Espacio, territorio y migraciones

Actualmente, en los estudios urbanos sobre migraciones, el espacio se concibe en función de su carácter contingente e histórico, y se construye a partir de las interacciones sociales y los significados culturales que los habitantes movilizan y que, al mismo tiempo, determinan sus límites (^{Bonhomme, 2021}; ^{Imilán et al., 2014}; ^{Magliano y Perissinotti, 2020}; ^{Sheehan, 2020}; ^{Simsek-Caglar y Glick, 2018}). Siguiendo a ^{Lefebvre (2013}), la producción del espacio constituye una categoría relevante para analizar las formas de creación histórica del espacio social, pues supone que se construye socialmente en función de la particular relación dialéctica -propia de cada sociedad- entre prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacios de representación.

Con base en esta concepción, ^{Haesbaert (2011}) define el territorio como la dimensión espacial de las relaciones de poder, es decir, como relaciones de dominio (material) y apropiación (simbólica) del espacio; esto implica la coexistencia y yuxtaposición de múltiples territorios, lo que origina diversas vivencias del espacio y, en consecuencia, diferentes procesos de reterritorialización. La experiencia simultánea y/o sucesiva de estos territorios es lo que Haesbaert (2011) llama multiterritorialidad, la cual, en la época actual, comporta formas más complejas y rizomáticas de reterritorialización, gracias a la existencia de espacios discontinuos y fragmentarios (territorios-red) a los que se puede acceder virtualmente.

Si bien el acceso al recurso multiterritorial es restringido para gran parte de los sectores subalternos, la amplitud y flexibilidad de los territorios-red que vivencian las poblaciones migrantes les otorga mayores posibilidades de construir multiterritorialidad, especialmente en la esfera simbólica, pues incluye procesos de recordación y conmemoración que, contenidos en la memoria, generan nuevas identidades (multi)territoriales (^{Haesbaert, 2011}). Lo anterior se desarrolla en el marco de un conjunto de flujos humanos -materiales e inmateriales- que tienen lugar en un espacio relacional multipolarizado, es decir, una compleja dinámica de configuraciones espaciales que supone la interdependencia de lugares lejanos (de origen y destino), lo que ^{Cortés (2010}) llama circulaciones migrantes.

De todas formas, existe un tipo de espacio en el que los sujetos no generarían territorialidad. Marc ^{Augé (2017}) introduce la idea del no lugar para referirse a sitios en los que los individuos transitan y cuyos dispositivos favorecen una circulación acelerada de personas. En contraposición al lugar antropológico -de carácter identificatorio, relacional e histórico-, los no lugares afirman lo provisional, lo efímero y el desarraigo, suponiendo una ruptura entre el sujeto y el espacio, que impide al primero reconocer y reencontrarse con los sitios que recorre, reforzando su anonimato. Aun cuando los lugares y los no lugares “son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación” (Augé, 2017, p. 84) -es decir, se interpenetran y entrelazan y, por tanto, nunca existen en forma pura-, su coexistencia permite visibilizar las limitaciones que enfrentan los sujetos que activan procesos de reterritorialización.

Uso, apropiación del espacio público y participación

Más allá de la noción abstracta de espacio, la relación concreta de los sujetos con el territorio se entiende a partir de la idea de espacio público. Concebido en oposición al espacio privado, el espacio público designa el conjunto de lugares de accesibilidad abierta a las personas, especialmente en el ámbito urbano, sobre el que existe el derecho a la libre circulación y constituye una plataforma para la creación de una identidad colectiva (^{Alguacil, 2008}). Así mismo, el espacio público comprende un conjunto de dimensiones interrelacionadas que incluye, además de la físico-territorial y la jurídico- política, la económica, la social -relativa al uso colectivo-, la simbólico-cultural -ligada a los significados y la identidad-, la virtual y la de movilidad, todas directamente relacionadas con las dinámicas de apropiación que desarrollan los sujetos (^{Garriz y Schroeder, 2014}).

Entendiendo la apropiación del espacio público como su uso prolongado en el tiempo, Vidal i Moranta y Pol (2005) han identificado dos vías al respecto: la acción de transformación, relativa a la práctica de la territorialidad y del espacio personal, y la identificación simbólica, vinculada a procesos afectivos, cognitivos e interactivos. En este sentido, la apropiación constituye un proceso dialéctico de interrelación entre las personas y los espacios -desde el nivel individual hasta el social- que implica la construcción de un lugar simbólico que permite la formación de identidad, el apego (afectivo) y la vinculación con el sitio habitado. De forma análoga a la noción de territorialización de ^{Haesbaert (2011}), bajo la modalidad de apropiación del espacio, el planteamiento de Vidal i Moranta y Pol (2005) supone que esta comprende una dimensión simbólica y una material, ambas relativas al significado asignado al espacio público y a sus prácticas de uso, respectivamente.

Desde el punto de vista de la agencia de los sujetos, la idea de apropiación del espacio público puede asociarse a la de participación: si el uso de dicho espacio supone una participación ocasional o episódica en actividades que tienen lugar en la ciudad, la apropiación implicaría una más regular y sistemática. De aquí que se plantee que este proceso sea consustancial a la esfera pública, al fortalecimiento del tejido social y a la construcción de ciudadanía (Vidal i Moranta y Pol, 2005). En efecto, se ha sostenido que prácticas urbanas participativas -opuestas a las lógicas individualistas u obstaculizadoras de lo colectivo- constituyen mecanismos de apropiación del espacio público que contribuyen a la reconstrucción de la democracia urbana, basada en la participación como derecho y necesidad, lo que permitiría recuperar el espacio público como espacio político de construcción colectiva (^{Alguacil, 2008}).

Habitabilidad, segregación residencial y vivienda migrante

En términos de bienestar y calidad de vida, el vínculo de los sujetos con el espacio urbano se ha tratado a partir de la idea de habitabilidad, con la que se alude tanto al entorno como a la vivienda. Alicia ^{Ziccardi (2015}) distingue la habitabilidad interna, referida a la calidad de la vivienda -que incluye materialidad, tamaño y acceso a servicios-, de la externa, referida al barrio. Ambas están estrechamente relacionadas con la dimensión subjetiva, la cual considera la satisfacción de necesidades y el agrado o gusto de las personas, tanto en relación con la vivienda como con el arraigo, los servicios y las redes que les ofrece el entorno.

En América Latina, la existencia de barreras para una habitabilidad básica ha hecho de los tugurios una solución plausible para acceder al suelo y a la vivienda, produciendo formas de habitabilidad precarias que generalmente se ubican en las periferias de las ciudades (^{Salas, 2007}). A esta realidad se vincula la noción de tugurización que refiere al grave deterioro en las condiciones de las viviendas, especialmente en aquellas ubicadas en las zonas centrales y pericentrales de las ciudades, lo que las convierte en una alternativa de acceso al mercado del suelo (^{Contreras et al., 2015}). En efecto, uno de los principales problemas producidos por la renta del suelo urbano es precisamente la segregación habitacional, es decir, la distribución desigual de grupos sociales en el espacio urbano, que nace de ciertas relaciones de poder, determinadas en este caso por las restricciones impuestas por quienes controlan el mercado del suelo (^{Rodríguez, 2014}).

En este marco, la conjugación de las restricciones en el acceso al suelo urbano con la discriminación étnica permite comprender la particularidad de la vivienda migrante. Según ^{Martínez (1999}), el uso que el mercado inmobiliario hace de dicha discriminación aumenta las barreras de acceso para la población extranjera y la obliga a vivir en condiciones de habitabilidad miserables, hacinamiento, precios altos, invisibilidad y segregación espacial, intensificando la estigmatización social que los afecta. En las áreas centrales o pericentrales de las ciudades, los migrantes tienden a ubicarse en zonas o viviendas de transición, habitaciones antiguas con condiciones de habitabilidad precarias que constituyen un factor de riesgo real para su integración socioespacial (Martínez, 1999), aun cuando se ha observado que, en algunas ciudades españolas, la población migrante tiene amplio acceso a los servicios básicos (^{Guizardi, 2013}). Por su parte, también hay algunos que optan por la informalidad urbana y tienden a concentrarse en emergentes hábitats precarios o tugurios periféricos que, a su vez, refuerzan los imaginarios estigmatizantes (^{Marcos y Mera, 2018}).

El conjunto de estas problemáticas ha conducido al estudio de la especificidad de la segregación residencial migrante, para lo cual se han utilizado indicadores de estadística espacial que han permitido reconocer diferentes distribuciones residenciales según grupos nacionales (^{Martori et al., 2006}). En cualquier caso, estas formas de segregación han sido entendidas al mismo tiempo como un urbanismo subalterno que enfatiza la capacidad de agencia de los migrantes en la producción social del hábitat (^{Magliano y Perissinotti, 2020}).

Estado del arte: el caso chileno

La dimensión espacial de las migraciones en el contexto de ciudades intermedias del centro y sur de Chile se ha abordado a partir de dos estudios: uno realizado en Talca, ciudad agraria intermedia percibida por la población migrante como una urbe tranquila y con cierta clausura de la población local (^{Micheletti, 2016}); y otro en Punta Arenas, donde se describe una espacialización residencial migrante distribuida por diferentes barrios dispersos que no dependería de la consolidación de los proyectos migratorios (^{Margarit et al., 2019}).

Estudios más pormenorizados sobre la temática se han realizado en la capital y en el norte del país. Estos muestran que, a diferencia de la baja segregación residencial de este grupo a inicios del milenio causada por la escasa presencia extranjera (^{Schiappacasse, 2008}), la población migrante tiende a concentrarse en las zonas urbanas centrales y pericentrales, donde existe un parque residencial de viviendas tugurizadas, sin condiciones básicas de habitabilidad y en las que generalmente los extranjeros viven hacinados (^{Bonhomme, 2021}; ^{Contreras et al., 2015}; ^{Contreras y Palma, 2015}; ^{Margarit y Bijit, 2014}; ^{Razmilic, 2019}; ^{Sheehan, 2020}). Esta tugurización es producto de la negligencia de los propietarios, dada la ausencia de normativas, lo que, conjugado con sus prejuicios, favorece la formación de un mercado segregativo, informal, ilegal y racista de acceso a la vivienda (Bonhomme, 2021; ^{Contreras et al., 2015}; ^{Contreras y Palma, 2015}). En este marco, las poblaciones migrantes desarrollan estrategias asociadas al subarriendo y la informalidad, generalmente apoyándose en redes de connacionales, lo que les permite crear formas propias de hábitat popular (^{Contreras et al., 2015}; ^{Contreras y Palma, 2015}).

Mucho más desarrollados son los trabajos que abordan la relación del sujeto migrante con el espacio urbano. Enfocados en la construcción simbólica, estos estudios asocian las interacciones socioespaciales con la formación de identidades, las significaciones de los lugares y las prácticas de apropiación del espacio (^{Garcés, 2015}; ^{Márquez, 2013}; ^{Stefoni, 2015}). Aquí, el caso de la comunidad peruana de la zona céntrica de Santiago ha resultado paradigmático (^{Ducci y Rojas, 2010}; Garcés, 2015; Lube y Garcés, 2014; Stefoni, 2013, 2015). En este contexto, Márquez (2013) ha utilizado el concepto de habitar translocal para designar la capacidad simultánea de los individuos de territorializar paisajes de la memoria y desterritorializar los arraigos, y la idea de soberanías móviles y translocales -destacando el rol de la experiencia de habitar en los lugares de origen- para referirse a las tácticas y estrategias de apropiación del territorio (reterritorialización). Así mismo, se ha sostenido que los procesos migrantes de arraigo/desarraigo están cruzados por los vínculos con los lugares de origen y la persistencia de los proyectos migratorios (^{Gissi, 2017}).

Las investigaciones sobre la vinculación migrante con el espacio también han mostrado la existencia de competencia y conflicto entre población local y extranjera, cuestión que origina estrategias de resistencia y de autoafirmación en esta última, las cuales se expresan a través de prácticas de apropiación del espacio público que enriquecen y desestabilizan el espacio urbano (^{Bonhomme, 2021}; ^{Garcés, 2015}; ^{Margarit y Bijit, 2014}; ^{Márquez, 2013}; ^{Stefoni, 2013}, 2015). No obstante, también emerge como estrategia la adaptación a las costumbres y prácticas locales (asimilación), incluyendo el distanciamiento del colectivo de migrantes o, por el contrario, el refugio en sus propias comunidades de referencia puertas adentro y la desvinculación del espacio público, lo que supone la construcción de un sentido de pertenencia desde la esfera privada (^{Burón y Díaz, 2019}; ^{Rihm y Sharim, 2019}), concebida como comunidades mínimas o íntimas (^{Gissi, 2017}).

Enfoque de investigación

Con el objetivo de desarrollar una descripción general y buscar análisis reproducibles, la preferencia metodológica del estudio se ciñe al enfoque cuantitativo y a un diseño no experimental de carácter exploratorio-descriptivo. La investigación se ejecutó en la ciudad de Temuco y la recogida de información para la encuesta se efectuó a través de la aplicación de un cuestionario durante el período octubre 2019/marzo 2020.

En el marco de un muestreo no probabilístico por conveniencia, en el estudio participaron 200 personas de países como Argentina (6 %), Bolivia (3 %), Brasil (2 %), Colombia (17 %), Cuba (3 %), República Dominicana (3 %), Ecuador (6 %), Haití (7 %), Perú (11 %) y Venezuela (40 %), entre otros⁵ (2 %).

El cuestionario fue diseñado por profesionales de las ciencias sociales y constó de 83 preguntas ceñidas a preferencias de carácter dicotómico, politómico, escala de Likert y abiertas breves. El instrumento preliminar se testeó en una muestra de veinte individuos de la población de estudio y, posteriormente, el cuestionario se aplicó tanto en español como en idioma kreyòl.

Respecto a la aplicación del instrumento y el análisis de información, se implementó una estrategia de tres pasos. En primer lugar, se capacitó a un grupo de encuestadores locales enfatizando el vínculo intercultural con los sujetos de estudio que implicaba la aplicación del cuestionario. En segundo lugar, se contactaron informantes clave asociados a dos fundaciones de atención al migrante, instancias que se transformaron en espacios fundamentales para recolectar información, lo que se combinó con la aplicación del cuestionario en espacios públicos céntricos de la ciudad con alto flujo de personas. Finalmente, se efectuó un análisis descriptivo y comparativo con el programa SPSS versión 24.

Participantes del estudio

Los criterios para escoger a la muestra de la investigación fueron:

En términos sociodemográficos, la muestra (n=200) fue conformada por 114 hombres (57 %) y 86 mujeres (43 %); el rango etario osciló entre 18 y 58, con una media de 34 años; del total de encuestados, solo cinco por ciento afirmó que pertenece a algún pueblo originario. En relación con el estado civil, la mayoría de la muestra señala que es “soltero/a” (69 %), y le siguen las alternativas “casado/a” (27 %), “viudo/a” (2 %) y, finalmente, la opción “divorciado/a” (2 %).

Respecto al sueldo líquido mensual (en pesos chilenos),⁷ la alternativa “150 000 o menos” correspondió a 10 por ciento de la muestra; “150 001 a 250 000” tuvo 19 por ciento de preferencias;

“250 001 a 500 000” alcanzó 61 por ciento del total; “500 001 a 750 000” tuvo siete por ciento, y “750 001 o más”, tres por ciento de las respuestas. Respecto al último nivel educacional alcanzado, dos por ciento tuvo “primaria incompleta”, cinco por ciento mencionó “primaria completa”, 14 por ciento indicó “secundaria incompleta”, 42 por ciento declaró “secundaria completa”, 12 por ciento respondió “superior incompleta” y 25 por ciento afirmó tener un nivel de “superior completa”.

Técnica de recolección de información y producción de datos

El instrumento de investigación se construyó en torno a dos dimensiones de análisis con el objetivo de profundizar en aspectos escasamente trabajados en la región. Los datos obtenidos permiten caracterizar rasgos relativos a los modos y condiciones de hábitat y habitar de migrantes, relacionándolos con atributos sociodemográficos de la muestra de estudio. De esta forma, la definición operacional de las dos dimensiones de análisis es la siguiente:

Condiciones de habitabilidad: aspectos que implican el espacio doméstico de los migrantes, donde las características de la vivienda ocupan un papel central y se relacionan directamente con la calidad de vida que tienen los extranjeros de la ciudad.

Uso del espacio público: actividades y objetos que se encuentran en el entorno próximo al lugar de residencia de los migrantes, y se relacionan estrechamente con las redes y la participación comunitaria de la muestra de investigación.

Aspectos éticos

La investigación tuvo como premisa central el resguardo de la integridad y el anonimato de las y los participantes, para lo cual se generaron diversas instancias de explicitación de los objetivos del proyecto. En primer lugar, a los informantes clave y a los migrantes participantes se les informó por escrito sobre la finalidad del estudio, las modalidades de la recolección de información y se les explicaron detalladamente las instrucciones para responder el cuestionario. En segundo lugar, se aclaró que la confidencialidad de los datos recogidos sería resguardada por el equipo de investigación del proyecto. En tercer lugar, se estipuló que dichos datos no serían utilizados para dañar la integridad de los participantes ni para fines ajenos a la investigación. Todos accedieron a participar luego de firmar un consentimiento informado.

Condiciones de habitabilidad

Respecto a la primera dimensión de estudio, se consideraron aspectos estructurales de la vivienda en la que habitan los participantes en relación con variables de carácter económico y socioespacial, enfatizando: modalidad de acceso a la vivienda, percepción de su estado de conservación, tamaño de la vivienda y servicios básicos disponibles.

En lo que se refiere a la modalidad de acceso, se obtiene que, del total de encuestados, 60 por ciento arrienda con contrato, 31 por ciento lo hace sin contrato, cuatro por ciento es propietario y cinco por ciento restante vive en una vivienda cedida por un tercero. Considerando que 9 de cada 10 participantes arriendan la vivienda que habitan, un tercio de la muestra lo hace en condiciones de informalidad.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 3 Percepción de estado de conservación de la vivienda según macrosector de residencia 

Por su parte, la gráfica 3 permite analizar el nivel genérico de percepción sobre el estado de conservación de la vivienda de acuerdo con el macrosector de residencia. En términos generales, se observa una opinión positiva sobre la conservación de la residencia, lo cual queda demostrado en la opción “bueno”, alternativa considerada por la mayoría de los participantes que habitan en los macrosectores Pedro de Valdivia (58 %), Centro (42 %) y Amanecer (42 %), mientras que esta opción iguala a “regular” en Pueblo Nuevo (47 %) y Costanera (40 %). Solo en el macrosector Poniente la alternativa “bueno” (29 %) es inferior a “regular” (50 %), aunque se debe notar que esta última opción supera 25 por ciento en todos los macrosectores.

Al observar los extremos de la escala de opciones, destaca que más de 20 por ciento de la muestra de los macrosectores Centro, Amanecer y Poniente haya seleccionado la alternativa “muy bueno”, en tanto que las opciones “malo” y “muy malo” no superan los dos dígitos en ninguno. Si consideramos, sin embargo, las frecuencias acumuladas de los valores “muy malo”, “malo” y “regular”, en conjunto superan a la agrupación de “bueno” y “muy bueno” en Costanera (56 %) y Pueblo Nuevo (54 %), precisamente los macrosectores donde es más significativa la opción “muy malo”.

Son múltiples los factores que influirían en la valoración positiva del estado de conservación de la vivienda, entre ellos, la dimensión de la misma, la nacionalidad de los participantes, el tiempo de residencia, la cantidad de personas que la comparten o el barrio de ubicación. No obstante, se presume que el factor más significativo serían las condiciones anteriores de vivienda, ya sea en el país de origen o en otro lugar de la trayectoria migratoria, pues se estima que los sujetos efectuaron un trabajo comparativo al momento de evaluar el estado de conservación de sus viviendas actuales, lo que puede entenderse en el marco del habitar translocal (^{Márquez, 2013}).

Por otro lado, respecto a la disponibilidad de servicios básicos, la gran mayoría de la muestra declara contar con electricidad (100 %), agua potable (97 %), alcantarillado (96 %) y agua caliente (85 %). Estos datos pueden asociarse a que la totalidad de las y los participantes residen en zonas urbanas de la ciudad, donde existe amplia cobertura de estos servicios (^{Guizardi, 2013}). No obstante, la disponibilidad de Internet presenta claras dificultades, ya que 42 por ciento del total declara no contar con él en el lugar de residencia, mientras que la carencia de sistemas de calefacción en las viviendas - fundamental para las condiciones del invierno de Temuco- llega a 26 por ciento de los participantes.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 4 Cantidad de personas según superficie de la vivienda (m2) 

En relación con la cantidad de personas que habitan la vivienda según su superficie, la gráfica 4 permite apreciar que existe mayor demanda por sitios de 36 a 50 m², donde los hogares unipersonales concentran la mayor cantidad de preferencias, con 57 por ciento del total. Por su parte, del total de hogares de dos personas, 51 por ciento reside en una habitación de esta medida; de los hogares compuestos por cinco o seis personas, 50 por ciento reside en este tipo de vivienda; de los grupos de entre tres y cuatro personas, 28 por ciento, y de los hogares de siete o más personas, 22 por ciento. Así mismo, a medida que las viviendas aumentan su tamaño, disminuye la cantidad de individuos migrantes que optan por ellas.

Respecto a los hogares más numerosos, se observa que aquellos compuestos por siete o más personas se distribuyen de forma muy similar en todos los rangos de superficie total de las viviendas, siendo elocuente que 58 por ciento de ellos habiten viviendas de menos de 70 m². De igual forma, es también expresivo que 60 por ciento de los hogares compuestos por cinco o seis personas habiten lugares de no más de 50 m². Si bien es cierto que el porcentaje de las habitaciones con más de cinco personas alcanza 25.9 por ciento de la muestra, de los datos se podría inferir que el hacinamiento representa un problema real para un número considerable de personas migrantes.

Uso del espacio público

Para abordar esta dimensión del estudio se considera la relación de la población migrante con el espacio público, específicamente a partir de tres variables: percepción de condiciones de habitabilidad del barrio, frecuencia del uso de lugares públicos y, finalmente, participación en actividades comunitarias.

En relación con la percepción del espacio (cuadro 1), los datos muestran una visión más bien positiva de los barrios, pues menos de un cuarto de los participantes visualiza problemáticas territoriales usuales o permanentes, destacándose bajos índices de percepción de inseguridad e, incluso, más bajos en cuanto a contaminación. En siete de los diez indicadores, más de dos tercios de la muestra manifiesta que “nunca” o “casi nunca” ha sido testigo de las situaciones que afectan la habitabilidad del barrio. Sobresale que 90 por ciento de los encuestados nunca ha percibido contaminación del agua.

No obstante, los otros tres indicadores muestran cierta percepción negativa del entorno barrial: “contaminación del aire”, “acumulación de basura” y “consumo de alcohol y drogas en la vía pública”. Aun cuando ninguno de ellos supera 45 por ciento de las observaciones al menos ocasionales, permiten reconocer las problemáticas de los barrios identificadas por los participantes del estudio.

En lo que respecta a los lugares del entorno próximo que los participantes frecuentan, el cuadro 2 indica los principales espacios de uso social en los sectores investigados. A partir de una escala de Likert de cinco categorías, se evaluó la utilización de diferentes lugares públicos del barrio.

Los resultados muestran indicadores más bien negativos en cuanto a actividades que involucran la utilización de plazas, lugares para hacer deporte, sedes sociales, establecimientos educacionales y centros de salud. Respecto a dichas plazas y a los parques del barrio, se evidencia que alrededor de un tercio (30 %) está “muy en desacuerdo” con su uso. En relación con las canchas y espacios deportivos, la cifra de quienes no los utilizan llega a casi la mitad del total de la muestra (48 %). En cuanto a actividades desarrolladas en la sede social del barrio de residencia, 67 por ciento está “muy en desacuerdo” con haber participado activamente en ellas. Un último eje crítico de frecuentación se halla en la asistencia de familiares a centros educacionales del barrio de residencia, donde 75 por ciento del total manifiesta estar “muy en desacuerdo” con este enunciado.

En relación con los indicadores positivos, se identifica un solo eje, relativo a la frecuentación regular de centros comerciales y supermercados del barrio, afirmación con la que 42 por ciento está “muy de acuerdo”. Por último, para el enunciado que hace referencia a los centros de salud, existe un nivel similar entre las cinco opciones, aun cuando la cifra aumenta para la opción “muy en desacuerdo”, con 32 por ciento de preferencias.

Los datos de este cuadro permiten establecer, entre otras cosas, una relación con la calidad de los servicios que ofrecen los lugares del entorno próximo, particularmente en salud y educación, pues al no satisfacer los requerimientos individuales y/o familiares, o bien debido a la existencia de una sobredemanda que implica demoras en la atención, en muchos casos los sujetos migrantes optan por trasladarse a otras zonas de la ciudad para satisfacer estas necesidades.

En cuanto a las actividades realizadas en espacios públicos (cuadro 3), se evidencia que la gran mayoría de los encuestados declara no tomar parte en ninguna de ellas. Incluso entre las que conllevan una mayor participación, prácticamente dos tercios de los sujetos del estudio manifiesta no hacerlo nunca. Particularmente significativos son los indicadores relativos a las actividades gremiales y políticas, en las que 90 por ciento de la muestra dice no haber participado jamás, así como aquellos que refieren actividades para adultos mayores (88 %) y para niños y adolescentes (77 %). En estos dos últimos casos, no obstante, la alternativa “nunca” se asocia a la baja presencia de adultos mayores y niños en los núcleos familiares de los sujetos.

Por otro lado, al observar las respuestas de quienes manifiestan sí participar de actividades públicas, 28 por ciento de la muestra declara hacerlo al menos ocasionalmente en actividades deportivas (con 10 % de participación frecuente) y 27 por ciento en actividades religiosas (11 % de participación frecuente), siendo las que mayormente convocan a los sujetos migrantes del estudio. En el caso de las actividades organizadas por asociaciones migrantes, 21 por ciento participa al menos de forma ocasional, lo que contrasta con 66 por ciento de sujetos que declaran no hacerlo nunca.

Segregación residencial y tugurización de las viviendas

De acuerdo con los resultados del estudio, la distribución residencial de los participantes muestra bastante diversidad y equilibrio, abarcando gran parte del territorio de la ciudad. Es importante mencionar que existe una clara preferencia por los macrosectores Centro y aquellos contiguos a este, con una proporción ligeramente mayor en el primero y en Amanecer, pero la disposición de la muestra en el espacio de la ciudad resulta más bien equitativa, lo que indicaría bajas concentraciones de migrantes, tal como se ha mostrado para el caso de Punta Arenas (^{Margarit et al., 2019}). Esta evidencia podría explicarse, de hecho, a partir de algunos factores propios de las ciudades intermedias, tales como la amplitud y versatilidad del sistema de transporte público local, dada la dinamicidad en la conectividad espacial y de flujos (^{Maturana et al., 2017}), o el lento pero progresivo crecimiento del mercado inmobiliario de la ciudad, producto de sus procesos de metropolización (Maturana et al., 2018). Aun así, esto también podría explicarse por la baja proporción de habitantes extranjeros en la ciudad y la heterogeneidad socioeconómica de los macrosectores.

Pese a que el mercado inmobiliario local pareciera presentar ciertas ventajas, prácticamente uno de cada tres participantes arrienda informalmente la vivienda que habita. Si bien esto puede considerarse un fenómeno relativamente acotado, representa un claro indicador de la existencia de lógicas excluyentes y estratificadoras en el mercado inmobiliario, así como de estratégicas respuestas que la población migrante encuentra en la informalidad (^{Contreras et al., 2015}; ^{Magliano y Perissinotti, 2020}; ^{Marcos y Mera, 2018}; ^{Martínez, 1999}). De todas maneras, queda pendiente identificar la manifestación del fenómeno en los barrios específicos y visualizar su relación con las dinámicas centro/pericentro propias de ciudades intermedias para comprender mejor el comportamiento del mercado inmobiliario local.

Respecto a las condiciones de habitabilidad, y particularmente al acceso a servicios básicos, una proporción más bien acotada de los sujetos encuestados manifestó presentar privaciones. A pesar de esto, resulta sintomático que 15 por ciento de la muestra sostuviera no tener agua caliente en casa y 26 por ciento declarara que su vivienda no cuenta con un sistema de calefacción para enfrentar la temporada invernal, lo que mostraría ciertos rasgos de precarización de las viviendas habitadas por migrantes y, por tanto, atisbos de una incipiente tugurización de las mismas (^{Contreras et al., 2015}). El punto más crítico es el acceso a Internet en los hogares, pero lo cierto es que este servicio se cubre con el contrato de planes telefónicos con acceso ilimitado a redes sociales, instrumento que se ha revelado fundamental para la mantención de los vínculos transnacionales y la construcción de multiterritorialidad (^{Haesbaert, 2011}) y soberanías translocales (^{Márquez, 2013}), permitiendo sostener proyectos migratorios junto a procesos de arraigo (^{Gissi, 2017}).

Otro elemento relevante respecto a la situación de la vivienda entre los participantes del estudio son los indicios de hacinamiento, aun cuando esto afecta a una proporción menor de los encuestados - como se ha mostrado como se ha mostrado-. En efecto, la ausencia de normativas que regulen el arriendo de viviendas y la inexistencia de instrumentos legales y financieros que faciliten la inclusión de personas migrantes en el mercado inmobiliario, fuerza a una parte de esta población a buscar el acceso a través de la informalidad y el ahorro, cuestión que, en este caso, repercute en el hacinamiento (^{Contreras et al., 2015}; ^{Martínez, 1999}). Así, aun considerando que la relativamente baja presencia de población migrante en la ciudad no genera una particular presión sobre el mercado inmobiliario local, el estudio revela ciertos síntomas de hacinamiento entre los encuestados y un importante porcentaje de arriendos informales como telón de fondo.

En términos generales, el estudio arroja pocas evidencias relativas a la existencia de segregación espacial de la muestra, lo que contrasta con la realidad de las metrópolis y ciudades con alta presencia migrante (^{Contreras et al., 2015}; ^{Contreras y Palma, 2015}; ^{Magliano y Perissinotti, 2020}; ^{Marcos y Mera, 2018}; ^{Martínez, 1999}; ^{Martori et al., 2006}; ^{Sheehan, 2020}). No obstante, esto no implica que sus condiciones de habitabilidad sean óptimas, puesto que los indicios de hacinamiento y problemas de acceso a servicios básicos representan señales de cierta precarización en las condiciones de la vivienda de los participantes, cuestión que aquí se entiende como una incipiente tugurización. En este sentido, la investigación muestra que estos incipientes procesos de tugurización de las viviendas se distribuyen por toda la ciudad, con mayor elocuencia en Costanera y Pueblo Nuevo, y no se limitan exclusivamente a la zona central. En cualquier caso, estas observaciones críticas deben ponderarse contrastando la generalizada percepción positiva del estado de conservación de las viviendas, lo que, en rigor, constituye un aspecto importante de la habitabilidad (^{Ziccardi, 2015}), aun entendiendo que dichas percepciones también responden a las experiencias previas y a las representaciones de la vivienda dadas por el habitar translocal de los individuos (^{Márquez, 2013}).

Percepción, uso del espacio público y participación comunitaria

En relación con la dimensión del espacio público, el estudio muestra que los sujetos participantes tienen una generalizada percepción positiva de los barrios en los que habitan, lo que podría tener algún punto en común con la tranquilidad que los migrantes perciben de la ciudad de Talca (^{Micheletti, 2016}), aunque también en este caso las visiones positivas pueden asociarse a las representaciones translocales del territorio (^{Márquez, 2013}). De todas formas, una parte de los participantes identificó algunas manifestaciones puntuales de degradación del entorno (consumo de alcohol y drogas y acumulación de basura), lo que daría cuenta de ciertas deficiencias de habitabilidad comunitaria, las cuales tendrían lugar especialmente en los macrosectores con mayores déficits en las condiciones de vivienda, mostrando que la habitabilidad supone la relación entre la residencia y el entorno urbano (^{Ziccardi, 2015}).

Respecto al uso de los espacios públicos, si bien los sujetos reconocen una frecuentación bastante baja en general, los indicadores relativos al uso de los centros de salud son levemente mayores, lo que podría constituir una primera pista sobre su relevancia territorial para la interacción social e institucional de la población migrante. No obstante, mucho más significativo resulta el uso de centros comerciales y supermercados, que son frecuentemente visitados por cuatro de cada cinco encuestados. Evidentemente, su uso es utilitario, pero resulta sintomático que sea precisamente en este prototipo del no lugar (^{Augé, 2017}) donde los sujetos mantienen un vínculo espacial más permanente y sistemático con la ciudad. Es indicativo, al mismo tiempo, que este tipo de apropiación tenga un carácter más individual que colectivo, cuestión que deja entrever cierto desapego hacia formas de sociabilidad públicas.

Estas prácticas de vinculación de la población migrante con el espacio público podrían explicar, en parte, su general percepción positiva del entorno, puesto que la desvinculación de los espacios urbanos supondría un bajo conocimiento de estos y/o poco interés por los acontecimientos que ahí se suceden.

Estas dinámicas socioespaciales contrastan con las formas que se le adjudican a la apropiación del espacio público (Vidal i Moranta y Pol, 2005), incluyendo tanto las prácticas como los significados asociados a los lugares, lo que mostraría los procesos de reterritorialización que, de alguna forma u otra, prescinden de los territorios que ^{Haesbaert (2011}) considera más tradicionales y, eventualmente, se activarían en territorios-red.

El panorama no es muy diferente respecto a la participación migrante en actividades públicas, cuyos indicadores son incluso más bajos. Solo las actividades religiosas y deportivas muestran mayores índices de participación, pudiendo entenderse como las formas más accesibles de integración social al territorio, vinculadas con las necesidades de sociabilidad más inmediatas. No obstante, ambas están entre las actividades que más se alejan del ideal de participación del espacio público como lugar de construcción política (^{Alguacil, 2008}). Por su parte, las actividades migrantes, que teóricamente implican una valorización de lo propio, muestran indicadores algo más bajos. En este caso, probablemente exista cierta tendencia en los individuos a desmarcarse de las colectividades migrantes (^{Rihm y Sharim, 2019}), aunque se debería explorar el nivel de vinculación de sus asociaciones con los barrios para hacer consideraciones más acabadas. De igual manera, y en un sentido más global, los análisis aquí presentados no pueden sustraerse de las diversidades de sujetos migrantes y de los acotados tiempos transcurridos en el territorio, factores que eventualmente desfavorecen la formación de referentes colectivos que movilicen a los individuos migrantes a buscar instancias de sociabilidad en el espacio público.

En términos generales, el bajo nivel de uso y apropiación del espacio público que arroja el estudio debe entenderse como la manifestación de las formas específicas de integración territorial que desarrollan las estrategias migrantes, las cuales, en conjunto con las estrategias de inserción en el mercado del suelo, muestran la particularidad del urbanismo subalterno (^{Magliano y Perissinotti, 2020}), desarrollado por los extranjeros residentes en Temuco. Así mismo, estas formas de apropiación del espacio urbano deben ponderarse a partir de dos elementos centrales: el habitar translocal (^{Márquez, 2013}), es decir, la mantención de vínculos diferenciados, pero articulados, entre dos (o más) espacios sociales distintos, y las temporalidades de las circulaciones migrantes (^{Cortés, 2010}). Esta última idea adquiere particular significación si se considera que 62 por ciento de los sujetos de la investigación reside hace menos de un año en la ciudad, y 84 por ciento hace menos de dos. En efecto, esta variable permitiría entender, por un lado, el incipiente vínculo con el espacio público urbano y, por otro, la poca vinculación con el colectivo -más allá de las propias redes de sociabilidad-, prevaleciendo las relaciones más bien individuales con el entorno. En este sentido, no parece oportuno suponer que esta desvinculación del espacio público implique necesariamente asimilación, puesto que, además de la persistencia de los vínculos transnacionales, la preponderancia del espacio privado daría cuenta de la relevancia de las comunidades mínimas (^{Gissi, 2017}) para la formación de lugares identitarios y de sociabilidad que permiten prescindir de vinculaciones colectivas con el espacio público (^{Rihm y Sharim, 2019}).