Las denuncias por tráfico en Bolivia

Si el coleccionismo internacional era visto de forma positiva en la Argentina, no hace falta más que analizar el caso del país vecino para observar el ejemplo contrario. En Bolivia la salida de objetos arqueológicos a museos europeos generó una reacción defensiva, a partir de la cual, en 1906, se promulgó una ley para impedir su exportación. En dicho país, el coleccionismo arqueológico de un agente del MV llegó a ser denunciado como “tráfico de antigüedades” por el ingeniero austriaco, nacionalizado boliviano, Arthur Posnansky, quien años más tarde tendría un papel protagónico en la formación del Museo Nacional de Arqueología (Munarq) en La Paz, también conocido como “el Palacio de Tiwanaku” ^{(Ponce, 1999)}.

Tiwanaku es un espacio arqueológico muy antiguo que actualmente es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Incluso desde la época prehispánica, los incas se interesaron en los imponentes monumentos a 4 000 msnm. Durante la época colonial, fue estudiado por cronistas y la atracción por su historia siguió vigente en los siglos XIX y XX. El sitio y sus objetos arqueológicos llamaron la atención de americanistas nacionales e internacionales ^{(Otero, 1939)}. Uno de los más prominentes sería Max Uhle, quien realizó contribuciones fundamentales para el estudio de las culturas andinas, incluidas las de Tiwanaku, a las que consideraba “las más interesantes ruinas de Sud-América” ^{(Stübel y Uhle, 1894, pp. 205-208)} (Figura 3).

(Cortesía: Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB))

Figura 3 Parte posterior de la Puerta del Sol en Tiwanaku, Bolivia. 

De forma simultánea a sus trabajos teóricos, Uhle participó en numerosas ocasiones de coleccionismos nacionales e internacionales representando a museos de Prusia, los Estados Unidos, Perú, Chile y Ecuador, lo cual complejiza su carrera. En una primera etapa fue comisionado por el director del MV para aumentar las colecciones sobre América. A su paso por Tiwanaku, además de estudiar la zona y tomar fotografías, envió un conjunto de objetos arqueológicos a Prusia, lo cual desató posteriormente una polémica ^{(Kaulicke, 2010, pp. 13-14)} cuando fue acusado por Posnansky de ser un “traficante de antigüedades” para el MV ^{(Posnansky, 1913, p. 19)}.

Precisamente en ese viaje de Uhle a Bolivia, en 1894, la relación entre el andinista y Adolf Bastian, director del museo que lo había comisionado para el viaje a Sudamérica, terminó por erosionarse. Éste se sintió insatisfecho con los resultados del viaje y le retiró a aquél su apoyo. El andinista alemán se encontró derrotado financieramente. Cuando el arqueólogo estadounidense Adolph Bandelier llegó a La Paz con una misión semejante para el AMHN de Nueva York, se hizo evidente esa derrota: en la competencia por adquirir una colección arqueológica de la Isla del Sol, Uhle le rogó a Bastian por fondos para comprarla para el museo, pero la oferta de Bandelier mejoró a la del alemán ^{(Fischer, 2010, pp. 54-55)}.

Ese caso particular evidencia la sincronía de varios agentes internacionales de museos en espacios de interés arqueológico en América Latina, lo cual revela, a su vez, una mayor competencia entre esos agentes y sus instituciones por asegurar para sí las colecciones que estaban en manos de coleccionistas locales. El aumento de la demanda por objetos arqueológicos que enviar a las instituciones terminó de mercantilizar sus flujos. Los museos y sus agentes procuraron asegurar esos objetos y, con ello, los transformaron en mercancías cuyo precio adaptaban a la demanda. Resulta interesante que, en esa cuestión, aun hoy los museos suelan culparse entre sí por mercantilizar ese tipo de bienes que ellos mismos consumen ^{(Kopytoff, 2011, p. 63)}.

Además de las compras de objetos arqueológicos, hubo museos que los adquirieron en excavaciones. Las primeras realizadas en Tiwanaku tuvieron a un tercer participante internacional: la misión francesa Créqui-Montfort y Sénéchal de la Grange, en 1903, que generó un importante registro fotográfico, pero también se llevó gran cantidad de material arqueológico al Musée d’Ethnographie du Trocadéro⁷ (MET) en París. Con la ayuda de 16 peones locales, el geólogo francés Georges Courty excavó la zona arqueológica e intentó enviar clandestinamente a Francia, por vía marítima desde el puerto de Antofagasta, toda la colección obtenida en Tiwanaku. El gobierno boliviano embargó el material hasta que se llegó al acuerdo por el cual Courty le devolvería la mitad a Bolivia ^{(Ponce, 1999, pp. 27-28)}.

Probablemente fue esa experiencia la que generó la urgencia de legislar en materia de monumentos arqueológicos y, así, impedir que se exportaran los objetos antiguos. Al intentar llevarse esos materiales a Francia, el gobierno boliviano aplicó un primer freno al coleccionismo internacional y acordó con los expedicionarios que se podrían llevar la mitad de los objetos encontrados, a cambio del trabajo de excavación realizado; sin embargo, la otra mitad debía permanecer en Bolivia, lo que dio inicio a un pequeño museo en el pueblo de Tiwanaku.

Así, en 1906 se emitió la Ley de Tres de Octubre, ante el riesgo de que el material arqueológico fuera transportado a museos de todo el mundo. Ese precepto estableció que las ruinas de Tiwanaku, así como las del Lago Titicaca, eran propiedad de la nación, y prohibía explícitamente la exportación de “objetos de arte” provenientes de ambos sitios, las cuales se decomisarían, e incluso se planteó la aplicación de penas a los “contrabandistas”. Al mismo tiempo, encomendaba a la Sociedad Geográfica de La Paz y a particulares su conservación y restauración. En las excavaciones que se permitieran a particulares, serían indemnizados por los objetos de arte que encontraran ^{(Rada, 1907, pp. 282-283)}.

En La Paz, dirigido por el historiador Manuel Ballivián, se ubicaba el Museo Nacional, que tenía una colección de objetos arqueológicos y etnográficos así como muestras mineralógicas y de recursos naturales del país ^{(Villanueva, 2019, p. 203)}. Ese museo tuvo un margen de acción comparativamente menor al de otros de la época ya que, además de no ser el responsable directo de aplicar o beneficiarse por la Ley del Tres de Octubre, se encontraba aislado de la extensa comunicación que tenían otros museos latinoamericanos durante el mismo periodo.

En su momento, la Ley fue una respuesta fundamental en materia de regulación para evitar la dispersión de objetos arqueológicos; sin embargo, nunca logró frenar totalmente el coleccionismo fuera de las fronteras nacionales, pues incluso custodios del patrimonio boliviano como Ballivián y Posnansky manifestaron interés por generar cooperaciones científicas en alianzas para la investigación, especialmente con Argentina: allí los objetos arqueológicos cumplieron una función diplomática.

Se pretendió establecer cooperaciones supranacionales para el estudio de culturas prehispánicas en América del Sur, unas que lograran traspasar las nuevas fronteras políticas. No obstante, esas tentativas enfrentaron graves dificultades, especialmente de financiamiento ^{(Ponce, 1999, pp. 38-39)}. De esa forma, con autorización u omisión de la ley, el antropólogo argentino Salvador Debenedetti hizo acopio de 173 objetos arqueológicos de la zona de Tiwanaku para el Museo Etnográfico de Buenos Aires en 1910, y el mismo Posnansky realizó donaciones personales a esa institución ^{(Pegoraro, 2009)}. Ese tipo de intentos de colaboración ponía en entredicho la aplicación cabal de la ley.

Sin embargo, en medio de una discrepancia teórica sobre la cronología del conjunto arqueológico, se generó el primer reclamo retroactivo, por “tráfico de antigüedades”, en contra de Max Uhle y el MV. Posnansky, después de ver la crítica de Uhle a su trabajo, acusó al andinista y al museo por un conjunto de piezas arqueológicas llevadas en 1894 a Prusia, argumentando que la crítica se inspiraba en el “odio y envidia” de Uhle hacia su persona. Así, cuando los dos principales investigadores de los monumentos de Tiwanaku discreparon en sus cronologías, la discusión escaló hasta hacer evidente la tensión que también generaba el coleccionismo internacional ^{(Uhle, 1912}; ^{Posnansky, 1913)}.

El conflicto entre Posnansky y Uhle resulta fascinante por muchas razones, ya que ambos pueden considerarse custodios europeos del patrimonio latinoamericano en distintas versiones. Los dos investigadores germanohablantes se interesaron claramente en la arqueología y las cosmovisiones andinas, y los dos lograron insertarse tan bien en los contextos institucionales latinoamericanos que representaban la máxima jerarquía nacional de la arqueología de Bolivia y de Perú, respectivamente, que obtuvieron el respaldo de sociedades geográficas y arqueológicas y museos nacionales de esos países andinos ^{(Ponce, 1999, pp. 110-114}; ^{Browman, 2007, pp. 29-32)}.

Resulta incongruente que ambos protectores de los monumentos prehispánicos de Tiwanaku coincidieran en la noción de conservar y establecer in situ centros de investigación y que, al mismo tiempo, contribuyeran, como lo hicieron a la centralización de objetos arqueológicos en distintas ciudades del mundo. A pesar de que en reuniones de americanistas los investigadores exteriorizaban públicamente sus protestas ante la destrucción de las ruinas arqueológicas, por lo general responsabilizaron a los habitantes de la región, o bien a los exploradores que buscaban beneficios económicos. Uhle llevó objetos al ya mencionado MV y al Museum of Archeology and Anthropology en Filadelfia por encargo de éstos, mientras que Posnansky realizó donaciones y préstamos a museos en Buenos Aires, Gotemburgo, Múnich y París ^{(Ponce, 1999, pp. 96-97}; ^{Erickson, 1998, p. 95)}.

Pese al gran potencial de cooperación entre los dos países en materia arqueológica, tal vez las relaciones científico-personales de sus dos principales custodios germanohablantes minara ese potencial en los estudios arqueológicos conjuntos entre Bolivia y Perú, y produjera visiones divididas del pasado prehispánico marcadas por las fronteras de los nuevos Estados-nación y sus zonas de influencia. Al seguir sus estudios, Max Uhle no volvió a Tiwanaku para evitar a Arthur Posnansky, mientras que éste se dedicó a intentar comprobar la superioridad de la cultura de ese sitio por sobre las posteriores.

Si bien parece que otros estudiosos de la historia y custodios del patrimonio en Bolivia, como Ballivián, se mantuvieron al margen de esa denuncia, la crítica de Posnansky implicó, en el contexto de un desacuerdo académico, un claro reclamo de desposesión nacional y robo. Esa situación evidenció cómo los custodios del patrimonio arqueológico hicieron un tratamiento diferenciado respecto de la salida de objetos arqueológicos de la región, dependiendo de las personas y las instituciones responsables de ella, priorizando en esta ocasión a las latinoamericanas y a algunas europeas. No obstante, la denuncia de Posnansky es el primer reclamo por “tráfico” que se ha encontrado en el contexto boliviano.

A diferencia de Argentina, donde se dio prioridad a los intercambios, en Bolivia la presencia de museos como el MV de Berlín o el MET de París se veía con recelo, pues, a pesar de que se reconocía el aporte de sus investigadores y el que financiaran excavaciones costosas, la falta de reciprocidad, como serían los intercambios, evidenciaba una relación desigual. Como se verá en el siguiente caso, los panoramas generados por el patrimonio arqueológico se podían complicar aún más.

“Arqueología Patria” a la Mexicana

México era el principal punto de atracción de exploradores, investigadores e interesados en arqueología latinoamericana. Su Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía⁸ (MNAHE), se consideba la principal institución de investigación, resguardo y exhibición del patrimonio arqueológico americano. Con su Galería de Monolitos (Figura 4), ambicionaba convertirse en “la capital arqueológica del continente americano”, como expresaba Justo Sierra en los congresos de americanistas ^{(Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1912, pp. 17-24)}.

(Cortesía: Fototeca Nacional (SINAFO), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH))

Figura 4 Galería de monolitos del Museo Nacional. Ciudad de México, ca. 1910 (Colección Culhuacán). 

El Museo Nacional, ubicado en la Ciudad de México, había aumentado sus colecciones de forma exponencial durante la última década del Porfiriato. A diferencia de lo que ocurría en los museos nacionales brasileños o argentinos, y semejante a lo sucedido en el contexto boliviano, las colecciones en México se ceñían estrictamente a sus límites territoriales, y, mientras que el país mantenía una estrecha comunicación con otros museos e instituciones científicas europeos y estadounidenses, con los de América Latina era prácticamente inexistente.

Una visión nacionalista del patrimonio arqueológico, aunada a la presencia de muchos exploradores extranjeros, hizo que desde una época temprana se previera la necesidad de regular el coleccionismo internacional y de fijarle límites. Con ese propósito, en 1897 se promulgó la Ley General de Monumentos Arqueológicos. Fue el primer estatuto para la protección del patrimonio arqueológico en América Latina y, al igual que el boliviano, buscó mantener los objetos arqueológicos dentro de sus fronteras o, por lo menos, regular su salida ^{(Baranda, 1897, f. 4)}.

Esa ley declaró las zonas arqueológicas como propiedad de la nación e incluso estipuló como facultades del gobierno federal arrestar y castigar a quien destruyera monumentos arqueológicos, además de juzgar ilegal la exportación de antigüedades sin autorización. Acorde con esa legislación, los objetos arqueológicos encontrados en el país debían llevarse al Museo Nacional, el cual, a pesar de su amplia colección, ingresaba anualmente gran cantidad de objetos: la arqueóloga mexicana Isabel Ramírez Castañeda informaba que el recinto había adquirido, tan sólo en 1910, un total de casi 9 000 objetos arqueológicos, 138 por donación y el resto por compra ^{(Ramírez, 1910)}.

La mano ejecutora de la ley era el Inspector General de Monumentos Leopoldo Batres, quien fue el representante de esa visión nacionalista sobre el patrimonio a la que he hecho alusión. Las excavaciones arqueológicas que se realizaban en territorio mexicano tenían la supervisión de ese agente gubernamental, la cual era claramente contraria a los intereses de muchos exploradores y arqueólogos internacionales, aunque no necesariamente de todos. Sin embargo, Batres es conocido por hacer una “arqueología patria”, es decir, por vincular los estudios arqueológicos con el Estado mexicano ^{(Bueno, 2004)}.

Dentro de la ley, eran factibles, aunque no necesariamente sencillas, las concesiones para excavaciones arqueológicas. Su marco permitía realizar fotografías y moldes de los monolitos, lo cual daba la posibilidad a otros museos de elaborar, y en ocasiones comercializar, sus propias réplicas.⁹ Más aún, la legislación consideraba que se podían otorgar a científicos algunas excepciones, por medio de permisos, con el fin de que se llevaran objetos arqueológicos “originales”. Nuevamente se ve, como en el caso argentino, que aquellos objetos “duplicados” o “repetidos”, es decir, similares a los existentes en las colecciones del Museo Nacional y que no poseían un valor en metálico o piedras preciosas, podían ser trasladados por arqueólogos a museos en el extranjero.

Con esto se buscó fomentar la difusión, el estudio y el intercambio científico de esos objetos con otras instituciones, aunque en el caso mexicano no se tomó la modalidad de su trueque, como en Argentina, sino la de concesiones en casos específicos.

Con el análisis de tres hechos, que van de los permisos por servicios o la denuncia de delitos a un caso excepcional de restitución, puede verse un panorama complejo y tratos diferenciados en la relación entre custodios y sus museos.

El primer caso involucró al British Museum (BM), y se trató de una confrontación directa entre Alfred Maudslay y Leopoldo Batres, la cual involucró fuertes acusaciones mutuas. Así, cuando en 1907 el diplomático y arqueólogo inglés pretendió exportar artefactos arqueológicos zapotecas a aquel museo, Batres se opuso inmediatamente, señalando a Maudslay como la “mano ejecutora de ese delito”, e hizo un paralelo entre la institución y su agente, calificando a ambos de tener un carácter “vandálico” ajeno a los intereses históricos arqueológicos de México. Batres, ante la imposibilidad de “traer al banquillo de los acusados a la institución delincuente y a su mano encargada de ejecutar el crimen”, abogó por que México les cerrara sus puertas y “se mirara con mala voluntad” al museo y al arqueólogo ^{(Batres, 1908)}.

En el acto de toma de objetos arqueológicos, Batres daba cuenta de la relación entre personas e instituciones y de la geopolítica internacional del patrimonio. La relación de ésta, más que una mera acción ilegal en la apropiación de los objetos en sí -que, como ya se ha visto, contenía excepciones-, era lo que denunciaba el custodio mexicano. Se convirtió en el primero en denunciar lo que posteriormente se conocería como arqueología consular, es decir, la apropiación de bienes culturales realizada por agentes que cumplen acciones de tipo político, comercial y científico en regiones fuera de las metrópolis, coleccionando cultura material indígena ^{(Hinsley, 2008, p. 125)}.

Los museos no actuaban por sí mismos, sino a través de sus agentes: así crearon relaciones sociales pese a las latitudes y las barreras lingüísticas. A diferencia del caso Posnansky-Uhle, el de Batres-Maudslay muestra una profundización de las razones del reclamo, pues, como se ha visto, no necesariamente se criticaba el hecho de que se llevaran los artefactos -algo no forzosamente problemático en la época-, sino el tipo de relaciones sociales establecido en su presente a través de ese traslado.

La gestión del patrimonio no se limitó a dejar o no salir los objetos arqueológicos de las fronteras nacionales, sino se amplió al ejercicio de la soberanía nacional y del respeto internacional. Batres lo planteó así:

ni siquiera la gratitud de los agraciados, pues el elemento extrangero [sic] nos mira siempre con la preocupación de que somos países inferiores y que como tales estamos obligados á ser siempre dúctiles y á inclinarnos á sus pretensiones. […] Por lo que creo que en el caso presente sería injustificado acceder á la pretensión del señor Ministro Inglés, pues si bien es cierto que al señor Dr. Seler se le hizo esa concesión, también no es menos verdad que desde hace muchos años este sabio viene ayudando á la historia de México con sus escritos, con sus exploraciones personales y con sus servicios prestados últimamente al Museo Nacional ^{(Batres, 1908, f. 4)}.

En tan sólo una carta, Batres logra denunciar la arqueología consular -la del BM - y al mismo tiempo generarle una excepción -la del MV-. Dentro del Museo Nacional, ambos investigadores extranjeros, Eduard Seler y Alfred Maudslay, eran reconocidos como profesores honorarios de la institución y, en ese sentido, formaban parte de la jerarquía del museo mismo. Batres no especificó cuáles eran las piezas que se le concedieron al mexicanista alemán, pero, desde su perspectiva, los servicios prestados al Museo Nacional marcaban para él una diferencia entre agentes de los museos, de modo que, basándose en su visión personal y profesional, haría que la autorización a Seler fuera justa, mientras que la de Maudslay no.

Batres, entonces, justificó la distinción al director de la Sección Americana del museo berlinés, Eduard Seler, pues, además de sus estudios, realizó una estancia en el museo mexicano para elaborar el catálogo de las colecciones arqueológicas ^{(Olmedo y Achim, 2018, pp. 11-12)}. Sin embargo, favoritismos de esa clase también serían denunciados por otros investigadores, como la arqueóloga estadounidense Zelia Nuttall, quien acusó a Seler de no condenar públicamente las reclasificaciones de Batres en el Museo Nacional, y a Batres, de defender las “acciones destructivas” de Seler en Palenque ^{(Valiant, 2017, pp. 215-216)}.

Así, vemos que en el ámbito académico existieron fuertes tensiones por los permisos de exportación de objetos arqueológicos encontrados en México concedidos al Imperio británico, Prusia o los Estados Unidos. A pesar de la desaprobación del inspector general para conceder el permiso de exportación a Maudslay y la denuncia a la geopolítica del patrimonio arqueológico, Batres perdió la batalla ante el peso de la diplomacia: Maudslay, en su calidad de diplomático, se comunicó con el jefe directo de Batres, Justo Sierra, quien terminó autorizando la exportación de cuatro cajas de objetos zapotecas al BM a través de Veracruz, a bordo de un barco de vapor con destino directo a Inglaterra, haciendo que, a pesar del gran poder que Batres concentraba en su puesto, se viera impedido de contener todos los permisos de exportación ^{(Batres, 1908, f. 9)}.

Ese ejemplo ilustra muy bien cómo es necesario, casi tanto como la biografía de objetos arqueológicos, analizar las relaciones sociales establecidas detrás de éstos, las cuales tienen un valor histórico tan importante como su proveniencia. El caso de Batres-Maudslay se vuelve aún más interesante por el hecho de que se trataba de acusaciones recíprocas, pues el segundo no sólo opinó en términos negativos sobre el trabajo del primero, sino que criticó que éste centralizara objetos provenientes del estado de Oaxaca en beneficio del Museo Nacional situado en la Ciudad de México.

La crítica que hacía Maudslay no era del todo incorrecta, pues había comunidades que se oponían al traslado de monolitos y otros objetos arqueológicos de Yucatán, el Estado de México y Morelos a la Ciudad de México ^{(Bueno, 2004, pp. 133-144)}. La organización de esas personas también debe considerarse como acciones de otros grupos de custodios del patrimonio arqueológico que entraban en conflicto directo con la visión de “arqueología patria” de Batres. No dejaba de resultar contradictorio, sin embargo, el hecho de que la crítica proviniera de un agente del BM.

Una de las facetas del coleccionismo internacional entre museos permite analizar el segundo caso. A pesar de las buenas relaciones y del agradecimiento institucional a Eduard Seler por sus estudios mexicanistas y la catalogación del inventario del MNAHE, los pactos no deben invisibilizar la competencia existente entre el museo prusiano y el mexicano cuando se trataba de la compra a coleccionistas privados, donde se hacía evidente la complicación de las relaciones sociales frente a los procesos de mercantilización de objetos arqueológicos en la tensión entre su oferta y su demanda. En las presiones de compraventa por parte de coleccionistas reaparecía el MV y su agente Eduard Seler.

Uno de esos casos es el de Honorato J. Carrasco, quien en 1904 puso a la venta su colección de antigüedades de casi 3 700 objetos procedentes de Puebla y Veracruz, formada a lo largo de 14 años. El coleccionista pedía 15 000 pesos por la colección completa, mientras que los agentes del museo mexicano le ofrecían sólo dos tercios del precio estipulado. Carrasco mostró a los agentes del Museo Nacional una carta de Seler en la que calificaba como “importantísima” su colección y expresaba su interés por adquirirla para el gobierno prusiano. Aunque se carece de información sobre el precio ofrecido por el MV, y tampoco se sabe si realmente estaba dispuesto a pagar más al coleccionista, los agentes del museo mexicano alertaban que Seler podría llegar a México de improviso y, por tanto, le hacían saber a la institución que sería no sólo “verdaderamente sensible, sino poco patriótico que estos objetos salieran de la República para enriquecer a un museo extranjero” ^{(Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1904, f. 136)}.

La disponibilidad de recursos para realizar compras a coleccionistas privados representaba para algunos museos nacionales una presión importante frente a museos extracontinentales como el alemán, la cual utilizaban los coleccionistas privados para acelerar la venta de objetos arqueológicos o aumentar su precio. Frecuentemente se encuentra en las negociaciones que algunos coleccionistas mexicanos enunciaban, invocando sentimientos patrióticos, una priorización de la venta de las colecciones al Museo Nacional. Incluso hubo casos en que los coleccionistas los vendían a un precio menor al de sus expectativas con la intención de que permanecieran en el país, como Francisco Belmar con su colección zapoteca en 1901 ^{(Sellen, 2010, p. 143)}, aunque, en otros casos, el interés económico prevaleció por sobre el discurso patriótico y las colecciones acabaron por ser exportadas. A pesar de que en este ejemplo privaron las buenas relaciones, evidencia la competencia por la adquisición de colecciones entre museos.

Finalmente, el tercer caso comporta un hecho excepcional de restitución entre los museos nacionales estadounidense y mexicano a principios del siglo XX. Se trató del retorno por la vía diplomática de uno de los tres paneles que componen el tablero del Templo de la Cruz de Palenque, que todavía en 1908 se encontraba en la Smithsonian Institution (SI) en Washington, D. C. La estela tiene una interesante historia y sus partes se hallaban dispersas antes de ese momento: una de ellas se encontraba en su sitio original, en Palenque, estado de Chiapas, otra, en la Ciudad de México, en el MNAHE, y la tercera en la SI en la capital estadounidense. En un proceso de restitución de ese coleccionismo internacional, la tercera parte volvió a México por iniciativa del secretario de Estado de los Estados Unidos Eliah Root y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ^{(Museo Nacional de Arqueología, Historia y Antropología, 1912 pp. 17-24; Filloy y Ramírez, 2012, pp. 71-74)}.

Sin embargo, al retornar no arribó a su sitio original en Chiapas, sino que se envió directamente a la capital del país, precisamente al MNAHE. Al año siguiente, el primer panel, aún en Palenque, se retiró del templo para ser enviado también al museo. En 1909 los tres paneles volvían a reencontrarse, aunque alejados de la zona maya. Se hallaban entonces, después de una serie de vaivenes, en la famosa Galería de Monolitos del MNAHE, uno de ellos incluso después de haber permanecido durante décadas en los Estados Unidos. Ese caso, interesante también por su excepcionalidad, viene a cerrar esta historia sobre coleccionismo arqueológico y museos, donde, como se ha podido observar, las direcciones son múltiples y en la que la política, la cooperación científica internacional y las desigualdades se encuentran.