Introducción

La pandemia de la Covid-19 que ha asolado al mundo al llegar la tercera década del siglo XXI ha venido a corroborar una tesis polémica: la soberanía en su acepción nacionalista y el Estado-nación -como unidad de gobernanza por excelencia- están rebasados. La crisis se origina en el choque entre esferas de legitimación que sobrepasan la soberanía tradicional reducida al espacio de la nación, y se manifiesta en estados permeables a los influjos y fuerzas del espacio postnacional que escapan a su control porque no dispone de recursos de autoridad de la escala necesaria para gobernarlas. Este choque de esferas enfrenta al poder estatal-nacional con otros que escapan de facto, mientras que de jure desafían su autoridad, a la que se supone deberían someterse.

Cada día observamos cómo aumenta el número de problemas globales que engrosan la lista de asuntos de relevancia pública que el Estado debe enfrentar con las herramientas adquiridas dentro de una unidad política inventada en 1648 a partir de la Paz de Westfalia y que, aunque ha cambiado considerablemente en los casi cuatro siglos transcurridos desde entonces sigue atada a la vieja noción de soberanía que hoy está sometida a tensión y cambio radicales (^{Bobbitt, 2003}; ^{Kennedy, 1989}; ^{Tilly, 1990}; ^{Fukuyama, 2011}, ²⁰¹⁴).¹ Esta unidad política es el Estado nacional que fue primero monárquico y cuyo desarrollo la transformó hasta adquirir la forma republicana. Calentamiento global, grandes migraciones forzadas, enormes bloques comerciales, gigantes económicos supranacionales, desarrollo exponencial del conocimiento científico con aplicaciones técnicas globales en todos los campos de actividad, terrorismo, crimen organizado, medios de comunicación masiva y redes sociales, entre otros. La agenda que traspasa las fronteras nacionales es ya tan relevante como la que se presenta a nivel local y nacional y, aun así, las instituciones de gobierno del Estado-nación se mantienen estancadas en la brecha que las separa de aquellas que, a nivel regional y global, intentan regular los procesos antes mencionados. El Estado-nación toca a sus límites. Ha dejado de ser la forma suficiente de la gobernanza para enfrentar transformaciones que le impone la globalización, si bien seguirá siendo un componente de nuevas formas postnacionales en proceso de difícil gestación. Todos estos signos hablan de que en el mundo actual se ha iniciado una transición que desafía los límites de las fronteras del Estado nacional y que la pandemia de Covid-19 ha venido a agudizar.

Junto con las tensiones que induce la globalización preexistente y la pandemia global, otra muy particular se agrega, y es la amenaza a la democracia por el avivamiento de los liderazgos autoritarios que sin excepción apelan a los valores de una soberanía obsoleta para afirmar su esfera de poder. En una carta abierta publicada en 2020 un gran número de organizaciones y destacadas personalidades de todo el mundo advirtieron: “La pandemia de Covid-19 amenaza más que las vidas y el sustento de la gente a nivel mundial. Es también una crisis política que amenaza el futuro de la democracia liberal” (^{IDEA, 2020}). El principal llamado de la carta es a mirar que la pandemia trae aparejado un ímpetu insólito en los regímenes autoritarios para asegurar y extender su poder, y que otro tanto ha ocurrido en democracias que experimentan regresiones.

Pero la pandemia es más que eso; nada volverá a ser como antes y las perspectivas de futuro político internacional son más inciertas que nunca, por lo menos desde el momento fundacional de la segunda posguerra (1948). Un torrente de ideas se ha vertido a estos temas y se expresa en las redes sociales, los medios de comunicación y la prensa, las publicaciones académicas y figuras representativas del pensamiento. Pero el hecho central es que los dispositivos de generación y circulación de las ideas son y serán durante un buen tiempo un crisol en el que se fundirán puentes hacia el futuro y reinterpretaciones del pasado. Si tomamos la pandemia como una fotografía de un momento de quiebre en el orden político originado en agente natural -el coronavirus-, podemos observar tendencias que venían operando de antemano y que con la crisis sanitaria mundial se han disparado en direcciones cuyo destino es aún incierto. Entre estas tendencias están, precisamente, las demandas y reclamos sociales, la brecha entre las estructuras políticas nacionales e internacionales y los procesos de globalización (o “glocalización”)² con que ambos tipos de estructuras deben entendérselas.

I Breve recuento de la soberanía

El sistema constitucional mundial contiene un número de órdenes que se entrelazan en una red que va del sistema de los derechos, entendido como aquellos que “los ciudadanos deben otorgarse unos a otros si quieren regular legítimamente su vida en común mediante una ley positiva” (^{Habermas, 1998: 82}), a las formas de organización del poder y de la gobernanza nacional e internacional. Esta conceptualización es un punto de llegada del Estado nacional y a la vez el terreno donde se fermenta el cambio posible más significativo desde 1948, cuando se promulgo la Carta de las Naciones Unidas, que simboliza al conjunto de acuerdos e instituciones de la posguerra.

Cuando Europa exploraba las formas de sustituir las instituciones medievales por otras modernas, Maquiavelo y Bodin fueron pioneros en ofrecer solución al problema central de un (des)orden en plena transición: procurar estabilidad política mediante la razón, relegando a la espada a la categoría de último recurso. Ofrecieron las primeras definiciones conceptuales y jurídicas para una solución moderna al inhóspito estado de naturaleza en el que la vida cotidiana está marcada por la agobiante “interpretación práctica individual y continua de cómo es permisible actuar sin mediación de ninguna autoridad institucionalizada” (^{Dunn, 1999: 329}), ese talante que prevalece durante las caídas y fracturas, los derrumbes y las rupturas paradigmáticas del orden constitucional de una época. Estos autores fueron los precursores del argumento de que, si solo fuera posible este estado o el contrario -el sometimiento a la autoridad absoluta-, el segundo, si bien indeseable, sería preferible al primero. En medio de guerras de religión y entre poderes tributarios del medioevo surgía por entonces el estado nacional, que buscaba unificar bajo una autoridad incontestada territorios y poblaciones fragmentados por sus raigambres feudales de estirpe estamental, corporativa, religiosa y racial. Reinaba la confusión sobre las legitimidades a las que debía rendirse obediencia y en ello se jugaba la vida; someterse al amo equivocado podía ser causa de muerte y pérdida de familia y propiedad. La vida era, en efecto, “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta” (^{Hobbes, 2006}).

La entrega de la autoridad absoluta de los príncipes al monarca y el sometimiento del vasallaje a la autoridad y propiedad de ambos duró casi dos siglos en la Europa moderna, aunque en otras latitudes tuvo su expresión en distintos momentos del tiempo.⁵ Esta forma consolidó gracias a que el sometimiento de la voluntad colectiva a esa autoridad ofrecía mayor seguridad y certeza que los fragmentarios órdenes precedentes. Este proceso no fue unilineal como lo han descrito algunas interpretaciones, sino que observó diversas formas, dando al Estado absolutista una configuración compleja (^{Tilly, 1990: 1-62}) No obstante la variedad, la firme certeza de la identidad entre soberanía y poder político la ofreció Thomas Hobbes en la famosa sentencia de que la ley podía provenir únicamente de una “persona o cuerpo” con autoridad clara y distinta de todas las demás para emitir leyes válidas, es decir, reconocidas como obligatorias.⁶ El Estado es, pues, la unidad de esa autoridad, y la comprensión de su forma exige identificar una fuente original y única de legitimidad que ha vencido exitosamente a otras que compiten con ella. Con estas representaciones en mente se “resolvió” la validez moral y legal de la autoridad y adquirió forma primigenia en el dominio de las creencias: “cuius regio eius religio”. Con este lema del Tratado de Augsburgo (de 1555) se posibilitó el principio del fin del conflicto por el poder absoluto sobre tierras y gentes, y se impuso la fidelidad religiosa como primera forma de unificación nacional. Ese corpus formó una de las bases culturales de un cambio de valores que introdujo la pertenencia personal a partir de la adhesión a la religión desplazando o subordinando a otros que le anteceden: étnico, lingüístico y mítico-histórico, aunque no sin sobresaltos. Este gran cambio consistió, pues, en innovar la pertenencia mediante la universalización de la adscripción por creencia o convicción; la Iglesia se colocó como ultima ratio del poder y de esta forma sustituyó o se superpuso a otras consideradas “naturales”, como el suelo o la sangre.

La historia moderna de la soberanía empieza, así, con el maridaje entre reino y religión (el derecho divino de los reyes), le sigue la etapa de la querella de los pares del reino por ser incorporados en el poder soberano, inicia la división del poder entre parlamento y corona hasta, con el tiempo, abarcar a la tercera instancia del “pueblo” o, mejor dicho, de la ciudadanía, que al principio fue restringida, pero que se irá extendiendo por ondas sucesivas hasta desprenderse progresivamente de restricciones de corporación, clase, raza o género hasta abarcar a la totalidad de los adultos -excluyendo menores, extraños y proscritos-. Si bien la fuerza que impulsa esta ampliación es la demanda de un derecho a la inclusión en el poder político, esta es facilitada por el aumento del interés o preferencia personal por esa forma de gobierno⁷ y la disminución del costo de levantar la voz y plantear demandas gracias a las posibilidades ofrecidas por nuevas formas de socialización, de cooperación económica y a la capacidad de la forma de gobierno para producir una gobernabilidad aceptable mediante la combinación muy conocida entre coerción y consenso.

La demanda por el derecho de inclusión y su representación en el orden jurídico tiene dos grandes momentos en la historia moderna: la “soberanía Westfaliana” y la “soberanía liberal internacional”. Esta distinción no elimina las formas intermedias y el proceso evolutivo que tan bien ha descrito ^{Bobbitt (2003)}. Sin embargo, la distinción fundamental entre ambas radica en que la primera asigna la autoridad soberana a estados iguales entre sí que “ven los procesos fronterizos como asuntos privados que conciernen solamente a los afectados inmediatos”⁸ y que no son responsabilidades del Estado, mientras que la soberanía internacional liberal se finca en el rechazo, resistencia o franco desconocimiento -por parte de la comunidad de Estados que la hacen propia-, de la legitimidad de los Estados que violan derechos humanos, cierran fronteras o impiden las libertades fundamentales, a los que señalan y distinguen de los países que respetan la ciudadanía libre de sus miembros (^{Benhabib, 2006: 23-24}).

El tránsito de la primera a la segunda forma de entender la soberanía requiere observar la evolución de las prácticas y las instituciones políticas. La idea de un orden constitucional basado en la autoridad de la cúspide del Estado como eje de la legitimidad política o como reconocimiento de validez jurídica se finca en dos pilares, la subordinación de los ciudadanos a una autoridad única y excluyente de todas las demás, que les otorga o suprime derechos, prerrogativas, privilegios y concesiones, y la existencia de autoridades últimas (Estados-nación) mutuamente excluyentes y que resuelven sus diferencias en instancias determinadas entre ellas mismas mediante la diplomacia o la guerra. En cambio, el concepto contemporáneo de la soberanía se distingue de la idea Westfaliana porque reconoce: a) que la autoridad legislativa reside en los ciudadanos (derechos que se otorgan unos a otros), que son los productores de la legitimidad y b) que las relaciones entre Estados se regulan por acuerdos y convenciones que modulan su comportamiento en el plano internacional y en aspectos trascendentes de su orden interno, como el respeto a los derechos humanos o a normas mutuamente convenidas. Estas relaciones entre Estados descansan en última instancia en el poder que sus ciudadanos les confieren. Hay dos procesos que son centrales en este tránsito y subyacen a sus elementos definitorios. Uno es la miríada de movimientos por demandas de derechos cívicos y políticos que tuvieron y han tenido su razón de ser en abrirse paso en el acceso al poder, previamente monopolizado por las élites (reales, nobles, oligárquicas o militares), movimientos que luchan por el control último del Estado y que están en el origen de la democracia. Otro, derivado del anterior, es el reconocimiento universal de que los individuos tienen derechos por el solo hecho de serlo, que los Estados no pueden ser indiferentes a la violación de estos derechos por parte de alguno de ellos y que, llegado el caso, es legítima o por lo menos susceptible de consideración como alternativa legítima la intervención de terceros estados para impedirla.

La continuación bajo el Imperio napoleónico de las reformas originadas en la Revolución francesa impuso una huella indeleble en este cambio a través del código civil que borró las diferencias de corporaciones y estamentos estableciendo la igualdad jurídica e imponiendo la ciudadanía igualitaria como nuevo paradigma de las relaciones políticas, lo que va a contribuir al avance de la forma republicana de gobierno y a la democracia como principio universal y forma política en expansión. Al explicar las diferencias entre la soberanía Westfaliana y la soberanía liberal internacional, ^{Benhabib (2006: 23 y ss.)} ilustra el dilema contemporáneo de los estados democráticos. El “derecho cosmopolita”, cuya piedra angular es el derecho de hospitalidad -i.e. la obligación moral recíproca y transfronteriza de proteger la integridad de los individuos sin importar su pertenencia nacional-, abre el paso a formular “obligaciones cuasi-legales a través de compromisos voluntarios en ausencia de un poder soberano con el poder último de hacerlos cumplir”. Este dilema actualiza el estado de naturaleza en el sentido planteado por Dunn (supra): ser forzados a preguntar sobre la legitimidad de nuestras acciones o de las acciones de un Estado sin referencia a una autoridad última. El motivo de la duda es el deterioro de la justificación de esa autoridad fuera o al margen de prácticas democráticas y de los valores y reglas de los derechos fundamentales. La causa original que precipita esta nueva incertidumbre proviene de la acción política que brota de las demandas de inclusión de la ciudadanía en los espacios de decisión, de la presión que la sociedad civil aplica a terceros estados, de las relaciones pacíficas o violentas entre Estados para evitar o corregir violaciones de derechos, así como de las prácticas efectivas que afirman el “derecho a tener derechos” -Hannah Arendt, (citado por ^{Benhabib, 2006: 24})-, y que se concretan en procesos de acción política colectiva como “iteraciones democráticas” y procesos “jurisgenerativos” (^{Benhabib, 2006: 48-49}) que “marcan la eventual transición de un modelo jurídico internacional basado en tratados entre estados a un derecho cosmopolita entendido como derecho internacional público que vincula y doblega la voluntad de naciones soberanas” (^{Benhabib, 2006: 16}).

II Del Estado a la nación y de vuelta al Estado

La traslación de la soberanía de la cúspide a la base de la pirámide del poder es una de las grandes transformaciones del Estado nacional. A lo largo de 300 años se produjo esa transferencia del principio de la soberanía (^{Tilly, 1990}; ^{Moore, 1966}; ^{Keane, 1988}) como resultado de procesos de cambio político y social. Las revoluciones francesa y americana representan momentos culminantes de este cambio que impacta a todo el orbe. En el siglo XIX los “órdenes” o estamentos, que eran la base de una desigualdad legitima entre grupos sociales, van a ser desplazados por el ideal de una ciudadanía igualitaria en la que desaparecen los privilegios y distinciones del régimen legal que sostenía estos órdenes. Junto a esta tendencia aparece otra que es la consolidación de “naciones” como grupo de identidad por excelencia, que desplaza la legitimidad estamental en aras de una integración social de nuevo tipo. La extensión del comercio y la industria y su impacto sobre la división del trabajo contribuyeron decisivamente a crear nuevas formas de organización social y demandaron del Estado nuevos principios de legitimidad. En ese momento observamos un cambio o traslación del principio de legitimidad de la autoridad en un doble nivel: el acceso al poder y el ejercicio del poder. Mientras que en la monarquía el acceso es legitimado por linaje más sanción papal,⁹ al abrirse hacia la inclusión de las élites de la nobleza y la burguesía se pone en marcha el proceso de división del poder entre la monarquía y el parlamento, entre el rey, la nobleza y el pueblo, a la vez que este amplia, en sucesivas etapas históricas, la representación de un cada vez mayor número de miembros reconocidos por su calidad de electores. De esta forma, la unificación del poder monárquico demarca geográfica y demográficamente las unidades estatales e impulsa la formación de la nación. Ya constituida, esta última moviliza fuerzas en sentido opuesto, de la nación hacia el Estado, al que inyecta de nuevos componentes y estructuras. ^{Habermas (1998: 105-108)} distingue cuatro momentos de este proceso: el primero con la introducción de personal dedicado a la atención del rey, el segundo con el establecimiento de la burocracia “nacional-cultural”, el tercero con la emergencia de estados en países independizados del dominio colonial -y que adoptan formas híbridas como, por ejemplo, el parlamentarismo combinado con formas autóctonas de gobierno o el sistema presidencial de cuño estadounidense mestizado en Iberoamérica con su proverbial sistema de privilegios- y, finalmente, el surgimiento de estados-nación independientes derivado de la desintegración de la Unión Soviética. Habermas contribuye a la explicación del espacio postpolítico mediante la conceptualización de la manera en que el Estado-nación se va desprendiendo de sus formas previas, que se vuelven arcaicas, y evoluciona adaptándose a nuevas circunstancias. La clave de esta progresión reside en un nuevo cambio de valores que se abre paso y rompe con formas previas de identificación como el credo, la raza, la lengua o la historia común, que eran el cemento de la cohesión política y social. Este proceso tiene hoy un motor en las fuerzas que dinamizan la globalización y que eventos como la pandemia de Covid-19 aceleran significativamente. Conviene citar a Habermas:

El Estado nacional representaba […] un equivalente funcional para las formas de integración social de la modernidad temprana que habían entrado en decadencia. Hoy nos hallamos ante un desafío similar. La globalización […] nos confronta con problemas que ya no pueden solucionarse dentro del marco de un Estado nacional o por las vías habituales hasta ahora de los acuerdos entre Estados soberanos. […] seguirá progresando el vaciamiento de la soberanía concebida en términos propios de los Estados nacionales y se hará necesario la construcción y ampliación de las competencias políticas de acción a niveles supranacionales, cuyos comienzos ya podemos observar. En Europa, en América del Norte y en Asia se están construyendo formas de organización supraestatales de “regímenes” continentales que podrían proporcionar la necesaria infraestructura a las todavía hoy bastante ineficientes Naciones Unidas. (^{Habermas, 1999: 82-83}, cursivas del autor)

A lo largo de la historia moderna se mantiene la diarquía característica del Estado entre el control del poder político y (residencia de la) soberanía en una espiral continua de accesos y salidas del poder que se suceden en equilibrios, rupturas y nuevos equilibrios. Una vez definida la forma del control político en un momento del tiempo se establece una relación dialéctica entre quienes la capitalizan y la población que queda fuera de ella. Esta tensión de poder se define por la concepción de legitimidad que prevalece y su diferencial con la detentación real del poder. Es la frontera, por así decir, entre las reglas válidas y no válidas de juego político que está siempre presente entre los actores en conflicto. Se produce, así, un “excedente de política” (^{Urbinati, 2006: 223 y ss.}). La diarquía del Estado-nación se mantiene, y seguramente se mantendrá, por la inevitable división del trabajo entre sociedad civil y gobierno, a pesar de su cambiante carácter.¹⁰ Sin embargo, una peculiaridad de las transformaciones de esta diarquía consiste en el desplazamiento del sentido de la legitimidad respecto de la relación y unidad entre sus dos términos, que resulta del “excedente de política”. Mientras que en la monarquía se admite la legitimidad de la “cesión” de la soberanía al poder absoluto (o casi) del rey, en el nacimiento del constitucionalismo -sea monárquico o republicano- se demanda un mínimo o un máximo de distribución parlamentaria o republicana, a lo cual se condiciona el reconocimiento de la legitimidad del poder político. En el proceso que conduce hacia la democracia constitucional esta exigencia va en aumento hasta encarnar en diversos principios del estado de derecho. Lo más relevante de esta traslación de la legitimidad en el continuo nación-Estado son los cambios culturales que introducen nuevas formas de integración social a partir del reconocimiento del Estado de derecho (rule of law), que son formas en las que ya no es indispensable pertenecer a la misma nación, al mismo credo, raza o grupo social, aunque tales segundas pertenencias no sean indiferentes.

Con la inclusión progresiva de los derechos desprendidos, derivados o impulsados por los movimientos que buscan la ampliación de la ciudadanía (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), aparece una exigencia de representación democrática transversal al Estado nacional en un orden supra nacional que lo pueda subsumir. De una u otra manera, todas las formas de Estado-nación admitieron un tipo de “derechos de ciudadanía” o de su presencia en el espacio público, y produjeron una doble seña de identidad: la unidad voluntaria en la pertenencia al Estado y la integración social dependiente de la herencia lingüística, étnica, religiosa y cultural de la nación. Hay, entonces, una tensión entre los dos términos que es inofensiva “mientras se otorgue prioridad a la idea cosmopolita de la nación y no a su interpretación etnocéntrica […] Solamente un concepto no naturalista de la nación puede combinarse armónicamente con la autocomprensión universalista del Estado constitucional democrático” (^{Habermas, 1998: 115}). Sin embargo, cuando el concepto “naturalista” de nación se antepone a y choca con la idea del Estado constitucional democrático se produce una regresión en los derechos políticos y un alejamiento “hacia adentro” de las fronteras de las convergencias políticas internacionales.

Ahora bien, un elemento central de la traslación de soberanía es el cambio económico que, a partir de las últimas dos décadas del siglo XX, ha modificado la globalización. El Estado fue hasta entonces uno de los ejes del proceso productivo. Sin embargo, la Cuarta Revolución Industrial, que tiene en su centro la mayor innovación de nuestra época, la Internet, ha traído cambios en casi todos los planos: nuevas formas de producción desplazables han facilitado la subdivisión de procesos productivos en diferentes partes del mundo, con mecanismos de inversión de capital y mercados de trabajo diversificados. Los mercados financieros y de trabajo están vinculados en grandes segmentos que rebasan las fronteras de los estados. Como señala ^{Habermas (1998: 122)}, con la “desnacionalización de la economía, la política nacional ha perdido gradualmente influencia sobre las condiciones de producción en las que se generan los ingresos y ganancias fiscalizables”. El aislacionismo defensivo y la austeridad devastadora del bienestar social han sido las dos reacciones principales frente a estos procesos y juntas constituyen la “abdicación a la política” (^{Habermas, 1988: 122}). El Estado se ha quedado a la saga por abdicar a la política en el espacio postnacional, único espacio en el que puede replantear su papel en el desarrollo económico en vez de recurrir a “utopías regresivas”.¹¹ En esta fisura o falla del Estado se juega el callejón del dilema entre aislacionismo y globalización salvaje. Ambas salidas son atolladeros pues se antoja imposible detener el avance de las “fuerzas productivas” -para citar al clásico-, mientras que la maduración del activismo político progresivo postnacional se encuentra aún en pañales. No obstante, las condiciones creadas por la pandemia podrían ser incentivos para su activación en una nueva etapa.

III El cambio de referente de la integración política: de la tribu a los derechos

¿Prevalecerán los derechos de ciudadanía y adscripción voluntaria a la comunidad política o será la fuerza centrífuga, protectora y regresiva del abrigo nacional la que se imponga? Frente a la globalización intervenida por la pandemia global, cuál será el incentivo mayor que aliente las decisiones de integración política: la búsqueda de nuevas y mejores formas de colaboración nacional y extranacional mediante el derecho¹² o el canto de las sirenas que llama al repliegue en el vientre de la nación y parafernalias étnicas, religiosas y culturales que le acompañan, incluidas, indudablemente, las formas de la superstición política. Los momentos de cambio pronunciado o de circunstancias de riesgo inminente, como la pandemia de la Covid-19, exigen decisiones de largo aliento respecto de la disyuntiva. La cuestión tiene a la vez valor normativo y valor fáctico. Por el valor normativo, la acción política debe decantarse por cuál de estas dos ha de ser su bandera frente a los problemas del presente y por el valor fáctico debemos observar los derroteros de ambas tendencias en las circunstancias del presente, llenos de turbulencias nacionalistas en choque continuo con la defensa de los principios del derecho.

Las tensiones políticas que dispararon la crisis financiera de 2008 se inscriben en esta polaridad. Por una parte, las fuerzas de una globalización vertiginosa conducen a convergencias y enfrentamientos entre países incentivando las integraciones supranacionales, y por la otra, las estructuras de gobernanza de la globalización desalientan la distribución equitativa de sus beneficios. La presunta culpable es acusada sin piedad: “globalización neoliberal” o nueva forma de colonialismo y explotación, dependencia extrema del “imperialismo”, etcétera, etcétera… La percepción de la realidad de esta tensión bajo una mirada historicista (^{Popper, 1973}) ha dado lugar a la invención de “epistemologías” alternativas que se edifican sobre una falacia, a saber, que la “dominación capitalista” conlleva necesariamente un sesgo epistemológico, es decir, una forma de conocer que tiene los dados cargados fatalmente a favor a los intereses de la burguesía, y que afirma la necesidad de una forma de conocer “distinta”, de una “Scienza nuova” (dicho sea con todo respeto a Gianbattista Vico), que informe y nutra la emancipación social liberándola de la tentación de la “repetición” (^{de Sousa, 2017: 103})¹³ Un parangón con el absurdo puede imaginarse en la pretensión de prescindir o destruir la rueda por ser invención exclusiva para la optimización del esclavismo y la servidumbre, por lo que no abundaré sobre ello.¹⁴

Dejando de lado este camino de interpretación espurio, nada impide desde el punto de vista normativo que la elección pública por los valores ciudadanos del Estado de derecho se abran paso y tengan prelación sobre los valores de la herencia nacional -y de la regresión política- frente a problemas que requieren de acción colectiva global. Dicho de otra forma: que exigen el desarrollo imaginativo, y a la vez realista, de formas de organización y decisión colectivas para ordenar el espacio de la postpolítica, sin necesariamente olvidar su base local. Ejemplos de ello pueden desprenderse de acuerdos y tratados internacionales con mecanismos de cumplimiento efectivo, organizaciones de trabajadores, productores y consumidores con intereses comunes dentro de los acuerdos comerciales internacionales (T-Mec, UE, Asia-Pacífico, TPP, etc.), así como mecanismos de participación y representación ciudadana en las decisiones de esos conglomerados.¹⁵ Last but not least, las empresas que controlan las redes sociales a través de las cuáles nos comunicamos con mayor intensidad cada día. Todas estas entidades supra Estado-nación justifican y precisan proponer una ciudadanía mundial, una política cosmopolita promovida a partir del conocimiento educado de las implicaciones que tienen para grandes contingentes de personas. Algunas de estas organizaciones ya han cobrado existencia. Por ejemplo, en materia ambiental, en derechos humanos y movimientos migratorios, etcétera, pero se carece de instancias suficientes para activar estos proyectos en todo su potencial cosmopolita (^{Benhabib, 2006}).¹⁶ Este problema requiere atención en dos instancias principales. Por una parte, la contradicción entre la circunscripción del Estado nacional y sus recursos de autoridad internos y externos y, por otro, la que se produce entre “la autodeterminación democrática y las normas de la justicia cosmopolita” (^{Benhabib, 2006: 17}). La primera ha sido descrita arriba por lo que me referiré ahora a la segunda. La ley internacional (^{OHCHR, 1966}) establece el derecho a la autodeterminación de los pueblos para elegir libremente su “condición política”. La ambigüedad de la norma ofrece un margen excesivamente amplio para concebir la libertad de decisión como igual a aquella definida por cada país en su sistema constitucional, no obstante que cada una de las reglas constitucionales que amplían o limitan la capacidad de la ciudadanía para “elegir democráticamente” su condición política sean tan variadas que se pueden clasificar desde nulas o autoritarias hasta democráticas e inclusivas (^{Lührmann, Lindberg y Tannenberg, 2017: 6-10}). En la comunidad internacional, la legitimidad de cada una de estas decisiones sobre la “condición política” elegida se admite como originada en la autonomía de cada Estado, pero no se establece ninguna disposición sobre las condiciones y procedimientos debidos para que los habitantes de un país lleguen a esa decisión. El derecho internacional se tropieza ahí con la “soberanía Westfaliana” que aún impregna el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas como soberanía de estados iguales entre sí.¹⁷ No obstante, los tratados internacionales de diverso tipo, pero principalmente los del sistema de los derechos humanos, disponen de medios de protección y defensa contra las violaciones más graves de los derechos humanos en instancias internacionales como la Corte Penal Internacional¹⁸ o el sistema interamericano de derechos humanos. En estos el derecho internacional incorpora la “soberanía liberal internacional”, en aquella la “soberanía wetsfaliana”. La contradicción entre las dos concepciones de soberanía colisiona en términos normativos y prácticos al dividir a los estados en posiciones a lo largo de un espectro que tiene en un extremo a los que reclaman para sí la concepción westfaliana de modo absoluto y en el otro los que, sin abandonarla, aceptan someterse en algún grado a la legislación internacional a la que adhieren.¹⁹ En el primer polo se asume el reconocimiento exclusivo de la autoridad del Estado nacional para actuar como le plazca en sus límites territoriales, violar derechos humanos y otros, reduciendo al mínimo su sometimiento a normas internacionales, y en el segundo se agrupan los países que han internalizado en alguna medida los principios del derecho internacional y se conducen con arreglo a ellos.

IV Conclusión