En la época del triunfo de las democracias constitucionales parecerían un poco extrañas las posturas que insistan en la tensión entre constitucionalismo y democracia, pero lo cierto es que ambas categorías han estado en tensión desde los inicios del proyecto político liberal hasta nuestros días, solo basta recorrer los debates entre el conservador Edmund Burke frente a Thomas Paine en Inglaterra para destacar esta controversia entre autogobierno y restricciones jurídicas. Igualmente podríamos agregar el debate abierto por Thomas Jefferson, quien siguiendo desde Norteamérica las ideas de Paine, sostendría que nada era más importante que el autogobierno colectivo y por tanto sugería la revisión periódica del texto constitucional. En ese sentido, aunque extrañas en la actualidad resultan de enorme importancia y pertinencia político-teórica las reflexiones orientadas a repensar dicha tensión, toda vez que en última instancia es la pregunta por la democracia en el marco del constitucionalismo lo que posibilita la comprensión de la dimensión profunda del fenómeno constitucional como expresión de organización política orientada al ejercicio de un poder limitado.

La tensión entre constitucionalismo y democracia se origina en razón de que ambas categorías se fundamentan en principios opuestos, los compromisos democráticos apelan a un principio que, según ^{Gargarella (2010: 23)}, no reconoce límites, por tanto, no existiría ninguna autoridad superior a la nuestra, actuando colectivamente.

Por su parte, las ideas asociadas con los textos constitucionales y los catálogos de derechos fundamentales son pensados como límites materiales al ejercicio del poder, es decir, son políticamente hablando fronteras capaces de resistir las presiones de las cambiantes mayorías que en el juego político tengan lugar.

El libro del profesor Daniel E. Florez Muñoz se inscribe en el debate abierto en la actualidad por los importantes trabajos de los profesores ^{Gargarella (2010)}, ^{Niembro (2013)}, ^{Bellamy (2010)}, ^{Elster (2018)} y ^{Gama (2019)}, presentando al lector los principales autores y tradiciones que participan en la discusión contemporánea en la materia, aduciendo algunas razones para destacar la pertinencia de este debate en el contexto colombiano y brindando algunos elementos empíricos que cualifican la argumentación a favor de la defensa de un modelo de supremacía judicial abierto al acompañamiento y participación ciudadana.

El libro se encuentra estructurado en cinco capítulos, en el primero se hace una presentación del desarrollo del poder judicial al interior de Estado de derecho, destacando la forma en la que los procesos económicos han incidido en el tránsito de la justicia distributiva del foro político al foro judicial incidiendo en el creciente protagonismo del juez en el marco de los Estados contemporáneos. En el capítulo 2 el autor realiza un examen de las tres principales tradiciones que participan en el debate en torno a la participación ciudadana en la definición del sentido final de los textos constitucionales, presentando las propuestas del constitucionalismo popular norteamericano, la propuesta de Jon Elster y finalmente la propuesta de Peter Haberle. En el capítulo 3 y 4 se analizan las principales dificultades que se derivan de la adopción del canon neoconstitucional en América Latina, y finalmente en el capítulo 5 se analiza cómo ha sido el comportamiento judicial con ocasión a la Acción Pública de Inconstitucionalidad en Colombia, contrastando dicha forma de control de constitucionalidad con aquellos que son de oficio o automático que comparativamente gozan de menos atención y participación ciudadana. Esto para concluir que un poder judicial abierto a la participación ciudadana en los procesos de defensa de la Constitución conduce a un aumento en las exigencias argumentativas e interpretativas relevantes para un control de constitucionalidad asociado a valores democráticos y participativos.

Los aportes del trabajo del profesor Florez en torno al debate entre constitucionalismo y democracia constituye un insumo clave para poder pensar cuál ha sido y debe ser el papel de la ciudadanía al interior del proceso de construcción del derecho, la cual es una indagación que abre un campo de reflexión en alrededor de supuestos igualitarios de nuestro campo jurídico y las condiciones de posibilidad de una cultura política anclada en la apropiación del derecho y la defensa popular de la Constitución política.