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Revista IUS

versión impresa ISSN 1870-2147

Rev. IUS vol.7 no.32 Puebla jul./dic. 2013

 

El derecho internacional del agua potable y el saneamiento. Un debate de derecho de cuarta generación en la encrucijada*

 

The international right to drinking water and sanitation. A debate on rights of fourth generation at the crossroads

 

Antonio Muñoz Aunión**

 

** Profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Chile, Chile (aunion@cica.es).

 

* Recibido: 4 de marzo de 2013.
Aceptado: 12 de abril de 2013.

 

Resumen

Iniciando el siglo XXI, en la Asamblea General de Naciones Unidas se hizo eco del déficit del agua en el planeta e incluyó el tema entre los Objetivos del Milenio. Desde entonces existe una pugna entre intereses privados, que disfrutan de una renovada jerarquía a raíz de la globalización, y las posiciones soberanas que mantienen el origen público del recurso y la imposibilidad de su comercialización. Esta posición ha sido respaldada también por pueblos originarios. Las líneas que siguen muestran estos intereses divergentes y la necesidad de buscar puntos de contacto para un desarrollo sustentable.

Palabras clave: Mercantilización de bienes comunes, gobernanza política, enfrentamiento político, Objetivos del Milenio, falta de transparencia.

 

Abstract

At the beginning of the 21st century, the United Nations General Assembly echoed the lack of water in the planet and included the subject among the Millennium Goals. Since then, there is a latent conflict between private interests who enjoy a renewed hierarchy following the Globalization process, and the sovereign positions who maintain the public origin of the resource and the impossibility of its commercialisation. This position has been also endorsed by native peoples. The following lines show these divergent interests and the need to find contact points for a sustainable development.

Key words: Commercialization of common goods, political governance, political confrontation, Millennium Goals, lack of transparency.

 

Sumario

1. Introducción

2. El derecho al agua

3. El comienzo de la privatización

4. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

5. Los actores del debate

6. Privatización: un éxito relativo... bajo condiciones claras

7. El suministro de agua a los que aún no están conectados

8. Las posiciones contrarias a la privatización

9. Alternativas a la privatización

10. ¿Es el agua una mercancía?

11. ¿Subvención de agua para los más pobres, o no?

12. Perspectivas futuras

13. Conclusiones

 

1. Introducción

Aunque el agua cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra, sólo el 2,5 por ciento de ella es agua dulce. Y sólo una pequeña fracción de ésta, no más de 0,01 por cien, es fácilmente accesible en lagos o ríos, y el resto de ella está congelada en glaciares y casquetes de hielo polares. Por tanto, el acceso al agua potable es un problema importante para muchos millones de personas. Además, del 0,01 por ciento del agua del mundo en los lagos y ríos, otro 0,77 por ciento es agua subterránea en acuíferos a la que se puede acceder a través de pozos y perforaciones, que requieren inversión para las actividades de perforación y construcción de tuberías, donde la participación de los intereses privados puede ser una manera para encontrar los medios financieros necesarios para ampliar dicha infraestructura.1

Según la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas (en adelante, OMS), algo más del 50 por ciento de la población mundial tiene agua corriente en sus domicilios. El 33 por ciento adicional tiene un abastecimiento de agua mejorable, que significa que tiene acceso a una fuente pública, un pozo, una bomba, un manantial protegido o la recogida de agua de lluvia segura. Otras pozas y manantiales no protegidos, así como ríos, lagos y los buques o camiones cisterna provistos de agua, se consideran sin garantía, lo que significa que plantean posibles riesgos para la salud de los usuarios, unido al coste humano de transportarla hasta los domicilios.

Desde 1990, el porcentaje de personas con acceso a una fuente de abastecimiento de agua mejorada, así como la proporción de personas conectadas a la red de agua corriente, se ha incrementado. De acuerdo con la OMS y la agencia de la ONU para la infancia (Unicef), el aumento en el porcentaje ha sido principalmente en las zonas rurales: en 2002, el 72 por ciento de la población rural tenía acceso a nivel mundial a una fuente de abastecimiento de agua mejorada y el 27 por ciento tenía una conexión domiciliaria a la red. Uno de los componentes sobre los que se construye un verdadero derecho al agua es el de su accesibilidad2 indiscriminada.3 Un experto en la materia, como J. Dellapenna, denomina al agua como el bien público por excelencia,4 y como todo bien público se caracteriza por su indivisibilidad y carácter público.

En líneas generales, la mayor parte del agua dulce del mundo se utiliza para fines agrícolas, como para el riego o para el ganado. El uso agrícola de las cantidades de agua corresponde al 70 por ciento del consumo total de agua; 22 por ciento es utilizado por el sector industrial, y sólo 8 por ciento por los hogares. La distribución del recurso es caprichosa y no conoce de fronteras,5 especialmente cierto por cuanto a los acuíferos, y los grandes depósitos de agua ocupan territorios sometidos a varias jurisdicciones; de hecho, 2 de cada 5 habitantes de la Tierra viven en un Estado que comparte recursos hídricos con otro Estado.6

 

2. El derecho al agua

El agua no es un privilegio, es un derecho, dijo Mikhail Gorbachev, ex presidente de la Unión Soviética y actual presidente de la junta con sede en Ginebra, ONG ambientalista Green Cross International.7 Muchos otros políticos comparten sus opiniones. Durante el Año Internacional del Agua Dulce de la ONU en 2003, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una Observación general en la que señala que el derecho a cantidades adecuadas de agua limpia para uso personal es un derecho humano. Esto significa que todos los países signatarios del Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen la obligación de proporcionar a sus ciudadanos suficientes cantidades de agua limpia y segura para uso doméstico. No nos lleva, sin embargo, a mantener que el agua tiene que ser proporcionada de forma gratuita, sino que tiene que ser asequible, lo cual entendemos como un precio razonable y proporcionado.8 El valor del agua es un concepto controvertido; por ejemplo, para los pueblos indígenas, hablar en términos de privatización del agua se considera una imposición de valores occidentales ajenos a sus modos de vida tradicionales.

Habitualmente, desde la época del Imperio Romano,9 y anteriores a ésta, la autoridad había proporcionado agua sin exigir el pago total o los gastos de agua, ya que estaban incluidos en las tasas de impuestos generales. Recientemente, sin embargo, más y más países y ciudades han estudiado alternativas, tales como la gestión privada de las obras de saneamiento y manutención, especialmente en el ámbito del agua para consumo personal en las zonas urbanas. También cada vez es más común que las empresas públicas de agua en los países desarrollados cobren tarifas que cubran totalmente el costo del agua que se utiliza, frente a la práctica tradicional de que el agua generalmente estuviera subsidiada para todos los usuarios a través de los ingresos fiscales.

Este cambio de política ha sido objeto de un debate agrio por los que sufren económicamente de los cambios y por quienes abogan en su favor. Muchos de los problemas morales han sido planteados por los grupos de presión y organizaciones no gubernamentales de lucha contra la privatización, que afirman que no es aceptable que la gente pague por algo tan fundamental como el agua potable.

Los activistas contra la privatización más entusiastas afirman que los pobres, por lo menos, siempre deben tener acceso al agua libre, ya que está disponible de forma gratuita en la naturaleza. Uno de los activistas más conocidos contra la privatización es el autor indio Vandana Shiva, quien escribió, en Las guerras del agua, que el agua no puede suponer un detrimento de la subsistencia vital. Puesto que la naturaleza nos otorga el agua libre de costo, la compraventa con fines de lucro viola nuestro derecho inherente a disfrutar de un regalo de la naturaleza, y segrega a las poblaciones de bajos recursos de sus derechos humanos.10

En cierta manera nos encontramos ante un ejemplo de un derecho de cuarta generación. Sin embargo, la provisión de agua potable para todos en todas partes implica un costo que debe ser sufragado de alguna manera, y de esta forma evitar la conocida teoría de la tragedia de los comunes.11

 

3. El comienzo de la privatización

Durante la última década, la privatización del sistema de suministro de agua ha afectado a millones de personas. Se ha implementado en los países industrializados, y también ha crecido en el mundo en desarrollo, que supone una carga financiera adicional a millones de personas pobres. La ola de privatización en el mundo en desarrollo se inició en América Latina en la década de 1990, y se ha extendido a muchos países de África y Asia. El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) dijo acerca de la privatización en África que hasta mediados de la década de 1990, la privatización se limitó a un pequeño número de países de habla francesa. Desde entonces, muchas más privatizaciones han tenido lugar y son aún más los gobiernos que anuncian ofertas e intenciones de privatizar.12

Ciertamente, existe una visión negativa del proceso de privatización por los errores cometidos en varias instancias en el pasado, por ejemplo la conocida como Guerra del Agua en la ciudad boliviana de Cochabamba; para un activista pro-privatización como Segerfeldt, crítico con el movimiento contra la privatización, el ritmo de la privatización se ha desacelerado, escribió en un documento.13

Por tanto, es vital que tengamos un debate serio sobre la base de hechos y análisis concretos que sobre las anécdotas y los dogmas antiprivatización y aquellos que sostienen el uso y disfrute sin limitaciones.14 En mi opinión, en este proceso se requiere de un modelo de debate híbrido entre poder público y empresas trasnacionales y resulta fundamental acudir a conceptos de participación política como gobernanza, subsidiariedad y compliance sobre una base de principios efectivos de transparencia, despejando de esta forma la percepción entre la ciudadanía de que la actuación de los diversos estratos de gobierno se acerca más a las demandas de las elites.

Un informe del Banco Mundial de 2005 concluyó que la actividad de privatización alcanzó su punto máximo en 1997, y desde 1999 empezó a declinar, y aunque todavía en niveles bajos en general, vuelven a reaparecer los procesos de privatización.15

Una de las razones para el rápido crecimiento de la privatización del agua en los países en desarrollo es que el Banco Mundial es uno de los mayores defensores de la privatización, junto con los gobiernos donantes y otros organismos de desarrollo. A través de las reformas estructurales, los donantes pueden obligar a los gobiernos a privatizar los servicios públicos, a menudo en contra de la voluntad de los ciudadanos afectados, que temen que la privatización no hará sino aumentar sus cargas, pero ésta es una condición sine qua non para acudir a la financiación para cubrir los déficits de sus balanzas de pago que se ven desequilibradas por el fuerte aumento de los precios de los productos básicos, que repercute en la falta de soberanía alimentaria.

En el documento de trabajo Retomando el agua como bien público, publicado por el Transnational Institute y el Corporate Europe Observatory en 2005, se pondera el debate de la privatización y se centra en cómo hacer que un modelo público alternativo sea operativo, en lugar de argumentar en contra de la privatización; el máximo prejuicio frente a ésta reside en que las empresas privadas, motivadas exclusivamente por su balance de cuentas, dejen de suministrar a aquellos que no pueden pagar sus precios.

 

4. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en adelante, ODM) fueron establecidos por las Naciones Unidas en el año 2000. Los ocho objetivos representan un compromiso por parte de todos los Estados miembros de la ONU de trabajar juntos para erradicar la pobreza y mejorar la vida de todo el mundo para el año 2015. La mejora de la calidad del agua y el aumento del número de personas con acceso al agua potable y al saneamiento es vital para varios de los ODM, por tanto es transversal, por ejemplo para la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, mejorar la salud, el logro de la sostenibilidad ambiental y acabar con la discriminación de la mujer, lo que requiere tanto de una aproximación poliédrica como de un compromiso serio y constante en la concienciación de la sociedad civil y prelegislativa tanto a nivel nacional16 como internacional, con el objeto de alcanzar acuerdos de mínimos verdaderamente eficaces.

Aunque todo el mundo está de acuerdo con que el agua es una necesidad básica que se debe proporcionar a todo ser humano, como vemos existen diferentes opiniones y enfoques sobre cómo hacerlo.

El Consejo Mundial del Agua es una organización internacional para la cooperación entre las ONG y los gobiernos respecto a las cuestiones relacionadas con el agua. Ha estimado que la inversión en agua y saneamiento debe duplicarse para alcanzar los ODM. Aproximadamente $30 mil millones al año son necesarios, divididos entre un poco más de $10 mil millones para el suministro de agua y casi $20 mil millones para saneamiento y reciclaje. Por el momento, la financiación privada sólo cubre alrededor del 10 por ciento de la inversión en infraestructura relacionada con el agua, y la gran mayoría de los consumidores de agua que están conectados a una red de abastecimiento son atendidos por empresas de titularidad y operación pública.

Kendra Okonski, directora del programa de medio ambiente en la International Policy Network, organización sin ánimo de lucro, con sede en Londres, que informa a la sociedad civil sobre el papel de las instituciones del mercado en el contexto de los debates sobre políticas globales, citó el ejemplo de un país como Senegal, representativo de la situación de muchos otros, como paradigma de intereses privados en el fomento de la red de saneamiento y distribución fuera de las ciudades, y el estudio llevó a la conclusión de que la extensión sólo alcanzaba un tercio del total del territorio. El resto del territorio se considera como área no lucrativa y se cede a la acción de los proyectos de organizaciones no gubernamentales.

 

5. Los actores del debate

a) La privatización sostenida por el Banco Mundial frente a las organizaciones no gubernamentales. El debate sobre la privatización se divide principalmente entre las organizaciones no gubernamentales que están en contra de la privatización y las organizaciones de donantes más grandes que lo favorecen. El Banco Mundial prefiere hablar en términos más políticamente correctos como de participación privada, en lugar de privatización. En un informe de orientación dirigido a su personal para sus actividades desde 2004, se afirma que "la utilización del sector privado [...] para la prestación de servicios seguirá siendo una parte de las actividades del Grupo del Banco cuando esto sea factible y eficaz".17

El Banco Mundial urge a los sistemas públicos de agua a repercutir completamente el costo del agua que proporcionan. Su justificación es que la participación privada, la política de tarifas [y] la reforma de los servicios del sector público no son fines en sí mismos, sino simplemente la forma más eficaz para proveer de agua potable a la mayoría de la gente. Otros defensores de la privatización son el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones similares de grandes prestamistas; inclusive algunas ONG y think tanks, como el Instituto de Globalización, con sede en Londres, también están de acuerdo.

El Departamento Británico para el Desarrollo Internacional (DFID) ha sido reconocido por apoyar el modelo británico de privatización, sistema por el que se privatizan tanto los activos como la operación de los mismos, si bien la mayoría de los partidarios de la privatización recomiendan el modelo francés, donde sólo la operación de los activos se privatiza y la propiedad sigue siendo pública. La liberalización del sector de los servicios que incluye el suministro de agua es también una parte fundamental de los acuerdos comerciales internacionales tratados en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).18

b) Entre los argumentos a favor de la privatización del agua, uno muy común es que los empresarios privados son más eficientes para aumentar el acceso al agua potable y tienen más habilidades tecnológicas y mayor capital para la inversión; por el contrario, los activistas contra la privatización dicen que esto no es cierto y que la privatización sólo conduce a un alza de precios, prohibitivos para los más pobres, y a un mapeado inconcluso sobre el territorio. Utilizando el ejemplo de Argentina, donde simultáneamente algunos municipios privatizaron sus sistemas de distribución de agua potable y otros no, Okonski afirmó: hay evidencia que sugiere que los sistemas privados proveen con agua limpia. En los municipios que privatizaron se produjo un descenso en las enfermedades transmitidas por el agua, así como de la mortalidad infantil por diarrea y enfermedades similares.19 Sin embargo, no existen datos globales concluyentes.

 

6. Privatización: un éxito relativo... bajo condiciones claras

La privatización del agua se representa a menudo como una serie de empresas trasnacionales sedientas de lucro que aumentan las tarifas indiscriminadamente y de forma desproporcionada afectan a los más desvalidos, a los que se les obliga a elegir entre alimentación y agua potable. Los defensores de la privatización, sin embargo, sostienen que esto no tiene irremediablemente que suceder. Los grupos de presión pro-privatización, las empresas de agua y representantes de los órganos donantes han sostenido que una privatización exitosa de agua es posible con unos requisitos previos, como un gobierno lo suficientemente fuerte y ajeno a la corrupción como para mantener el cumplimiento de las normativas y medios para obligar a la empresa privada a hacer un trabajo eficaz. AquaFed, la Federación Internacional de Operadores de Agua, afirma que a través de contratos razonables y la cooperación con el gobierno, las empresas privadas pueden ofrecer servicios confiables a todos los ciudadanos. Según el Banco Mundial, es necesario que las reformas se vean respaldadas por la voluntad política, lo que implica que los electores que apoyan al partido en el poder deben beneficiarse de las modificaciones en términos de precios más bajos y mejores servicios.

Considero que debe existir un código de ética, según el cual, el agua proporcionada por empresas privadas se lleve a cabo de manera que siempre quede asegurada la soberanía plena de las autoridades públicas en los servicios. La administración debe tener el poder de multar a la empresa de servicios privados en caso de no alcanzar los objetivos previamente establecidos, y el proveedor también debe tener incentivos financieros para ofertar el mejor servicio posible y evitar así ser multados. Las empresas multinacionales también tienen otra motivación para un buen desempeño, ya que con buenos resultados en un país, es más probable que la empresa pueda gestionar el sistema de agua de otros lugares.

Sin embargo, también existen los pequeños empresarios que se dedican al suministro de agua más allá de las propias empresas multinacionales. OKONSKI aclara que el término empresario informal es más adecuado para describir a aquellos que venden agua, y es más inclusiva de la realidad. En multitud de casos, en el mundo en desarrollo, el agua es proporcionada por medios privados; se excluye a las grandes empresas, por vendedores locales de agua que utilizan camiones cisterna o incluso carros tirados por burros para transportarla. "Tal vez la solución a los problemas del agua sea de abajo-arriba", mantiene el autor.20 Un paso para un avance dramático en África en este terreno sería hacer que sea más fácil para las personas iniciar su propio negocio.21 Menos burocracia, por tanto, ayudaría a proporcionar agua a más personas.

 

7. El suministro de agua a los que aún no están conectados

Muchas ciudades, después de la implementación de la privatización del agua, han demostrado un aumento en lo que se conoce como cobertura del sistema, equivalente al número de familias conectadas a los servicios de agua. Por ejemplo, Buenos Aires, Abidján y Conakry son tres ciudades en las que el Banco Mundial sostiene que se ha incrementado la cobertura del sistema. Las dos primeras han aumentado la cobertura en aproximadamente 15 por ciento, y Conakry casi el 25 por ciento. En Lima, sin embargo, la privatización, según los informes, no ha tenido un impacto decisivo en la cobertura.

Okonski indica que los empresarios privados menores son los que tienen un interés mayor en la conexión del mayor número de personas posible. Los municipios perciben a la gente como una carga, los empresarios la contemplan como un recurso.22

Con frecuencia, son las zonas más pobres las que no están conectadas al sistema de agua, y dado que en los contratos entre el gobierno y la empresa privada no se incluyen estos espacios, quedan como terrenos de nadie, sin incentivo alguno para su conexión a la red. En la ciudad de Durbán, sin embargo, muchos de los nuevos clientes se conectan al sistema de agua con métodos innovadores introducidos por el sector privado. En asentamientos informales, por ejemplo, la instalación de tuberías para el abastecimiento de agua según la forma tradicional habría costado demasiado, por lo que se introdujo un equipo de grifos comunitarios y tanques de agua privados. En las tomas de agua, todo el mundo tiene acceso al agua y paga por volumen, y también existe la opción de construir depósitos en terrenos privados, en los que, periódicamente, el propietario paga por adelantado y se repone el agua en el depósito; en caso de falta de pago, el depósito no se recarga pero siempre queda expedito el acceso al suministro de agua.

Entre los resultados cuyos efectos presentan claroscuros se encuentra que si bien la distribución en manos privadas se demuestra que es más eficaz, y el margen de beneficio aumenta cuando costes como los laborales se reducen, lo que lleva a una mayor tasa de despidos y al aumento del desempleo, y por ende a una mayor productividad laboral, que en principio debería ser beneficiosa para el consumidor final al mantener los costes bajos, pero no siempre esto es así.

 

8. Las posiciones contrarias a la privatización

Una de las voces más representativas contra la privatización es el Movimiento Mundial para el Desarrollo, ONG radicada en el Reino Unido que se dio a conocer con una campaña bajo el título "Ayuda sucia, agua sucia", que, entre otros temas, trató de disuadir al gobierno británico de apoyar los esfuerzos internacionales que piden una amplia privatización. Por ejemplo, la organización se opuso a la participación de la agencia británica de ayuda al desarrollo en los procesos de privatización en Ghana y Tanzania, así como en Sierra Leona y otros lugares. Otras voces contra la privatización del agua son el Foro contra la Privatización, con base en Sudáfrica; un sitio de información en línea, Waterpage, y varias organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, especialmente en países donde el suministro de agua ha sido, o está a punto de ser, privatizado. El principal argumento es que el sector privado no cumple con las promesas de inversiones, que a menudo se utiliza como argumento principal de los defensores del proceso de privatización, lo cual lleva a considerar que las empresas públicas tienen una mayor tradición23 y disposición para prestar el servicio de aguas en razón de lo imposible de la ecuación de prestar servicios básicos y simultáneamente obtener beneficios por ello, afectando principalmente a las comunidades más débiles. Por el contrario, aquellos que defienden la privatización estiman que donde ésta no ha tenido éxito, el motivo es principalmente la deficiencia del sector público y la debilidad del imperio de la ley.

 

9. Alternativas a la privatización

Una población cercana a la capital Accra, en Ghana, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua que fue construido en la década de 1960. Desde entonces, la población se ha cuadruplicado, pero el abastecimiento de agua no se adaptó para cubrir una mayor demanda. En 1999, el agua se cortó en las tuberías, lo que llevó a que los ciudadanos se vieran obligados a comprar el agua por garrafones, una solución con un coste 16 veces superior al del agua de grifo. Para resolver este problema, se permitió que las obras de refuerzo para el suministro se privatizaran. A pesar de las protestas de algunos sectores, los habitantes lo aceptaron como un mal menor. Su prioridad era el acceso al agua potable a un precio razonable y no importaba quién la proporcionara. Sin embargo, tras estas decisiones, los precios se duplicaron en algunas áreas.

Otra población del mismo país tomó una vía alternativa. Se constituyó una asociación mixta pública-comunidad.24 La comunidad adquiere colectivamente agua de la empresa pública y se hace responsable del cobro de las cuotas y de reparaciones menores, y establece el precio a los miembros de la comunidad; un modelo ideal que ha llevado a que sea sólo un 15 por ciento el agua perdida por mala gestión frente al 50 por ciento del resto del país.

 

10. ¿Es el agua una mercancía?

En 2000, la revista Fortune afirmó que el agua sería en el siglo XXI lo que el petróleo fue para el siglo XX, lo que significa que el comercio de agua podría escalar y hacer participar a las sumas más grandes de dinero.25

En la India, a los ciudadanos de bajos recursos se les ha prometido acceso al agua de forma gratuita desde la independencia, pero esta promesa no ha estado jamás cerca de ser cumplida. A veces, este segmento de población tiene que pagar 10 o 20 veces más que sus vecinos acomodados de agua potable, según las estadísticas del PNUD: aquellos que están conectados a la red de suministro normalmente pagan mucho menos que los que compran garrafones en la vía pública, o a vendedores ambulantes. En muchas áreas, las organizaciones locales han señalado que están dispuestas a pagar por el agua si los servicios son seguros y confiables, y sobre todo si los que están en una categoría superior de ingresos fueran excluidos de recibir subvenciones. Un ejemplo de cómo esto se puede hacer es a través de la modalidad del micropréstamo. Con un pequeño préstamo, una familia podía permitirse el lujo de perforar su propio pozo e instalar una bomba de simple manejo, y así tener acceso a agua potable a un coste reducido.

El argumento más contundente contra la privatización tiene una base moral: ¿cómo se puede privatizar un bien común como el agua? Y segundo, ¿quién ostenta la auctoritas para establecer el precio de un recurso que es tan esencial?

Frente a este razonamiento, los grupos pro-privatización responden a esta pregunta introduciendo en el debate el elemento de la relevancia: lo relevante es cómo prestar servicios de agua al mayor número de personas, y si la empresa privada puede hacerlo de forma más eficiente que el sector público, por qué se debe poner impedimentos a ésta.

De acuerdo con la organización Movimiento para el Desarrollo Mundial, el 95 por ciento del agua potable del mundo está en manos públicas, pero sólo el 83 por ciento de la población mundial tiene acceso a fuentes de agua mejorable. Por lo tanto, respetando la soberanía nacional tiene que haber una manera más eficaz para proveer de agua potable que el sistema existente.

Cuando el precio del agua sufre incrementos excesivos, los ciudadanos deben elegir entre el agua y otros artículos de primera necesidad, como los alimentos. En ciertos países, como México, el agua es a veces tan cara que los menores beben refrescos embotellados por su menor costo.

 

11. ¿Subvención de agua para los más pobres, o no?

El lobby pro-privatización sostiene que en lugar de subvencionar los servicios de agua mediante tasas de los contribuyentes, es más equitativo pagar por lo que se utiliza, lo que reduciría los consumos exorbitados. Inclusive, con el objetivo de que todas las familias dispongan de un mínimo de agua, los gobiernos pueden subsidiar una cantidad mínima.26

Algunos países, sin embargo, han tenido dificultades para seguir subvencionando el agua después de haber sido obligados a privatizar por entidades como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.27 Los donantes a menudo requieren que los gobiernos abandonen sus campañas de subsidios, como fue el caso de Bolivia en 1997. Con el fin de conceder un préstamo de $138 millones para ayudar al país a controlar la inflación e impulsar el crecimiento económico, Bolivia tuvo que acceder a vender todas las empresas públicas restantes, incluido el abastecimiento de agua en Cochabamba, Bolivia. Después de negociaciones a puerta cerrada, al margen de toda subsidiariedad y transparencia, el sistema de agua de Cochabamba fue entregado a Aguas del Tunari, empresa filial de una de las grandes corporaciones trasnacionales, Bechtel, de capital estadounidense, en una concesión de 40 años. Después de ser testigos de un aumento colosal en los precios del agua, que era muchas veces mayor al 35 por ciento anunciado por la empresa, un sector importante de la ciudad de Cochabamba salió a las calles en lo que se denominó la guerra del agua. Las manifestaciones y la violencia continuaron durante varios meses, y unas seis personas murieron hasta que el gobierno boliviano cambió de opinión y se rescindió el contrato con Aguas del Tunari.

Otro ejemplo en el continente lo encontramos en Chile. Okomski señaló a este país por cuanto a los servicios de suministros y saneamiento de agua urbanos, donde existe una cobertura del sistema casi del 100 por ciento, ya que las empresas de agua fueron privatizadas en la década de los años noventa. Capitales extranjeros y nacionales poseen todas las acciones de los prestadores privados, lo que incide en una creciente responsabilidad colectiva sobre el uso de los recursos nacionales vitales. También hay un modelo de cartillas de racionamiento de agua que se utiliza para asegurar que todos tengan acceso a cantidades suficientes de agua. A los que no pueden pagar el gobierno les da bonos especiales de agua que pueden ser utilizados para pagar las facturas de agua. La situación respecto del agua para su utilización en la minería, como recurso energético, en aguas para consumo agrícola, protección del medio ambiente y sustentabilidad, y por parte de los pueblos indígenas, deja mucho que desear.

 

12. Perspectivas futuras

Este debate sobre si la privatización es positiva o no para las personas y para el medio ambiente se extenderá en el tiempo. Hasta ahora, la tendencia, debido a las restricciones financieras, apunta gradualmente a que más países y ciudades privaticen los servicios de agua, y a que sectores cada vez mayores de la población se vean afectados negativamente, en especial la población económicamente más débil.

Sin embargo, también existe una oposición clara a este planteamiento, que espera que la tendencia se revierta. En palabras de un dirigente del Movimiento Mundial para el Desarrollo, a medida que la sociedad civil y los sindicatos están expresando su oposición a la privatización, y al mismo tiempo que las empresas privadas de agua abandonan este sector debido a las dificultades para conseguir altos márgenes de beneficios, habrá un cambio hacia una menor privatización. Tanto en un modelo como en otro resulta esencial que se tarifique el consumo actual y no el estimado como mecanismo para monitorizar el gasto real y evitar derroches.

Lo esencial, entonces, será convencer a las organizaciones internacionales donantes para que reconozcan esta tendencia y dejen de defender la privatización de una forma tan obstinada y antidemocrática, a modo de Diktat que lleva a rechazos populares.28

 

13. Conclusiones

Debido a las falencias de los sistemas de privatización y la dificultad que encuentra el sector público, no hay dudas de que se opte por un modelo u otro, siempre se presentarán obstáculos en el camino que podemos achacar a la propia falibilidad del ser humano. Es por ello que resulta esencial defender los títulos de propiedad y del dominio público junto al respeto del imperio de la ley.

Por último, en razón de los fracasos de la globalización, la realidad es que millones de personas siguen pagando un precio excesivo por un recurso tan esencial y básico para la vida humana, y aquellos que dejan de hacerlo ven disminuida su calidad de vida en salud, enfermedades, entrando en una macabra espiral incompatible con la dignidad humana, que acaba en última instancia con una muerte temprana. Será necesario acudir, entonces, a principios como la solidaridad y seguridad humana como elementos que finalmente cierran el círculo de los derechos humanos y obligan a una acción concertada de Naciones Unidas más allá de la constatación o no del cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

 

Notas

1 A través de concesiones sobre el dominio público por periodos más o menos amplios de tiempo. Con todo, esta figura de la concesión no ha estado exenta de críticas y en algunas instancias ha sido necesario dar por concluido el contrato por anticipado, no sólo en materia de aguas sino también en vías públicas. Véase el caso de las autopistas españolas radiales con origen en Madrid.

2 El agua debe ser accesible, proveniente de una fuente que se encuentre a una distancia razonable de la vivienda a un coste razonable; dado que el agua tiene un valor económico, debe adaptarse su precio al presupuesto del usuario final. El coste del agua no puede reducir la capacidad de un individuo para comprar otros bienes esenciales como alimentos, cuidados médicos, educación y vivienda.

3 Los sectores de la población más vulnerables y marginados deben tener acceso al agua y a servicios de saneamiento. Las investigaciones muestran que las clases desfavorecidas llegan a pagar hasta doce veces más por el litro de agua que sus vecinos de clases más pudientes en el municipio. Véase http://www.unescap.org/huset/urban_poverty/ poorpaymore.htm.

4 DELLAPENNA, J. W. "Market for Water: Time to Put the Myth to Rest?", Journal of Contemporary Water Research & Education, No. 131, junio de 2005, pp. 33-41.         [ Links ]

5 HUMES-SCHULTZ, STACY. "Limiting Sovereign Immunity in the Age of Human Rights", 21 Harvard Human Rights Journal 105, 2008, pp. 123-128.         [ Links ]

6 Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas 2006, Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis.

7 World Urban Forum, Barcelona, septiembre de 2004.

8 Observación general No. 15, El derecho al agua, Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, noviembre de 2002. Además, desde 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Ciertamente, las resoluciones de Naciones Unidas no tienen una naturaleza jurídica per se, y un lenguaje como éste en un tratado nos llevaría a plantear interpretaciones completamente contradictorias. Así, podría inferirse: a) que unos países podrían obligar a otros a prestar agua y/o recursos financieros para proyectos vinculadas a la misma; b) que los ciudadanos a título individual le exigieran a sus propios gobiernos que prestaran servicios de agua y sanitarios, o c) por último, y peor, que no tuviera ningún efecto.

9 HERSCHEL, CLEMENS. Frontinus and the Water Supply of Rome, Longman, Green and Company, Nueva York, 1913, p. 45.         [ Links ]

10 SHIVA, VANDANA. Water Wars: Privatization, Pollution and Profit, South end Press, 2002, pp. 137 y 138.         [ Links ]

11 HARDIN, G. "The Tragedy of the Commons", Science 162 (3859), 1968, pp. 1243-1248.         [ Links ]

12 Esto ha llevado a que se hable de una recolonización del continente a través de la adquisición de tierras y procesos de privatización, poniendo en peligro la soberanía de los países y el crecimiento sustentable. No sólo son actores del proceso países del primer mundo, sino también corporaciones trasnacionales. Cfr.http://newint.org/blog/majority/2011/06/20/africa-water-privatization/.

13 The Financial Times, 25 de agosto de 2005.         [ Links ]

14 SEGERFELDT FREDRIK. Water for Sale: How Business and the Market Can Resolve the World's Water Crisis, Cato Institute, 2005.         [ Links ]

15 Véase http://www.irinnews.org/indepthmain.aspx?InDepthId=13&ReportId=61124.         [ Links ]

16 Numerosas Constituciones y tribunales nacionales comienzan a elaborar un conjunto de principios y decisiones que apoyan el discurso del acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho fundamental a título individual o en conexión con otros derechos.

17 Operational Guidance for World Bank Group Staff, Public and Private Sector Roles in Water Supply and Sanitation Services, abril de 2004, p. 7.

18 En vigor desde 1995. Bajo la definición de servicio prestado en condiciones comerciales, prácticamente todo entra bajo el capítulo del comercio. Recientemente, en la Unión Europea, a través de una iniciativa ciudadana, se ha paralizado un proyecto de directiva dirigido a crear un espacio de circulación a través de la concesión del agua potable; en el continente americano, Canadá se opone a que el agua de sus manantiales sea, en toda circunstancia, objeto de compraventa, lo que ha llevado a una confrontación comercial con empresas estadounidenses.

19 GALIANI, SEBASTIAN et al. "Water for Life: The Impact of the Privatization of Water Services on Child Mortality", en Journal of Political Economy, vol. 113, febrero de 2005, pp. 83-120.         [ Links ]

20 TREN, RICHARD y OKONSKI, KENDRA. "How to Solve the Water Conflict", en Wall Street Journal Asia, 27 de marzo de 2003.         [ Links ]

21 Véase http://tap.waterforpeople.org/usercontent/1/2/229600001/1064/WFP_Private%2BSector%2BRural%2BWater%2BDesk%2BStudy_Full%2BReport.pdf.         [ Links ]

22 OKONSKI, KENDRA. "Is Water a Human Right?", en The New Atlantis, primavera de 2009, p. 63.         [ Links ]

23 En general véase COSGROVE, J. J. History of Sanitation, Standard Sanitary Mfg. Co., Pittsburgh, 1909.         [ Links ]

24 Las conocidas como las triples P, public-private-partnerships. Véase LOBINA, E. y HALL, D. "Public Sector Alternatives to Water Supply and Sewerage Privatization: Case Studies", en International Journal of Water Resources Development, vol. 16, No. 1, 2000, pp. 35-55.         [ Links ]

25 Según analistas políticos, los conflictos tanto internos como internacionales en el siglo XXI se producirán por el acceso al agua. En 1985, el secretario General de Naciones Unidas aventuraba que el próximo conflicto en Oriente Medio sería por motivos hídricos y no por cuestiones políticas. Según estadísticas propias de Naciones Unidas, en la actualidad, 3,000 cuencas hidrográficas son escenarios de conflictos.

26 Es, por ejemplo, el caso de Senegal, que costea los primeros 10,000 litros de agua de todas las familias mensualmente. Esta cantidad se estima suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia media en el país.

27 En Sudáfrica, cuando en el año 2000 el gobierno se vio obligado a acabar con los subsidios del agua, el resultado fue que millones de personas de clases sociales bajas se vieron obligadas a utilizar el agua de los ríos y lagos contaminados, lo que llevó a una grave epidemia de cólera.

28 Véase SINCLAIR, SCOTT. Gats: How the World Trade Organization's New "Services" Negotiations threaten Democracy, Canadian Centre for Policy Alternatives, Ottawa, 2000, disponible en: www.policyalternatives.ca/whatsnew/gatspr.html.         [ Links ]

 

Información sobre el autor

Antonio Muñoz Aunión

Doctor en derecho internacional público por la Universidad Carlos III de Madrid, España; máster en Derecho de la Unión Europea. Miembro de la Red Académica Internacional contra la Pena de Muerte. Profesor invitado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Sus últimas publicaciones son: Monografía sobre asilo en la Unión Europea (Tirant lo Blanch, 2007), Monografía sobre la política migratoria de la Unión Europea (Tirant lo Blanch, 2008), Hacia la abolición universal de la pena capital (coord., Tirant lo Blanch, 2010); Towards universal abolition of the death penalty (Tirant lo Blanch, 2010); Contra el espanto. Por la abolición de la pena de muerte (Tirant lo Blanch, 2012).

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