A modo de introducción

En la estructura económica de América Latina ha predominado una fuerte dependencia de una demanda externa que va desde las ansias europeas al ver nuevos alimentos hasta las imprescindibles materias primas para engrasar la maquinaria de los procesos productivos en tiempos de la Conquista y la Colonia (^{Pinto, 2013}: 128). Esta pesada herencia ha condicionado, para bien o mal, a una parte de los estados nacionales de esta región. Su estructura, por otro lado, se soporta sobre los beneficios naturales del territorio para acercarse al anhelado progreso (^{Salama, 2014}: 92). El territorio, entonces -sobre todo para el mineral central del texto, el oro- se instrumentaliza y se vislumbra a través de la mirada mercantil y financiera. Por otro lado hay que resaltar que muchas veces no se transforma en bienestar social como lo profesa el progreso (^{Altschuler, 2008}: 19). Así, se observa una ineludible necesidad de la economía global por "absorber el capital excedente" (^{Harvey, 2008}: 24):

Una vez desligado el oro del dólar, su papel en la economía tomó el rumbo hacia lo que podría denominarse un commodity, con una variada dinámica en su demanda: como bien de consumo de lujo, como insumo clave para productos de tecnología moderna e industriales, como activo financiero que ofrece la preservación del capital y la protección de riesgos tanto para inversionistas públicos como privados y como un activo monetario (Montoya, 2012: 138).

Este cambio, entre otros, atrajo a muchas empresas a lugares tan ricos en minerales como América Latina. Los ochenta y noventa del siglo pasado, a la sombra del decálogo de Washington² y la aprobación de los gobiernos de turno, fueron años de dinamización en las exploraciones y explotaciones. Puede decirse, siguiendo a Maristella Svampa, que se pasó del "Consenso de Washington" al "consenso de los Commodities" (^{Salama, 2014}: 91), es decir, los precios de los Commodities se convirtieron en el eje director de la economía con mayor peso en estos años; así, según su valor, los países debían destinar sus territorios a "ser cada vez más productivos". En años recientes, los gobiernos progresistas a través de sus discursos nacionalistas y de izquierdas parecían hacer frente al modelo económico de dependencia en favor de minorías por siglos condenadas a ser marginadas, como el caso de comunidades indígenas y afrodescendientes. No obstante, los cambios radicales no llegaron y más bien, en varios casos, se ha profundizado el modelo heredado (Gudynas, 2011: 76).

El territorio, en la llamada periferia mundial, se pretende considerar sólo en términos pecuniarios; es el dinero el que le da valor (^{Hiernaux, 2004}: 79). Sus otras posibles características, políticas, culturales, mitológicas, etcétera, pierden valor, es decir, se asienta una creciente desterritorialización en pro de las ganancias que están en sus entrañas. Sin embargo, movimientos ecologistas ejercen contrapeso con aspiraciones de reterritorializar, de volver a dotar al espacio de representaciones no sólo económicas sino con múltiples dimensiones; en aras de separase, por ejemplo, del estereotipo de la ruralidad como espacio homogéneo, su complejidad debe abordarse, y algunos movimientos sociales hacen lo propio, más allá de la miopía economicista (^{Llambí, 2012}: 120). En este sentido, la complejización del territorio va encaminado hacia una vida más amable con el planeta tierra (^{Mancano, 2005}: 10); así pues, los aportes de movimientos sociales nutridos de saberes ancestrales y en defensa de autonomías locales han sido de gran valor. Vale acotar que estos nuevos movimientos sociales surgieron de la mano de la crisis del Estado de bienestar y la crisis económica de los años setenta (^{Altschuler, 2009}: 66; ^{Melucci, 1994}: 123); en una palabra, con el resurgimiento del liberalismo económico o neoliberalismo.

Colombia, en este sentido, no ha tenido un Gobierno progresista, como ha ocurrido en muchos de los países de América Latina en los últimos años, y su clase política ha insistido en la idea de que la inversión extranjera es un excelente salvavidas para sacar al país del subdesarrollo. En los dos gobiernos de Alvaro Uribe Vélez (2002-2010) se promovió a diestra y siniestra la inversión extranjera en minería y petróleo, que pasó de 915 en 2002 a 5 727 millones de dólares en 2010. Es decir, minería y petróleo duplicó -al pasar de 40% a 80%- su participación en el rubro de inversión extranjera directa (IED) (OEPAL, 2015: 40). Las gabelas para invertir y el mejoramiento en términos de seguridad fueron claves para esta explosión en la IED³.

En este mismo sentido, el Gobierno de Juan Manuel Santos, del 2010 a la actualidad, ha promovido la "locomotora minera"⁴ como el eje sustancial para el desarrollo del país. El presidente Santos mediante estas locomotoras persigue el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, si se entiende que cada eje permitiría el aumento de las condiciones para el crecimiento y desarrollo nacional. Por consiguiente, según quedó estipulado en el objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo Minero 2014, "en el año 2019 la industria minera colombiana será una de las más importantes del continente y habrá ampliado significativamente su participación en la economía Nacional". Esto es a su vez ratificado por el documento Visión Colombia 2019: II Centenario (Morales, 2012: 197). Entre las metas de este documento hacia 2019 están "1) aumentar las exportaciones de carbón a 100 millones de toneladas anuales, 2) aumentar las exportaciones de oro cuatro veces la producción actual e 3) incrementar la exploración geológica básica del territorio nacional" (Morales, 2012: 197-98).

En este contexto regional y especialmente nacional, una de las luchas territoriales por una posible explotación minera en Colombia es la del Páramo de Santurbán. En este territorio es posible observar la abstracción economicista con que las empresas mineras y el Gobierno de turno han querido reducir al territorio, así como el proceso de reterritorialización con el que un diverso y considerable movimiento social ha pretendido hacer frente a los proyectos mineros.

Para abordar esta cuestión, entonces, la hipótesis que se maneja es que el abandono estatal ha sido la principal y reincidente causa para que el Páramo y sus gentes hayan estado y permanezcan en la incertidumbre de si será concesionado el territorio a proyectos mineros cuestionados, y de si habrá un amparo real y efectivo de un ecosistema tan importante para el nororiente del país. En este sentido, la indagación en la historia del periférico territorio en un país tan centralista y centralizado, así como la valoración de un movimiento social y ecológico que aboga por su protección y reconocimiento en sus dimensiones sociales y ecológicas, permiten estudiar un territorio en conflicto y en disputa por el sentido o los sentidos que tendrá en la pos teridad.

Breve aproximación histórica

El Páramo de Santurbán está ubicado en el nororiente colombiano (Mapa 1). Su extensión es aproximadamente de 142 000 hectáreas, que se establecen entre los 2 800 y 4 290 m s. n. m. Este territorio ha sido declarado complejo Jurisdicciones-Santurban y agrupa entre cinco y quince municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander respectivamente (^{Sarmiento, 2013}). Su ecosistema es muy variado: "este páramo es el hábitat de 457 especies de plantas, 201 especies de aves, 58 especies de mamíferos, 17 especies de anfibios y 17 especies de reptiles" (ODMB, 2010: 8).

Fuente: Instituto Humboldt, 2012.

Mapa 1 Ubicación del Páramo de Santurbán 

Sin embargo, el territorio problematizado es el que abarca el departamento de Santander (26%) y específicamente las localidades de Vetas, California, Suratá, Charta, Musticua y Tona. En estos territorios la herencia minera y agrónoma ha sido determinante en su desarrollo económico y social, ligado a una vida más rural. Si bien la cuestión minera ha sido parte constitutiva de sus orígenes como pueblos, ésta se ha dado a nivel local, desde una versión más artesanal, de sobrevivencia. La puesta en cuestión de este territorio como asunto nacional se da a través de la posible explotación a gran escala.

De esta manera, "en el páramo de Santurbán está una de las reservas de oro más grandes de América Latina. En sólo mil hectáreas, se ha calculado la existencia de 7,7 millones de onzas de oro (unas 16 toneladas anuales) y cerca de 80 millones de onzas de plata (alrededor de 72 toneladas anuales)" (Herrera, 2013). La explotación minera, pues, se realiza desde hace más o menos 100 años; en Vetas o California ya existe presencia de minería artesanal desde mucho antes, lo que explica de cierta forma el porqué de la presencia de varias empresas extranjeras (Anglo Gold Ashanti, Greystar Resources, AUX Colombia, entre otras) sobre todo en los últimos años (^{Melo, 2014}: 81). Este quehacer es antiguo y ha marcado a varias generaciones de estas comunidades, ganando un lugar privilegiado en la territorialización por parte de los lugareños. Por ejemplo, la génesis de la localidad de California se explica así:

En la zona han buscado oro desde la Conquista. Una compañía francesa le dio, en 1901, el nombre de California al pueblo por la fiebre del oro en la región de ese nombre en Estados Unidos. José Ce lestino Mutis habría descrito el lugar como un "páramo rico en el que en los caminos se recoge un oro grueso suficiente para llenar varias alforjas en un solo día" (Semana, 2011).

Por otro lado, el desconocimiento por parte del Estado colombiano de estas localidades es casi absoluto. Ellas han sido objeto del ocultamiento social, político y cultural que los condenan al "mundo invisible" (^{Max-Neef, 1985}). Por tal razón, y entre otras cosas, grupos irregulares han hecho presencia:

Casi doce años atrás, cuando el ELN [Ejército de Liberación Nacional] plantó su bandera en la mitad de la plaza, el 30 de mayo de 1999, prácticamente nadie en Colombia sabía de California, un pueblo clavado entre las montañas, justo debajo del páramo de Santurbán, que estuvo cuatro años bajo el influjo de esa guerrilla. (Semana, 2011).

De igual manera, posiblemente esta guerrilla se benefició de la minería cobrando "vacunas" (impuesto de guerra) a las empresas y a los trabajadores de la minería artesanal; la contraprestación de la guerrilla sería la seguridad y la vía libre para explotar, como actualmente sucede en otros territorios del país (Hernández, 2012: 24). Esta influencia, por consiguiente, se superpone a la legitimidad del Estado y establece en el territorio sus lógicas ligadas al conflicto armado interno. Sin embargo, la permanencia de la guerrilla del ELN se vio truncada, no por la figura del Estado, que llegó con políticas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, sino mediante la acción de una empresa canadiense: Greystar Resources Ltd. En otras palabras:

Tanto California como Vetas son dos pueblos abandonados por el Estado. En la zona, a finales de los noventa el ELN tenía el control. El Ejército sólo llegó con Greystar y fue entonces cuando se acabó la presencia guerrillera. También desminó las montañas, financió la estación de radio del pueblo, el jardín infantil, el colegio, el coliseo principal de California y, si obtiene la licencia, tendrá que pavimentar la carretera que comunica a Bucaramanga con estos distritos (Osorio, 2011).

Así entonces, la empresa canadiense fue quien se estableció como el "padre-Estado". Esta figura suplantadora del Estado -y con cierta complacencia de éste- creó en cierta forma la estabilidad que la población exigía frente a la guerrilla del ELN y las condiciones de vida precarias. Es decir, la compañía podía hacer alarde de la responsabilidad social empresarial (RSE) de la que las empresas canadienses son sobresalientes en el mundo⁵. No obstante, los constantes cuestionamientos por parte de ambientalistas a la empresa en torno a lo ambiental y, en algunos casos, a los derechos humanos, ponen en entredicho este tipo de responsabilidad y sus verdaderos intereses en instrumentalizar un territorio a su conveniencia mercantil y financiera. Por ende, Greystar en un primer momento emprendió su proyecto en un ambiente de considerable respaldo por parte de las poblaciones, puesto que la empresa ofrecía un mejor futuro. Sin embargo el ambiente de incertidumbre se empezó a despertar en la capital del departamento. Así este proceso de fragmentación territorial con ansias de reterritorializar desde los lentes mercantiles y financieros tensionó el destino del páramo y sus gentes, así como de los beneficiados por el ecosistema.

El Páramo de Santurbán: entorno sociopolítico

La multinacional norteamericana inició su proyecto a mediados de los noventa a 69 kilómetros de Bucaramanga, en Angostura. Obtuvo ocho títulos mineros a fines de la década pasada, que se traducen en una extensión de treinta mil hectáreas, situadas en Tona, Suratá, Berlín, California, Vetas y Matanza. En 1100 de estas hectáreas se desarrollaría el proyecto de explotación minera bautizado Angostura. Estos títulos fueron concedidos por el Estado a través del Instituto Colombiano de Geología y Minería y/o mediante compra directa (Bibiana, 2014: 74). En términos monetarios, la empresa proyectaba invertir alrededor de mil millones de dólares en cuatro años (2010-2014), así como construir una mina y tres mil millones más durante los próximos quince años en gastos de operación (Morales, 2012: 205).

La campaña informativa a través de medios locales y nacionales tuvo los micrófonos abiertos para la empresa, y se promovió esencialmente una polarización binaria en torno al proyecto (^{Silveira, 2007}: 20). No obstante, la discordia surgió cuando la población de la capital del departamento se enteró de que el proyecto se llevaría a cabo en la modalidad de "minería a cielo abierto", cuya incidencia ambiental podría generar costos ecológicos irreparables (^{Hurtado, 2011}: 61). Para el desarrollo de esta operación:

[... ] se requiere 40 toneladas de cianuro para separar el oro de la roca, 150 000 toneladas de dinamita por día, 250 000 litros de agua por hora sin anexar el sodio y el mercurio. Además de las transformaciones del paisaje, los lixiviados, la desviación y contaminación de riachuelos, la presencia de grupos armados, la desaparición de otras formas de vida, de la minería artesanal, entre otros (^{Melo, 2014}: 13).

A pesar de que la empresa quiso acallar las protestas por los posibles impactos negativos de la explotación (^{Greystar Resources, 2010}), diversos sectores políticos de izquierda, movimientos estudiantiles, ambientalistas y otras agrupaciones del espectro político rechazaron el proyecto de manera decidida y eficaz con marchas, manifestaciones performativas y debates académicos, entre otros ejercicios políticos. Estos movimientos exigían la protección del territorio, así como su uso tradicional y contrario a las pretensiones multinacionales. Es decir, su intencionalidad, ajena a una línea o partido político particular, buscaba valorizar al páramo como un territorio con sentido ecológico y destinado al uso local tanto de minería como de agronomía. En consecuencia, Greystar tuvo dos caminos: presentar una nueva propuesta de explotación minera en Santurbán o retirarse. Se inclinó por lo primero, la empresa extranjera propuso la explotación subterránea en aras de un proyecto "más consciente de lo ecológico" (^{Ariza, 2014}: 97). No obstante, esta nueva tentativa de Greystar estaría congelada gracias a la incisiva protesta social y política mencionada.

En término políticos, las comunidades de Santurbán entrarían en una discusión excluyente y estereotipada: o se estaba con la empresa o con los ambientalistas. Es decir, se dieron visiones polarizantes y muy conflictivas (José ^{De Echave, 2009}: 206-208). Mientras que las comunidades afectadas directamente por la minería en Santurbán estaban, en su mayoría, a favor de la misma y hasta agradecidas por el proyecto, el resto de habitantes del departamento -en especial los de la capital de éste, Bucaramanga- fijaron una posición determinante: o se estaba con el oro -equivalente a muerte o degradación del ecosistema-, o se estaba a favor del agua -esencial para cualquier forma de vida-. Así, las presiones políticas derivaron en un debate nacional sobre la cuestión minera en Colombia, En estas circunstancias los efectos de dicho desencuentro se extendieron más allá de lo económico y la discusión también alcanzó dimensiones ambientales y de carácter social y político, en unos territorios que habían estado históricamente abandonados por el Estado.

Cabe señalar que, si bien en otros lugares también estaban por realizarse este tipo de proyectos, las consecuencias desastrosas de las experiencias extractivas en otros países influyeron para poner en tela de juicio a la minería en el país; ejemplo de ello es el conflicto suscitado por la posible explotación en Tambogrande, emblema de resistencia socioambiental a nivel latinoamericano (Fernández, 2002: 38). Es decir, estos movimientos sociales de carácter ambiental se convierten en parte de la agenda pública de la región. En este sentido, las movilizaciones contra el proyecto minero en Santurbán, a la par de otras de gran repercusión en otros países latinos, hizo que la cuestión minera en Colombia fuese cuestionada radicalmente.

Ante la fuerza lograda por los movimientos ambientalistas, la empresa optó por cambiar de políticas y de nombre: se pasó a llamar Eco Oro Minerals Corp (^{Eco Oro, 2011}). Según fuentes oficiales, este cambio no se debe considerar superficial pues su intencionalidad se refleja tanto en el nombre como en la filosofía de la empresa. Ésta llevó a los nuevos accionistas a una honda reflexión y a la realización de estudios que permitieron pensar en nuevas políticas para la explotación (^{Flórez, 2012}: 481). La empresa quiso dar un giro rotundo a lo concebido como ecológico; ahora su nombre hace apología a la ecología, Eco, y hace igualmente referencia a su trabajo: Oro. En consecuencia, la empresa cambió en la forma como en el fondo y se dispuso a enfrentar de manera renovada algo antes insospechado: un proyecto integral en el que realmente se incluyera la ecología no como mero adorno sino como prioridad; convirtiéndose en una de las banderas del movimiento ecologista. Dicho de otro modo, la lucha social y política en cierta manera triunfó al lograr que el gobierno y la compañía extranjera replantearan el proyecto Angostura, como se explicó anteriormente, pasando de ser un proyecto de extracción a "cielo abierto", a uno "subterráneo".

Sin embargo, los ambientalistas continuaron protestando por las repercusiones ambientales negativas que provocaría la actividad minera, por lo que el reconocimiento como Parque Nacional Regional del Páramo de Santurbán cobró dimensión nacional al anular la actividad minera y dotar al territorio de un carácter ecológico y dedicado a respetar y mantener las tradiciones de su población.

Camino para ser considerada y delimitada el área como Parque Natural Regional

La lucha social, aunada a las incisivas protestas mediáticas, pasaron de promover la retirada de las empresas mineras del páramo -en especial de la canadiense citada-, a que este espacio, al convertirse en Parque Natural Regional, fuese reconocido y respetado como ecosistema frágil y aportador de beneficios indiscutibles para la vida. En pocas palabras, se trataba de dar un sentido al territorio desde lo ecológico, para que sus habitantes pudieran hacer también un uso tradicional del mismo en determinados momentos y lugares. El Parque se define como "el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio natural nacional que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida en cualquiera de las categorías que adelante se enumeran" (^{Parques Naturales de Colombia, 2008}). Así mismo, está considerado como área protegida dictada por la normatividad del Ministerio de Ambiente (^{Minambiente, 2011}). No obstante, aunque en enero de 2013 el Gobierno reconoce que Santurbán debe ser parque natural, la batalla para tal reconocimiento, y sobre todo para su delimitación, se dará con muchos impedimentos y durará varios años.

Desde 2010, en plena efervescencia por la posible explotación minera, el apremio social hizo que organismos como la ODMB (Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) -corporación relevante a nivel metropolitano en temas ambientales-, así como la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAES) -encargada oficialmente del tema ambiental departamental y en lo nacional parte del Ministerio de Medio Ambiente- presionarán al Gobierno para que lleve a cabo la declaración de parque natural. A pesar de ello, en ese mismo año, tres pro puestas fueron dilatadas en el consejo directivo de la corporación (^{Barrios, 2014}: 48). De manera imprevisible, esta dilación iba a ser la regla también seguida por los organismos institucionales competentes. Las discusiones entre el Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, los representantes de las compañías transnacionales y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano se enfrascaron en la porción de páramo que debía ser reconocida como parque y las consecuencias económicas y ecológicas que se derivarían de ello.

Dicho de otro modo, si los ambientalistas exigían la defensa de todo el páramo, el Ministerio y las empresas mineras incluían en sus estudios solo unas 20 000 hectáreas aproximadamente. Cabe recordar que la extensión del Páramo de Santurbán ocupa alrededor de 142 000 hectáreas. Por tanto, la porción a preservar era ínfima para el tamaño total del frágil territorio. Si bien las discusiones no parecían llegar a buen término, para finales de 2012 y comienzos de 2013 los estudios técnicos gubernamentales precisaron que lo mejor era la delimitación del área en 11 700 hectáreas (Mapa 2) (10 900 más 800 que eran las más vulnerables) (^{Barrios, 2014}: 48-49).

Fuente: http://www.elespectador.com, 2013.

Mapa 2 Titulación a mineras en el área del Páramo de Santurbán y propuesta de área protegida para el año 2013 

Esta decisión fue calificada de arbitraria y rechazada enfáticamente por los luchadores ecologistas al considerarla, como en el caso de otras localidades, impracticable en tanto se aleja de sus fines: la reterritorialización afín a la protección al medio ambiente (^{Donadio, 2009}: 5). Las empresas mineras, por su parte, en su mayoría estuvieron de acuerdo, pero expresaron que iban a estudiar cuidadosamente el dictamen para tomar postura (^{Sampayo, 2013}: 45).

Las tensiones se mantuvieron mientras la posible delimitación no se llevó a cabo en la práctica. Lo firmado en un escritorio en la capital de la república no se reflejaba en los municipios afectados. La intranquilidad no era para menos, debido a que lo acordado sería importante tanto para Bucaramanga y el departamento como para el país, puesto que la zona se convertiría en polo de desarrollo y modelo de política a aplicar para delimitar los 32 complejos de páramo en el resto de Colombia (^{Linares, 2013}: 42). Por ello, las nuevas críticas hicieron dar marcha atrás a la decisión y tomar una nueva, radicalmente a favor del medio ambiente. Ahora el área protegida sería de 98 954 hectáreas. Así, en diciembre de 2014, tras la resolución número 2090:

El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo López, anunció [en rueda de prensa] que 98 954 hectáreas (76% del total), localizadas en los departamentos de Santander y Norte de Santander, serán intocables porque quedarán reservadas para conservación, en tanto que otras 25 mil están siendo utilizadas de manera inadecuada y por esa razón deben reconvertirse hacia ecosistemas de páramo gradualmente y en un plazo que habrá que determinar (^{Gómez, 2014}).

Casi cien mil hectáreas serían Parque y entre 5 y 6 mil hectáreas serían destinadas a "uso sostenible" en actividades agropecuarias. Concretamente, el Gobierno se comprometió a llevar a cabo una transición en las labores agropecuarias y en la minería artesanal. Es a lo que el ministro se refiere cuando habla de pedagogía. Este cambio debía ir acompañado de inversiones y para eso se anunció para 2015 una inversión de 10 mil millones de pesos en proyectos productivos en los ocho municipios, así como un plan de formalización de la propiedad rural que duraría 22 meses, así como un programa de vivienda rural, del que no se conocen cifras. También la inyección de 1 500 millones de pesos "para que la minería se haga de manera responsable, con buenas prácticas ambientales, sociales y económicas", y otros 1 000 millones de pesos otorgados por la Unión Europea (UE) para aliviar los problemas de una región altamente rica en recursos naturales (^{Gómez, 2014}).

Estas condiciones dejaron satisfechos a varios grupos y particulares interesados. Esto a pesar de pueda entenderse que las "ayudas" coyunturales de instituciones como la Unión Europea fueron concedidas con otros fines a futuro en la región; es decir, los mil millones pudieron darse para "aliviar problemas" con un doble interés sobre una región altamente rica en recursos naturales estratégicos, como en este caso el oro. Ahora bien, lo que disgustó fue conocer que aunque el ministro expresó que en el Parque no podía existir ningún tipo de explotación -como expresan las leyes 1 382 de 2010 y 1 450 de 2011-, 28 títulos de la Eco Oro y la AUX Colombia se concedieron fuera del área resguardada. Además, fuentes próximas a la CDMB indicaron que las licencias que están presentes en la zona protegida tienen una vigencia de solo quince años (^{González, 2014}). Así las cosas, la desconfianza continuó puesto que el Gobierno parecía estar protegiendo más las inversiones extranjeras que la región de Santurbán. Los luchadores ambientalistas apelaron que la delimitación era arbitraria, carente de estudio científico y falta de respaldo académico (^{González, 2014}: 148).

Con base en lo anterior, frente a la demanda a cargo de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), la Corte Constitucional, el 8 de febrero de 2016, ordenó la protección total e inmediata de los páramos en Colombia mediante sentencia C-05/16, argumentando que:

Una delimitación inadecuada, o que no consulte sólidos criterios científicos puede llegar a afectar los ecosistemas de páramo [. ]; con ello se podría causar un riesgo para la disponibilidad y la continuidad de servicios ambientales de los cuales depende el derecho fundamental al agua. Más aún, una delimitación inadecuada, podría llegar a permitir la utilización del suelo de los páramos para realizar actividades de minería y de hidrocarburos en estos ecosistemas (Amaya, 2016).

Este dictamen, como era de esperar, fue celebrado por los ambientalistas y recriminado por las compañías mineras. Sin embargo, al día de hoy la decisión se ha quedado todavía en palabras y la tensión por la explotación sigue sin resolverse del todo. En otras palabras, la intencionalidad de desterritorializar la tradición de la región del Páramo y territorializarla con fines mercantiles y financieros no cesa, así como tampoco la intención de dotarla de otros sentidos más ecológicos y sociales por parte de los ambientalistas y algunos residentes de estas localidades.

Secuelas y desafíos del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán

La victoriosa campaña no lo ha sido tanto para los pobladores del ahora Parque Natural. En primera instancia, la comunicación gobierno-población siempre ha sido fragmentada y, en cuanto a la gestión del parque natural, este carece de vasos comunicantes eficientes: la alcaldesa de Suratá, verbigracia, expresó que todavía no se conoce de forma clara cuál es la delimitación en su localidad (^{Barrios, 2014}). Los límites de explotación todavía siguen en un limbo en la práctica. Según un informe reciente de la Contraloría General de la República, "dentro de la zona delimitada del páramo de Santurbán hay cuatro permisos para realizar explotación minera, que abarcan 568 hectáreas" (^{Contraloría, 2017}). Así mismo, "33 978 hectáreas están siendo utilizadas para actividades agropecuarias, por lo que[...] no se evidencia un 'trabajo articulado' de las autoridades competentes (Corponor y CDMB) con el fin de lograr la sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias en el área delimitada del páramo" (^{Contraloría, 2017}).

Por ende, los desafíos centrales siguen vigentes: explotación minera efectiva o latente y mal uso del suelo desde lo agropecuario. En este aspecto, cabe remarcar que la intención central de pobladores de estas localidades es la de volver a realizar sus labores ancestrales aunque, a partir del conflicto territorial, político y social vivido, en algunos casos ya se cuenta con una nueva conciencia del papel que adquiere el páramo en la dimensión comunitaria y en su defensa integral.

De igual forma, a pesar de que se han llevado a cabo algunos avances en la transición a prácticas ecológicas, "en las pequeñas mineras que tienen títulos, según [...] Martín Camilo Carvajal [director de la CDMB], no utilizan mercurio, el uso del cianuro se redujo en un 80 por ciento y las prácticas de explotación son tan amigables con el medio ambiente como pueden ser" (^{Prieto, 2016}). Los prometidos miles de millones y la mayor participación del Estado en términos socio-económicos todavía son muy precarios. Desde esta perspectiva, debido a la última decisión de la Corte Constitucional de suspender toda práctica minera en páramos, la decisión de las multinacionales mineras fue el despido masivo de alrededor de mil quinientos trabajadores (^{Barrios, 2014}: 67). El desasosiego es mayor en un territorio como Vetas, donde sus habitantes han vivido siempre del oro. Como señala ^{Prieto (2016)} ese territorio es el único que tiene todo su casco urbano dentro de la zona de páramo y que además vive únicamente de la minería, por lo que si el fallo de la Corte afecta la delimitación que hizo el Ministerio de Ambiente en diciembre de 2014 en Santurbán (protegió 98 mil hectáreas) y amplía el resguardo de ese ecosistema en las 130 mil hectáreas que lo comprenden, los habitantes de Vetas quedarían sin ingresos (^{Prieto, 2016}).

En el mismo sentido, fue preocupante que, en 2016, Eco Oro iniciase una demanda de arbitraje contra el Gobierno de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio con Canadá y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, parte del Banco Mundial (^{Vanguardia, 2016}). Ante la vigencia del conflicto, el Banco Mundial decidió retirar su financiamiento al proyecto, lo que fue un alivio para la lucha ambientalista, si bien la demanda de arbitraje sigue siendo la vía principal de "extorsión al Estado colombiano" por no conseguir sus planes de explotación, según señala Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (^{Vanguardia, 2016}).

Mientras que las preocupaciones, desafíos y tensiones continúan siendo grandes, el Gobierno nacional ha delegado la difícil tarea de "dar contenido" a la delimitación del Parque Natural a las corporaciones autónomas regionales y utilizar las zonas delimitadas ya sea para conservación, recuperación o aprovechamiento. "Para cumplir con esta obligación tienen tres años. Así las cosas, por ejemplo, el páramo de Santurbán (en Santander), el primero en ser delimitado en diciembre del 2014, deberá tener listo su plan para el 2017" (^{ElTiempo, 2016}). Como es de imaginarse este plan, al día de hoy, todavía está en borrador y con carencias en sus objetivos. El papel de estas corporaciones es trascendental, no sólo para la CDMB en el caso del páramo de Santurbán, sino para los otros 20 páramos que se delimitaron en los últimos tres años.

A modo de conclusión

La falta de socialización, los incumplimientos por parte del Gobierno, los intereses encontrados por las dudas en todos estos años en la delimitación para conformar el Parque Natural Regional, así como muchas veces la satanización por parte de los habitantes de Bucaramanga hacia los mineros artesanales que son herederos de varias generaciones en este oficio y las decisiones arbitrarias de las multinacionales enfocadas en sus ganancias, han sumergido en un desasosiego permanente a los habitantes y al territorio paramuno. Cabe señalar que la población dispuesta a cuidar el páramo y mejorar sus prácticas, continúa recibiendo el mismo trato indiferente o esporádico del Estado.

A diferencia de otras zonas de Latinoamérica, condenadas a ser el suministro de econo mías desarrolladas, la acalorada lucha por conservar el páramo frente a la minería en varias de sus formas, ha sido satisfactoria. La lucha que se presenta ahora es la de "dar contenido a la delimitación" y operarlo en la práctica, tarea que no sólo le compete a la CDMB, sino también a las poblaciones directamente implicadas y a los defensores del agua y la vida. Así las cosas, la permanente tensión y desasosiego en el que se han sumido estas localidades de páramo, debe tener una salida no sólo para el buen uso del suelo y la pervivencia del páramo, sino también para que sus habitantes tengan una vida digna y no continúen condicionados por agentes exógenos como las multinacionales, el Estado o algunas facciones ambientalistas que, directa o indirectamente, han congelado sus formas productivas de vida. Esta salida deberá permitir también consolidar una democracia más participativa y permisiva donde se pueda cogobernar entre los representantes de la política y los moradores de estas apartadas localidades (^{Pradilla, 2012}) en aras de definir este territorio en términos más complejos y multidimensionales: ecológico, social y económico, entre otros, y no sólo desde las miradas financieras o de protección sin importar el destino de sus lugareños.

Por último, es ineludible exponer que actualmente está en curso un nuevo proyecto, denominado Soto Norte, para explotar oro dentro del páramo. La empresa Minesa (Sociedad Minera de Santander) pretende extraer aproximadamente nueve millones de onzas de oro en un periodo de 25 años (Mapa 3). Para ello, y conscientes de la caída del proyecto Angostura, el proyecto que quieren realizar no es de minería a cielo abierto, sino un sistema de túneles que les permitiría hacer la explotación y el transporte del material (^{Monsalve, 2017}).

Fuente: http://www.sostenibilidad.semana.com. 2018.

Mapa 3 Títulos de Eco Oro y de Minesa para el año 2017 

Minesa argumenta como puntos ambientales a favor que no se utilizará mercurio ni cianuro en tanto no obtendrán lingotes de oro como tal, además de que el proyecto se realizaría a una altura de 2 600 m s. n. m. mientras el páramo se encuentra por arriba de los 2 800, como lo presenta su estudio de impacto ambiental (^{Minesa, 2017}). En este sentido, el recubrimiento ecológico con que quieren dotar al proyecto minero permitiría apaciguar los ánimos de los protectores del medio ambiente. No obstante, los opositores a toda forma de minería no han tardado en reorganizarse a través de los colectivos y agrupaciones que combatieron el pasado proyecto minero. La situación cada vez se torna más tensa, en tanto las posturas de un lado y del otro son las mismas de años anteriores. Algo sorprendente es que, en esta ocasión, se han gestado grupos proecológicos dentro de las mismas localidades del páramo, y no sólo desde la capital como antes (^{León, 2017}).

Así mismo, cabe señalar que las estrategias de la empresa, mediante el apoyo a eventos culturales y deportivos en Santander en los últimos meses son las mismas que practicó la antigua Grey Star para amoldar los intereses de las comunidades a su favor. La situación, a pesar de todo, ha derivado en otra batalla ganada para los ambientalistas, en tanto Minesa desistió finalmente de este proyecto minero, si bien pretende presentar otro para el departamento de Norte de Santander -vecino de Santander-, en terrenos del mismo páramo.

Es evidente, entonces, que este territorio se ha sostenido en medio de un fuerte y manifiesto conflicto donde se enfrentan diversas perspectivas económicas, ecológicas y culturales que enarbolan distintos actores sociales, políticos y empresariales que pujan por imponer su visión para desterritorializar y reterritorializar en base a sus intereses. La cuestión, al igual que en otras localidades colombianas y de Latinoamérica que reevalúan la forma de expansión del capital mundial, continúa vacilante por la nueva amenaza para el frágil ecosistema de páramo. El destino que se debería dar a este territorio depende, en gran medida, de la visión territorial que mejor se amolde al páramo, a su supervivencia y a los modos de vida de su población, cada vez más conscientes del valor del terreno donde habitan.