Introducción

Ante los enormes desafíos que enfrenta América Latina en el tema de Seguridad Pública y los retos que han de asumir las instituciones que tienen el encargo social de garantizarla, se hace patente la necesidad de sumar esfuerzos y capacidades que promuevan trasformaciones culturales en el interior de las propias organizaciones. Estas requieren colocar en el centro la calidad, profesionalización y dignificación de los cuerpos policiales, sobre bases sólidas de igualdad sustantiva con perspectiva de género y de derechos humanos.

En la República Argentina se cuenta con experiencias importantes en este sentido, llevadas a cabo en el periodo kitchneriano, en el cual se inició un proceso de “resignificación del ser policial”, no sin conflictos y tensiones entre los actores involucrados (^{Calandrón & Bóver, 2007}). Estos esfuerzos han ido más allá de la capacitación ligada a una mejor actuación policial en su sentido técnico y estratégico, dirigiendo la atención a una formación más integral enfocada a un actuar, sentir y pensar lo policial, que tengan incrustada una perspectiva de derechos humanos y, particularmente, de igualdad de género.

La importancia de incluir una perspectiva de género y de derechos humanos en cualquier proceso de reforma, y en particular de formación policial, es que: 1. Su función primordial es la seguridad ciudadana y es bien sabido que mujeres y hombres están sujetos a diferentes tipos de inseguridad; 2. La masculinidad férrea, que forma parte de lo policial, impide cumplir con el primer punto y a la vez dramatiza el estar de las mujeres en estas instituciones; 3. Los propios hombres se ven expuestos a situaciones vejatorias de sus derechos en el trato que los culturaliza hacia lo policial, hacia ser un “policía de verdad”; 4. La ciudadanía rechaza y teme a una policía envalentonada y machista, por lo que cualquier intento de acercar la policía a la ciudadanía o de ciudadanizar a la propia policía se ve frustrada. En este sentido, cobra relevancia documentar los procesos que han atravesado los países en América Latina, para instaurar algunos estudios sobre la formación policial en estudios de género y derechos humanos cuyo aporte es objetivo central de este trabajo, en relación con el caso argentino.

El presente trabajo se inscribe en este esfuerzo y es parte inicial de un proyecto de largo aliento, que pretende instituir en la Policía Federal de México un sistema formativo en estudios de género en el marco de la firma del Convenio Interinstitucional para el Fortalecimiento de una Cultura de Género, suscrito recientemente entre la UNAM y la Policía Federal (Convenio de Colaboración PF-UNAM, 2017; ^{Policía Federal, 2017}; ^{Ponce y Tena, 2017}). En este marco es que nos aproximamos a la policía argentina por ser -al igual que la policía mexicana- un referente federal, para realizar un estudio exploratorio con el objetivo de documentar, desde una perspectiva de género y derechos humanos, algunas experiencias de formación docente en instituciones policiales.

Para la realización de esta investigación, se partió de una revisión no exhaustiva de documentos clave relacionados con la formación policial en Buenos Aires, atendiendo al contexto político del país, los cuales fueron principalmente informes académicos, gubernamentales y periodísticos. Asimismo, se optó por un diseño de estudio cualitativo de caso múltiple, que se inscribe en un paradigma interpretativo, en el sentido de estar dirigido al análisis y comprensión de diferentes experiencias de formadoras que hubieran llevado a cabo su actividad en instituciones de seguridad argentinas, ya sea en el pasado o en la actualidad, las cuales se obtuvieron a través de entrevistas realizadas en el mes de junio de 2017. En este texto se presenta una aproximación a dicha experiencia, atendiendo a algunos documentos que permiten comprender el proceso histórico y político que ha estado en el contexto de las experiencias de formación policial.

La investigación sobre las actividades formativas, según Bernard Honore, tendría que enfocarse en las condiciones bajo las cuales estas pueden llegar a ser “instituyentes”, en el sentido de favorecer cambios de estructuras. Siguiendo a este autor, se pretende un acercamiento a aquello que pudiera favorecer una interpretación situada sobre la “reflexión de la experiencia” de quienes, como formadoras y formadores han participado en programas docentes en instituciones policiales, así como dinámicas de género que configuren puntos de referencia y posibles hitos trasformadores que pudieran ser referentes para el diseño de experiencias formativas en nuevos escenarios. Así fue que nos acercamos al contexto del sistema educativo policial de la República Argentina, algunos de cuyos hallazgos se sintetizan en este escrito.

La seguridad en Argentina

El sistema de seguridad argentina cuenta con un diseño federal en el que existen tantas policías como provincias o estados, además de la policía de Buenos Aires y la Policía Federal Argentina. Esto faculta a los ejecutivos locales como responsables de la gestión del sistema policial de su jurisdicción, ante lo cual, como señala Gabriel ^{Constantino (2016)}, las políticas de seguridad dependen en gran medida del tipo de relación entre el Ejecutivo local y el nacional.

Actualmente, las fuerzas de seguridad federales están constituidas por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, todas ellas dependientes orgánicamente del Ministerio de Seguridad de la Nación, creado en 2010 bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo. Dentro de las fuerzas policiales y con esta misma estructura, se incluyen las 23 jurisdicciones provinciales y la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, que dependen del Ejecutivo local, sin contar con policías a nivel municipal.

Esta policía de la segunda década del siglo XXI es de carácter civil, pero su historia está llena de claroscuros; a comienzos de los años sesenta, como lo explica Sabina ^{Frederic (2008)}, las policías provinciales quedaron subordinadas al ejército, con los conocidos actos de control político y represión contra la población civil que ello trajo consigo, situación que se vio exacerbada con el golpe militar de 1977.

Aunque las policías desde entonces dependían ya de un gobierno civil y no militar, fue hasta 2005 que se completó el proceso de su desmilitarización, habiendo iniciado de forma paulatina con la Gendarmería y la Prefectura, y culminando con la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que vino a sustituir a la Policía Aeronáutica Nacional de la Fuerza Aérea. Con ello, afirma ^{Frederic (2008)}, se consiguió la lealtad de estas fuerzas a los presidentes en turno, al estar satisfechas de su deslinde de las milicias y por motivos que también incluían a los de tipo presupuestal (^{Hathazy, 2016}), ya que las Fuerzas Armadas no tenían más participación en la seguridad interior salvo en situaciones específicas.

Con el retorno de la democracia en 1983, la reconfiguración de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Argentina trajo consigo diversos desafíos, entre los cuales se cuentan el control civil de las instituciones militares para limitar sus funciones a la defensa nacional y la desmilitarización de las instituciones policiales, atribuyéndoles funciones de seguridad interior. Por ello, un proceso muy importante de documentar a partir de la democratización del Estado ha sido el de la desmilitarización y profesionalización de la policía, hecho que fue demandado por organismos de derechos humanos desde el inicio de la democracia argentina en 1983.

Aun cuando estas tensiones entre lo civil y lo militar no han dejado de estar presentes en el diseño de las políticas de seguridad desde entonces, en este escrito resalto aquellas que favorecieron la incorporación de los derechos humanos en la formación policial y que, de alguna manera, resignificaron el papel de las mujeres en las fuerzas de seguridad, aunque su ingreso a las policías había ya iniciado previo a la dictadura, aunque su presencia estaba sujeta estratégicamente a los vaivenes políticos.

Cursos para mujeres: los vaivenes de la política gubernamental

Si bien en la provincia de Buenos Aires no se tiene documentada una escuela policial hasta finales del siglo XIX, estas no estaban ni por asomo enfocadas a los derechos humanos, sino a lo que se consideraba para entonces el trabajo policial, con funciones de represión y control social. Ya se debatía sobre la profesionalización de la policía, pero alejada de cualquier función que no estuviera vinculada directamente a la prevención y represión. Fue hasta 1941 cuando se inauguró la Escuela de Oficiales de Policía, cuyo programa de estudio fue modificado en 1947, en el contexto de la reforma policial peronista; en él se incluyeron materias humanísticas, pero se le dio énfasis al aprendizaje de los principios de su doctrina, que acentuaba la formación castrense (^{Barreneche, 2010}).

En este contexto, pero también en el de algunas reconfiguraciones en las relaciones de género y una mayor participación femenina en la vida pública y política -impulsadas por la figura de Eva Perón-, fue que en este mismo año de 1947 se constituyó la Brigada Femenina, primer cuerpo de mujeres policías formado en la Argentina y en todo el Cono Sur, las cuales se incorporaron como “Agentes de la Brigada Femenina Policial” después de haber probado sus aptitudes en el respectivo “curso de formación”. Estos cursos eran similares a los que se impartían en la formación básica para varones, incluyendo la instrucción en habilidades y técnicas específicas del trabajo policial y materias como Derecho Penal y conocimientos generales sobre ciencias humanas, con la única especificidad de incluir algunas nociones de gramática y de tiro al blanco (^{Calandrón & Galeano, 2013a}). A decir de ^{Calandrón y Galeano (2013b)}, esta participación de las mujeres en la policía argentina, si bien refleja una mayor participación política de las mujeres durante el primer peronismo, también implicaba una representación de su papel en sus filas, basada en una maternización de la policía en la represión del delito cometido por mujeres y menores de edad. En este contexto se situaba la imagen y el aporte, a la vez modernizador, moralizador y complementario de las mujeres en la policía argentina (^{Daverio, 2018}).

Cabe señalar que estos cursos dirigidos a mujeres fueron suspendidos en 1955, tras la caída de Perón por un golpe militar y, un año más tarde, la Brigada Femenina fue disuelta “por inoperante”; se suspendió el ingreso de mujeres a la policía pero, quienes ya estaban integradas, no fueron expulsadas sino que continuaron trabajando en la institución; ya disuelta la corporación femenina, ellas fueron distribuidas en espacios que antes solo eran ocupados por varones (^{Calandrón & Galeano, 2013a}). La decisión de disolver la agrupación femenina se dio, pues, en el contexto de un gobierno golpista, autoritario y represivo, que a través de este tipo de prohibiciones trataba de desmarcarse y erradicar el peronismo de todos los ámbitos de la vida social. Si bien este fue un duro golpe para muchas mujeres que vieron frustradas sus aspiraciones de acceder a este ámbito laboral y un retroceso en las posibilidades de apertura de la propia institución, fue también una oportunidad, para las mujeres que lograron permanecer, de incorporarse a las actividades policiales codo a codo con sus pares masculinos, dejando a un lado la idea de que las mujeres debían tener una corporación propia, con labores consideradas propias de su sexo. Evidentemente, ni el ingreso de las mujeres a la policía durante el peronismo ni la permanencia de unas pocas bajo el gobierno golpista, estuvo acompañado ni justificado por un discurso de igualdad de género, sino que fueron decisiones producto de los vaivenes político gubernamentales.

Fue hasta 1977 cuando se reabren los cursos de formación para mujeres oficiales en el contexto de la dictadura militar, en el cual, a decir de ^{Calandrón y Galeano (2013a)}, hacían falta recursos para afrontar la vigilancia y represión de movimientos políticos. Esta apertura, por supuesto, tampoco estuvo basada en un discurso de igualdad, sino que principalmente se fundamentó en el conocimiento que se tenía de que en los movimientos políticos que eran blanco de la dictadura, también participaban mujeres quienes, al igual que sus compañeros, combatían y portaban armas. En estos cursos, las mujeres oficiales eran formadas por aquellas que antes habían sido integrantes de la disuelta Brigada Femenina, lo que sin duda habrá contribuido a la formación de liderazgos femeninos antes no reconocidos. Esto permite ver que las decisiones que se iban tomando en relación con lo policial, aun cuando respondían a intereses políticos gubernamentales reflejados en lo concerniente a la formación policial, constituyeron también fisuras que abrieron paso a las mujeres a actividades y liderazgos antes impensables en una policía que respondía a los intereses de la dictadura argentina.

De esta manera, durante el Proceso de Reorganización Nacional, que fue la época más represiva del régimen militar, las mujeres que ya eran agentes de la policía tuvieron la oportunidad de ascender a oficiales, formándose en la Escuela de Cadetes, cuando la policía realizaba funciones de control político de la ciudadanía. La policía,

había cumplido tareas relacionadas con el control político de los ciudadanos, el monitoreo y persecución de los actores políticos hostiles al régimen militar y el mantenimiento del status quo -esto es, de la organización misma de la sociedad- que proponían el gobierno militar y sus partidarios civiles. Las autoridades policiales, en su mayoría, no sólo acataban la función que los líderes militares les adjudicaban, sino que expresaban una ideología política en muchos casos afín al régimen (^{Gómez, 2010}).

Género y derechos humanos en las fuerzas de seguridad

A partir del inicio del proceso de democratización en 1983, “una de las grandes tareas en la educación de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, en todas las variantes, fue la de los derechos humanos. Esa cátedra fue obligatoria en todas las escuelas de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad” (^{Gómez, 2010}). Esto tenía como objetivo trasmitir a sus integrantes el sentido de pertenencia al sistema democrático, pero también representaba un giro en el discurso policial, extendido también hacia el ámbito civil e intelectual en general, al tener a los derechos humanos y a la democracia entre los temas más relevantes en la discusión pública.

Esto se fue extendiendo gradualmente al ámbito educativo de todos los niveles, siendo que la Universidad Nacional de Lanús, una de las pioneras en este sentido, incorporó los derechos humanos a sus carreras de grado y posgrado, y en 2008 abrió una Maestría en Derechos Humanos que actualmente ha devenido en un Doctorado. Y, recientemente, una Especialización en Género, Políticas Públicas y Sociedad, con gran afluencia de estudiantes provenientes de la policía (Andrea Daverio, 2017, comunicación personal).

En 2006, a petición del presidente Néstor Kirchner, se instauró el Programa denominado “Las Víctimas contra las Violencias”, coordinado por la doctora Eva Giberti y auspiciado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el cual realizó diversas acciones y derivó en una asignatura obligatoria llamada “Introducción al abordaje, conocimiento y prevención de las violencias de género”, que se impartió en las tres escuelas de suboficiales y oficiales de la Policía Federal Argentina. Eva Giberti, a decir de Sabina Frederic:

es una referente en el tema de violencia de género; ella tuvo un lugar destacado en la Argentina en la gestión del Ministerio de Justicia, que hizo que se creara este programa y ella consiguió que en las fuerzas federales se introdujera una materia que era sobre violencia de género, pero estaba mucho más enfocada a la actuación de la policía hacia afuera (Frederic, 2017, comunicación personal).

El programa instaurado por Giberti se encuentra vigente hasta la fecha. Sobre esta extensión discursiva de los derechos humanos, Sabina Frederic (2017, comunicación personal) señala que, en efecto, “en la Argentina en particular, los Derechos Humanos han sido un parámetro, un paradigma que atravesó mucho terreno”, y quizás por ello se ha hecho más complicado introducir contenidos de género tal cual en los programas policiales:

[…]en términos generales ha habido cierta evitación del contenido género, tal cual, para hacer parte de las currículas; digamos que ha entrado más transversalmente y en las reformas que se hizo -y en las que yo participé, lo que yo hice fue asesorar-; en las reformas que se hicieron en la formación de las policías y de la gendarmería la cuestión de género no entró, sino como derecho, como parte del paquete de Derechos Humanos, entró así, que yo no sé si yo estoy tan de acuerdo en eso, pero me parece interesante porque es una forma de hacerlo entrar.

Género y mujeres en las fuerzas armadas

Los avances en las fuerzas armadas de Argentina, a diferencia de lo que sucede en otros países, lleva la delantera en cuestiones de género en comparación con los avances logrados en las policías. Sabina Frederic, quien fuera subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, adjudica dicha apertura al trabajo de las propias mujeres militares, quienes incluso fueron las que promovieron que se instituyera una diplomatura relativa a género, única en la experiencia del área de defensa en América Latina, que aún se encuentra vigente y a la que asisten tanto militares como policías.

Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista de la Universidad de Buenos Aires, narra que la Fuerza Aérea de Argentina fue la primera en admitir mujeres en el nivel de suboficiales, pero que esto se generalizó a las fuerzas armadas del país entre los años 1980-1982, en los denominados “cuerpos profesionales”, pero ellas aún no pudieron ingresar al “corazón duro de las estructuras militares” en el periodo dictatorial. Ya en democracia, la apertura fue solo gradual hasta 1997, año en que se abrieron por primera vez para las mujeres las puertas del Colegio Militar de la Nación, pero restringiendo su acceso a carreras que tuvieran un carácter de cuerpos de comandos, por considerarse impropios para las mujeres. Estas carreras se abrieron para ellas hasta 2011, durante la gestión de Néstor Kirchner, quien, como se verá más adelante, promovió una trasformación radical de las Fuerzas Armadas, iniciando en 2015 con el nombramiento de una mujer, Nilda Garré, como ministra de Defensa (^{Barrancos, 2015}).

Nilda Garré, a decir de Dora Barrancos, tenía muy clara la importancia de alterar los patrones relacionales de género al interior de las Fuerzas Armadas, como parte de su proceso de democratización. Su pretensión era trasformar no solo comportamientos, sino actitudes, subjetividades y dispositivos mentales, a partir de la reinstrucción de sus integrantes y de la producción de condiciones tanto normativas como materiales, para “garantizar la integración igualitaria de la mujer en una institución que tradicionalmente fue pensada como un espacio social masculino”, fortaleciendo un nuevo paradigma de las Fuerzas Armadas, como escribió la misma ^{Nilda Garré (2010: 4)}.

Entre sus decisiones iniciales estuvo su vínculo con personas expertas de las universidades y, poniendo el foco en la formación, nombró a Sabina Frederic como Subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa:

[…] a mí me tocó ser Subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa, coordinar y conducir la reforma educativa de las fuerzas armadas y ahí la decisión que tomamos fue que todo lo que sea de contenido de género, fuera transversal a otra materia, a otras asignaturas, que no fuera materia de género sobre temas de género, sino que el tema de género fuera visto desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista sociológico, de alguna manera, de un punto de vista militar, que se mostrara la relación de la dimensión de género y que fuera transversal (Sabina Frederic, comunicación personal).

Los contenidos de género se impartieron “no como un derecho únicamente, sino viendo el proceso de derechos, de luchas”; se decidió vincularlo con procesos particulares de la Argentina y de la gestión. “Entonces, en la reforma eso fue lo que se convino, se decidió ese camino, pero con el grupo de mujeres militares del Consejo de Políticas de Género; eso está contado en el libro de Las trampas del pasado.” Para Frederic, la clave del éxito de este proceso, del cual se tiene mucho que aprender en lo relativo a las fuerzas policiales, fue la participación activa de mujeres de la propia institución en la toma de decisiones. “Las mujeres militares eran muy activas sobre todo las de la fuerza aérea, crearon una diplomatura en temas de género, que tiene asentamientos en la fuerza argentina y que tiene también entre sus estudiantes a miembros de la Policía Federal; la persona que está más cerca de ese proceso es una colega que también es feminista, Laura Masson”.

La participación de mujeres militares y académicas universitarias se facilitó debido a la creación, por resolución del Ministerio de Defensa (Resolución Ministerial Nº 274/2007), del Consejo de Políticas de Género para la Defensa, que buscó promover el análisis de las políticas de género en el sector. Este Consejo estuvo integrado por académicas/os, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de las Fuerzas Armadas.

Laura Masson aún forma parte de dicho Consejo: “Sabina fue en su momento, la coordinadora del Consejo y, bueno, yo sigo, desde su creación hasta ahora, en el Ministerio de Defensa” (Laura Masson,¹ comunicación personal). Este Consejo ha tenido algunos cambios a partir de la nueva administración presidencial de Macri:

Los civiles se fueron yendo, yo soy la única civil. Yo sigo porque a mí me interesa, me interesa, estoy desde el inicio. Y bueno, ahí, cuando empezó el segundo año, hice una capacitación de género para mujeres militares y ahora estoy dando clases en la Diplomatura de Género y Gestión Institucional de la Fuerza Aérea. Esa diplomatura tiene muchísimo éxito en el sentido de la cantidad de gente que se anota. En general no se hace publicidad, nada más de boca en boca, va mucha gente de la policía y de las fuerzas armadas, pero también van de organismos del Estado.

La figura de Dora Barrancos parece haber sido fundamental en este proceso, por su estatus de académica universitaria a la vez que activista:

[…] fue una figura central para poder conformar la diplomatura digamos, como también dentro del Consejo porque ya había militado con la Ministra. […] ha pasado por varios espacios institucionales, no sólo la universidad, sino también con la militancia política, la militancia feminista y pues ha estado en el Gobierno de Buenos Aires, fue diputada también (Andrea Daverio,² comunicación personal).

Hasta ahora se comprende que el éxito del programa tuvo que ver con la participación de las universidades y de las propias mujeres militares, pero algo relevante es también la perspectiva feminista que acompañó a todo su diseño, lo cual implica un mayor compromiso en su implementación: “Yo tengo algunos artículos escritos sobre la formación del Consejo -digamos-, la vinculación con el feminismo y después, durante nueve años, todos los años, se publicó un libro en el Ministerio” (Laura Masson, comunicación personal).

El resultado de todo aquello implicó cambios notables en el ámbito de la Defensa en materia de relaciones de género, con políticas dirigidas a las alumnas embarazadas o que tenían hijos, quienes a partir de 2006 ya no podrían ser excluidas del Colegio Militar de la Nación ni de la Escuela de Aviación y, a partir de 2009, de ningún ciclo formativo. También se crearon Oficinas de Género en las diferentes fuerzas armadas y se aplicaron políticas dirigidas a varones en cuanto a la restricción del uso de armas en caso de denuncias por violencia, a la vez que se dispuso la ampliación de licencias de paternidad, entre muchas otras medidas (^{Barrancos, 2015}).

“El incremento de los contingentes femeninos es flagrante en la matrícula de las tres escuelas de formación de suboficiales del presente año (promedio cercano a 40 por ciento)” (^{Barrancos, 2015: 57}). Con todo ello, Dora Barrancos resalta el giro radical de tales cambios en las Fuerzas Armadas que, aunque todavía es incompleto, “se proyecta como una de las más importantes políticas públicas en el camino de la conquista de la equidad de género” en Argentina (2015: 57).

Trasformaciones en la formación policial

Finalmente, en 2011, posiblemente a partir de la experiencia narrada y quizás a consecuencia de esta, la Universidad Nacional de Quilmes firmó un convenio de asistencia técnica con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a petición de ese último, con el interés de conocer el estado de la capacitación y formación policial. Este convenio tenía la intención de encauzar las orientaciones políticas de la ministra Nilda Garré, quien encabezaba el Ministerio de Seguridad de la República Argentina, recién creado por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2010, como escisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El convenio derivó en una investigación etnográfica realizada en la Escuela de Cadetes y la Escuela de Agentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como producto de este trabajo etnográfico (Quilmes/Ministerio de Seguridad), entre otras cosas, cabe resaltar que la mayoría de los/las oficiales de comisarías que se entrevistaron, dividían “el saber en práctico y abstracto o teórico, reivindicando, en la mayoría de los casos, el primero sobre el segundo” (^{Frederic, 2016:151}). A la vez, hubo críticas a la enseñanza de procedimientos en la Escuela de Cadetes, calificándolos como “imposibles de realizar en la práctica” (2016: 154), al referirse en general a aquellos que involucran el uso de la fuerza. Con todo ello, el personal entrevistado asumía que lo que aprenden en la escuela es más teórico y lo que realmente les es útil es lo que aprenden en la práctica, en la que pueden contrastar la realidad con la teoría. Cabe señalar que, en estas escuelas para oficiales, se les enseñan competencias relacionadas con la disciplina, la jerarquía y el uso progresivo de la fuerza, saberes del campo jurídico y de administración del personal de la policía.

El nuevo Ministerio de Seguridad favoreció un mayor vínculo con las universidades y una mayor atención a la formación policial con perspectivas renovadas. Su creación anudó un discurso de seguridad con el de derechos humanos, como posicionamiento democrático, en contraste con otros discursos autoritarios. Este discurso fue expuesto por la presidenta Cristina Kirchner en la ceremonia del Día Internacional de los Derechos Humanos, estratégicamente elegido para anunciar su creación (^{Ayos, 2013}).

Este hecho parece haber ido más allá de lo mero retórico, marcando un antes y un después en cuanto a políticas de seguridad, de acuerdo a lo conversado con algunas mujeres que han tenido experiencias en formación policial en Argentina; identifico algunas narrativas que resaltan trasformaciones en la formación policial con perspectiva de derechos humanos, en la que tuvo un papel relevante la atención a problemas de género y de diversidad identitaria. Ese hito, en lo que respecta a las fuerzas policiales y de acuerdo con sus narrativas, se ubica en la gestión de Cristina Kirchner y, particularmente, en los cambios introducidos por la primera ministra de Seguridad nombrada por esta presidenta, cuya gestión fue de 2010 a 2013.

La ministra Garré tuvo algunas iniciativas interesantes en lo referente a la formación policial y, en general, a la cultura de género en estas instituciones; de hecho, uno de sus ejes estratégicos en materia de seguridad fue “la Profesionalización del Personal de las fuerzas policiales (conforme a doctrinas, técnicas y prácticas operacionales respetuosas de los derechos humanos y las garantías constitucionales)” (^{Ayos, 2013: 200}).

Conforme a lo anterior, la ministra realizó algunas trasformaciones de orden simbólico; en 2011, por ejemplo, en relación con las escuelas de instrucción de la Policía Federal Argentina, inició por cambiarles el nombre, introduciendo el de personalidades reconocidas al interior de la policía por su trayectoria a favor de los derechos humanos. Esta iniciativa iba encaminada a resignificar la identidad policial y a incidir en la cultura policial (^{infobae, 2011}).

Abonando en esta cultura policial, en ese mismo año, la ministra nombró por primera vez en la historia a diez mujeres policías con el rango de subcomisarias³ y más adelante, en 2012, nombró a dos mujeres como titulares en las comisarías porteñas de la Policía Federal. También en 2011, la ministra emitió una resolución para respetar la identidad de género, adoptada o autopercibida, de integrantes, personas privadas de su libertad y cualquier persona, tanto en las fuerzas policiales como de seguridad federales y para que, a la vez, se incluyera en los institutos de formación de cada fuerza de seguridad, capacitación en materia de identidad de género (^{Página 12, 2011}; ^{Todo Noticia, 2011}).

Comentarios finales

La policía es un organismo de carácter civil en la mayoría de los regímenes de América Latina, y esto es cierto en el caso mexicano y en el de la Argentina democrática aunque las historias de ambos países han tenido rumbos diferentes. Argentina, al igual que otros países latinoamericanos, vivió una dictadura militar en la segunda mitad del siglo XX, con la consecuente militarización de sus políticas de seguridad, lo cual se revirtió paulatinamente a partir de la vuelta a la democracia en 1983. Esto se mostró más claramente en las acciones relativas a la formación policial de carácter civil en el presente siglo, en el que se fueron inscribiendo cada vez más cursos de formación policial que incluyen temas de género y derechos humanos, vinculados a las universidades nacionales que otorgan títulos de posgrado, lo cual contribuye sin duda a la ciudadanización policial.

Dado que la policía es un órgano de control de la ciudadanía por parte del Estado, es muy importante que sus funciones estén regidas por un estricto apego a los derechos humanos. Sin embargo, esta afirmación debe ir más allá de la mera retórica y acompañarse de los cambios indispensables para que sea una realidad, lo cual incluye una trasformación cultural que contemple una intensa formación policial en este sentido, que incluya explícitamente una perspectiva de género para garantizar el ejercicio de los derechos de las poblaciones históricamente no consideradas.

La formación en cuestiones de género puede aumentar la capacidad de quienes tienen la importante encomienda social de garantizar la seguridad pública, de responder a las necesidades de la comunidad y, concretamente, de potenciar la conciencia, los conocimientos, las competencias prácticas y las técnicas necesarios para prevenir y dar respuesta a toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, tanto al interior de la propia institución como en su trabajo directo con la sociedad civil, a partir del análisis y acción críticos de su propio que-hacer, lo cual redundará en un mayor bienestar personal y una mejor percepción ciudadana. La incorporación de temas de género y derechos humanos, en este sentido, cobra particular relevancia si consideramos que, como lo señala ^{Calandrón (2008)}, la formación policial es un proceso neurálgico que, “a la vez que organiza a las fuerzas de seguridad las atraviesa a lo largo de su historia y sus jerarquías.” (2008: 14).

Aunque desde el mandato de Néstor Kitchner en Argentina se instauró el tema de género en la instrucción policial, como vimos a lo largo de este texto, lo que predominó en todos los ámbitos de Argentina fue un tema de derechos humanos, como una forma de superar los rezagos autoritarios de la época de la dictadura; el tema de género, por tanto, ha tenido avances más lentos, difuminándose en el discurso de los derechos humanos. Aunque pudiera ser esta una estrategia para la introducción de contenidos de igualdad de género como derecho, para un cambio en este sentido, es relevante incorporarlo de manera más intensiva como una formación explícita y especializada para los policías y, a la vez, incorporar esta perspectiva de manera transversal a las diferentes asignaturas y políticas de seguridad.

Es importante que estos avances se realicen en conjunto con las propias mujeres de la policía, como sucedió en el caso de las fuerzas armadas argentinas, y con profesoras feministas de orden civil, activistas e integrantes de las universidades, organismos académicos que sean los responsables de expedir los títulos de diplomaturas y posgrados en estudios de género. Esta estrategia debe ir encaminada a alterar los patrones relacionales de género, considerando no solo la actuación policial hacia la ciudadanía, sino promoviendo cambios en subjetividades, actitudes y eliminando estereotipos al interior de las instituciones, con una inclusión plena de las diferentes expresiones de género. La formación policial sobre género y derechos humanos, sin embargo, no es suficiente, y este cambio debe ir acompañado de nuevas normativas, para lo cual es fundamental la conjunción de esfuerzos con quienes tienen el encargo de fijar las políticas institucionales.

Cabe concluir diciendo que, al momento de realizar este escrito, la presidencia de la nación argentina está a cargo de Mauricio Macri y, de acuerdo a las entrevistas realizadas, los avances que se han logrado en la formación policial y de las fuerzas armadas en cuestión de género, están en constante riesgo de retroceder. El cargo de Ministra de Seguridad lo ocupa Patricia Bullrich, nombrada por la nueva administración de Macri y quien, a decir de José ^{Natanson (2017)}, ha ampliado los márgenes de las fuerzas represivas durante esta gestión.

La participación civil en materia de género va en retroceso, lo cual es una muestra más de los vaivenes políticos gubernamentales que van definiendo las políticas de seguridad que mantienen en estado de fragilidad los avances en género y derechos humanos, aunque sin duda, los cambios que se logran institucionalizar pueden llegar a mantenerse como parte de las fisuras del patriarcado que vale la pena visibilizar.