El libro Justiça e poder político: elites jurídicas, internacionalização e luta anticorrupção, editado por Fabiano Engelmann y Lucas Batista Pilau y publicado con el apoyo del Centro Internacional de Estudios sobre Gobierno (CEGOV) y del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), concentra investigaciones y análisis tanto de investigadores vinculados al Centro de Estudios sobre Élites, Justicia y Poder Político (NEJUP/UFRGS, por sus siglas en portugués) como de especialistas en temas relacionados con las conexiones existentes entre justicia y política. Se centra en las relaciones históricamente desarrolladas entre las múltiples categorías existentes en el mundo jurídico (como los operadores de las instituciones judiciales, las élites jurídicas, los profesores de posgrado, entre otros) y el poder político dominante en los diferentes contextos sociales estudiados. En este punto, el libro da continuidad a las producciones orientadas a una agenda en torno a una sociología política de las instituciones judiciales y del campo jurídico (^{Engelmann, 2017}; ^{Engelmann y Fontainha, 2019}).

Aunque el eje central del libro está bien definido, se presenta en dos grandes partes, que en conjunto constan de catorce capítulos. En la primera parte, “Justiça, política e protagonismo anticorrupção”, siete artículos exploran aspectos históricos y coyunturales de los movimientos anticorrupción, que tras el estallido de la Operación Lava Jato hicieron converger diferentes agendas de investigación de las ciencias sociales hacia problematizaciones e hipótesis sobre el fenómeno. En la segunda parte, “Elites jurídicas, formação e recomposições políticas”, la multiplicidad de análisis permite al lector encontrar investigaciones sobre la génesis y los patrones de formación y recomposición de las élites jurídicas en Brasil, Cabo Verde y Mozambique.

Compuesto por trabajos de especialistas con distinta formación académica, que presentan sus análisis de forma conectada, pero desde perspectivas singulares y enfoques metodológicos diversificados, el libro permite al lector ver con mayor claridad cómo se producen las aproximaciones entre el ámbito jurídico y el político, las trayectorias cruzadas de sus agentes y el manejo de los pretextos políticos y sociales por parte de estos actores.

El primer capítulo fue escrito por los investigadores Fabiano Engelmann y Lucas e Batista Pilau y tiene como objeto las contribuciones y los límites de los diferentes enfoques sobre la práctica de la corrupción desde las perspectivas y estudios de los científicos internacionales. Con ello, se abordan las principales corrientes teóricas y empíricas destinadas a comprender la “corrupción”: desde las llamadas teorías del desarrollo hasta la extendida idea de la elección racional. Los autores señalan que, a pesar de las aportaciones de estas líneas de investigación, estas presentan límites, especialmente en lo que se refiere al estudio de los “usos politicos” de las operaciones anticorrupción. En este punto, basándose en la literatura internacional, destacan puntos comunes en todos los movimientos anticorrupción, como el uso de discursos moralizantes sobre la política y el uso de ideas que se centran en la noción o necesidad de “renovación” de la política como una de las formas de acabar con los escándalos. Además, los autores destacan importantes recomposiciones en la relación entre los agentes del espacio jurídico y el espacio político, tanto a nivel nacional como internacional, lo que constituye una especie de sistema anticorrupción.

Tras presentar este panorama en la bibliografía nacional e internacional, el segundo capítulo aporta el análisis del politólogo Jean-Louis Briquet sobre la repercusión y características de los movimientos anticorrupción en el escenario político y social de Italia en los años noventa, centrándose en la llamada Operación Manos Limpias. En este periodo, el Estado italiano experimentó una serie de investigaciones que llevaron a descubrir irregularidades, como “la financiación ilegal de los partidos, la manipulación de los contratos públicos, el clientelismo organizado e incluso la connivencia con grupos mafiosos” (p. 34). Se hace hincapié en el hecho de que fueron estos problemas encontrados en la democracia los que dieron lugar a la degeneración del sistema, a la necesidad de reformulación y a la ganancia de autonomía del poder judicial italiano respecto al poder político, emergiendo el poder judicial como la principal garantía de la legalidad.

Sin embargo, este periodo de inestabilidad brindó oportunidades a los aspirantes a políticos y acabó promoviendo la inclusión de nuevas generaciones en la política nacional, como demuestra el ascenso del empresario Silvio Berlusconi a la presidencia del país. Sin embargo, el autor señala que, a medida que el nuevo régimen se establecía y las élites políticas pasaban por un proceso de transición, el poder de sanción otorgado al Poder Judicial disminuyó significativamente. Lo que se produjo a partir de entonces fue la estabilización del poder político, reconfigurado en torno a los nuevos protagonistas y a las fuerzas del partido y mediante el regreso de los miembros de la judicatura italiana a sus lugares de origen.

El tercer capítulo empieza con Fabiano Engelmann proponiendo un debate sobre los movimientos anticorrupción y el crecimiento del protagonismo político de las élites jurídicas en el escenario brasileño y latinoamericano. El autor toma como punto de partida el periodo de redemocratización iniciado en Brasil tras el fin del régimen militar y la promulgación de la Constitución de 1988, así como un objeto específico: el desarrollo del protagonismo político de las instituciones judiciales. Tal situación se evidencia con la proliferación de políticas y doctrinas anticorrupción derivadas de actos de instituciones judiciales y de operaciones policiales puestas en práctica por estos organismos, como el “Mensalão” en 2005 y la Operación Lava-Jato del año 2014, casos que generaron una inmensa repercusión nacional. En este punto, el desarrollo de los movimientos anticorrupción se explica por la creciente cercanía de las instituciones judiciales con el poder político central, poniendo de manifiesto la conexión entre países y la confirmación de la existencia de una doctrina global anticorrupción (alentada por las iniciativas y proyectos organizados por las Naciones Unidas [ONU]), así como el activismo judicial en la política.

El siguiente capítulo, muy cercano al enfoque del anterior, presenta una discusión propuesta por los científicos sociales Eduardo de Moura Menuzzi y Fabiano Engelmann sobre la importación, a Brasil, de los discursos y proyectos anticorrupción desde 1990. Esta vez, el objeto central del trabajo es la Procuraduría General de la Unión, que, como demuestran los autores a partir de ^{Menuzzi (2019)}, acabó asumiendo el papel de guardián de la moral en el escenario brasileño, con la influencia de la exportación y difusión de ideas y conocimientos europeos y americanos y a través de sus acciones de combate a la corrupción y de la cooperación con los órganos de fiscalización y otras instituciones.

El quinto capítulo, a su vez, propone profundizar en la discusión sobre cómo opera el campo jurídico brasileño cuando aplica la colaboración premiada. En concreto, y demostrando su adhesión a la primera parte del libro, Vera Ribeiro de Almeida dos Santos Faria cuestiona cómo se aplicó este instituto en el contexto de la Operación Lava Jato en Río de Janeiro. Señala que las investigaciones y la ejecución de los acuerdos de negociación de los cargos terminaron dando gran visibilidad al Ministerio Público Federal y a los Ministerios Públicos de los Estados. Al mismo tiempo, señala la falta de transparencia y fluidez con la que se desarrollaron las actuaciones de estos organismos, así como la discreción con la que se llevaron a cabo las investigaciones. En este punto, el autor contribuye argumentando que los fiscales de esa operación anticorrupción, al negociar con los “colaboradores”, cambiaron el significado del instituto para legitimar y dar más poder a sus cargos y a su institución, lo que resultó en una completa distinción en relación de este con otros sistemas de justicia, como el estadounidense.

En el siguiente capítulo, Moisés Lazzaretti Vieira aborda los casos de corrupción dentro del Poder Judicial por parte de los propios magistrados. Con base en las conclusiones de ^{Vieira (2019)}, el autor demuestra que una de las razones de este fenómeno proviene del hecho de que la Constitución Federal de 1988 fue promulgada sin ninguna previsión de la existencia de un órgano de control externo sobre los magistrados, permaneciendo en silencio en relación con su transparencia y accountability. Solo después de años de lucha y debate entre los dirigentes políticos y jurídicos se emprendió la primera reforma al Poder Judicial y se creó el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que acabó sirviendo de importante contrapartida a la exagerada autonomía que hasta entonces tenía el Poder Judicial.

No obstante, el poder judicial brasileño siempre se ha opuesto a cualquier proyecto que pretenda establecer algún tipo de control externo sobre el órgano, admitiendo únicamente la institución del control interno, es decir, por parte de los miembros del propio órgano, con el argumento de que la supervisión externa violaría el principio de independencia entre los poderes. El propio CNJ ha sido criticado por la judicatura, a pesar de que es un órgano interno del Poder Judicial y sus competencias se limitan al ámbito administrativo mediante la apertura de expedientes disciplinarios que discurren en total secreto. En este punto, el autor argumenta que la corrupción y la escasa supervisión de los órganos de control dentro de la institución están relacionadas con cuestiones histórico-políticas de la construcción corporativa del poder judicial en el periodo de posdemocratización.

En el capítulo séptimo, Juliane Sant’Ana Bento presenta una denuncia de los diagnósticos reduccionistas y estigmatizantes que hacen sobre la política brasileña algunos juristas que se consideran campeones de la moral y que pretenden devaluar la importancia de este campo. Como ya ha comentado ^{Bento (2017)}, estos actores utilizan las herramientas legales como arma moralizadora para supuestamente resolver todas y cada una de las crisis políticas o institucionales. A esto se suman algunas tesis comúnmente proliferadas que clasifican ciertos problemas sociopolíticos, como el clientelismo, el coronelismo, el personalismo y el patrimonialismo, como parte de una especie de herencia tradicional de la sociedad brasileña, que sería, por estas y otras razones, “culturalmente atrasada” en términos de principios democráticos. Así, presenta las diversas interpretaciones que se han hecho sobre la identidad brasileña y su vinculación con los vicios políticos, que se habrían, por tanto, consolidado patológicamente en el seno de la sociedad brasileña hasta el punto de convertirse en costumbres en el país.

La segunda parte del libro empieza con la intención de plantear la creciente relevancia de los estudios en los centros universitarios extranjeros de formación para el desarrollo de una carrera docente en Brasil. Con este objetivo en el horizonte, el investigador Vinicius Wohnrath filtró las instituciones académicas que recibieron, en su plantilla permanente, profesores extranjeros. Esto le permitió examinar cuáles eran los mayores programas universitarios brasileños que recibían doctorados en Derecho procedentes de una trayectoria y circulación internacional entre los años 1990 y 2016. Entre sus conclusiones, se señala que la investigación de Wohnrath apunta a tres indicios: los programas de posgrado en el área de Derecho, que tienen la mayor concentración de profesores cuyo doctorado fue obtenido en el extranjero, provienen de instituciones de enseñanza ubicadas en la región sur del país; que los centros de enseñanza más tradicionales (como la Universidad de San Paulo [USP] y la Universidad de Río de Janeiro [UERJ]) siguen privilegiando un patrón de juristas cuya trayectoria académica tuvo lugar en el propio espacio nacional; y, que desde el punto de vista internacional, Brasil se ha mostrado como un lugar poco atractivo para que los profesores extranjeros trabajen como personal permanente, porque el país, como señala Wohnrath, está “fuera de las redes de investigación más importantes, [siendo] periférico en la producción del conocimiento jurídico mundial” (p. 215).

El noveno capítulo trata de abordar, como aclara Luciana Rodrigues Penna, la mayor difusión de la educación empresarial a partir de los años noventa. Durante este periodo, se inició un movimiento progresista para institucionalizar escuelas de educación empresarial destinadas a formar a los altos cargos de la burocracia federal, con la Escuela Nacional de Administración Pública como pionera. Tras la formación de este nuevo aparato educativo y su inserción en el espacio jurídico nacional, nació un patrón de educación, que subvencionaría la creación de escuelas jurídicas corporativas en todo Brasil, lo que fomentaría la demanda de juristas recién graduados para las carreras jurídicas estatales, siendo el Ministerio Público un caso representativo. El autor demuestra que este nuevo modelo de escuela pública se produjo gracias a la combinación de un movimiento internacional y de políticas nacionales. Para la primera, el autor cita el crecimiento de las escuelas corporativas en los años 90 y la creación de los Centros de Mejora Funcional. En cuanto a la segunda, las políticas nacionales, “se suma en el caso brasileño, la implementación de la Reforma Gerencial en la década de 1990” (p. 226).

El décimo capítulo se propone analizar la aproximación que se ha producido en las últimas décadas entre la práctica del derecho privado y el interés público a través de una actividad jurídica relativamente nueva en el panorama brasileño: la práctica del derecho corporativo pro bono. Para ello, Fabio de Sá e Silva presenta las razones institucionales por las que los mayores despachos de abogados corporativos brasileños y sus actores decidieron dedicarse con más frecuencia a este tipo de actividad. En este sentido, el autor destaca que las prácticas pro bono han adquirido tal aprecio por parte de los grandes despachos que el hecho de que algunos de ellos sean reconocidos por la calidad y disponibilidad de dicho servicio se ha convertido en un símbolo de distinción y prestigio en el panorama jurídico y les ha hecho obtener beneficios reputacionales, económicos y organizativos.

El capítulo once presenta al lector, a través de los estudios de Maria Filomena Moreira Semedo, el contexto educativo de Cabo Verde desde 1975. La autora demuestra que, con un sector educativo rezagado y una estructura social común a las sociedades poscoloniales, hubo una fuerte promoción de las políticas públicas para llevar a cabo la educación superior y la formación académica de sus ciudadanos en el extranjero, aunque a través de la provisión de becas y ofertas de estudio a un grupo restringido de personas (aquellas insertadas en “buenas” relaciones de parentesco). En este punto, el Derecho acabó siendo uno de los principales cursos buscados por los jóvenes caboverdianos. Más tarde, fueron estos mismos académicos los que, al regresar a su país de origen con conocimientos jurídicos, ayudarían a reformular las élites dirigentes de Cabo Verde, a reorganizar el Estado y a iniciar un profundo proceso de escolarización en el país. Sin embargo, este avance sigue copiando los patrones centristas, ya que esta reorganización va según el modelo colonial, con el derecho público portugués, con Coimbra como centro de formación de las élites caboverdianas, como se informa en ^{Semedo (2019)}.

El siguiente capítulo, escrito por Bernardo Fernando Sicoche, analiza el proceso de implantación del poder judicial mozambiqueño a través de un examen sucinto del perfil y la trayectoria de las élites jurídicas entre 1975 y 2017. ^{Sicoche (2019)} ya destacó la interacción entre las élites políticas y jurídicas mozambiqueñas tras la consecución de su independencia en 1975, abordando de nuevo el concepto de “campo”. El autor afirma que, hasta la independencia del país, el acceso de los colonizados a los cursos de derecho sólo estaba disponible en Portugal y, debido a la escasez de juristas mozambiqueños, los agentes del sistema judicial en Mozambique eran prácticamente todos europeos, al igual que su sistema judicial. Este escenario sólo empezó a cambiar con la apertura de la Facultad de Derecho de Maputo, que se consolidó como un importante centro de formación jurídica para los profesionales que más tarde constituirían la élite jurídica del país, así como con un proceso gradual de transformación del sistema judicial, que poco a poco se hizo más popular y democrático. Sin embargo, el proceso de consolidación del sistema jurídico mozambiqueño sólo alcanzó su punto álgido con la llegada de la Constitución de 2004.

En el decimotercero capítulo, Bruna Stephanie Miranda dos Santos arroja luz sobre la aprobación de la Ley n.º 13.467/2017, la llamada “Reforma Laboral”, que cambió profundamente la regulación de las leyes laborales brasileñas. Con este fin, la autora analiza el entorno político de la época, los actores directamente implicados en su concepción y la articulación para su posterior aprobación. Para ello, se desglosó el contexto histórico, social y político que condujo al proceso de tramitación y aprobación de la ley. Por lo tanto, además de la discusión iniciada en ^{Santos (2020)}, son notorios algunos de los principales resultados sociales de la introducción de la reforma en la legislación laboral, como la precarización de las relaciones laborales, el aumento de la vulnerabilidad del trabajador brasileño y el incremento del número de subempleos.

Por último, la doctoranda en Ciencias Políticas Caroline Scherer analiza la trayectoria e influencia de los grupos “Vem Pra Rua” y “Movimento Brasil Livre” durante el periodo de las manifestaciones por el impeachment de Dilma Rousseff y la notoriedad que adquirieron entre los años 2014 y 2016 por ser los principales organizadores de las protestas contra el gobierno federal y el Partido de los Trabajadores (PT). Como resultados del estudio, tenemos la constatación de que los agentes fundadores de los movimientos en cuestión movilizan recursos políticos y educativos a partir de una red de instituciones situadas dentro y fuera del territorio nacional, configurando un espacio político internacionalizado. El trabajo de estos movimientos hacia la construcción de un nuevo espacio político neoliberal en Brasil es, por tanto, flagrante, utilizando la noción de campo, acuñada por Bourdieu, para comprender mejor este proceso.

Así, las reiteradas menciones a los intereses de los operadores del Derecho en la lucha contra la corrupción en cada una de las sociedades estudiadas y los vínculos que se desarrollaron entre las instituciones judiciales y el campo político no son en absoluto fruto de la casualidad, sino de las trayectorias de agentes que buscaron aprovechar las brechas de sus respectivos contextos histórico-sociales. En este sentido, el aspecto primordial de la lectura de este libro por parte de los investigadores de las ciencias sociales radica en que todas las investigaciones que lo conforman presentan enfoques que propician nuevas perspectivas de las relaciones entre los actores del campo jurídico y político, que aún están en constante descubrimiento.