Introducción
En la actualidad, la participación política engloba un creciente repertorio de prácticas que los individuos pueden desarrollar a través de distintos modos y espacios de acción. Si bien el debate tradicional alcanza significativos consensos al momento de conceptualizar la participación política, la llegada de la Internet introdujo la necesidad de revisar y ampliar las definiciones clásicas y plantear interrogantes relativas al estatus participativo de las conductas políticas desplegadas a través de la esfera online (Krueger, 2002; Vissers y Stolle, 2014a). La literatura centrada en la actividad política offline ha establecido una serie de criterios (tales como la vinculación con agrupaciones políticas, el tipo de orientación de las acciones, la legalidad, la relación con el proceso electoral o el carácter activo o pasivo de la actividad) para categorizar diferentes modos de participación política (Verba y Nie, 1972; Conway, 1991; Norris, 2004; Ekman y Amnå, 2012). En este contexto, se distinguen dos grandes modalidades de acción: los comportamientos convencionales y los actos de carácter extrainstitucional, no convencional o de protesta política (Somuano, 2005; Teorell, Torcal y Montero, 2007; Ekman y Amnå, 2012; DiGrazia, 2014). Paralelamente, durante las últimas décadas, nuevas investigaciones se han centrado en la actividad política efectuada por medio de la Internet y, más recientemente, de las redes sociales. Aunque esta corriente se ha preocupado principalmente por estudiar los efectos movilizadores de la esfera online sobre el comportamiento político individual y la relación entre activismo político online y su contraparte offline, ha sido menor la atención prestada a cuestiones como la identificación, conceptualización y medición de posibles dimensiones de la participación política online (Gibson y Cantijoch, 2013). No obstante, los hallazgos han demostrado que las actividades políticas tienden a agruparse en diferentes tipos de participación tanto en el plano offline como en el online (Sabucedo y Arce, 1991; Jankowski y Strate, 1995; Claggett y Pollock, 2006; Jensen, Danziger y Venkatesh, 2007; Wang, 2007; Saglie y Vabo, 2009; Hirzalla y Van Zoonen, 2011).
En términos metodológicos, resulta un desafío medir la participación política en sus respectivos modos de acción, a fin de extraer conclusiones más acertadas sobre sus patrones explicativos y las diferencias entre estos (Gibson y Cantijoch, 2013; Theocharis y Van Deth, 2018). Adicionalmente, el estudio de los rasgos distintivos de cada modalidad participativa se vuelve más relevante dado que las nuevas generaciones muestran marcadas preferencias hacia prácticas políticas de corte no convencional, individualizadas y vinculadas al entorno digital (Calenda y Meijer, 2009). De este modo, el presente trabajo evalúa la dimensionalidad del fenómeno de participación política mediante la formulación de un modelo factorial que contemple la integración entre dimensiones generales (offline/online) y modos de acción más específicos (subdimensiones), contribuyendo de esta manera a mejorar la comprensión sobre las conductas políticas individuales, sus interconexiones y particularidades.
De la acción offline al activismo online: Dimensiones generales de la participación política
La Internet origina un nuevo espacio a disposición de la ciudadanía para el despliegue de acciones políticas. Dicho espacio, además de permitir que muchas actividades offline puedan efectuarse de modo digital, también abre paso a un creciente repertorio de prácticas propias de la Internet y las redes sociales. Uno de los principales intereses de la literatura relativa a la acción política online ha sido evaluar la capacidad de la Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación para incrementar el grado de involucramiento de los ciudadanos en el proceso político. El debate académico resultante ha generado posturas que van desde el escepticismo hasta el optimismo: la primera perspectiva toma forma a través de los planteamientos slacktivistas y la tesis del reforzamiento. El enfoque del slacktivismo se caracteriza por cuestionar el estatus participativo de las conductas políticas digitales, llegando incluso a negarlo, y además propone que estos actos producen efectos democráticos negativos al desestimular la participación política en el mundo real (Morozov, 2009; Lee y Hsieh, 2013; Vissers y Stolle, 2014a). Por otro lado, la tesis del reforzamiento propone que, si bien las actividades online constituyen una forma de participación, no son capaces de incorporar a aquellas personas previamente marginadas de la vida política, reproduciendo las desigualdades políticas existentes previo al arribo de la Internet (Best y Krueger, 2005). De este modo, este nuevo repertorio de acción política, aunque provee ciertas facilidades, tiende a ser aprovechado en mayor medida por las mismas personas que pueden mantenerse políticamente activas en el plano offline gracias a sus ventajas socioeconómicas y actitudinales (DiMaggio y Hargittai, 2001; Xenos y Moy, 2007; Schlozman, Verba y Brady, 2010). En contraste, la tesis de la movilización, de carácter más optimista, sostiene que la Internet y las redes sociales reducen significativamente los costos de participación y generan condiciones favorables e incluso estimulantes para que los individuos habitualmente desconectados de la vida política en su dimensión offline puedan movilizarse políticamente a través de la esfera online (Ward, Gibson y Lusoli, 2003; Oser, Hooghe y Marien, 2013; Tang y Lee, 2013).
Si bien existen hallazgos a favor de la tesis del reforzamiento (Xenos y Moy, 2007; Schlozman, Verba y Brady, 2010), aquellos estudios enfocados en comparar los patrones de la participación online y offline tienden a reportar cambios en los predictores y la magnitud de las relaciones encontradas cuando se pasa de un tipo de participación a otro (De la Garza y Pineda, 2018; Krueger, 2002; Gibson, Lusoli y Ward, 2005; Winneg, 2009; Gil de Zúñiga, Veenstra, Vraga y Shah, 2010; Nam, 2012; Oser, Hooghe y Marien, 2013; Yoo y Gil de Zúñiga, 2014). Esto sugiere, en efecto, que la Internet propicia una nueva dimensión participativa que de modo general se distingue empíricamente de su contraparte offline, lo cual refuta aquellas posturas que sitúan el activismo digital en la categoría de participación extrainstitucional, al igual que ocurre con la protesta política (Stolle, Hooghe y Micheletti, 2005; Marien, Hooghe y Quintelier, 2010). Desde los trabajos iniciales en participación política se tiene claridad sobre el rol que la estructura de costos desempeña como elemento de diferenciación y agrupación de las actividades participativas. El modelo del voluntarismo cívico desarrollado por Verba, Schlozman y Brady (1995) toma en cuenta este elemento al plantear la disponibilidad de recursos como un determinante fundamental para el involucramiento individual en el proceso político. Los recursos, a su vez, constituyen la principal explicación para la distribución desigual de la participación política en una sociedad, siendo las personas con mayor educación e ingresos quienes tienden a hacer escuchar su voz con mayor frecuencia (Schlozman, Verba y Brady, 2010).
Aunque el activismo online opera como una alternativa frente a la participación convencional offline, especialmente entre las generaciones más jóvenes (De la Garza, Peña y Recuero, 2019), resulta impreciso incluirla en la misma categoría que las acciones offline de tipo protesta debido a su estructura de costos. Uno de los principales argumentos de la tesis de la movilización ha sido que los costos dejan de ser un problema para la participación política cuando ésta se desarrolla a través de Internet. Como señalan Best y Krueger (2005), los recursos tradicionales pierden relevancia para determinar si una persona se inserta o no en acciones políticas online. En este sentido, aspectos como el dinero, el tiempo e incluso las habilidades cívicas se requieren en menor medida en un entorno digital caracterizado por reducir drásticamente los costos de consumir información política, expresar opiniones, discutir con otros o mantener contacto con organizaciones políticas y movimientos sociales. Esto se pone de manifiesto en el caso de plataformas como Facebook, Twitter y Youtube que destacan por generar espacios fuertemente interconectados y con una elevada exposición incidental a la información circulante, reduciendo así las cuotas de esfuerzo y tiempo necesarias para actuar políticamente (Gil de Zúñiga y Valenzuela, 2011; Valeriani y Vaccari, 2016). Adicionalmente, las comunicaciones móviles a partir de aplicaciones y redes sociales posibilitan que los individuos se mantengan en capacidad de participar en acciones políticas online en todo momento (Campbell y Kwak, 2011). Según la tipología de costos propuesta por Hirzalla y Van Zoonen (2011) la participación política cuenta asimismo con costos de ajuste y cooperación, esto es, la necesidad de coincidir con los tiempos, lugares y preferencias de otros para poner en marcha acciones colectivas. Sin embargo, las acciones online se caracterizan por ser predominantemente individuales y efectuarse en cualquier momento y lugar, minimizando los costos de ajuste y cooperación.
En relación con los costos monetarios, Carlisle y Patton (2013) plantean que la Internet no sólo facilita el consumo de información sino también reduce el costo de aquellas actividades offline que pueden efectuarse en modalidad online. Tal es el caso de donar dinero o firmar peticiones, que originalmente son actos offline pero resultan menos costosos si se efectúan de modo digital. La investigación realizada por Anduiza, Gallego y Cantijoch (2010) sugiere que los recursos monetarios son importantes para determinar el acceso a la Internet, pero una vez que ese acceso se logra, los ingresos dejan de explicar las variaciones individuales en términos de participación online. En contraste, un factor como las habilidades digitales adquiere centralidad explicativa, ya que constituye un recurso cada vez mejor distribuido entre la población a medida de que la penetración de la Internet avanza alrededor del mundo (Krueger, 2002). Cabe agregar que los entornos amigables generados por las redes sociales exigen menores habilidades digitales para hacer uso de su repertorio de herramientas y aplicaciones de modo político. En este sentido, los hallazgos que apoyan la tesis de la movilización muestran que el activismo político online puede adoptar niveles similares tanto en los estratos socioeconómicos bajos como en sectores más privilegiados (De Marco y Morales, 2012; Nam, 2012; Carlisle y Patton, 2013; Yoo y Gil de Zúñiga, 2014; Vaccari et al., 2015). De este modo, las barreras impuestas por la disponibilidad de recursos materiales tienden a disiparse cuando las prácticas políticas se despliegan mediante canales online. En consecuencia, los cambios generales que experimenta la estructura de costos de las conductas participativas online permiten suponer que la participación política se comporta en primera instancia como un constructo bidimensional integrado por dos grandes espacios de acción política: el mundo real y el ámbito digital. Esta hipótesis es compatible con los patrones hallados por las investigaciones que han diferenciado los predictores de las actividades participativas offline y online. Esta postura se opone a aquellos planteamientos que niegan la distinción entre lo digital y lo offline, y que, por tanto, conciben a la participación política como un fenómeno unidimensional (Milošević-Đorđević y Žeželj, 2017).
Resta señalar que concebir a las acciones digitales como una nueva dimensión de la participación política gestada por surgimiento de la Internet no hace menos cierto que el activismo offline pueda correlacionarse en mayor o menor medida con su contraparte online según las actividades específicas analizadas. A nivel conceptual, las hipótesis de la reciprocidad (reciprocity), el desbordamiento (spillover) o la puerta de acceso (gateway) han tratado de responder a la interrogante sobre la relación causal entre la participación online y offline (Kim, Russo y Amnå, 2017). Al respecto, recientes investigaciones a partir de información longitudinal ponen en evidencia que el activismo digital conduce a la participación offline, coincidiendo con la hipótesis gateway (Shah, Cho, Eveland y Kwak, 2005; Gil de Zúñiga, Molyneux y Zheng, 2014; Kim, Russo y Amnå, 2017). A pesar de esto, los resultados de otros estudios se han alineado con la tesis de la reciprocidad, encontrándose también efectos del activismo offline sobre la adopción de conductas políticas digitales, lo que apoya la hipótesis spillover (Vissers y Stolle, 2014b; Kim, Russo y Amnå, 2017), fenómeno que también ha podido evidenciarse en estudios localizados en el contexto latinoamericano (Rodríguez-Estrada, Muñiz y Echeverría, 2020a, 2020b).
Por lo tanto, independientemente de la orientación causal con la que se relacionan estas formas de activismo, es posible plantear que, en términos generales, las acciones políticas on-line y offline operan como grandes dimensiones correlacionadas de la participación política.
Hipótesis 1. La participación política está compuesta por dos dimensiones generales: la participación offline y online
Participación política offline: Modalidad convencional y actividades de protesta política
Previo al surgimiento de la Internet, la investigación sobre participación política logró avances y consensos en torno a las modalidades que integran el repertorio participativo offline. Entre los avances teóricos iniciales destaca la identificación de un conjunto de actividades participativas que van más allá del voto y las prácticas netamente electorales (Verba y Nie, 1972; Verba, Nie y Kim, 1987; Jankowski y Strate, 1995). Posteriormente, se logró un consenso al diferenciar entre la modalidad convencional de participación política y un conjunto de actividades de carácter extrainstitucional que también pueden formar parte de los repertorios participativos de la ciudadanía (Gibson y Cantijoch, 2013). Según la definición clásica elaborada por Verba y Nie (1972), la participación política engloba “aquellas actividades realizadas por los ciudadanos que están más o menos directamente dirigidas a influir en la selección del personal gubernamental y/o las acciones que toman” (Verba y Nie, 1972: 2). Dicha conceptualización guarda compatibilidad con acciones políticas de corte no convencional o de protesta en lo que respecta a su naturaleza instrumental, implicando la puesta en marcha de acciones concretas con el objetivo de impactar en el proceso político. No ocurre lo mismo con aquellas formas de involucramiento político catalogadas como pasivas, tales como la expresión de opiniones o el mantenerse informado sobre cuestiones políticas (Conway, 1991; Van Deth, 2014).
La modalidad convencional se refiere a los actos participativos efectuados mediante los mecanismos institucionales establecidos. Pese a su relativa heterogeneidad, las definiciones disponibles convergen al resaltar que la participación convencional es aquella que opera por medio de los canales representativos y procedimientos democráticos que el sistema político proporciona a la ciudadanía (Barnes y Kaase, 1979; Sabucedo y Arce, 1991; Marien, Hooghe y Quintelier, 2010; Theocharis y Van Deth, 2018). Según Ekman y Amnå (2012), las conductas convencionales se sitúan en la categoría de participación parlamentaria en un contexto de democracia representativa. Desde esta perspectiva, la participación convencional abarca aquellos actos individuales relacionados con el proceso electoral y el desenvolvimiento de los partidos políticos, la intervención en referendos y peticiones ciudadanas o las actividades orientadas a contactar con representantes políticos con el objetivo de influir en sus decisiones. En este punto, se incluyen comportamientos como contactar o aparecer en los medios de comunicación tradicionales para expresar demandas y puntos de vista relacionados con el accionar del sistema político y el gobierno (Somuano, 2005). El involucramiento en marchas y movilizaciones colectivas puede formar parte del repertorio participativo convencional siempre que éstas tengan un carácter legal y pacífico, dado que dichas actividades poseen una naturaleza predominantemente expresiva (Dalton, Van Sickle y Weldon, 2010) y se encuentran asociadas a iniciativas de movimientos sociales y agrupaciones políticas formales (Norris, Walgrave y Van Aelst, 2005; Hirzalla y Van Zoonen, 2011).
Por el contrario, las acciones de protesta política (no convencionales, extrainstitucionales) se distinguen por tomar distancia de los canales participativos institucionales y los actores políticos tradicionales, buscando impactar directa e indirectamente en el accionar de funcionarios públicos y representantes políticos (Marien, Hooghe y Quintelier, 2010; Ekman y Amnå, 2012). Entre las características que con frecuencia se atribuyen a la protesta política se encuentra la inconformidad en torno a problemáticas sociales específicas o el accionar gubernamental (Dalton, Van Sickle y Weldon, 2010), su naturaleza desafiante con respecto a las élites y el sistema político (Valenzuela, 2013), así como la desconfianza en el gobierno y la efectividad de los mecanismos formales de participación (Craig y Maggiotto, 1982). De igual manera, el factor organizacional adquiere una relevancia central en las actividades de protesta debido a su naturaleza predominantemente colectiva (Theocharis, Lowe, Van Deth y García-Albacete, 2015). Diversos estudios han propuesto categorizar los actos de protesta; en esta línea, Dubrow, Slomczynski y Tomescu-Dubrow (2008) diferencian entre formas blandas (soft) y duras (hard) de protesta política. Para ello se establecen los siguientes criterios: duración de la acción, legalidad y potencial de violencia. Complementariamente, DiGrazia (2014) distingue entre protesta convencional y protesta no convencional en función de la legitimidad y el riesgo asociado con cada acto. Somuano Ventura (2005), en el contexto mexicano, ubica a las actividades de protesta en un continuo que varía desde lo legal, lo semilegal hasta lo ilegal y violento. Sin embargo, en términos generales, la literatura coincide al ubicar en la categoría de protesta política a conductas como participar en huelgas, protestas o manifestaciones colectivas no autorizadas, rehusar pagar impuestos, bloquear el tráfico u ocupar edificios públicos, ejercer boicot económico a través del consumo de productos específicos, etc. (Somuano, 2005; Stolle, Hooghe y Micheletti, 2005; Ekman y Amnå, 2012; Van Deth, 2014).
Dejando de lado las diferencias sustanciales a nivel de costos entre la dimensión participativa offline y online, es posible afirmar que la estructura de costos también desempeña un papel importante a la hora de distinguir entre la modalidad convencional y protesta del activismo offline. Al contrario de la participación convencional, las acciones de protesta conllevan riesgos cuya magnitud se asocia con el grado de alejamiento de los límites legales establecidos y la posibilidad de desenlaces violentos. El riesgo de represión y sanciones legales hace que ciertas personas presenten menor disposición para incurrir en actos de protesta, ya sea por temor a perder el trabajo -en empleados- o a la privación de la libertad -para personas con responsabilidades familiares (Opp y Roehl, 1990; Schussman y Soule, 2005)-. Una situación similar ocurre con el riesgo de formar parte de hechos violentos en relación con la intensidad represiva de las autoridades gubernamentales (Muller y Weede, 1990). En consecuencia, los riesgos descritos elevan el costo relativo de participar en actividades de protesta en comparación con las alternativas de tipo convencional. Partiendo de la argumentación expuesta, se hipotetiza que la participación política offline está compuesta por dos modos de acción: convencional y protesta. Cabe destacar, también, que dicha hipótesis se plantea con un propósito confirmatorio, pues si bien existe un amplio consenso teórico y empírico al respecto, este tema ha recibido poca exploración empírica en el contexto ecuatoriano.
Hipótesis 2. La participación política offline se descompone principalmente en dos modos de acción: convencional y protesta
Participación política online, ¿un fenómeno multidimensional?
La literatura sobre participación política digital se ha centrado en responder interrogantes en torno al efecto movilizador de la Internet y las redes sociales, así como en evaluar las relaciones causales entre activismo online y offline. Por otro lado, las cuestiones relativas a las dimensiones o modos que integran la participación digital han sido puestas en segundo plano. Esto se evidencia en el uso recurrente de un único índice integrado por varias actividades para medir la participación online (Krueger, 2002; Best y Krueger, 2005; Calenda y Meijer, 2009; Gil de Zúñiga, Veenstra, Vraga y Shah, 2010; Borge, Cardenal y Malpica, 2012; Nam, 2012; Park y Karan, 2014; Yoo y Gil de Zúñiga, 2014, Kim, Russo y Amnå, 2017; Zumárraga, Reyes y Carofilis, 2017). No obstante, existen estudios empíricos que han encontrado más de una dimensión subyacente al conjunto de comportamientos políticos analizados. Por ejemplo, Gibson y Cantijoch (2013) encontraron cuatro dimensiones asociadas con la participación online: acciones de tipo informacional (e-news), expresivas (e-expressive), relacionadas con agrupaciones políticas (e-party) y centradas en causas sociales específicas (e-targeted). Wang (2007) identifica dos modalidades de participación digital: expresiva e informacional. Saglie y Vabo (2009) hallaron una estructura bidimensional compuesta por la búsqueda de información política y el contacto con funcionarios públicos u otros ciudadanos para tratar cuestiones de interés colectivo. La investigación generada por la corriente de comunicación política tiende a clasificar a priori las conductas políticas online en tres tipos generales: consumo de información política, expresión de opiniones y discusión política interpersonal (Cho et al., 2009; Gil de Zúñiga, Molyneux y Zheng, 2014). Por su parte, Conroy, Feezell y Guerrero (2012) han abordado la función de contacto, pertenencia y seguimiento a grupos políticos a través de Facebook. Al respecto, un conjunto de estudios se ha enfocado en el uso político de redes sociales como un modo más específico de participación online (Baumgartner y Morris, 2010; Carlisle y Patton, 2013; Bode, Vraga, Borah y Shah, 2014; Yang y DeHart, 2016).
Paralelamente, se han planteado interrogantes alrededor del estatus participativo de conductas online que tradicionalmente se han clasificado como formas pasivas de involucramiento político previo al arribo de la Internet. Tal es el caso de la búsqueda de información, el consumo de noticias políticas o de interés público o la discusión con otros sobre política. En respuesta, Krueger (2002) propone emplear una conceptualización que incorpore las formas pasivas de participación política, especialmente al abordar su dimensión digital. Gibson y Cantijoch (2013) sugieren que la discusión y la expresión política se convierten en formas de participación cuando ocurren en la Internet, dado que adquieren una naturaleza más activa, colectiva e influyente. Dicho aspecto se potencia con las redes sociales dadas sus características de alta interconexión y dotación de audiencias permanentes (Gil de Zúñiga, Molyneux y Zheng, 2014). Al mismo tiempo, los sitios de la web 2.0 favorecen un consumo más activo de contenidos e información política, creando condiciones para que esta actividad se complemente casi automáticamente con la expresión de opiniones y la discusión interpersonal (Moeller, De Vreese, Esser y Kunz, 2014). Por ejemplo, al compartirse noticias sobre política o asuntos de interés público en redes sociales es habitual que los usuarios adjunten sus propias opiniones, lo cual tiende a acompañarse de respuestas del resto de usuarios vía comentarios, facilitándose además posteriores discusiones. La Internet también permite que varias acciones definidas como participación política en el plano offline puedan desplegarse de manera digital. Así, actividades tales como contactar a funcionarios públicos y representantes políticos, trabajar para partidos y agrupaciones políticas, la recolección y donación de dinero, la firma de peticiones o tomar parte en foros políticos cuentan con sus respectivas versiones online. Se incluye en este punto el consumo de noticias a través de los portales electrónicos de los medios de comunicación tradicionales. Conjuntamente, se incluyen conductas políticas propiamente digitales como escribir blogs, visitar páginas web, consumir contenidos vía YouTube o el uso político de redes sociales en general.
Como se establece inicialmente, la Internet y las redes sociales reducen sustancialmente los costos de participar políticamente en comparación con la dimensión offline. No obstante, la estructura de costos de las conductas políticas digitales dista mucho de ser homogénea. Aunque los recursos tradicionales pierden poder explicativo, aspectos como las habilidades digitales y los recursos cognitivos se transforman en predictores clave para la participación online (DiMaggio y Hargittai, 2001; Best y Krueger, 2005; Oser, Hooghe y Marien, 2013). Hirzalla y Van Zoonen (2010) señalan que incluso cuando se comparan dos actividades poco demandantes en términos materiales, sus costos pueden variar en función del consumo de las reservas internas de ideas, energía y creatividad del individuo. De ahí que escribir un blog sobre cuestiones políticas demanda mayor cantidad de tiempo y esfuerzos cognitivos que mirar un video en YouTube o revisar noticias en los sitios web de los medios tradicionales. Igualmente, escribir un correo electrónico a una autoridad pública exigiría mayores esfuerzos de composición que publicar comentarios en redes sociales. Otras investigaciones han reportado efectos y predictores diferenciados al abordar distintas conductas políticas digitales de manera desagregada (Winneg, 2009; Carlisle y Patton, 2013; Vaccari et al., 2015). Por ejemplo, Anduiza, Gallego y Cantijoch (2010) encuentran diferencias en los predictores de tres actividades políticas online específicas: contactar con funcionarios públicos, donar dinero y firmar peticiones, estableciendo que cada actividad política digital presenta particularidades respecto a los recursos necesarios para su realización. Esto sugiere que la estructura de costos podría operar como un elemento de agrupación entre actos participativos digitales. En esta línea, Vaccari et al. (2015) plantean una distinción general entre conductas políticas online más y menos costosas, caracterizando a las actividades de bajo costo por requerir menor compromiso por parte del usuario y no buscar influir en las decisiones de gobernantes o actores políticos directa o indirectamente (p. ej., adquirir información política, discutir sobre política con otros, expresar opiniones, entre otras), al contrario de lo que sucede con las acciones de mayor costo (p. ej., contactar políticos vía e-mail, hacer campaña por candidatos o partidos políticas mediante la Internet, entre otras).
Por lo tanto, acciones como donar o recolectar dinero para apoyar iniciativas políticas o campañas electorales, trabajar para candidatos u organizaciones políticas, firmar o recolectar firmas para peticiones políticas o participar activamente en foros de discusión presentan una dificultad relativamente mayor, razón por la cual formarían parte de un modo de participación online de alto costo (hard). Por otra parte, aquellas conductas de corte informacional y expresivo resultan menos complicados al compararse con el primer grupo, conformando una modalidad de bajo costo (soft).1 Si bien la literatura reciente no ofrece un consenso sobre las dimensiones que conforman la participación política online, el presente trabajo se propone contribuir a este debate mediante la evaluación de la estructura de costos como un criterio potencial para la formación de modos generales de activismo digital. El enfoque de recursos resulta pertinente dada la inviabilidad de clasificar los comportamientos políticos digitales a partir de criterios de legitimidad y legalidad, como ocurre en el plano offline al distinguir entre actividades convencionales y extrainstitucionales2 (Oñate, 2005) o mediante categorizaciones precisas del activismo online en función de su impacto político, pues tanto los repertorios digitales como la receptividad de los gobiernos hacia estas formas de participación política se encuentran aún en etapas evolutivas tempranas. En consecuencia, una tipología hipotética basada en un criterio objetivo como el costo de las acciones políticas que se desarrollan por medio de la Internet y, por ende, cuán demandantes resultan según los recursos requeridos para ejecutarlas (esfuerzo, tiempo, creatividad, habilidades, etc.) resulta bastante razonable.
Hipótesis 3. La participación política online se descompone en un modo de acción de alto costo (hard) y otro de bajo costo (soft)
Metodología
Datos y muestra
Esta investigación empleó datos de la Encuesta General de Opinión y Participación Política desarrollada por el Grupo de Investigaciones Psicosociales (GIPS) de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS). Dicha encuesta contó con la participación voluntaria de 1 136 personas mayores de 18 años del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Ecuador. La muestra estuvo compuesta por 602 mujeres (53 %) y 534 hombres (47 %) y la media de edad fue de 34.3 años (DT = 14.7). El ingreso familiar mensual se registró por medio de intervalos de valor que varían desde “375 USD o menos” (14 %) hasta “2625 USD o más” (5 %); para esta variable, la moda se situó en el segmento de “750 a 1124 USD” (29 %). El 1% de los participantes no cuenta con instrucción formal, 4 % posee educación primaria, 8 % educación cuenta con secundaria, 45 % tiene bachillerato, 41 % ha cursado estudios universitarios y 1 % reporta formación de posgrado. El proceso de recolección de datos se efectuó con la ayuda de estudiantes universitarios. La aplicación de encuestas tuvo lugar durante las semanas previas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas del 2017. Previamente, los estudiantes fueron debidamente instruidos en los siguientes aspectos: técnicas de encuestado, socialización de términos de confidencialidad y difusión de los objetivos de la investigación. Se establecieron cuotas de género y edad con el propósito de que la muestra mantuviera representatividad sociodemográfica de la población del DMQ. Los participantes fueron identificados mediante claves numéricas, lo que posibilitó el anonimato en el tratamiento y uso de los datos.
Instrumentos
Participación Política Offline Convencional: Se evaluó a través de una escala formada por 6 ítems correspondientes a actividades políticas de tipo convencional que la ciudadanía puede realizar en el mundo real. Las actividades consideradas fueron: firmar peticiones escritas con el objetivo de influir en la política (Peticiones Políticas Escritas); asistir a marchas, manifestaciones y movilizaciones colectivas legales y pacíficas (Movilizaciones Convencionales); asistir a una reunión o debate político (Debates Políticos); contactar o intentar ponerse en contacto con un político o un funcionario público para expresar sus puntos de vista, sea personalmente o vía carta escrita (Contacto Offline con Agentes Políticos); donar dinero o recolectar fondos para alguna actividad social o política (Apoyo Financiero Offline), y contactar o aparecer en los medios de comunicación para expresar puntos de vista (Expresión en Medios Tradicionales). En cada actividad se midió el grado de involucramiento de los participantes a través de una escala de valoración de cinco puntos integrada por las siguientes opciones de respuesta: 1 (Nunca lo he hecho y nunca lo haría bajo ninguna circunstancia), 2 (No lo he hecho, pero podría hacerlo), 3 (Lo he hecho una o muy pocas veces), 4 (Lo he hecho algunas veces) y 5 (Lo he hecho muchas veces). Los reactivos empleados para medir la participación offline convencional se formularon tomando como referencia los trabajos de Dalton, Van Sickle y Weldon (2010), Ekman y Amnå (2012), Sabucedo y Arce (1991) y Somuano Ventura (2005).
Participación Política Offline Protesta: Para su medición se utilizó una escala compuesta por seis ítems relacionados con actividades políticas de tipo protesta que pueden llevarse a cabo fuera de la Internet. Las actividades contempladas fueron: participar en huelgas o manifestaciones no autorizadas (Movilizaciones No Autorizadas); rehusar pagar impuestos (Rehusar Pagar Impuestos); bloquear el tráfico (Bloqueo Tráfico); participar en ocupación de edificios públicos (Ocupación de Edificios); tomar parte en protestas colectivas (Protestas Colectivas), y boicotear o deliberadamente comprar ciertos productos por razones éticas, ambientales o económicas (Boicot Económico). El nivel de implicación de los participantes en cada una de estas actividades se midió a partir de una escala de valoración de 5 puntos que va desde 1 (Nunca lo he hecho y nunca lo haría bajo ninguna circunstancia) hasta 5 (Lo he hecho muchas veces). La construcción de esta escala se basó en los aportes de DiGrazia (2014), Oñate (2005), Stolle, Hooghe y Micheletti (2005) y Somuano Ventura (2005).
Participación Política Online de Bajo Costo: Se evaluó por medio de una escala integrada por 6 ítems correspondientes a conductas políticas que pueden adoptarse a través de la Internet y se caracterizan por demandar una inversión relativamente baja de recursos y esfuerzo para su ejecución. Las actividades consideradas fueron: visitar páginas web relacionadas con las campañas presidenciales, candidatos o partidos políticos (Páginas Web Políticas); ver videos en sitios como YouTube sobre organizaciones políticas, candidatos o campañas presidenciales (Consumo Político de YouTube); leer o publicar comentarios en blogs o páginas web relacionadas con la política o las campañas electorales (Comentarios Políticos Online); enviar o reenviar correos electrónicos, audios o videos acerca de cuestiones políticas, los candidatos o las campañas presidenciales a amigos, familiares, compañeros de trabajo u otras personas que conozca (Uso Político Informacional); discutir con otros sobre política en la Internet (Discusión Política Online), y leer noticias de carácter político o relacionadas con las elecciones en los sitios web de los diarios o canales televisivos tradicionales (Consumo de Medios Tradicionales Online). El grado de involucramiento de los participantes en cada conducta política se midió a través de una escala de valoración de 5 puntos que va desde 1 (Nunca lo he hecho y nunca lo haría bajo ninguna circunstancia) hasta 5 (Lo he hecho muchas veces).
Participación Política Online de Alto Costo: Para su medición se formuló una escala compuesta por seis ítems relacionados con conductas políticas que pueden adoptarse en la esfera digital con la particularidad de que su ejecución demanda una inversión relativamente alta de recursos y esfuerzo. Las actividades contempladas fueron: tomar parte en foros en la Internet para discutir asuntos políticos o sociales relacionados con las elecciones o proyectos políticos (Foros Políticos Online); hacer trabajos utilizando herramientas y aplicaciones de la Internet para promover un candidato, partido político o campaña presidencial (Trabajos Políticos Online ); recolectar o contribuir con dinero a organizaciones políticas, candidatos o campañas presidenciales mediante la Internet (Apoyo Financiero Online); firmar o recolectar firmas para una petición o propuesta a través de la Internet, con el objetivo de influir en la política (Peticiones Políticas Online); contactar a algún político o funcionario público a través de la Internet (Contacto Online con Agentes Políticos) y escribir un blog sobre temas políticos, los candidatos o las elecciones presidenciales (Blogs Políticos). El nivel de participación en cada una de estas actividades se midió mediante una escala de valoración de cinco puntos que va desde 1 (Nunca lo he hecho y nunca lo haría bajo ninguna circunstancia) hasta 5 (Lo he hecho muchas veces).
Los indicadores utilizados para la medición de la participación política online de bajo y alto costo se seleccionaron tomando como referencia los trabajos de Anduiza, Cantijoch, Gallego y Salcedo (2010), Borge, Cardenal y Malpica (2012), Gibson y Cantijoch (2013), Krueger (2002), Gil de Zúñiga, Veenstra, Vraga y Shah (2010) y Vaccari et al. (2015).
Resultados
La Tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos de las actividades y conductas que integran el repertorio de participación política. El porcentaje de participación indica los participantes que han realizado al menos una vez cada una de las actividades; en el caso de la participación política offline, se presenta un involucramiento más intenso en aquellas actividades de tipo convencional (39.96 %). Por otra parte, el activismo político digital se canaliza mayormente a través de actividades que demandan un menor costo de recursos y esfuerzo (77.02 %). Tanto las actividades offline de tipo protesta (21.48 %) como el activismo online de alto costo (25.70 %) reportan un menor grado de implicación. En relación a las actividades offline que poseen un equivalente online, resalta la preferencia que se mantiene por modalidades tradicionales, como la versión escrita de peticiones políticas (13.47 %), el contacto presencial o vía carta escrita con políticos o funcionarios públicos (10.74 %) y la donación-recolección de dinero a través de mecanismos offline (9.60 %).
Actividades de Participación Política | Media | Desviación Típica | % de Participación |
---|---|---|---|
PARTICIPACIÓN POLÍTICA OFFLINE CONVENCIONAL | 1.59 | 0.60 | 39.96 |
Peticiones Políticas Escritas | 1.53 | 0.82 | 13.47 |
Movilizaciones Convencionales | 1.80 | 0.98 | 21.21 |
Debates Políticos | 1.74 | 0.86 | 16.20 |
Contacto Offline con Agentes Políticos | 1.59 | 0.79 | 10.74 |
Apoyo Financiero Offline | 1.41 | 0.75 | 9.60 |
Expresión en Medios Tradicionales | 1.44 | 0.68 | 6.25 |
PARTICIPACIÓN POLÍTICA OFFLINE PROTESTA | 1.34 | 0.53 | 21.48 |
Movilizaciones No Autorizadas | 1.41 | 0.76 | 9.60 |
Rehusar Pagar Impuestos | 1.26 | 0.63 | 4.49 |
Bloque Tráfico | 1.24 | 0.61 | 4.84 |
Ocupación de Edificios | 1.26 | 0.58 | 3.96 |
Protestas Colectivas | 1.45 | 0.78 | 9.86 |
Boicot Económico | 1.42 | 0.82 | 11.18 |
PARTICIPACIÓN POLÍTICA ONLINE DE BAJO COSTO | 2.34 | 0.91 | 77.02 |
Páginas Web Políticas | 2.40 | 1.15 | 43.05 |
Consumo Político en YouTube | 2.33 | 1.15 | 41.73 |
Comentarios Políticos Online | 2.14 | 1.19 | 33.36 |
Uso Político Informacional | 1.99 | 1.14 | 28.87 |
Discusión Política Online | 1.99 | 1,14 | 29.93 |
Consumo de Medios Tradicionales Online | 2.85 | 1.33 | 59.42 |
PARTICIPACIÓN POLÍTICA ONLINE DE ALTO COSTO | 1.45 | 0.62 | 25.70 |
Foros Políticos Online | 1.61 | 0.85 | 12.94 |
Trabajos Políticos Online | 1.49 | 0.79 | 9.86 |
Apoyo Financiero Online | 1.32 | 0.73 | 7.22 |
Peticiones Políticas Online | 1.45 | 0.81 | 10.74 |
Contacto Online con Agentes Políticos | 1.43 | 0.73 | 7.92 |
Blogs Políticos | 1.40 | 0.73 | 7.39 |
Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados por el GIPS-UPS, Quito, Ecuador.
Mientras tanto, la Tabla 2 contiene las correlaciones entre las actividades y conductas del repertorio de participación política examinado. Los resultados muestran que todas las actividades se encuentran intercorrelacionadas. No obstante, es posible identificar que las correlaciones tienden a reforzarse cuando se trata de actividades del mismo tipo: tal es el caso de las actividades de tipo offline protesta u offline convencional. Por el contrario, las correlaciones tienden a debilitarse cuando se evalúan actividades que pertenecen a tipos distintos de participación política, como las conductas políticas online de bajo costo en relación con aquellas de alto costo. Estos patrones de asociación resultan compatibles con las hipótesis de investigación planteadas, pues partiendo de la diferencia entre activismo político online y offline, se propone la presencia de subtipos al interior de cada una de estas dimensiones generales.
Actividades de Participación Política | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.- PETICIONES ESCRITAS | |||||||||||||||||||||||
2.- MOVILIZACIONES CONVENCIONALES | 0.38** | ||||||||||||||||||||||
3.- DEBATES POLÍTICOS | 0.36** | 0.57** | |||||||||||||||||||||
4.- CONTACTO OFFLINE | 0.33** | 0.47** | 0.52** | ||||||||||||||||||||
5.- APOYO FINANCIERO OFFLINE | 0.31** | 0.40** | 0.41** | 0.35** | |||||||||||||||||||
6.- EXPRESIÓN EN MEDIOS TRADICIONALES | 0.31** | 0.44** | 0.46** | 0.49** | 0.47** | ||||||||||||||||||
7.- MOVILIZACIONES NO AUTORIZADAS | 0.31** | 0.49** | 0.35** | 0.28** | 0.30** | 0.40** | |||||||||||||||||
8.- REHUSAR PAGAR IMPUESTOS | 0.14** | 0.17** | 0.14** | 0.18** | 0.18** | 0.29** | 0.35** | ||||||||||||||||
9.- BLOQUEO TRÁFICO | 0.20** | 0.30** | 0.24** | 0.22** | 0.24** | 0.35** | 0.63** | 0.48** | |||||||||||||||
10.- OCUPACIÓN DE EDIFICIOS | 0.22** | 0.25** | 0.23** | 0.27** | 0.23** | 0.36** | 0.47** | 0.40** | 0.59** | ||||||||||||||
11.- PROTESTAS COLECTIVAS | 0.30** | 0.52** | 0.44** | 0.36** | 0.36** | 0.40** | 0.66** | 0.31** | 0.59** | 0.53** | |||||||||||||
12.- BOICOT ECONÓMICO | 0.21** | 0.26** | 0.24** | 0.24** | 0.28** | 0.29** | 0.33** | 0.32** | 0.37** | 0.35** | 0.45** | ||||||||||||
13.- PAGINAS WEB POLÍTICAS | 0.20** | 0.32** | 0.32** | 0.28** | 0.21** | 0.21** | 0.16** | -0.02 | 0.06* | 0.07* | 0.16** | 0.10** | |||||||||||
14.- CONSUMO POLÍTICO DE YOUTUBE | 0.20** | 0.29** | 0.33** | 0.28** | 0.20** | 0.23** | 0.12** | 0.02 | 0.07* | 0.10** | 0.16** | 0.15** | 0.66** | ||||||||||
15.- COMENTARIOS ONLINE | 0.19** | 0.34** | 0.33** | 0.30** | 0.25** | 0.28** | 0.22** | 0.05 | 0.12** | 0.09** | 0.22** | 0.10** | 0.56** | 0.55** | |||||||||
16.- USO POLÍTICO INFORMACIONAL | 0.23** | 0.29** | 0.27** | 0.28** | 0.24** | 0.25** | 0.16** | 0.05 | 0.08** | 0.07* | 0.17** | 0.11** | 0.43** | 0.49** | 0.51** | ||||||||
17.- DISCUSIÓN ONLINE | 0.24** | 0.28** | 0.31** | 0.25** | 0.23** | 0.25** | 0.24** | 0.10** | 0.12** | 0.13** | 0.22** | 0.16** | 0.41** | 0.43** | 0.48** | 0.47** | |||||||
18.- CONSUMO DE MEDIOS TRADICIONALES ONLINE | 0,18** | 0.23** | 0.26** | 0.19** | 0.13** | 0.13** | 0.08** | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.14** | 0.12** | 0.42** | 0.39** | 0.35** | 0.36** | 0.32** | ||||||
19.- FOROS ONLINE | 0.25** | 0.35** | 0.38** | 0.38** | 0.35** | 0.41** | 0.29** | 0.17** | 0.21** | 0.21** | 0.28** | 0.18** | 0.41** | 0.44** | 0.50** | 0.44** | 0.55** | 0.28** | |||||
20.- TRABAJOS POLÍTICOS ONLINE | 0.21** | 0.29** | 0.31** | 0.33** | 0.28** | 0.35** | 0.24** | 0.13** | 0.19** | 0.21** | 0.25** | 0.12** | 0.33** | 0.39** | 0.39** | 0.40** | 0.41** | 0.22** | 0.58** | ||||
21.- APOYO FINANCIERO ONLINE | 0.21** | 0.19** | 0.21** | 0.30** | 0.30** | 0.32** | 0.21** | 0.20** | 0.24** | 0.21** | 0.18** | 0.13** | 0.21** | 0.26** | 0.27** | 0.28** | 0.30** | 0.14** | 0.50** | 0.58** | |||
22.- PETICIONES ONLINE | 0.35** | 0.30** | 0.30** | 0.37** | 0.33** | 0.29** | 0.28** | 0.16** | 0.22** | 0.23** | 0.26** | 0.17** | 0.24** | 0.24** | 0.29** | 0.31** | 0.30** | 0.16** | 0.43** | 0.49** | 0.52** | ||
23.- CONTACTO ONLINE | 0.32** | 0.32** | 0.35** | 0.46** | 0.39** | 0.39** | 0,29** | 0.19** | 0.24** | 0.24** | 0.32** | 0.25** | 0.30** | 0.32** | 0.33** | 0.36** | 0.39** | 0.23** | 0.53** | 0.56** | 0.51** | 0.60** | |
24.- BLOGS POLÍTICOS | 0.26** | 0.30** | 0.35** | 0.34** | 0.33** | 0.40** | 0.27** | 0.22** | 0.25** | 0.27** | 0.30** | 0.20** | 0.30** | 0.34** | 0.39** | 0.35** | 0.43** | 0.22** | 0.59** | 0.56** | 0.57** | 0.55** | 0.63** |
Nota: ** p < 0.01; *p < 0.05. Se reportan coeficientes de correlación de Pearson, pruebas de dos colas. Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados por el GIPS-UPS, Quito, Ecuador.
Con el propósito de verificar tales distinciones, se procedió a emplear la técnica de Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para la comparación de modelos con diferentes estructuras dimensionales. Complementariamente, se examina la confiabilidad de cada subescala de participación política mediante el uso del coeficiente Alfa de Cronbach.
Análisis Factorial Confirmatorio
El AFC es una técnica que permite probar modelos factoriales hipotéticos para explicar empíricamente el comportamiento de un conjunto de variables. Los factores son variables latentes que se manifiestan a través de indicadores observables. Cada modelo contiene una estructura tentativa de factores subyacentes que se relacionan de una manera concreta entre sí y con las variables observadas (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco, 2014). La bondad de ajuste refleja la medida en que una estructura factorial, propuesta a nivel conceptual, es capaz de predecir las covarianzas observadas entre las variables (Ruiz, Pard y San Martín, 2010; Cupani, 2012). Por lo tanto, los modelos más acertados serán aquellos que presenten un mayor nivel de ajuste a los datos.
Mediante la aplicación de la prueba de Mardia, se constató la normalidad aproximada de la distribución multivariada de los datos correspondientes a las actividades del repertorio de participación política (Nuviala et al., 2014). Asimismo, en cada una de las actividades consultadas se empleó una escala de valoración de 5 puntos para las opciones de respuesta. El cumplimiento de estas condiciones permite una estimación de parámetros por medio del método de Máxima Verosimilitud (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco, 2014). El paquete estadístico empleado fue AMOS 23.
Para probar la hipótesis 1 se contrastaron dos modelos factoriales. El primero considera que todas las actividades políticas consultadas pertenecen a una misma dimensión, y el segundo establece dos dimensiones diferenciadas: participación política online y offline. En relación con las hipótesis 2 y 3, se formuló un tercer modelo caracterizado por incluir dos subdimensiones en cada factor contemplado en el modelo 2. Este modelo descompone la participación política offline en los tipos de protesta política y el activismo convencional, mientras que en la participación política online se distingue entre acciones de bajo costo y activismo de alto costo.
La evaluación de la bondad de ajuste de cada modelo se fundamentó en los siguientes indicadores: prueba chi-cuadrado (χ2), razón entre chi-cuadrado y el número de grados de libertad (χ2/gl), índice de bondad de ajuste comparativo (CFI), índice de Tucker-Lewis (TLI), índice de ajuste normalizado (NFI), raíz del residuo cuadrático promedio de aproximación (RMSEA), el tamaño muestral crítico de Hoelter (CN). Los valores referenciales que reflejan un ajuste aceptable de los datos según cada indicador son: CFI, TLI y NFI > 0.90; RMSEA < 0.08; χ2/gl < 3 (Byrne, 2010; Nuviala et al., 2014; Milošević-Đorđević y Žeželj, 2017). La prueba chi-cuadrado es muy sensible al tamaño muestral y evalúa el cumplimiento de un ajuste perfecto entre el modelo y los datos, hipótesis cuya aceptación (p > 0.05) resulta problemática especialmente al estudiarse muestras grandes (Batista-Foguet, Coenders y Alonso, 2004; Milfont y Fischer, 2010). Dado esto, los indicadores relacionados con la prueba chi-cuadrado (χ2 y χ2/gl) se evaluaron a partir de su proximidad con los criterios recomendados, y valores más bajos se interpretan como un mejor ajuste del modelo (Milfont y Fischer, 2010; Cupani, 2012). El índice CN de Hoelter establece el tamaño muestral suficiente para aceptar la hipótesis de un ajuste perfecto de los datos; valores sobre 200 implican un buen ajuste, y el nivel de significación adoptado es de 0.01 (Caprara, Vecchione, Capanna y Mebane, 2009; Byrne, 2010). Para la comparación entre modelos, se incluyó el criterio de información de Akaike (AIC), mientras más bajo sea el valor de este indicador mejor será el ajuste de los datos al modelo (Schermelleh-Engel, Moosbrugger y Müller, 2003; Milošević-Đorđević y Žeželj, 2017).3
El AFC efectuado para cada modelo factorial se presenta en la Tabla 3. El modelo 2 se ajusta mejor a los datos que el modelo 1. Los índices CFI, TLI, NFI y CN presentan valores superiores en el modelo 2, a la vez que los valores de RMSEA, χ2 y χ2/gl son inferiores. Estos resultados permiten verificar la hipótesis 1, puesto que aunque los indicadores de bondad de ajuste no alcanzan los valores recomendados para el modelo 2, su nivel de ajuste es superior en comparación con el modelo 1. Asimismo, el índice AIC es menor en el modelo 2. En consecuencia, es posible afirmar que los activismos offline y online efectivamente se manifiestan como dimensiones diferenciadas de la participación política.
Indicadores de Bondad de Ajuste | Modelo 1 (Una dimensión: ParticipaciónPolítica) | Modelo 2 (Dos dimensiones: Participación Política Offline y Participación Política Online) | Modelo 3 (Cuatro subdimensiones: Participación Política Offline Convencional y Protesta, Participación Política Online de Bajo y Alto Costo) |
---|---|---|---|
χ2 | 4210.87 | 2916.63 | 1098.49 |
Gl | 241 | 240 | 236 |
p-valor (Nivel de Probabilidad) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
χ2/gl | 17.47 | 12.15 | 4.66 |
CFI | 0.67 | 0.78 | 0.93 |
TLI | 0.62 | 0.74 | 0.92 |
NFI | 0.66 | 0.76 | 0.91 |
RMSEA | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
CN de Hoelter (0,01) | 80 | 115 | 300 |
AIC | 4328.87 | 3036.63 | 1226.49 |
Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados por el GIPS-UPS, Quito, Ecuador.
Para probar las hipótesis 2 y 3 se compara el modelo 3 con respecto al 2. El modelo 3 está formado por dos factores de segundo orden (participación política offline y online) y cuatro factores de primer orden (participación offline convencional y protesta, activismo online de bajo costo y de alto costo). La estructura factorial del modelo 3 se muestra en la Figura 1. Los indicadores de bondad de ajuste del modelo 3 son estadísticamente satisfactorios, cumpliendo con los criterios de referencia establecidos (véase Tabla 3). En relación con χ2 y χ2/gl, aunque no se alcanzan los valores recomendados, estos indicadores experimentan una disminución sustancial respecto al modelo 2. En general, las cargas factoriales son estadísticamente significativas y adoptan valores superiores a 0.50 (ver Figura 2), lo cual es compatible con los criterios habitualmente recomendados (Caprara, Vecchione, Capanna y Mebane, 2009; Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco, 2014). Según los resultados obtenidos, el modelo 3 propone la estructura factorial que mejor explica el comportamiento del repertorio de actividades políticas consultado, lo cual sugiere la confirmación de las hipótesis 2 y 3. Se evidencia, por lo tanto, que la participación offline y, especialmente, la participación online no actúan como fenómenos unidimensionales. Esto apoya la presencia de modos generales y tipos más específicos de participación política, pues si bien los modos offline y online efectivamente describen distintos patrones de comportamiento, los ciudadanos también optan por diferentes repertorios de acción política al interior de cada una de estas dimensiones generales. En el plano offline, la ciudadanía no participa con la misma frecuencia en acciones convencionales y prácticas de protesta política, teniendo mayor predisposición hacia una u otra modalidad. Por su parte, la arena digital evidencia una distinción entre activismo político de bajo costo (soft) y de alto costo (hard), pues quienes adoptan conductas blandas no necesariamente se involucran con la misma intensidad en acciones de alto costo, mientras que la participación en actividades de alto costo implica mayor propensión hacia la realización de otras acciones del mismo tipo.
Análisis de confiabilidad
Con el fin de complementar los resultados del AFC, se procedió a evaluar el nivel de confiabilidad de las agrupaciones de ítems correspondientes a cada subdimensión de activismo político detectada. Para ello, se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach (α). Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 4, en la cual en todas las subescalas se alcanzan valores sobre 0.80, que indica un grado de consistencia interna satisfactorio (Celina y Campo, 2005). Esto significa que cada actividad política posee una elevada intercorrelación con el resto de acciones: por ejemplo, el nivel de involucramiento en movilizaciones pacíficas y legales se asocia fuertemente con el resto de actividades políticas offline de tipo convencional.
Tipos de activismo político | α de Cronbach |
---|---|
Participación Política Offline Convencional | 0.81 |
Participación Política Offline Protesta | 0.83 |
Participación Política Online de Bajo Costo | 0.83 |
Participación Política Online de Alto Costo | 0.88 |
Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados por el GIPS-UPS, Quito, Ecuador.
Discusión y conclusiones
Esta investigación se propuso extender la comprensión de las dimensiones y modos específicos que integran el fenómeno de la participación política. En primera instancia, los resultados expuestos permiten verificar la presencia de una distinción general entre la participación política ejercida en el mundo real y el activismo político online, cuestión que coincide con los estudios que han detectado diferentes patrones explicativos para cada una de estas formas de comportamiento político. Aunque estas formas de activismo se encuentran correlacionadas, los resultados del AFC muestran que quienes optan por un mayor involucramiento en actividades políticas de corte digital no necesariamente participarán con la misma fuerza en acciones políticas fuera de la Internet, estando más propensos a incurrir en nuevas actividades de tipo online. Esto puede deberse tanto a preferencias diferenciadas en los ciudadanos como a cuestiones de accesibilidad a cada tipo de participación política. Así, se puede concluir que la participación online efectivamente constituye una nueva dimensión de acción política, lo cual coincide con la tesis de la movilización. En este sentido, quienes presentan poco o nulo involucramiento en actividades políticas offline por limitación de recursos pueden participar activamente en la vida política gracias a la arena digital. La disponibilidad de recursos también explicar en parte las preferencias hacia un campo de acción política determinado. No obstante, la distinción entre activismo offline y online no se opone a los hallazgos de varias investigaciones, en especial longitudinales, que proponen que las conductas políticas digitales promueven la participación offline o que la Internet opera como un mecanismo para reforzar el activismo de quienes ya se encuentran insertos en actividades políticas offline. Los efectos movilizadores recíprocos entre estas grandes dimensiones de la participación política coexisten con grados diferenciados de involucramiento por parte de la ciudadanía.
En segundo lugar, los resultados de este estudio contribuyen al conocimiento sobre la dimensionalidad de las formas online y offline de participación política. Con respecto a la participación offline, el AFC efectuado muestra que una estructura bifactorial logra un mejor ajuste a los datos que un modelo unidimensional. Esto permite verificar que, en primera instancia, los comportamientos políticos offline tienden a agruparse empíricamente de acuerdo a la distinción conceptual clásica efectuada entre activismo convencional y protesta política. Es así que los individuos se involucran de manera distinta con cada uno de estos modos de acción política. En otras palabras, una persona que participa frecuentemente en una actividad convencional (p. ej., asistir a debates políticos) no necesariamente se involucrará de la misma manera en una acción de protesta (p. ej., marchas o movilizaciones no autorizadas), teniendo mayor predisposición a adoptar activamente otros comportamientos de tipo convencional (p. ej., firmar peticiones políticas o contactar con funcionarios públicos).
Las preferencias heterogéneas reportadas en torno a los repertorios participativos extrainstitucionales o convencionales pueden explicarse a partir de las diferencias en los patrones explicativos de cada modo de acción. Si bien los comportamientos offline poseen estructuras de costos mucho más elevadas que las actividades digitales, las conductas políticas convencionales tienden a ser relativamente menos costosas que las acciones de protesta. En términos de agencia, según la categorización desarrollada por Norris (2004), tanto las acciones convencionales como no convencionales pueden desplegarse a través de agrupaciones políticas y movimientos sociales específicos. Sin embargo, el factor colectivo adquiere mayor centralidad para la protesta política, siendo un requisito clave el logro de una masa crítica de activistas para poner en marcha las acciones propuestas (Marwell y Oliver, 1993; Theocharis, Lowe, Van Deth y García-Albacete, 2015). Al operar al margen de los canales institucionales, las acciones de protesta resultan más costosas en términos de organización, coordinación y movilización. A esto debe agregarse que las actividades de protesta aumentan su costo a medida que se alejan de los límites legales y se incrementa el riesgo de violencia (Dubrow, Slomczynski y Tomescu-Dubrow, 2008), lo cual es funcional al grado de represión gubernamental (Muller y Weede, 1990). En resumen, el costo de la protesta política (desde los costos organizacionales hasta los costos de represión) supera en varios sentidos al costo de la modalidad convencional, especialmente en contextos políticos menos tolerantes (Dalton, Van Sickle y Weldon, 2010).
Cabe resaltar que la disponibilidad de recursos se constituye en un predictor estable para la participación offline en general (Schussman y Soule, 2005; DiGrazia, 2014); en contraste, las actitudes políticas asociadas con las actividades convencionales se distinguen de aquellas que se conectan con la protesta política. Las actitudes positivas hacia el gobierno y las instituciones políticas juegan un papel explicativo importante con respecto a la participación convencional, como por ejemplo la confianza en el gobierno y la presencia de eficacia política externa (Niemi, Craig y Mattei, 1991; Somuano, 2005).4 Por el contrario, la protesta política se relaciona con actitudes desfavorables hacia el sistema político y sus canales formales de participación, asociándose con variables como la desconfianza en el gobierno, la insatisfacción con la democracia o la falta de eficacia política externa (Craig y Maggiotto, 1982; Norris, Walgrave y Van Aelst, 2005; Scherman, Arriagada y Valenzuela, 2013). Estas variaciones actitudinales pueden ayudar a explicar las preferencias diferenciadas de los activistas con respecto a los modos de participación offline. De igual manera, estas preferencias pueden vincularse a factores generacionales. Varias investigaciones han resaltado la inclinación de las nuevas generaciones hacia actividades políticas centradas en causas específicas y de carácter no convencional, además de mostrar predilección hacia los movimientos sociales y su flexibilidad organizacional para la gestación de formas de acción conectiva (Calenda y Meijer, 2009; Valenzuela, Arriagada y Scherman, 2012; Anduiza, Cristancho y Sabucedo, 2014). Por otra parte, aunque la literatura ha explorado posibles subdimensiones al interior de la participación extrainstitucional (Dubrow, Slomczynski y Tomescu-Dubrow, 2008; DiGrazia, 2014; Theocharis y Van Deth, 2018), los hallazgos de este estudio no excluyen tal posibilidad. Sin embargo, se propone que en el plano offline los ciudadanos realizan una distinción general entre participar políticamente por medio de los canales institucionales establecidos o hacerlo al margen de estos.
Extendiendo este razonamiento, los hallazgos realizados también sugieren la formación de modos de participación online según la estructura de costos de las conductas políticas que tienen lugar en este nuevo espacio de acción. Al respecto, la agrupación observada entre comportamientos políticos de alto costo (hard) y de bajo costo (soft) opera independientemente de que se trate de actividades propiamente digitales (p. ej., escribir blogs políticos) o versiones online de acciones desarrolladas inicialmente en el mundo real (p. ej., contactar con figuras políticas o funcionarios públicos vía correo electrónico u otros medios digitales). Como resultado, los usuarios reportan preferencias no homogéneas frente a cada grupo de conductas políticas digitales, lo cual podría explicarse en términos de dificultad y recursos requeridos. Por lo tanto, los resultados obtenidos se aproximan a la tesis de la replicación, la cual propone que las actividades políticas online se integran en modalidades similares a aquellas presentes en el plano offline (Vissers y Stolle, 2014a). Como se ha señalado, los costos constituyen un factor diferenciador importante entre la participación offline convencional y no convencional, aspecto que también parece reproducirse en la arena digital. Esto implica que quienes se involucran con frecuencia en actividades políticas blandas (p. ej., revisar noticias a través de la web) tienden a preferir otras conductas del mismo tipo (p. ej., reenviar correos con fines políticos) antes que avanzar hacia actividades que demanden más recursos materiales o cognitivos (p. ej., escribir un blog político, generar contenidos políticos a favor de figuras u organizaciones políticas). Por el contrario, quienes se involucran en actividades políticas de mayor dificultad, superando la barrera de los recursos, se encuentran más predispuestos a incurrir en otros comportamientos digitales de alto costo.
De cierta manera, la existencia de un sector de la población que mantiene mayor inclinación hacia las conductas políticas expresivas e informacionales (soft) se conecta con los postulados slacktivistas (Morozov, 2009; Lee y Hsieh, 2013). No obstante, se dispone de evidencia empírica que indica que tales comportamientos pueden conducir a un posterior involucramiento en actividades de mayor impacto tanto en el plano digital como en el mundo real (Shah, Cho, Eveland y Kwak, 2005; Gil de Zúñiga, Molyneux y Zheng, 2014; Yang y DeHart, 2016). Dado que el estudio de la dimensionalidad de la participación online aún no ha logrado consensos conceptuales significativos, la presente investigación aporta al debate académico mediante la evaluación del enfoque de recursos propuesto por Krueger (2002), Anduiza, Gallego y Cantijoch (2010) y Vaccari et al. (2015) como criterio para identificación de grandes categorías de acción política a través de la Internet.
Considerando el caso ecuatoriano, no puede dejarse de señalar que se trata de un contexto caracterizado por la presencia de una brecha tecnológica en términos de acceso a la Internet y tenencia de dispositivos digitales como computadoras y teléfonos inteligentes, misma que afecta especialmente a la población que vive en zonas rurales. No obstante, cabe destacar que, durante los últimos años, la brecha tecnológica ha mostrado una clara tendencia a reducirse en Ecuador. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2008 apenas 34.13 % de la población urbana y 9.02 % de la población rural tenían acceso a la Internet, mientras que para el año 2017, 57.27 % de quienes habitaban en zonas urbanas contaban con acceso a la Internet, ocurriendo lo propio con 39.08 % de las personas pertenecientes al área rural. En cuanto al acceso a computadoras, la propiedad de este dispositivo en población urbana pasó de 51.02 % en el 2008 a 58.40 % en el 2017, mientras que en el caso de quienes viven en zonas rurales pasó de 20.94 % (2008) a 35.15 % (2017). Por último, la proporción de personas propietarias de teléfonos inteligentes pasó de 10.20 % (2011) a 69.87 % (2017) en zonas urbanas y de 2.48 % (2011) a 44.71 % (2017) en zonas rurales (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020). En consecuencia, dada la tendencia descrita, es pertinente suponer que, a medida que la brecha tecnológica siga disminuyendo en el país, se experimentará una mayor democratización en el acceso a la participación política online, por lo que el potencial movilizador de esta dimensión participativa logrará cristalizarse de forma más óptima. En cuanto a la presente investigación, dado que se desarrolló a partir de información de carácter urbano, conviene recomendar que próximos trabajos sobre el tema evalúen la replicabilidad de los hallazgos reportados al trasladar el análisis al contexto rural. No obstante, si bien la brecha tecnológica puede causar desigualdades en los niveles de participación política online, por ejemplo, al comparar entre zonas urbanas y rurales, es razonable esperar que esto no afecte significativamente la estructura dimensional de la participación digital basada en la diferenciación encontrada entre los modos hard y soft, puesto que dicha dimensionalidad se fundamenta en la existencia de diferencias objetivas y estables en la estructura de costos de las actividades políticas que pueden llevarse a cabo mediante la Internet, así como los recursos requeridos para costearlas (tiempo, habilidades, esfuerzo, etc.).
La propuesta de concebir la participación política como un constructo formado por dos factores de segundo orden (online/offline) y cuatro factores de primer orden (offline convencional, offline protesta, online soft y online hard) pretende contribuir al empleo de métricas más apropiadas al momento de investigar este fenómeno, caracterizado por su multidimensionalidad y permanente evolución, principalmente a través de su dimensión digital. Al respecto, la literatura actual presenta escenarios divergentes, teniendo mayor avance en torno a la dimensión offline de la participación política. Es así que se han desarrollado corrientes centradas específicamente en el estudio de la participación convencional o en las conductas de protesta política, buscando generar modelos explicativos propios para una de estas modalidades de acción política. Por otro lado, la literatura centrada en la esfera digital, salvo ciertas excepciones, tiende a conservar una perspectiva unidimensional, pudiendo ser la causa de que tales explicaciones arrojen resultados mixtos al tratar de replicarse. Esto último se relaciona con que los estudios tienden a evaluar la participación online empleando distintos conjuntos de conductas políticas (soft, hard o posibles combinaciones) para la construcción de índices no desagregados.
Limitaciones y futuros estudios
En este trabajo se presentan algunas limitaciones a considerar: primero, se trata de una medición transversal que, al evaluar la dimensionalidad de la participación online y offline, resulta restrictivo. Esto plantea la interrogante de si estas dimensiones tienden a mantenerse en el tiempo y cómo las personas cambian o amplían sus repertorios de participación política. Una segunda limitación se refiere al contexto en que se obtuvieron los datos que, en este caso, corresponden a una segunda vuelta electoral en Ecuador, que se caracterizó por planteamientos de fraude electoral y diversas protestas, lo que pudo favorecer una manifestación de repertorios participativos más amplia que en otros entornos políticos. Una tercera limitación se refiere a las conductas de participación política que fueron consultadas, puesto que, aunque se incluye un amplio listado, mantiene una especificidad que dificulta en cierta medida la comparación con otros estudios. Cuarto, puesto que la recolección de datos se realizó a partir de una estrategia no probabilística de muestreo, debe resaltarse que los hallazgos presentados no pueden generalizarse a la totalidad de la ciudadanía ecuatoriana. No obstante, considerando el perfil sociodemográfico de la muestra analizada: personas jóvenes, con educación predominantemente universitaria y que viven en zonas urbanas; es mucho más probable que los resultados empíricos de este estudio sean representativos para dicho segmento de la población. Dicho esto, y tomando en cuenta el carácter exploratorio de esta investigación, se recomienda que próximos trabajos utilicen muestras representativas de alcance nacional, así como datos de varios países de la región, de manera que los hallazgos iniciales que se exponen en este trabajo puedan verificarse con mayor rigurosidad y profundidad.
De esta manera, futuros estudios requieren confirmar la estructura dimensional aquí establecida, tomando en cuenta la evolución de los repertorios de acción política y su forma de relacionarse. En este punto cabe interrogarse sobre cómo la participación política online puede originar otras representaciones: por ejemplo, en qué medida el uso político de redes sociales o las aplicaciones de comunicación móvil pueden originar nuevos tipos de activismo online. Desde una perspectiva metodológica, es de interés desagregar el estudio de la participación política digital según modalidades específicas con el propósito de mejorar la comprensión de sus respectivos patrones explicativos, así como las posibles diferencias en sus relaciones con la participación política offline. Complementariamente se hace necesario examinar distintos contextos de participación política -por ejemplo: votaciones de elecciones presidenciales, balotajes, elecciones municipales, manifestaciones de protesta o en movimientos sociales- y, a la vez, explorar entre distintos perfiles de participantes, de acuerdo a edad, género o nivel socioeconómico, entre otros.
Por último, este estudio resulta pionero al establecer una dimensionalidad para la participación política online y offline en el contexto latinoamericano, poniendo en evidencia las diversas formas de acción política que se están implementando. En un contexto regional de progresiva pérdida de derechos (Amnistía Internacional, 2018), tales acciones en ningún caso parecen limitarse en el derecho al voto, sino que se están extendiendo, al menos en América Latina, hacia diversas acciones individuales y especialmente colectivas, en algunos casos, orientados a la defensa de derechos (p. ej., defensa de derechos frente a acciones de violencia estatal o privada, defensa de tierras, acceso a derechos sociales, económicos, culturales, etc.). En este sentido, resulta indispensable el desarrollo de investigaciones que revelen a nivel teórico y empírico el papel que está jugando la ciudadanía respecto a tales repertorios de acción y en la creación de oportunidades políticas.