1. La crítica a la autonomía del Banco de la República

El periodo de implementación de la Ley 31 de 1992 ha sido estudiado por ^{Misas Arango (2019)} con énfasis en la política macromonetaria de la apertura. A su entender, las posiciones de la teoría monetarista han sido dominantes en las recomendaciones de forma y objetivos en los “bancos centrales independientes y [en el] control a la inflación” (^{Misas Arango, 2019: 233}).

El salto del argumento jurídico constitucional a la teoría económica implica reconocer la obra de John Maynard Keynes en contraste con la de Milton Friedman, exponente del monetarismo neoliberal. La discrepancia sobre la intervención del Estado en la economía de mercado comprende sendos tratados económicos con argumentación cuantitativa de las fluctuaciones del sistema monetario internacional. La revisión de los postulados de estos autores sobrepasa los objetivos de la investigación. Por lo tanto, limitamos algunas menciones a la teoría de la regulación francesa, en el entendido de que las regulaciones al Estado por medio de decisiones políticas inciden en la política económica.

La cuestión en el fondo sigue teniendo el mismo argumento: las limitaciones de la autonomía del Banco de la República frente a la definición de la política monetaria, en cuanto a velar por el poder adquisitivo de la moneda y la estabilidad de precios, así como la coordinación con el Ministerio de Hacienda y el gobierno nacional, en la definición y la implementación de la política fiscal.

Teniendo en cuenta el cambio fundamental en 1991, se impuso la restricción en los objetivos de la banca central, puesto que

[d]urante cuatro décadas (1951-1991) el Banco [tuvo] como mandato legal el crecimiento y la estabilidad monetaria: banco de fomento y banco de emisión simultáneamente. El Banco había desarrollado sus prácticas y adquirido en un escenario económico marcado por el comercio internacional administrado y tasas de interés, para la captación y colocación, fijadas por las autoridades monetarias, las cuales establecían, igualmente, la distribución, de gran parte de la cartera entre las diferentes actividades económicas [^{Misas Arango, 2019: 233-234}].

Las restricciones impuestas por la Constitución de 1991 al Banco de la República, en los objetivos de fomento y emisión, son el punto central de la controversia que plantea ^{Misas Arango (2019)}. En este sentido, se adhiere a los regulacionistas y se confronta con los monetaristas; su análisis refiere que se implementaron “políticas profundamente contraccionistas, que han reducido la tasa de crecimiento del producto, aumentando la informalidad, profundizando la desindustrialización” (^{Misas Arango, 2019: 247}).

En los márgenes de la economía de mercado lo anterior no alude a una transformación del sistema capitalista, sino a las variantes de su funcionamiento. El problema de fondo -de la política fiscal- se encuentra en la recaudación de recursos y su administración. Los límites de emisión de dinero al Banco de la República restringen la salida de circulación de nuevo dinero, lo que obliga al Estado colombiano a tomar otras medidas en la recaudación de impuestos, o, con más frecuencia, aumenta la tasa de interés del crédito público. La consecuencia de esta política radica en la ausencia de recursos en el fomento a la producción que permitan cumplir con la obligación del Estado de garantizar el pleno empleo de la población.

Los límites puestos a la banca central buscan cumplir el objetivo de mantener la estabilidad de precios y el poder adquisitivo de la moneda, a fin de controlar la inflación. Consisten en orientar la emisión de dinero a la demanda de las necesidades del gobierno nacional o la banca privada, mediante el incremento de la tasa de interés del crédito como freno ante los especuladores financieros de divisas. Esto da como consecuencia una menor capacidad de ampliación del sector productivo agrario, industrial o de construcción.

En este análisis se tienen dos actores en contraposición: los trabajadores asalariados y los tenedores de activos financieros. Con tasas de inflación altas o bajas, la balanza entre la población trabajadora, que corresponde a 99%, contra 1% de familias del sector financiero, no se ha de modificar. Ahora bien, los grados de afectación, según las decisiones de los monetaristas de rigidez en los objetivos de la banca central, frente al cumplimiento de estabilidad de precios con determinación en la congelación de precios de la canasta básica familiar, tienden a la argumentación de beneficio a las mayorías de los asalariados. Por su parte, la crítica a la teoría monetarista demanda la misma apelación, en cuanto a que

[l]a inflación no es el peor impuesto que pesa sobre los pobres [...] lo más perjudicial para los pobres son las tasas elevadas de desempleo y la caída de los salarios reales con lo que ello conlleva, por lo cual las políticas antinflacionarias no benefician a todos por igual, mientras los más pobres sufren desempleo y la caída de los salarios reales, los tenedores de activos financieros (concentrados en el 1% más rico de la población) ven resguardados sus patrimonios de la desvalorización monetaria y reciben mayores beneficios como resultado de las tasas de interés más elevadas [^{Misas Arango, 2019: 245}].

El análisis de la fluctuación económica en la década de los noventa permite comprender el alcance de esta posición. Profundiza en los acontecimientos que causaron la recesión de 1996 y la crisis financiera de 1999, al aducir que “los cambios permanentes en la tasa de interés generaron una fuerte desaceleración en el ritmo de [la] actividad económica” (^{Misas Arango, 2019: 248}).

La preocupación por el crecimiento económico contiene fundamentalmente la fijación en las consecuencias que generan las decisiones en los cambios de la tasa de interés del préstamo de la banca central a la privada, puesto que se imponen sacrificios a la población al mantener la estabilidad de precios con el control de la inflación, lo que se traduce en “reducciones en el gasto público y precarización de la fuerza laboral” (^{Misas Arango, 2019: 254}).

La coordinación entre la política monetaria y la fiscal comprende una armonización en la política macroeconómica, al entender los factores externos que limitan el accionar nacional. Esto con base en que una evaluación de los instrumentos que ha tomado el gobierno nacional para garantizar el crecimiento económico, con garantía de pleno empleo, no está limitada únicamente a las decisiones de las tasas de interés que debe tomar la banca central.

En cuanto a la crítica profunda a la Constitución de 1991, es clara la influencia del Consenso de Washington en la doctrina neoliberal de reducción del Estado, con la tercerización laboral y la venta de las empresas públicas al capital privado, producto de la apertura de libre comercio y la estipulación constitucional de la economía de mercado. En el apartado preciso de lo correspondiente a la banca central se refiere que “el gerente del Banco de la República, [tuvo] asesoría del BID [Banco Interamericano de Desarrollo], para presentarle a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de texto constitucional sobre el reconocimiento de los fundamentos de la política macromonetaria que fue acogido por la asamblea” (^{Misas Arango, 2019: 248}).

En la interpretación jurídica de la Corte Constitucional existe una claridad tajante entre independencia y autonomía: la banca central en Colombia es autónoma, no es independiente del gobierno nacional. Esta claridad conceptual refiere en lo determinante a la obligación de coordinación de la política económica general entre la banca y el gobierno. La incapacidad de ejercer los niveles necesarios de coordinación, por parte de los presidentes y gerentes del banco, no es asunto de la Constitución.

El reconocimiento de la necesidad de la “autonomía en la formulación de la política monetaria […] [y] la necesidad de conservar la independencia del banco central con respecto al mercado” (^{Misas Arango, 2019: 237}) es un punto que permite una posible conciliación entre las posiciones adversas. Si el debate se sitúa en las alzas y las bajas de la tasa de interés que les impone el Banco de la República a los bancos privados, éste sigue siendo parte del funcionamiento de la economía de mercado, aunque se argumente que es una salida para frenar la especulación financiera que debilita la soberanía monetaria.

2. El problema no es la autonomía, es la economía de mercado

Hasta este punto, la discusión no sale de la economía de mercado capitalista, por lo tanto, hallamos una certera diferenciación con la concepción del dinero. Al plantear la limitación de facultar la emisión de moneda a la banca central por orden del gobierno nacional, se entiende que una posible solución al problema de la producción es el crédito bancario. Esta posición pone en primer plano la necesidad de que la máquina de hacer billetes llegue a salvar al sector financiero. Claro, sin modificar la concepción del valor real del dinero en circulación.

El análisis propuesto parte de comprender el “fetichismo de las mercancías”, al rescatar la concepción del dinero como fruto de tiempo invertido en el trabajo. Éste podría ser el factor realmente clave para evaluar la necesidad de emisión monetaria que pueda fomentar la producción nacional. El trabajo como elemento fundante en la cadena productiva permite modificar la concepción de la necesidad principal del dinero. Se requiere el dinero del crédito bancario, y también que los socios capitalistas propietarios de los medios de producción inviertan en el sistema productivo, en lugar de realizar sus depósitos de ganancias en el sistema financiero.

En la lógica económica el problema de los precios no sólo corresponde a las tasas de interés del crédito público, sino que es una cuestión de oferta y demanda de las mercancías en el proceso de circulación. El problema radica en la planeación de la cadena productiva que permita blanquear la ganancia de los propietarios de los medios de producción, en contraste con el tiempo y el valor del trabajo que se remuneran a los obreros. La lógica de fondo de la situación de la crisis del mercado financiero no es un problema de la banca central, es un problema que causa el sistema capitalista, ya que la mayor acumulación de las ganancias se otorga a quienes menos tiempo y fuerza de trabajo invierten en la cadena de producción.

Al fijarse el objetivo de estabilidad de precios y al mantenerse el poder adquisitivo de la moneda, se sostiene la misma dinámica de producción. El único factor que modifica esta cadena es la cantidad de tiempo y fuerza de trabajo invertida por el asalariado que produce las mercancías. Mientras haya mayor flexibilidad laboral, habrá mayor extensión de las jornadas de tra­bajo y menores ingresos. Por lo tanto, la economía de las mayorías se deprecia no solamente por los niveles de inflación o el porcentaje de la tasa de interés, sino también por la lógica del sistema capitalista rentista financiero.

El capitalismo de Estado puede tender a la emisión de moneda con un banco dependiente, a fin de atenuar las necesidades de solvencia que requiere el pago de la deuda externa. Sin embargo, el problema de los precios del mercado tiene múltiples factores que no se ciñen a la tasa de interés del crédito público de la banca central. La definición de una política económica general, que en una economía de planeación estratégica racionalice la demanda de mercancías y dignifique la remuneración del trabajo, podría salirse realmente de la crítica a los monetaristas y avanzar hacia la propuesta de una transformación concreta de la concepción del sistema capitalista y, por supuesto, de su funcionamiento.

Así comprendida la perspectiva del análisis político económico, las posiciones adversas entre banca central dependiente o independiente del gobierno nacional no son más que una distracción del verdadero problema: la trans­formación de la economía de mercado. Es éste el problema fundante del modelo económico definido en la Constitución Política de 1991, no los matices de las tasas de interés.

El laberinto de la teoría cuantitativa del dinero, con la cual se miden los índices de precios del consumidor (IPC), el producto interno bruto (PIB) y las cifras de variación del porcentaje de la inflación, ha sido el gran dilema de los economistas. Requieren estos datos para concluir en sus análisis la necesidad de emisión de moneda del banco central; sin embargo, el problema es la necesidad de girar los recursos al sector financiero a fin de que otorgue crédito al sector industrial. Desde esta perspectiva, se considera que la emisión de moneda sería la solución al problema de crédito que requieren las pequeñas empresas y los consumidores para afrontar una dinámica de producción no planificada y un consumo de bienes suntuosos.

En los detalles de la producción de las cifras puede entenderse que el IPC en Colombia “no permite aprehender las variaciones en el precio de los activos, tanto reales como financieros, ni las variaciones en los precios de la propiedad inmobiliaria” (^{Misas Arango, 2019: 238-239}). Las variables de la medición del PIB nominal no especifican la cantidad de dinero que circula, porque precisamente no se tiene información cuantificada del valor de la producción ilegal que sostiene la economía colombiana.

Si en lugar del problema de la emisión se traslada el asunto al fomento, entonces éste trasciende del banco central al Ministerio de Hacienda. Es decir, se abre la necesidad de creación de fondos de fomento a la producción, mediante el establecimiento de líneas de crédito público directo, con garantía plena de compra de los bienes manufacturados por el propio Estado. Esto es posible a partir del análisis de estudios de mercado que permitan estipular la demanda de mercancías que se requieren para el abastecimiento de las necesidades básicas de la población en un territorio determinado.

No obstante, ante la imposibilidad de una normativa que regule la especulación financiera de capitales, la medida de tasas de interés ha sido el único freno del Estado para contener la inflación. Ante la demanda de mayor circulación de efectivo, el poder adquisitivo de la moneda se ve reducido, lo que da lugar al juego del intercambio monetario en otras divisas, las cuales deprecian el valor de la moneda e incrementan el flujo y el intercambio, en una competencia de capitales internacionales.

La lógica de la especulación financiera en Argentina puede ser un caso con alto nivel de contraste, ya que la devaluación del peso argentino ha llegado a tasas de inflación de 50%, siendo la inflación uno de los mayores problemas de su economía nacional (^{Asiain, 2022}). Su comprensión exige abrir otros canales de interpretación sobre el funcionamiento de una economía de blanqueo de capitales en un puerto internacional de permanente flujo de divisas. Tal dinámica especulativa financiera no puede ser comparable a la situación de un país centralizado y ensimismado en una economía interna con fuerte criminalización del lavado de activos.

La conciencia de la sociedad colombiana, que en la última década ha tenido un frecuente contacto con la sociedad argentina, ha alertado que la gravedad de la situación inflacionaria consiste en la creación de una mayor desigualdad social. Por ello, mencionar la concepción de la inflación del Banco Federal de Alemania sigue teniendo completa validez, puesto que la inflación es una amenaza a la soberanía financiera. El debate público sobre las decisiones del Banco de la República es pertinente y necesario, y también debe abrirse la formación de audiencias que puedan discernir sobre los problemas monetarios.⁸

Si la cuestión de la política macroeconómica se queda encerrada en los círculos de las discusiones de la teoría cuantitativa del dinero, donde sólo especialistas estadísticos pueden comprender las decisiones en materia de política monetaria y fiscal, el debate queda reducido a unas ínfimas aulas de matemáticos, los cuales parecieran ser los únicos que pueden entender las cifras estadísticas de los objetivos intermedios que diseña el Banco de la República para la contención de la inflación, como los agregados monetarios, el tipo de cambio y la tasa de interés.

Ahora bien, si logramos comprender qué se entiende por “el crecimiento de la masa monetaria”, al diferenciar en las fórmulas de medición de las estadísticas monetarias y financieras los agregados monetarios, se pueden ubicar ¿cuáles son los activos financieros?, y ¿dónde se encuentran? También en un mundo utópico podríamos responder con certeza las preguntas directas sobre la identificación de los capitalistas: ¿quiénes son los tenedores de dinero? La discusión estadística matemática de exclusividad de los economistas pasaría seguramente al debate público, con los nombres y los apellidos de los propietarios de los medios de producción que han acaparado la mayor acumulación de capitales durante 1991-2021.

Las cifras de los reportes de sectorización monetaria y financiera del Banco de la República contienen datos brutos, como “el panorama monetario, el panorama bancario y un panorama financiero restringido” (^{Banco de la República, 2022c}). Asimismo, puede hallarse el Catálogo de estadísticas, con una amplia recaudación de cifras clasificadas (^{Banco de la República, 2022a}). En el bloque “Actividad económica, mercado laboral y cuentas financieras” se encuentran las tablas de tasas de ocupación y desempleo, las cuales evidencian que en 2001-2021 la cifra de tasa menor de desempleo corresponde a noviembre de 2015, con 7.27%, y la tasa mayor de desempleo es de mayo de 2020, con 21.38%, luego de la crisis sanitaria de covid-19; esto es sólo semejante a las cifras de desempleo de comienzos del periodo, en enero de 2002, de 17.87 por ciento.

El análisis de las causas que producen estas cifras de desocupación en la población colombiana comprende una serie de variables que no están expuestas en el Catálogo de estadísticas. No obstante, es posible controvertir con que esta situación dependa exclusivamente del crédito concedido por el Banco de la República al sector financiero. La “política monetaria sustentada en el control de los agregados monetarios a través de las variaciones de las tasas de interés” (^{Misas Arango, 2019: 241}) marcó la tendencia del Banco de la República, al pasar “de una tasa real promedio de interés de 1%, en el bienio 1992-1993, a 7.1% en el periodo 1994-1997” (^{Misas Arango, 2019: 260}).

El aumento de la tasa de interés se entiende como el causante de la crisis económica, reflejada en el desplome del PIB durante el periodo. Las cifras muestran que se tuvo 4.3% en 1990-1994, y 2.9% en 1995-1998; así se terminó con una recesión de -2% en 1998-1999. Ante la crisis del sector financiero de 1999, el gobierno nacional permitió la intervención externa del Fondo Monetario Internacional (FMI) al solicitar un crédito de 2 000 millones de dólares estadunidenses.⁹

La crisis de 1999 tuvo un capítulo específico de catástrofe en el sector de construcción inmobiliaria en Colombia. Los préstamos otorgados para la adquisición de vivienda fueron medidos con la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC). Un gran número de familias no alcanzó a pagar el incremento de los intereses del préstamo, y se sobrepasó la posibilidad de pago en muchas ocasiones, lo que incluso llevó a devolver el bien (casa o apartamento), pues no les era posible saldar el total adeudado, lo cual en una gran proporción de casos dejó a las familias con deuda y sin vivienda.

El efecto de contagio de las crisis financieras de Asia en los años noventa tuvo repercusiones en Colombia, las cuales no fueron previstas por el Banco de la República en la dimensión del desequilibrio de los factores externos sobre los cambios en el valor de las divisas. Tales circunstancias de la crisis en el mercado de capitales contienen la preocupación sobre el equilibrio que debe contener la política monetaria entre “la estabilidad de precios [y] la estabilidad financiera” (^{Misas Arango, 2019: 238}).

La débil actuación del Bloque Social Dominante (BSD) en la concertación de consensos políticos sobre las decisiones en política económica, tanto con la clase dirigente ligada al sector financiero como con las clases de subalternos asalariados, ha sido señalada por ^{Misas Arango (2019)} como la gran diferencia de la sociedad colombiana con la alemana, según los mecanismos de consenso social que ha generado el Banco Federal Alemán.

En la definición política, los gobiernos colombianos no han logrado tomar medidas que permitan una presión tributaria para superar el déficit fiscal. Es decir, no se ha generado el impuesto al capital suficiente para los grandes contribuyentes, ni se ha realizado una real investigación de la evasión de impuestos en los paraísos fiscales. A partir de 1990, con la apertura de libre comercio, se modificó la estructura del sector financiero, y resalta, entre los múltiples cambios, la privatización de las entidades financieras estatales (^{Misas Arango, 2019: 301}).

La directriz del capitalismo financiero hacia la centralización de capitales forzó la oligopolización de conglomerados de sectores productivos con el sector financiero. La reducción de la industria manufacturera en Colombia se debió al aumento de la importación de insumos y productos a menor costo que la ofertada por la producción nacional.

La tendencia del ahorro financiero desestimuló la inversión de capitales en la industria, lo que evidenció un mayor ascenso social a los ejecutivos del sector financiero, en detrimento de los ingresos de los ejecutivos del sector productivo (^{Misas Arango, 2019: 314}). Esta situación produjo la quiebra de múltiples empresas que no lograron garantizar los pagos de nómina y de las deudas contraídas, lo que generó el despido masivo de trabajadores y el cierre definitivo de fábricas.

Se hace necesario en este punto aclarar ¿cuál es el vínculo contradictorio entre la soberanía monetaria, el “monopolio” en la emisión de dinero de curso legal y la autonomía del banco central?¹⁰ Todo esto en el contexto de la adopción de la política monetaria con metas de inflación, durante la ejecución de la política económica de confianza inversionista (2002-2021).

Una aproximación a la respuesta puede ejemplificarse con el análisis recomendado sobre la política monetaria en el Estado capitalista mexicano (^{Mántey, 2013}). Al respecto, los asuntos de la soberanía quedan señalados en el papel contradictorio del señoreaje que ejerce la banca central en la emisión de moneda, e incluso en los vaivenes en los que flota la liquidez internacional de capitales.

La soberanía está comprendida en la intencionalidad de la autonomía de dirigir una planeación estratégica de la economía nacional que permita la recuperación de los sectores industrial y agrario. Esta posición tiene relación directa con la soberanía monetaria, en la misma comprensión de la necesidad de liquidez para efectuar el fomento de estos sectores. En definitiva, la decisión no es sólo técnica ni económica, también tiene que ver con los valores de la sociedad en una economía de mercado, los cuales se han inclinado al favorecimiento individual de las clases dominantes propietarias del sector financiero.

En los valores de la libre competencia y el libre mercado del liberalismo económico, la banca central tiene el único papel de portadora de los recursos de los que puede disponer la banca privada. El problema en Colombia a partir de la década de los años noventa es precisamente la privatización del sector financiero, con lo cual, si por señoreaje entendemos la ganancia extraordinaria que acumulan los bancos privados con el control y el manejo de los recursos de la banca central, que administra los préstamos a los sectores industrial y agrario, es totalmente comprensible la posición de ^{Mántey (2013: 61)} al referir que, “a través del crédito del banco central a la banca privada, se transfiere una parte del señoreaje que de otro modo recibiría el gobierno”.

La cuestión de la soberanía monetaria y la autonomía de la banca central tiene por supuesto “implicaciones internas y externas”.¹¹ En cuanto a la política económica que define el gobierno nacional, está condicionada por la economía mundial. El dilema de los valores parte de asumir una política que responda a la necesidad de un crédito bancario para la recuperación de los sectores reales de la economía, lo que frena la especulación financiera, al permitir la emisión de dinero de curso legal mediante el préstamo de la banca pública.

1. Financieros, industriales y asalariados

La lucha de clases por la distribución de las riquezas es latente a nivel mundial; en el marco de un conflicto interno armado, la situación es de tensión permanente. Las decisiones de política monetaria que toma la JDBR en la burbuja capital colombiana le dan la razón a ^{Moreno Rivas (2014)} respecto a que las clases dominantes en sus bloques hegemónicos han conciliado los intereses entre el bloque industrial y el financiero, en detrimento de los trabajadores asalariados.

Esta situación la vislumbró ^{Marx (1865/1976)}, al analizar las partes en las cuales se divide la plusvalía, que comprenden la intrincada relación del capital financiero y el industrial. La dependencia de los industriales del capital de los financieros exige una repartición de la ganancia del proceso de producción, expresada en el interés del crédito bancario. El momento en que la banca central eleva la tasa de interés conduce a una mayor explotación de la fuerza de trabajo por parte de los industriales, lo que aumenta la ganancia del empresario capitalista industrial y logra pagar un mayor interés bancario.

La acumulación de capital entre el sector financiero y el industrial, en este ciclo de alza de la tasa de interés, no evidencia pérdidas significativas en los propietarios de los medios de producción, puesto que la lógica del capitalismo les permitió garantizar la ganancia correspondiente, al usurpar los derechos laborales de los trabajadores asalariados. La tercerización laboral se realizó con la implementación del Consenso de Washington de 1989, la institucionalización de la economía de mercado y la apertura de libre comercio en la Constitución de 1991. A partir de su reglamentación, inició la privatización de las empresas del Estado, lo que aseguró mayor productividad y menor costo de la nómina de empleados.

Demandar el pleno empleo no es igual a luchar por la “¡Abolición del sistema del trabajo asalariado!” (^{Marx, 1865/1976}), siendo ésta la consigna que Marx propusiera a los trabajadores en huelga por el aumento de salarios. La demostración del materialismo histórico ha consistido en que el aumento de los salarios no es la razón fundamental del alza de precios de las mercancías, es la acumulación de ganancias de los capitalistas lo que realmente ocasiona un incremento en el costo de la reproducción de la vida.

En otras palabras, la “subida general de los tipos de salarios acarrearía una baja de la cuota general de ganancia, pero no afectaría, en términos generales, a los precios de las mercancías” (^{Marx, 1865/1976}). La repercusión de la disminución de la cuota de ganancia puede producir una modificación en la composición social de la población, al realizarse una distribución real de la generación de riquezas, lo cual permitiría un equilibrio entre la disminución de gastos suntuosos y el aumento de productos de primera necesidad para las mayorías.

La relación entre el capital y el trabajo ha sido históricamente una lucha de clases antagónicas; esto es evidente tanto en el sector industrial como en el agrario. Ahora bien, el sector financiero afronta una lucha de correlación de fuerzas entre bloques hegemónicos en discordia: tanto el empresario industrial como el hacendado agrario terrateniente necesitan crédito del bancario. Por ende, la clase dirigente internacional ha sabido cooptar y especializarse en el sistema financiero, mientras las clases dominantes nacionales han seguido en la lógica del sistema de la producción agraria o industrial.

Las clases de trabajadores asalariados no calificados pueden ser contratadas tanto por la burguesía agraria como por la burguesía industrial, en labores que requieren la fuerza física. Por su parte, los trabajadores asalariados calificados se han ido especializando, con el fin de acceder a cargos con mejor remuneración, en las ocupaciones intermedias de la regulación de estos sectores económicos. La gestión del crédito se ha convertido en un campo laboral para aquellos técnicos que no logran hacerse de sus propios medios de producción.

La lógica de capital-trabajo es una pugna constante en la economía de mercado, en el impulso que generan los capitalistas por la reducción de los salarios y por el aumento de la jornada, mientras los obreros organizados hacen huelga para reducir la jornada laboral y aumentar la remuneración salarial. En la perspectiva de la relación capital-trabajo expuesta por la teoría de la regulación francesa de ^{Robert Boyer (1986)} pueden entenderse cinco componentes en su análisis,

[1)] tipo de medios de producción; [2)] formas de la división social y técnica del trabajo; [3)] modalidad de movilización y de adhesión de los asalariados a la empresa; [4)] determinantes del ingreso salarial, directo e indirecto, y, finalmente, [5)] el modo de vida de los asalariados, ligado, más o menos a la adquisición de mercancías y a la utilización de servicios colectivos por fuera del mercado [^{Boyer, 1986: 49}; citado en ^{Misas Arango, 2019: 531}].

En principio, éstos refieren a normas de producción y normas de consumo sin establecer la relación en el proceso de distribución, circulación y comercio. En la producción se generó una precarización de la relación laboral, con un efecto inmediato en la reducción de la capacidad de consumo de las clases de trabajadores asalariados. Por consiguiente, la legislación laboral en Colombia ha ido en detrimento de la distribución del ingreso y en beneficio de la concentración de capital en 1% de la población.¹³

2. La inflación y el pleno empleo

Los efectos de la Gran Depresión de 1929 en el nivel de desempleo mundial conllevaron al surgimiento de las investigaciones teóricas de ^{Michał Kalecki (1943/2011)} y ^{John Maynard Keynes (1936/1965)}. Estos autores coinciden en la intervención del Estado en el mercado, con el aumento de la inversión del presupuesto público, a fin de garantizar el pleno empleo como medida para superar la depresión económica. El punto de partida es que “el empleo es la fuente de demanda de bienes de consumo” (^{Kalecki, 1935}; citado en ^{Pérez Rodríguez, 2011: 19}), por lo cual la ganancia del sistema capitalista aumenta, en cuanto se garantiza la capacidad de consumo con condiciones de pleno empleo a la población.

Desde tal perspectiva, la administración pública del Estado puede gestionarse con recursos provenientes de un impuesto al capital que permite la distribución de la riqueza y garantiza la inversión en el sistema productivo, lo que genera un subsidio al consumo a quienes no puedan acceder a condiciones de empleo (^{Pérez Rodríguez, 2011: 20}).

Esta solución ha sido desestimada por el capitalismo neoliberal, partiendo del supuesto de la necesidad del desempleo para garantizar una mayor dominación en la clase de los trabajadores asalariados; al tener una oferta fija de mano de obra, reducen la capacidad de organización de los sindicatos ante el despido permanente.

En este conflicto de la relación capital-trabajo, entre los intereses de los empresarios capitalistas y los de los trabajadores, se comprende que “el gobierno y los capitalistas necesitan la existencia del desempleo con el objetivo de mantener bajo control el nivel de salarios y a la fuerza de trabajo” (^{Nuti, 2011: 208}).

A esta lógica del capitalismo se agregó en la economía de posguerra la teoría de ^{William Phillips (1958)}, quien a partir de una investigación de datos empíricos de inflación y desempleo en Inglaterra determinó una relación según la cual a mayor inflación menor desempleo, y, ante menor inflación mayores tasas de desempleo. La gráfica cartesiana -(y) inflación, (x) desempleo- visualizó la fórmula conocida como la curva de Phillips, con auge en los años sesenta. Ésta se desestimó a partir de las crisis de los precios del petróleo en los años setenta, puesto que la relación de los factores de inflación y desempleo no se mantenía en el largo plazo.

La posición que considera que un incremento del gasto público puede aumentar la tasa de inflación en una economía nacional fue objetada por ^{Kalecki (1943/2011)}:

A ello puede responderse que la demanda efectiva creada por el gobierno actúa como cualquier otro aumento de la demanda. Si hay oferta abundante de mano de obra, planta y materias primas, el aumento de la demanda se satisface con un aumento de la producción […] si la intervención gubernamental trata de lograr el pleno empleo, pero no llega a aumentar la demanda efectiva más allá del nivel del pleno empleo, no hay por qué temer la inflación [^{Kalecki, 1943/2011: 215}].

La salida analizada a esta situación radica en garantizar el pleno empleo mediante la contratación del Estado, al destinar recursos públicos a la implementación de políticas de generación de empleo (construcción de vías, hospitales, escuelas, etc.) y subsidio al consumo (canasta básica familiar, pensiones a los adultos mayores, ingreso a los menores de edad, etc.). La inversión pública puede realizarse por medio de crédito, y éste a su vez puede aumentar la deuda pública; sin embargo, las alteraciones del interés de la deuda pueden ser financiadas “con un impuesto anual al capital” (^{Nuti, 2011: 212}).

La “política de creación de empleos mediante el gasto gubernamental” (^{Kalecki, 1943/2011}) contiene el dilema de garantizar el pleno empleo al controlar la inflación. Esta situación puede lograrse mediante una política de estabilidad de los precios que disminuya la ganancia del capitalismo rentista, al aumentar la capacidad de consumo de los trabajadores. La confianza de la inversión privada puede sostenerse mientras la demanda de los productos garantice el flujo de la cadena de producción-circulación-consumo.

En teoría, la política de pleno empleo expuesta por ^{Kalecki (1943/2011)} es posible. En la práctica, el sistema capitalista ha elegido el desempleo como medida de explotación y sometimiento de los trabajadores. La supremacía de las clases dominantes se ejerce con la amenaza del despido; así se crea una tasa de desempleo que permite sostener una lógica de bajos salarios y con estrategias de manipulación psicológica que impiden la organización de sindicatos.

Al respecto, puede hallarse una semejanza en el Estado fascista en Europa durante los años cuarenta y la absorción del Estado capitalista colombiano por una derivación del fascismo corporativo a partir de 2002. Ambos tienen una versión propia de la economía del armamento, consistente en el control del gasto gubernamental por una “maquinaria estatal [que] se encuentra bajo el control directo de una combinación de las grandes empresas y los arribistas fascistas” (^{Kalecki, 1943/2011: 218}).

3. El modelo de inflación objetivo del Banco de la República

Las semejanzas con el Estado fascista italiano y el Estado capitalista colombiano pueden encontrarse en múltiples dimensiones. No obstante, es posible entender que la democracia capitalista con economía de mercado no ha trazado ni cumplido el objetivo de pleno empleo, y sostiene una economía en confrontación permanente entre factores internos y externos, agravada por las circunstancias que produce un conflicto armado.

En la política monetaria la crisis financiera de 1999 causó “una tasa negativa de crecimiento de -4.3% […] y una inflación del 9.6%” (^{Misas Arango, 2019: 281}). La crisis condujo a la JDBR a modificar el esquema de metas puntuales de inflación anual sostenido en 1991-1999 por un esquema de política monetaria denominado inflación objetivo a partir del 2000.¹⁴ Teniendo en cuenta que durante el mismo periodo -enero del 2000- la crisis financiera en Ecuador condujo a la dolarización.

En Colombia este movimiento en la política monetaria se realizó en medio de la efervescencia política de la terminación de los Diálogos de Paz de San Vicente del Caguán, lo que modificó el panorama de solución política hacia el incremento de la solución militar del conflicto interno social y armado. Por ello, puede entenderse que la inversión pública en el Estado capitalista colombiano se ha dirigido hacia el gasto militar en los primeros renglones del Presupuesto General de la Nación (PGN), pues un significativo rubro se concentra en el Ministerio de Defensa.

A finales de los años noventa el proceso de militarización del Estado colombiano se intensificó con la cooperación y las asesorías militares de los Estados Unidos, formalizadas con la firma del Plan Colombia en 1999. La salida militar al conflicto conllevó a la elección del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez; así quedó definida en el Plan de Desarrollo 2002-2006 la política económica de confianza inversionista.

El giro en la economía colombiana fue definitivo: se sepultó el proteccionismo de sustitución de importaciones y se intensificó la exportación minero-energética.¹⁵ El modelo primario exportador con el auge de los commodities condujo al incremento histórico de licencias de exploración y explotación de yacimientos minero-energéticos. De 0.9 solicitudes en 2002, se llegó a 39.7 hasta mayo de 2009, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras-Ingeominas (^{Fierro Morales, 2012: 152}).

A partir de 2002 el sector de seguridad y defensa obtuvo un porcentaje significativo del PGN, sostenido durante 2002-2014. El impuesto a la seguridad por decreto presidencial de 2002 permitió la recaudación de recursos propios que se agregaron al préstamo público otorgado por los Estados Unidos, según lo convenido en el Acuerdo de Cooperación Militar del Plan Colombia.

Los esfuerzos fiscales por mantener la cartera del Ministerio de Defensa protegieron los intereses económicos de las multinacionales minero-extractivistas, pues la Fuerza Pública se dedicó en gran medida a defender los yacimientos de petróleo y minerales, en contra de las poblaciones que se organizaron en la protesta social por los daños sociales y ambientales que generaron estos proyectos minero-energéticos en los territorios.

En el registro de datos de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial se evidencia el fenómeno de desplazamiento forzado a causa de la confrontación armada y los desplazamientos por desastres naturales. La población colombiana que habitaba en los territorios en los cuales avanzó la locomotora minero-energética padeció de exterminio y empobrecimiento, con cifras anuales sostenidas entre 5 y 7 millones de desplazados internos en el territorio colombiano (^{Banco Mundial, 2022}).

Fuente: ^{Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2021)}.

Gráfica 1 La geografía del desplazamiento forzado 

Siendo éste el panorama de la economía colombiana, con el cual se tomó la decisión en política monetaria de asumir un modelo de inflación objetivo, el análisis político económico se dirige a entender por qué el Banco de la República elige éste y no otro esquema, frente a una fuerte inyección de capitales de inversión extranjera directa (IED). Con base en la investigación de Oscar Javier ^{Martínez Ricaurte (2017)}, que cuestiona el modelo desde la teoría de la regulación del capitalismo, en la definición del modelo de inflación objetivo se puede entender que “se caracteriza por el anuncio de una meta en uno o varios horizontes de tiempo y por el reconocimiento explícito de que la inflación baja y estable es el objetivo de política monetaria” (^{Martínez Ricaurte, 2017: 5}).

En tal caso, el ancla nominal de la política monetaria en Colombia desde el 2000 es la tasa de interés, con una tasa de cambio flotante. El control de la inflación ha permitido que la correlación de fuerzas entre divisas opere sin la restricción que tendría la fijación de una tasa de cambio, medida que fue tomada por un breve lapso, ante el ataque a la moneda nacional en la crisis financiera durante 1998-1999.

Esta medida de tasa de interés para controlar la inflación supone una tasa natural de desempleo, según la literatura económica dominante (^{Martínez Ricaurte, 2017: 22}). La salvedad de esta aseveración depende de los actores que se encuentran en confrontación ante las decisiones de política monetaria, en específico el sector financiero y los trabajadores asalariados. La credibilidad de la inversión de capitales en una economía que garantice el control inflacionario y mantenga una tasa de interés estable permite la atracción de inversionistas externos.

En la lógica de la hegemonía que ejercen las clases dominantes sobre las decisiones de política monetaria, el problema de la tasa de desempleo para el sistema financiero resulta una cuestión connatural del modelo de economía de mercado. Se entienden como naturales las condiciones materiales por las cuales se permite la existencia del desempleo en una economía de libre competencia, la cual considera necesaria la oferta constante de mano de obra y supone no tener obligación de garantizar el pleno empleo.

La crítica de ^{Martínez Ricaurte (2017: 24)} al modelo de inflación objetivo argumenta que los intereses particulares del mundo financiero se han asumido como intereses de la sociedad en general. El crecimiento exponencial del sector financiero está lejos de beneficiar a las mayorías de la población colombiana. La desigualdad socioeconómica en Colombia es una de las más grandes de América Latina, según el índice del coeficiente de Gini de 51.3. Esta situación también puede constatarse en la Radiografía de la desigualdad, donde se concluye que “Colombia se sitúa en primer lugar en el rank­ing de la desigualdad en la distribución de la tierra” (^{Oxfam, 2017: 13}).

En contraste, la acumulación de capitales del sector financiero ha sido señalada por la teoría monetaria marxista como una consecuencia de la dependencia de los bancos centrales al capitalismo financiero internacional (^{Martínez Ricaurte, 2017: 25}). No sólo ha sido priorizado el mundo financiero nacional, sino que la rentabilidad de la tasa de interés de la deuda pública y la deuda privada para el crédito privado ha generado grandes ganancias a los prestamistas internacionales.

El objetivo principal adjudicado al Banco de la República ha sido mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, y se ha cumplido con el instrumento de control de la tasa de interés. Sin embargo, según ^{Martínez Ricaurte (2017)} no se logra alcanzar otros objetivos de la política económica con el mismo instrumento. Por lo tanto, el crecimiento económico y el pleno empleo no llegan a cumplirse con una tasa de interés que restringe la inversión en el sector productivo. Ésta ha sido la crítica revisada a partir de la Sentencia de la Corte Constitucional, en cuanto a la apelación de inconstitucionalidad del articulado que llevó a priorizar el objetivo de estabilidad de precios a la banca central.

La cuestión central del debate sobre la decisión de la JDBR en política monetaria es tomar posición por el control de la inflación o por alcanzar el pleno empleo, al fomentar la inversión en el sector productivo. Priorizar el control de la inflación con el instrumento de tasa de interés ha puesto la balanza en favor del sector financiero en contra de los trabajadores asalariados.

La defensa del control de la inflación para garantizar la estabilidad de precios se basa en una doble justificación de beneficiar tanto al sector financiero como a los trabajadores asalariados. Este argumento ha sido parte de la demanda del cuidado de los precios, y se entiende igualmente que, sin poseer ingresos a causa del desempleo, es imposible acceder, al menos, a la canasta básica familiar.

El sector financiero se beneficia de la estabilidad de precios, ya que no existen alzas o bajas significativas que modifiquen el valor de la acumulación de capitales. Por su parte, el correlato de estabilizar los precios, al sacrificar el aumento de los salarios, posee una posición que favorece la balanza del lado de los empresarios capitalistas. De esta manera, el verdadero problema es “la participación de los salarios en la distribución del ingreso” (^{Martínez Ricaurte, 2017: 35}), pues el crecimiento de la productividad se ha efectuado en detrimento de la remuneración salarial.

El otro vector de la crítica al modelo de inflación objetivo es la independencia del Banco de la República respecto al gobierno nacional y a la población colombiana, pues es dependiente de los intereses del sector financiero y rentista (^{Martínez Ricaurte, 2017: 32}). Se reitera que quien preside la JDBR es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir, no existe independencia de la banca central del gobierno nacional.

En cuanto a la dependencia del sector financiero internacional, la banca está directamente condicionada al mercado de deuda pública por los organismos multilaterales, dependencia expresada, entre otras, por las condiciones de los préstamos otorgados por el FMI para solventar la crisis financiera de 1999.

La modificación fundamental en la regulación al Banco de la República en la Constitución de 1991 fue la limitación de emisión de moneda para la financiación del funcionamiento del Estado colombiano por solicitud del gobierno nacional. El mecanismo de financiación, por medio del sector financiero, condicionó la financiación del Estado a la voluntad de las entidades de crédito o particulares que acceden a la compra de los títulos de deuda pública (TES).

Además de la falta de circulación de moneda nacional, el entendimiento de la dinámica de demanda y oferta monetaria permite aproximarnos a la situación de crisis económica a causa de la llegada masiva de divisas al país con la apertura económica de 1991, debido a que éste ha sido el factor predominante de las “grandes crisis financieras del siglo XX […] haber estado precedidas de un importante flujo de capital externo” (^{Martínez Ricaurte, 2017: 88}).

El ataque a la moneda nacional, por el auge de divisas, es una de las razones por las cuales el Banco de la República asume entre 1991-1999 un régimen de política monetaria “híbrida (entre cambiaria y monetaria)” (^{Martínez Ricaurte, 2017: 14}). Se modificó en 1999 por la meta de inflación objetivo de estabilidad de precios, ante la situación de crisis financiera asiática y la congelación de la deuda externa de Rusia.

La apertura económica cambió el régimen de acumulación, lo que profundizó el capitalismo rentista con la explotación minero-energética y permitió la IED de las multinacionales extractivistas. Esta modificación produjo una reacomodación en las clases dominantes colombianas, donde se entiende que el sector agrario sufrió un drástico descenso, evidenciado en la pérdida de capacidad de exportación de la burguesía cafetera, “el café pasó de representar el 60% de las exportaciones en 1980 a representar el 21.8% en 1990 y tan sólo el 3.7% en 2013” (^{Ocampo, 2015}, citado en ^{Martínez Ricaurte, 2017: 62}).

En contraste, el auge de la inversión de capitales externos en la exploración y la explotación de yacimientos petroleros provocó que los hidrocarburos pasaran de tener “el 25% de las exportaciones en 1980 a representar el 28.8% en 1990 y alcanzó la […] cifra de 54.4% para el año 2013” (^{Martínez Ricaurte, 2017: 62}). La coincidencia con los resultados de la crítica al modelo de inflación objetivo radica en constatar la división de las clases dominantes en Colombia a partir de la apertura de libre comercio.

Puede identificarse la división de tres sectores económicos a partir de 1999, a saber: 1) el sector financiero que logra grandes beneficios por la reglamentación nacional que favorece la acumulación de capital a la banca privada; 2) el sector industrial que sufre un gran reverso con la apertura de importaciones y el traslado del capital de los empresarios industriales hacia el sector financiero en desventaja con la inversión en la industria, y 3) el sector agrario representado mayoritariamente en la burguesía cafetera, que pierde considerablemente protagonismo en las exportaciones.

El crecimiento del sector financiero, en detrimento de los sectores agrario e industrial, contiene el agravante de la privatización de la banca, puesto que “para 1990 la banca oficial representaba cerca del 50% del sector financiero; esa proporción se redujo a 16% en 1997 y a 13% en 2003” (^{Ocampo, 2015}; citado en ^{Martínez Ricaurte, 2017: 87}). Por lo tanto, las clases dominantes colombianas han estado condicionadas en su relevo generacional al capital privado del capitalismo financiero internacional. Esta tendencia mundial hacia la acumulación de capital mediante la especulación finaciera se ha realizado en Colombia con auspicio del Banco de la República, al beneficiar al sector financiero con “bajas tasas de inflación y altas tasas de interés” (^{Martínez Ricaurte, 2017: 93}).

La particularidad del conflicto social y armado interno colombiano agrega a la toma de decisión de la inflación objetivo una respuesta que podría seguirse matizando: “fue así y no de otro modo porque las demandas subalternas históricamente no se han resuelto con política fiscal y gasto público, sino que éstas se trasladaron a la confrontación bélica” (^{Martínez Ricaurte, 2017: 93}).

Es decir, la confianza y la legitimidad del peso colombiano favorecieron el fortalecimiento del sector financiero, ya que la inversión en el sector productivo ha tenido como factor limitante la confrontación armada. Además, tanto el sector industrial como el agrario fueron reducidos con las condicionantes de la apertura de libre comercio. En específico, el campo agrario tiene pendiente la distribución de la tierra como primera demanda del campesinado colombiano, establecida en la implementación de la Reforma Rural Integral de los Acuerdos de Paz de 2016.