Conceptualización del Derecho Electoral

Dentro de la literatura científica diversos autores han tratado de encontrar una conceptualización de esta rama del derecho, siendo dos conceptos que sobresalen al resto, uno en sentido restringido y el otro en sentido amplio.

Por una parte, en sentido restringido ^{Nohlen y Sabsay (1998)} hacen referencia a un derecho individual de elegir y ser elegidos, en este concepto ofrecido por los autores se mezclan un sufragio activo el cual es el derecho que tiene toda persona de ejercer su derecho al voto y, por otro lado, un sufragio pasivo, el cual permite el derecho a ser votado.

Contrario sensu, el concepto amplio hace referencia al “derecho que regula la elección de órganos representativos” (^{Nohlen y Sabsay, 1998. p.5}), el cual se puede interpretar como un conjunto de normas y reglas constitucionales, leyes y reglamentos que se encargan de regular la organización, administración y realización de las elecciones, asimismo, se encarga de validar los resultados electorales y, en caso de ser necesario el control jurisdiccional de los mismo, a través de los medios de impugnación existentes en cada Estado.

De lo anterior, se puede conceptualizar al Derecho Electoral como el encargado de organizar la administración electoral (institutos, colegios o poderes), de igual forma, se encarga de la conformación del padrón electoral, los sistemas de votación y escrutinio, así como los distintos mecanismos de impugnación de los procesos electorales.

Principios del Derecho Electoral

El Derecho Electoral, al ser considerado como una ramificación del Derecho Constitucional se configura por ciertos principios que lo dotan de cierta sustantividad propia. En este sentido, ^{Galván Rivera (1993)} sostiene que el Derecho Electoral es autónomo porque existe “una legislación especializada, una literatura jurídica especializada y porque en las instituciones jurídicas donde se imparte la profesión jurídica, existen asignaturas especializadas sobre el tema” p.p 678.

Esta autonomía, lo convierte en uno de los principales instrumentos que tienen los Estados para garantizar la democracia, por tal razón, el Derecho Electoral ha venido desarrollando principios, que son inherente a su naturaleza y objeto de estudio, los cuales a su vez sirven para estructurar los sistemas electorales de cada territorio y que son indispensable para su funcionamiento.

En tal efecto, ^{Rosales García (2009)} establece que los principios rectores del Derecho Electoral son de utilidad en el funcionamiento de los sistemas electorales ya que permiten la correcta actuación de las autoridades en materia electoral, asimismo, son de importancia en la interpretación e integración de las normas, de igual modo logran una certera aplicación de la norma y también, permiten llenar las lagunas jurídicas existentes.

Lograr establecer cuáles son los principios del Derecho Electoral ha sido uno de los problemas de los especialistas en la materia, no obstante, en los últimos años se han establecido algunos supuestos que parecen ser aceptado de manera general por los tratadistas, Estados y Sociedad.

En este sentido, ^{Álvarez Conde (1991)} establece que universalmente tres son los principios aceptados en la materia, en primer lugar, el impedimento del falseamiento de la voluntad popular, en segundo término, la conservación del acto electoral y por último, el principio de unidad del acto electoral.

Por otro lado, ^{Hernández Valle (1994)} agrega un principio a los antes mencionado, siendo este el principio de la calendarización, aunque, es necesario establecer a como se abordara más adelante cada ordenamiento jurídico tiene la potestad de tipificar sus principios de diferentes maneras, sin embargo, los cuatros aquí planteados son los aceptados universalmente como rectores de la materia.

En primera instancia, el principio de impedimento del falseamiento de la voluntad popular parece ser el eje central del Derecho Electoral en los Estados donde se respeta la democracia, es decir, en toda democracia existe un respeto a la voluntad del cuerpo electoral la cual debe de imponerse en todas las gestiones o momentos del proceso electoral, en este sentido, tanto el principio de unidad del acto electoral, como el de conservación del acto electoral, así como, el principio de calendarización son manifestaciones del impedimento del falseamiento de la voluntad popular.

En este mismo sentido, ^{Hernández Valle (1994)} afirma que este principio de impedimento del falseamiento de la voluntad popular tiene una especie de prelación sobre los demás debido que en él se materializa directamente los principios de la democracia.

En tal efecto, el espíritu de este principio radica esencialmente en el respeto de la voluntad popular, es decir, la voluntad libremente expresada de los electores no puede ser suplantada, en este sentido, este postulado establece que toda elección que se realice dentro de un ordenamiento jurídico debe ser producto de la libre expresión de la voluntad de la mayoría de los individuos, y que si llegasen a existir vicios en el proceso democrático que llevasen a la alteración de los resultados conllevara a la anulación de la respectiva elección.

No obstante, expresan ^{Hernández Valle (1994)}; ^{Álvarez Conde (1991)} los vicios que pueden invalidar las elecciones son aquellos de tal magnitud que logren alterar de manera efectiva la voluntad de la mayoría de los individuos que participaron en el proceso electoral, de lo contrario, al solo existir vicios formales o actos que impliquen la anulación de algunos votos o mesas electorales, no podría ejercerse este principio de impedimento del falseamiento de la voluntad popular.

Este principio se encuentra reconocido por varios Estados, ejemplo de esto es la legislación electoral nicaragüense que en su artículo 168 párrafo dos establece que “Si las nulidades son de tal magnitud que incidan en los resultados generales de las elecciones, el Consejo Supremo Electoral declarará nula toda la elección o elecciones verificadas” ( ^{Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2016, p.p. 35}).

Por otro lado, el principio de la conservación del acto electoral se puede considerar como un elemento necesario y lógico del anterior, en tal efecto, este principio se podría equiparar al de la presunción de validez que reviste todos los actos jurídicos, esencialmente aquellos de carácter administrativos.

De la misma forma, se establece como principio regulador del Derecho Electoral la unidad del acto electoral, el cual consiste en que la serie de procesos que se llevan a cabo dentro de las elecciones gozan de autonomía, es decir, todo resultado del acto democrático son producto de la finalización de una serie de actos, procedimientos y tramites que guardan entre si una unidad la cual debe ser respetada.

Por esta razón, el maestro ^{Hernández Valle (1994)} afirma que el proceso electoral al encontrarse integrado por una serie de etapas definidas que tienen como finalidad obtener una representación política del pueblo en los distintos órganos de dirección Estatal. Sin embargo, estos resultados son producto de una serie de actos, tramites y procedimientos, que si bien es cierto gozan de cierta autonomía, se encuentran estrechamente ligados formando una sola unidad, la cual debe ser respetada.

En este sentido, dentro los procesos electorales deben existir una serie de pasos que deben de ser cumplidos consecuencialmente por los actores, tales como, la inscripción de los candidatos, la apertura de las juntas receptoras de votos, la duración de la emisión del voto, el plazo para interponer los recursos pertinentes, entre otros actos que los Estados estimen convenientes.

De modo similar, se reconoce el principio de la calendarización, siendo este el agente dinamizador del Derecho Electoral, este principio hace posible la brevedad y preclusividad de los plazos en materia electoral. En tal sentido, se puede observar que generalmente los procesos electorales son realizados en plazos relativamente cortos.

Por consiguiente, para que exista un respeto de los plazos es necesario que el órgano electoral regule a través de una serie de actos establecidos jurídicamente, los cuales deberán ser cumplidos de forma secuencial por los individuos que participaran dentro del proceso democrático.

Sin embargo, como se mencionaba anteriormente cada Estado tiene la potestad de establecer dentro de sus ordenamientos jurídicos los principios que sean los rectores de sus sistemas democráticos, en este sentido, la presente investigación recopilara los principios en materia electoral utilizados por países Centroamericanos.

Conviene especificar, que la exposición de los principios de Derecho Electoral implementados por los países Centroamericanos se realizó en atención a la revisión documental de sus ordenamientos internos, los cuales serán abordados en la tabla 1. Los países analizados fueron Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Panamá.

De la tabla anterior, se puede observar que todos los países reconocen dentro de sus ordenamientos electorales reconocen los principios rectores en la materia, por otro lado, los principios de; autonomía y jurisdicción son los más recurrentes en la región centroamericana, asimismo, se observa que en cada país existen principios electorales muy particulares, que se establecen según las necesidades de ese territorio.

Sistemas Electorales

Antes de continuar, es necesario especificar en este apartado la distinción entre “régimen electoral” y “sistemas electorales”, por una parte, el régimen electoral tal y como lo hemos venido abordando a lo largo de la presente investigación, hace referencia al conjunto de normas que emanan del legislativo en materia constitucional y electoral, es decir, los regímenes electorales establecen las reglas del juego político.

Por su parte, el sistema electoral define el modelo de representatividad elegido por una sociedad, sin embargo, existe una estrecha relación entre ambos, por lo tanto, se puede afirmar, que el primero es un requisito sine qua non para la existencia del segundo, en tal sentido, ^{López Flores (2015)} explica que los regímenes electorales son el camino para materializar la representación política.

Por consiguiente, en toda sociedad democrática es importante que existan sistemas electorales que establezcan las reglas del juego político, estos sistemas son uno de los principales elementos de las democracias contemporáneas.

Esta importancia radica esencialmente en que gracias a estos sistemas electorales, la voluntad popular expresada por medio del sufragio universal (votos) a través de las elecciones periódicas se logran traducir a escaños legislativos y a su vez en puestos de gobierno, en este aspecto, ^{Nohlen y Sabsay (1998)} señalan que la función de todo sistema electoral es de estructurar las preferencias politicas de los electores y posteriormente producir resultados electorales que formalicen en determinado Estado el ejercicio del poder político.

Por otra parte, ^{Hernández Bravo (1997)} sostiene que los sistemas electorales contienen el punto de vista técnico, por medio del cual el elector expresa mediante su voto al candidato de su preferencia y posteriormente esos votos se convierten en escaños.

Es decir, los sistemas electorales regulan el proceso mediante el cual se establecerán la distribución de las circunscripciones, votaciones, resolución de controversias y conversión de votos en escaños.

En este sentido, se infiere que los sistemas electorales son una institución de carácter político al servicio de la democracia, la cual se adapta a las particularidades de cada sociedad, por lo que es posible que existan tanto sistemas electorales como sociedades democráticas haya.

No obstante, ^{González Tule (2017)} tomando como referencia las fórmulas de Nohlen con relación a la decisión y representación, realiza una clasificación de los sistemas electorales, los cuales están basados esencialmente en atención al principio de representación planteado por Nohlen. En la figura 1, se establece la clasificación de los sistemas electorales tomando en consideración lo establecido por ^{González Tule (2017)} y agregando algunas definiciones planteadas por ^{López Flores (2015)}.

Fuente: Elaboración propia a partir de ^{González Tule (2017)} y ^{López Flores (2015)}.

Figura 1 Sistemas Electorales 

Los sistemas electorales mayoritarios se dividen en dos, por una parte, los sistemas de mayoría absoluta los cuales funcionan mediante el reconocimiento como ganador a aquel candidato que ha alcanzado al menos la mitad más uno de los votos, sin embargo, en el caso de que en la elección ninguno de los candidatos alcance esa mayoría absoluta, se procederá según la legislación correspondiente a una segunda ronda, conocida comúnmente como “ballotage” (^{Cox, 2004}).

En esa línea, ^{López Flores (2015)} logra identificar al menos dos modalidades de este denominado ballotage, el denominado acceso simple y el mecanismo compuesto de acceso, el primero se da cuando ninguno de los candidatos logra alcanzar la mayoría absoluta en la votación, se celebrara segunda vuelta, sin embargo, esta segunda vuelta se realizara únicamente con los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos electorales sin importar la diferencia de porcentaje entre los candidatos, en sentido opuesto, el mecanismo denominado como compuesto de acceso, impone restricciones para la realización de una segunda vuelta, Cox establece que esta restricciones versan en que “la distancia entre el primero y segundo lugar sea reducida (menos del 10%), y que el primer lugar no haya alcanzado el 40 o 45 % de la votación” (^{Cox, 2004.p,p 93}).

Por otra parte, el sistema de mayoría relativa o también denominado mayoría simple se da cuando el candidato ganador es aquel que obtiene el mayor número de votos con relación a otros candidatos, ^{López Flores (2015)}expresa que este sistema es débil en contraposición con el anterior, debido a que el candidato ganador no necesariamente ha alcanzado la mayoría absoluta, lo que conllevaría a una falta de legitimidad política.

A diferencia de los sistemas mayoritarios se encuentran los sistemas proporcionales, estos tienen como finalidad la proporcionalidad entre votos ganados y escaños asignados, favoreciendo de esta manera la representación de grupos políticos minoritarios. Esta asignación es realizada siguiendo un principio plurinominal en el que se emplean dos tipos de metodología, la primera denominado método de divisor o cifra mayor y la segunda denominada método de cociente o cuota electoral. En la presente investigación no se ahondará sobre el funcionamiento de estos métodos, debido a que no es parte del objeto de estudio.

Por último, dentro de la clasificación de los sistemas electorales nos encontramos con los denominados mixtos, sistemas en los cuales suelen existir dos o más metodologías que utilizan distintas fórmulas para hacer valer los votos, ^{López Flores (2015)} establecen al menos tres tipos de estos sistemas. En primera instancia los sistemas paralelos, estos involucran dos votos y dos reglas, es decir, cada votante tiene dos votos, uno destinado al candidato y otro para una lista, en este tipo de sistema los escaños se determinan en diferentes segmentos, aplicando dos reglas, la de mayoría absoluta y la de proporcionalidad. Por otra parte, en los sistemas de asignación en múltiples niveles a los votos de un elector se le aplican dos o más reglas. Por su parte, en los sistemas de coexistencia, se establecen reglas diferentes para cada votante y cada distrito.

Antecedentes del Derecho Electoral en Nicaragua

El Derecho Electoral en la actualidad ha venido evolucionando producto de la expansión del sufragio como herramienta esencial en la legitimación de los sistemas políticos. De este modo en Nicaragua la evolución de esta rama del Derecho ha girado en relación con el respeto y reconocimiento del sufragio.

En este sentido, se establece que el Derecho Electoral Nicaragüense tiene su evolución en tres etapas; la primera etapa se sitúa en el periodo 1810-1893 con el denominado sufragio restringido, este periodo se caracterizó por establecer un sistema indirecto, el cual categorizaba a los individuos según su grado de alfabetismo, arraigo o dote económico y de esta manera establecer quienes tenían la oportunidad de ejercer su derecho al voto, durante esta primera etapa no existía un organismo electoral permanente y la legislación electoral de la época se subdividió en cierto tiempo Española (influencia de la constitución de Cádiz), posteriormente Centroamericana (al independizarse de la corona Española) y a partir de 1824 nicaragüense, sin embargo, la primera ley en materia electoral promulgada en el país se dio hasta 1835.

Posteriormente, la segunda etapa del Derecho Electoral Nicaragüense se encuentra comprendida de 1893-1979 denominada el periodo del sufragio universal, el cual se da como producto de la revolución liberal y que tuvo como resultado la introducción del sufragio masculino a la palestra pública.

En este aspecto, se produjeron cambios interesantes sobre todo en el número de votantes que se encontraban aptos para ejercer este derecho, esto trajo consigo que existirá la necesidad de crear de manera permanente un organismo especializado en la materia, que se encargará de organizar y decidir sobre los procesos electorales.

Posteriormente en el año 1955 se aprobó el sufragio femenino, lo cual reconfiguro el sistema electoral nicaragüense. Durante esta época la evolución del Derecho Electoral se basó esencialmente en aspectos técnicos tales como; los sistemas de lugares de votación, el voto por boletas y urnas, juntas de mesas electorales y la figura de los fiscales y representantes de mesas.

Sin embargo, tal y como afirman ^{Avilés Ulloa & Conrado Arguello (2010)} estos avances técnicos no fueron suficientes porque la legislación vigente de la época no garantizaba la seguridad jurídica para la sociedad, es decir, existía un sentir popular de inconformidad por carecer de calidad y efectividad.

Finalmente, se encuentra el periodo comprendido desde el año 1979 hasta la actualidad en el denominado “Derecho Electoral Contemporáneo” tiempo en el cual los procesos democráticos han tomado relevancia dentro de la sociedad nicaragüense, esto debido a los cambios políticos, sociales y económicos que se han suscitado en los últimos años.

Ejemplo de lo anterior es la realización continua desde 1984 de los comicios en todos los niveles. Este establecimiento de un sistema electoral ha hecho posible las reformas al Derecho Electoral, sin embargo, estas reformas distan de los regímenes electorales de otros países de la región.

Derecho Electoral Nicaragüense

El Derecho Electoral tal y como se estableció anteriormente es el encargado de la administración de los procesos electorales, así mismo, se hace referencia al conjunto de normas que emanan del legislativo en materia constitucional, es decir, el Derecho Electoral es el encargado de establecer las reglas del juego político.

De lo anterior, se establece que en Nicaragua el Derecho Electoral se encuentra normado por la Ley Electoral (Ley No. 331), la cual es de carácter constitucional y tiene por objetivo regular los procesos electorales a todos los niveles tales como: elección de presidente y vicepresidente de la República, diputados ante la asamblea nacional y parlamento centroamericano, alcaldes y vicealcaldes, consejos municipales.

Al mismo tiempo, por ser una ley de orden público se le ha facultado para la regular lo relacionado a las consultas populares, cancelación y obtención de personalidad jurídica para partidos políticos, el derecho de los individuos para constituir partidos políticos y cuestiones relativas al funcionamiento administrativo de los órganos dependientes del poder electoral.

De igual, forma la Ley No. 331 establece que la administración electoral está a cargo del poder electoral, en este sentido, cabe destacar que por precepto constitucional el órgano electoral en nicaragua es considerado como un poder del Estado (^{Art, 7. Constitución Política de Nicaragua, 2014}), en tal efecto, este poder estatal se le confiere la potestad de organizar, dirigir y supervisar todo lo concerniente a la materia electoral.

Como se ha podido observar el Derecho Electoral nicaragüense se encuentra regulado por la Ley Electoral y el órgano encargado de la administración de este es el Poder Electoral considerado un poder estatal que posee autonomía e independencia. En la presente investigación nos limitaremos a analizar lo concerniente a los delitos electorales regulados por la legislación electoral de nicaragua.

Delitos Electorales en Nicaragua

Durante el transcurso de los procesos electorales se pueden presentar conductas que ponen en entredicho su legitimidad, esto debido a que atentan contra la transparencia del acto. Estas conductas pueden ser diversas, sin embargo, es necesario encasillarlas dentro el rango de actuación del Derecho Electoral para ser consideradas como Delitos Electorales.

En este sentido, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) define a los Delitos Electorales como “conductas, acciones, incluso omisiones atentatorias contra los principios que han de regir un sistema electoral en un Estado democrático (…) y que son definidas y castigadas, por lo general, no el código penal, sino en la propia ley electoral” (^{Fernández Segado & Martínez Porcaryo, 2017,p.p 1025}).

De lo planteado en el párrafo anterior, se establece que los Delitos Electorales son todas aquellas previsiones jurídicas que tienen como finalidad sancionar las conductas que atenten contra la transparencia de los procesos electorales, además, buscan proteger los derechos de igualdad y libre manifestación del sufragio, en tal efecto, ^{Betanzos Torres (2012)} expresa que los Delitos Electorales tienen por principal función “tutelar la libertad del voto, la pulcritud de los procesos democráticos y la sinceridad del sufragio universal” (p.p 110).

En este sentido, el reconocimiento de la existencia de delitos cometidos durante el transcurso de la realización de los procesos electorales permite garantizar el correcto funcionamiento del órgano electoral, asimismo, proporciona seguridad en el respeto de la voluntad popular, libertad del sufragio y el normal desarrollo de los comicios.

En Nicaragua, los Delitos Electorales se encuentran reconocidos en la Ley Electoral (^{Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2016}) específicamente en los artículos 173 al 178. En la presente investigación se realizará una clasificación de los supuestos reconocidos por la legislación vigente a partir de lo propuesto por ^{Fernández Segado & Martínez Porcayo (2017)}. En este sentido, los autores clasifican a los Delitos Electorales en atención a dos tipos (Ilustración 2), por un lado, con énfasis en el autor y por el otro con énfasis en la materia.

Los Delitos Electorales se pueden clasificar en primer lugar según el autor, en este sentido, se pueden encontrar delitos que son cometidos directamente por funcionarios o servidores públicos, entendiendo a estos como aquellas personas que tienen una relación laboral directa con algún organismo del Estado, es decir, según esta tipificación este tipo de delitos solamente pueden ser cometidos por personas que se encuentran ejerciendo funciones dentro de la administración pública.

Por su parte, la Ley de servicio civil y de la carrera administrativa conceptualiza a los servidores públicos como toda persona natural que participe en el ejercicio de la función pública, ya sea por disposición de la constitución política o leyes, por elección, por nombramiento de la autoridad o bien por haber sido contratado según disposición de la Ley número 476 (^{Ley 476, 2003}).

En esta misma línea, la legislación nicaragüense realiza una categorización de los servidores públicos, por un lado, se encuentran los denominados funcionarios públicos siendo estos toda persona natural que se encuentran en ejercicio de la función pública pero en cargos de dirigencia, es decir, son considerados como funcionarios aquellos que ocupan puestos de jerarquía, por otro lado, se encuentran los empleados públicos conceptualizados como aquellas personas que ejecutan y operativizan la función pública (^{Ley 476, 2003}). En la presente investigación se entenderán como servidores públicos tanto a funcionarios como a empleados públicos.

La legislación nicaragüense reconoce estos delitos en el artículo 173, inciso 4 al expresar que cometen delitos electorales (Figura 2) “los funcionarios públicos, empleados o autoridades que no acataren las órdenes de los organismos electorales” (^{Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2016. p.p 37}), este delito tiene una sanción de treinta a ciento ochenta días de arresto (penas menos graves), en esta misma línea, el artículo 174 inciso 6 plantea que también comete delito electoral el “(…) funcionario electoral que realice inscripciones o votaciones fuera del lugar y horas señalado para ello” (^{Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2016. p.p 37}) el funcionario que cometiere esta conducta atípica será castigado con una pena privativa de libertad de seis a doce meses (pena menos grave), por último, la legislación sanciona a los funcionarios que alteren los registros o actas electorales.

Fuente: Elaboración Propia, A partir de ^{Fernández y Martínez (2017)}

Figura 2 Tipos de Delitos Electorales. 

En este mismo sentido, ^{Garrido Rubia (2019)} señala que los delitos electorales cometidos por funcionarios públicos no atañen únicamente a aquellos que tengan una relación contractual directa con algún organismo Estatal, sino, también a aquellas personas que ejerzan funciones públicas durante el proceso electoral.

Por consiguiente, dentro de los funcionarios públicos que pueden cometer Delito Electoral no solo hay que tomar en consideración a los que tiene una relación laboral directa con el Estado, sino, a aquellos que durante el proceso electoral tienen una responsabilidad pública, dentro de este tipo de funcionarios se encuentran por ejemplo los presidentes de mesa, fiscales electorales, policías electorales, entre otros funcionarios existentes en los comicios.

En efecto, la legislación nicaragüense en materia electoral prevé de manera explícita delitos que pueden ser cometidos únicamente por funcionarios electorales, tal es el caso del numeral 7, del articulo 173 el cual expresa que será sancionado con arresto inconmutable de treinta a ciento ochenta días a “el miembro de la junta receptora de voto que no firme las actas (…)” ( ^{Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2016, p.p 37}), de igual manera, el artículo 174, numeral 4 y 6 establecen que cometerán delito electoral los miembros de las juntas receptora que extraviasen de forma dolosa las actas de escrutinio o bien aquellos que realicen inscripciones o votaciones fuera del lugar y hora señalados, por último, este tipo de sujeto pueden cometer Delito Electoral cuando de manera dolosa no concurriere al lugar y hora señalado para ejercer sus funciones.

Por otra parte, otro de los sujetos que pueden cometer Delitos Electorales son los Partidos Políticos, en este aspecto, ^{Fernández Segado & Martínez Porcayo (2017)} expresan que en la mayoría de países no existen o no se regulan delitos donde el sujeto activo sean los Partidos Políticos, únicamente las legislaciones se limitan a regular algunos supuestos tales como; propaganda sin respetar los valores democráticos o bien recibir donaciones que provengan de acciones ilícitas, en sentido contrario, ^{Betanzo Torrez (2012)} señala que aunque una legislación no contemple directamente como sujeto activo a los Partidos Políticos si señala conductas antijuridicas que pueden ser cometidas por funcionarios partidista, en tal sentido, se estarían estableciendo conductas que pueden ser cometidas explícitamente por individuos miembros de algún Partido Político.

La legislación nicaragüense de manera expresa no menciona o no establece dentro de su capítulo de Delitos Electorales conductas que puedan ser cometidas directamente por los Partidos Políticos, sin embargo, a partir de lo abordado en el párrafo anterior existen acciones que pueden ser cometidas por funcionarios pertenecientes a un determinado Partido Político, por consiguiente, se pueden equiparar acciones reguladas en la ley electoral, tal es el caso del “deterioro o destrucción de propaganda electoral” o “los que no cumplieren la disposiciones en materia de propaganda” (^{Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2016. p.p 37}).

Paralelamente, dentro los Delitos Electorales según el sujeto se encuentran aquellos que pueden ser cometido por los particulares, estos delitos según ^{Fernández Segado & Martínez Porcayo (2017)} son los más comunes regulados por las legislaciones en materia electoral y se basan en tipificar acciones encaminadas a la obstaculización del proceso electoral, fraudes electorales, falsedades electorales, en esta misma línea, ^{Ramírez Franco (2018)} establece que los individuos pueden cometer Delitos Electorales a través de la realización de desorden público durante el tiempo que dure las elecciones o bien coacciones dirigidas contra otros electores o contra personas que realizan alguna función dentro de los comicios.

En este sentido, la legislación nicaragüense en materia electoral prevé una serie de delitos que pueden ser cometidos por los particulares durante el proceso electoral, los cuales se encuentran contenido en el artículo 173 numeral 1,2,5,6, de la Ley Electoral asimismo, en el artículo 174, numeral 1,3,5 también, el articulo 175; contiene infracciones que pudiesen ser cometidas por los individuos particulares en el numeral 1.

Las conductas sancionadas contra los individuos particulares en Ley Electoral de Nicaragua están encaminadas principalmente a regular la desobediencia en el cumplimiento de las instrucciones para ejercer el sufragio, destruir propagan electoral, inscribirse o votar más de una vez en el padrón electoral, proporcionar datos falsos al momento de la inscripción en la junta receptora de votos, sobornar, amenazar, forzar o ejercer violencia contra otro individuo con la finalidad de que se adhiera a una determinada candidatura o que vote en un determinado sentido, asimismo, se castiga al individuo que asista armado a los actos de inscripción, votación o bien durante el escrutinio, por último, se sanciona a la persona que amanece o agreda físicamente a un funcionario público durante el proceso electoral.

Por otra parte, los Delitos Electorales se pueden agrupar o clasificar según la materia, en este sentido ^{Fernández Segado & Martínez Porcayo (2017)} nos expresan que según la materia los delitos pueden ser; de obstaculización al proceso electoral, falsedades, fraude electoral, propaganda ilegal, soborno, coacciones y desorden público.

En primer lugar, los delitos de obstaculización del proceso electoral a como su denominación lo establece se encargan de regular acciones que están encaminadas a la entorpecer el libre funcionamiento de los procesos electorales, es decir, son acciones que se constituyen delictivas únicamente durante el tiempo en que estén realizándose los comicios, ^{Ramírez Franco (2018)} señala que los delitos de esta clase son los que hacen referencia a la obstaculización de los inscripciones en el registro, en Nicaragua se establece que será sancionado con arresto de seis a doce meses al que “dolosamente obstaculice el desarrollo de los actos de inscripción o votación” ( ^{Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2016. p.p 37}).

Siguiendo esta misma línea, los Delitos Electorales en materia de falsedades son considerados como aquellos que se encargan de la “creación mediante acciones, palabras o conductas, en interés del falsificador, de una determinada apariencia que no corresponde a la realidad” (^{Macias Espejo, 2019, .p 10}). Son considerados como delitos de esta clase; las falsedades en la inscripción registral, falsificación de documentos electorales, alteración de resultados electorales, entre otros, en la legislación nicaragüense se reconoce el delitos de alteración de los resultados electorales al contemplar que será sancionado con arresto de uno a dos años el que “altere el padrón electoral o catálogo electoral, destruya materia electoral o agregue fraudulentamente boletas electorales con el fin de variar los resultados de la votación o sustraiga urnas electorales” (^{Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2016, p 37}).

De modo similar, se encuentran los delitos denominados como fraude electoral los cuales consistente principalmente en votar dos o más veces en la misma elección o bien ejercer el derecho al sufragio sin tener la potestad de hacerlo, la Ley Electoral de Nicaragua regula esta conducta en los artículos 173 numeral 5 y 174 numeral 5 en ambos artículos se menciona que serán castigados con una pena de treinta a ciento ochenta días o bien de seis a doce meses a los individuos que pretendan o se inscriban dos veces y, asimismo, a los que ejerzan el derecho al sufragio dos veces. Cabe mencionar que la legislación castiga tanto la conducta antes de cometerla como la acción ya realizada, es decir, se castiga a las personas que pretendan cometer el hecho delictivo como a aquellos que lo materialicen, la diferencia entre las dos acciones estriba en la pena, es así, como a las personas que pretendan cometer el delito se les castiga con una pena privativa de libertad de treinta a ciento ochenta días y por el contrario a los que materialicen el hecho se les castiga con arresto de seis meses a un año.

Por otro lado, se encuentran los delitos clasificados como propaganda ilegal, ^{Maldonado Fuentes (2018)}señala que este tipo de delitos están encarrilados a la desobediencia de las formas y tiempos en que debe desarrollarse la propaganda electoral, es decir, serán considerados como delitos de esta clase aquellos que no respeten los modos establecidos por la legislación electoral para la realización de las campañas electorales. En Nicaragua se consideran como propaganda ilícita, la utilización de bienes propiedad del Estado para realizar actos de campaña, asimismo, al que hiciere proselitismo político en las oficinas públicas (^{Asamblea Nacional de la República de Nicaragua 2016, Art. 175, inciso 8 y 9}).

Al mismo tiempo, se pueden clasificar como Delitos Electorales aquellos cometidos cuando se solicita directa o indirectamente el voto de un elector, ^{Fernández Segado & Martínez Porcayo (2017)} encasilla estas conductas como delitos de sobornos debido a que inducen a elector a depositar su voto hacia un determinado bando, en este tipo de delito para ^{Cruz Blanca (2018)} la conducta antijurídica está encaminada a influir en el voto del elector o bien inducir a la abstención por medio del ofrecimiento de remuneraciones o recompensas. En tal efecto, la normativa en materia electoral de la Republica de Nicaragua señala los individuos ya sean particulares o funcionarios que sobornen, amenacen, fuercen o ejerzan violencia obligando al elector a realizar algunas de las siguientes acciones: adherirse a determinada candidatura, votar en determinado sentido o abstenerse de vota serán sancionados con arresto de seis a doce meses (^{Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2016, Art. 174, numeral}).

De modo similar, se establecen los delitos de coacciones los cuales consisten en ejercer violencia o intimidación sobre los electores para que no usen su derecho al voto, o para que revelen el voto secreto o bien para que determinado candidato retire su postulación, dentro de este último supuesto, se encuentra regulada la legislación nicaragüense al establecer que será sancionado con una pena de uno a dos años de arresto al que “mediante amenaza o actos de violencia impida u obstaculice la celebración de una elección o limite la libertad electoral”, asimismo, al que “induzca a un candidato inscrito legalmente a retirar su candidatura” ( ^{Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2016, p.p 37}).

Por último, los Delitos Electorales se pueden clasificar en desórdenes públicos, dentro de este tipo de delitos según ^{Fernández Segado & Martínez Porcayo (2017)} figuran la organización, realización o instigación de desórdenes, tumultos o toda agresión que perjudique el desarrollo de los comicios. En este sentido la Ley Electoral de Nicaragua en su artículo 174 y 175 regula la conducta antijuridica del desorden público, y establece que cometerá dicha infracción quien asista armado al proceso electoral en cualquiera de sus etapas y el que por medio de actos de violencia obstaculice la celebración de una elección o limite la libertad electoral.