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Introducción
Frente a la rápida expansión del COVID-19, más conocido como coronavirus, es que se activaron las alarmas y los protocolos sanitarios en todo el mundo. Si bien se han declarado emergencias por el contexto sanitario, también se debe enfocar el análisis a los contextos por una crisis sociosanitaria. A pesar de que se dice que el virus afecta por igual sin distinciones de sexo, edad u origen dentro de las diversas sociedades, es claro que existe una parte de la población que es más vulnerable por sus condiciones socioeconómicas, habitacionales y/o laborales. De esta manera la pandemia por coronavirus exacerba otros problemas existentes en nuestras sociedades. Esta problemática no es ajena a la población migrante, la cual, como veremos, muchas veces aumenta sus condicionantes de vulnerabilidad sociosanitaria.
Realidad migrante en Chile
La migración se entiende como un proceso de movilidad y de residencia dentro de contextos territoriales diferentes. Bajo esta dimensión conceptual, se describe la migración como aquel cambio que entraña fundamentalmente una decisión económica e individual para mejorar las condiciones de vida; la definición surge y cobra sentido, no como producto del desplazamiento físico, sino de sus propósitos últimos (Herrera, 2006). Si bien a lo largo de la historia, la búsqueda de mejorar las condiciones de vida ha sido el principal motor de la movilidad humana (Arce, 2018), no es el único factor condicionante para entender el concepto de migración.
Es por ello que no solo la movilidad caracteriza a un migrante sino a la serie de hechos y fenómenos que están involucrados en el proceso migratorio, los cuales marcan hitos y cambios socioculturales dentro de sus contextos. Bajo esta perspectiva, el término migración es utilizado para aquellos procesos que implican una transformación de las afiliaciones de los sujetos, de su comunidad de origen, así como de la comunidad donde se radica (Herrera, 2006).
De esta forma, las migraciones se han convertido en un fenómeno estructural y global que ha provocado múltiples transformaciones en las sociedades contemporáneas (Tijoux, 2013). Es por ello que se deben considerar como un proceso multidimensional que trae consigo un complejo contrapunto de riesgos y oportunidades para las personas, las comunidades y los Estados, donde se observa una relación de contrastes entre las dinámicas económicas, sociales, jurídicas y políticas (Liwski, 2008). De acuerdo con lo anterior, Herrera (2006, p. 35) afirma que “las diferentes formas que adopta la realidad social en su cotidiana construcción pudieran estar planteando la necesidad de un ajuste en las tradicionales estrategias para abordar y explicar las migraciones humanas”.
Ante esta realidad global de la migración, Chile no ha sido la excepción. En los últimos años la cantidad de migrantes en el país ha crecido precipitadamente, siendo hoy un aproximado de 1 492 522 personas, de acuerdo con cifras entregadas a diciembre de 2019 (Instituto Nacional de Estadística y Dirección de Extranjería y Migración [INE y DEM], 2020); esto implica que la población extranjera ha llegado a un aproximado de 8 por ciento de la población nacional. Si se toma como base que para el Censo Nacional de 2017 representaban solamente 4.4 por ciento (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2017), se demuestra empíricamente el crecimiento exponencial de los migrantes. Esto a su vez devela un sinnúmero de falencias, vacíos y necesidades desde el Estado en cuanto a políticas públicas y/o desde las mismas comunidades que requieren ser abordadas para con la población de origen extranjero.
Desde los diversos enfoques que se aborda el fenómeno de la migración, se puede establecer “la existencia de una combinación de causas, funciones, efectos y características que se atribuyen a los movimientos migratorios y por extensión al propio migrante” (Herrera, 2006, p. 59). Estos movimientos son variables en el tiempo y responden a lo que se entenderá por flujos migratorios, es decir cuando existe una movilidad migrante significativa en una determinada temporalidad, que reconfiguran las tasas migratorias y se transforman las características socioculturales de la población. En ese sentido, Chile no ha sido ajeno a los fenómenos globales del crecimiento de la migración, también se caracteriza por los cambios en sus flujos migratorios de los últimos 30 años.
Según los datos obtenidos del XIX Censo Nacional de Población y Vivienda (INE, 2017) referente a la declaración del período de llegada a Chile, antes del año 1990 la población migrante se caracterizaba por una fuerte predominancia de 33.2 por ciento de población de origen argentino, y 42.7 por ciento de otros países, en especial de origen europeo. Esto coincide con ciertos hitos históricos del flujo que se relacionan con las políticas migratorias, en especial al sur del país, con la llegada de población europea que migró por contextos como la posguerra civil española o las guerras mundiales. La migración argentina responde a la migración transfronteriza que se verá luego con fuerza, la cual es entendida como la movilidad existente entre países que comparten fronteras.
Es entre 1990 y 1999 cuando se da la primera gran transformación en este flujo migratorio transfronterizo. Esta vez se observa un crecimiento de población proveniente de Perú que alcanza
31.1 por ciento de la población migrante según las declaraciones de quienes llegaron en esa década (INE, 2017), manteniendo ese crecimiento entre los años 2000 y 2009, siendo la comunidad extranjera más grande durante dicho período. Esto a la vez marcó un hito importante en el cambio de rostro de la población migrante, ya que debido a los conflictos sociopolíticos y económicos en Perú es que migra una gran población marcada fuertemente, la cual proveniene de sectores rurales y urbanos vulnerables. Esto transformó las maneras del manejo político y público de la migración por la asociación que se realiza de los “nuevos migrantes” con diferentes problemáticas sociales y vulnerabilidad.
Paralelamente, en la primera década de este siglo se da un crecimiento en la población proveniente de Colombia y Ecuador, representando 13.6 por ciento del total de migrantes (INE, 2017). Esto representa otro hito reciente en las características de los flujos migratorios porque se da un crecimiento de la movilidad de regiones que ya no son netamente transfronterizas, generando un crecimiento migratorio sur-sur, el cual se entiende como aquel que se produce entre países en desarrollo, y en este caso dentro de la misma región o subcontinente latinoamericano. Este tipo de migración crecerá en la última década sobre todo con el aumento de la población venezolana que para el año 2020 representa 30.5 por ciento de la población y por el fuerte crecimiento desde el año 2010 de la población proveniente de Haití, la cual representa actualmente 12.5 por ciento de la población (INE y DEM, 2020). La salida de migrantes de estos dos últimos países se debe a las crisis humanitarias y sociopolíticas que han vivido.
Se observa entonces que la transformación de los flujos migratorios a partir de la concentración migratoria transfronteriza era de 49.5 por ciento del total de migrantes antes de la década de 1990, hasta el aumento de la migración sur-sur que hasta 2020 contemplaba 56.6 por ciento de la población de origen extranjero (gráfica 1).
Fuente: Elaboración propia con base información del INE (2017) y de INE y DEM (2020).
Gráfica 1 Flujos migratorios en Chile
El dinamismo de los flujos migratorios define ciertas tendencias al interior de los patrones de movimiento que requieren ser considerados, sobre todo dentro de los contextos de desigualdad económica y social, donde los índices de vulnerabilidad se evidencian como un factor que afecta de manera predominante en las decisiones migratorias. Otros factores que se suman a lo anterior son las coyunturas, las crisis económicas y políticas específicas que enfrentan los países históricamente y que producen salidas importantes de personas en períodos acotados de tiempo (Stefoni, 2018). Los hitos del crecimiento del flujo migratorio en Chile, donde las últimas décadas se concentra en una migración sur-sur, dados los contextos sociopolíticos y económicos que atraviesan Venezuela y Haití, y en un pasado cercano también con fuerza Colombia. La complejidad del fenómeno de la migración no se puede separar del ser social de las personas migrantes, por ello es necesario analizar las migraciones a partir de las experiencias de los seres humanos que se ven implicados en esos procesos, reconociendo sus propias miradas, vivencias y desde su propia vulnerabilidad.
Proceso migratorio y vulnerabilidad
El proceso migratorio se entenderá como las diferentes etapas que viven los migrantes desde el enfrentar factores gatillantes al salir del lugar de origen hasta la inserción en el lugar de llegada. Desde esta perspectiva, la primera etapa se relaciona con las causas y los motivos migratorios, la cual dependerá de factores internos y externos de los sujetos migrantes, es decir, los elementos microeconómicos y sociofamiliares, así como los factores que responden a las políticas macroeconómicas y sociopolíticas del contexto del lugar de origen. Ya Germani (citado en Herrera, 2006, p. 77), hace referencia a las migraciones como una de las consecuencias de la modernidad, donde retoma la teoría planteada sobre los factores expulsivos y atractivos, entendidos como las circunstancias que estimulan la migración, así como la imagen e información que se tiene del lugar de destino frente a las circunstancias vividas. Así, el ejemplo más recurrente es que frente a la inseguridad económica o laboral en el lugar de origen, se plantea la imagen del lugar de destino como una respuesta que implica mayores posibilidades laborales y una mejor situación económica. De la misma forma, frente a factores externos como las crisis sociopolíticas del país de origen, se vislumbra que el lugar de destino promete estar dentro de contextos de mayor estabilidad. Estas motivaciones migratorias están interrelacionadas en su generalidad con los contextos de vulnerabilidad social que viven los sujetos.
La segunda etapa alude a los procesos relacionados con las decisiones migratorias, entendidas desde las formas en que los sujetos migrantes planifican y enfrentan la migración junto con su entorno sociofamiliar. Lo anterior implica la evaluación y la resolución de los elementos relacionados con el costo-beneficio, no solo por el costo económico de migrar sino también por el quiebre de su entorno de origen, que algunas veces implica el distanciamiento familiar. La toma de decisiones migratorias implica la evaluación en conjunto con su entorno sociofamiliar, como una forma de generar estrategias para enfrentar contextos vulnerables.
La trayectoria migrante, entendida como la tercera etapa del proceso, no solamente implica la manera como se realizará el desplazamiento, sino también cómo serán las condiciones de llegada en los lugares de destino. Los factores de vulnerabilidad social determinan las formas de realizar estas trayectorias, ya que se enfrentan con adversidades en los trámites migratorios y al trasladarse muchas veces en condiciones precarias, enfrentándose a diversos riesgos que implican, por ejemplo, la utilización de pasos fronterizos no habilitados para el ingreso al país.
Como última etapa del proceso migratorio, se da la inserción en el lugar de destino, que implica no solo la llegada de los sujetos migrantes, sino el enfrentarse a la regularización de su estatus migratorio. Este último aspecto estará muy relacionado con su proceso de inclusión económica en el ámbito laboral, así como para acceder a servicios públicos básicos, de salud y educación. Así mismo, en esta inserción será importante la activación de redes migratorias que acojan psicosocial y físicamente al migrante. Es dentro de los diferentes ámbitos señalados que los procesos migratorios son atravesados por condiciones de vulnerabilidad social, entendida como una categoría válida para la comprensión de las situaciones limitadas y/o adversas de la vida, desde el enfoque de los derechos sociales y económicos de las personas.
La vulnerabilidad social tendría su aplicabilidad en el abordaje de los grupos sociales que permanecen contradictoriamente recluidos en escenarios de inestabilidad y marginalidad. En dicha interacción, una persona no es tratada integralmente, no recibe la ayuda adecuada a sus necesidades y sus derechos no están asegurados (Numans, Regenmortel y Boog, 2021). Se ha señalado que la pobreza es el principal factor de vulnerabilidad de amplios segmentos de la población (Arce, 2018), entendida como la relación al acceso y oportunidades en torno de los servicios públicos y básicos. Sin embargo, es erróneo asociar a la pobreza con los conceptos de marginación o exclusión, ya que la vulnerabilidad social es multidimensional, es decir abarca diversos factores que afectan a los individuos, no necesariamente en lo económico pues este factor puede ser provocado por los individuos mismos, o bien por catástrofes naturales o el entorno social.
La vulnerabilidad social, entonces, no es solamente una condición o atributo de los individuos y/o las poblaciones; corresponde más bien a un efecto social originado por dinámicas históricas excluyentes que vulneran los derechos de diferentes grupos sociales y restringen sus capacidades y libertades (Ortiz-Ruiz y Díaz-Grajales, 2018). Es a partir de estas concepciones, que se enmarcan las condiciones de pobreza de algunas regiones y la vulnerabilidad que las acompaña como causas de los flujos migratorios contemporáneos.
La vulnerabilidad está asociada no solo con las condiciones del individuo sino, cada vez más, con las condiciones del medio -ambientales, sociales, entre otras- en que su vida se desarrolla, dando lugar a la necesidad de incorporar los aspectos socioculturales para la comprensión de este concepto. De ahí que se hable frecuentemente de poblaciones vulnerables para referirse a aquellos grupos de personas que, a consecuencia de las condiciones del medio en que viven, están en una situación de mayor susceptibilidad al daño (Feito, 2007). Bajo estas premisas, también se puede suponer que los migrantes viven sometidos a una vulnerabilidad de base múltiple, entendiendo primeramente que los factores gatillantes causantes del proceso migratorio están asociados a situaciones y estados de vulneración de los sujetos. Es a raíz de dichas situaciones de vulnerabilidad que aparecen la pobreza, el deterioro socioeconómico y el daño a los derechos básicos, mismas que determinan la motivación migratoria. Además de experimentar estos procesos migratorios vulnerables, a ello se debe sumar que en los lugares de destino donde radican los migrantes se enfrentan también a entornos de vulnerabilidad que afectan su inserción social.
La vulnerabilidad social de la población migrante es un reflejo claro de las condiciones socioeconómicas que deben enfrentarse, donde se encuentran muchas veces ante una realidad muy diversa y distinta a aquella proyectada al momento de tomar la decisión de migrar. Se enfrentan a la precariedad laboral, a bajos niveles de habitabilidad, a la burocracia de la regularización de sus papeles y/o al resquebrajamiento de sus relaciones sociofamiliares; éstas son solo algunas de las aristas que debe enfrentar la población migrante dentro de sus condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, a esto se suman los mitos y los estigmas sociales donde la construcción de un imaginario colectivo se basa muchas veces en las miradas xenófobas o racistas. A todo lo anterior se debe añadir un último tipo de vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad pandémica.
Vulnerabilidad pandémica
Una de las primeras aristas de vulnerabilidad se relaciona directamente con las determinantes sociales de salud que, si bien se acentúan en sus fragilidades sociales, éstas también son potenciadas por la vulnerabilidad propia de la migración, aún con mayor razón frente a la declaración de emergencia por la pandemia sociosanitaria. Bajo el contexto a analizar, la vulnerabilidad pandémica será entendida entonces como la probabilidad de hacer frente a los efectos adversos (Ortiz-Ruiz y Díaz-Grajales, 2018) y la respuesta de esta población desde sus determinantes sociales a la pandemia del coronavirus.
Los determinantes sociales de la salud han sido definidos como aquellos factores y mecanismos por los cuales las condiciones en las que viven las personas afectan el nivel de salud y que es posible intervenir a través de políticas sociales y de salud (Van der Laat, 2017). A la vez, desde diversos ámbitos se reconoce a la migración como una determinante social más de la salud, considerando su proceso dinámico, donde se producen cambios en el estilo de vida, así como en las condiciones del medio socioeconómico, familiar y comunitario. Estos cambios generan también mayores vulnerabilidades y riesgos para la salud de las personas migrantes y para el entorno que los recibe. Es así que todo proceso migratorio, descrito anteriormente, repercute en la salud de las personas, ya sea de forma positiva o negativa (Van der Laat, 2017). Esto convierte a la migración en una variable dentro de los determinantes sociales de la salud.
Se entiende que la movilidad poblacional no es por sí misma un factor que incremente los riesgos de salud de los migrantes ante las enfermedades, sino que son las condiciones en las que se da este proceso de migración las que sitúan a las poblaciones migrantes en situaciones de vulnerabilidad o desprotección frente a potenciales daños a la salud (Van der Laat, 2017), en especial al afrontar situaciones extremas como la pandemia sanitaria. Las determinantes de salud y los índices asociados a ella también están en estrecha relación con la etapa de los procesos migratorios de las personas, por ser un proceso dinámico en el que existen factores que han sido poco abordados y comprendidos por los sistemas de salud receptores.
De esta manera se observa que la pandemia ha develado situaciones de alta vulnerabilidad dentro de la población migrante que se mantenían soterradas en una cotidianidad dentro de la ciudad, de cierta manera normalizadas, llevando a la fragilidad de las determinantes sociales de salud. Esto se ha puesto de manifiesto en algunas realidades transversales como la precariedad laboral y la habitabilidad de los migrantes.
La primera de ellas se relaciona con el ámbito laboral donde busca insertarse la población migrante, en especial cuando ello es la respuesta a la mejora socioeconómica que formó parte de las expectativas involucradas en la motivación migratoria. La precarización laboral afecta a un gran número de trabajadores en Chile, quienes, al ser parte de la población extranjera con mucha urgencia de incorporarse laboralmente, se insertan con mayor énfasis en trabajos considerados precarizados. Lo anterior responde no solo al ingreso económico que sustente su inserción en el país, sino que también a la posibilidad de contar con antecedentes laborales que son necesarios para la regularización. En gran parte han ido copando los nichos laborales que los propios chilenos han ido abandonando por sus condiciones laborales, existiendo además una informalización en las relaciones laborales de dependencia, o encontrándose en trabajos informales independientes asociados al comercio y servicios. La urgencia laboral hace que en su llegada al país los migrantes realicen trabajos sin contrato que les permitan sobrevivir y establecer contactos laborales, facilitando las redes migratorias donde se insertan. Es de esta forma que también se enfrentan a una vulnerabilidad laboral, la cual se condiciona con la desinformación del ámbito legal en torno de lo sociolaboral y de la seguridad en el trabajo. Es así como se observa que, acorde con la Encuesta Nacional de Empleo (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2020a) 26.7 por ciento de los inmigrantes se encuentra en la categoría de informalidad laboral, reflejando también que dentro de las áreas de actividad económica cerca de 50 por ciento se inserta con fuerza en las áreas comercial y de servicios, donde más de la mitad de los trabajadores inmigrantes se emplea por tratarse de trabajo no calificado.
Al mismo tiempo, cabe destacar que cerca de 20 por ciento de la población extranjera radicada en Chile se encuentra en empleos de alta calificación, entre los que se encuentran profesionales, científicos y académicos, técnicos profesionales, entre otros. Es curioso mencionar, sin embargo, que en la Población en Edad de Trabajar (PET), los extranjeros representan en la actualidad 7.6 por ciento del total del país, siendo únicamente 10 por ciento los que tienen ocupación. El mismo estudio señala que 5.4 por ciento de los inmigrantes estaba sin trabajo, cifra que llega a 7.2 por ciento en el caso de los chilenos. Este dato señala sin duda que la tasa de cesantía era aún menor dentro de la población migrante (INE, 2020a). Por lo tanto, se puede deducir de lo anterior que en muchos casos la población migrante, si bien se encuentra con una mayor inserción laboral frente a la población chilena, ésta a la vez se inserta en ámbitos que pueden representar una mayor precariedad laboral y menores ingresos.
Otra determinante social a analizar que representa grados importantes de vulnerabilidad y que se ha develado a raíz de la crisis sociosanitaria, tiene que ver con la habitabilidad, entendida como la calidad de la vivienda, la situación de tenencia y el hacinamiento. En este sentido, la habitabilidad se convierte en un factor importante dentro de la medición de la vulnerabilidad de los migrantes, ya que determina la calidad de la vivienda donde realiza su inserción espacial al territorio donde llega. Durante el proceso migratorio, en la gran mayoría de los casos, como se ha revisado anteriormente, la llegada al lugar de destino se da por medio de la acogida de las redes migratorias, conformada por familiares y/o conocidos del lugar de origen, donde los sujetos migrantes se adecúan a vivir en su primera etapa en forma de “invitado” que, de acuerdo con los tiempos de estadía, se convierte en un allegado en el hogar de acogida. Si bien hay elementos estructurales que determinan las posibilidades para el mejor acceso y mejores condiciones de vivienda para las personas migrantes, estos se relacionan con el tiempo de arribo al país, dificultando su proceso de inclusión, al tener menor capital social y económico, y una situación migratoria irregular. Es así que a la población migrante se le presentan barreras tanto para acceder a alternativas habitacionales de manera formal como para alcanzar condiciones de habitabilidad adecuadas (Servicio Jesuita a Migrantes [SJM], 2020). El hacinamiento y la concentración de la población migrante en algunos sectores específicos, especialmente dentro del radio urbano, refleja de qué manera dicha población sacrifica el espacio habitacional para estar más cerca de las oportunidades laborales y económicas. Estas son parte de las condicionantes de salud que viven los migrantes y desde las cuales se han enfrentado a la declaración de pandemia mundial por el COVID-19.
Metodología
Chile se enfrentó a la pandemia declarando su emergencia sanitaria a principios de marzo de 2020, tomando diferentes medidas y políticas sanitarias, que acertadas o no, han cambiado los contextos sociales y económicos. A raíz de eso, se llevó a cabo una revisión de los primeros cinco meses de la emergencia sanitaria y principalmente su incidencia en la población migrante. Para ello se realizó un estudio descriptivo correlacional, buscando describir el grado de relación entre la variable de ser migrante y el COVID-19. El siguiente análisis se basa en los datos y la información remitida por el Sistema de notificación EPIVIGILA, Departamento de Epidemiología, DIPLAS del Ministerio de Salud (Minsal, 2020b). A dicha instancia se le solicitó información principalmente acerca del número de personas migrantes/no chilenas que confirmaron haberse contagiado de COVID-19 entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020; también sobre la cantidad de migrantes contagiados por comuna y, por último, el número de migrantes fallecidos por causa de COVID-19. A partir de la información anterior se realizó el cruce de datos con el informe epidemiológico número 38 del Ministerio de Salud (Minsal, 2020a) del Departamento de Epidemiología, el cual hace referencia al reporte epidemiológico del 31 de julio de 2020 en Chile. De igual forma se cruza con información del censo de 2017 y la estimación de personas extranjeras residentes en Chile, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y del Departamento de Extranjería y Migración (INE y DEM, 2020). Es a partir de estas bases de datos obtenidas y las estadísticas oficiales existentes, es que se hace un análisis correlación de diferentes bases de datos.
Por último, se realiza también un análisis de correlación con los datos obtenidos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), realizada por el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2017.1
Si bien el trabajo es el reflejo de los efectos del COVID-19 en la población migrante entre los meses de marzo a julio de 2020, sin duda queda pendiente llevar el análisis a períodos más extendidos a partir de la declaración de la pandemia, donde no solo se ha dado una diversa variabilidad de los datos de salud asociados a las medidas preventivas de la misma, sino donde la realidad de las poblaciones vulnerables se ha mantenido a lo largo del tiempo.
Resultados
COVID-19 y población migrante
Lo primero que se puede observar es que según los datos entregados sistemáticamente por el Ministerio de Salud (Minsal, 2020a) entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020, se reportaron un total de 395 261 casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional, representando 2 por ciento de la población estimada en el país (Instituto Nacional de Estadística, 2020b). Según los datos solicitados al Ministerio de Salud por medio de la Ley sobre Acceso a la Información Pública (Congreso Nacional de Chile, 2008), se reportaron en el mismo período 34 016 casos confirmados de COVID-19 entre la población migrante/no chilena (Minsal, 2020b), representando 8.6 por ciento de las personas reportadas por contagio con coronavirus en el país (cuadro 1).
Cuadro 1 Casos confirmados marzo-julio 2020
| Número de casos totales | Número de casos migrantes/no chilenos | Número de casos chilenos | Porcentaje total de migrantes de caso | |
|---|---|---|---|---|
| Totales | 395 261 | 34 016 | 361 245 | 8.6 |
Fuente: Elaboración propia con base en los informes del Minsal (2020a; 2020b).
En cuanto al índice de casos confirmados, según la población total de migrantes referida al año 2019 (INE y DEM, 2020), el porcentaje fue de 2.3 por ciento, por lo cual se observa que proporcionalmente respecto del total nacional, el contagio de la población migrante es levemente mayor. Sin embargo, de la población contagiada a nivel nacional al 31 de julio de 2020, se registraron 13 426 fallecimientos (Minsal, 2020a) siendo éstos 3.4 por ciento del total de los contagios. Con base en estos datos, de la población migrante solamente se registraron 454 fallecidos con COVID-19 o relacionados al mismo (Minsal, 2020b), lo que representa 1.3 por ciento de los fallecimientos entre migrantes registrados como casos confirmados.
Cuando se revisan los datos de migrantes según su país de origen (INE y DEM, 2020), de acuerdo con el aumento de dicha población en los últimos años, como se mencionó anteriormente, se observa que los principales países de origen de los grupos migrantes son: Venezuela, con 455 494 habitantes; Perú, con 235 165, y Haití, con 185 865 personas (INE y DEM, 2020). Les siguen las poblaciones de Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, República Dominicana, Brasil y Cuba. Los grupos de migrantes representan 89.4 por ciento de la población extranjera en Chile (cuadro 2).
En cuanto al porcentaje de casos dentro de los grupos de migrantes, cabe destacar que 4.3 por ciento de la población peruana presentó casos confirmados de COVID-19, seguido por el grupo de migrantes de Ecuador, con 2.9 por ciento; mientras que los grupos de Bolivia y Venezuela presentaron 2.6 por ciento de casos. Cabe destacar que estos grupos de migrantes son proporcionalmente superiores a 2 por ciento que representa la cantidad de casos confirmados a nivel nacional.
Cuadro 2 Casos confirmados por nacionalidad marzo-julio 2020
| Nacionalidad | Población migrante | Número de casos COVID-19 | Porcentaje de casos por nacionalidad | Porcentaje de casos del total de migrantes |
|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 455 494 | 11 763 | 2.6 | 34.6 |
| Perú | 235 165 | 10 135 | 4.3 | 298 |
| Haití | 185 865 | 2 725 | 1.5 | 8 |
| Colombia | 161 153 | 3 560 | 2.2 | 10.5 |
| Bolivia | 120 103 | 3 147 | 2.6 | 9.3 |
| Argentina | 79 464 | 260 | 0.3 | 0.8 |
| Ecuador | 41 403 | 1 216 | 2.9 | 3.6 |
| República Dominicana | 20 080 | 354 | 1.8 | 1 |
| Brasil | 19 980 | 105 | 0.5 | 0 |
| Cuba | 16 253 | 248 | 1.5 | 0.7 |
| Otros países | 157 562 | 503 | 0.1 | 1.5 |
Fuente: Elaboración propia con base en los informes del Minsal (2020b), INE y DEM (2020).
Cabe señalar que dentro de la población migrante el grupo que representa la mayor cantidad porcentual de casos confirmados son de la comunidad venezolana con 34.6 por ciento, seguida de la comunidad peruana, con 29.8 por ciento; ambos grupos representan 64.4 por ciento de los casos confirmados dentro de la población migrante. Este porcentaje de población migrante contagiada por nacionalidad corresponde no solo al cambio de las características del flujo migratorio revisado anteriormente, sino también podría obedecer a las características del origen de cada población en aquellas comunas con mayor índice de vulnerabilidad social.
Por otra parte, al analizar las comunas con mayor cantidad de casos confirmados de COVID- 19 entre la población migrante, se encuentra primeramente Santiago con 5 463 casos, lo cual representa 37.6 por ciento de los casos confirmados totales de la comuna. También destaca la comuna Independencia, que cuenta con 2 620 casos confirmados, los cuales representan 41.5 por ciento de casos totales de la comuna. Si bien es en la Región Metropolitana donde se presenta la mayor cantidad de casos confirmados, pues concentra un total de 284 240 en su población, ésta representa 71.9 por ciento de los casos a nivel nacional, en concordancia con la concentración de población en la zona urbana de la capital del país. Así mismo, esta región representa un total de 26 722 casos confirmados de población migrante, equivalente a 78.6 por ciento de casos confirmados de población migrante a nivel nacional (cuadro 3).
Fuera de la Región Metropolitana, la mayor cantidad de casos confirmados de población migrante se registra en la Región de Tarapacá y Antofagasta. Es en las comunas del norte de Chile donde se acumula la mayor cantidad y proporción de casos de COVID-19, tal es el caso de los municipios de Iquique y Alto Hospicio en la primera región, y Antofagasta, Mejillones y Calama en la segunda región. Estas regiones se distinguen por tener una población migrante con fuertes características transfronterizas.
Cuadro 3 Casos confirmados por comuna
| Comuna de residencia | Población comunal | Número de casos comunales | Número de casos migrantes | Porcentaje de casos migrantes a nivel comunal |
|---|---|---|---|---|
| Santiago | 503 147 | 14 541 | 5 463 | 37.6 |
| Independencia | 142 065 | 6 316 | 2 620 | 41.5 |
| Recoleta | 190 075 | 8 275 | 1 793 | 21.7 |
| Estación Central | 206 792 | 6 084 | 1 689 | 27.8 |
| Antofagasta | 425 725 | 7 270 | 1 397 | 19.2 |
| Quinta Normal | 136 368 | 5 777 | 1 339 | 23.2 |
| Iquique | 223 463 | 4 782 | 1 162 | 24.3 |
| San Miguel | 133 059 | 5 020 | 1 065 | 21.2 |
| Quilicura | 254 964 | 8 841 | 988 | 11.2 |
| La Florida | 402 433 | 13 274 | 965 | 7.3 |
Fuente: Elaboración propia con base en los informes del Minsal (2020a; 2020b).
Cuadro 4 Incidencia de contagios COVID-19 por comuna
| Población no migrante | Población migrante | Casos confirmados población no migrante | Casos confirmados población migrante | Porcentaje de casos confirmados Población no migrante | Porcentaje de casos confirmados población migrante | Índice de incidencia en población migrante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago | 390 708 | 112 439 | 9 078 | 5 463 | 2.3 | 4.9 | 2.1 |
| Independencia | 111 741 | 30 324 | 3 696 | 2 620 | 3.3 | 8.6 | 2.6 |
| Recoleta | 166 010 | 24 065 | 6 482 | 1 793 | 3.9 | 7.5 | 1.9 |
| Estación Central | 183 857 | 22 935 | 4 395 | 1 689 | 2.4 | 7.4 | 3.1 |
| Antofagasta | 387 968 | 37 757 | 5 873 | 1 397 | 1.5 | 3.7 | 2.4 |
| Quinta Normal | 124 310 | 12 058 | 4 438 | 1 339 | 3.6 | 11.1 | 3.1 |
| Iquique | 195 565 | 27 898 | 3 620 | 1 162 | 1.9 | 4.2 | 2.3 |
| San Miguel | 125 219 | 7 840 | 3 955 | 1 065 | 3.2 | 13.6 | 4.3 |
| Quilicura | 238 942 | 15 752 | 7 853 | 988 | 3.3 | 6.3 | 1.9 |
| La Florida | 388 658 | 13 775 | 12 309 | 965 | 3.2 | 7.0 | 2.2 |
Fuente: Elaboración propia con base en los informes del Minsal (2020a; 2020b) y del INE (2017).
Podemos observar la incidencia del COVID-19 en la población migrante de las comunas con mayor cantidad de casos desde dos perspectivas. Primeramente, en función del mayor porcentaje proporcional de casos confirmados entre la población migrante de cada comuna de acuerdo con el Censo Nacional (INE, 2017). A partir de éste podemos sacar un índice de incidencia de contagios en la población migrante a partir de la diferencia de la incidencia porcentual por población. Es así como se puede observar que el índice de incidencia en la gran mayoría de estas comunas es sobre 2, lo cual significa que existe sobre el doble de contagios en la población migrante, basado en el cálculo porcentual de los habitantes migrantes y no migrantes. Así mismo, se observa que en las comunas presentadas se da un alto índice de incidencia mucho mayor al porcentaje de casos confirmados de migrantes a nivel nacional, lo que responde no solo a su densidad de población migrante sino a las características socioeconómicas y de vulnerabilidad social.
Por otro lado, se realizó el cruce de información del porcentaje de casos de contagios confirmados en migrantes por comuna con los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen, 2017) respecto del porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional, entendida ésta como un concepto más allá de la falta de ingresos para la satisfacción de necesidades, sino más bien a partir de que son personas que sufren carencias en las dimensiones de educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y calidad de vida en general (Casen, 2017). Al mismo tiempo, esta información se cruza con el porcentaje de hacinamiento comunal como un factor de vulnerabilidad habitacional especifico que viven los migrantes. En el cuadro 4 se muestra las diez comunas con más alta incidencia porcentual de contagios confirmados en la población migrante. Es importante destacar que el porcentaje de casos confirmados, son calculados en función de los casos totales de cada una de las comunas, independiente de la magnitud en cantidad que estos representan. Es así que se puede observar que se cuentan un gran número de municipios con fuertes características rurales, que, aunque su población en general es baja, representan un alto porcentaje de migrantes contagiados.
Cuadro 5 Porcentaje de contagios confirmados e índice de pobreza multidimensional por Comuna
| Comuna | Porcentaje de casos población migrante | Porcentaje pobreza multidimensional | Porcentaje de hacinamiento |
|---|---|---|---|
| Independencia | 41.5 | 20.9 | 12.6 |
| Mejillones | 39.4 | 22 | 10.6 |
| Sierra Gorda | 31.9 | 25.3 | 15.5 |
| Estación Central | 27.8 | 23.5 | 10.2 |
| Vicuña | 23.4 | 23.2 | 7.6 |
| Quinta Normal | 23.2 | 23.5 | 8.5 |
| Recoleta | 21.7 | 22.5 | 11.9 |
| Alto Hospicio | 19 | 27.5 | 14.8 |
| Pozo Almonte | 15.5 | 38.8 | 13.6 |
| Ollagüe | 14.3 | 35.3 | 20.2 |
Fuente: Elaboración propia con base en los informes del Minsal (2020a; 2020b).
Es aquí donde se observa que aquellas comunas que tienen mayor incidencia porcentual de casos de contagios confirmados entre la población migrante, también tienen un porcentaje de pobreza multidimensional a nivel comunal superior al promedio nacional, el cual es de 20.7 por ciento de la población. Representando a la vez un porcentaje de nivel de hacinamiento mayor al promedio nacional que es de 7 por ciento, es decir, cuando son más de 2.5 personas por habitación (Casen, 2017).
Es interesante observar que, por ejemplo, la comuna de Independencia, que cuenta con el número más alto de incidencia porcentual de contagios en migrantes. Si bien su tasa de pobreza se encuentra en el promedio nacional, por otra parte, su tasa de hacinamiento (12.6 %) es mayor al promedio. Lo anterior no es un dato menor considerando que, de acuerdo con la Encuesta Casen (2017), 21 por ciento de los hogares de migrantes presenta condiciones de hacinamiento, una mayoría clasificada en hacinamiento medio-bajo, donde viven entre 2.5 a 3.49 personas por habitación. Según los datos entregados por este mismo estudio, uno de cada seis migrantes que vive en situación de hacinamiento se encuentra en condiciones críticas, debido a que cinco o más personas comparten una habitación. Si bien proporcionalmente el porcentaje de la población hacinada es menor al de las familias chilenas, se puede distinguir que las condiciones de hacinamiento entre migrantes se suman a la precariedad estructural de la vivienda y el acceso irregular a la misma. Es en este mismo tenor donde aparece la figura del subarriendo, donde se da la división informal de propiedades al compartir espacios comunes entre varios hogares, cuando no habitaciones en conjunto, exacerbando de manera irregular el estado de hacinamiento de los hogares. La crisis sociosanitaria producida por el coronavirus ha evidenciado estas dimensiones de la vulnerabilidad con énfasis en la habitabilidad. Es que, dentro de esta perspectiva, la habitabilidad se relaciona directamente con el asentamiento y seguridad que brinda al migrante.
Discusión
Los datos de la vulnerabilidad frente a la pandemia reflejan la necesidad de modernizar la ley de extranjería vigente desde 1975 (Ministerio del Interior, 1975), por medio de la discusión de una nueva ley de migraciones y de los cambios relevantes en las políticas frente a una regulación de la condición migratoria que busque efectos positivos en las determinantes de salud de los migrantes. Es un deber ético reposicionar las determinantes sociales desde una mirada basada en los derechos humanos, partiendo de un enfoque centrado en el acceso a la salud que no excluya por la situación migratoria de las personas. La pandemia nos enfrentó a una realidad donde el acceso a la salud no es universal para la población migrante. De no afrontar debidamente los cambios que presenta el contexto actual, se provocarán nuevos factores de vulnerabilidad por un desamparo del Estado que no protege a todos los ciudadanos para que alcancen niveles de bienestar (Ortiz-Ruiz y Díaz- Grajales, 2018).
Desde el ámbito laboral, los antecedentes indican que los trabajadores migrantes se insertan en espacios laborales de servicios y en el rubro del comercio, sin considerar aquí el comercio informal (INE, 2020a). Es por ello que, debido a las medidas tomadas por las autoridades sanitarias, parte de la población se ha visto en tiempos de confinamiento y cuarentenas, donde aquellos trabajos que se han considerado “esenciales” no se vieron paralizados, sino que transformaron sus requerimientos y condiciones laborales. Es en estos empleos donde se incorporan muchos migrantes donde, si bien se han mantenido de manera estable, se enfrentan a nuevos escenarios al tener que trasladarse y exponerse con mayor probabilidad de contagiarse.
Ahora en cuanto a los trabajadores informales, especialmente los migrantes que se encuentran en situación irregular, han estado más expuestos a perder sus empleos o sus ingresos debido a la pandemia y por lo que baja su probabilidad de recibir una asistencia dentro del sistema de salud, al igual que restringe sus oportunidades de acceder a los diferentes apoyos y beneficios sociales estatales que se han implementado principalmente en los primeros meses de la pandemia.
En el caso revisado de las comunas del norte del país, de las regiones de Arica-Parinacota y la región de Tarapaca, se cruzan dos fenómenos que sería importante profundizar, los cuales se abordan de manera exploratoria en esta oportunidad. Primeramente, la predominancia de la actividad minera en la zona norte del país lo convierte en un polo de desarrollo económico de importancia y a la vez en un punto de atracción de población migrante. Las faenas mineras por lo general se encuentran en zonas aisladas (en una geografía caracterizada por ser desértica) y en cotas que superan algunas de ellas los 3 000 msnm. Dependiendo de las funciones desempeñadas, los trabajadores cumplen jornadas distribuidas en sistemas de turnos que contemplan un período de días en terreno por jornadas equivalentes de descanso.
La situación anterior se caracteriza por la convivencia que se da en los campamentos mineros en la faena. También es característico que los días de descanso se realicen convivencias en los centros urbanos de la región, donde los trabajadores migrantes se reúnen en espacios comunes, pensiones o en condiciones de hacinamiento, al margen de las disposiciones sanitarias dispuestas. Esto podría explicar en parte el alto porcentaje de contagios en dicha región.
Por otra parte, y complementando lo anterior, el segundo fenómeno que emerge dentro de la pandemia, es el contagio de un gran número de migrantes que se integran a actividades rurales temporales. La crisis sociosanitaria vino, entre otras cosas, a develar la situación de migrantes transfronterizos temporeros que se desplazan regularmente en la recolección de la fruta de temporada. Lo anterior se pudo observar con la población peruana y boliviana principalmente, las cuales se encontraron varadas ante las dificultades de retorno a sus países de origen, por las restricciones sanitarias impuestas tanto en Chile como en los países de origen. Un ejemplo de ello es lo sucedido en Iquique, ciudad transitoria hacia Bolivia, donde por reglamentación boliviana las personas que procedían a pasar la frontera, tuvieron que realizar cuarentena en refugios temporales. Muchos de estos refugios, fueron también focos de contagio de COVID-19.
Se abre así la reflexión a los elementos que podrán ser base de análisis, sobre todo frente a la vulnerabilidad postpandemia. Si bien el centro de la preocupación parte de la inestabilidad laboral que repercute en los ingresos, las expectativas de futuro sociofamiliares y de salud de los migrantes no son menores. En una encuesta encabezada por la Universidad del Desarrollo sobre el COVID- 19 (Universidad del Desarrollo, 2020), la población migrante expresa no solo preocupación por su salud física, sino que también por la situación migratoria de sus familiares, así como las proyecciones posibles de reunificación familiar. A la vez mostraron preocupación de lo que puede suceder en sus lugares de origen, con las redes sociofamiliares que quedaron atrás e incluso las mermas que tendrán las remesas económicas que sostenían económicamente a las familias. La vulnerabilidad postpandemia que proyectan los migrantes se manifiesta en las preocupaciones en cuanto a la situación política, social, económica y de desempleo en el futuro post COVID-19. Los participantes mostraron incertidumbre en cuanto a la situación general a nivel nacional, con una anticipación de consecuencias negativas tales como un aumento de la inseguridad, aumento de los precios, disminución de la calidad de vida y desempleo tanto para la población general como para la población migrante específicamente (UDD, 2020).
No se puede dejar de mencionar cómo dentro de la misma crisis sociosanitaria, los medios han exacerbado los problemas de los migrantes, en especial aquellos que enfatizan los aspectos de vulnerabilidad revisados. Sin embargo, también han ido despertando elementos de solidaridad y rechazo dentro de la pandemia, influidos por los mitos y los estigmas que recaen sobre la población migrante, los cuales están irremediablemente cruzados por los elementos de xenofobia y racismo que lamentablemente predominan en nuestra sociedad.
Conclusiones
Hablar de migración, especialmente en este tiempo, es tocar puntos sensibles de lo que significa el reconocimiento o la construcción de una sociedad con perspectiva de derechos humanos. Es necesario evidenciar que hemos retrocedido mucho de lo poco que habíamos construido en este tema, donde hemos asistido, por las redes sociales y/o diferentes medios de comunicación, al levantamiento de amenazas o discriminación directa en contra de los migrantes desde diferentes sectores.
Es incuestionable que la vulnerabilidad social en la que se ven insertas muchas familias migrantes es un factor agravante dentro de sus condiciones sociales y de salud. Si bien se observa que proporcionalmente respecto del total nacional el contagio de la población migrante es levemente mayor, ésta no será una realidad ajena a los sectores más vulnerables del país. Dentro de los contextos analizados, no cabe duda que el COVID-19 ha ido destapando las desigualdades e incrementando las brechas económicas y sociales entre la población en general, pero también ha afectado en sus particularidades y en sus propias dimensiones a los migrantes. Los problemas de salud, más la emergencia a la que nos enfrenta la pandemia, son un riesgo que amenaza las condiciones económicas y de satisfacción de las propias expectativas migratorias.
Los datos revisados entregan información de base que nos puede brindar una de diferentes perspectivas de las formas en que viven la pandemia las familias migrantes en Chile, pero también nos plantea diversos desafíos hacia el futuro. El hecho de que la información obtenida tuviera que ser por medio de solicitudes extraordinarias, bajo los diferentes resquicios burocráticos, es un sesgo, cuando ésta debería ser publica y estar disponible para la adecuada toma de decisiones y la incorporación de políticas públicas y sociales. Es así que se observa que hay mucha información que aún no ha sido registrada en lo referente a los datos sanitarios del COVID-19, o han sido datos moderados que se han puesto en duda por los más críticos. De cualquier modo, el poder contar con los datos desagregados permitirá abordar de mejor manera los desafíos. También es importante destacar que, en el caso de la población migrante, la información analizada está basada en datos sobre personas migrantes según registros de las diferentes instituciones estatales y/o privadas, sin contemplar a quienes se encuentran en situación irregular dentro del país, una realidad que se ha ido destapando en este contexto.
Dentro de la crisis sociosanitaria cabe destacar la interrelación existente en las redes migratorias, la cual está basada en el conjunto de lazos con amistades y parientes, desde el lugar de origen hasta el lugar de recepción del migrante. Estos lazos involucran la información y el apoyo durante el proceso migratorio, pero a la vez establece un flujo migratorio sucesivo que se expande en cada red de los sujetos migrantes, multiplicando elementos que involucran a otros procesos migratorios. Y es que las redes implican una disminución del riesgo y de los costos de migrar, suponiendo una rápida integración del migrante en los lugares de destino. Es así que las redes se convierten en parte de la estrategia de los procesos migratorios, las cuales se ven fortalecidas en contextos de vulnerabilidad social y, sin duda, en contextos de pandemia. Las redes se fortalecen ante la adversidad, extendiéndose entre los diferentes grupos migrantes, pero también dentro de los territorios donde se insertan. Un claro ejemplo de ello es la inserción y participación activa de migrantes dentro de las ollas comunes territoriales,2 surgidas desde las organizaciones comunitarias para paliar las necesidades económicas y alimenticias frente a las medidas de confinamiento, restricción en el desarrollo laboral y la cesantía.
Será necesario abordar los efectos de la pandemia en todas sus dimensiones. Sin duda alguna, la crisis sociosanitaria tendrá consecuencias múltiples en los proyectos de vida de los migrantes y en sus decisiones, de manera que muchos evaluarán los contextos implicados en las expectativas de arraigarse al lugar de llegada. Para algunos implicará tomar la decisión de retornar a sus lugares de origen sin antes sobrellevar las barreras económicas y sociales de tal decisión. La crisis sociosanitaria no solo ha golpeado el estado de salud de la población, sino que las diferentes medidas adoptadas frenan su avance, pues traen consigo consecuencias que afectan no solo a nivel individual, sino que también repercuten en la estabilidad económica y social del país. Esta realidad no es ajena a la población migrante, ya que incrementa su situación de vulnerabilidad; las razones que motivaban a las personas a migrar a Chile están en crisis. A raíz de este contexto se han derrumbado las expectativas y las motivaciones que gatillaron los procesos migratorios, ahondando los estados de vulnerabilidad de los migrantes.
Los datos analizados son el reflejo de una realidad que no debe de ser ajena a la vulnerabilidad social que se ha visto expuesta por la crisis sociosanitaria a raíz de la pandemia del coronavirus, la cual nos da la oportunidad de realizar cambios graduales en el significado de lo que todavía con imprecisiones conceptuales conocemos hoy con el nombre de migración, así como de los elementos de vulnerabilidad que la envuelven.
