Justicia transicional es el término que se suele usar para definir al conjunto de políticas que sociedades y estados posautoritarios adoptan al confrontar legados de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos bajo los regímenes previos. Entre tales políticas destacan la clarificación histórica y el establecimiento de responsabilidades por las violaciones de derechos humanos, así como reparaciones y compensaciones a las víctimas, reformas institucionales y medidas de elaboración de memoria histórica. La temática de justicia transicional ha cobrado centralidad en situaciones de apertura política en paralelo con la creciente conciencia del necesario tratamiento de dichos funestos legados y crímenes de lesa humanidad.

Este libro ofrece al lector una mirada crítica sobre los alcances y limitaciones de la justicia transicional en México y América Central. Su especial importancia radica en sumar el caso mexicano a la abultada bibliografía que, en las ciencias sociales, la historia y el derecho, ha abordado dicha temática en los últimos 20 años. En efecto, por numerosos factores que los autores analizan en sus trabajos y a los que haremos referencia más abajo, hasta tiempos recientes el caso mexicano había sido el gran ausente en temas de justicia transicional. Ello, en contraste con la conciencia de su importancia y su variado tratamiento en otros países de la región, tanto en el Cono Sur como en América Central, Perú o aun Brasil.

El libro es producto de una iniciativa lanzada en 2014 por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Incluye seis trabajos, un par para cada uno de los tres países abordados (México, Guatemala y El Salvador), además de una excelente introducción analítica de los coordinadores. Los trabajos sobre los tres países no siguen un idéntico foco o abordaje, lo cual resta cierta coherencia a la obra, aspecto que el capítulo introductorio compensa al proveer un adecuado encuadre teórico comparativo. Además de presentar cada una de las contribuciones, la introducción articula problemas comunes e interrelaciones entre los distintos casos.

En parte, los enfoques dispares adoptados por los autores de los distintos capítulos derivan de la variada agenda de justicia transicional en cada uno de los tres países analizados. Como destacan los autores, el contexto de la búsqueda de distintas vías de justicia transicional se halla en los procesos de democratización que se iniciaron en América Central y en México en las postrimerías del siglo XX y principios del XXI, respectivamente. Tales procesos impulsaron a reconocer el pasado traumático en todos los casos, aunque no necesariamente en forma comprehensiva y bajo múltiples retrocesos, derivados del temor de desestabilización política, o bien de la existencia de cacicazgos locales, mercados ilícitos y redes de crimen organizado. A ello se sumó la escisión entre fuerzas sociales que intentaron avanzar en el empuje transnacional para impulsar cambios institucionales y sociales y otras fuerzas sociales que, aunque adoptaron el discurso de los derechos humanos, han elaborado medidas para neutralizar las reformas y seguir favoreciendo la impunidad.

Los casos centroamericanos, representados por los trabajos de Sergio Palencia Frener y Erwin Rolando Melgar Valenzuela sobre Guatemala, y de Paula Sofía Cuéllar Cuéllar e Irantzu Mendia Azkue sobre El Salvador, agregan especificidad a un área donde ya existen numerosos estudios sobre la violencia generalizada que azotó a América Central durante la Guerra Fría. Para Guatemala el libro ofrece el análisis de Melgar Valenzuela sobre una masacre temprana (Cocop), que el autor analiza combinando fuentes de información múltiples, inexistentes para masacres posteriores, cuyo registro intentaron ocultar los perpetradores. Por su parte, Palencia Frener presenta un análisis de las pugnas jurídicas en torno al genocidio indígena y las conecta con la tesis de la lucha de clases y el papel que desempeñaron los capitalistas en Guatemala.

Para El Salvador el libro incluye el análisis feminista de Mendia Azkue, quien sugiere que la falta de voluntad política de avanzar en pos de justicia transicional a comienzos de la década de 1990 ha impactado el ejercicio de los derechos humanos en el presente y los ha marcado con pronunciados sesgos de género. Además, Cuéllar Cuéllar analiza el caso del Tribunal para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, inaugurado en 2009, 15 años después de que la Comisión de la Verdad presentara su informe con base en 25 000 testimonios sobre graves hechos de violencia y que el gobierno ignorara sus recomendaciones al promulgar una Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. La autora destaca cuán importante ha sido para las víctimas poder volver a dar testimonio y para la sociedad en general tener un interlocutor que no ha evadido atribuir al Estado responsabilidad por los actos de grave violencia y exigir el respeto por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas y sus familiares sobrevivientes.

Sobre México el libro contiene un excelente estudio de Javier Treviño Rangel que intenta explicar cómo los crímenes de Estado pudieron desarrollarse bajo un manto de silencio a lo largo de décadas de gobiernos del PRI y cómo, a partir del fin del dominio del PRI en el año 2000, se siguieron dando extremos crímenes de lesa humanidad cuyo tratamiento ha sido limitado. Entre ellos: el caso de San Salvador Atenco en mayo de 2006, cuando la Policía Federal Preventiva detuvo y torturó a 217 personas, entre las que se encontraban 47 mujeres, de las cuales 26 sufrieron abusos sexuales; o el caso Ayotzinapa, Iguala, estado de Guerrero, en septiembre de 2014, con seis asesinados y 43 jóvenes de la Escuela Normal desaparecidos. Ligando ambos periodos y sugiriendo líneas de continuidad a pesar del cambio político, Treviño Rangel afirma que “en México la justicia transicional ayudó [con su inefectividad] a que la impunidad fuera un acto fundacional del nuevo régimen” (p. 86). Francisco Ramírez Treviño refuerza tal argumento al destacar en su trabajo sobre el informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa en el estado de Guerrero (2014) el mismo contexto de extrema pobreza, indefensión jurídica y abuso de poder que ya había cristalizado normas de vida abusivas durante la Guerra Sucia desatada entre los años setenta y ochenta. En sus conclusiones, Ramírez Treviño sugiere que “el acercamiento a la historia reciente traumática no puede ser un vano ejercicio sentimental […] sino una búsqueda continua de los medios por los que conceptos tan altamente valorados como memoria, verdad y justicia, puedan encontrarse” (p. 125). Ello, según el autor, se trata de una confrontación con un pasado “que no pasa”. Al mismo tiempo, el pasado “no puede ser enfrentado sólo desde la historia, sino que exige su dimensionamiento en los ámbitos de la convivencia y la voluntad políticas, del replanteamiento de las relaciones sociales, de la reflexión en torno a la violencia como paradójico factor estructurador de la historia misma y, eventualmente, del futuro” (p. 125), vale decir, la posibilidad de conjurar la repetición de la violencia en el futuro.

La excelente introducción une las variadas contribuciones al libro. Con claridad, Eva Leticia Orduña, Ralph Sprenkels y Jorge Juárez reconocen que, a pesar del importante análisis de casos, los capítulos que han compilado no emprenden explícitamente un análisis comparado, objetivo al cual ellos se abocan en la introducción. El marco comparado es ampliamente justificable. Por un lado, tanto México como América Central debieron confrontar pasados violentos, complicados luego por nuevas formas de violencia, derivadas de abusos de poder e indefensión institucional, así como del impacto de los mercados ilícitos y las redes criminales transnacionales. Confrontando desafíos similares y en proximidad geográfica, aunque con dispar capacidad institucional, los casos de México y América Central llaman a emprender un análisis sistemático desde una perspectiva comparada.

Al lanzarlo programáticamente, Orduña, Sprenkels y Juárez registran en primer lugar el dispar alcance de la violencia en ambos casos. En América Central, la Guerra Sucia implicó una dinámica de violencia generalizada que fue conocida ampliamente a nivel internacional. En México, por el contrario, el régimen posrevolucionario del PRI proyectó internacionalmente una imagen progresista; por ejemplo, al recibir generosamente a los exiliados de la Guerra Civil española o a aquellos que escapaban de la represión de las dictaduras del Cono Sur; ello, mientras al mismo tiempo las autoridades cooptaban, reprimían protestas y censuraban la difusión mediática. Por ello, en México ha sido grande el desconocimiento de los crímenes del pasado y aún mayor la falta de evidencia, aun en casos en que con el paso del tiempo ganaron proyección, como fue la masacre y detención de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en la ciudad de México, en octubre de 1968. La carencia de una diáspora de exiliados mexicanos sumó incapacidad para producir demandas masivas de verdad y justicia comparables a aquellas de Guatemala, por ejemplo. Solo a partir de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos produjo informes sobre el país (en 1998 y 2016), en contraposición con informes que para los otros países de América Latina fueron lanzados ya a partir de los años sesenta y setenta del siglo pasado. Por último, tampoco ayudó el tardío reconocimiento por parte de México (1998) de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La importancia del presente libro es doble. Se aproxima críticamente al caso de la justicia transicional en México, un caso muy poco estudiado en el marco de los estudios sobre este tema en el ámbito mundial, al tiempo que ofrece elementos de análisis comparado con desafíos similares en América Central. Aunque no se trata de un estudio conclusivo, el libro abre nuevos e importantes espacios a la investigación sobre la justicia transicional en el continente americano y crea conciencia sobre los avances, retrocesos y carencias en pos de la consecución de verdad y justicia en México, Guatemala y El Salvador.