Introducción

El historiador y abogado Jaime Eyzaguirre fue sin duda uno de los intelectuales conservadores más prominentes del siglo XX chileno. Proveniente de una familia aristocrática de la capital, desde la década de los treinta hasta su muerte a fines de los años sesenta, se había transformado en un fiel representante del hispanismo y del tradicionalismo católico, cuyos referentes intelectuales se situaron en la órbita que fraguaron Marcelino Menéndez Pelayo, José Antonio Primo de Rivera, Ramiro de Maeztu, el sacerdote chileno Osvaldo Lira, solo para nombrar a los más distintivos. Defensor de la hispanidad, la nacionalidad, el Siglo de Oro español, la tradición como expresión de la arquitectura social, cultural y política forjada en los siglos coloniales, se opuso a los cambios que propiciaban la izquierda chilena y algunos sectores medios. Aquel espíritu de cruzada, frente a lo que consideraba una decadencia nacional -debida a la intrusión de elementos ajenos a lo nacional, como el liberalismo, la democracia y el marxismo, y la modernidad en general- lo manifestó en un sinnúmero de prácticas, solapada y abiertamente. Fue un intelectual que promovió una interpretación autoritaria y nacionalista de la historia de Chile, llegando a un amplio público sin inconvenientes.

Quienes lo conocieron destacaron una laboriosidad incansable, desde las clases impartidas tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de Chile, la divulgación de un sinnúmero de libros, hasta los distintos proyectos editoriales como lo fueron las revistas que dirigió: Estudios, el ^{Boletín de la Academia Chilena de la Historia}, Finis Terrae e Historia. Se advierte, desde luego, una empresa que marcó historia.

El siguiente artículo se centrará en el último emprendimiento revisteril de Eyzaguirre, Estudios de Historia de las Instituciones Políticas y Sociales,¹ del cual sólo se consiguió lanzar dos números, siendo archivado luego del deceso del historiador en 1968.² Teniendo en cuenta el largo recorrido de éste, se debe expresar que estudiar estos dos números no deja de tener interés, ya que fueron producto de un momento complejo en la vida de Eyzaguirre, cuyo trasfondo había sido su alejamiento obligado de la Universidad Católica desde que se aplicó la reforma universitaria, la cual él rechazó desde un comienzo. En vista de que el movimiento universitario tomó como bandera de lucha la democratización de la universidad y el cogobierno, Eyzaguirre, defensor de las jerarquías y la alta selectividad en los procesos de admisión, universidad para pocos y para una elite, no supo o no quiso sintonizar con aquel movimiento. No pasó mucho tiempo para que renunciara a la dirección de la revista Finis Terrae, órgano oficial de esa casa de estudios, fundada por él mismo en 1954 y clausurada en 1967. En paralelo, debió abandonar la dirección del Departamento de Extensión Cultural de dicha universidad que sostenía la revista.³

Por el contrario, Estudios germinó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, institución que cobijó a Eyzaguirre en sus últimos años de existencia. El hecho de que la organización de la nueva revista se haya desarrollado en un ambiente general adverso para este historiador demuestra que la tensión no logró quebrar sus ánimos. La voluntad por dotarse de estos artefactos culturales había sido una práctica que venía forjando desde la década de los treinta, concibiéndolos como trincheras de primer orden. Este intelectual que resistió la militancia política partidista, no menguó en fabricar tradiciones a través de las revistas.⁴

Precisamente siendo dos números los aparecidos, ¿qué podría sostenerse en específico de ambos?, ¿subyació alguna cuestión que estuvo más allá de lo meramente disciplinar e investigativo, que era lo que se había propuesto difundir con Estudios? Si bien fue una revista al alero de una determinada facultad, no perdió la finalidad que Eyzaguirre le había dado a este tipo de publicaciones a lo largo de su trayectoria, vale decir, consagrarlas como espacios de cohesión y de ideas orientadoras.

Sin quedarse al margen ni esquivando la discusión, la revista se situó en el campo cultural y político en que se desplegó la polémica que había generado Hernán Ramírez en sus investigaciones sobre la Guerra Civil de 1891,⁵ aunque, advirtámoslo, sin que se expusiera de modo abierto que ése era el propósito que perseguían. En ningún lado se planteó la idea de discutir con este historiador, salvo en un par de ocasiones y de manera muy soslayada.⁶ No obstante, aproximadamente la mitad de los artículos que se publicaron en estos números se centró en la constelación de episodios que envolvió dicho evento, presumiendo entregar nuevos elementos que intentaban desechar las tesis defendidas por Ramírez.⁷

Es fundamental señalar que, a través de Estudios, Eyzaguirre dio un giro que no se había visto con tanta nitidez respecto a la temporalidad de los problemas históricos antes tratados.⁸ En tanto disposición de grupo, se dejaba de lado la inclinación relativa a la historia del Reino de Chile para encarar otras etapas; en este caso, una tan apasionante como lo había sido la Guerra Civil de 1891. Era una nueva lucha por las representaciones sociales, la cual no hubiese sido posible sin los intereses que abrazaban los nuevos discípulos de Eyzaguirre, quienes en su mayoría habían sido formados en las escuelas de historia de la universidad estatal y privada.

Manuel Loyola ha dado cuenta de las críticas de que fue objeto la historiografía de Ramírez, dividiéndolas en dos tipos. Una académica, representada, especialmente, por Sergio Villalobos, y otra epistemológica, cuya figura emblemática estuvo encarnada por Gabriel Salazar.⁹ En este trabajo, aceptando ambas, se propone que, no obstante que la crítica de Eyzaguirre nació en la academia, contaba con un fuerte componente ideológico, entendido acá como una lucha por las representaciones e imaginarios sociales.¹⁰

El combate ideológico que estaba librando Eyzaguirre ocurrió en el mismo momento en que la reforma universitaria alzaba el vuelo, la cual era impulsaba por Ramírez en la Universidad de Chile, cuyo trasfondo político, social, cultural y económico auguraba hondas transformaciones.¹¹ En términos historiográficos,¹² la obra de Ramírez, como bien sostuvo Loyola, “significó una ruptura con el discurso histórico dominante, aportando a buena parte de nuestra sociedad, elementos nocionales para una perspectiva de transformación”,¹³ lo que, para la óptica del conservadurismo hispanista de Eyzaguirre,¹⁴ iba en contra del cambio paulatino y jerarquizado de las formaciones sociales.

Hasta ahora no se han analizado de modo sistemático los mecanismos que utilizó Eyzaguirre para impugnar la historiografía que propuso Ramírez. Acá se abordará una de las batallas, la última entre muchas, que lideró este historiador contra Ramírez, la cual tuvo como medio y trinchera la revista académica Estudios.¹⁵ Dar cuenta de esa modalidad de las prácticas y los discursos que de allí se desprendieron se hace necesario, toda vez que grafica la historicidad de la producción historiográfica y sus pugnas políticas.¹⁶

En lo que concierne a las revistas, tal como lo plantearon Pita y Grillo,¹⁷ éstas “permiten visualizar las principales tensiones del campo cultural de un periodo” determinado, y Estudios no constituyó una excepción. Por cierto, no fue una publicación de circulación comercial, lo que restringió su lectura a un público más acotado. Éste, empero, constituyó una pequeña elite en el orden de la cultura y la academia que con total seguridad aportó a la construcción de los imaginarios sociales de vastos sectores a través de los intersticios que controlaba. Era una época en que la demanda por aproximarse al pasado estaba en fuerte sintonía con las proyecciones futuras, independientemente de donde vinieran.

Las revistas portan ciertas lógicas propias, pero están siempre en tensión con las otras dimensiones de lo social. Como textos colectivos, según Beigel, no tan sólo conectan con las “principales discusiones del campo intelectual de una época, sino también con los modos de legitimación de nuevas prácticas políticas y culturales”.¹⁸

Así, el golpe que Eyzaguirre intentó darle a Ramírez no provino, nuevamente, de un partido político ni de las prensas periodísticas, sino de un espacio que Eyzaguirre consideraba como apolítico y científico: la academia. Tal como el anticomunismo y el antimarxismo se habían desplegado en otros campos, sobre todo en el político,¹⁹ Eyzaguirre, que aborrecía este último, persistía en su lucha a través de estas formas.

El trabajo que se presenta a continuación se divide en tres partes. La primera da cuenta de los elementos que explican la emergencia de Estudios. La segunda contextualiza la disputa, siendo mucho más amplia y de temporalidad mayor, en el campo cultural y político social en la que se inscribió la revista. La última parte se centra en los artículos a través de los cuales los discípulos de Eyzaguirre riñeron con el profesor Ramírez. Debido a ello, este trabajo no pretende ser una investigación acuciosa de la revista en la totalidad de sus aspectos, sino que busca problematizar uno de los ámbitos que predominó en ésta.

La emergencia de Estudios. Exilio de Eyzaguirre y la otra reforma en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile

En la década de los sesenta del siglo XX, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile contaba con dos revistas dedicadas a su propia área: Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, fundada en 1935, y la Revista Chilena de Historia del Derecho, surgida en 1959. En relación con lo anterior cabe preguntarse ¿cuáles fueron las razones que apremiaron a Eyzaguirre para fundar un nuevo medio de difusión, si la misma Facultad donde se desempeñaba ya contaba con este tipo de soportes?

Este historiador, quien se había incorporado a la universidad estatal a mediados del siglo XX, publicó tan sólo un artículo en cada una de las recién nombradas. Fue mínima la colaboración en ambas publicaciones en comparación con lo profusa que fue su intervención en las revistas Finis Terrae, Historia y el ^{Boletín de la Academia Chilena de la Historia}, que él mismo dirigía en esa época.

Si bien Estudios no tuvo un editorial de presentación, en apariencia su origen obedeció formalmente a una serie de cambios que se estaban introduciendo en la carrera de derecho de la universidad, en lo particular a una nueva forma de enseñanza. Aproximémonos al detalle. Entre junio de 1964 y enero de 1965 se había conformado una Comisión de Docencia por encargo de la Facultad para realizar un examen que permitiera una transformación integral de los estudios del Derecho. El informe que se preparó en aquella oportunidad indicaba que la comisión había estudiado una serie de dimensiones que iban desde el papel que jugaba el abogado frente a la comunidad, pasando por las perspectivas futuras de la profesión, entre otras, hasta “la modernización de los sistemas de enseñanza, el perfeccionamiento de los métodos de control, el papel de la enseñanza activa y de la enseñanza teórica, la evaluación del trabajo escolar, la promoción final, etcétera”.²⁰

En alusión al apartado que describía el método de enseñanza en el informe de la comisión, se indicaba que éste se impartiría a través de dos modos “perfectamente compatibles”: la clase magistral y los trabajos complementarios. La primera, como se declaraba en el informe, se dictaría de la misma manera en que se había acostumbrado hasta esos momentos; en cambio, los trabajos complementarios constituirían lo novedoso, pues promoverían la enseñanza activa, la que debía ejecutarse a través de seminarios, foros, clínicas, lecturas controladas, investigaciones colectivas o individuales.

Fue el seminario, entonces, el espacio donde se adoptó esa nueva modalidad de acción, es decir, la enseñanza activa, muy de moda en ese tiempo, y donde se terminaría por producir una serie de investigaciones que recogería la revista Estudios. El seminario se definía como un “método de enseñanza de materias comprendidas en el programa en que un grupo de alumnos dirigidos por un docente investigan y debaten un tema monográfico durante un periodo de trabajo colectivo”.²¹ Así, en la solapa del primer número de Estudios, se podía advertir cómo se referían a la aplicación del nuevo plan y, de pasada, al nuevo soporte académico:

Como medio de hacer efectivo este plan, se han establecido en cada cátedra equipos docentes de jornada completa, cuya tarea primordial consiste en dirigir seminarios, foros, clínicas jurídicas. Uno de esos equipos, vinculado a la cátedra de Historia de la Instituciones Políticas y Sociales de Chile, situada en el primer año de los estudios de derecho, ha complementado su labor docente con trabajos de investigación realizados por sus miembros. El presente volumen recoge la tarea efectuada en este sentido durante el año de 1965 [sic].²²

El equipo de trabajo de la cátedra Estudios de Historia de las Instituciones Políticas y Sociales en Chile de 1966 estaba conformado por Jaime Eyzaguirre y un conjunto de discípulos que formó tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica en el campo del derecho y la historia. Eyzaguirre era tanto el titular como el jefe del equipo de trabajos prácticos de la asignatura. Fernando Silva, abogado de la Universidad Católica, miembro en esa época de la revista Historia, oficiaba como profesor auxiliar. También figuraba con esa jerarquía Patricio Estellé, profesor de estado en Historia y Geografía de la Universidad de Chile, quien había iniciado una carrera meteórica desde comienzos de los sesenta, incorporándose en ambas universidades, donde seguramente conoció a Eyzaguirre. Al igual que Silva, Estellé fue miembro de Historia en ese periodo. Por último, destacaban dos profesores ayudantes, Horacio Aránguiz, egresado del Departamento de Historia de la Universidad Católica, colaborador de la revista Historia, y Carlos Ugarte, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Destáquese que cuatro de los cinco miembros eran discípulos de Eyzaguirre, quienes compartían con él tanto aspectos académicos como cuestiones doctrinarias. No fue un equipo de trabajo que representara ciertas diferencias ideológicas, tal como había sido el talante en las otras revistas que había dirigido, lo que constituye una pista más para dar cuenta de la orientación y el marco que Eyzaguirre establecía cuando decidía levantar estos tipos de artefactos académicos y culturales. Además de lo anterior, cabe destacar un hecho no menor que resulta muy esclarecedor para este análisis. En esa época, en enero de 1967, Eyzaguirre había sido designado por el decano, con respaldo de los miembros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, para integrar una comisión que tuviese a cargo “todo lo relativo a publicaciones de la Facultad por las prensas de la Editorial Jurídica de Chile”.²³ Es factible que Eyzaguirre no desaprovechara aquella instancia para gestionar los recursos y mover algunas piezas que le permitieran levantar un medio que estuviera bajo su control.

La batalla por la cultura era, con toda certeza, una de las tareas que debía librar este intelectual, quien, por supuesto, rebosaba de estímulo, sobre todo en tiempos de cambios. Adviértase que en el segundo número, referido al trabajo práctico de 1967, se reforzó el contingente ideológico, incorporando al equipo antes señalado a dos ayudantes más: Juan Eduardo Vargas, egresado del Departamento de Historia de la Universidad Católica y discípulo de Eyzaguirre, y María Angélica Figueroa, abogada de la Universidad de Chile, ayudante de éste y miembro fundadora, junto a su maestro, del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, establecido en Buenos Aires en 1966.

Si en la primera página de la revista se consignaba que ésta pertenecía a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, se debía a un tema meramente formal, pues es difícil desconocer que respondía a las atenciones ideológicas de Eyzaguirre y de aquel sector, lo que se verá luego.

Se adelantó más arriba que sólo dos números pasaron por las prensas de los talleres de La Gratitud Nacional, empresa donde se editó esta publicación. Si bien el primero correspondía al año académico de 1966, el segundo número, referente a 1967, debió de haber circulado a fines de 1968, ya que en una de las primeras páginas se hizo mención a la muerte de Eyzaguirre acaecida en septiembre de 1968. De hecho, los editores del último número expresaron que cuando estaba en impresión el ejemplar sobrevino la muerte del mentor: “Sea este número de los Estudios, que ha recogido su más reciente obra, el homenaje de los discípulos que con él trabajaron en los últimos años en la Escuela de Derecho de Santiago de la Universidad de Chile”.²⁴

Gran conmoción generó la muerte de Eyzaguirre en el ambiente cultural y político. El joven ayudante de la cátedra, Horacio Aránguiz, fue quien lo homenajeó con una breve biografía en los Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la cual resaltó tanto las actividades que lideró este historiador como la trayectoria intelectual de una profunda existencia.²⁵

La Guerra Civil de 1891 y Balmaceda. Una inquietud particular del grupo Estudios

La revista alcanzó a publicar 14 investigaciones, la mayoría estaba enfocada en el Chile del siglo XIX, a excepción de una que puso la atención en la mitad del siglo XX y otras tres que apuntaron al régimen colonial. Se desprende desde ya que las preocupaciones y motivaciones de los discípulos más jóvenes de Eyzaguirre dieron un giro respecto a quienes se habían formado con él a mediados de siglo, los que habían centrado sus investigaciones en la historia del Reino de Chile, tal como designaban a la dominación española.

Casi la mitad de los artículos publicados rodearon el periodo de la Guerra Civil de 1891, temas que no eran los que le preocupaban a Eyzaguirre de modo determinante cuando organizó la revista Historia varios años atrás. Este dato no debe ser advertido de manera superficial, pues denota una inquietud condicionada, sin duda, por los dilemas que la vida independiente de la república había provocado en los círculos intelectuales y políticos de la época, por lo menos desde los tempranos treinta que abrieron una posibilidad para cavilar en un orden social alternativo,²⁶ ideas que tomaron una fuerza inusitada desde fines de los cincuenta.²⁷

En efecto, tanto en 1958 como en 1964, Salvador Allende, representante de los partidos de las izquierdas, Comunista y Socialista, ya había perdido en esas dos ocasiones la elección presidencial debido a los juegos y artimañas que llevó adelante una derecha atemorizada por el triunfo del candidato de los sectores populares, sin perjuicio de que en 1965 la misma derecha partidista casi desapareció electoralmente, aumentando por otro lado la representación parlamentaria de la izquierda y los democratacristianos. El Partido Liberal y el Conservador, partidos oligárquicos y centenarios, obtuvieron apenas alrededor de 10% de los votos, lo que provocó un pánico inusitado en aquel sector, cuyo trasfondo con la Revolución cubana, el Concilio Vaticano II, etcétera, no se advertía muy promisorio para ninguna de estas dos agrupaciones.

En ese proceso en que se fue involucrando el proletariado chileno y otros grupos en las luchas sociales y políticas, la figura de José Manuel Balmaceda, presidente vencido en la Guerra Civil de 1891, se levantó como un héroe popular. Fue considerado defensor de un proyecto progresista y de desarrollo nacional frente al imperialismo inglés y la oligarquía vendida al oro blanco, como le llamaban al salitre, mineral que era la principal entrada económica del país. El nitrato, se suponía, sería nacionalizado por Balmaceda para emprender aquel proyecto económico y social que elevaría las condiciones materiales de las grandes mayorías. Su derrota significó el fin de la independencia nacional y el inicio de la penetración del imperialismo, situación latente aún a mediados de los cincuenta y sesenta del siglo XX, pero con un nuevo actor, Estados Unidos. Esta mirada de la guerra civil estaba lejos de la interpretación elaborada por la historiografía tradicional que vio en este acontecimiento un conflicto estrictamente político entre el parlamento y el ejecutivo, en el que no existía ni imperialismo ni un tal proyecto social.

Así, la actualización de aquel ideario nacional y popular fue parte del imaginario en el que jugó un papel destacado la historiografía de izquierda, en especial, la de Hernán Ramírez, con sus libros que venía publicando desde 1951, La Guerra Civil de 1891. Antecedentes económicos y Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, generando una polémica que perduró varias décadas. Romper aquella asociación, fue uno de los objetivos que se propusieron con esta nueva publicación los discípulos de Eyzaguirre, sin perjuicio de que desde hacía tiempo la cuestión inquietaba a las elites dominantes.

En el número dos de Estudios, en una sección que hacía referencia a las actividades propias que generaba la cátedra, se sostenía que en el segundo semestre de 1967 se había realizado un seminario sobre “La política salitrera durante los gobiernos de Aníbal Pinto, Domingo Santa María, José Manuel Balmaceda y Jorge Montt”, haciendo hincapié en el análisis de los textos legales y documentos parlamentarios de la época junto a otros testimonios de aquel momento histórico.²⁸ Esta exteriorización de las razones que movilizaban a este grupo no tiene correspondencia con las actividades que se desarrollaron en el transcurso del año académico de 1966. Si se observa el índice del primer número, se constata que estos temas ya eran objeto de interés. Tres artículos de un total de seis publicados se referían a ese periodo, vale decir, la mitad. En aquellos trabajos que discutían la etapa salitrera ¿se dialogó directamente con Hernán Ramírez, historiador, cuya notoriedad se debía a su inclinación por ese evento histórico? Era materia conocida que Ramírez se había enfocado en esa coyuntura desde su juventud, sin embargo, no sobresalen referencias a él en esta revista, salvo algunas, para contradecirlo.

Julio Pinto, quien editó los libros más importantes de Ramírez en 2007, sostuvo en el estudio preliminar que el debate generado entre éste y Harold Blakemore, a propósito de los factores que incidieron en la Guerra Civil de 1891, arrastró a la derecha a abanderizarse por este historiador,²⁹ de modo particular, si servía para rebatir la posición del historiador y militante comunista.

En efecto, Eyzaguirre, siendo el director del ^{Boletín de la Academia Chilena de la Historia}, en 1966 publicó el artículo de Blakemore, “La revolución chilena de 1891 y su historiografía”, ya aparecido en 1965 en The Hispanic American Historical Review. Nótese que la revista Historia, también dirigida por Eyzaguirre, en el Fichero Bibliográfico del número 6 de 1967, en el que se hacían pequeñas descripciones de lo que se publicaba, resaltó de modo lisonjero los cuestionamientos que este historiador le hizo a Ramírez, como si ese hubiese sido el único foco de preocupación de aquél. La reseña que preparó Historia en relación con el artículo de Blakemore señalaba lo siguiente:

Análisis cuidadoso, con documentación inédita e impresa… conocedor profundo del tema, lo que le permite hacer un estudio muy sólido sobre la tesis “económica”. Refiriéndose [Blakemore] al aprovechamiento por Ramírez de las fuentes inglesas, expresa que en Balmaceda y la contrarrevolución de 1891 “están incluidos los materiales británicos que parecen apoyar su argumento [el de Ramírez], mientras que aquellos que no lo respaldan, se omiten”. Después de un detenido recorrido de la exposición y conclusiones de Ramírez, Blackemore [sic] termina diciendo: “Parece al autor de este artículo que el único veredicto posible en cuestiones tales como la colusión de intereses británicos sobre el salitre y el antagonismo entre Balmaceda y su congreso, en materias económicas como fuerzas motivadoras de la revolución, es algo no probado”.³⁰

Es más, en el número siguiente de Historia, Javier González, otro de los miembros fundadores de aquella revista, al reseñar los Antecedentes económicos de la independencia de Chile de Ramírez, no escatimó en incorporar, considerando el poco espacio con el que contaba, una referencia al libro canónico de este historiador, enfatizando en los aspectos negativos que, según González, se desprendían de la lectura de aquél. Sostuvo lo siguiente:

La primera obra importante del señor Ramírez, inspirada en su tesis favorita, fue Balmaceda y la revolución de 1891 [sic], título que en la segunda edición apareció significativamente trocado en Balmaceda y la contrarrevolución de 1891. A ratos ingenua y a menudo endeble, se trata de un libro que ha tenido, no obstante, la virtud de encender nuevamente el interés alrededor de sucesos tan apasionantes y complejos como los concernientes a la crisis política de aquel año.³¹

Todo lo anterior era una promoción de la persona de Blakemore que no escondía ninguna ingenuidad.³² Respondía a esta querella historiográfica, la que, por supuesto, no se inició en la década de los sesenta, sino en el mismo instante en que Ramírez publicó su libro en 1951. El ^{Boletín de la Academia Chilena de la Historia}, por ejemplo, inmediatamente al aparecer el primer libro de Ramírez, publicó dos artículos de José Miguel ^{Yrarrázabal: en 1952}, “La administración Balmaceda y el salitre de Tarapacá”, y en 1953, “El gobierno y los bancos durante la administración Balmaceda”.³³ En éstos sostenía que el factor predominante en la contienda respondía a cuestiones constitucionales y políticas, al contrario de lo que sostenía Ramírez. Sumado a lo anterior, al cumplirse tres décadas del nacimiento de la Academia Chilena de la Historia de Chile, y a modo de celebración, se tomó la decisión de fundir en un pequeño libro ambos artículos de Yrarrázabal, publicado en una edición en separata en 1963 con el título La política económica del presidente Balmaceda. De pasada se justificaba esa decisión asegurando que aquella acción era un homenaje a este historiador por su compromiso con la fundación de la Academia.

González, nuevamente, ocupaba el papel de reseñador en la revista Historia. El abogado indicó que para Yrarrázabal, quien era un entendido sobre el gobierno de Balmaceda y de la revolución, no podían ser convincentes “los esfuerzos realizados por la escuela histórica marxista para convertir un problema de índole político en una cuestión de fondo económico o, si se quiere, económico-social”. Agregó que, por esta última razón, Yrarrázabal “creyó necesario dedicar al tema dos estudios complementarios de El presidente Balmaceda, que fueron publicados en el ^{Boletín de la Academia Chilena de la Historia}”.³⁴

El relieve que González puso en la nota crítica de este libro estaba destinado justamente a desmontar lo que habían propuesto algunos historiadores de izquierdas, sin nombrarlos de modo manifiesto, pero se deduce que eran Ramírez y Julio César Jobet. Para González, el esquema que se quiso “divulgar sobre el particular es muy simple, casi infantil”, aportando Yrarrázabal lo necesario “para comprobar la falta de verdad de las tesis” formuladas por estos historiadores, quedando claro, por último, “que la hipótesis enarbolada por el sector marxista de nuestra historiografía, en ésta como en otras secciones de la historia chilena, es una construcción a priori y, además, falsa”.³⁵

Se verá que, desde distintos flancos, pero del mismo tronco ideológico, se había puesto cierto reparo al trabajo de Ramírez, tocante al cual la revista Estudios se involucró derechamente, pero sin que sus editores explicitaran que aquello los empujaba. En la sección Publicaciones Periódicas del número uno de Estudios, en la que resaltaron ciertas revistas de historiografía que circulaban en la época, se comentó que en cuanto al número 74 del ^{Boletín de la Academia Chilena de la Historia}, ya citado más arriba, era “digno de señalarse… el trabajo del profesor Harold Blakemore, sobre la ‘La revolución chilena de 1891 y su historiografía’, en que rectifica afirmaciones muy generalizadas sobre la influencia de los intereses económicos en la citada guerra civil”.³⁶

En el número dos de Estudios, al inaugurar la sección Revistas de Revistas, reforzaron ese propósito, concibiendo una recensión mucho más pormenorizada sobre el recién nombrado artículo de Blakemore, como si no hubiese sido suficiente con sugerirlo en el anterior. Que dos números consecutivos de una revista se hayan utilizado para insistir en una misma investigación puede ser signo de una rareza. Sin embargo, mirado desde acá, se comprende que el objetivo era insinuar que el historiador británico contradecía exclusivamente la tesis de Ramírez. En esta ocasión, quizá para demostrar alternancia, fue J.E.V.C., de seguro Juan Eduardo Vargas Cariola, a quien le tocó hacer la reseña, en la que aseguraba que Blakemore se había “preocupado en forma particular del estudio del controvertido tema de la revolución de 1891”. Agregaba que, a juicio del historiador inglés, se había “exagerado el énfasis en lo exclusivamente económico”.

J.E.V.C., al narrar someramente la discusión bibliográfica que hizo Blakemore, aprovechó para hacer una síntesis de los puntos que objetaban los argumentos defendidos por Ramírez. Por citar uno: el autor británico cuestionaba que Ramírez haya ajustado “la historia del país en tal marco ideológico”, léase, marxismo. El reseñador evocó un extracto que había sido una nota a pie de página, donde Blakemore decía que en el libro Balmaceda y la contrarrevolución de 1891 estaban “incluidos los materiales británicos que parecen apoyar su argumento (el de Ramírez), mientras que aquellos que no lo respaldan, se omiten”, como ya se expuso más arriba.³⁷

Lo que se sostiene en este trabajo no es un punto forzado, pues, por lo visto hasta esta parte, la supuesta polémica entre Blakemore y Ramírez puede considerarse como un artificio de estos jóvenes conservadores que deseaban colocar al historiador británico en una trinchera opuesta, la de ellos. Sin embargo, las relaciones entre ambos habían sido cordiales y sin ningún tipo de descalificación.³⁸ Quizá sea conveniente no olvidar que en ese mismo artículo del que tanto abusó el bando eyzaguirreano, Blakemore subrayó que la interpretación económica de la revolución había sido valiosa, debido a que había puesto la atención sobre factores olvidados, lanzando lejos la estéril controversia de los puntos de vistas constitucionalistas.³⁹

Este último punto, que iba contra las tesis defendidas por la tradición política e historiográfica conservadora, no se mencionó en ningún momento cuando se aludía al artículo de Blakemore. Lo anterior manifiesta, una vez más, la preocupación de este sector ideológico acerca del perfil que adoptaba la historiografía izquierdista.

Ramírez, por supuesto, estaba al tanto. En la tercera edición de Balmaceda y la contrarrevolución de 1891 publicada en 1972, expresaba que había

podido verificar que alguna gente, obcecada por preconcebidos y estrechos esquemas conservadores, me ha atribuido los más peregrinos propósitos, entre otros, el de haber querido hacer de Balmaceda un político motivado por las mismas preocupaciones que hoy interesan a los partidos marxistas. Sólo quienes operan con mente prejuiciosa o con ignorancia pueden adjudicarme una intención tan absurda y un comportamiento tan pueril. Conveniente sería que tales detractores realizaran el esfuerzo de leer este libro.⁴⁰

Es muy probable que Ramírez haya respondido a las afirmaciones y sentencias que ciertos sectores políticos estaban haciendo en aquel tiempo. El grupo que organizó la revista ^{Portada 41} desde 1969, vinculado al ya desaparecido Eyzaguirre, venía disparando en ese periodo sobre este tema. ^Portada, en donde figuraban personajes de la talla de Gonzalo Vial, Javier González, Fernando Silva, Ricardo Claro, Jaime Guzmán, Cristian Zegers, Hermógenes Pérez de Arce, en sus páginas se había inclinado a denunciar la literatura marxista y a proponer una alternativa frente a ésta, en pleno desarrollo del gobierno de Salvador Allende. Promovieron, por ejemplo, un libro colectivo que llevaba por nombre Visión y verdad sobre Balmaceda, ensayos con los que se procuraba, afirmaban, “rescatar la imagen de Balmaceda, últimamente distorsionada por el marxismo”.⁴²

Pérez de Arce, quien había sido parte de los ensayistas de este libro, exponía en un artículo publicado en esta misma revista, “Balmaceda: un precursor de la libertad económica”, que se abocaba a una tarea que antes era impensada hacer: la de “demostrar que el presidente José Manuel Balmaceda, lejos de ser un ‘revolucionario’, precursor de un régimen socialista… fue en realidad un verdadero precursor de lo que la ciencia económica moderna conoce hoy como el régimen de ‘economía social de mercado’”. Para Pérez de Arce, Ramírez, había sido el historiador marxista, un comunista en comisión de servicios, quien había levantado esa imagen de aquel presidente. Ramírez, agregó este autor, fue el “encargado de efectuar una ‘diseminación’ ideológica en el campo de la historia patria”. Seleccionando hechos, citas truncadas de los discursos de Balmaceda e interpretaciones tendenciosas logró crear una imagen del “mandatario como un verdadero precursor en Chile del socialismo y de la lucha antiimperialista”.⁴³

Luego de una estadía en Inglaterra en los años cincuenta, Ramírez consultó algunos documentos que le permitieron ampliar y profundizar sus estudios alusivos a la Guerra Civil de 1891. En efecto, el libro Balmaceda y la contrarrevolución de 1891 fue un texto refundido con el anterior de 1951, cuya publicación fue encargada en 1958 a la Editorial Universitaria. En la solapa de esa primera edición se sostenía que

En la medida que transcurre el tiempo la figura del presidente Balmaceda se agiganta ante los ojos de los chilenos. Incomprendido en su época, duramente combatido por sus adversarios que llegaron hasta promover la guerra civil para dirimir con sangre sus discrepancias, Balmaceda se presenta ante los chilenos de hoy como un visionario y un precursor.⁴⁴

Se vislumbra que el retrato de Balmaceda adoptaba nuevas formas y empezaba a cobrar fuerza en el imaginario colectivo de las izquierdas desde los tempranos cincuenta, ya no tan sólo como una referencia historiográfica imprescindible,⁴⁵ sino que, del mismo modo, y en una articulación estrecha, como un elemento configurador de los anhelos políticos de los sectores populares.⁴⁶ Así, quienes declaradamente no compartían el enfoque propuesto por Ramírez se volcaron a escudriñar en archivos privados y extranjeros para rebatirlo. En lo que viene por delante, se referirá a los artículos publicados por Estudios, los que tienen inmediata relación con lo que se ha propuesto. Por comodidad, se tratarán en orden de aparición.

Episodios inmediatos a la Guerra Civil de 1891. Estudios contra Hernán Ramírez

Quizá valga decir que la lectura de Ramírez, por partir su enfoque desde otra dimensión a propósito de los fenómenos sociales, contribuía a la disolución de la idea que se había elucubrado sobre el factor político como detonante principal en la Guerra Civil de 1891, respecto al cual, Alberto Edwards, en La fronda aristocrática de Chile, se había convertido en el paladín más renombrado. En cambio, Ramírez proponía tesis que destacaban el rol del imperialismo británico, las acciones ejecutadas por algunos individuos pertenecientes a la oligarquía en concomitancia con la intervención extranjera, el proyecto de corte nacional y popular de Balmaceda, etcétera. Son justamente estos temas, para precisar aún más, los que vinieron a ser discutidos por los trabajos publicados en la revista Estudios, lo que a continuación se detallará.

Fernando Silva,⁴⁷ en el artículo “Los ferrocarriles salitreros de Tarapacá durante el gobierno de Santa María”, presidente que antecedió a Balmaceda, se aproximó a las tensiones que se generaron en torno al monopolio que disfrutaban los dueños de la empresa ferrocarrilera en la región nortina y las demandas para ponerle fin. Silva sostenía que, inversamente a lo que se creía, se había diseñado, “aunque con vacilaciones, una actitud gubernativa -exclusiva del presidente Santa María- contraria a la subsistencia de los privilegios”. Ramírez, al parecer, desconocía esa situación, pues en su trabajo no evocó la posición del mandatario y apenas lo nombró un par de veces, sin relacionarlo en esa dirección.

Es posible que al elevar esta excepcionalidad del presidente Santa María se haya querido, veladamente, neutralizar la figura de Balmaceda. Si bien Silva en ningún momento hizo alusión a la investigación de Hernán Ramírez, se deduce que su pesquisa vendría a restarle la importancia que este historiador le atribuyó a Balmaceda, pues el valor del presidente inmolado no sería superior al que desplegó Santa María, quien pretendió quebrar el control del ferrocarril y la construcción de los ramales. Silva intentaba demostrar que Balmaceda no se manifestó a favor de esta medida mientras fue parte de su gabinete en cuanto ministro.⁴⁸

Por otro lado, Silva, al lograr acceder a los archivos de la familia Zegers, abogado y defensor de aquellos privilegios, intentó disminuir la importancia de los enfoques que habían vinculado a algunos políticos, como al propio Julio Zegers, con la revolución de 1891. El argumento era que Zegers había sido abogado desde 1881 de la Compañía de los Ferrocarriles Salitreros, una década antes de la guerra civil, en la que gran participación tuvieron los hermanos Monteros de nacionalidad peruana, cuando aún no se convertía en Londres en The Nitrate Railways Company Limited. No obstante, los hermanos Monteros, según Silva, seguían, después de esto, controlando miles de acciones. Zegers, de esta manera, no era un aparecido, sino que, por el contrario, había defendido la medida legal de 1871, la del monopolio, desde mucho antes que la derogara Santa María a fines de su gobierno.

La segunda investigación correspondiente al número uno de Estudios, “Controversia chileno-norteamericana de 1891-92”, de Patricio Estellé,⁴⁹ se centró en la posición que adoptó el país norteamericano en cuanto a los sucesos ocurridos durante la Guerra Civil de 1891. En un extenso examen de alrededor de 130 páginas, Estellé recopiló información, seguramente a partir de su estadía en Estados Unidos a comienzos de los sesenta, relativa a la tensión diplomática entre Chile y el país del hemisferio norte, mantenida en el transcurso de la guerra. Para el autor, la “controversia descansaba sobre bases artificiales por lo que a Chile se refería y que sólo era un pretexto para sentar posiciones” por parte de Estados Unidos. El historiador, luego de analizar el caso Baltimore y de los exiliados de la guerra civil,⁵⁰ sostuvo que

El triunfo del partido del Congreso, fuertemente vinculado a influencias británicas, puso en guardia a los Estados Unidos que no podían aceptar tal combinación por cuanto significaba eliminarlo de toda influencia real. Desde septiembre de 1891 el rumor de guerra es insistente. Para los Estados Unidos que vivían en toda la euforia de un “Destino manifiesto” y clima imperialista, creada por los políticos y teóricos, era fundamental demostrar, una vez por todas, que era el coloso del continente.⁵¹

Si bien Estellé propuso que la política internacional estadounidense tenía por objetivo abrirse paso para sustituir la intervención europea, el propósito del autor residía en revelar que dicha política norteamericana respondía a una intervención de carácter expansionista, cuya acción planificada se expresó durante y después de la guerra civil,⁵² detrás de la cual estaban James G. Blaine, secretario de Estado, y el embajador en Chile, Patrick Egan. Así, el apoyo brindado por Estados Unidos al gobierno de Balmaceda no se debía a cierta solidaridad, sino que buscaba ver disminuir el poder de las fuerzas congresistas.

Ramírez apenas mencionó a este país en su primer libro, La Guerra Civil de 1891. Antecedentes económicos y, cuando lo hizo, fue con la intención de señalar ciertos informes de agentes estadounidenses que comprobaban la participación en la guerra de los ingleses residentes en Chile y extranjeros; pero en ningún caso lo hizo para insinuar algún vínculo indirecto o directo en la contienda. En cambio, en Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, hay un tratamiento más profundo en el que se imprimió lo que planteó Estellé una década más tarde. Sin embargo, si Estellé citó a Ramírez, lo hizo para que el lector consultara sobre la preponderancia comercial que tuvo Inglaterra en Chile en relación con la de Estados Unidos. Tal vez este autor no advirtió que Ramírez terminó su segundo libro concerniente a la guerra poniendo énfasis en el imperialismo norteamericano, en el que aludió a ciertos hechos que Estellé profundizaría en el trabajo que acá se comenta.

En el número dos de Estudios, ^Vargas, “Notas sobre el pensamiento político de Pedro Montt”,⁵³ al elevar la figura del futuro presidente, tenía por finalidad insistir en que éste representaba, entre muchos, la defensa del parlamento en relación con el poder ejecutivo. Argumentaba que desconocer “la fuerza de las ideas políticas era aparecer ante la opinión pública como un dictador”, cuestión que justamente le ocurrió a José Manuel Balmaceda. Agregaba que muchos años antes, específicamente desde 1876, Montt “actuaba como un político imbuido de la idea parlamentaria de gobierno” y que Balmaceda, con razón o sin ella, había roto la “unidad de miras”. Decía Vargas que si los debates que se daban en 1890 eran tensos, cuyas declaraciones eran extremas en el sentido de subordinar el ejecutivo al congreso, “parece que ellas no manifiestan otra cosa que el criterio mayoritario de los políticos no sólo de esa época, sino de, por lo menos, diez años antes”.

En este sentido, la controversia de 1890 entre el parlamento y el ejecutivo no podía mirarse según un efecto de un problema menor, sino más bien como la manifestación de una tradición parlamentaria que, alimentada por los ideales europeos de soberanía popular, adoptaba un carácter nunca antes visto debido a esa misma tensión. Ejemplos como los anteriores trataba Vargas en su investigación sobre la posición política de Montt, activo representante del bando antibalmacedista, para dar cuenta de “que el régimen parlamentario, con la mayor parte de sus rasgos fundamentales, era una realidad varios años antes de la Revolución”. Esto venía generándose por la “‘crisis de un sistema’”, pues “hacía extremadamente difícil cualquier gestión de gobierno”. Aunque en este artículo no se hizo referencia directa a Ramírez, lo cierto es que lo anterior era un argumento más a favor de la tesis que sostenía que el factor político era predominante en la guerra civil, lejos del razonamiento que situaba a los componentes económicos y sociales como fundamentales, posición que se suponía de Ramírez.

En el mismo número dos, Estellé, siguiendo el derrotero trazado por Vargas, las emprendía contra Ramírez, pero ahora de forma directa. En el artículo “Correspondencia de don Agustín Ross sobre la revolución de 1891”,⁵⁴ publicó una serie de cartas que Ross le había enviado a su secretario Alfredo Délano Rojas. Estellé, aludiendo al “interesante trabajo” de Blakemore acerca de la historiografía de la Guerra Civil de 1891, ya mencionado, decía que éste había aprovechado de contradecir lo que afirmaba Ramírez sobre la implicancia de Ross en dicho evento. Que Ross se haya servido de este suceso para obtener “una buena inversión”, tal como lo dijo Ramírez, según Estellé, era una afirmación que debía objetarse, pues no se podía mantener una opinión tan categórica cuando las cartas sugerían cosas distintas. Creía el autor que “sólo recién se insinúa un interesantísimo capítulo que deparará una visión más rica y compleja de la Guerra Civil de 1891”.⁵⁵

Estellé intentó demostrar que Ross se había involucrado en la guerra después de haberse iniciado ésta, siendo imposible por los dichos que afloraron de los escritos que “haya podido participar en una preliminar conspiración de capitalistas para derrocar a Balmaceda”. Mientras no aparezcan documentos contrarios, enfatizaba el autor, la correspondencia permitía concluir “que los intereses del Banco Edwards, representados en Europa por don Agustín Ross, ni contribuyeron a preparar el estallido revolucionario de 1891 ni mantuvieron contactos con capitalistas ingleses para este fin”. Sólo después de iniciado el enfrentamiento bélico, pusieron toda su voluntad por ver caído a Balmaceda.

Para finalizar, Carlos Ugarte, en el número dos, en el artículo “La situación económica de Chile entre los años 1892 y 1894 juzgada por don Luis Aldunate Carrera”,⁵⁶ sostuvo que este político fue un gran defensor de que las riquezas del salitre fueran nacionales, tanto antes como después de la contienda de 1891, llegando incluso a oponerse a un proyecto enviado por Balmaceda en 1888 que impulsaba el remate de las salitreras fiscales. Ramírez no desconoció este hecho. Sostuvo al respecto que el gobierno reaccionó frente al mismo, pues al no hacer ningún tipo de gestión para presionar a la Cámara de Diputados para el despacho del proyecto, el que ya había sido aprobado por el Senado, lo dejó morir por su propia voluntad.⁵⁷

Consideraciones finales

En estas páginas se abordaron los dos únicos números de la revista Estudios, cuyos trabajos publicados correspondieron al seminario organizado por la cátedra del mismo nombre, dictada por Jaime Eyzaguirre y un conjunto de profesores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile entre 1966 y 1967. Todo como parte de una cátedra compuesta por el profesor director, dos profesores con el grado de auxiliar y varios en calidad de ayudantes.

Se desconoce si el resto de seminarios de las otras cátedras intentó hacer lo mismo o si estas investigaciones fueron publicadas en las distintas revistas de la Universidad de Chile. De lo que sí hay seguridad es que Jaime Eyzaguirre agenció todo lo necesario para que así fuese, tal como se advirtió a lo largo de estas líneas. Desde luego no se extravió en aquella instancia para levantar un medio que tuviera su particular impronta. No tanto en el sentido de destacar cierto contenido como de concebir un espacio de cohesión ideológica, lo que determinará de manera definitiva el primero. Según se demostró, los miembros de la cátedra habían sido discípulos de Eyzaguirre; provenían unos de la universidad estatal y otros de la universidad privada más importante de la época. Hay que recordar que habían perdido una trinchera en la Universidad Católica cuando se clausuró la revista Finis Terrae debido a las presiones de los estudiantes movilizados. Empero, en la universidad pública, institución que contribuyó a su reencuentro, lograron abrir un espacio y levantar un nuevo medio de divulgación. En la nueva publicación consiguieron reproducir las mismas lógicas y tender los mismos sentidos habituados desde donde provenían, ya que no fue una revista abierta a la discusión, manteniéndose cerrada para sí mismos.

Lo anterior se abordó para señalar que el contenido que predominó en la revista, fruto de un seminario que se propusieron, estaba encaminado, aunque no lo manifestaron de modo abierto, en rebatir tanto las tesis defendidas por Hernán Ramírez sobre la Guerra Civil de 1891, como en aminorar la figura del presidente José Manuel Balmaceda que otros historiadores, escritores y políticos habían levantado para las izquierdas, siendo ello expresión de una lucha por los imaginarios sociales en tiempos de fuertes tensiones ideológicas y políticas.

Eyzaguirre y su bando respondieron, independientemente del tema preponderante que se vertió en Estudios, a las mismas inquietudes que habían tenido cuando se apropiaban de estos tipos de medios de comunicación, o sea, transformarlos en trincheras culturales con el objetivo de repercutir a largo plazo, vale decir, contribuir a la reconfiguración de representaciones sociales más estables, pero también para encarar las urgencias que demandaban los combates políticos del tiempo presente. Era el modo con el que más se sentía a gusto este intelectual, una militancia de por sí distinta, mas, no por eso, con menos impacto en el contexto en que quería incidir. Todo lo cual ha sido advertido en la herencia que dejó, la que continuó expresándose en las luchas venideras, fundamentalmente durante el gobierno de la Unidad Popular, cuando aún el fantasma del presidente Balmaceda sacudía los ánimos en el ambiente político.