El ramo que corresponde a las minorías o disidencias religiosas no católicas, es un terreno poco explorado dentro de la historiografía michoacana. Los pocos estudios que surgen del interés y posterior análisis de los investigadores en el área, son sumamente importantes y enriquecedores, no solo porque arrojan luces acerca de este tema poco conocido y dan voz a las minorías religiosas subalternas, sino porque abren una puerta a la reflexión para futuras investigaciones. Por lo anterior, el libro Política religiosa en Michoacán. Las diversidades evangélicas 1910-1932 de la doctora Leticia Mendoza García, es un ejemplo de ello. En la publicación, resultado de su tesis doctoral, analiza tres denominaciones protestantes representadas por la Iglesia Presbiteriana del Norte y del Sur, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y la Iglesia Bautista del Sur, convirtiéndose en un estudio pionero, inédito y novedoso, producto de una década de investigación sobre el protestantismo en el estado de Michoacán.¹

En este sentido, es importante destacar que dicha investigación se encuentra respaldada con una amplia y sólida base documental original —lo que reafirma su calidad y veracidad—, extraída principalmente de archivos oficiales como el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán, el Archivo Histórico del Honorable Ayuntamiento de Morelia, el Archivo Histórico de la Secretaría de Desarrollo Social y el Archivo Histórico del Congreso de Michoacán. Mención especial merece el Archivo Histórico de la Iglesia Metodista de México, de donde la autora extrajo fuentes inéditas para la reconstrucción histórica del metodismo en el estado, y que hasta ahora, no había sido consultado para el protestantismo en Michoacán. Aunado a esto, robustece al libro el uso de un amplio acervo hemerográfico donde la autora analiza el discurso ofrecido en la prensa nacional, local y evangélica en torno a la importancia que las autoridades estatales y federales, otorgaron a los grupos protestantes. Estas fuentes primarias, fueron trabajadas usando una heurística científica con una narrativa clara y concisa que respalda con una base teórico-metodológica.

Como sugiere el título, el trabajo se enmarca dentro de la historia política y social. El libro no pretende abordar como objeto de estudio a las iglesias protestantes a partir de una historia religiosa centrada en sus doctrinas y creencias, sino que se centra en estudiar la manera en la que estas iglesias a través de su visión particular de la sociedad, reaccionaron ante las disposiciones políticas de las autoridades federales y estatales en materia religiosa, analizando sus estrategias y comportamiento para hacer frente a las reglamentaciones emitidas. El seguimiento de la postura de los protestantes ante la política religiosa del Estado, fue hecho por la autora mediante un recorrido histórico por las disposiciones federales relativas al culto público contenidas en las Leyes de Reforma de 1859, en la Ley de Tolerancia de Cultos de 1860 y su homónima del estado emitida en 1869, en la Constitución federal de 1917, en la Ley Calles de 1926 que se dio en el marco de la revuelta cristera, y finalmente, en la Ley número 100 o nueva Ley de Cultos Religiosos que se emitió para el estado de Michoacán en 1932.

En el aspecto social, la autora aborda la injerencia del protestantismo en el ámbito educativo, periodístico y político. En cuanto al aspecto educativo, a la par de que las misiones construyeron templos con la ayuda de familias que gozaban de buena posición económica y política en sus lugares de origen, también se dieron a la tarea de abrir escuelas de primeras letras para los hijos de los congregantes, esperando con ello formar una conciencia cívica y nacional en los alumnos. Sobre su labor periodística, da a conocer cómo los líderes presbiterianos locales fueron redactores e incluso directores de varios periódicos de corte liberal porfirista y anticlerical, entre ellos El 93, Laurel y Olivo, La Unión Liberal . Leona Vicario, este último dirigido y redactado por mujeres, desde donde respondieron a las provocaciones del clero y criticaron el pensamiento religioso de la sociedad católica. La autora también se da a la tarea de averiguar la procedencia de los principales dirigentes extranjeros de las iglesias, así como el estatus socioeconómico y político de los líderes protestantes locales. Demuestra de forma interesante, cómo los presbiterianos establecidos en el distrito de Zitácuaro, tuvieron una participación activa en la política local apoyando al Estado porfirista.

El libro Política Religiosa en Michoacán consta de tres capítulos: El primero (1869-1913) habla de la regulación de la libertad de culto en Michoacán, cuyo fin fue disminuir la influencia del clero católico en la sociedad, y a su vez, fortalecer el Estado porfirista (p. 33). Este inicia con el análisis del primer reglamento de cultos de 1869, que permitió que las diversas iglesias pudieran practicar de forma libre sus formas de religiosidad y la competencia por vez primera de los bienes de salvación. La autora demuestra una congruente correlación entre este reglamento y el establecimiento de las primeras iglesias protestantes en el estado. Aborda cómo el protestantismo se fortaleció durante el Porfiriato bajo el mandato del gobernador Aristeo Mercado, y de las autoridades locales de línea liberal moderada. Asimismo, analiza la postura de las misiones protestantes estadounidenses durante la transición al maderismo, demostrando que algunas familias presbiterianas de clase media, participaron activamente en la revuelta para defender sus localidades, conservar sus privilegios políticos y beneficiarse del reparto agrario. Por su parte, los metodistas y bautistas por consejo de sus misiones estadounidenses, decidieron no involucrarse “y adoptaron una actitud acorde a los valores cristianos de respeto a las leyes” establecidas (pp. 14, 72-74). Mendoza llega a la conclusión de que el conflicto armado no afectó de manera importante el desarrollo del protestantismo en el estado, puesto que los templos siguieron abiertos y contaron con la presencia de líderes extranjeros, pese a que en otros estados los misioneros habían decidido abandonar el país.

En el segundo capítulo analiza la política religiosa de los gobiernos posrevolucionarios de Gertrudis Sánchez, Alfredo Elizondo, José Rentería Luviano, Francisco J. Múgica y Sidronio Sánchez Pineda (1914-1924), entendiendo que dicha política fue diferente respecto a cada gobernador. La autora demuestra que la actitud de las autoridades hacia las minorías protestantes, dependió de su ideología política (anticlerical o conservadora), lo que redundó solamente en una oportuna o tardía respuesta a las peticiones generadas por los líderes protestantes en torno a la apertura de templos, el registro de ministros o la atención policial ante casos de violencia ejercida por los sectores católicos. No obstante, no hubo favoritismo político, ya que en la mayoría de los casos las demandas se atendieron de manera favorable para uno u otro grupo religioso. Este capítulo también aborda la forma en que la Constitución de 1917, en sus artículos 3, 27 y 130, afectó a las iglesias protestantes: el primero impidió que los profesores egresados de escuelas normales evangélicas pudieran ser maestros en las escuelas públicas; el segundo prohibió que las iglesias poseyeran o administraran propiedades o bienes, los cuales pasaron a ser parte de la nación; y el tercero desconoció la personalidad jurídica de las congregaciones, limitó el número de los ministros, estipuló que estos debían ser mexicanos por nacimiento —obligando a los extranjeros a dejar sus cargos en las iglesias—, prohibió a los líderes protestantes criticar las leyes en sus periódicos y que se asociaran con fines políticos, y finalmente, señaló que no se revalidarían los estudios de los alumnos egresados de los establecimientos protestantes. La respuesta del protestantismo michoacano a estas disposiciones, fue que los líderes extranjeros cedieran sus bienes a los pastores nativos y que las misiones, metodista del sur y presbiteriana del norte, abandonaran el estado en 1919, dejando sus iglesias y escuelas a la iglesia presbiteriana del sur. Otra consecuencia fue el fortalecimiento del protestantismo mexicano en detrimento de las misiones estadounidenses, las cuales comenzaron a tener poca presencia, voz y voto en las decisiones nacionales. La autora coincide con otros autores en que esta coyuntura política fue el inicio del protestantismo nacional (p. 155).

En el tercer y último capítulo, se aborda el devenir de los protestantes durante las gubernaturas de Enrique Ramírez y Lázaro Cárdenas (1924-1932), una vez que se puso en marcha la Constitución federal de 1917. En un contexto de enfrentamientos entre el clero católico y las autoridades federales conocido como “conflicto cristero”, la autora da a conocer que el protestantismo se enfocó en la modernidad de sus congregaciones y optó por separar los asuntos religiosos de los asuntos profanos, toda vez que tomaba una actitud “sumisa” hacia las autoridades, mientras que, por ejemplo, “los curas párrocos se negaron a acatar las leyes en materia religiosa y optaron por el cierre de templos” (p. 213). A pesar de que esto ayudó a que la matrícula de fieles protestantes aumentara, no fue suficiente como para constituirse en una opción religiosa de importancia para la población. Ya en el periodo Cardenista, las autoridades actuaron de manera oportuna para resolver las demandas de los líderes protestantes, del clero católico y de organizaciones agrarias de corte anticlerical, quienes en aras de reducir los conflictos por cuestiones doctrinales, pidieron la expulsión de los protestantes de filiación bautista de algunas localidades.

Si bien la periodicidad de la investigación termina en 1932, la autora extiende el análisis hasta principios de 1960 en un epílogo en el que documenta el surgimiento de un nuevo fenómeno religioso, no católico y no protestante, conocido como pentecostalismo. Estas nuevas congregaciones, que basaron su existencia en un sistema doctrinal caracterizado por la creencia en los dones como la glosolalia, la sanación o la profecía, vinieron a ser un contraste respecto de los protestantes tradicionales quienes se habían construido con base en sus proyectos de educación, nacionalismo, ciudadanía, progreso, salud y bienestar económico. A modo de mapeo, la doctora Mendoza ubica por nombre y lugar a estas nuevas iglesias que se diseminaron por todo el estado, entre las que destacan las Asambleas de Dios, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente, La Iglesia de Dios de la Profecía, entre otras. El descubrimiento de estas iglesias pentecostales, se respalda en documentos de archivo inéditos que hasta ahora tampoco habían sido utilizados, los cuales la autora sintetiza y esquematiza en una serie de cuadros de elaboración propia donde el lector puede conocer los nombres de los líderes, la ubicación de los templos, las peticiones y respuesta de las autoridades, así como los conflictos con los fieles católicos. En este epilogo, la autora demuestra que el fenómeno religioso conocido como pentecostalismo inició en Michoacán desde 1940.

A pesar de la diversificación religiosa que se ha dado en Michoacán, la doctora Leticia Mendoza García, llega a la conclusión de que el estado no fue tierra fértil para la propagación del protestantismo, pues basada en las cifras ofrecidas por el INEGI de 1950, encuentra que solo el 1 % de la población profesaba un culto diferente al católico. Señala que lo anterior se debió, entre otras cosas, a la renuencia de una sociedad profundamente católica de aceptar otras ofertas de religiosidad y a un protestantismo que no supo aprovechar las facilidades que el Estado les brindó en materia de culto público.