786, la economía chiapaneca había entrado en crisis” (^{Vázquez, 2017: 57-59 y 77}).¹

Otros investigadores, simplemente, han retomado de manera acrítica el argumento de la decadencia. En su reciente libro sobre la región chol, Justus Fenner afirmó que la economía de Chiapas enfrentó a finales del periodo colonial una “profunda y prolongada crisis”, misma que colocó al gobierno español de Ciudad Real al borde de “un colapso económico de primera línea porque le faltaba el producto del trabajo de sus principales contribuyentes: los indígenas” (^{Fenner, 2020: 118-119 y 124-125}).²

La razón del consenso que ha existido entre estos y otros autores que han escrito acerca de la situación económica de Chiapas durante el periodo tardocolonial es que todos ellos han consultado un mismo puñado de fuentes.³ Como veremos en seguida, en estos documentos, elaborados por funcionarios reales y por integrantes de la élite política de Ciudad Real, fue dibujado un panorama francamente sombrío de la economía y de la sociedad de Chiapas.

En 1792 el segundo intendente de Ciudad Real, Agustín de las Cuentas Zayas, redactó un informe en el que narró el miserable estado en el que se hallaba la intendencia debido a la debacle de la agricultura y del comercio. Según él, la crisis comenzó cuando la Corona, por medio de la Ordenanza de Intendentes, suprimió los repartimientos de mercancías y dinero que los alcaldes mayores, con el apoyo de los comerciantes, hacían a los indios para que produjeran ciertos frutos y mercancías.⁴ Dado que los naturales “nada hace[n] sino se le[s] manda por juez”, el fin de los repartimientos, afirmó Cuentas, había conducido a dos situaciones muy problemáticas. De entrada, los indios habían abandonado casi por completo el cultivo del cacao, de la grana y del algodón, de tal manera que algunas de las mejores tierras de la provincia estaban ociosas y sus principales frutos comerciales escaseaban. En segundo lugar, como los funcionarios distritales ya no podían repartir algodón a las indias para que lo hilaran y tejieran, la lucrativa producción y exportación de mantas a Guatemala y Oaxaca se había venido a pique.⁵ Ya que el “dinero que producía este negocio” se distribuía entre los ladinos y españoles de la provincia, el intendente advirtió que el fin de los repartimientos estaba provocando que “los vecinos est[é]n cada día más pobres”.⁶

A su vez, en 1805 el ayuntamiento de Ciudad Real preparó un informe para el presidente de Guatemala, que fue escrito en un tono muy parecido al del intendente Cuentas. El documento señalaba que “son tantos y de tanta consideración los obstáculos que retardan en estas provincias el progreso de la agricultura”, que era difícil enumerarlos uno a uno.⁷ Sin embargo, se aseguró que la “indicada ruina” se debía en esencia a que “los operarios y jornaleros están encenagados en los vicios del ocio y embriaguez” y a que el mal estado de los caminos que atravesaban la intendencia “dificulta en gran manera el transporte de los productos de estas tierras a otras de mayor consumo”.⁸

Casi en las vísperas de la Independencia, la Sociedad Económica de Amigos del País de Chiapas⁹ elaboró un informe en el que evaluó los resultados de la implantación del sistema de intendencias.¹⁰ Los autores de este documento se enfocaron en describir el estado desolador en el que se hallaban la agricultura y el comercio de la provincia. Según ellos, la causa de esto era que, tras la abolición de los repartimientos, los indios habían optado por cultivar sólo granos para su consumo, abandonando la producción de frutos con alto valor comercial como el cacao o la grana. En este sentido, los integrantes de la Sociedad Económica afirmaron que, si bien el número de indios se había multiplicado, éstos “han rebajado tanto que se hallan más pobres que nunca”. Por si esto fuera poco, aseguraron que el contrabando había crecido de forma exponencial, afectando a los mercaderes legalmente establecidos y a la Real Hacienda (^{Informe, 1955: 105-108}). En síntesis, luego de pasar revista a la situación de la agricultura, del comercio y de las finanzas del erario regio, concluyeron que “esta provincia no ha mejorado como fue el ánimo de su majestad al establecer las intendencias” (^{Informe, 1955: 109}).

Aunque los argumentos presentados en estos escritos se han dado por válidos, considero que, antes de hacer uso de esta información, sería importante detenerse a analizar los motivos que los autores de dichos documentos tuvieron al redactarlos y en averiguar la procedencia y la calidad de los datos que emplearon para respaldar sus afirmaciones. Muy provechoso, pienso, sería también valorar seriamente la posibilidad de que, más que un diagnóstico fidedigno sobre el estado de la agricultura y del comercio, los artífices de los citados informes pretendieran ante todo convencer a la Corona de suspender las reformas que habían perjudicado los intereses de los potentados de la capital de Chiapas.

Y es que resulta evidente que el común denominador de todos estos escritos fue la pretensión de que se restaurara el viejo orden político-administrativo que facilitó por mucho tiempo a la élite de Ciudad Real controlar -por medio de los repartimientos- la fuerza de trabajo de los indios y monopolizar la comercialización de sus frutos de más alto valor. Por ejemplo, en su informe de 1792, el intendente Cuentas indicó que para remediar “la ruina [de] estos territorios” era necesario desintegrar la intendencia y nombrar tres alcaldes mayores -uno en Ciudad Real, otro en Tuxtla y el tercero en Tapachula- con facultades para proporcionar a los indios “auxilios necesarios para el fomento de estos territorios”.¹¹ Con esto, propuso que los repartimientos se permitieran de nuevo, aunque bajo nuevas reglas que impedirían que los funcionarios distritales abusaran de los naturales. Por su parte, los miembros de la Sociedad Económica consideraron que para revertir “el estado decadente de esta provincia” se necesitaba reducir el número de subdelegaciones o desaparecer la intendencia y establecer en su lugar tres alcaldías mayores, cuyas sedes serían las mismas que Cuentas había sugerido veinte años antes. Como es de imaginarse, estos personajes se mostraron más favorables a la segunda opción, ya que los nuevos alcaldes mayores estarían facultados para “hacer útiles a los indios” mediante “repartimientos como antes hacían”.

Para alcanzar este fin, los autores de estos escritos se dieron a la tarea de construir un relato coherente capaz de demostrar que la aplicación del sistema de intendencias había resultado desastrosa para la economía provincial. De sobra está señalar que toda situación que no encajara en este relato debía ser soslayada. Por lo tanto, pienso que la cuestión que debemos plantearnos no es la de si la información que contienen los informes es falsa o verdadera, sino la de en qué medida el fin que sus autores persiguieron distorsiona nuestro conocimiento sobre la realidad de aquel momento.

Así pues, en este trabajo busco mostrar lo inexacta que resulta cualquier interpretación sobre la economía del Chiapas tardocolonial que tome exclusivamente como base dichos informes. Para ello, seguiré un doble camino. Por un lado, me daré a la tarea de utilizar materiales de archivo -la mayoría inéditos- para someter a revisión los argumentos que el intendente Cuentas, el ayuntamiento de Ciudad Real y la Sociedad Económica de Chiapas esgrimieron en estos documentos. Por el otro, intentaré poner de manifiesto que existe suficiente evidencia de que, en algunas regiones de la provincia, lejos de atravesar una crisis, la demografía, la agricultura, el comercio y las finanzas del erario se expandieron durante los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX.

El fin de los repartimientos

Lo primero que debemos tener en mente es que lo que da sentido al argumento de la decadencia es la supuesta relación de causa y efecto que existió entre los repartimientos y la prosperidad económica que, en algún momento del siglo XVIII, gozó la provincia de Chiapas.¹²

Es innegable que los repartimientos de mercancías y dinero arrojaban cuantiosas ganancias a los alcaldes mayores, a los tenientes que éstos tenían y a los comerciantes que financiaban estas empresas. Por ejemplo, en 1778, el párroco de Tila indicó que el alcalde mayor de Ciudad Real, Cristóbal Ortiz de Avilés, compraba a los naturales de ese pueblo 100 cargas de cacao a razón de $10 la carga, cuando en realidad su precio era de $18 o $20.¹³ Por su parte, en ese mismo año, el cura de Acala declaró que el teniente del alcalde mayor de ese pueblo obligaba a los indios a venderle la fanega de maíz a $1 para luego revenderla a $3; al tiempo que por cada arroba de algodón -que luego enviaba a otros pueblos para que las indias lo hilaran-¹⁴ pagaba cuatro reales, la tercera parte del valor que podía alcanzar en el mercado.¹⁵

A juzgar por estos y otros testimonios,¹⁶ queda claro que los repartimientos de dinero, mercancías y algodón estaban en el origen de las fortunas que algunas personas en Chiapas acumulaban. Sin embargo, una cosa es que los repartimientos permitieran el enriquecimiento de unos cuantos oficiales reales y comerciantes y otra, muy distinta, es que fueran el motor económico de Chiapas, como quisieron hacerlo creer los autores de los tres documentos que nos ocupan. De hecho, en las décadas de 1760 y 1770, más de un testigo aseguró que la causa de “la miseria de estos pobres” indios y de que estuviera “perjudicada toda la provincia” eran precisamente los excesivos repartimientos que los alcaldes mayores y sus agentes llevaban a cabo, los cuales, se dijo, sólo servían “para opresión de los pueblos y de ningún modo ceden en utilidad de sus naturales”.¹⁷ Así pues, para muchos de los actores de la época, los repartimientos, lejos de ser el remedio a los problemas que aquejaban a la agricultura y al comercio, eran el principal obstáculo que estas actividades enfrentaban.¹⁸

Esto se debía a que los indios no eran los únicos perjudicados. A fin de impedir que los naturales vendieran sus cosechas a comerciantes que no operaban en contubernio con los alcaldes mayores -lo cual obviamente reduciría el volumen de mercancías que caían en las manos de estos últimos-, llegó a prohibirse que “persona alguna entre a comprar [cacao, algodón y grana a los pueblos] en el tiempo ni después de la cosecha”.¹⁹ Aunque esta disposición se justificó con el argumento de que los comerciantes estafaban a los indios pagándoles sus frutos con “cosas que no les son útiles”, todo indica que con ella se buscaba mantener el monopolio que los funcionarios distritales y los comerciantes que los financiaban ejercían sobre la circulación y venta de los frutos de alto valor.

Es muy probable, entonces, que la prohibición de los repartimientos -al tiempo que asestó un duro golpe a la élite de Ciudad Real- haya liberado a los mercaderes ladinos de los pueblos de Chiapas de las restricciones que les impedían comerciar libremente con los indios. De hecho, más adelante intentaré mostrar que el ascenso de pequeñas élites locales en los pueblos de Chiapas mucho pudo deber a las nuevas oportunidades económicas que inauguró el régimen de intendencias.²⁰

No se puede descartar, sin embargo, que la supresión de los repartimientos de dinero, que a fin de cuentas eran una forma de crédito que permitía a los indios financiar sus siembras -aunque en términos desventajosos para ellos-, haya provocado una disminución en el volumen de las cosechas de grana, cacao o algodón. De hecho, en otras partes de Hispanoamérica los opositores al régimen de intendencias argumentaron que la prohibición de los repartimientos estaba afectando la producción de frutos o materias primas altamente valorados en el mercado (^{Brading, 1990: 99}; ^{Hamnett, 2013: 118-138}). El problema con esta hipótesis es que la sustitución de los alcaldes mayores por los subdelegados no condujo a la eliminación de esta práctica.

Hasta bien entrada la primera década del siglo XIX, en Chiapas siguieron apareciendo quejas de que los subdelegados y, sobre todo, sus tenientes “ha[n] continuado anualmente sus repartimientos […] en los pueblos de su jurisdicción con notable perjuicio de los naturales […] y de la causa pública”.²¹ Asimismo, en 1799 una investigación mandada hacer por la Junta Superior de Real Hacienda de Guatemala reveló que los mercaderes de Ciudad Real habilitaban a los indios de ese distrito con “todos los efectos que necesitan para abastecer sus pueblos y sus familias y para promover su agricultura e industria”.²²

En los pueblos del partido de Tuxtla la historia era la misma. En 1807, Ignacio Cano informó al Consulado de comerciantes de Guatemala que los indios de los pueblos en los que se criaba la grana silvestre seguían recibiendo “anticipadamente la paga” para la producción de este tinte (^{Decadencia, 1953: 99}). Sin embargo, lo más sobresaliente de sus declaraciones fue que pusieron de manifiesto el verdadero problema que, tras la aplicación de la Ordenanza de Intendentes, padecían los comerciantes que tomaban parte de este negocio. Cano indicó que “viéndose sin recurso para cobrar su anticipado dinero o el fruto”, los habilitadores habían “olvida[do] enteramente este giro”, de manera que ya casi no había personas dispuestas a financiar las cosechas de los naturales. De este modo, lo que a su juicio debía restituirse no eran los repartimientos en sí mismos, sino las facultades coactivas que tenían los alcaldes mayores para obligar “a los indios […] a pagar las cantidades en que se empeñaban” (^{Decadencia, 1953: 99-100}).²³

Sea como sea, en caso de que fuera cierto que la agricultura y el comercio vinieron a menos a fines del siglo XVIII, esto no se debió a la supresión de los repartimientos, por la sencilla razón de que éstos continuaron después de la creación de la intendencia. De cualquier manera, es razonable que ni el informe de Cuentas ni el del ayuntamiento de Ciudad Real ni el de la Sociedad Económica hicieran alusión a este hecho que, además de violar las disposiciones de la Corona, hubiera mostrado lo engañosas que eran sus explicaciones sobre las causas de la supuesta decadencia de la economía provincial.

Las tendencias demográficas

Pienso que es oportuno presentar unas breves consideraciones sobre un asunto del que poco se habló en los tres informes: las tendencias demográficas.²⁴ Que los autores de dichos documentos hayan pasado por alto esta cuestión tan importante no nos parece extraño. Como veremos, el comportamiento de la población en gran parte de Chiapas no parece encajar en la imagen de la provincia arruinada que éstos quisieron proyectar ante las autoridades de Guatemala o de Madrid.

A grandes rasgos, los últimos años del periodo colonial en Chiapas pueden caracterizarse por el desarrollo de tres fenómenos demográficos:²⁵ 1) el crecimiento generalizado de la población india a partir de la década de 1770; 2) la fundación de nuevos asentamientos en los cuales se congregó a una parte de los indios que vivían dispersos en los montes y selvas; y 3) el aumento del número de ladinos en algunos pueblos.

Entre 1780 y 1820 la población india, que constituía 80% de la población total, creció en casi todo el territorio de Chiapas. Muestra de ello fue que el número de tributarios -sin contar los del Soconusco- pasó de 11 038 a 17 562 a lo largo de ese periodo (Tabla I). Esta tendencia fue especialmente marcada en los pueblos ubicados en las subdelegaciones de Ciudad Real, San Andrés, Simojovel y Palenque, donde la cantidad de tributarios casi se triplicó. Aunque de manera menos espectacular, en el resto de la intendencia la población india también aumentó, con la única excepción de unos pocos pueblos ubicados en las subdelegaciones de Tuxtla, Ixtacomitán y Tapachula en los que el número de tributarios -y de pobladores indios en general- se redujo (^{Obara-Saeki y Viqueira, 2017: 599-604 y 612-616}).

Si bien el aumento del número de tributarios debió mucho a que las autoridades instaladas tras la creación de la intendencia elaboraron matrículas de mejor calidad en las que empadronaron a muchos de los naturales que habitaban dispersos en los montes y selvas (^{Obara-Saeki y Viqueira, 2017: 140-158}), es innegable que la población india en sí misma se hallaba en franco crecimiento. Quizá la prueba más tangible de este fenómeno fueron los resultados del censo que se realizó en 1814: estos mostraron que entre 1778 y ese año, el número de indios en todo Chiapas -incluyendo el Soconusco- pasó de 66 328 a 105 252.²⁶

Como veremos en las páginas siguientes, el crecimiento de la población india hizo necesaria la ocupación de nuevas tierras, la mayor parte de ellas alejadas varias leguas de los pueblos, en las cuales los naturales cosecharon granos para su consumo -maíz y frijol, por ejemplo- y frutos de alto valor comercial -sobre todo cacao y algodón-. De hecho, ante el considerable número de indios que vivían dispersos en sus milpas, las autoridades decidieron congregar a estos naturales en nuevos pueblos con el propósito de sujetarlos al control de la Real Hacienda. De este modo se estableció Salto de Agua en el partido de Palenque (1795), San Carlos Nacaxtlán en el de Ocosingo (1806), San Pedro Sabana en el de Tila (1820) y San Juan en el de Simojovel (1820) (^{Obara-Saeki y Viqueira, 2017: 606-611}).

El número de españoles y ladinos -como se conocía en Chiapas y en Guatemala a toda persona que no era ni india ni española-, también aumentó, ya bien por la llegada de migrantes de otras provincias -como ocurrió en Comitán y Palenque-,²⁷ ya bien como consecuencia de la ladinización de algunos indios, quienes lograron escapar a la condición de tributarios.²⁸ Así, de 1778 a 1814, el número de españoles registrados como habitantes del obispado de Chiapas y Soconusco pasó de 2 880 a 3 539, al tiempo que el de ladinos se elevó de manera espectacular, al pasar de 11 919 a 22 246.

Sin embargo, casi todos los españoles y ladinos de Chiapas habitaban en Ciudad Real y en una serie de pueblos -la mayoría de ellos llegaron a ser cabecera de subdelegación- que se ubicaban a la vera de los caminos que conducían a Guatemala y a la Nueva España o en las inmediaciones de prósperas haciendas en expansión. Este era el caso, por ejemplo, de Comitán, Ocosingo, Chilón, Palenque, Ixtacomitán, Socoltenango, Tapachula y Tonalá, asentamientos en los que, hacia 1814, los ladinos y españoles constituían entre 30 y 80% de la población total (Véase Tabla 2).²⁹

Para los autores del informe que presentó la Sociedad Económica de Amigos del País en 1819 estos movimientos demográficos no pasaron del todo desapercibidos. En principio, confirmaron que el número de ladinos en algunos pueblos se había incrementado y esto lo atribuyeron “al mayor comercio legítimo y clandestino”. Asimismo, indicaron que la cantidad de indios también había aumentado entre 1778 y 1814. La explicación que dieron a esto fue que la introducción de la vacuna contra la viruela estaba en el origen de “la multiplicación [de los naturales] en los términos que se advierte” (^{Informe, 1955: 106}).

Es innegable que la inoculación -en 1794- y la vacunación -a partir de 1805- redujeron la incidencia demográfica de la viruela entre los indios.³³ Sin embargo, como he mostrado, el despunte de la población india y ladina de Chiapas comenzó mucho antes de que estos avances médicos fueran introducidos. Esta explicación a modo, y a todas luces reduccionista, no debe resultarnos extraña. Mostrar el trasfondo social y económico de estas trasformaciones hubiera levantado serias sospechas sobre la veracidad del argumento de la decadencia.

La decadencia de la agricultura

En efecto, estas tendencias demográficas resultan muy difíciles de explicar si sólo nos atenemos a las afirmaciones plasmadas en los informes del intendente Cuentas o del ayuntamiento de Ciudad Real. Señalo lo anterior porque es muy poco factible -casi imposible, de hecho- que estando las siembras “de primera necesidad” en “un estado tan deplorable que es más digno de lágrimas”,³⁴ la cantidad de indios y de ladinos casi se haya duplicado entre 1780 y 1820.

Lo que en realidad parece haber sucedido a partir del último tercio del siglo XVIII es que la necesidad de alimentar a la creciente población condujo a la expansión de las fronteras agrícolas de varios pueblos. Como ya indiqué líneas arriba, el rápido aumento demográfico, principalmente en las subdelegaciones de Ciudad Real, San Andrés, Simojovel, Tila, Huixtán y Ocosingo, dio como resultado que las tierras más próximas a los pueblos se tornaran insuficientes para cubrir la demanda de granos básicos. De hecho, la apertura de nuevos terrenos al cultivo se tornó aún más apremiante, ya que muchos de los pueblos en los que la población crecía más rápido estaban ubicados sobre terrenos montañosos en los que las tierras de buena calidad eran escasas. Por ejemplo, el defensor de los indios de Chamula, que para 1814 era el asentamiento con el mayor número de habitantes, afirmó que

[…] los pedazos de tierra que los indios tienen cultivados […] son muy cortos y reducidos, igualmente estériles, situados en la mayor altura y por lo mismo expuestos a hielos que no les pueden prometer la más leve seguridad en sus cosechas. Esta es la causa que los obliga a vivir dispersos por los montes […] en solicitud de tierras útiles […] (^{Instancia, 1955: 84-85}).

Esta situación provocó que parte de la población india de Chiapas se encontrara dispersa en parajes -llamados también ranchos- que se habían formado en torno a las nuevas tierras de cultivo (^{Obara-Saeki y Viqueira, 2017: 585-586 y 610-619}). Al respecto, en 1819 el obispo de Ciudad Real informó a las autoridades de Guatemala que una fracción de los naturales de Chamula, Zinacantán, San Andrés, Tenejapa, Tila y Tumbalá habitaban en las sementeras que poseían en los montes y reconoció que regresarlos a sus pueblos era una tarea complicada, pues alrededor de éstos no había suficientes tierras para que rehicieran sus sembradíos.³⁵ En buena medida, esto fue lo que impulsó a las autoridades provinciales a crear nuevos poblados a partir de los caseríos que existían en torno a las milpas.³⁶

Así, a finales del periodo colonial las fronteras agrícolas de los pueblos se habían expandido hacia los valles y llanuras del norte de la provincia, y también comenzaban a extenderse hacia la Depresión Central de Chiapas. El común denominador de estas regiones era que en todas ellas existían tierras de gran calidad que permitían hasta dos cosechas de maíz al año y eran favorables para el cultivo de productos altamente demandados en los mercados regionales.

Ahora bien, pese a que contamos con muchos indicios de que los cultivos de granos básicos se expandieron como respuesta a la mayor demanda de alimentos entre los indios y los ladinos,³⁷ sigue pendiente determinar qué tan acertada fue la afirmación de que la producción de frutos con elevado valor comercial, como la grana y el cacao, vinieron a menos a partir del establecimiento de la intendencia.

Los datos que he podido recolectar indican que la producción de grana silvestre, la cual se concentraba casi en su totalidad en la provincia de Los Zoques (que abarcaba los partidos de Ixtacomitán y parte del de Tuxtla), sí decayó de forma paulatina a lo largo del periodo tardocolonial. No obstante, este fenómeno poco tuvo que ver con la supresión de las alcaldías mayores. Lo que parece haber dado al traste con la producción de la grana silvestre de Los Zoques fue el creciente rechazo de los comerciantes gaditanos a comprar esta tintórea por su mala calidad. En este sentido, el comerciante Miguel Antonio Gutiérrez afirmó que la “mayor decadencia” de la grana silvestre que se obtenía en los pueblos de Jitotol, Tapalapa, Coapilla, Pantepec y Ocotepec comenzó cuando:

[…] impuestos los consumidores de Europa del poco jugo de tinta que daba en los tinacos, ya desengañados escribían a los de Cádiz que no les compraran, a que se agrega […] que los indios que la benefician […] la adulteran tanto al matarla […] Y desde luego conjeturo [que] la mitad o tercera parte al echarla el teñidor al tinaco de su tinte [se] volvería lodo (^{Decadencia, 1953: 101}).³⁸

Lo que definitivamente no parece haber sufrido un descalabro fue el cultivo de cacao en el nororiente de la provincia. En 1799 el teniente de subdelegado de Tila informó que en las “haciendas” de los indios de ese pueblo -cuyo número ascendía a 334- habitaban “890 almas que están de continuo asistiendo los tequios y ocupaciones”, y dio fe de que la cantidad de árboles de cacao sembrados en estas tierras prácticamente se había duplicado en los últimos diez años, al pasar de 173 120 a 331 000.³⁹

La expansión de los cacaotales en el norte de Chiapas -que el mismo intendente Cuentas verificó- revela que no es necesariamente cierto que la producción de los frutos altamente valorados en los mercados decayó tras la abolición de jure de los repartimientos. En cambio, lo que sí parece haber sufrido un serio revés fue el control que ejercía la élite de Ciudad Real sobre la comercialización de las cosechas. Así, los libros de la comisaría de alcabalas de Tila muestran que casi la totalidad del cacao cosechado en el Valle del Tulijá a principios del siglo XIX era entregada a comerciantes de Palenque y Comitán, quienes se ocupaban de distribuirlo en el interior de la provincia y en Guatemala.⁴⁰

La debacle del comercio

Aunque el intendente Cuentas aseguró que el “comercio que había en estas provincias está acabado”, varios documentos sugieren que durante el último cuarto del siglo XVIII tuvo lugar un importante repunte del comercio entre Chiapas con Tabasco y Campeche. En consecuencia, un importante volumen de mercancías, que por desgracia es imposible cuantificar, comenzó a ingresar a Chiapas a través de la red fluvial que unía al partido de Palenque con los puertos del Golfo de México con el objetivo de que fueran enviadas a Ciudad Real y, sobre todo, a Quetzaltenango que en esos años vivía una notable expansión económica por el auge de su agricultura y de la producción de textiles (^{González, 2015: 79-82}).⁴¹

Al interior de Chiapas, los productos se movían por una nueva versión del antiguo camino de Los Zendales (^{Viqueira, 2002: 149-150}).⁴² Los viandantes que llegaban a Chiapas procedentes de Campeche hacían una primera parada en Playas de Catazajá para luego dirigirse a Palenque, ubicado a unas seis leguas de distancia. Posteriormente, marchaban en dirección a Tumbalá, para lo cual tenían que hacer un recorrido de casi 30 leguas de camino áspero, en el que se subían y bajaban numerosas cuestas y atravesaban varios ríos que solían desbordarse en temporada de lluvias. Ya en Tumbalá, los pasajeros tomaban rumbo hacia Tila, Petalcingo, Yajalón, Chilón y Bachajón -esto implicaba recorrer más de 10 leguas de camino atravesando montes y pequeños valles-, para luego partir con dirección a Ocosingo. Finalmente, desde este pueblo se enfilaban hacia Comitán, ubicado a 22 leguas, a través de un camino que cruzaba por la selva, y en el que los únicos puntos de descanso eran las haciendas Jotaná, Yaxhá y Palma Real. Finalmente, desde Comitán -que pronto se convirtió en el corazón de este circuito comercial- los mercaderes y sus cargas accedían al Camino Real que unía Chiapas con Los Altos de Guatemala, en particular con el importante pueblo de Quetzaltenango.⁴³

Ante lo incómoda que podía resultar esta ruta, las autoridades de Chiapas buscaron acortarla y hacerla más cómoda. Con esto en mente, comerciantes y funcionarios reales fundaron nuevos pueblos para que los viajeros recibieran avíos y descansaran en ellos, al tiempo que abrieron nuevos caminos -o, simplemente, rehabilitaron los existentes-, lo cual permitiría a los pasajeros evitar el paso por las sierras más escarpadas de la región.

Desde su llegada a Chiapas, el intendente Agustín de las Cuentas remarcó la necesidad de fundar “dos o tres poblaciones o cuando menos una” en las orillas del río Tulijá para hacer más sencillo el tránsito de los viajeros que llegaban del Golfo de México y se desplazaban entre los pueblos de Palenque y Tumbalá.⁴⁴ Este proyecto se concretó cinco años más tarde con la fundación de San Fernando Guadalupe del Salto de Agua, cuyo embarcadero era la puerta de entrada a una intrincada red de ríos navegables, mediante los cuales, y luego de un recorrido de 94 leguas, podía llegarse a la Laguna de Términos (^{Fundación, 1957: 61-127}).

La creación de Salto de Agua no sólo entusiasmó a los comerciantes chiapanecos. En 1795 el gobernador de la Isla del Carmen, Rafael de la Luz, informó a la Corona de las “felices consecuencias del acertado pensamiento de […] fundar dicho pueblo”. Su beneplácito no sólo se debía a que la guarnición y vecindario a su cargo podrían abastecerse de alimentos desde Chiapas de forma más sencilla, sino también a que la habilitación de la ruta fluvial hacia Salto de Agua facilitaría a los mercaderes campechanos convertirse en abastecedores de mercancías europeas para el reino de Guatemala. De la Luz sostuvo que “si se habilitase este puerto, sin perjuicio del de Omoa, para el comercio libre”, los habitantes de Guatemala podrían recibir “géneros y frutos de Castilla” a mejor precio, ya que la cortedad del camino entre Salto de Agua y la Isla del Carmen permitiría la disminución del costo de los fletes. Además, sostuvo que la conducción de dichas mercancías podría “fomentar el comercio de las provincias de Chiapas, Quetzaltenango y Totonicapán”.⁴⁵

Algunos testimonios indican que durante sus primeros años Salto de Agua cumplió con las expectativas puestas en él. De entrada, los comerciantes de Chiapas exportaron panela, cacao y grana al Golfo de México (^{Fundación, 1957: 114}). Además, se registró, tal y como lo habían previsto los promotores de la fundación, un aumento en las entradas de mercancías extranjeras (^{Palma, 2006}). De esta manera, en 1800 se le describió como un próspero asentamiento “con su comercio muy activo con las inmediaciones de Yucatán, Isla del Carmen y Tabasco”.⁴⁶

Pero las innovaciones que el comercio estaba produciendo en el oriente de la provincia no pararon ahí. A principios del siglo XIX un grupo de naturales que habitaba en las haciendas que los dominicos poseían en los alrededores de Ocosingo recibió autorización para formar un pueblo que se ubicaría en el camino que conectaba a Ocosingo y Comitán. Al paso de los años, el nuevo asentamiento, cuyo nombre fue San Carlos Nacaxtlán (hoy Altamirano), quedó instalado. Tiempo después, el subdelegado de Ocosingo indicó que esta fundación había sido un éxito, pues “siendo la distancia de esta cabecera a Comitán de 22 leguas, poco más, los indios [de Ocosingo] repugnan dar avíos a los pasajeros a tan larga distancia y éstos [los pasajeros] en ella no tenían abrigo ninguno y ahora [con el nuevo pueblo] logran unos y otros de esta comodidad”.⁴⁷

Asimismo, en 1806 el intendente de Chiapas ordenó al subdelegado de Ocosingo abrir un nuevo camino entre Bachajón y Palenque a fin de acortar la ruta que seguían los viajeros que llegaban de Tabasco con dirección a Ciudad Real o a Comitán -con esta modificación evitarían atravesar la serranía de Tumbalá-.⁴⁸ Si bien el subdelegado cumplió con el encargo, el nuevo camino no sobrevivió mucho tiempo a causa de la negativa de los indios de Bachajón a mantenerlo en buen estado.⁴⁹ Años después, las autoridades provinciales emprendieron un proyecto para reabrir y mejorar esta vía. En 1821 las obras fueron concluidas, en gran medida, gracias a las aportaciones que hicieron una veintena de comerciantes de Campeche, quienes invirtieron 1 100 pesos en ellas.⁵⁰

Fuente: elaboración del autor

Mapa I Principales caminos de la Carrera de Campeche hacia 1810. 

Las bondades de la llamada Carrera de Campeche, como se empezó a llamar al circuito comercial entre Chiapas y el Golfo de México, aparecieron paulatinamente. Cuando la primera guerra naval entre Inglaterra y España (1796-1802) paralizó los intercambios entre la península y sus colonias de ultramar, generando desabasto y la subida de los precios de productos europeos en gran parte del reino de Guatemala, el intendente de Chiapas aseguró que gracias a las introducciones que se hacían por el puerto de Salto de Agua, en Ciudad Real “todo lo hay en abundante”, pues no se carecía en sus tiendas de “lienzos, paños, vinos, papel, fierro, acero, cera y otras cosas”.⁵¹

Aunque corroborar esta información es complicado, es posible que el intendente dijera en parte la verdad. Tras ser cuestionado por el Consulado de mercaderes de Guatemala sobre el estado del comercio en su provincia, el receptor de alcabalas de Tuxtla contestó que por su aduana la entrada de géneros extranjeros era casi nula; sin embargo, indicó que en Ciudad Real la situación era diferente, ya que allí sí se disponía de mercancías gracias a las introducciones que se hacían por Tabasco (^{Palma, 2006}).⁵²

Frente al auge de la Carrera de Campeche las autoridades buscaron fiscalizar mejor los nuevos flujos comerciales. En este sentido, en 1801 el promotor fiscal de la intendencia, Sebastián Esponda, recomendó mover la administración central de alcabalas de Tuxtla a Ciudad Real, argumentando que desde la fundación de Salto de Agua “se había experimentado un incremento en los derechos de la receptoría de Ciudad Real con respecto a la administración principal en Tuxtla, al haber mayores y más constantes introducciones de mercancías por esa ruta” (^{Gutiérrez, 2009: 151-152}). Luego de estudiar el parecer de los oficiales reales y de los comerciantes, la Junta Superior de Real Hacienda de Guatemala aprobó este cambio en enero de 1804.⁵³

Cuantificar el volumen de los intercambios comerciales de Chiapas es una tarea que rebasa mis capacidades, pues las fuentes de las que dispongo no me permiten determinarlo y, además, porque gran parte del comercio de la provincia se hacía por la vía del contrabando. Muestra de ello fue que los miembros de la Sociedad Económica reconocieron que, si bien “se ha incrementado considerablemente el comercio”, las “introducciones clandestinas que ahora se hacen” eran tantas que el erario estaba siendo perjudicado (^{Informe, 1955: 105}).

Es posible que, para hacer frente a este problema, las autoridades decidieran aumentar el número de receptorías del ramo de alcabalas, de manera que éstas alcanzaron un total de 22 en la segunda década del siglo XIX.⁵⁴ Con todo, estas medidas no debieron rendir buenos resultados, puesto que son varios los testimonios que indican que el contrabando era el pan de cada día. Por ello, a comienzos del siglo XIX los oficiales reales hicieron hincapié en la necesidad de instalar un subdelegado en Palenque, ya que “es un paso interesante por las introducciones que se hacen desde Campeche y otros parajes”.⁵⁵

Aunque esta autoridad fue establecida en 1803, su presencia no inhibió la actividad de los contrabandistas. Años después, el intendente de Ciudad Real indicó que había tenido noticias de “que los contrabandos que han pasado en estos últimos meses para Quetzaltenango y la capital traen la ruta del Palenque, Ocosingo, y Comitán, vendiéndose algunos de estos géneros en esta villa”.⁵⁶ Además, el Consulado de comerciantes de Guatemala solía referirse a “las introducciones que se hacen por el puerto de Villahermosa en la provincia de Tabasco, las más de ellas […] fraudulentas”, mismas que iban a parar a las tiendas localizadas en la capital del reino y en las cabeceras de provincia (^{Apuntamientos, 1811: 22-23}).

Las repercusiones económicas, sociales y políticas de este comercio -lícito o no- fueron de gran trascendencia. De entrada, el vecindario de ladinos y españoles de los pueblos que funcionaban como puntos de descanso y almacenamiento de las mercancías -particularmente Comitán- creció significativamente y muchos individuos lograron amasar fortunas nada despreciables. Al respecto, sabemos que “entre los vecinos de Comitán [aparecieron] muchos acomodados”,⁵⁷ algunos de los cuales eran socios de los comerciantes de la ciudad de Guatemala;⁵⁸ que en Palenque había gente con suficiente dinero como para ofrecer préstamos a la Corona en el tiempo de las guerras interimperiales;⁵⁹ y que en Playas de Catazajá, los ladinos -cuyo número ascendía a más de 500- prosperaron lo suficiente como para solicitar que se les separara de la parroquia de Palenque y se les asignara un ministro a quien pagarían $300 anuales de manutención.⁶⁰

Pero la Carrera de Campeche no sólo benefició a los mercaderes. Los indios de las subdelegaciones de Palenque, Tila, Ocosingo y Huixtán, por cuyos pueblos atravesaba el camino que unía a Catazajá y Salto de Agua con Ciudad Real y Los Altos de Guatemala, también consiguieron mejorar su situación económica gracias “al dinero que reciben por los fletes de las cargas que entran por el río Tulijá”.⁶¹ Para el intendente Agustín de las Cuentas, ello se reflejaba en que los naturales de esta región, que según él “han sido siempre los más pobres”, habían comenzado a satisfacer “con puntualidad y en moneda redonda sus tributos y comunidades”.⁶² En este sentido, el caso de los habitantes de San Carlos Nacaxtlán es, a juicio mío, el ejemplo más claro del impacto positivo de la creciente vinculación comercial entre Chiapas, Campeche y Los Altos de Guatemala. Al decir de su subdelegado, el dinero que recibían por desempeñarse como tamemes los había convertido en “los [indios] más ricos y de más comodidad que tiene la provincia de Zendales”; de tal suerte que habían logrado edificar “una iglesia […] buena y duradera” y vivir “con mucho más aseo y extensión que la de los indios de toda esta jurisdicción.” ⁶³

A la luz de todo lo narrado, la afirmación de que en Chiapas “los vecinos están cada día más pobres” se torna poco convincente. Por el contrario, sabemos que “el mayor comercio legítimo y clandestino” no sólo había provocado que el número de españoles y ladinos se incrementara en ciertos pueblos, sino que “la abundancia de mercancías fraudulentamente introducidas” permitió a estas personas enriquecerse, aun cuando la mayoría de ellos había iniciado sus negocios con “muy corto capital” (^{Informe, 1955: 105}).⁶⁴

Esto nos lleva a pensar que lo que entró en crisis tras la aplicación del sistema de intendencias no fue el comercio provincial en sí mismo, sino el antiguo modelo mediante el cual se había desarrollado esta actividad. Gracias al control que los alcaldes mayores ejercían sobre la provincia, sus principales aliados, los comerciantes de Ciudad Real, habían gozado de un monopolio casi total sobre los intercambios comerciales que marginó a los comerciantes ladinos de otros pueblos. Empero, al abolirse los repartimientos, los antes desfavorecidos ladinos se encontraron frente a la posibilidad de entrar de lleno a un negocio que antes les había estado casi vetado. De hecho, hacia la década de 1810, era un secreto a voces que estos comerciantes advenedizos ya habían conseguido arrebatar parte del tráfico de mercancías a los potentados de la capital de la intendencia. La consecuencia de esto, se dijo, era que “se difunden [ahora] entre muchos las ganancias que en otros tiempos eran utilidad de pocos” (^{Informe, 1955: 105}).

La crisis del erario provincial

Hay un último aspecto que me gustaría abordar. Uno de los argumentos que el intendente Agustín de las Cuentas empleó para pedir la supresión de la intendencia fue que la Tesorería principal de Ciudad Real era gravosa para la Corona. Afirmó que “sin tener la más leve utilidad, gasta el rey anualmente 12 mil pesos, poco más o menos”, en los salarios de los oficiales reales y que “las rentas reales todas han bajado del valor que tenían”.⁶⁵ Por su parte, los redactores del informe de la Sociedad Económica aseguraron que, si bien en la década de 1790 los ingresos de la Real Hacienda en Chiapas crecieron y se obtuvo un superávit anual, este desempeño positivo desapareció, de tal forma que al momento en que era elaborado su informe, la Tesorería principal registraba un déficit de más de $10 000 (^{Informe, 1955: 108-109}). El remedio a este problema, coincidieron ambas fuentes, era la restauración de las alcaldías mayores.

A estas alturas, el lector sospechará que más que arreglar las finanzas reales, estos personajes buscaban mejorar las finanzas de los potentados de Ciudad Real. Sin embargo, como mencioné al inicio, lo que debemos hacer al toparnos con estos documentos es preguntarnos en qué medida el fin que sus autores persiguieron al redactarlos distorsiona nuestro conocimiento sobre la realidad de aquel momento.

Precisamente, una investigación reciente ha revelado que el diagnóstico ofrecido en estos informes sobre las finanzas de la Caja Real de Chiapas fue en extremo engañoso. Dado que los resultados de este trabajo serán publicados próximamente (Guillén y Parrilla, 2021), lo único que haré a continuación será presentar unas breves consideraciones sobre el desempeño de las finanzas de dicha tesorería.

Como se aprecia en la Gráfica 1, más que un experimento fallido, la Caja Real que se instaló en 1787 en Ciudad Real resultó, en términos generales, un éxito para la Corona. Entre 1792 y 1819, sobre unos ingresos de $835 416 se registraron gastos que ascendieron a $387 808, produciéndose un superávit de $462 452, es decir, de $27 203 anuales en promedio.

Fuente: Guillén y Parrilla (2021: 97).

Gráfica 1 Ingresos, gastos y superávit-déficit de la Caja Real de Chiapas. 

Si bien es cierto que entre 1792 y 1800 los gastos de esta tesorería se incrementaron -de $13 300 en el primer año pasaron a $20 000 en el último- producto del pago de los sueldos de los nuevos funcionarios de la intendencia, estas erogaciones pudieron ser cubiertas sin mayor problema gracias al notable aumento de sus ingresos, que pasaron de $45 100 en el primer año a $66 200 en el último. Este aumento fue resultado de que los rendimientos del ramo del tributo crecieron de forma muy significativa. Así pues, la expansión de los ingresos y la relativa moderación de los gastos hicieron posible la obtención de un superávit anual que en promedio ascendió a $35 959 entre 1792 y 1800. Aunque el desempeño de las finanzas de la Caja Real de Chiapas en este periodo fue positivo, se hizo patente una condición que a la postre resultó ser un problema: la dependencia absoluta con respecto al tributo.

Las consecuencias de esta dependencia comenzaron a verse a partir de 1801. Los efectos de la plaga de langostas que afectó las siembras de muchos de los indios de Chiapas a inicios del siglo XIX condujeron a una disminución en el monto de los tributos recaudados: de $33 731 obtenidos en 1800 se pasó a $24 235 en 1805.⁶⁶ Por ende, los ingresos globales de la tesorería principal de Chiapas tendieron a la baja, cayendo de $60 400 a $36 700 en ese mismo lapso. Sin embargo, los gastos, en particular los relacionados al sostenimiento del gobierno, también se redujeron en esos años (de $24 300 a $17 700). Esto permitió que el superávit registrado en fechas anteriores lograra mantenerse, aunque disminuyó a un promedio anual de $31 421 entre 1801 y 1811.

El balance positivo de las décadas de 1790 y 1800 se interrumpió de forma abrupta en 1812, cuando convergieron dos factores que infringieron un serio daño a las finanzas de la Tesorería principal de Chiapas. En primer lugar, estuvo la abolición del tributo decretada en enero de ese año. Esta medida dio como resultado que, para 1815, los ingresos de la tesorería chiapaneca se situaran en $27 000, cifra casi tres veces menor a la registrada en 1800. En segundo lugar, el aumento en los gastos de defensa que trajo aparejado el lanzamiento de una expedición militar a la Nueva España -que tenía como cometido luchar en contra de los insurgentes- ejerció una presión extrema sobre los de por sí mermados recursos del erario. Como resultado, se produjo un déficit de $4 000 entre 1814 y 1815, que se cubrió parcialmente gracias a la recaudación de donativos y empréstitos forzosos (^{Guillén, 2019: 19-23}).

No obstante, una vez que el tributo fue restablecido en 1816, los ingresos de la Caja Real repuntaron paulatina, pero sostenidamente. Hacia 1819 la recuperación era evidente. En ese año los ingresos globales alcanzaron la asombrosa cifra de $76 800, de los cuales 80% procedía del cobro de tributos corrientes y atrasados.⁶⁷ Asimismo, la Tesorería principal volvió a registrar un superávit, aunque más reducido que el de las décadas anteriores: entre 1816 y 1819 el sobrante ascendió a un promedio anual de $14 489.

Dos fueron las causas de la contracción del excedente. A partir de 1806, la Tesorería principal debió pagar a diversos individuos y corporaciones eclesiásticas los réditos anuales de 5% a los que se habían vuelto acreedores luego de que los principales de obras pías y capellanías que administraban fueron incautados durante la consolidación de los vales reales. A este gasto se sumó en 1810 el de la cobertura del servicio (intereses de 4%) y amortización de los capitales ingresados al ramo del Real Empréstito, establecido por la Audiencia de Guatemala para financiar los gastos de la guerra contra Napoleón. Para 1815, el servicio de estas deudas implicaba el desembolso de $3 780 anuales (^{Guillén, 2019: 23-25}).

Por si lo anterior fuera poco, el estallido de la guerra civil en la Nueva España confirió a Chiapas una posición estratégica en la defensa militar del reino de Guatemala que jamás había tenido. Dado que cualquier invasión rebelde a Guatemala tendría que iniciar en esta intendencia, el número de tropas estacionadas en ella creció y su manutención corrió a cargo de la Tesorería principal de Chiapas. Por tal motivo, los oficiales reales de Ciudad Real declararon que “las existencias de las arcas apenas alcanzan para cubrir la suma que debe constituir el fondo militar de esta provincia”.⁶⁸

Si bien los autores del informe de la Sociedad Económica atribuyeron la creciente precariedad de las finanzas reales a la decadencia económica, este fenómeno se debió a factores que nada tuvieron que ver con la situación interna de Chiapas o con las reglas impuestas tras la creación de la intendencia. Sus causas se encontraban, por un lado, en los desastrosos resultados de la política fiscal que la monarquía aplicó para hacer frente a sus guerras y deudas europeas y, por el otro, en el papel que la provincia jugaba de cara a la amenaza insurgente

Reflexiones finales

Los informes que he sometido a revisión en este ensayo formaron parte de uno de los debates más importantes que se suscitaron en el conjunto de la monarquía durante el siglo XVIII: el de si los mecanismos compulsivos eran o no indispensables para asegurar la participación de los indios en el mercado. Al igual que otros miembros de la élite política de la Nueva España (^{Yuste, 1991}), el intendente Cuentas, los integrantes del ayuntamiento de Ciudad Real y los miembros de la Sociedad Económica de Chiapas se colocaron del lado de quienes sostenían que los repartimientos y las habilitaciones eran condición sine qua non para que los indios sacaran provecho de sus mejores tierras. Para ello, hicieron lo mismo que sus contemporáneos de otras provincias americanas: alegar que la supresión de estos mecanismos sólo podía conducir a una crisis de graves consecuencias.

En este sentido, el error que han cometido los historiadores que se han valido de estas fuentes es no analizarlas a la luz del contexto local, regional e imperial en el que fueron producidas. Al no hacerlo han perdido de vista el sentido original que tuvieron y han caído en el equívoco de pensar que las afirmaciones que se hacen en ellas efectivamente dan cuenta del estado de la economía provincial de Chiapas. Más bien, estos documentos son una manifestación del pensamiento de la élite de Ciudad Real y de sus aspiraciones -sociales, políticas, económicas- en el ámbito provincial. El argumento de la decadencia, pues, fue ante todo un medio que los potentados de la capital chiapaneca utilizaron para recuperar el control de los espacios que habían venido perdiendo a manos de las nuevas élites regionales que surgían por toda la provincia. De hecho, la construcción del argumento de la decadencia bien puede considerarse como una de las primeras manifestaciones de las disputas entabladas entre las viejas y nuevas élites de Chiapas, disputas que, dicho sea de paso, se prolongaron a lo largo de todo el siglo XIX.⁶⁹

Aclaro, sin embargo, que con estas consideraciones no pretendo afirmar que todo en Chiapas fue prosperidad y riqueza durante los años anteriores a la Independencia. La diversidad que caracterizaba al territorio de la provincia era tan marcada que hubo regiones en las que todo apunta a que los últimos años del dominio español sí se caracterizaron por una profunda crisis. Por ejemplo, varios de los otrora ricos pueblos de la Depresión Central estaban empobrecidos o, de plano, en ruinas (^{Obara-Saeki, 2010});⁷⁰ algunos pueblos de las Montañas Zoques experimentaron un declive demográfico y económico en los últimos años del periodo colonial (^{Obara-Saeki y Viqueira, 2017: 613-614});⁷¹ y el Soconusco atravesaba una profunda crisis como consecuencia de la debacle del cultivo del cacao (^{Fenner, 2019: 63-73}).⁷² Lo que conviene resaltar es que los problemas que aquejaban a estas regiones eran irreductibles a los efectos de la aplicación del sistema de intendencias. En realidad, éstos surgieron de mucho tiempo atrás -finales del siglo XVII y la primera mitad del XVIII- y se debieron a causas de lo más variadas -epidemias, plagas, cambios en los circuitos comerciales, desplazamiento de productos de los mercados intercoloniales-, que nada tenían que ver con el nuevo sistema de gobierno que la Corona implantó a partir de 1786.

Este trabajo es, pues, tan sólo un intento por poner de manifiesto que las interpretaciones que hasta ahora se han construido sobre la economía del Chiapas tardocolonial están fundadas sobre datos poco convincentes. Si he logrado sembrar dudas en donde antes había certezas, habré alcanzado mi cometido.