Introducción

En América Latina es sabido que el tráfico de drogas representa una actividad con un impacto tal sobre la sociedad que ha agravado el ya débil Estado de derecho en la región (^{FLACSO, 2007: 11}; ^{OEA, 2008: 12} ; ^{CIDAC, 2009: 6}). El presente artículo tiene como objetivo describir las creencias negativas con respecto a los órganos de justicia, en una muestra de personas privadas de la libertad por delitos de tráfico de drogas en el estado de Sonora, y destacar el efecto de estas en el proceso de involucramiento en dichas actividades.

El estudio partió de la definición de tráfico de drogas entendido como el conjunto de actividades dirigidas a la comercialización de sustancias ilegalizadas (^{Pérez, 2012: 3}). Se asumen como un proceso que comienza con el cultivo de las sustancias, continúa con la elaboración y obtención del producto final y culmina con su venta y distribución, y que suele ser realizada por diversos grupos que se especializan en distintas etapas de la cadena de comercialización.

El estudio se basa en uno de los planteamientos de la teoría del control de la delincuencia de ^{Hirschi (2003: 19)} , en el sentido de que las creencias con respecto a las normas sociales tienen una importante función en la comisión de un acto delictivo; concretamente, que aquel sujeto cuyas opiniones hacia las normas sociales se encuentren debilitadas verá aumentadas sus probabilidades de tomar el acto delictivo como curso de acción. Lo anterior es la base para considerar que en la participación dentro de una actividad como el tráfico de drogas, la creencia negativa que tiene el individuo hacia los agentes y los órganos de justicia de su entorno es un factor que se relaciona con la decisión de participar en dichas acciones delictivas.

Tal como lo señala la mencionada teoría del control de la delincuencia, un elemento central en este estudio lo es el término creencias. ^{Calvete y Cardeñoso (2001: 95)} , basadas en modelos de psicología social, a partir de trabajos clásicos como los de ^{Aaron Beck (1976)} y ^{Albert Ellis (1962)} , las definen como estructuras cognitivas que suponen un marco referencial en el sujeto y un conjunto de reglas con las cuales el individuo evalúa los eventos a su alrededor, a las personas y a sí mismo. Si bien, autores como ^{Bunge (2009)} advierten que las creencias no deben ser tomadas como una verdad objetiva, otros como ^{Diez (2017: 128)} reconocen que, aunque el término es ambiguo, las creencias individuales y colectivas forman parte del conocimiento que tiene un sujeto y son el producto de su experiencia a partir de la observación empírica.

Ahora bien, una función a destacar es que se trata de estructuras que determinan la manera en que el sujeto interacciona con los demás y aunque se reconoce que las creencias se manifiestan sin la conciencia del individuo, ^{Calvete y Cardeñoso (2001)} abonan a los modelos de Beck y Ellis al añadir que en el desarrollo de dichas estructuras de experiencias del sujeto, el contexto, la cultura e incluso la biología son factores que intervienen de manera importante en su construcción. Por su parte, ^{Ortega y Gasset (1983)} destaca la función que tiene la sociedad en la construcción de las creencias. Hay coincidencia en cuanto a que son herramientas con las que el sujeto interpreta la realidad, pero no como producciones propias, sino que pertenecen a ideas previamente asumidas por los colectivos que el sujeto se apropia. El interés de adoptar las concepciones anteriores obedece primero a la función valorativa que tienen las creencias; segundo, en el papel que guarda la experiencia previa y el contacto con un objeto para su construcción; y por último, a la relación que tienen estas ideas en el modo de acción del sujeto. A partir de estos elementos surge el interés de explorar las creencias hacia los órganos de impartición de justicia, y la relación de estas en la propensión al delito.

Bajo estas consideraciones, este trabajo busca cubrir una necesidad en cuanto a un viraje hacia enfoques que consideren la corresponsabilidad social entre el individuo, su contexto y las instituciones como mecanismos de la reproducción del delito (^{Cardona, 2004}; ^{Campbell, 2007}; ^{Sánchez, 2009}; ^{Ovalle, 2010}; ^{Maihold y Sauter, 2012}; ^{Valenzuela, 2012}; ^{Valdés, 2013}; ^{Vergara, 2013}). Al respecto, ^{Campbell (2007: 67)} y ^{Vergara (2013: 248)} señalan que una mayor comprensión del problema del tráfico de drogas se encuentra a partir de lo que sus actores refieren de primera mano sobre las condiciones de las instituciones en las que se desenvolvieron y de cómo el desempeño de estas es interpretado a nivel individual por los miembros de la sociedad. En consistencia con esto y tomando el tráfico de drogas como centro de discusión, esta investigación se considera un recurso útil para documentar el hecho de las creencias negativas hacia los órganos de aplicación de la justicia es un elemento facilitador en la inmersión del delito.

Por ello, el objetivo de este trabajo es (1) conocer las creencias que tiene un grupo de personas privadas de la libertad en el estado de Sonora, hacia diversos elementos que componen los órganos de justicia, y (2) describir la relación que tuvieron estas creencias negativas en su adhesión a actividades de tráfico de drogas. Se pretende responder ¿de qué manera las creencias negativas hacia los órganos de impartición de justicia de un grupo de personas privadas de la libertad en el estado de Sonora se relacionaron con su adhesión al tráfico de drogas? Se toma como hipótesis la sugerencia teórica advertida en el control de la delincuencia (^{Hirschi, 2003}): que las creencias negativas hacia las normas sociales tienen un efecto sobre la adhesión a actividades delictivas, concretamente en este trabajo nos referiremos al tráfico de drogas.

El artículo procede siguiendo a la presente introducción sobre la relevancia, los alcances, objetivos del estudio y la perspectiva teórica que relaciona el tráfico de drogas y las creencias negativas hacia los órganos de justicia; posteriormente se revisa la literatura previa existente sobre el tema; en tercer lugar se describe la muestra, el procedimiento y algunas contingencias presentadas durante el trabajo de campo; enseguida se incluyen los hallazgos del trabajo de campo y, al final, las principales conclusiones.

Órganos de impartición de justicia y tráfico de drogas desde la investigación social

La bibliografía centrada en el papel que juegan los órganos del Estado en la adhesión a actividades delictivas como el tráfico de drogas ha sido variada. ^{Cardona (2004)} advierte que en las sociedades latinoamericanas, cuyos sistemas de justicia están basados exclusivamente en castigar el delito, suele reducirse su posibilidad de control solo a ese factor.

Algunos trabajos que analizan concretamente el efecto de las políticas antidrogas en América Latina coinciden en que la debilidad institucional y el fracaso del paradigma represor han sido factores fundamentales en la explicación del crecimiento del fenómeno (^{Morales, 2011: 2} ; ^{Valdés, 2013: 25} ; ^{Pontón, 2014: 55} ; ^{Barrón Cruz, 2015: 22} ; ^{Astorga, 2015: 225} ).

En México, varios trabajos que se centran en el análisis de su política de seguridad pública contemplan un estado de deslegitimación. ^{Valdés (2008)} sugiere que históricamente el Estado mexicano ha tenido una ausencia para combatir integralmente el fenómeno del tráfico de drogas y que esta noción implanta en el ciudadano la idea de que su propia conducta delictiva puede pasar inadvertida para el sistema de justicia, aumentando la probabilidad de optar por estas actividades. ^{Astorga (1995: 9)} , sobre las diversas versiones de “guerra contra las drogas” en México, reconoce que lejos de contribuir a la erradicación del delito, los esquemas antidrogas significan un factor de diversificación de las actividades por parte de los grupos de tráfico; las organizaciones se complejizan, requieren más personal para llevar a cabo sus actividades y esto contribuye a su reproducción.

Respecto a trabajos que se centran en las opiniones sobre la justicia, ^{Barreiro y Castorina (2006}; ²⁰¹⁵⁾ retoman nociones de la psicología social (como “justicia inmanente” o “creencia en un mundo justo”), señalando que las creencias presentan un proceso dinámico; que conforme el sujeto tiene contacto con su medio a través de la experiencia, sus concepciones sobre la justicia van abandonando nociones individuales y positivas, al tiempo que va adoptando esquemas de creencias negativas más acordes con las que tiene su colectividad.

Con respecto a las actitud hacia los órganos de justicia en México, estudios como los de ^{Meschoulam et al. (2016)} reconocen que entre los ciudadanos prevalecen ciertas percepciones e ideas negativas acerca de la seguridad y de la confianza hacia el gobierno en su responsabilidad de erradicar la violencia. Advierten que estas ideas forman parte de un proceso de construcción social en el que algunas variables como la experiencia, la observación, la conversación social y los medios de comunicación se ubican como las más influyentes, y que la construcción de la paz está más ligada a factores estructurales como la política, la corrupción y la impunidad, que a estrategias de combate al crimen.

Otros estudios en México (véase ^{Cortés, 2006: 42} ), abordan la noción de cultura de la legalidad, y consideran que el estudio del crédito hacia los órganos de justicia no debe reducirse a analizar la corrupción, sino que son factores fundamentales las actitudes, creencias y valores que las personas tienen hacia la ley y hacia el gobierno en sus diversos niveles.

Tales antecedentes son solo una porción de aquellos que advierten, por una parte, la crisis de la cultura de la legalidad entre la población de nuestra región y, por otra, el papel fundamental que han aportado las figuras de impartición de justicia en la construcción de opiniones negativas hacia ellas mismas entre la población. La visión que aporta este trabajo es una de primera mano, que considera al sujeto que participó en actividades de tráfico, ello en favor de conocer el efecto que tienen los juicios negativos hacia los órganos de justicia sobre su inmersión en una actividad delictiva como el tráfico de drogas. Respecto a la importancia de atender el fenómeno del tráfico de drogas, las estadísticas de incidencia delictiva a nivel nacional muestran que entre 2018 y 2019 se vio un aumento de 18.6% en las carpetas de investigación por delitos de narcomenudeo; la tasa de incidencia¹ pasó de 47.0 en 2018 a 55.6 en 2019, lo cual sirve como indicador de que los delitos de drogas son una conducta que sigue en crecimiento en la nación (^{ONC, 2019: 9}).

Metodología

El trabajo se ubicó en el estado de Sonora², que representa uno de los enclaves de mayor reproducción del tráfico de drogas en el país. Entre 2003 y 2012 fue la tercera entidad donde más se cometieron delitos relacionados con el tráfico de drogas (^{sesnp, 2013}). Además, tuvo la segunda mayor tasa de residentes condenados por estos delitos en el país (55.18 por cada 100 000 habitantes). Según datos de la Procuraduría General de la República (^{pgr, 2015}), tanto en 2013 como en 2014 Sonora fue el segundo estado donde más se perpetraron delitos relacionados con el tráfico de drogas. Por su parte, cifras del ^{Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2015)} señalan que, para 2015, Sonora fue la entidad con la segunda mayor cantidad de hechos relacionados con esta actividad entre los estados de la frontera norte mexicana (444), solo debajo de Baja California (766); entre 2016 y 2017 se duplicaron los hechos relacionados con el tráfico de drogas (222 en 2016; 419 en 2017). En estadísticas más recientes, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, Sonora ocupó el sexto lugar nacional en número de carpetas de investigación emitidas por narcomenudeo; ello supuso un aumento de 136% con respecto a los 12 meses anteriores (2016 a 2017), siendo la entidad federativa con mayor crecimiento de ocurrencias del país (^{ONC, 2019: 40}).

Para el trabajo de campo se entrevistó a 12 personas privadas de la libertad por participar en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, específicamente aquellas calificadas en el Código Penal Federal como delitos contra la salud (^{Diario Oficial de la Federación, 2009: 42}).

Se solicitó apoyo y autorización a la Coordinación del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Sonora con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora, para tener acceso a un grupo de personas privadas de la libertad por delitos contra la salud, recluidos en el Centro de Reinserción Social #1 (de aquí en adelante cereso i), ubicado al suroriente de dicha ciudad.

La recolección de los datos se hizo a partir de una entrevista semiestructurada (^{Souza, 1995}), con el fin de explorar la relación que tuvieron las creencias hacia los órganos de justicia sobre la participación del informante dentro de la actividad. Respecto a la selección de los sujetos informantes, importaba que estos cumplieran con varios criterios que permitieron trabajar con un grupo de personas bien afincadas en los hábitos, consumos y experiencias dentro de la actividad de tráfico de drogas y se evitó a informantes que se dedicaron de manera esporádica a la actividad; para cumplir con lo anterior, se buscó que la participación del informante en cualquiera de los delitos contra la salud fuera por un espacio de tiempo aproximado a los dos años. Igualmente, se buscó que el grupo de informantes representara diferentes modalidades, niveles de participación y de jerarquía dentro de la cadena de tráfico; lo anterior se hizo tomando en cuenta la sugerencia teórica que advierte la existencia de dinámicas sociales e individuales específicas en función del tipo de actividad, de las diferencias jerárquicas y de la división del trabajo dentro de la propia actividad (^{Ovalle, 2010}).

Fue de vital importancia que los informantes contaran ya con una sentencia dictada por alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y con ello tratar a informantes con disposición de hablar abiertamente de sus trayectorias de vida, algo que en una persona sometida a un proceso judicial pudo haberse dificultado. El acercamiento a los entrevistados se inició consultando al departamento de Ingreso Penitenciario en busca de las personas privadas de la libertad por delitos contra la salud y tomando en cuenta los criterios de selección ya mencionados. Tras ese proceso se llegó a un total de 12 informantes (dos mujeres; 10 hombres).

Resultados

Debido a la utilización de una metodología cualitativa de entrevista semiestructurada, es preciso reconocer sus limitaciones en cuanto a la generalización hacia poblaciones con características diferentes; sin embargo, los hallazgos aportan luz al conocimiento de los mecanismos que intervienen en la adhesión al tráfico de drogas, concretamente el papel de las opiniones hacia las figuras de impartición de justicia; por ello, en este punto es justo retomar lo advertido por ^{Bunge (2009)} , en el sentido que las creencias de un sujeto representan una concepción subjetiva, pero que este asume como cierta. En consecuencia, los relatos aquí rescatados deben ser tomados desde la subjetividad de los individuos entrevistados, que son producto de su experiencia directa e indirecta con el sistema legal y que son representaciones con las que buscan acercarse a la verdad.

Los hallazgos se ordenan primeramente exponiendo las apreciaciones de los informantes hacia diversos agentes de aplicación de la legalidad (cuerpos policiacos, jueces, ministerios públicos, las leyes); después se muestra el papel que desempeñaron algunas condiciones específicas en la muestra (la existencia de antecedentes delictivos, la probabilidad de recibir un castigo); y por último, se discuten los hallazgos que responden la pregunta: ¿de qué manera las creencias negativas hacia los órganos de impartición de justicia se relacionaron con su adhesión al tráfico de drogas?

Es preciso retomar que la teoría en que se funda este estudio considera que las creencias debilitadas del individuo hacia las normas sociales aumentan su probabilidad de participar en conductas trasgresoras de las normas (^{Hirschi, 2003: 19} ). Por lo anterior, la exploración se centró en una parte crucial de las normas sociales, aquellas relacionadas con la preservación de la legalidad, que suponen la función de los órganos de justicia, y sobre las que esta muestra de informantes vierten sus valoraciones. Al respecto, cabe destacar que cuando a los informantes se les cuestionó sobre sus nociones hacia los órganos de justicia, estos no los describen como una sola estructura general, sino que se centraron en tres figuras específicas: la policía, las leyes y los encargados de dictar e impartir las leyes (principalmente ministerios públicos, abogados). Cuando en este documentos se refiere a los órganos de justicia, se busca distinguir entre algunas de las principales figuras que lo componen. A continuación se desarrollan las creencias generadas por la muestra hacia estas figuras que forman parte de la aplicación de justicia y que fueron las más referidas en sus relatos.

Las creencias que genera la policía

En sus descripciones, los informantes resaltaron la figura del agente de policía; confirmaron la centralidad que representa este como el referente más inmediato y como la figura de primer contacto ante la justicia. Cuando en entrevista los informantes hicieron referencia “al policía” como agente o a “la policía” como corporación, dirigieron sus comentarios a los diversos niveles (municipal, estatal, federal), por lo cual incluyeron a todo el aparato policial sin distinción, e incluso en algunos de manera indiscriminada también a los miembros del ejército.

Las descripciones vertidas por los informantes hacia la figura policial cuestionan la confianza que les genera esta figura, lo cual es indicador de la concepción debilitada de una de las principales figuras de justicia, para muchos la primera línea respondiente de los órganos de justicia:

[...] pues lo que siempre he dicho es que son (la policía) igual que uno, hacen maldad igual que uno, si roban igual que uno, y pues “derechos, derechos” (honestos) no son, […] no son gente de confianza, eso es lo que he tenido bien siempre yo, que los policías no son gente que puedes confiar en ellos (Informante 4, 25 años, trasporte y venta de marihuana y metanfetamina).

Sumados a la desconfianza, existen elementos que muestran una falta de respeto hacia la autoridad policial, misma noción que está basada en la relación cercana con elementos policiacos:

[…] para mí es una mierda todo esto (la policía) […] porque antes pensaba “todo bien, no pasa nada, se puede comprar”, pero te das cuenta que no es así […] (sobre los policías) son una vasca […] Yo ando saliendo con un “PEI” (agente de la Policía Estatal Investigadora) ahorita en la actualidad, él viene y me visita […] se supone que a ellos no se les permite, pero le viene valiendo verga (sic), perdonando la palabra, y sigue viniendo pues […] el presidente de donde yo soy, municipal, estira la mano y todo bien, no hay policías, andan vestidos de policías los mismos malandros (delincuentes), ¿Qué respeto le puedo tener yo a un policía o a una autoridad? Para mí todos son iguales (Informante 10, 31 años, Fomento de delitos contra la salud, Suministro, Distribución y venta de heroína y anfetamina).

En sus opiniones acerca de la autoridad policial, los informantes despliegan un fuerte contenido emotivo-negativo, lo cual concuerda con el importante componente de subjetividad que poseen las creencias y que advierte ^{Bunge (2009)} . Este componente forma parte e incluso motiva las opiniones negativas hacia las figuras policiales, cuya actuación es considerada como dañina para la integridad emocional del propio sujeto y de las personas de su entorno:

(Al hablar sobre los policías) Si se lo digo no me lo va a creer. Yo los odio, porque me han hecho mucho daño, tanto a mí como a mi familia, yo los veo y me dan ganas de quemarlos, me han hecho mucho daño, moral, físico. Te desbaratan, son los que te desbaratan la familia, te desintegran la familia (Informante 1, 49 años, venta de marihuana).

Con respecto al elemento policial, destacan aquellas nociones que se centran exclusivamente en la actuación del agente dentro de sus funciones, observándose que el policía es valorado positiva o negativamente según su eventual disposición a colaborar con el informante en sus actividades delictivas:

[…] yo miraba a policías que traían un uniforme y no lo merecían, estaban tan pendejos que no sé cómo estaban dentro de él, hacían unas tonterías que no les quedaban como policías, cometían muchos errores […] pero también he visto policías uniformados que merecen un punto mucho más alto que el que traen, porque tienen unas capacidades, más sin embargo no tienen las mismas oportunidades que otros pendejos […]Entonces yo decía “si algún día yo hiciera negocio con este pendejo, nunca, es con el que menos haría”, y había otros que decía “¡uh! como quisiera hacer negocios con ese vato, porque sé que voy a tener un respaldo muy grande” (Informante 8, 49 años, comercio, trasporte y venta de marihuana).

Justamente de este tipo de noción diferencial surgen relatos que muestran entre los informantes la existencia de un perfil deseable de policía, es decir, deseable para apoyarse en sus actividades de tráfico; así como un perfil indeseable de policía, es decir, aquel que pone en riesgo las actividades del informante:

(Refiriéndose a las características del agente de policía con el que sí quería hacer negocio con drogas) […] Su habilidad de palabras, manejo de su persona, de su estilo, de su carisma, de saberlo aprovechar, de saber llegar y saber introducir unas palabras de alegría en tu mente como para que le digas “la oficina es tuya, haz lo que quieras”, o sea personas de ese tipo, con aquel carisma, con aquella facilidad de palabra. Que tú le caigas bien y que tengas “un paro” (un favor) con una persona que se puede abrir puertas […] (Informante 8, 49 años, comercio, trasporte y venta de marihuana).

(Refiriéndose al policía con el que no quería hacer negocio) […] Aquel que anda de pendejote, que en donde quiera que llega abre el hocico, te involucra, te echa a flote (te delata) “mira este vato se dedica a esto”, ¿Cómo vas a andar con una persona de esas? (Informante 8, 49 años, comercio, trasporte y venta de marihuana).

Otros relatos destacan la reciprocidad que existe entre corporaciones policiacas y miembros de la actividad con drogas, lo cual documenta el papel crucial que juega la colusión y el apoyo entre agente de aplicación de legalidad y miembro de la delincuencia en el quehacer diario dentro de la actividad de tráfico de drogas:

[…] muchos polecías ya me conocían a mí, ya nos hablábamos como si ya nos conociéramos de tiempo, me agarraban y muchas veces me pidieron (dinero) […] a varios polecías les financié yo pistolas […] “oye que necesito un calibre así”, y si yo lo tenía pues les hacía “el paro” y ya me miraban, pues me hacían “el paro” (Informante 6, 35 años, venta y trasporte de marihuana, venta de metanfetamina, sicariato).

Con base en las anteriores descripciones, las trayectorias analizadas muestran que, si bien el agente policial es un elemento sobre el cual descansa buena parte de las imágenes negativas en el grupo de informantes, es también la figura más factible para apoyarse en favor de consumar la actividad de tráfico, ante las cuales hay una mayor oportunidad de superar consecuencias negativas, gracias a los diversos mecanismos de la corrupción que exponen. Se recogen narraciones por el estilo que coinciden con lo advertido por ^{Astorga (2015: 15, 41)} , en el sentido de que la complicidad y la colaboración policial son un factor fundamental que favorece la reproducción de la actividad del tráfico de drogas en México.

Creencias hacia las leyes

A la vez que la figura policial, las leyes implican un concepto que abarca un rango extenso de nociones en los sujetos entrevistados. A lo largo de las entrevistas y en sus relatos acerca del concepto “leyes”, la muestra de informantes describió estas como “normas”, “reglas”, “algo que se estipula” y que están dirigidas a “guardar el orden”, “a tener un buen comportamiento”,“a mantener la paz”, lo cual demuestra que el grupo de informantes posee relativa consciencia de la noción y la función de las normas legales, es decir, con respecto a las leyes se puede partir del hecho de que el sujeto entrevistado no se encuentra en un estado de desconocimiento de la función que tienen las leyes en su entorno. Lo anterior confirma el hecho advertido por la teoría del control, en el sentido que la comisión del delito está más relacionado con una noción debilitada de las normas, no de su desconocimiento (^{Hirschi, 2003: 18} )

Sin forzar una noción precisa del término “leyes”, se buscó explorar en los informantes sus opiniones hacia este elemento, así como la relación de estas con su inmersión en la actividad de tráfico de drogas. Al respecto, las actitudes hacia las leyes se caracterizan por describirlas a partir del letargo o la dilación en su cumplimiento, mismo elemento que es descrito como un facilitador para que el sujeto considere tomar acciones propias como respuesta a una ofensa recibida:

En unas veces sí confiaba en las leyes y en otras veces no. Allá en el pueblo donde yo vivo, lo único que mirabas eran puras patrullas, puras “municipales” (policía municipal), si alguien te hacía daño y querías que te pagara tenías que venir hasta acá (a Hermosillo). Muchas veces en los pueblos es mucho que si vas y lo demandas (a un agresor), al rato aquí anda. Mejor no hagas nada, así quédate; o si pasaba algo por la propia mano “que me robó fulanito” allá va a pelear uno mismo (Informante 5, 25 años, trasporte y venta de marihuana y metanfetamina).

[…] quería estudiar derecho, imagínate […] porque siempre quise ayudar a la gente, siempre oía que el fulanito estaba en la cárcel injustamente, porque hay personas que no tienen dinero para un licenciado (abogado), porque hay personas que le dan 30 o 40 años porque los defensores de oficio no sirven para nada […] yo siempre he creído que si tienes un buen abogado, sin darle dinero al juez ni a nadie, puedes salir cuando la gente es inocente, un buen abogado; que la ley sí se aplica cuando realmente haces bien las cosas. Pero no, ahora te das cuenta que, si tienes dinero, aunque hiciste las cosas con dinero baila el perro (Informante 10, 31 años, fomento de delitos contra la salud, suministro, distribución y venta de heroína y anfetamina).

Relatos como estos invocan los mecanismos advertidos por ^{Barreiro y Castorina (2006: 106; 2015: 332)} en cuanto a la modificación de la noción de justicia en función del desarrollo y la experiencia del sujeto. La noción positiva hacia los órganos de justicia se abandona y se va reconociendo los errores que posee su sistema; también se observan mecanismos consistentes con lo sugerido por ^{Cortés (2006: 44)} , quien señala que si bien entre la población pueda existir una noción y conciencia sobre la cultura de la legalidad, estas mismas concepciones no son puestas en práctica de manera eficiente. Sujetos como los presentados, en algún momento fueron conscientes de la importancia del respeto a la ley pero sus comportamientos terminaron en contrasentido de estas concepciones, lo cual advierte el impacto que puede tener la brecha que existe entre creencias positivas hacia la justicia y tener una práctica dentro de la legalidad.

Sobre las afirmaciones que tienen los individuos hacia las leyes, estos se detienen también en cuestionar su coherencia, argumentando la debilidad que tienen estas para atender algunos delitos considerados por ellos como de mayor impacto y cuestionando la rigurosidad para castigar su propio accionar en el tráfico de drogas:

(Sobre su descripción hacia la leyes) […] Son una mierda. ¿Cómo va a ser posible que valga más tres costales de marihuana, que violar un puño de niñas y matar un puño de cabrones? […] a mí se me hace muy cabrón […] amo México, para mí como México no hay dos […] pero ya llegas aquí (a prisión) y te das cuenta en la cárcel que México es una mierda, es una mierda nuestro país. Por ejemplo, tú estás en tu casa, y yo llego con una pistola y amenazo a tu niño y a tí y te quito tu reloj y todo, golpes en la cabeza, y me traen aquí (a la cárcel) y me dejan tres años de cárcel, logro que me bajen y me den una fianza y salgo como a las semanas, vuelvo a ir contigo y te pego otra chinga y vuelvo a robar y así toda mi vida, he caído cincuenta veces a la prisión por ratero, les dan un putero de oportunidades a esas personas y a mí que me agarran con un pinche costal de mota (marihuana) ya me quieren dar 25 años, o sea a mi punto de vista son una injusticia de la chingada. Un muchacho que cayó junto conmigo violó a una muchacha con síndrome de Down, siete años de prisión con derecho a salir con cuatro, entonces yo digo “¿se te hace justo?” (Informante 11, 25 años, trasporte y venta de marihuana y metanfetamina).

Este tipo de trayectorias coinciden con los mecanismos sugeridos por ^{Meschoulam et al. (2016: 30)} , acerca de que las experiencias de impunidad, ineficacia e incongruencia de las leyes que ha vivido el sujeto, tienen un impacto sobre la construcción de opiniones negativas hacia estas figuras. Por otro lado, este tipo de trayectorias dejan ver también los mecanismos de monitoreo sugeridos por ^{Valdez (2008)} , en que el sujeto observa la deficiencia en la persecución de los delitos de otros, lo cual refuerza la creencia de que esa misma ineficacia puede darse en su caso.

Como puede colegirse, la descripción hacia las leyes está centrada en el letargo en su cumplimiento; por ser ampliamente corruptibles; por carecer de coherencia entre la gravedad del delito cometido y el castigo respectivo. Los relatos vertidos concuerdan en describir las leyes a partir de la injusticia y la falta de ecuanimidad en su aplicación, reforzando la valoración negativa que poseen los informantes hacia los órganos de justicia; por otro lado, la imagen de ineficacia de las leyes refuerza la idea de que esta incapacidad puede beneficiarlo a uno mismo en caso de optar por el delito.

La noción sobre abogados, ministerios públicos

Entre los informantes de la muestra, algunos vierten sus descripciones hacia aquellas figuras cuya acción está dirigida a la administración de justicia, concretamente abogados, ministerios públicos. Las descripciones hacia estas figuras guardan el mismo sentido que las vertidas sobre los cuerpos policiacos, primero, en que se poseía una opinión negativa de estas figuras, basada en la corrupción, y segundo, que los informantes contaron con la cooperación de elementos administradores de justicia en favor de la realización de la actividad:

Para mí la ley eran los MP (ministerios públicos), los jueces, pero yo tenía un concepto de esa gente que son corruptos, que son corruptos, que con dinero uno sale (libre) (Informante 6, 35 años, venta de marihuana, cocaína y metanfetamina, trasporte de marihuana, sicariato).

(Acerca de su relación con una funcionaria pública) […] me sacó una vez de “la federal” (Policía Federal), era licenciada (abogada), yo ahí la conocí, me sacó de “la federal”, la invité a comer y así nos conocimos […] yo ya andaba en este pedo (en el tráfico de drogas), ella me hacía “el paro” […] todos los problemas que tenía pues ella me ayudaba […] veía casas abandonadas también y ella investigó,“sabes qué, esta casa la tiene embargada el banco a una persona que ya falleció y el banco quebró” […] “ya investigué yo y por legalidad a los cinco años que vivamos ahí la pongo a mi nombre, pago la luz”, me decía, y la puso a su nombre, ya con mercancía (droga) y dinero yo le decía a unos vatos “órale, pónganse a pintar ahí”, quité las chapas, tumbé la puerta, le pusimos otra chapa nueva […] de un día para otro ya la casa estaba para habitarse. Ella llegó y tomó fotos de cómo estaba antes de llegar y luego el después y eso lo presentaba y la ponía a su nombre […] Sí (pasó) algunas veces, más de diez veces sí fueron […] parece película, pero así fue (Informante 6, 35 años, venta y trasporte de marihuana, venta de metanfetamina, sicariato).

La descripción de los informantes hacia la figura de los administradores de justicia muestra que el sujeto en sus actividades delictivas desarrolló una relación muy estrecha con estos, lo cual les facilitó su desempeño (^{Astorga, 2015}).

Una vez destacadas las creencias de los informanbtes hacia estas tres figuras de impartición de la justicia y que las hicieron visibles en sus relatos dentro de su práctica delictiva, es pertinente tratar un par de condiciones que la teoría toma en cuenta para explicar la relación entre la creencia hacia las normas y la participación en el tráfico de drogas: el antecedente delictivo y la probabilidad de castigo.

La experiencia previa en el delito

Un hecho a destacar en esta muestra de informantes radica en que una importante porción de ellos contaba con antecedentes de reclusión anteriores al tráfico de drogas, o bien, ya había cometido delitos, aunque por ellos no tuviesen registrados ingresos penitenciarios. Al respecto, cinco de los 12 informantes contaban con antecedentes penales antes de dedicarse a actividades de tráfico de drogas, y tres más señalaron haber cometido algún delito aunque no fueron apresados, es decir, ocho de los 12 entrevistados contaban con alguna experiencia delictiva previa a su actividad con drogas. Por ello se volvió pertinente explorar la relación de la experiencia delictiva previa sobre su actitud frente a los órganos de justicia, y sobre la decisión de integrarse al tráfico de drogas. Se tomó en cuenta que el antecedente delictivo puede representar una condición que permite al individuo tomar conciencia de los correctivos impuestos anteriormente, así como de las características precarias de los sistemas de justicia en los que fueron procesados:

Cuando me metían al centro intermedio le mandaban a llamar a mi mamá y a mi papá, y le decían“¿qué piensa de sus hijos, madre? ayúdelos, regáñelos”, le aconsejaban, pero uno está morro ( joven), se le hace “un polvo” (fácil). Yo les decía “ya me voy a portar bien” y no me portaba bien. Me encerraban y pagaban fianza […] una vez que me agarraron unos oficiales allá afuera, me agarraron con un cuchillo, los vi y lo tiré y me aferré a que no era mío, traía un paño rojo, y ya me trajeron, y les dije “lástima gasolina que van a gastar, ahorita me van a soltar”, y le di 200 pesos y me soltaron […] ¿Cómo me van a soltar, si ando haciendo daño? (Informante 2, 35 años, venta de marihuana, cocaína y metanfetamina, trasporte de marihuana).

La anterior descripción concuerda con el sustento teórico según el cual, dentro del contexto latinoamericano, el sujeto considera factible reincidir en el delito, pues la experiencia en su contacto con instituciones de aplicación de la legalidad le hace consciente de las diversas fallas, lagunas y anomalías en la implementación de medidas ante una infracción o delito (^{Cardona, 2004}; ^{Valdés, 2013}; ^{Astorga, 2015}; ^{Barrón, 2015}).

En quienes ya contaban con un antecedente penal al momento del ingreso a actividades de tráfico de drogas (la mayoría relacionados con el robo), una explicación viable a su unión a estas actividades la sugiere ^{Cardona (2004)} y ^{Bourgois (2010)} , quienes advierten que la idea de menos rigurosidad en la persecución de los delitos con drogas, sumada a una mayor probabilidad de mantenerse sin ser castigado en esta modalidad de delito y a la posibilidad de acceder a mayores ventajas económicas son aspectos que algunos miembros de la muestra estudiada tomaron en cuenta en su inmersión a este negocio:

(Acerca de cambiar su actuación de los delitos de robo hacia los delitos de drogas) […] porque obtenía dinero, todo eso tiene que ver con el dinero, yo pienso porque a la mejor cuando yo robaba eso obtenía dinero […] porque las drogas también dejan dinero, de una forma menor de meterse en broncas (Informante 6, 35 años, venta de marihuana, cocaína y metanfetamina, trasporte de marihuana, sicariato).

[…] lo que me hizo saltar para ese lado (al tráfico de drogas) es que te arriesgas menos al vender drogas, y aparte de eso que obtienes mejores ganancias […] (Informante 8, 49 años, venta y trasporte de marihuana, metanfetamina y cocaína).

Los relatos anteriores describen un binomio común en el paso de estos informantes de cualquier otra modalidad de delito hacia el tráfico de drogas: mayores ganancias y menos riesgo de recibir castigo. Respecto a ello, las trayectorias de los informantes analizados guardan consistencia con las sugerencias teóricas que proponen la existencia de un proceso estratégico previo al ingreso a la actividad, donde el sujeto a ingresar calcula la factibilidad de este modo de vida sobre otros, aun aquellos que corresponden a otras modalidades delictivas (^{Becker, 1968}; ^{Cardona, 2004}; ^{Ovalle, 2010}).

La posibilidad de recibir castigo

Paralela a la teoría del control de la delincuencia (^{Hirschi, 2003}), una noción relacionada con la función evaluativa que poseen las creencia de un sujeto es la Teoría Racional del Crimen (^{Becker, 1968}), la cual señala que aquel sujeto que comete un crimen valora previamente tanto los beneficios que obtendrá de ello, como el castigo que podría imputársele de ser sorprendido; por lo tanto, la conciencia sobre la posibilidad de recibir una consecuencia negativa a un acto trasgresor se convierte en un factor que empuja o disuade al sujeto a llevarlo a cabo. Ante lo anterior, un elemento a explorar en cuanto a las creencias hacia los órganos de impartición de justicia en la muestra de individuos analizada es la existencia de preocupación ante la posibilidad de ser descubiertos o de recibir un castigo por parte de las autoridades al involucrarse en el tráfico de drogas:

(Acerca de la posibilidad de ser encarcelado) La verdad no me preocupaba, yo pensaba bien diferente, yo pensaba que nunca iba a caer para acá, yo estaba en otro concepto, yo pensé que todo estaba arreglado […] muchas veces me agarraron, me agarraban pero nunca había caído para acá, me sacaban de “la federal” (Policía Federal), que de la comandancias, de “la armada” (la Armada de México), todo el tiempo salía a base de la corrupción […] Muchas veces yo la pagaba, o pagaba la gente con la que andaba (Informante 6, 35 años, venta y trasporte de marihuana, venta de metanfetamina, sicariato).

Por otro lado, si bien se tienen informantes que desarrollaron alguna preocupación por el castigo, esta no precisamente obedeció a la efectividad de la autoridad para una probable captura, sino más bien al temor generado por las negligencias en los castigos y en los tratos de la autoridad en caso de ser encarcelados:

Sí, sí me daba miedo que me encarcelaran, que me agarraran, que me “pegaran una chinga”, porque muchas veces no sabes con quién te vas a topar, puede haber personas muy crueles que no sabes su estado psicológico o cómo ande para que en el momento de tu captura se descargue sobre ti (Informante 8, 49 años, comercio, trasporte y venta de marihuana).

[…] sí me hubiera dado miedo, por aquí (en México) te desaparecen, te buscan, la misma mafia te mata, cuando quedas mal, pero en Estados Unidos te meten a la cárcel y ya […] decía “¿cuánto será por esto en Estados Unidos, tres años, cinco años, me voy a ir un año y medio o dos años por un beneficio”. Según yo ya estaba todo analizado (Informante 10, 31 años, fomento de delitos contra la salud, suministro, distribución y venta de heroína y anfetamina).

(Sobre su preocupación a ser encarcelado) Sí […] por las injusticias de los internos, pero te das cuenta que las injusticias viene de parte del gobierno […] que quisieran golpear o abusar de mí física o mentalmente, quererme violar. Eso es lo que yo pensaba que era “gacho” (feo) de ir a la cárcel (Informante 11, 25 años, trasporte y venta de marihuana y metanfetamina).

Las opiniones negativas hacia los órganos de justicia se extienden hacia las instituciones penitenciarias, aunque esta noción se caracteriza más por el temor a los procesos arbitrarios vividos intramuros en que el individuo puede ser víctima. La imagen negativa por parte de los informantes hacia los órganos de impartición de legalidad se generaliza desde las figuras preventivas, pasando por los órganos procuradores de justicia y hasta las instituciones encargadas de ejecutar las medidas correctivas, esto que se observa coincide con los mecanismos descritos por ^{Cortés (2006: 42)} , en cuanto a que las valoraciones hacia la justicia trascienden niveles e instituciones de gobierno, generando mayor impacto en la cultura de legalidad entre la sociedad. Por otra parte, los relatos en este apartado guardan consistencia con la teoría racional del delito, en el sentido de que los informantes analizados efectúan un cálculo previo al inicio en la actividad con drogas, en el que ponderan los beneficios a obtener frente a la posibilidad de recibir castigo; en esta valoración, las creencias de los sujetos hacia los órganos de justicia pasan a ser un elemento de importante peso, tomando en cuenta que al estar debilitadas hacen más probable que opten por la actividad de tráfico.

Creencias negativas hacia los órganos de impartición de justicia e ingreso al tráfico de drogas

Revisadas las narraciones de los informantes sobre los diversos agentes de justicia, es preciso explorar los datos que permiten conocer de qué manera se relacionan las creencias negativas hacia los órganos de impartición de justicia con la dedicación al tráfico de drogas. Al momento de explorar la influencia de las opiniones negativas hacia este tipo de órganos en la muestra analizada, existen elementos para considerar afirmativamente que la imagen de debilidad institucional facilitó que los individuos se involucraran en el tráfico de drogas. En los relatos se describen algunos mecanismos sobre los cuales se establece esta condición:

[…] aparte de que ellos mismos (las autoridades) estaban enredados, no pues decía están igual que uno decía, pues sí me dio por entrarle más. Y más cuando miraba que no me hacían nada, que todo estaba bien, no pues más me dio por andar más en “el bisne” (se refiere al negocio), y en levantar lo mío […] (Informante 4, 25 años, venta y trasporte de marihuana y metanfetamina).

Relatos como el anterior documentan que es efectivamente la percepción negativa hacia los órganos de justicia, un factor que empuja hacia la actividad de tráfico. Es de notar que son diferentes los mecanismos que describen los informantes en cuanto a la relación de creencias negativas-inmersión al tráfico, como el anterior, que ubica en la colusión de las autoridades dentro de las filas de la actividad un factor facilitador, consistente con ^{Astorga (2015)} .

Otros relatos centran la influencia en mecanismos tan generales como los procedimientos ligados a la corrupción, elementos concordantes con los sugeridos por ^{Meschoulam et al. (2016)} o ^{Cardona (2004)} para quienes el potencial de evitar cualquier consecuencia negativa por participar en el tráfico de drogas a través de arreglos económicos es tomada como un hecho en el sujeto:

[…] yo decía todo el tiempo que hay un arreglo para todo, en caso de que yo entre (al tráfico) y me agarren, todo el tiempo tenía pensado en que iba a haber un arreglo pues, no iba a haber “pedo” (problema), ya con una “feriecita” siempre va a haber un arreglo, el dinero arregla todo, eso pensaba (Informante 6, 35 años, venta y trasporte de marihuana, venta de metanfetamina, sicariato).

[…] te vas dando cuenta de que todas las cosas para que puedan quedar impunes, se tienen que manejar una corrupción. Entonces si juntamos la corrupción, la impunidad, la injusticia, como lo hay en este país […] (Informante 8, 49 años, venta y trasporte de marihuana, metanfetamina y cocaína).

Al momento de que yo decidí hacer eso, también existía la confianza de que todo estaba arreglado. Entonces pues yo dije “todo está arreglado”, confiaba un poquito en eso (Informante 9, 25 años, introducción de cocaína al país).

En algunos relatos se mencionaba la incapacidad de las autoridades para descubrirlos como un factor que reforzaba su participación en el tráfico, lo cual es consistente con los mecanismos sugeridos por la teoría respecto a las creencias de ineficacia:

[…] cuando me miraba haciendo las cosas enfrente de ellos. Siempre me gustó […] Porque saltaba mi corazón […] Verlos, reírme de ellos en la cara […] (Informante 10, 31 años, fomento de delitos contra la salud, suministro, distribución y venta de heroína y anfetamina).

Los datos en cuanto a las creencias hacia los órganos de impartición de justicia que describen los informantes guardan consistencia con lo sugerido por ^{Hirschi (2003: 19)} , quien advierte que uno de los mecanismos participantes en la comisión del delito son las creencias debilitadas que tiene el individuo sobre las normas sociales. En el caso de la muestra de informantes analizada en este estudio, su valoración debilitada hacia las diversas figuras del sistema de justicia exploradas supone una condición que pone en duda la validez de sus normas, disminuye la capacidad de disuasión de las leyes y aumenta la probabilidad de inmersión o reincidencia delictiva, en este caso la participación en el tráfico de drogas.

Conclusiones

Tras la investigación, primeramente es necesario reconocer precisiones de orden conceptual. Concretamente debe considerarse que, al hablar de justicia se incluye un parámetro muy amplio de aplicación y sobre todo de interpretación de las leyes, de los cuales este trabajo no abarca todas sus funciones y solo expone creencias sobre una parcialidad de acciones que realizan estos organismos y agentes. Dado lo anterior, y basados en las nociones tan diversas que los informantes aportan del concepto, es pertinente generar la discusión sobre la noción que se tiene de la justicia entre la sociedad en México. Una discusión que permita ubicar y diferenciar en su correcta dimensión aspectos como la impartición de justicia o la aplicación de la legalidad, en donde la labor de los agentes de justicia es resolver en apego a lo que expresa una norma legal y que no siempre obedece al ideal de justicia que los sujetos pueden tener en lo individual.

Específicamente sobre los hallazgos de esta investigación, estos proporcionan elementos que permiten confirmar la hipótesis planteada y sugerida por la teoría del control de la delincuencia (^{Hirschi, 2003}). Es decir, tomando en consideración las características particulares de la muestra analizada, los datos describen la relación existente entre las creencias negativas hacia los diversos órganos y agentes de impartición de justicia y el ingreso a la actividad de tráfico de drogas, que los sujetos ubican como un modo de vida del cual se pueden obtener beneficios sustanciales, con una baja posibilidad de recibir un castigo.

Estos datos, además de guardar consistencia con el estado de deterioro en que se encuentra la cultura de la legalidad en México y sugerido en la bibliografía (^{Astorga, 2015}; Barrón, 2015; ^{Valdés, 2013}), permiten retomar advertencias sobre la necesidad de reforzar la idea de la ley y el Estado de derecho como reguladores de la vida en colectividad, elementos que en México han presentado problemas para desarrollarse (^{Cortés, 2006: 41} ). También son acordes con la teoría del control del delito de ^{Hirschi (2003: 41)} acerca del efecto que tienen las creencias del individuo acerca de sus normas sobre la adhesión a actividades trasgresoras de la ley. En este estado de las cosas, los datos ratifican la imperiosa necesidad de rescatar el Estado de derecho, tan seriamente comprometido en el contexto mexicano, mejorar el desempeño de los órganos de justicia en el país, a la par de una reeducación de la población; para ello es preciso investigar, diseñar e instrumentar cambios profundos en los diversos mecanismos de justicia, en favor de mejorar sus prácticas y sus resultados, acciones que contribuyan hacia un proceso de recuperación de la cultura de la legalidad dentro de la sociedad.

Si bien este trabajo no atiende exclusivamente a los cuerpos militares, los hallazgos que sugiere la investigación aportan algunas reflexiones hacia la coyuntura que en nuestros días se establece en México respecto a la adopción de las fuerzas armadas en labores policiales. La implementación de este tipo de estrategias de seguridad requiere un proceso de discusión mucho más profundo, cuyo eje de análisis sea llevado por investigaciones como la que aquí se presenta y que expongan diversos acercamientos explicativos sobre el papel que ejercen las creencias y el desempeño de los distintos cuerpos de seguridad pública en el control del fenómeno de la delincuencia en nuestro contexto. Reconociendo las limitaciones de este estudio, a los datos que aporta la investigación es necesario un mayor número de estudios que analicen, bajo una metodología más amplia como la mixta, la participación histórica de la fuerzas de seguridad pública en sus diversos niveles de operación, en casos de violación de los derechos humanos (^{Anaya, 2014}; ^{Hincapié y López, 2016}).

Para futuras investigaciones será preciso discutir el papel que sobre las creencias negativas hacia la aplicación de la justicia ha tenido el proceso de instauración del nombrado Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el territorio mexicano (^{Natarén y Caballero, 2014}; ^{Cuellar, López y Loera, 2017}; ^{Witker, 2017}), el cual puede reconocerse como posible mecanismo explicativo de la apreciación que se tiene sobre los mismos órganos de impartición de justicia.

Por otra parte, tomando en cuenta que esta investigación basó su trabajo en población privada de la libertad por delitos de tráfico de drogas y que la adquisición de creencias supone un proceso complejo, que toma años de establecimiento, donde participan múltiples factores y agentes, los autores consideran la importancia de la generación de investigación a futuro que permita analizar el papel que pueden tener los tratamientos penitenciarios y de inserción social en el proceso reeducativo sobre estas creencias negativas. Al respecto, desde la academia también es preciso generar mayores datos y su discusión en favor de proveer a las instituciones penitenciarias de información que les facilite una mejora en las prácticas y procedimientos para revertir estas valoraciones (^{México Evalúa, 2013: 3}; ^{Azaola y Bergman, 2003: 19} ; ^{Bringas y Roldán, 1998: 23} ).

Por último, se reconoce la pertinencia para que en futuras investigaciones se puedan discutir hallazgos como los de este trabajo, a la luz de procesos propuestos por otras teorías paralelas a la del control de la delincuencia de Hirschi, tales como los trabajos de ^{Matza (2014)} y su concepto de deriva y neutralización, así como de otras sugerencias teóricas que analizan el proceso de inmersión a la trasgresión social y su racionalización.