El activismo en defensa de los derechos de las personas migrantes: herramientas para su análisis

En el debate reciente sobre la acción colectiva en defensa de los derechos de las personas en situación de movilidad, es posible identificar dos áreas problemáticas. En primer lugar, el carácter incipiente y fragmentario de los estudios sobre las formas de participación y acción colectiva contenciosa de las personas migrantes en México. Esto se debe en parte a las resistencias de la sociedad mexicana de asumirse como sociedad receptora de personas migrantes,⁴ lo cual ha contribuido durante mucho tiempo a invisibilizar las diferentes facetas del desposeimiento de derechos que afecta a los y las migrantes internacionales, y contribuye a la relativa ausencia de su presencia en los debates respecto a sus condiciones de vida y de tránsito por México. En consecuencia, su situación de vulnerabilidad persiste a pesar de la diversificación y especialización de organizaciones civiles dedicadas al tema (^{Desidério, 2015}; ^{Canales y Rojas, 2018}). De acuerdo a las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, en la práctica institucional de las agencias estatales aún no se considera a las personas migrantes como sujetos de derechos, mucho menos como sujetos políticos con capacidad de agencia. Este silenciamiento es problemático porque refleja los mecanismos de exclusión simbólica (^{Bourdieu, 2005}) que profundizan las condiciones de vulnerabilidad social, política y legal que acompañan la situación de indocumentación.

El cuestionamiento a visiones reduccionistas de la migración centroamericana como fenómeno histórico y económico, así como la introducción del enfoque de derechos humanos en los estudios de la migración, ha contribuido a diálogos interesantes entre estudiosos de la acción colectiva y la migración internacional que permiten reconocer las nuevas dinámicas sociopolíticas y culturales de la movilidad humana, y también el carácter forzado de muchos desplazamientos. De igual manera, dicho cuestionamiento ha permitido trascender enfoques de la acción colectiva basados en un "nacionalismo metodológico" que analiza los fenómenos de movilización social circunscritos a los límites estatales. El potencial de estos intercambios se expresa en estudios en los cuales los hallazgos sobre protestas y campañas a favor de los derechos de las personas migrantes e inmigradas nutren la reflexión teórica respecto a las condiciones de posibilidad, los recursos, las dinámicas y efectos de la acción colectiva y ciudadanía transnacional, mientras los testimonios y observaciones etnográficas apuntan a la agencia política de estos agentes (^{Mora, Rodríguez, Zermeño y Almeida, 2018}; ^{Desidério, 2015}; ^{Varela, 2016}; ^{Vargas, 2016}; ^{Red Colaborativa de Investigación, 2020}).

Las complejas condiciones para la participación de las personas migrantes en el debate público han contribuido a la delegación de la representación de sus demandas en una amplia y diversa gama de organizaciones humanitarias, defensoras y acompañantes. En este campo de la acción colectiva, la heterogeneidad y el carácter multinivel de las alianzas han dificultado la posibilidad de consensos al interior de redes, el seguimiento a los resultados de las negociaciones de cumbres internacionales o los acuerdos con entes públicos respecto a la aplicación de buenas prácticas administrativas en el territorio. Las investigaciones destacan las experiencias acumuladas y competencias técnicas para conectar actores e incidir en espacios institucionales, sin embargo, señalan los problemas derivados de una división práctica de trabajo entre organizaciones situadas en la capital y especializadas en interactuar con representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, por un lado, y organizaciones en zonas fronterizas o rutas de tránsito cuyo trabajo en el territorio las hacen vulnerables a ser criminalizadas o víctimas del crimen organizado, por otro (^{París, Zenteno, Treviño y Wolf, 2016}: 96-97; ^{Aikin y Anaya, 2013}).

Es pertinente considerar a estas organizaciones como elementos clave de las condiciones de posibilidad e infraestructura organizativa (^{Almeida, 2019: 66-72}) que apoyan procesos de activación política de las personas migrantes -ya sean luchas migrantes, caravanas o ciudadanías transnacionales (^{Varela, 2016})-. Sin embargo, sus propias dinámicas permiten estudiarlas también como expresiones sui generis de la acción colectiva y que construyen prácticas, sentimientos de pertenencia e identificación respecto a su rol como acompañantes de grupos vulnerables. En este campo, los aportes teóricos sobre el activismo transnacional en contextos de amenazas socioeconómicas y ambientales globalizadas (^{Almeida, 2019}) ayudan a identificar mecanismos por medio de los cuales actores locales expanden sus protestas hacia espacios transfronterizos y transnacionales (^{Tarrow, 2004}). En este contexto, los sociólogos estadounidenses Sidney ^{Tarrow y Doug McAdams (2005)} acuñaron la noción de "cambio de escala" (scale shift) para orientar la mirada analítica hacia mecanismos, dinámicas e interacciones por medio de los cuales las alianzas pasan de ámbitos locales a nacionales y regionales, pero también para comprender cómo las formas organizativas, demandas y narrativas de carácter internacional influyen y condicionan los espacios de lucha y participación local. Según Sidney Tarrow, los cambios de escala ocurren cuando actos contenciosos de carácter local se conectan y adquieren mayor proyección política, debido a que otros grupos reciben información, se identifican con actos de protesta, los retoman y empiezan a coordinarse entre sí. La coordinación de actos de protesta o incidencia tiene el potencial de transformar objetivos, demandas e identidades colectivas, si logra existir comunicación o intervención directa de agentes e instituciones articuladores (denominados mediadores o brokers), así como una identificación y transferencia de ideas y narrativas (denominado teorización o theorization). Sin embargo, este cambio de escala no significa únicamente una reproducción de prácticas, demandas y objetivos en otros planos y arenas de la acción social, sino también innovaciones temáticas, crisis y, eventualmente, emergencia de nuevas identidades colectivas (^{Tarrow, 2005: 121}; ^{Tarrow y McAdam, 2005}).

La propuesta de ^{Tarrow y McAdam (2005)} resulta sugerente para identificar mecanismos y procesos de expansión de la contienda política que respondan a oportunidades institucionales y amenazas compartidas. Pero el énfasis en la mecánica de agentes particulares que transitan entre diferentes niveles de acción puede quedarse corto para analizar modos de organización con prácticas de colaboración y coordinación transnacional fluidas y cotidianas, en las cuales el desafío público a la autoridad estatal o un agente económico poderoso es sólo una estrategia, entre varias, dentro de un repertorio de acción colectiva más amplio que incluye la interacción cotidiana con representantes del aparato del Estado, la provisión de servicios a poblaciones vulnerables, hasta campañas y denuncias públicas. Por lo tanto, en este estudio se complementa el aporte de Tarrow y McAdam con dos planteamientos conceptuales que permiten precisar el carácter dinámico y relacional de las interacciones entre agentes sociales, tal como se evoca en la categoría de redes sociales: 1) el concepto régimen abierto de participación en red, que propone Douglas ^{Chalmers (2001)} servirá para problematizar el supuesto de una relación directa entre ciudadanos e instituciones estatales⁵ y 2) la propuesta de la urbanista y socióloga Diane Davis de considerar las variables analíticas espacio y distancia (geográfica, institucional, social, simbólica y subjetiva) entre actores sociales y Estado se tomará en cuenta para comprender a los movimientos sociales no sólo desde los repertorios de acción colectiva, sino también desde la formación de las identidades colectivas (^{Davis, 1998}).

Para recuperar las prácticas de articulación de la Mesa Transfronteriza desde la perspectiva de sus integrantes, se acordaron entrevistas con representantes de ocho organizaciones participantes siguiendo el criterio de abarcar diferentes trayectorias organizativas, grupos atendidos y áreas geográficas. Aunque la mayoría se dedica a la atención directa a diferentes grupos de movilidad transfronteriza e internacional y centran sus estrategias de incidencia en el ámbito local, estatal o nacional en México o Guatemala, en la muestra hay casos contrastantes, como es el Gobierno Ancestral Plurinacional que agrupa a comunidades mayas de Huehuetenango y cuyas voces reflejan las dimensiones indígenas y comunitarias de la Mesa. En total se llevaron a cabo nueve entrevistas semiabiertas, de las cuales cinco fueron individuales; en dos entrevistas participaron dos personas y una entrevista fue grupal. Por un acuerdo con las personas entrevistadas, sus nombres permanecen reservados y solamente se hace referencia a la función que ocuparon dentro de las organizaciones al momento de la entrevista. Esta decisión se debe al compromiso de confidencialidad, pero también se hace para enfatizar el hecho de que los testimonios que forman parte de este trabajo buscan ilustrar menos las opiniones individualizadas y más los posicionamientos y descripciones de prácticas recurrentes a partir de comparar y sintetizar la información contenida en las entrevistas. El Cuadro 1 incluye la información más relevante sobre organizaciones, personas entrevistadas, el lugar y la fecha de las entrevistas.

Las entrevistas fueron grabadas, se transcribieron en su totalidad, se analizaron por medio del procedimiento analítico, basado en la estrategia metodológica de la teoría fundamentada [grounded theory] de Anselm Strauss (^{Strauss y Corbin, 2002}) y se complementaron con fuentes documentales que las organizaciones compartieron o que son de acceso público en sus sitios digitales. La estrategia metodológica basada en el análisis cualitativo de contenido de las entrevistas,⁶ complementado con la investigación documental permitió la construcción de categorías para reconstruir prácticas y significados basados en enunciados de las entrevistadas y los entrevistados, a partir de identificar y sistematizar temas, argumentos y posicionamientos. Dos categorías que emergieron del análisis de las entrevistas fueron coordinación y articulación por lo que funcionan como ejes narrativos en este artículo.

La migración como oportunidad y "razón de ser" para la conformación de la Mesa Transfronteriza

Los conceptos de distancia y espacio para analizar las dinámicas y relaciones de los movimientos sociales permiten tomar en cuenta la presencia desigual de las instituciones estatales en el territorio y complejizar de qué manera los agentes colectivos construyen una percepción del Estado y de las posibilidades para incidir en él:

La relación entre la distancia institucional y espacial no es necesariamente directa. En algunos países, las regiones fronterizas, por ejemplo, aunque distantes del Estado central, estarán más integradas institucionalmente debido a consideraciones de defensa y seguridad nacional. [...] Así veríamos también una historia de represión y mano dura, precisamente por las incertidumbres fronterizas, lo que a su vez incrementa el sentido de distancia del Estado. Esto no significa asumir que ciertas formas de distancia o proximidad se agruparán nítidamente. (^{Davis, 1998: 125})

La cita de la socióloga y urbanista Diana Davis refuerza los resultados de las investigaciones de Daniel Villafuerte sobre la zona transfronteriza entre Chiapas y Guatemala. Según este autor, las dinámicas locales sociopolíticas son moldeadas, por un lado, por la convergencia de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, los intereses extractivistas y económicas de empresas transnacionales y las preocupaciones de seguridad del gobierno mexicano y, por el otro, por los múltiples movimientos regulares e irregulares de bienes y personas, así como por la presencia de los pueblos mayas -cuyos territorios ancestrales se han visto afectados por el trazado de la frontera político-administrativa (^{Villafuerte, 2017: 13})-. Estos procesos se reflejan también en las descripciones de varios integrantes de la Mesa sobre las dinámicas y sociabilidades que caracterizan la región (transfronteriza y que comparten la percepción de distancia respecto a las ciudades capitales y la experiencia de la vida cerca de "la línea" como un conjunto de intercambios comerciales, laborales y familiares negados por los crecientes controles migratorios. Por ello, según los representantes de Voces Mesoamericanas es importante:

Hablar de la frontera Guatemala-México tal cual, como una frontera circular o perpendicular, no nada más de una sola vía, en donde confluye una dinámica migratoria con una dinámica transfronteriza, que no es lo mismo, y entonces se sobrepone, coexiste, se complejiza [...] aquí sí tienes un territorio ancestral que es común y por lo tanto una dinámica comercial familiar [...] y evidentemente laboral. [...] [En los Centros de Detención] junto con la persona que viene huyendo de la violencia de Honduras te encuentras a la persona [guatemalteca] que iba al Walmart de Comitán porque ahí hallan productos que no consiguen en la frontera de Guatemala y entonces te los encuentras con la bolsa del mandado, no con una mochila, o sea no van a ningún lado, y: "Ay, cuando abrí la bolsa vi que se me olvidó el pase de visitante regional", cómo a uno se le puede olvidar la identificación y acaban detenidos. [...] Entonces conoces todo tipo de historias, no nada más migratorias, sino propiamente transfronterizas. La política migratoria y, sobre todo, la política de detención migratoria no reconoce, no termina de reconocer esa dinámica transfronteriza más allá de los pases de visitante regional. (^{Voces Mesoamericanas, 2018})

También las organizaciones civiles que participan desde la Ciudad de México reconocen la identidad transfronteriza de la Mesa como una de sus marcas distintivas. De esa manera, por ejemplo, la entrevistada del Instituto de Mujeres en las Migraciones (IMUMI) resalta tres aspectos interrelacionados: 1) la presencia de lógicas comunitario-indígenas, 2) la migración internacional y 3) las dinámicas transfronterizas: "Definitivamente el foco sí es comunitario pero también es internacional y esto es parte de lo interesante de la Mesa, que no veo que tenga otra red en México, es decir, el fuerte empuje comunitario, la fuerte composición de compañeros indígenas y toda la visión más del lado guatemalteco, pero también del lado mexicano, o sea la dinámica tal cual transfronteriza, todo el saber que hay en cada compa ahí" (^{IMUMI, 2021}).

Determinar el inicio de la Mesa Transfronteriza implica rastrear múltiples orígenes y trayectorias porque cada organización cuenta con sus propias narrativas respecto a sus raíces, razón de ser y, en consecuencia, el porqué de su ingreso a la red (^{Pirker, 2020}). Las personas entrevistadas rememoran en sus relatos las tradiciones de lucha de la región transfronteriza que influyeron en la emergencia de varios colectivos que hoy en día forman parte de ella. Luchas del magisterio independiente, el refugio guatemalteco de la década de 1980, la rebelión zapatista de 1994, la Guerra civil y el proceso de paz en Guatemala después de 1996 son referentes clave para las organizaciones que, con el incremento de las migraciones internacionales, transfronterizas e internas incorporaron este tema en sus agendas, es decir, no todas las organizaciones fueron fundadas en respuesta al fenómeno migratorio, si bien los interpeló sea porque se manifestó en sus territorios (^{Gobierno Ancestral, 2019}; ^{FOCA, 2019}) o por las repercusiones internacionales del tema.

La Mesa se estableció en 2010 como plataforma para articular luchas locales con la problemática migratoria internacional y transfronteriza desde una perspectiva de justicia de género y una importante presencia de organizaciones de mujeres. Sus antecedentes se ubican en alianzas transfronterizas que, desde el 2006, comenzaron a impulsar una agenda común para promover el derecho a la salud de trabajadores y trabajadoras migrantes -principalmente de los departamentos fronterizos de Guatemala: San Marcos y Huehuetenango-. En esta primera etapa, las reuniones buscaron el diálogo con las autoridades del sistema de salud, se organizaron jornadas y ferias sanitarias en los municipios fronterizos para difundir información sobre derechos y visibilizar saberes comunitarios respecto a la salud y el bienestar. La incorporación de nuevos actores, junto al desencanto sobre los alcances de la incidencia política que, según varios entrevistados, depende en todos los niveles de gobierno de la voluntad individual de funcionarias y funcionarios y no reflejan una disposición institucional o política pública, produjeron cambios en los propósitos iniciales de la red (^{Voces Mesoamericanas, 2018}; ^{CDHFrayMa, 2019}). Haciendo un tránsito de una orientación de incidencia institucional a una más comunitaria y social, se buscó impulsar -por medio de intervenciones en el espacio público- la dignificación de la experiencia de las y los migrantes como sujetos capaces de sobrevivir condiciones adversas, múltiples violencias y vulnerabilidades, al construir estrategias de una vida digna (^{Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, 2014}).

Estas historias locales se insertan en las dinámicas regionales y globales del fenómeno migratorio que ha marcado las condiciones de posibilidad para la emergencia y transformación de las redes transnacionales de acción colectiva. Los relatos de las personas entrevistadas apuntan a tres momentos clave para comprender la configuración de las redes de acción colectiva:

El primer momento se presentó en la convergencia a inicios del milenio de organizaciones y movimientos sociales regionales para coordinar las protestas en contra de proyectos extractivistas impulsados por gobiernos, organismos internacionales y empresas transnacionales, procesos que contribuyeron a ligar las narrativas sobre la destrucción de los medios de subsistencia y la violencia con los diagnósticos sobre las razones del desplazamiento poblacional en la región (^{Bartra, 2001})

El segundo momento se dio a raíz de los acuerdos internacionales orientados a crear un marco regulatorio de la movilidad internacional en función de la demanda de fuerza de trabajo de las economías más dinámicas de los países centrales, paralelamente al establecimiento de parámetros para demostrar el compromiso global con una migración segura, ordenada y protegida de violaciones a los derechos humanos. En América Latina, desde el Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo (2006) y el Primer Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (2008) realizado en Cuenca (Ecuador), se enunciaron una serie de compromisos para que los Estados firmantes generaran espacios consultivos y ampliaran los diálogos entre gobiernos y sociedad civil en los procesos regionales de negociación intergubernamentales (^{Desidério, 2015}). De la preparación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado en Marrakech, Marruecos, en diciembre de 2018 por un número considerable de países -exceptuando algunos de los países de destino más relevantes, como Estados Unidos-, fue un incentivo importante para que organizaciones civiles se reunieran y concertaran propuestas en diversos foros internacionales y nacionales de consulta (^{Noticias ONU, 2018}).

Si bien es cierto que acuerdos como el citado Pacto han sido cuestionados por las mismas organizaciones civiles por su carácter no vinculante, estos intentos por fijar pisos mínimos de derechos dentro de un marco internacional en materia migratoria se han incorporado en los marcos narrativos que justifican la demanda por el derecho a una migración segura, el acceso a la educación y la salud y la no discriminación, fijando también la agenda programática de las organizaciones de la Mesa Transfronteriza. Otros espacios trasnacionales de convergencia han sido los Foros Mesoamericanos y otros encuentros regionales en contra de la explotación de los recursos naturales y la aplicación de políticas de libre comercio que han dejado su huella en los diagnósticos locales sobre los factores causantes de la migración como expresión de una "articulación de violencias" (^{Voces Mesoamericanas, 2018}). Por esta razón, la promoción del derecho a una migración segura debe ir acompañada por la reivindicación del "derecho al arraigo" (^{RJM, 2018}); desde la perspectiva de las organizaciones locales -en su mayoría de origen campesino, indígena y comunitario-, esto implica la defensa de la tierra y del territorio, así como exigir a los gobiernos políticas públicas para combatir las causas estructurales de la migración (^{Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, 2013}, ²⁰¹⁴).

Para el tercer momento, debemos apuntar que, en México, inicialmente la protección de las personas migrantes internacionales como responsabilidad del Estado, despertó poco interés, incluso entre organizaciones feministas y de derechos humanos (^{IMUMI, 2021}). El aumento de una sensibilidad sobre este tópico se presentó a partir del 2008 con las dramáticas masacres cometidas en contra de migrantes centroamericanos en 2010 y 2011 en Tamaulipas, que obligaron al Estado y a la opinión pública reconocer la victimización de la población migrante en su tránsito por México (^{Hernández, 2020}). Teniendo en cuenta este antecedente, el tercer momento que aceleró la integración de organizaciones mexicanas en redes nacionales y transnacionales especializadas en el tema migratorio, inició con los procesos legislativos para despenalizar la migración, reconocer la obligación del Estado mexicano a proteger la seguridad de los migrantes y garantizar el respeto a sus derechos humanos (Reforma al Artículo 118 de la ^{Ley General de Población en el 2008}, retomada en el Artículo 2 de la nueva ^{Ley de Migración, 2011}). Gracias a la incorporación de la figura del "Defensor de Derechos Humanos", en la ley (Art. 3, Párrafo X y Art. 159) se deja de considerar el acompañamiento a las personas migrantes un acto de complicidad con un delito (trata de personas), lo cual ha permitido el reconocimiento formal a las organizaciones de la sociedad civil como actores que el Ejecutivo debe tomar en cuenta para determinar la política migratoria del país, junto a los Poderes de la Unión y los gobiernos de las entidades federativas (Art. 2).

La importancia de esta coyuntura para las organizaciones expresa en diversos testimonios, de las cuales se cita a un integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías y Cordova en Tapachula (CDH Fray Matías), quien señala que fue gracias a la labor concertada de las organizaciones vinculadas al tema migratorio que fue incorporado a la agenda de las organizaciones mexicanas de derechos humanos:

En un ámbito de incidencia mucho más amplio, desde hace algunos años, cinco quizá, tomamos la decisión de implicarnos en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos con la intención de hacer una labor previa de incidencia interna dentro de ese movimiento para consolidar la idea de que la cuestión de la migración en México es un tema medular a los derechos humanos. Cuestión que puede parecernos muy obvia, a ti y a mí, pero que no lo era tanto hace varios años, en el movimiento de derechos humanos en México. Estos eran una cosa y los problemas de los migrantes, otra. Entonces, te digo con satisfacción que el Fray Matías y otras organizaciones hicimos un trabajo muy fino de consolidar, en el imaginario de este movimiento, que la defensa de los derechos de los migrantes no es ni más ni menos importante que la de otros campos de lucha. (^{CDHFrayMa, 2019})

El testimonio apunta a la importancia del trabajo de incidencia no solo ante el Estado, sino en el campo de las organizaciones de la sociedad civil mexicana para comenzar a "desnacionalizar" las nociones históricas de ciudadanía, libertades y derechos humanos.

Expandir la acción local: retos y riesgos de una plataforma para articular territorios y luchas

Un momento importante en la trayectoria de Mesa Transfronteriza -y expresión local del auge político del fenómeno migratorio internacional- fue la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Guatemala-México (MODH) en noviembre de 2016, ya que permitió articular agentes sociales comprometidos con diferentes causas: defensa del territorio, acompañamiento a la población migrante, promoción de la justicia de género, y otras. También se buscaba otorgar una mayor visibilidad a la red y a las condiciones del activismo social transfronterizo caracterizado por situaciones de violencia, y reflejo de multifacéticas resistencias que día con día ocurren en estos territorios. La MODH permite ejemplificar retos, oportunidades y riesgos de los procesos planteados por Sidney Tarrow en términos de cambios de escala o expansión de la acción local.

La Misión pasó por dos momentos: una convocatoria inicial en las comunidades fronterizas (denominada preMODH) para elaborar -con la participación de representantes de movimientos sociales, organizaciones civiles y el apoyo de académicas y académicos- los diagnósticos locales, seguido por dos encuentros en Guatemala y Chiapas para integrarlos. Para el segundo momento se invitó a personalidades e instituciones de diferentes países a recorrer durante unos días la región transfronteriza, reunirse con representantes comunitarios de ambos lados de la frontera, encontrarse con periodistas y medios de comunicación para documentar la multidimensionalidad del territorio fronterizo en toda su complejidad: sin duda un espacio violento y escenario de violaciones a los derechos humanos, pero también conformado por circuitos e interacciones laborales, comerciales y familiares y un lugar histórico de estrategias locales de resistencia y protesta (^{Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, 2016}). Por esta vía, la Mesa consolidó su posición como red transfronteriza y regional, se proyectó como un referente para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y se vinculó con otras organizaciones y redes internacionales, como se puede observar en el balance realizado por Voces Mesoamericanas:

La Mesa Transfronteriza empieza a firmar cada vez más pronunciamientos nacionales e internacionales, inclusive propone pronunciamientos internacionales sobre militarización, por ejemplo. Entonces al mismo nivel, por ejemplo, yo te diría que el COMPA o que Red TDT.⁷ Ya son como tres redes que son referentes nacionales en materia migratoria y antes la Mesa tenía más un perfil "acá estamos en lo local, en lo interno, en lo comunitario" (^{Voces Mesoamericanas, 2018})

La entrevistada de la organización feminista Formación y Capacitación A.C. (FOCA) recupera otro resultado positivo: los aprendizajes en la coordinación y comunicación de campañas, que las organizaciones participantes adquirieron gracias a su labor en la MODH, produjeron prácticas de colaboración que a la vez facilitaron el acompañamiento y monitoreo colectivo en la coyuntura intensa de las caravanas durante 2018 y 2019:

Yo opino -y así se lo dije también a los compañeros de las organizaciones del monitoreo- que el trabajo de la Mesa Transfronteriza, previo a las primeras caravanas, y el trabajo particularmente de la Misión de Observación posibilitó esta articulación. Hasta sencillita nos pareció: "hay que ir ¿no?", [...], y vamos con gente y con recursos y nos organizamos. O sea, hay una base previa, organizativa, de muchos niveles, [...], que permiten monitoreos de derechos humanos sistemáticos, desde que esto empezó en octubre hasta ahora, con más y menos desgaste. (^{FOCA, 2019})

Se reconoce el desgaste como consecuencia de la participación en campañas y acciones concertadas, como la MODH o el acompañamiento de las caravanas. Se mencionan con especial atención las consecuencias críticas para la relación entre las organizaciones civiles profesionalizadas de derechos humanos y las organizaciones de base ancladas en el trabajo comunitario, territorial y transfronterizo. En el caso de la MODH, varias entrevistas mencionan las dificultades para traducir los resultados mediáticos de la Misión en estrategias de observación y comunicación comunitaria. Se señala, por ejemplo, que la instalación de un mecanismo de Monitoreo permanente de la Frontera Guatemala-México, como continuación de la Misión en el ámbito local ha dependido de la iniciativa de agentes con mayor infraestructura organizativa y expertice para asumir (al menos momentáneamente) la coordinación. La principal preocupación es evitar que los mecanismos de monitoreo se vean como imposiciones, y lograr su apropiación por parte de las organizaciones comunitarias como una nueva opción para visibilizar, incidir y cruzar datos que se pueden socializar en las reuniones y a través del trabajo de diversas comisiones (^{Voces Mesoamericanas, 2018}).⁸

Un representante del CDH Fray Matías explicita la preocupación respecto al peligro de distanciamiento entre organizaciones comunitarias y organizaciones civiles después del esfuerzo colectivo:

La Misión de Observación de Derechos Humanos fue un reto político, logístico y operativo impresionante, y movió muchísimo a la Mesa durante meses; fue un tremendo estrés. Claro, para cumplir con las expectativas, los equipos más técnicos que tenemos en el Fray Ma, en Voces, en ECAP⁹ pues tuvimos que asumir el ritmo de trabajo, y estuvo bien, elevó mucho el perfil político de la Mesa, nos puso muy en el mapa social de la región, aprendimos todos muchísimo, pero siento que buena parte de la Mesa no se apropió de ese proceso. Simplemente se tuvo que dejar llevar por el ritmo al que no podían seguir porque tienen otras cosas en su vida. Yo me dedico a esto diez horas diarias, pero una mujer campesina en La Democracia tiene otras chambas ¿no? Entonces, eso fue una debilidad muy fuerte o un error de concepto, de cómo manejamos eso. No es que nos arrepintamos, pero sí un reconocimiento de que, incluso, pudimos haber roto el espacio de la Mesa con esa presión a la que nos auto sometimos. Creo que ese punto nos incitó a cuidar más esas cosas, a ir todo lo despacio que haga falta. (^{CDHFrayMa, 2019})

Las entrevistas permiten observar que la expansión de la acción colectiva local a otros niveles puede traer beneficios para algunas organizaciones -como más proyección pública, acceso a contactos nacionales e internacionales-, pero también conlleva el riesgo de generar los desencuentros entre integrantes de la red descritos por el entrevistado del CDH Fray Matías, a raíz de lo que Lance ^{Bennet (2005)} plantea como "formas organizacionales enfrentadas" (clashing organizational forms). Sin embargo, esto no es únicamente un problema de formas diferenciadas de "hacer las cosas", sino apunta a una desigualdad en cuanto a las oportunidades de acceso a redes y tiempo para dedicarse al activismo social que depende de ciertas condiciones de posibilidad. Mientras la incorporación laboral a una organización civil permite convertir el compromiso ético y político en parte de la profesionalización, en las organizaciones comunitarias y de base las posibilidades de involucrarse dependen de la disponibilidad de tiempo, un recurso distribuido de manera desigual entre posiciones sociales, étnicas y de género (^{Poupeau, 2007}), como bien resalta el entrevistado del CDH Fray Matías.

El testimonio permite problematizar también las dinámicas de exclusión e inclusión señaladas por Chalmers, cuando define al régimen de participación en red como la forma predominante de procedimientos, normas y prácticas por medio de los cuales actualmente se vinculan organizaciones civiles con los debates políticos, los partidos y los procesos electorales. En esta forma de régimen de participación predominan lógicas fluidas en la emergencia de nuevas instituciones especializadas, que regulan los debates en áreas particulares de la política, mientras la profesionalización y la especialización temática se consideran requisitos relevantes para ser escuchadas en los debates públicos. En consecuencia, las oportunidades de inclusión dependen del acceso al conocimiento, a espacios y a redes con el prestigio para reconocer públicamente a los expertos y expertas. Chalmers enfatiza que "La reputación profesional influirá en cuáles partes interesadas escucharán los responsables de formular la política gubernamental y quienes lograrán acceder a los comités del Congreso o serán citados en la prensa (^{Chalmers, 2001: 83})." En este sentido, las organizaciones no gubernamentales -de antemano más conectadas y profesionalizadas- supieron aprovechar mejor los contactos y el prestigio generados, a partir de la Misión Observadora MODH de 2016, que las organizaciones de base y comunitarias.

El desarrollo y desenlace de esta Misión Observadora también permite ejemplificar las dinámicas de expansión y contracción de las redes transnacionales en función de los cambios en el entorno global. En el contexto transfronterizo y en las valoraciones de las organizaciones participantes de la Mesa Transfronteriza, la MODH 2016 reflejó las oportunidades para realizar campañas en una coyuntura que parecía favorable a la construcción de consensos nacionales y globales respecto a la inclusión del enfoque de derechos humanos en la gestión migratoria. Todo este proceso inició en la década de 1990 y llegó a un momento de cierre con la firma del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en 2018. Durante este periodo fue posible constatar, en la intensificación de la interacción entre gobierno y organizaciones civiles especializadas, una expansión de las prácticas, reglas y códigos del régimen abierto de participación en red al ámbito de la política migratoria, pero siempre condicionadas por las respuestas coyunturales del gobierno mexicano a acontecimientos de gran impacto público como en su momento las masacres de migrantes indocumentados en Tamaulipas o la presión estadounidense en materia migratoria.

En este sentido, la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha sido una excepción. A pesar de las expectativas que generó el compromiso inicial de sustituir el enfoque policial de la política migratoria por una visión basada en el respeto a los derechos humanos (^{OLPM, 2019}), en abril de 2019 las políticas de contención migratoria fueron retomadas, en respuesta a las amenazas de la administración de Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos si no se detenía el flujo migratorio. Suceso que evidencia la "migrantización" de la agenda bilateral, es decir, la subordinación de los asuntos estratégicos a los objetivos de la política migratoria estadounidense (^{Torre y Mariscal, 2020}; ^{OLPM, 2019}).¹⁰

En este contexto, la creación de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria en septiembre de 2019 presidida por el Secretario de Relaciones Exteriores solo confirma la inclusión de la política migratoria en la política exterior (^{Decreto, 2019}), mientras la regulación cotidiana de los flujos poblacionales sigue siendo objeto de seguridad pública. Y como el régimen de participación en materia migratoria no opera de manera independiente de los arreglos con el gobierno estadounidense, las redes de acción colectiva convocadas por las instancias gubernamentales para participar y/o legitimar los procesos de decisión también se ven afectadas y restringidas, como lo ejemplifica el siguiente relato:

Te pongo un ejemplo: por fin [en] este gobierno, con el que se nos ha hecho más difícil dialogar que con ninguno, está la Comisión Intersecretarial de Atención Migratoria [sic.] que coordina Cancillería -que ya sabemos que la política migratoria la dicta cancillería- entonces por fin se abre un espacio coyunturalmente con Biden ¿Por qué? Porque hay organizaciones que estamos muy vinculadas, que están haciendo incidencia en Washington y hablan con los asesores de Biden, ¿no? entonces, allí ya somos medio útiles al gobierno de México y nos invitan, y entonces nos dicen "Gretchen [Kuhner],¹¹ te invito" y Gretchen dice: "No soy yo, somos varias organizaciones". Estos ejercicios siempre los hacemos: "A ver, quién del sur, quién del norte, quién de no sé qué [y] por lo menos generar representatividad". (^{IMUMI, 2021}).

Los procesos reseñados hasta aquí indican la importancia de coyunturas políticas y de marcos legales para comprender adecuadamente cómo estas oportunidades coadyuvan a la emergencia, consolidación y reestructuración de redes de acción colectiva. La reticencia de gobiernos nacionales de poner en práctica los principios de derechos humanos acordados internacionalmente, la dispersión de las caravanas centroamericanas en la frontera sur y norte de México y el regreso a políticas de contención migratoria por parte de la administración de López Obrador, marcan el fin de un ciclo que, sin duda, tendrá impacto en cómo operarán las redes como la Mesa Transfronteriza en el futuro. Por esta razón, también es relevante identificar ciertas dinámicas internas de comunicación, coordinación y colaboración transfronteriza y su función en la definición de temas y objetivos de trabajo.

Prácticas de acompañamiento, coordinación y comunicación

Para realizar un análisis de la respuesta de formas locales de acción colectiva a cambios en los entornos sociales y políticos -sea para avanzar hacia una mayor articulación vertical u horizontal en redes nacionales, transfronterizas o transnacionales, o para reajustar las actividades a funciones específicas y espacios locales delimitados-, es necesario tomar en cuenta la colaboración de los agentes entre sí y los significados que estos atribuyen a dicha colaboración.

Para ubicar las dinámicas de construcción de sentido en un espacio transfronterizo, son importantes los planteamientos de Diane Davis sobre la relevancia de la ubicación geográfica de los agentes colectivos para la identificación de determinadas oportunidades de incidencia política, por ejemplo, la formación histórica de los Estados latinoamericanos es significativa debido a que la heterogénea presencia institucional y simbólica en el territorio condiciona la interacción con los movimientos sociales. Relacionándolo con nuestro caso empírico, según la entrevistada de FOCA, diferentes historias de relacionarse con agencias estatales en Guatemala o en Chiapas producen estrategias diferenciadas de incidencia política del lado guatemalteco o mexicano. De esta forma, la fundación de instituciones de participación ciudadana como consecuencia del proceso de paz permitió a varias contrapartes guatemaltecas "ocupar" estas instancias a nivel comunitario y municipal: "Otro de los retos son las realidades locales ¿no?, que pareciera que son muy compartidas y en efecto sí son muy compartidas, pero también se viven como particularidades específicas. Por ejemplo, los procesos articulados organizativo-políticos, [en] Guatemala; [...] [hay] una apuesta por estas estructuras estatales, que vienen después de la firma de los Acuerdos de la Paz y las propias comunidades están asumiendo, están empezando a entrar a tomar estos espacios, el cocode,¹² etcétera, como apuesta política clara (^{FOCA, 2019}). En cambio, organizaciones mexicanas como el FOCA, cuyo origen está ligado a la rebelión zapatista de 1994, mantienen una distancia respecto a las instancias de participación ciudadana institucionalizada: "lo que tenemos es este descreimiento absoluto, no le creemos a nadie, nos tendremos que organizar entre nosotras" (^{FOCA, 2019}).

Estas narraciones testimoniales apuntan también hacia la necesidad de destacar las "realidades locales compartidas", que, siguiendo a Davis, llevan a prestar una mayor atención a las relaciones que ciudadanos y ciudadanas construyen con espacios, sus lenguajes y distancias, por medio de los cuales, construyen su visión del Estado en sus prácticas políticas cotidianas (^{Davis, 1998: 114-117}), es decir, no es suficiente asumir analíticamente sólo la dicotomía exclusión vs. inclusión, sino reconocer las distancias geográficas, institucionales, sociales y simbólicas, así como las sensaciones subjetivas y colectivas de lejanía o cercanía respecto al Estado. Los grupos y organizaciones que conforman la Mesa Transfronteriza -a pesar de la dispersión geográfica, las particularidades locales y las demarcaciones jurídicas de la frontera- comparten un sentido de pertenencia a un territorio (transfronterizo), lo cual influye en la manera de construcción de las relaciones con los diferentes niveles de gobierno.

A partir de la comparación de las entrevistas fue posible identificar representaciones colectivas -o "teorizaciones" (^{Tarrow y McAdam, 2005: 121-122})- que han contribuido a la construcción de espacios de articulación. Hay una narrativa colectiva en torno a la experiencia de vivir en la frontera, la cual ayuda a conservar el consenso según el cual el trabajo con la migración, en sus diferentes formas, es distinto en la periferia a cómo podría percibir y planificarse en los centros de los respectivos Estados-nación. Gracias a este marco narrativo se ha ido consolidando una identidad transfronteriza local, la cual se entrelaza con otro discurso centrado en la persona migrante y que ha permitido articular la promoción del derecho a una migración segura.

Las diferentes representaciones de la persona migrante -como víctima de violaciones a los derechos humanos, como sujeto de derechos y como sujeto político con capacidad de agencia- funcionan como categorías que configuran estrategias comunicativas, jurídicas y políticas (^{Pirker, 2020}: 172-183). De igual manera, estas representaciones sostienen estilos organizacionales¹³ (^{Eliasoph y Lichterman, 2010}) que aspiran a la construcción de relaciones respetuosas y equitativas con las personas migrantes en busca de orientación o apoyo familiar o comunitario, además de que auxilian en la toma de distancia de las modalidades asistencialistas de ayuda humanitaria. Este principio del acompañamiento permite igualmente reconocer de manera pública la agencia, movilidad e iniciativa de las personas migrantes como impulso para la densificación de los mecanismos de coordinación entre organizaciones: "Nos conocemos muchas veces por las personas migrantes porque ellos transfieren experiencias y conocimientos de pasos, albergues, organizaciones de todo el país, entonces está ese vínculo" (^{IMUMI, 2021}). La relación directa con diversas poblaciones se construye en los procedimientos de orientación y atención humanitaria, en la asesoría, así como en la defensa jurídica; involucra a familiares en las comunidades de origen, sobre todo en los casos de búsqueda de migrantes desaparecidos o fallecidos. Las personas en situación de movilidad motivan de manera directa o indirectamente los intercambios cotidianos de información, que siguen las rutas de la movilidad internacional. Encontramos otro campo de acción en la interlocución e incidencia político-institucional con funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno o con representantes locales de organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Hay una aspiración educativa y transformadora de prácticas que se expresa en acciones para fortalecer capacidades de agencia de las personas migrantes por medio de la atención sicosocial en la asesoría individual o familiar, encuentros y talleres pero también en las acciones para combatir actitudes xenófobas y discriminatorias en instituciones y comunidades receptoras de migrantes. De esta forma, las mujeres tojolabales de la asociación Tzome-Izuk, que autogestionan un albergue para mujeres en el municipio Las Margaritas -que son parte de la red local conformada por líderes comunitarias y promotoras de salud ("Gestoras de Derechos")-, señalan que no son sólo las "autoridades" las que maltratan a las centroamericanas sino "toda una pandilla, toda una gente involucrada, todas esas personas que solo se dedican a robarles, a quitarles sus cosas a los migrantes, son gente también de la misma comunidad" (^{Tzome Izuk, 2019}).

Por su parte, la noción abstracta de trabajo en red se concreta, en las entrevistas, en descripciones de actividades cotidianas y sustantivas de las organizaciones: asistencia humanitaria, orientación de las personas migrantes respecto a sus derechos sobre rutas y riesgos, ubicación de albergues y organizaciones para obtener atención médica y apoyo jurídico. En resumen, las conexiones entre organizaciones son vitales para el flujo continuo de información, ya sea a trevés de jornadas de regulación de documentos migratorios, de acompañamientos en solicitudes de asilo, de obtención de documentos oficiales o hasta la búsqueda de personas desaparecidas.

Un ejemplo idóneo para visibilizar estas conexiones son las prácticas de la Asociación Pop No'j en Huehuetenango, ya que evidencia las alianzas transnacionales con organizaciones mexicanas y estadounidenses como recurso clave para poder cumplir con el rol de acompañante. Entre las diferentes líneas de trabajo de la asociación, el área de migración se centra en el apoyo a personas, familias y comunidades que emigran o retornan, por lo que el intercambio continuo de información a través de las rutas migratorias impulsa a participar en diferentes redes y plataformas de acción. Pop No'j también se dedica a acompañar a niños y niñas deportadas en su reinserción familiar y escolar, y orienta a jóvenes sobre las implicaciones, riesgos y costos de la migración. Asumiendo una posición pragmática sobre la imposibilidad de detener el flujo de población de la región mientras no se resuelven las múltiples causas que lo producen, ofrece igualmente información sobre diferentes rutas, albergues, organizaciones e instituciones en México. La organización apoya también a las familias, que buscan a sus seres queridos desaparecidos, tarea que implica activar los mecanismos de coordinación con organizaciones en Chiapas y en las rutas migratorias, como el CDH Fray Matías, Voces Mesoamericanas, la Fundación por la Democracia y la Justicia en la Ciudad de México¹⁴ u organizaciones en Estados Unidos. Al cuestionamiento de si la asociación atendía también a población guatemalteca en Chiapas, el representante de Pop No'j respondió:

Tal vez no directamente, coordinamos con los Servicios de Jesuitas en Comalapa, coordinamos con el Centro Fray Matías en Tapachula, con Voces Mesoamericanas, con estas tres organizaciones. También trabajamos con el Fray Matías la desaparición de migrantes que van a México y son de Guatemala, de Huehuetenango precisamente. [...] la familia viene aquí a nuestra oficina, documentamos el caso, necesitamos una foto de la persona desaparecida, su documento de identificación "¿Con quién se fue? ¿Con cuántas personas se fue? ¿Y utilizó algún coyote?" Ya con esta información y la documentación del caso referimos al Fray Matías para que puedan empezar con la búsqueda. [...] son ellos quienes se encargan de buscar a la persona en centros de detención, en hospitales, en cárceles, como organizaciones que trabajan con los derechos de los migrantes. Ya si no se encuentra en estos espacios, ya se procede con la investigación de campo, investigar en las fincas, en colonias, porque mucha gente de Guatemala no llega a trabajar en las fincas grandes, pero trabajan con los mexicanos en parcelas, en cafetales. (^{Pop No'j, 2019})

El ejemplo de Pop No'j subraya que la atención y el acompañamiento en casos específicos impulsa la expansión de la acción local a través de una articulación con organizaciones en Centroamérica, México y Estados Unidos, que comparten compromisos y sensibilidades. Son estas tareas, prácticas y rutinas de trabajo -identificar y seguir casos de violaciones a derechos humanos, canalizar personas a diferentes instituciones públicas u organizaciones, obtener información estratégica sobre países-, sobre las que operan los mecanismos de articulación de la acción colectiva transfronteriza que analizaré a continuación.

Sumar fuerzas y crear puentes: la articulación como proceso y práctica

Para Stuart Hall, la noción de articulación refiere a la conexión entre dos elementos distintos que producen una nueva unidad, siempre de carácter provisional, indeterminado y dinámico. Para el caso de las luchas políticas, esta noción permite pensar las alianzas como arreglos situados, momentáneos y, por ende, abiertos a la negociación (^{Hall, 1996} citado en ^{Featherstone, 2012: 61}). En las narrativas de las entrevistadas y los entrevistados, la articulación aparece frecuentemente ligada a la reconstrucción de procesos de incidencia política y social. Es también en estos ámbitos que se observan, con mayor claridad, los mecanismos señalados para la expansión de la movilización: coordinación, mediación y teorización (^{Tarrow y McAdam, 2005: 121-122}). Sin embargo, lo que Tarrow y McAdam describen como mecanismo claro y preciso, en los relatos aparece como un conjunto de interacciones, situaciones y procesos fluidos e indeterminados. Por esta razón, conviene pensar la articulación no como punto de llegada, sino un efecto momentáneo de continuos procesos de ensamblaje, (re)negociación y (re)significación de relaciones entre agentes, posiciones sociales y lugares (^{Featherstone, 2012: 61}). Las entrevistas remiten a acciones coordinadas, estructuradas y continuas en el territorio que trascienden las actividades rutinarias del intercambio de información, ya que buscan obtener resultados concretos en instancias gubernamentales, políticas públicas o con agentes particulares, por ejemplo, compromisos formales de asociaciones empresariales respecto a la contratación de personas migrantes.

Para que sea duradera, la articulación requiere representaciones, narrativas, espacios, rituales y agentes mediadores. En varios testimonios se hace referencia a la importancia de las reuniones bimestrales de la Mesa Transfronteriza, alternadas entre Guatemala y Chiapas, lo cual permite que los integrantes de la red crucen la frontera y algunas veces se desempeñen como anfitriones de un encuentro. Estas reuniones no cumplen solo con una función instrumental -intercambiar diagnósticos, transmitir conocimiento, programar actividades transfronterizas o dialogar con autoridades invitadas-, sino también apela a la afectividad y a rituales que crean y recrean periódicamente sentimientos de pertenencia e identificaciones colectivas. La documentación de estos encuentros a través de fotos, videos, pequeños relatos que se suben al sitio web y a las redes sociales de la Mesa Transfronteriza y de sus integrantes contribuye a construir una memoria institucional y una narrativa en torno a la red, y a proyectar la existencia del grupo en una lógica espaciotemporal transfronteriza más allá del momento inmediato del encuentro:

Aquí podemos empezar: media mañana, presentación, ceremonia, reflexión, después análisis de contexto. Entonces es asumir otros tiempos, otros ritmos, otras expresiones, otros lenguajes. Una persona se puede expresar en su propio idioma. Tenemos una espiritualidad compartida maya que es igualmente significativa para las organizaciones de Guatemala, México, indígenas o mestizas pero que al final nos significan. Siempre tenemos ceremonias. Tenemos pues un análisis de contexto mucho más intercultural. Y también algo muy importante es que la Mesa propone siempre acciones, siempre los encuentros de la Mesa a nivel operativo son jueves y viernes. La gente ya sabe jueves y viernes, eso no cambia, llegan el miércoles. Y el sábado se plantea siempre una acción pública, en la localidad en la que estemos, eso también es muy importante porque tiene que ver con que el espacio formativo se abre a la localidad en la que estemos, y esto tiene que ver con la tradición de las universidades populares, de la educación popular de salir a las calles con el análisis interno y no guardarnos. (^{Voces Mesoamericanas, 2018})

Para Voces Mesoamericanas, la articulación de luchas en Chiapas y a nivel regional, de género, tierra y territorio, antimilitarización y descolonización, siempre ha sido un compromiso organizacional por lo que su participación en la Mesa Transfronteriza se concreta también en la coordinación de talleres de capacidades y formación política (por ejemplo, escuelas de comunidades transfronterizas) para transmitir capacidades de documentación, conocimientos en política migratoria y otros temas clave que permiten comprender el contexto de la región. Para los integrantes de la Mesa Transfronteriza, "articulación" significa la aspiración de construir un sujeto colectivo a través de la conexión de subjetividades, temas, demandas.

En este sentido, el intercambio de experiencias entre organizaciones es clave en las dinámicas de la articulación transfronteriza ya que sienta las bases para la identificación de intereses convergentes, a pesar de estar separados por una frontera político-administrativa. Así lo explican también los representantes indígenas del Gobierno Ancestral de Huehuetenango, para quienes los encuentros regionales son una oportunidad de conocerse de intercambiar diagnósticos y experiencias organizativas:

Porque si los mexicanos pasan a Guatemala van a ir a hablar del gobierno, van a ir a decir sus [ sic.] derechos de la gente entonces no le gusta al gobierno de Guatemala. Igual el gobierno de México, tampoco no quiere que uno se meta para acá para estar aconsejando a la gente en contra del mal gobierno, como dicen. Por eso, menos nos quieren ver aquí, no nos dejan entrar. Ese es el problema que hay, que la línea fronteriza para nosotros es un problema grave, pero también no, pues estamos haciendo lo posible, la lucha, para terminar, terminar con los malos sistemas de gobierno. (^{Gobierno Ancestral, 2019})

Este testimonio indica una idea que atraviesa las entrevistas: la de "sumar fuerzas". Desde la perspectiva de las organizaciones de base, pertenecer a las redes sirve como respaldo y recurso en su interacción con funcionarios públicos locales. Por ejemplo, las mujeres tojo-labales de Tzome Ixuk señalan que las autoridades municipales empezaron a reconocerlas como interlocutoras gracias a los apoyos de las otras organizaciones:

Aquí el Ayuntamiento de Margaritas, cuando estamos hablando de esos años que iniciamos nosotras, nos mandó el ejército, nos mandó la policía, nos mandó los paramilitares, nos mandaron todo para investigar quién dirige esta organización. [...] Pero hoy que ya empezamos a sensibilizarlos a ellos también y que saben perfectamente que nosotros somos una organización sostenida por varias redes de organizaciones y por varias redes [a] nivel internacional, ellos comienzan a entender que es una red porque realmente somos una organización, ¡que no estamos jugando!, sino que somos una organización de palabra y que vamos a denunciar las cosas injustas acá. (^{Tzome Ixuk, 2019}).

En el equipo donde yo estoy, es donde desarrollamos la incidencia política, por lo que te cuento, que, por ejemplo, participamos en la Mesa Transfronteriza, porque es el equipo con el que nos articulamos con otras organizaciones acá en México, en Estados Unidos y en Centroamérica. Intentamos compartir un trabajo más o menos acotado en determinados temas y también hacer un trabajo directo con las instituciones, sobre todo con el gobierno federal de México. (^{CDH-FrayMa, 2019})

Esta cita ejemplifica que, desde la perspectiva de las organizaciones civiles profesionalizadas, "sumar fuerzas" significa también impulsar temas ante la opinión pública, las instancias gubernamentales y el Poder Legislativo. Por otra parte, ofrece acceso al territorio donde se concretan los diversos fenómenos migratorios y actúan las organizaciones comunitarias, lo que ayuda a recopilar datos e información directa que se requiere para comunicar, de manera creíble, hallazgos y demandas en el espacio público. La entrevistada del IMUMI describe la importancia que tiene para las organizaciones en la Ciudad de México recorrer periódicamente la frontera:

O sea, de entrada, son espacios muy interesantes donde todo está exponenciado [sic.], o sea los riesgos son más pero también hay expresiones allí, articuladas locales bien interesantes, se me hace que está mucho más fortalecido lo local en [las] fronteras que en otras partes del país. Por ejemplo, yo creo que, ante las mismas dinámicas y adversidades, los análisis que hacen, que comparten colegas tanto de frontera sur como norte siempre nos enriquecen y generalmente nos marcan pauta, entonces pues estar en vínculo con actores de fronteras para mí, para IMUMI es esencial, es necesario, es vital. (^{IMUMI, 2021})

En los espacios donde se disputa la relevancia de los problemas públicos, la confiabilidad de la información -basada en la experiencia y el testimonio directo- es importante y, por lo tanto, representar adecuadamente la proximidad y las vivencias directas con las situaciones y causas defendidas es de suma relevancia. El acceso a la información de primera mano transmitida por las contrapartes en otros países, por las personas atendidas, o gracias a la colaboración con activistas comunitarios, es crucial debido a que el manejo de estos datos primarios otorga un prestigio basado en la fiabilidad, actualidad y autenticidad de los diagnósticos. Es fuente de "reputación profesional" (^{Chalmers, 2001: 82}) para que las organizaciones incidan y hagan escuchar su voz en los debates públicos y ante instancias gubernamentales (^{FrayMa, 2019}). De esta manera, la información, los testimonios y los diagnósticos se convierten en herramientas y recursos estratégicos para la incidencia política de las organizaciones que se consideran "puentes", el término que ellas usan para describir la práctica de conectar a actores de diferentes ámbitos geográficos, países, instituciones y niveles de profesionalización para transferir contactos, conocimientos y habilidades dentro del campo de la defensa de los derechos humanos:

Hemos hecho mucha articulación [en] Latinoamérica creo que hemos aportado junto con otras colegas, por ejemplo en el caso de la Mesa, a que sea puente con otras redes no sólo a través de la Ciudad de México sino a través de redes que se están haciendo en Latinoamérica como el Bloque Latinoamericano sobre Migración para hacer análisis más continentales [...] o sea, cada vez los vínculos se estrechan más en la necesidad de tener intercambio de información, de generar puentes concretos para la atención de casos. (^{IMUMI, 2021}).

La función de puente permite asumir un rol de mediador y articulador de relaciones, lo cual parecería reforzar el peso de las organizaciones civiles profesionalizadas. Pero un hallazgo (hasta cierta punto inesperado) de esta investigación fue que las organizaciones comunitarias y de base, a su vez, participan de manera independiente en otras redes de acción colectiva, tanto nacionales como transnacionales, es decir, ejercen una agencia autónoma para articularse en función de sus propios intereses y objetivos, y de acuerdo a afinidades identitarias que la Mesa Transfronteriza cubre de manera parcial. Esto sucede, por ejemplo, con la afiliación paralela de las organizaciones de mujeres a sus propias redes regionales, como la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración o la Red de Gestoras de Derechos Humanos (^{FOCA, 2019}; ^{Tzome Ixuk, 2019}; ^{IMUMI, 2021}).

Existen, de igual manera, otros agentes mediadores, como las iglesias (especialmente la Iglesia católica)¹⁵ con redes transnacionales propias que históricamente han servido como infraestructura organizativa (^{Almeida, 2019}) a los procesos de movilización sociopolítica en México y Centroamérica. Las prácticas de articulación transfronteriza y regional de la iglesia católica son la base para la Red Jesuita con Migrantes (RJM), cuyas oficinas locales en Chiapas y Guatemala también forman parte de la Mesa Transfronteriza:

En los trabajos transfronterizos o biprovinciales está la experiencia en toda Latinoamérica de la Compañía de Jesús [...] ¿Cómo se concreta? Yo soy de la Provincia centroamericana trabajando acá y H. y P. son de la Provincia mexicana y formamos un equipo de trabajo [...] A veces se arman seminarios tratando el tema fronterizo, de la frontera sur, nosotros vamos a Guatemala o los de Guatemala vienen para acá [...] En cuanto a gestión y manejo de recursos, igual las dos provincias tienen que aportar para que haya un sostenimiento del proyecto. Eso sería en cuanto acciones a nivel institucional. Ya más a nivel de atención de las personas, pues los que atendemos son centroamericanos. Y con el componente comunitario es que atendemos también a los mexicanos. Por lo tanto, pues aquí se juntan las dos provincias, con las personas que acompañamos: centroamericanos acá, mexicanos y nosotros igual. [...] Cada provincia tiene un modo de trabajo distinto y lo que queremos hacer acá es hacer una fusión de esos modos de trabajar, de acompañar y de servir. (^{RJM, 2018})

Las fundaciones y otros agentes financiadores son también actores importantes en la conexión estratégica entre organizaciones, ya que brindan -vía programas de financia-miento- asesoría técnica y becas, oportunidades de conexión para organizaciones que de esta manera pueden consolidarse en el tiempo o cambiar su radio de acción de lo local a lo nacional y transnacional. Esto sucede porque sus apoyos institucionales facilitan la realización de encuentros, la capacitación técnica y la circulación regional de agentes locales (^{Walker, 2015}), pero también inciden vía sus programas en las orientaciones organizacionales a corto y mediano plazo (^{Walker, 2015}; ^{Incite!, 2007}).