El encargo

Para este número celebratorio se me encargó dar cuenta de lo contenido en Historia Mexicana (HM) en materia constitucional. La petición me pareció sensata y atractiva y su ejecución simple e interesante. Ello, hasta que comencé a pergeñar la tarea. Tenía frente a mí numerosos ejemplares que revisar. Ante este reto puramente cuantitativo, se abrió otro más preocupante. El del criterio a seguir para identificar, dentro de la enorme masa de colaboraciones publicadas, las que tuvieran carácter “constitucional”. ¿Debía cuantificar el material, periodizarlo, describirlo, criticarlo o tratar de hacer todo ello simultáneamente? Lo que parecía un encargo simple, comenzó a requerir de un método.

El método

Historia Mexicana comenzó a publicarse en 1951 y al momento de escribir esta nota han aparecido 277 números. Cada uno de ellos se compone de secciones -artículos, reseñas, entrevistas y comentarios- más o menos constantes. Asumiendo que se me había requerido dar cuenta de alguna manera de la parte sustantiva, me concentré en los artículos. Según mi propia contabilidad, en las 1 362 colaboraciones realizadas a lo largo de 70 años. Imaginé desplegados ante mis ojos ese número de posibilidades todavía sin distinguir, a fin de poder determinar a cuáles les daría atención particularizada por tener carácter “constitucional”. Apareció un nuevo problema: identificar cuáles de entre esas posibilidades eran pertinentes.

Me surgieron dos preguntas. Primera, ¿qué iba a asumir por “constitucional” en abstracto? Segunda, ¿cómo iba a aplicar el concepto respecto de los artículos de una revista de historia general de México? Tenía que decidir si iba a imponer mi carácter de profesional del derecho para identificar los materiales a trabajar o si, por el contrario, iba a confiar en el criterio propio de HM. En el primer caso, mi tarea consistiría en decir algo así como “para mí lo ‘constitucional’ es esto y, por lo mismo, los artículos con los que voy a trabajar únicamente serán éstos”. En el segundo caso, tendría que asumir que, si un autor le asigna a un tema, acontecimiento o persona el carácter de “constitucional”, debería hacer de su estudio el objeto de mi análisis.

La resolución de este dilema pasa por definir la vieja tensión entre el derecho y la historia. ¿Es la historia del derecho un quehacer de juristas metidos a historiadores o es, por el contrario, la tarea de historiadores especializados? Si es lo primero, debería hacer prevalecer mi enfoque jurídico sobre el contenido de HM. Si es lo segundo, debería asumir los criterios de los historiadores para, al menos, trabajar con los materiales que a ellos les parezcan “constitucionales”, más allá de si para mí lo son.

Ante la dificultad de resolver tan añeja cuestión con base en un criterio objetivo, he optado por hacerlo con uno subjetivo, que no arbitrario. Se me invitó a colaborar en este análisis por lo que soy. Por lo mismo, supongo que se asumió que serían los criterios propios de mi profesión los que guiarían mis investigaciones. Con base en ellos identificaré los materiales para trabajar.

¿A qué se refiere un jurista con el término “constitucional”? Estrictamente, a dos cosas: a lo vinculado jurídicamente con una constitución, en buena medida por formar parte de ella, así como a las normas que siendo de jerarquía inferior no la contradicen. Ejemplos de lo primero son expresiones tales como derechos o facultades constitucionales, para aludir a la libertad de expresión o a la posibilidad de presentar leyes, respectivamente. Ejemplos de lo segundo, son el reconocimiento de que una ley de ingresos no viola el artículo 73 constitucional, o que la sentencia de un juez penal es contraria al artículo 14 del mismo texto.

Si HM fuera una revista de historia del derecho, lo correcto hubiera sido identificar todos los artículos en los que se hubiera desarrollado el sentido jurídico de lo “constitucional”. Probablemente contaríamos con la identificación de las maneras en las que diversos órganos o juristas consideraron que en un largo periodo -asunto al que enseguida volveremos- se determinó la invalidez de normas o se desarrollaron temas como los mencionados. Sin embargo, la utilización de ese criterio para identificar los materiales contenidos en una revista de historia general resulta en la imposición de una categoría externa. Sería tanto como decir, finalmente, que sólo vamos a considerar como trabajo pertinente a lo “constitucional”, aquel que se haga de modo jurídico.

Para salir de esta evidente limitación, propongo otro camino. Consideraré como “constitucional” todo desarrollo que se realice respecto de temas vinculados con la constitución. Ello impone nuevas precisiones. Independientemente de que existan antecedentes narrados por Aristóteles o Polibio sobre el uso y las prácticas del término, existe consenso entre los juristas de que las constituciones aparecen a partir de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, con expresiones tales como la de Virginia, la federal estadounidense o las francesas que le siguieron. Si ello es así, lo “constitucional” tendrá que ser expresiones de diversos tipos vinculadas con esas construcciones históricas y no, por ejemplo, con la Carta magna inglesa o las Siete Partidas, por importantes que en sí mismas puedan ser.

La base de la cual se tendría que partir, entonces, es que habría que identificar como “constitucional” a las normas supremas emitidas a partir de esos años, para regir en condiciones de supremacía respecto a la creación del resto de las normas componentes del correspondiente orden jurídico nacional. Esto define que sería factible considerar todos aquellos trabajos que directamente trataron de las constituciones como ordenamientos, las ideas que les dieron sustento, los procesos que las posibilitaron, los trabajos llevados a cabo para establecerlas y las maneras en las que se implementaron. Igualmente, sería adecuado considerar aquellos trabajos en los que se desarrollaron, en cualquiera de las modalidades acabadas de señalar -ideas, procesos, etc.-, aspectos concretos tales como la división de poderes, un derecho humano, la jurisdicción del estado o cualquier otra institución con ella relacionada. Este criterio posibilita identificar los ejercicios que, en forma de artículo, historiadores especializados y no especializados en derecho han realizado a partir de 1951 en HM para dar cuenta de, en principio, la gran cantidad de temas que suelen estar vinculados con el constitucionalismo y las constituciones: derechos humanos, estado de excepción, ciudadanía, elecciones, sistema federal, división de poderes, órganos de gobierno -legislativo, ejecutivo y judicial-, responsabilidad pública, entidades federativas, municipios y reformas constitucionales, destacadamente. Vamos a ello.

El desarrollo

El análisis de los trabajos publicados en las condiciones indicadas lo realizaré desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo. Con el primero, buscaré identificar cuáles de entre todos los artículos publicados en HM tienen que ver con lo “constitucional”. A partir de ahí, también, sus métricas de distribución conforme a los criterios que luego expondré. Mediante el segundo, analizaré los temas tratados a fin de determinar si hay patrones, tendencias u otros elementos comunes al conjunto.

Las conclusiones

La revisión de los artículos publicados durante 70 años en HM arroja datos interesantes, algunos ya adelantados en renglones anteriores. Lo primero que llama la atención es el escaso número de artículos dedicados a lo “constitucional”. A pesar de la amplitud del criterio clasificatorio, apenas alcanza el 3.9%. Ello es significativo si consideramos la atención que, en la misma revista, en El Colegio de México y en el país en general, se le dedicó a la triada independencia-reforma-revolución y lo que para las mismas tuvieron de importancia el derecho constitucional y sus derivados.

En relación con lo anterior, llama también la atención que los estudios en la materia hayan sido, en buena medida, tomándola más como referente de estudio que como objeto en sí mismo. Lo “constitucional”, ahí donde apareció, fue más el telón de fondo o el contexto de la exposición que el objeto de estudio. A quienes escribieron de estos temas les pareció más importante saber cuáles eran las corrientes de opinión o los procesos políticos que dieron lugar a tal o cual norma o práctica jurídica, que saber cuál fue su génesis o su sentido normativo específico.

Lo que estas reflexiones finales muestran es que, con todas las limitaciones que tiene extraer conclusiones de una sola revista, a los historiadores que escriben de México no les ha parecido muy importante, ya no digamos hacer historia del derecho, sino más modestamente, conocer los aspectos jurídicos de los temas que han estudiado.

Esta observación abre una nueva pregunta: ¿cuáles son las razones de ese alejamiento? Desde luego no veo, en el modo de hacer las cosas, un desprecio por el derecho, pues ello implicaría una actitud activa hacia él, emitida a manera de descalificaciones de algún tipo. Más bien veo, aun en aquellos trabajos que buscaron considerar aspectos vinculados con el derecho -como es lo “constitucional”-, una falta de atención a las particularidades jurídicas. Esto, a su vez, puede tener dos explicaciones. La primera, que los historiadores no cuenten con el entrenamiento necesario para identificar al derecho, sus funciones y las maneras en las que permea en los fenómenos bajo su estudio. La segunda, que estimen, como sucedía con los manuales de divulgación marxista, que el mismo es una mera superestructura, un mero derivado de otros fenómenos. Si el problema fuera el primero, bastaría con corregir algo en el proceso de formación de los historiadores a fin de proporcionarles nuevas herramientas de trabajo; si fuera lo segundo, sería necesario realizar un esfuerzo más completo, para mostrarles la función social -además de la jurídica, desde luego- de las normas.

Por evidente que parezca, cualquiera de estos esfuerzos tiene que pasar por un ejercicio de reflexión de los propios historiadores a fin de que, por sí mismos, comprendan la importancia de introducir el punto de vista jurídico en sus trabajos. Luego, deseablemente, la necesidad de adquirir las habilidades para desarrollarlo. Si el camino se intenta de otra manera, me temo, los propios historiadores considerarán que hay esfuerzos intervencionistas por parte de los juristas o, lo que sería igualmente grave, intentos por volver a aquellos tiempos cuando los abogados hacían de todo -desde luego historia- por la falta de desarrollo de otros cuerpos académicos.

Sin querer incurrir en el pecado apuntado, me parece que una buena parte de los estudios históricos ganarían fuerza y profundidad si, así sea como marco general, quedaran claras las condiciones jurídicas de aquello que se está analizando. No me refiero, nuevamente, a aquellos casos en los que éste es de suyo necesario debido al tema -elecciones, delitos, ejidos, etc.-. Me refiero a aquellos otros en los que aparentemente no existe conexión con el derecho, pero que sin embargo éste determina aspectos relevantes. Si partimos del hecho de que las normas jurídicas regulan las conductas, establecen símbolos de ejercicio del poder, determinan formas sociales de comportamiento y otras condiciones semejantes, es claro que en cada tiempo histórico hay una intromisión en los fenómenos que lo constituyan.

Puede suceder que quien quiera analizar el arte, las representaciones pictográficas, la enseñanza para niños, el comercio de lana o el estatus de los viajeros a América, no quiera saber con detalle la totalidad del entramado normativo vigente respecto de su tema. Sin embargo, parecería deseable que supiera cómo es que esas actividades estaban reguladas, pues de otra manera no se comprenderá uno de los aspectos más significativos de su condición. No sabría si la misma es obligatoria o potestativa, si contaba o no con regulaciones y, en su caso, con la posibilidad de sanciones. Algo quedaría por explicar. Deseo que en los próximos 70 años de HM, los artículos adopten la perspectiva jurídica. Ello ayudará a iluminar de mejor manera los temas de estudio.