nueva página del texto (beta)
Español (pdf)
Artículo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar artículo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
Introducción
Diversos estudios han señalado el papel protagónico de las mujeres en movimientos de protesta que involucran la defensa de recursos naturales, por ejemplo, la destrucción de cientos de miles de plántulas de eucalipto en Porto Alegre, Brasil [Rosset 2016]; el cierre de las válvulas del sistema Cutzamala, que abastece de agua a la Ciudad de México [Vázquez 2008]; la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en el lago de Texcoco [Carrillo et al. 2009] y la expansión de la soya transgénica en la Península de Yucatán [Martínez Vásquez et al. 2019] o de la industria eólica en el Istmo de Tehuantepec [García-Torres 2018]. El presente artículo analiza el papel de las mujeres en la lucha contra el extractivismo minero en el Soconusco, Chiapas. En los estudios previos, realizados en la región [Roblero et al. 2012; Galicia 2016; Roblero 2017; Ramírez et al. 2020], el protagonismo de las mujeres ha sido señalado únicamente por Alves [2020], quien, sin embargo, no profundiza en sus formas de participación y experiencias al respecto.
El artículo muestra la trascendencia de los Comités de Agua Potable (cap) para organizar las protestas en contra del extractivismo, destacando el carácter patriarcal de estas estructuras comunitarias que excluyen a las mujeres de la toma de decisiones, a pesar de ser las principales usuarias del agua potable [Rodríguez 2012; Carrasco Lozano 2015; Ortega 2018]. En el caso del Soconusco, esta exclusión se expresó en el hecho de que las mujeres fueron convocadas para acuerpar la defensa mediante el bloqueo de vialidades, que no a todas les pareció el mejor método de lucha. Las que no estuvieron de acuerdo, enfrentaron la pérdida de derechos de agua, la estigmatización y el silenciamiento.
El documento está dividido en seis partes: la primera expone la articulación de los tres conceptos clave para el análisis: extractivismo minero, agua y opresión de las mujeres; la segunda describe las características de la región, así como la metodología utilizada para recabar información; la tercera relata, a partir de fuentes secundarias, los principales eventos que conformaron la defensa del territorio; las secciones cuatro y cinco analizan los datos obtenidos a través del trabajo de campo desde la óptica de los tres conceptos clave que constituyen el eje de análisis, comparando dos localidades en términos de sus métodos de lucha e impactos en las mujeres; finalmente, la sexta reflexiona sobre los principales hallazgos, sus implicaciones para el estudio del extractivismo y la gestión comunitaria del agua con enfoque de género.
Propuesta conceptual: extractivismo, agua y opresión de las mujeres
El extractivismo minero se define como “la extracción de recursos naturales […] sin procesar, o con un procesamiento mínimo” [Gudynas 2013: 3], que ignora el límite ecológico de cada territorio y desconoce las necesidades de las comunidades donde se inserta el proyecto. El extractivismo minero generalmente se implementa por medio de proyectos de gran escala, que utilizan agua para separar el mineral, dejando cráteres en la tierra y afectaciones en agua, suelo y aire debido a los desechos y gases que se desprenden en los procesos de trituración, lavado, corrosión y separación de metales [Llano 2016]. Otro de los efectos del extractivismo minero es el debilitamiento del tejido social, la pérdida de acceso a recursos importantes para la subsistencia y el incremento de la violencia [Féliz et al. 2017].
El extractivismo minero tiene impactos específicos en las mujeres. Entre los más importantes se encuentran la dificultad para producir alimentos [Bermúdez et al. 2011: 14], abastecerse de agua y acceder a servicios de salud [Ulloa 2020], además del aumento en la carga de trabajo [Salazar et al. 2015]. Como principales responsables de las tareas de cuidado, las afectaciones a fuentes de agua las orillan a movilizarse [Calderón et al. 2021]. La declaración “el agua es vida” se ha transformado en un lema común en los procesos de defensa del territorio [Yacoub et al. 2015] y, por lo menos en América Latina, muchas de estas movilizaciones son lideradas por mujeres [Gudynas 2019].
La participación de las mujeres en movimientos de protesta en contra del extractivismo ha sido estudiada de dos formas principales. En la primera se destaca su papel en el sostenimiento de la vida por medio de las actividades de cuidado que realizan. Cuando se presenta la amenaza del extractivismo, las mujeres se movilizan en defensa del territorio como principal sustento de la vida [Carrasco 2003; Ajenjo 2013; Trevilla et al. 2020; Pinheiro, 2021]. Una segunda mirada es la de “feminismo territorial” adoptada por Ulloa [2016] para describir la articulación del territorio, el cuerpo y la naturaleza en una sola unidad. Las mujeres movilizadas equiparan la violencia de género con la ejercida contra el territorio por medio de, por ejemplo, el despojo de semillas nativas, la tierra o el agua. Se concibe al cuerpo y al territorio como una misma entidad, asumiendo que la liberación de las mujeres pasa forzosamente por la defensa del territorio y que la fuente de inspiración y energía para hacerlo se obtiene justamente de éste [Susial 2020].
El presente artículo aborda la participación de las mujeres en la lucha contra el extractivismo, desde una mirada crítica que no necesariamente asume como dados la inclinación de las mujeres a proporcionar cuidados y a defender la vida, tampoco la asociación cuerpo-territorio que las orilla a protestar; de hecho, se parte del concepto de la opresión de género que Moore [2009] define como la doble moral y el control masculino sobre la sexualidad femenina; la restricción física de los movimientos de las mujeres; la desvalorización de sus actividades y opiniones; su falta de acceso a recursos materiales y no materiales; la violencia física, sexual, económica y psicológica de la que son objeto y su falta de participación en espacios de toma de decisiones. Las protestas en contra del extractivismo ofrecen a las mujeres una oportunidad de transformar —o no— su situación de opresión, mediante el acceso a la arena pública y el desarrollo de nuevas habilidades, entre las cuales destaca la posibilidad de salir de casa sin pedir permiso, dirigirse a grandes audiencias, gestionar recursos y negociar con autoridades competentes.
En el Soconusco, la opresión de las mujeres se expresa, entre otras cosas, en su falta de participación en puestos directivos de los Comités de Agua Potable (cap), que fueron clave para organizar la protesta contra el extractivismo. La ausencia de las mujeres, en estos cargos, reproduce “la lógica de dominación del género masculino y la vigencia de los roles hegemónicos de género, en los cuales al ámbito femenino le corresponde lo doméstico y la esfera masculina se dirige a lo público” [Gómez et al. 2017: 69].
Dichos roles emanan de la construcción social, de los hombres como proveedores y jefes de familia y de las mujeres como cuidadoras y responsables de la reproducción social con actividades tales como lavar ropa, limpiar la vivienda, educar y asear a niños, y preparar alimentos. Estas actividades no son socialmente valoradas y las mujeres no reciben una remuneración por realizarlas, situación que las coloca en una vida de opresión con respecto a los hombres.
Metodología y zona de trabajo
El trabajo fue realizado en dos municipios del Soconusco: Acacoyagua y Escuintla. Ambos fueron seleccionados porque ahí se encuentran dos de las minas de interés para el presente trabajo: Casas Viejas, asentada en terrenos ejidales de Los Cacaos y perteneciente a la empresa El Puntal S.A. de C.V; y mina El Bambú, ubicada en los terrenos de Nueva Francia y operada por Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V. Entre 2009 y 2018 se extrajo titanio de ambas minas, que ocasionó la contaminación de los ríos Cacaluta y Cintalapa, los cuales proveen de agua, alimentos y sitios de esparcimiento a la gente de ambos municipios [Alves 2020].
El Soconusco recibe su nombre del idioma náhuatl y significa “lugar de la tuna agria” [Cruz 2012]. Los nombres Acacoyagua y Escuintla tienen el mismo origen; significan “lugar de señores” y “lugar con abundancia de perros”, respectivamente. Antes de la llegada de los españoles, las poblaciones indígenas del Soconusco fueron sometidas por el Imperio mexica. Durante la época colonial, su población fue creciendo con la formación de nuevos asentamientos españoles, indígenas y mulatos [Martínez Sumuano 2016; Gobierno Municipal de Acacoyagua 2022; Gobierno Municipal de Escuintla 2022]. En el Porfiriato destaca la migración japonesa que en 1897 fundó la colonia Enomoto para sembrar café en las fértiles tierras de la región [Cruz 2012; Agencia de Cooperación Internacional del Japón 2020].
Actualmente, el municipio de Acacoyagua cuenta con una población de17 994 habitantes, de los cuales 50% son mujeres y 50% son hombres, mientrasque Escuintla tiene 30 896 habitantes, de los cuales 50.75% son mujeresy 49.24% son hombres. Sólo 0.25% de la población mayor a tres años deAcacoyagua habla alguna lengua indígena y en Escuintla el porcentaje essimilar, 0.35% [inegi, 2021].
La información fue obtenida en dos fases de trabajo de campo con un año de distancia entre cada una, por motivos de la pandemia desatada por covid-19. En la primera (agosto 2021) se realizaron 55 entrevistas individuales y grupales en las que participaron 97 personas (38 hombres y 59 mujeres), entre las cuales destacan funcionarios estatales y municipales, periodistas, autoridades ejidales, integrantes del cap, organizaciones civiles y habitantes de ambos municipios. Los temas fueron los siguientes: llegada, desarrollo y terminación de los proyectos mineros; prácticas de resistencia ante los mismos; beneficios y daños de la minería; participación de hombres y mujeres en el movimiento. Cuando era posible, las entrevistas fueron grabadas y transcritas para su posterior codificación y análisis con el programa AtlasTi. Los nombres utilizados son ficticios, a solicitud expresa de la mayoría de las personas entrevistadas. Aunque las minas actualmente se encuentran cerradas, el sentir de las comunidades es que el conflicto todavía no termina porque las concesiones siguen vigentes.
En la segunda fase (agosto-septiembre 2022) se realizaron dos talleres con mujeres con el objetivo de profundizar en la problemática detectada en la primera. Además, se levantó una encuesta en dos localidades: Jalapa (municipio de Acacoyagua) e Independencia (municipio de Escuintla), ambas fueron seleccionadas por su protagonismo para detener las dos minas de interés para el presente trabajo. Las preguntas de la encuesta estuvieron organizadas en cuatro secciones: datos generales; empleo en el sector minero; distribución y calidad del agua; movilización contra el extractivismo. Para calcular la muestra en cada localidad se usó la siguiente fórmula:
Donde n = tamaño de muestra; N = población (número de viviendas totales); Z = puntuación Z o Zeta alfa (proporcional al 90% de confianza); p = variabilidad positiva; q = variabilidad negativa; d = error esperado.
Los valores fueron los siguientes: N = 211 para Jalapa y 277 para Independencia; Z = 1.645; p = 0.5; q = 0.5; d = 0.1. El cálculo arrojó 52 cuestionarios para Jalapa y 55 para Independencia. La información fue capturada en Excel y procesada en SPSS para producir estadísticas descriptivas. En todos los casos, las preguntas fueron respondidas sólo por mujeres.
El artículo utiliza material de tres de las cuatro secciones del cuestionario: datos generales, distribución y calidad del agua, y movilización contra el extractivismo. Las variables que se retomaron fueron la edad, estado civil, número de hijo/as y ocupación de las mujeres, frecuencia con la que reciben el agua de la red, otras formas de aprovisionamiento y almacenamiento del recurso, cargos en el cap, participación en las protestas, motivos para movilizarse, opinión sobre el cumplimiento de las demandas, formas de lucha, beneficios y problemáticas por participar en ésta. Se adopta un enfoque comparativo, con el fin de resaltar las similitudes y diferencias que se presentaron entre las dos comunidades que comparten un contexto similar y que utilizaron métodos distintos para enfrentar al extractivismo.
Extractivismo minero en el Soconusco
Chiapas forma parte de la tercera frontera minera que comenzó a expandirse a principios del siglo xxi con la apertura de nuevos territorios, en contraste con estados como Zacatecas y Guanajuato que tienen actividad minera desde la época de la colonia [Sariego 2009]. Entre el 2016 y el 2020, el territorio concesionado para minería en Chiapas osciló, con altas y bajas, del 15.98% al 11.36% de la cobertura estatal, que representaba un total de 798 005 has, divididas en 82 concesiones mineras para exploración, extracción y/o producción de oro (Au), plata (Ag), barita (BaSO4), plomo (Pb), cobre (Cu) y titanio (Ti) [sgm 2020].
Hasta el 2019, en el Soconusco se concentraban 21 concesiones que abarcaban cerca de 51 000 has [Mendoza 2019]; la mayoría se encuentran en cuatro de los 15 municipios que conforman esta región: Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán y Escuintla [Zúñiga 2013]. Además de la contaminación de los ríos Cacaluta y Cintalapa que abastecen de agua a la población, existe preocupación por la fauna y flora de dos áreas naturales protegidas cercanas a las zonas donde se encuentran las concesiones: la Reserva de la Biosfera El Triunfo, caracterizada por sus bosques de coníferas y selvas altas perennifolias, y la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, destinada a proteger los estuarios, lagunas costeras y manglares del sur de México [Domínguez 2009].
Por cerca de 10 años se extrajo titanio del Soconusco para ser trasladado en barco hasta China, donde era utilizado en la fabricación de celulares, aviones y misiles. De acuerdo con la Administración Portuaria Integral-Puerto Chiapas [2014 apud Ramírez et al. 2020: 133]: “El traslado de titanio hacia China comenzó en 2011, inicialmente con 1,500 toneladas de titanio; al año siguiente se extrajeron además barita, magnetita, ilmenita, hierro y acero. En ese año (2012), se exportaron otras 559,369 toneladas, y posteriormente, 103,809 toneladas más entre los años 2012 y 2014”.
La población de ambos municipios se movilizó hasta lograr la suspensión temporal de la mina Casas Viejas en 2017 y definitiva de El Bambú en 2018. La lucha tuvo un carácter regional y fue convocada, de manera principal, por dos organizaciones: Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (fpds) y el Movimiento Social en Defensa de la Tierra (msdt), que se articularon con otras instancias (Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Otros Mundos Chiapas A.C.) para emitir declaratorias que defienden los derechos humanos de los pueblos ante el extractivismo, entre ellas, la iii Declaratoria de Tapachula por los Territorios Libres de Represas y Minería y la Declaratoria del Municipio de Acacoyagua como Territorio Libre de Minería. [Alves 2020; Ramírez et al. 2020]. Dichas declaratorias fueron necesarias, pero no suficientes, para detener a las minas. Fue, sobre todo, la presión social que se gestó desde estructuras comunitarias como los cap lo que pudo parar, de manera definitiva, el avance del extractivismo.
Gestión del agua en Jalapa e Independencia
Prácticamente todas las viviendas (95.3%) de las mujeres encuestadas en ambas localidades están conectadas a la red de agua potable, sin embargo, los cortes en el servicio son frecuentes y pueden durar hasta seis días, tiempo que, por lo general, tarda la reparación de tuberías. Cuando el abasto falla, las mujeres ocupan agua almacenada en tanques de concreto ubicados en los patios de sus viviendas, los cuales constan de una pileta, un área para asearse, otra para lavar ropa y platos, y un sanitario con su correspondiente fosa séptica. Tres cuartas partes (75.15%) de las mujeres también acuden a los ríos Cacaluta y Cintalapa para realizar actividades de esparcimiento y aseo: “el agua lo hacemos servicial para todos, para lavar, para bañarse. Casi a los niños los ve uno en los arroyos, en los ríos […] y a algunas personas adultas también […]. Gracias a Dios que gozamos de esa agua, tenemos suficiente” [Mariana Sánchez Pérez, Jalapa, 2021].
Gómez, Romero y Vizcarra [2017: 76] definen a los cap como “organizaciones sociales comunitarias, constituidas y regidas por la Asamblea General Comunitaria, para administrar, manejar y gestionar los recursos hídricos”. Suelen estar compuestos por tres personas: presidente, secretario y tesorero, además de sus suplentes y vocales; todas ellas electas en asamblea. Dichos cargos no conllevan remuneración alguna.
Los cap han sido conceptualizados como espacios democráticos y autogestivos donde se gobierna por consenso y se promueven las relaciones horizontales y la cohesión comunitaria, sin embargo, un asunto que escapa a esta mirada es la falta de participación de las mujeres en los cap, que, en el remoto caso de estar presentes, ocupan el cargo de secretarias o tesoreras [Rodríguez 2012; Carrasco Lozano 2015; Ortega 2018].
Los cap de Jalapa e Independencia no son la excepción; el de Jalapa está compuesto por un presidente, un secretario, un tesorero y cinco vocales; todos son hombres. En Independencia, el cap tiene cinco integrantes (un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales) de los cuales el tesorero y un vocal son mujeres. Entre las encuestadas, sólo una mujer de Jalapa y dos de Independencia dijeron haber ocupado alguna vez un cargo en el cap, a pesar de que 94.1% señaló que ellas o algún integrante de su familia asisten a las asambleas y tequios, y que cerca de la mitad de las tomas de agua (56.4% en Jalapa y 41% en Independencia) están a nombre de las mujeres.
La lucha contra las mineras se orquestó desde los cap, que pone a esta estructura social a prueba, en particular en Jalapa, donde se tomaron medidas drásticas (multas y cortes en el servicio por inasistencia a las guardias) para sostener los bloqueos. En Independencia no se recurrió al corte del servicio porque los bloqueos duraron menos tiempo.
Enseguida se analizan ambos casos y las implicaciones para las mujeres, principales usuarias del agua con escaso poder de decisión sobre cómo orientar la lucha.
Caso Jalapa, municipio de Acacoyagua
Las razones de las mujeres para movilizarse
En agosto de 2015, representantes de diversas comunidades se reunieron en el Primer Foro de Afectados por la Minería y en Defensa del Soconusco, que tuvo como resultado la proclamación de la Declaratoria de Acacoyagua como Municipio Libre de Minería en 2016. La declaratoria fue firmada por el entonces presidente municipal, Patricio Eli Matías Salas, quien se comprometió a cancelar la explotación minera en el municipio [Mandujano 2016]. En septiembre de 2022, el cabildo actual firmó la declaratoria para refrendar, una vez más, la negativa de otorgar permisos de extracción [Otros Mundos Chiapas 2022].
De acuerdo con las mujeres, las principales preocupaciones que las orillaron a formar parte del movimiento fueron, en orden de importancia: contaminación de los ríos (76.9%), los daños al medio ambiente (43.6%) e impactos en la salud (28.2%). Además, la mitad (48.7%) consideró importante la suspensión de las minas, demanda que se logró parcialmente. La mayoría (91%) de las encuestadas estuvo de acuerdo con las demandas enarboladas por el fpds y casi en la misma proporción (84.7%) consideraron que éstas fueron atendidas, porque, en efecto, la mina Casas Viejas dejó de trabajar.
A pesar de estar de acuerdo con las demandas, no todas las mujeres formaron parte de las movilizaciones; sólo la mitad (48.1%) dijo haber participado en alguna forma de lucha, siendo las más importantes las guardias en los bloqueos (84%), asambleas (76%), manifestaciones (48%) y actividades de difusión (4%). Puede verse que la exclusión femenina de la toma de decisiones presente en los cap se replicó en estos espacios de lucha; por ejemplo, ninguna mujer participó en actividades que tuvieran que ver con el seguimiento de trámites como la declaratoria; las mujeres participaron desde la base y no desde la cúpula de la organización.
El 68% de las mujeres que participaron en las protestas consideraron que el resultado fue positivo, lo más importante fue que la mina dejó de trabajar. Sólo el 12% manifestó haber tenido problemas familiares y poco más de la mitad (52%) con vecino/as por haberse involucrado en los bloqueos, además, 32% dijo haber sido hostigada por su participación; la mitad de estas recibió amenazas de muerte por manifestarse contra la minería.
Sanciones por inasistencia a los bloqueos
Los bloqueos fueron convocados y organizados por el cap; se realizaron en terracerías, consideradas clave para el transporte de la mina, y tuvieron una duración aproximada de año y medio. Uno de ellos se ubicó en Jalapa y otro en una comunidad aledaña denominada La Cadena, también perteneciente al municipio de Acacoyagua. Hubo momentos muy tensos en ambos lugares:
La verdad, hay gente que somos humildes, pero en su momento somos como las culebras, también tenemos nuestros ratos. Si nos ofenden, nos vamos a defender. Por eso, muchos en la comunidad no alcanzamos a entender cómo es que se detuvo todo esto […]. A garrotazos, a pedradas, ahí se contuvieron, vieron que sí había valor y se detuvieron. Hasta ahorita estamos disfrutando del agüita limpia, todavía [Daniel Alves, Jalapa, 2021].
La duración de los bloqueos hizo necesario que se tomaran medidas extremas contra las personas que no querían o no podían asistir a las guardias. Primero se hicieron turnos matutinos y vespertinos de 12 horas entre los y las titulares de las tomas domiciliarias. Para sancionar a quienes no asistían se impuso una cuota de 100 pesos, cantidad mayor a la que se paga por faltar a las asambleas del agua (40 pesos), pero menor a la que se paga por no participar en los tequios (150 pesos).
El cobro de cuota por inasistencia fue considerado una medida polémica; algunas personas cuestionaron el hecho de que el cap extendiera sus atribuciones a otros ámbitos no relacionados directamente con el mantenimiento de la red de agua, por ejemplo, la lucha contra el extractivismo: “al momento dijeron que no y se echaron para atrás, no vamos a pagar, no tenemos por qué” [Guadalupe Ricárdez Mora, Jalapa, 2021]. Quienes todavía defienden esta medida señalan que fue decisión de asamblea:
Fue un acuerdo que se tomó en una junta... A unos les tocaba de día, a otros de noche, entraban a las seis de la mañana y salían a las seis de la tarde y así, turnos de 12 horas […]. Primero el comité [cap] coordinaba, mandaban citatorios, pero la gente casi no iba, ya después fue voluntario, pero eran poquitos, casi los mismos estábamos ahí [Concepción Vázquez Dorantes, Jalapa, 2020].
La medida de cobrar por inasistencia no funcionó y fue necesario recurrir a otra mucho más drástica: cortar el servicio de agua a partir de ocho faltas acumuladas. “Aquí, cuando la comunidad se encabrona […] fue ahí donde dijeron, ¿saben qué? No van a pagar, pues quítenles el agua” [Ana María López Cruz, Jalapa, 2021]. En el siguiente testimonio se observa nuevamente la reiteración de que fue “la comunidad”, “toda la comunidad”, la que decidió tomar dicha medida, cuando mostró el importante papel que juega la asamblea del agua en comunidades rurales [Campuzano 2019]:
Ya se hizo la junta de la comunidad, se habló con toda la comunidad de cómo se iba a hacer […] El que se quedaba, que no quería ir, se le cobraba una multa, y de 8 a 10 faltas ya se le cortaba el agua. Porque no era justo de que estaba consumiendo y no estaba dando su tequio, era como un tequio que dábamos ahí, pues [Odalis Ortiz, Jalapa, 2020].
El señor Federico Cervantes reitera lo importante que fue “haber firmado el acta” para dejar por escrito dicha decisión:
El comité está cortando el agua porque no van al plantón. Ese acuerdo también lo tienen firmado […]. Firmada el acta, cumplan ahora. Quieran o no, tienen que ir al plantón. Si deben, paguen [Federico Cervantes, Jalapa, 2020].
La pérdida de derechos de agua: implicaciones para las mujeres
El corte del servicio de agua afectó a 10 viviendas. Una de las afectadas fue Martha Malena Sánchez, quien en un inicio acudió a las guardias porque le parecieron “una buena causa”. Sánchez estaba en desacuerdo con los métodos de lucha, no así con la problemática ocasionada por la mina:
Un día el presidente del agua de aquí, por medio de una bocina, este, vocea: saben qué compañeros, tenemos que ir al plantón porque subieron los mineros. Mire, los pocos que pudimos de acá, allá vamos […]. Nos juntamos como unas diez [personas]... Llegando a la mera hora nos dijeron que detuviéramos a los mineros… Les dijimos que para que nosotros los detengamos debemos tener un permiso [Martha Malena Sánchez, Jalapa, 2021].
El temor a una confrontación hizo que Sánchez y otras seis mujeres (“íbamos en grupito”) decidieran entablar el diálogo con el representante de “los mineros”, motivo por el cual fueron acusadas de “vendidas”:
[Aunque] andaban armados desde los pies a la cabeza […]. Era la oportunidad de hablar con él, y si no era él, que nos dijera quién. El señor estaba en toda la disposición. Todavía nos reímos de que nos dejaron para el refresco. [La gente empezó a decir]: ah sí pues, por 200 pesos se vendieron [Fernanda Santos Colón, Jalapa, 2021].
La decisión de cortar el agua a 10 viviendas orilló a sus dueños/as a buscar ayuda con “los mineros” y el gobierno municipal de Acacoyagua. Después de un año de gestiones, sus casas fueron conectadas a la red que depende directamente del municipio, situación que continúa hasta la fecha:
Les metieron agua de Acacoyagua, la misma minera […] metieron máquina y tuberías de una toma de Acacoyagua y les dieron agua. Definitivamente se apartaron [Federico Cervantes, Jalapa, 2020].
Durante el año que no tuvo agua, Sánchez se apoyó en la amabilidad de su vecina. Otra afectada no tuvo tanta suerte y recurrió a la toma de agua del preescolar donde trabajaba como intendente. La mujer fue denunciada por su ahijada ante la junta de padres y madres de familia de la escuela, provocando su despido. El caso se llevó a la asamblea ejidal para que toda la comunidad se enterara “del robo de agua”. Al día de hoy, ahijada y madrina no se dirigen la palabra. La mamá de la denunciante también se alejó de manera definitiva de su hija por haber exhibido públicamente a su comadre. Este tipo de confrontaciones y rupturas son frecuentes en el contexto del extractivismo, y sus consecuencias para la salud psicosocial de las mujeres suelen ser severas [Aliaga et al. 2021].
El corte del servicio y la noticia del “robo de agua” hizo que el pueblo se dividiera en dos grupos: “éramos un solo bando [pero después] nos hicimos dos, anti-mineros y mineros” [Martha Malena Sánchez, Jalapa, 2021]. La mayoría de las mujeres encuestadas (83%) señaló que la fractura del tejido social fue la consecuencia negativa más grave del extractivismo en Jalapa. El tema sigue siendo importante en las conversaciones entre ellas:
Muchas mujeres ponen que no tengo tiempo, tengo mis quehaceres, pero si uno no está en defensa de eso que no quiere uno, lo que es la minería, entonces, ¿quién va a luchar por nosotros, por la comunidad, por el pueblo, por nuestra agua? [Eva Díaz Salomón, Jalapa, 2021].
En resumen, la fractura comunitaria se desató debido a las medidas que el cap tuvo que tomar para lograr la suspensión temporal de la mina. Para 10 mujeres esta situación vino acompañada de varios agravantes: 1) la pérdida del acceso al agua por un año; 2) la exclusión de una de las estructuras sociales más importantes de su localidad (la asamblea del agua); 3) la exhibición pública por tratar de abastecerse en un espacio comunitario (la escuela); 4) el daño a tres de los vínculos más importantes para las mujeres (madre e hija, madrina y ahijada, y comadres); 5) la estigmatización con el apelativo de “vendidas” y “pro mineras”, sin tener ninguna relación con la empresa. A cinco años de concluido el conflicto, la “herida sigue abierta”, tanto entre las mujeres que padecieron el corte del servicio, como entre las que acuerparon la defensa del agua, quienes se sienten parcialmente responsables de ello.
Caso Independencia, municipio de Escuintla
Las razones de las mujeres para movilizarse
Una diferencia importante con Acacoyagua es que en Escuintla no hay declaratoria que proteja al municipio de proyectos mineros; por ello, se aplicó presión sobre los candidatos a la presidencia para que firmaran un compromiso que prohibiera la minería en su localidad: “tenemos un escrito, que firme y lo apoyamos: ‘No a la minería’. Entonces ya los presidentes saben que aquí en la colonia Independencia es: ‘No a la minería’” [Alfredo Vale Herrera, Independencia, 2021].
De acuerdo con las mujeres de esta localidad, las principales preocupaciones que las orillaron a movilizarse fueron: contaminación de los ríos (56.7%), daños al medio ambiente (30%) e impactos en la salud (46.7%), además, más de la mitad (56.7%) consideraron importante la suspensión de la mina. Al igual que en Jalapa, la mayoría (76.7%) de las mujeres en Independencia están de acuerdo con las demandas de la organización que, en el ámbito regional, organizó la lucha contra los proyectos mineros, que en el caso de Escuintla fue el msdt. La mayoría (86.6%) consideró que dichas demandas fueron atendidas porque la mina El Bambú fue clausurada de manera definitiva.
A pesar de estar de acuerdo con las demandas, el número de mujeres de Independencia que participó en las protestas fue menor al de Jalapa: sólo 30.9% se movilizó contra la mina. Sus principales formas de lucha fueron tres, todas de la misma importancia: bloqueos (76.5%), asambleas comunitarias (76.5%) y manifestaciones (76.5%). Como en Jalapa la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones, presente en los cap, se replicó en estos espacios, ninguna participó en actividades que tuvieran que ver con la elaboración y seguimiento de documentos de difusión o la realización de trámites legales. En Independencia, al igual que en Jalapa, las mujeres acuerparon la defensa del agua desde la base del movimiento.
El 70.6% de las mujeres que se movilizaron consideran que hubo resultados positivos de su participación, la más importante fue el cierre definitivo de la mina. Algunas también mencionaron la protección a la salud ambiental y humana, así como la importancia de hacer valer sus derechos. A diferencia de Jalapa, en Independencia las mujeres movilizadas no reportaron haber tenido problemas familiares o comunitarios y sólo dos mujeres dijeron haber sido hostigadas mediante la intimidación, por parte de la minera y/o autoridades municipales.
Movilización más allá del municipio
El relativamente bajo número de mujeres que participaron en Independencia, en comparación con Jalapa, tuvo que ver con los métodos de lucha que se utilizaron en Escuintla, municipio donde los bloqueos fueron más cortos, estratégicos, violentos y colocados en sitios más alejados de las comunidades de las mujeres. Uno de los más importantes se realizó en el crucero de Nueva Francia, sobre la única vialidad asfaltada que conecta a seis poblados con la cabecera municipal de Escuintla. Tuvo una duración aproximada de cuatro meses. Los y las manifestantes permitieron el traslado de emergencia de personas enfermas, no así el cotidiano (comercial, laboral, social o familiar). Con el transcurso del tiempo, se produjo un fuerte enfrentamiento entre “los mineros” y sus opositores que condujo a la violencia: “a varios les reventaron la cabeza… Ahora sí que nosotros nos estábamos defendiendo” [Nayeli Cortés, Acacoyagua, 2020]. “Muchos nos insultaban, nos gritaban y nosotros nos rebajábamos, nos quedamos calladitos con tal de salir sin ser lastimadas” [Grisel Melisa Lara, Cintalapa, septiembre de 2020].
El bloqueo del crucero de Nueva Francia logró alejar, por un breve tiempo, a los operadores de la mina, pero no el cierre definitivo, para lograrlo, fue necesario ampliar el alcance de las protestas y realizarlas en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, incluso en la Ciudad de México. La más importante tuvo lugar a finales de 2016, frente a las oficinas de la conagua de la capital del país:
Once días dormimos allá afuera con cartones, afuera de la conagua, ahí preparábamos comida [Fabián Bolaños, Independencia, 2020].
Exactamente un 22 de diciembre, que ya estaban despidiéndose, ¡pum! los agarramos adentro. Ya se querían ir de vacaciones... La mina […] había violado el plan de manejo […] y […] se podía sacar […] una […] cancelación administrativa. Ese fue el punto del que nos agarramos… Hasta que nos entregaron el documento los dejamos ir. Ya tuvimos ese documento que nos dio la base para seguir peleando la cancelación definitiva [Renata Romero, Escuintla, 2020].
La asistencia a estos bloqueos también fue convocada por las autoridades de cada comunidad, así que Cintalapa e Independencia fueron las dos más más participativas:
Nos costó bastante, muchas comunidades no nos apoyaban, nada más dos comunidades, Cintalapa e Independencia. Con esas dos se inició la lucha […] Tapamos la carretera federal allá por Madre Vieja y pues así fue que nos escuchó el gobierno [Ramón Celis Martínez, Independencia, 2020].
El silencio de las mujeres en la asamblea
En Independencia la asamblea comunitaria es un sitio clave para definir y jerarquizar los problemas que afectan a la localidad. En ella se toman acuerdos tales como elegir “los tres problemas prioritarios” que más les afectan para obligar a los candidato/as a la presidencia municipal a comprometerse con su cumplimiento. Según Gema Gisela Luna Núñez [Independencia, 2021], la capacidad organizativa de Independencia se hizo extensiva a la lucha anti-minera: “nosotros somos una comunidad muy organizada y muy unida en contra de la minería”.
A pesar de la aparente solidez de la asamblea como espacio horizontal y democrático, durante la aplicación de cuestionarios fue posible detectar la existencia de multas por inasistencia a las guardias, que provocó cuatro diferencias importantes con Jalapa, lo que impidió que se tuviera que recurrir a medidas más extremas; la primera es que la responsabilidad de hacer valer las multas recayó tanto en el cap, como en las autoridades ejidales, que hacía mucho más difícil la disidencia; en segundo lugar, los bloqueos de Independencia fueron más cortos y hubo menor desgaste entre los y las participantes; tercero, la multa estipulada por inasistencia a las guardias fue mucho más alta que en Jalapa (500 pesos), esta cantidad es superior a lo que se paga por no asistir a asambleas (20 pesos) y no participar en tequios (100 pesos); cuarto, la sanción por acumular deudas también fue mucho más estricta:
Acá había sólo un señor […] en desacuerdo. Pero se le dijo […] que, si él seguía así otra vez, [que] sólo se le iban a dar 15 días para que vendiera lo que tenía, sus pertenencias, y que desocupara la comunidad. Fue un acuerdo acá de todos. Sólo era una persona. Porque aquí todos estamos en contra [de la mina] [Gema Gisela Luna Núñez, Independencia, 2021].
La aplicación del cuestionario también nos permitió conocer a varias mujeres que acudieron a las guardias, no tanto por convicción, sino para evitar ser multadas: “pues ni modo, íbamos […] por no pagar los 500 pesos […] lo que voy a dar, mejor me lo como” [Celina Morán, Independencia, 2021]. “Nos obligaron, nos iban a cobrar 500 pesos, ese dinero no lo tenemos nosotros [como] para estar regalando a la gente” [Candelaria Ramos, Independencia, 2021]. Estas opiniones fueron expresadas en privado porque las mujeres no tienen la confianza de hacerlo en asambleas, que es justo el espacio donde tendrían que ser manifestadas:
Cuando alguien quiere hablar, opinar, a veces como mujeres, a veces no dejan que uno opine como mujer, a veces piensan que la palabra de una mujer no vale… Mucha gente dice que valemos menos, pero no es así. Todos tenemos derecho de hablar, de opinar, siempre y cuando sean sanas nuestras palabras [Francisca Rojas Romo, Independencia, 2021].
A veces muchas callan lo que les está pasando… Están tapadas y no pueden hablar, no se animan a hablar lo que les pasa. En casa o en los trabajos las tratan mal [Gema Gisela Luna Núñez, Independencia, 2021].
Las mujeres de Independencia no reportaron preocupación por la fractura del tejido social en las mismas proporciones que en Jalapa (27.3% y 83% respectivamente). Seguramente en Independencia también hubo desgaste en las movilizaciones, pero su duración fue menor y al concluir la lucha con un éxito rotundo (el cierre definitivo de la mina), el daño pudo ser resarcido. Lo que destaca de esta experiencia es justo el silenciamiento de las mujeres en los espacios comunitarios.
Como lo han señalado Aliaga y colaboradores [2021], la violencia que viven las mujeres no se limita a la ejercida por las fuerzas del Estado o los cuerpos de seguridad de las empresas. También incluye las prácticas de desvalorización y silenciamiento al interior de espacios comunitarios. Decir esto, de ninguna manera demerita el logro de haber cerrado una mina; la intención es analizar cómo se gestan este tipo de movilizaciones con el fin de hacerlas más incluyentes y responsivas a las opiniones e intereses de las mujeres.
Conclusiones
El presente artículo se propuso analizar la participación de las mujeres en la lucha contra el extractivismo minero en el Soconusco, Chiapas, que se centró en dos localidades clave para la resistencia: Jalapa e Independencia. El enfoque comparativo mostró que en Jalapa la mina cerró temporalmente y en Independencia el cierre fue definitivo. En Jalapa la lucha duró año y medio y en Independencia fue menos de seis meses. En Jalapa se recurrió a medidas extremas para sostenerla (multas y cortes del servicio del agua) mientras que en Independencia no fue necesario hacerlo. Otra diferencia importante fue que en Jalapa la institución principalmente responsable de orquestar la lucha fue el cap, mientras que en Independencia también participó el comisariado ejidal, que hacía más difícil la disidencia en torno a los métodos de lucha.
La duración del conflicto en Jalapa orilló a las autoridades del agua a cortar el servicio a 10 viviendas, cuyos dueños/as perdieron, de manera definitiva, todo derecho asociado con la gestión local del agua. Las mujeres fueron estigmatizadas como “vendidas” y “pro-mineras”, además de exhibidas públicamente por tratar de abastecerse del recurso. La ruptura del tejido social fue la consecuencia más grande del extractivismo para ellas. Es importante reflexionar sobre esto, con la finalidad de evitar o al menos minimizar las vivencias que resultan dolorosas para las mujeres.
En contraste, la fuerza de la lucha en Independencia residió en el hecho de que la resistencia fue más corta y estuvo organizada no sólo por el cap, sino por el comisariado ejidal. Esta comunidad es presentada ante los ojos del exterior como un ente homogéneo que se opone en bloque a la minería.
En lo que no hay tanto consenso, al igual que en Jalapa, es en los métodos de lucha. Algunas mujeres se sintieron obligadas a asistir a los bloqueos porque las multas eran muy altas y no se sintieron capaces de expresar sus opiniones en los espacios destinados para ello. Como en el caso de Jalapa, el inmenso logro de haber cerrado una mina no puede escatimarse. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre los procedimientos, por medio de los cuales se definen los métodos de lucha, quién participa en ellos y qué sitio ocupan las mujeres en las estructuras comunitarias que organizan las protestas.
El presente artículo se distancia de modelos de análisis que suponen a priori la inclinación de las mujeres a proporcionar cuidados y defender la vida, para analizar, desde el concepto de la opresión de género, el carácter patriarcal de las estructuras comunitarias donde se organiza la resistencia, esto con la idea de entender y visibilizar las relaciones de poder y exclusión que se dan en su interior. Los cap son estructuras sociales que han contribuido a la sobrevivencia del tejido social y la cultura rural mexicana, sin embargo, no las exime de hacerse más incluyentes y democráticas para responder a las necesidades de las mujeres en contextos que agravan los problemas que ellas padecen, por ejemplo, la contaminación y escasez de agua.
Se concluye que es necesario ir más allá de la asociación cuerpo-territorio presente en muchos estudios destinados para analizar la participación de las mujeres en movimientos contra el extractivismo. Urge cuestionar el modelo de participación que ubica a las mujeres en la base, acuerpando la defensa. Hacerlo ayudará a construir proyectos capaces de incluir no sólo la defensa del territorio y la protección de fuentes de agua, sino también los derechos de las mujeres.
