Introducción

Desde hace varias décadas México se ha ubicado entre los países de América Latina y del mundo con inseguridad alimentaria, debido a la incapacidad de garantizar acceso físico y económico en todo momento a los alimentos de toda su población en cantidad y calidad suficientes, de acuerdo con sus preferencias a fin de llevar una vida activa y sana (^{Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2004}). El problema va asociado a los crecientes niveles de desigualdad y de pobreza (^{Sen, 1981}), como puede colegirse al revisar las estadísticas: el porcentaje de pobreza en 2018 incluyó al 72% de la población mexicana (^{Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México [Evalúa], 2019}).

La situación alimentaria se complicó al estallar la crisis del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Los capitales emigraron hacia mercados más rentables. El capital productivo perdió su atractivo; en su lugar, los capitales liberados se orientaron en grandes magnitudes hacia la compra de contratos a futuro de alimentos básicos (cereales vistos como materias primas: arroz, trigo y maíz), convertidos en commodities entre 2007 y 2012. Ésa fue la llamada financiarización del mercado global de alimentos, que desembocó en una crisis alimentaria (^{Rubio, 2011}) y se conjuntó con la ecológica que ya se venía arrastrando, constituyendo así un escenario de crisis multidimensional mundial.

Ante este panorama se hizo indispensable tomar en cuenta los factores sociales, económicos, político-institucionales, culturales, sanitarios y ambientales en torno al sistema agroalimentario (^{Hernández Moreno, 2012}). De tal modo que uno de los grandes retos para la sociedad actual no sólo consiste en garantizar el abastecimiento de alimentos sino también hacerlo de manera sostenible (^{Fernández y Morán, 2015}), principalmente para las personas en situación vulnerable de zonas urbanas, que es donde se concentra la mayoría de la población.

Se estima que la población urbana en pobreza destina entre el 60 y 80% de sus ingresos a la compra de alimentos, condición que les hace susceptibles a la escalada de precios, entre otros, derivados del aumento en el costo de los combustibles y prácticas monopólicas (^{Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2002}). El acceso a alimentos saludables y culturalmente adecuados, para este grupo, también se ve afectado por ser el último en la cadena de suministros de alimentos y por disponer de opciones de compra limitadas. Situación que los orilla a adquirir productos altamente procesados de menor costo y bajo valor nutricional (^{Boletín Nyéléni, 2012}; ^{Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2002}).

En este contexto, la agricultura urbana se posicionó como pieza importante, tanto para la academia y la sociedad civil como para los gobiernos y organismos multilaterales, no sólo para el logro de la seguridad alimentaria, también por fomentar la capacidad de los habitantes de las ciudades para afrontar desafíos sociales y ambientales (^{Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2010}). Asimismo, por contribuir a la soberanía alimentaria al fomentar la creación y recuperación ciudadana de espacios de convivencia e intercambio de conocimiento que permiten el rescate de tradiciones locales, vinculadas al uso y consumo de plantas.

Ciudades, tanto del norte como del sur reconocen en la agricultura urbana y en particular en la horticultura, un elemento toral en el diseño de estrategias alimentarias integrales. Algunos ejemplos son: Vancouver, Detroit, Baltimore, Londres, París, Rosario, Belo Horizonte y La Habana. En el caso de la Ciudad de México, la agricultura es una actividad de herencia prehispánica que aún se practica de manera comercial en las zonas chinamperas y altas, principalmente del sur de esta ciudad. Datos del Censo Agropecuario revelan la existencia de 31,641.43 hectáreas dedicadas principalmente a la agricultura, distribuidas en las alcaldías catalogadas como rurales: Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco (^{Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2016}).

Por otro lado, en la zona interurbana la urbanización desplazó rápidamente a la agricultura (^{Legorreta, 2006}). Sin embargo, a raíz de la implementación del Programa de Agricultura Urbana, impulsado en 2007 por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) se institucionalizó el desarrollo de dicha actividad en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztapalapa e Iztacalco, consideradas como urbanas de acuerdo con el Gobierno de esta ciudad. Asociado a lo anterior, la tendencia internacional de urbanización sostenible indujo a la Ciudad de México a adherirse en 2015 al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. La firma de dicho instrumento internacional trajo consigo una serie de compromisos que derivaron en la creación del Sistema de Sustentabilidad Alimentaria, del que forma parte la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México (LHU o Ley de Huertos Urbanos) promulgada en 2017.

Cabe señalar que la Ley de Huertos Urbanos no ha tenido mucha difusión; aunado a esto, los cambios en la estructura de la administración pública, tal como la disolución de Sederec para dar paso a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades de Indígenas Residentes (SEPI) generó cierta incertidumbre entre huerteros y miembros de la sociedad civil. Si bien SEPI cuenta con acciones enfocadas en la promoción de los huertos urbanos, éstas se encuentran dirigidas a la población indígena y a zonas rurales, lo cual no es de cuestionarse, dado que es un tema que también requiere de atención y presupuesto, pero deja fuera el componente de agricultura urbana dirigido a las alcaldías urbanas que existía en Sederec.

De acuerdo con la Ley de Huertos Urbanos, la responsabilidad de fomentar los huertos urbanos también recae en las alcaldías. Algunas de ellas con huertos y programas de capacitación activos desde hace varios años que han sido adoptados por ciudadanos de distintas edades y estratos socioeconómicos. Sin embargo, la relevancia y función que tienen o deberían tener los huertos como espacios y la agricultura urbana como actividad, es cuestionada tanto por funcionarios como por la ciudadanía, dado que para la mayoría del primer grupo deberían tener una función marcadamente ambiental y, por el contrario, responden más a la recreación e incluso para algunos ciudadanos no representa más que una moda dirigida a personas con cierto poder adquisitivo. En parte este cuestionamiento se deriva de una participación mayoritaria de adultos mayores, así como por el auge de estos espacios en colonias de estratos socioeconómicos medios y altos. Pero también porque para algunos la disponibilidad y el acceso a alimentos no se encuentran comprometidos, al tener gran número de mercados, tianguis, tiendas de autoservicio, que brindan productos con precios más accesibles.

Entonces, ¿cuál es la función que tienen los huertos urbanos para destinar presupuesto y crear instrumentos legales a favor de ellos en la Ciudad de México?

El objetivo de este trabajo es indagar sobre las funciones que estos espacios tienen para funcionarios y usuarios. Para identificar las distintas funciones se tomaron como concepto guía: función y multifuncionalidad, a través de los cuales se busca identificar las funciones ambientales, económicas y socioculturales de los huertos urbanos. Para tal efecto se realizó un estudio de tipo cualitativo, la información se recabó a través de entrevistas abiertas y semiestructuradas, así como con la revisión de documentos oficiales e instrumentos jurídicos.

La revisión y los hallazgos derivados se organizaron en seis apartados. En el primero se expone una reseña sobre las funciones de los huertos urbanos con base en estudios de caso localizados en diversas latitudes y que a la postre llevan a plantear la necesidad de una transición de consumidores responsables a ciudadanos alimentarios para comenzar a generar cambios en el sistema agroalimentario. El segundo refiere a la metodología, donde se abordan los conceptos de función y multifuncionalidad. El tercero relata los elementos básicos de la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México (LHU). En el cuarto se describen los huertos urbanos administrados por las alcaldías intraurbanas Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por ser las que durante el periodo de trabajo de campo contaban con espacios activos abiertos al público y mostraron tener los programas más sólidos en esta área. En el quinto se hace un recuento de las funciones reconocidas por funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, alcaldías y usuarios de los huertos urbanos. Finalmente concluimos que, si bien la LHU visibiliza la importancia que guardan los huertos urbanos en cuanto a las mencionadas funciones, existe una tendencia de algunos funcionarios públicos a privilegiar las ambientales, mientras que para los usuarios son las socioculturales las más relevantes.

Funciones ambientales, culturales, económicas y sociales de la agricultura urbana

La agricultura urbana es un término que refiere al cultivo de hortalizas, árboles frutales, acuacultura y cría de animales, así como a su transformación y comercialización en productos comestibles y no comestibles (^{Dieleman, 2017}; ^{Gallaher y Njenga, 2014}; ^{Losada et al., 1998}; ^{Mougeot, 2001}). En torno a este conjunto de actividades se ponen en movimiento actores y recursos diversos que integran cadenas cortas agroalimentarias en zonas intraurbanas, suburbanas y periurbanas capaces de complementar el suministro de alimentos provenientes de los centros rurales de producción (^{Mougeot, 2001}).

Pese a que la urbanización e industrialización desplazó a la agricultura de los asentamientos humanos conforme éstos se configuraban en ciudades modernas y grandes urbes, tanto en el norte como en el sur global la agricultura urbana se mantuvo presente como estrategia alimentaria eficaz, sobre todo en tiempos de crisis. Proyectos como Potato Patch implementado en la ciudad de Detroit tras la crisis de 1893 (^{Walker, 2016}) o los Victory Garden de Inglaterra y Estados Unidos en tiempos de guerra (^{Obama, 2012}) dan evidencia de ello.

En Latinoamérica y el Caribe varias son las ciudades que han fomentado o reforzado programas de agricultura urbana en las últimas décadas. El caso más icónico es el cubano, que, como respuesta al embargo comercial el Gobierno instrumentó diversas acciones para fomentar los huertos urbanos en La Habana, aunque paulatinamente la práctica se hizo extensiva a distintas localidades de la isla y otras regiones que importaron la organoponía como método de cultivo (^{Campos, 2017}). Otros ejemplos, no menos importantes, son Belo Horizonte, que en 2014 logró que la tercera parte de los alimentos utilizados anualmente en los almuerzos del Programa Alimentación Escolar fueran adquiridos a familias de agricultores urbanos. Regresando al Caribe, en Antigua y Barbuda los cultivos urbanos ayudaron a que las familias afectadas por la recesión y los estragos del huracán Omar, ocurrido en 2008, tuvieran acceso a alimentos y recursos por venta de excedentes (^{Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2014}).

Pero más allá del énfasis que tiende a ponerse en la contribución de la agricultura urbana a la economía familiar y a la seguridad alimentaria desde la academia y las políticas públicas, actores involucrados en esta práctica reconocen también las funciones ecológica, social y cultural a la vida cotidiana (^{Dieleman, 2017}; ^{Gray et al., 2020}; ^{Mougeot, 2001}; ^{Olsson, 2016}). Por ejemplo: reducción en el uso de agroquímicos, estrechamiento de lazos comunitarios e intercambio de conocimientos (^{Olsson, 2016}).

Desde la dimensión ecológica, la crisis del cambio climático propició que la agricultura adquiriera relevancia en las políticas públicas urbanas como elemento fundamental en la construcción de modelos de ciudades basadas en la sustentabilidad urbana. La idea central en esta tendencia es dejar de lado la visión tradicional de las ciudades como centros consumidores de recursos y generadores de contaminantes (^{Affolderbach y Schulz, 2017}; ^{Toledo, 2019}). Dentro de este esquema, la primera característica que se resalta del cultivo urbano es su imbricación en cadenas cortas agroalimentarias de distribución y, por lo tanto, su contribución a la disminución en el uso de combustibles fósiles para el transporte de alimentos (^{City of Vancouver, 2013}; ^{Mougeot, 2001}; ^{Wiskerke, 2015}).

Asimismo, dada la tendencia urbana a cultivar bajo técnicas agroecológicas y orgánicas, es habitual encontrar el uso de material reciclado, aprovechamiento de agua pluvial, procesamiento de composta y la aplicación de fertilizantes orgánicos elaborados por los mismos horticultores. En su conjunto estas acciones contribuyen a incrementar la biodiversidad vegetal, así como la proliferación de microorganismos benéficos para el suelo, insectos, aves y otros animales (^{Gallaher y Njenga, 2014}; ^{Mougeot, 2001}).

En cuanto a las dimensiones social y cultural, es importante mencionar la diversidad de formas en que las personas se organizan y conviven en el proceso de cultivar. Una de esas clasificaciones es la propuesta por ^{Pourias, Aubry y Duchemin (2016)}, quienes describen cuatro tipos de huertos: 1. Huertos comunitarios, espacios vecinales donde cada individuo cultiva y consume su propia cosecha; 2. Huertos colectivos, agrupación de varios pequeños jardines en donde el conjunto de huerteros asume la responsabilidad, dirigidos por lo general por un encargado de huerto; 3. Huertos familiares, aquellos espacios que son cuidados por familias, pero comparten la gestión general del jardín; 4. Huertos compartidos, parcelas compartidas por un grupo de ciudadanos, generalmente personas que viven en las cercanías. Si bien la tipificación se realizó a partir de estudios en huertos urbanos en Montreal y París, ello sirve de guía para clasificar las dinámicas de huertos en ciudades de otras latitudes.

Estas formas de organización en torno al cultivo de alimentos tienen la capacidad de detonar la convivencia entre personas que, si bien comparten un interés en común, poseen conocimientos y experiencias de vida distintas que incentivan el aprendizaje de las ciencias, la formación en valores, el trabajo en equipo y revalorizan el trabajo manual (^{Bellenda et al., 2019}). Tal como lo mencionan ^{Bellenda et al. (2019: 25)}: “aporta al rescate de saberes de abuelos y padres, favoreciendo vínculos familiares a partir de una tarea compartida”.

En particular, ^{Fernández y Morán (2015)} enfatizan la importancia de los huertos comunitarios como espacios para la sensibilización ciudadana y como detonantes de procesos de cooperación alternativos, aunque bien se pueden incluir los otros tipos planteados por ^{Pourias et al. (2016)}. Esto, debido a que contribuyen a la creación y recuperación ciudadana de espacios de convivencia e intercambio de conocimiento que permiten el rescate de tradiciones locales, como el uso de técnicas de cultivo ancestrales o el conocimiento sobre plantas medicinales. A través de estas acciones las personas refuerzan su derecho a decidir sobre lo que comen, a proteger semillas y a conservar la biodiversidad y podría decirse que también a definir sus niveles de autosuficiencia, es decir a la soberanía alimentaria (^{Boletín Nyéléni, 2012}).

En este sentido, un elemento destacable es que dentro de los planteamientos de gobiernos y organismos internacionales la seguridad alimentaria se ha convertido en un concepto obligado, que refiere a garantizar el acceso y disponibilidad de alimentos saludables y adecuados a todas las personas. Por el contrario, la soberanía alimentaria no muestra una presencia generalizada en las políticas públicas o programas alimentarios de alcance internacional, es la sociedad civil y la academia quienes desde que la idea de soberanía alimentaria fue propuesta por Vía Campesina en 1996 en el marco de su II Reunión Internacional en Tlaxcala, México, han buscado introducirlo en la agenda pública. El concepto de soberanía alimentaria ha sido afinado desde entonces por esta organización junto a otras del sector de la sociedad civil, para lo que se puede precisar como una forma de vida, un conjunto de derechos que deben ser asumidos por Estados comprometidos a modificar las condiciones de inequidad a través de políticas autónomas de los mercados externos y garantizar que la producción alimentaria campesina, pesquera y pastoril sean la base del comercio local y nacional para que junto con los consumidores construyan un nuevo régimen alimentario (^{Comisión Internacional de Dirección de Nyéléni, 2007}).

Otra aportación importante desde la soberanía alimentaria es la consideración del territorio y su gestión para acceder a la tierra y sus elementos naturales y culturales, aunado a la práctica agroecológica que reúne saberes tradicionales y científicos con respeto al medio natural (^{Heinisch, 2013}). Estos planteamientos por supuesto aluden al derecho a la alimentación que implica, además de tener acceso y disponibilidad a la comida, también a tierra, agua y semillas para que las personas tengan la opción de producir su propio alimento (^{De Schutter, s/f}).

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir una relación de corresponsabilidad entre productores y consumidores que transciende la mera obtención de información; por ejemplo, sobre el contenido nutrimental o formas de producción y un eventual cambio de hábito de consumo. Tal como expone ^{Montagut (2013)}, los hábitos de consumo resultan una herramienta limitada para el cambio en el sistema, debido a que el consumo no es mecanismo de elección democrático, es decir, un pequeño grupo de personas tiene muchos votos y los demás pocos o ninguno. Es necesario, entonces, impulsar cambios en las instituciones y para ello se requieren más que acciones aisladas de productores o de consumidores responsables, se necesita la conjunción de campesinas, campesinos, pequeñas y pequeños productores con ciudadanas y ciudadanos alimentarios, en particular con las y los urbanos, dado que son las ciudades los espacios en donde se realizan los mayores actos de consumo (^{Calle, Soler, Vara y Gallar, 2012}).

Al respecto, ^{Valley y Wittman (2019)} sugieren que la agricultura urbana tiene el potencial de vincular a los ciudadanos urbanos con el sistema alimentario en sentido amplio, es decir, que más allá de ser una estrategia individual, tiende a desarrollar de manera colectiva el crear y apoyar sistemas alimentarios sostenibles. En lo que se refiere al ciudadano alimentario, además de las prácticas individuales, también participa en acciones colectivas y busca formar parte de la gobernanza de los asuntos alimentarios, es decir transitan del mero consumo a imbricarse en el sistema agroalimentario (^{Polson Institute for Global Development, 2003}). Como menciona Michael Ableman: “La revolución silenciosa que está agitando nuestros sistemas alimentarios. No está sucediendo en las granjas distantes que proveen de alimentos a la mayoría de nosotros; está pasando en las ciudades, vecindarios y en pequeñas ciudades” (^{Dieleman, 2017: 156}).

En adición, ^{Lyson (2005)} argumenta que es a través de estas formas de cultivar y comercializar que se espera labrar un sentido de lealtad a los límites y capacidades de la agricultura que permitan el desarrollo de una ciudadanía alimentaria. Es decir, la participación basada en el ejercicio de derechos y responsabilidades de los ciudadanos en el sistema agroalimentario, en vez de aceptar un papel de consumidores pasivos.

En resumen, la agricultura urbana tiene el potencial para generar transición de los consumidores responsables a ciudadanos alimentarios; sin embargo, para que ésta se detone es necesario fomentar el desarrollo de las dimensiones ambiental, social, económica y cultural, es decir impulsar a la agricultura urbana como una actividad multifuncional.

Estrategia metodológica

El presente artículo tiene como punto de partida los conceptos de función y multifuncionalidad. El primero entendido como “la provisión de bienes y servicios que satisfacen las necesidades o demandas de la sociedad” (^{Pourias et al., 2016: 258}). El segundo, en consecuencia, definido como la interacción o complementariedad de funciones que pueden o no desarrollarse de manera intencional, con efectos positivos o negativos para la comunidad y sus habitantes (^{Olsson, 2016}).

Para identificar las distintas funciones y su complementariedad, se consideró el planteamiento hecho por ^{Lovell y Taylor (2013)} que visualiza a la multifuncionalidad como herramienta indispensable para la transformación de las dimensiones sociales y ecológicas del sistema, en beneficio de las personas y el ambiente. Con base en esta afirmación, los autores proponen integrar a la planeación urbana el paisaje multifuncional compuesto por tres dimensiones: funciones culturales, de producción y ecológicas. Dentro de dicho planteamiento estas tres dimensiones son empatadas por los autores con los pilares de la sustentabilidad, de tal modo que la dimensión relativa a las funciones culturales representa al pilar social de la sostenibilidad, las funciones de producción al de la económica y las funciones ecológicas al ambiental.

Abordar esta clasificación es importante debido a que es la base de la categorización que permitió identificar distintas funciones en los huertos estudiados en la Ciudad de México. Cabe señalar que estos elementos fueron utilizados por otros autores en casos de estudio similares. El más ilustrativo, para esta investigación, es el realizado por ^{Olsson (2016)}, quien divide las funciones en dos grupos: socioeconómicas y urbano-ambientales. La primera engloba beneficios sociales, económicos y culturales, mientras la segunda aquéllos vinculados a la planeación urbana, entre los que se encuentran: seguridad alimentaria y nutricional y generación de ingresos; salud y bienestar; interacciones sociales y cohesión comunitaria. La ambiental-urbana refiere al reverdecimiento de los vecindarios y mejoramiento de la seguridad; clima, biodiversidad y manejo de desechos. Es importante señalar que la presencia de una determinada función dependerá del contexto específico en el que cada huerto urbano se desarrolla (^{Olsson, 2016}).

Con base en estas propuestas, así como en los hallazgos de trabajo de campo y los principios expuestos en la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, abordados en el siguiente apartado, se consideró lo más adecuado para el presente estudio la siguiente categorización: funciones ambientales, funciones económicas y funciones socioculturales.

En lo que respecta a las estrategias de campo, previo a la recolección de información se realizó una delimitación del área geográfica. Se tomó como referente la distinción que el Gobierno de la Ciudad de México hace entre alcaldías rurales y urbanas. Dentro del primer grupo se encuentran: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En el segundo: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza (^{Gobierno del Distrito Federal, 2010}; ^{SEPI, 2018}). Este último grupo de alcaldías es el que se tomó en cuenta para este estudio y que coincide con la categoría interurbana (^{Dieleman, 2017}), comprende la zona centro de la ciudad y las alcaldías circundantes. Esta zona es donde la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México tiene mayor impacto al promover la agricultura en espacios donde la horticultura es incipiente, en parte por los procesos de urbanización. También porque para cubrir las demandas alimenticias de sus habitantes se requiere forzosamente de suministros provenientes, ya sea de lugares cercanos como las alcaldías rurales o área conurbada, así como de otros estados o del exterior del país (^{Ávila-Sánchez, 2019}; ^{Dieleman, 2017}; ^{Mougeot, 2001}).

Cabe reiterar que el interés en realizar esta investigación surgió de la promulgación de la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México derivada de la firma del Pacto de Milán, que compromete a los gobiernos locales a diseñar e implementar políticas alimentarias locales integrales basadas en la sostenibilidad. Motivo por el cual se tomaron como casos de estudio aquellos huertos administrados por alcaldías urbanas de la Ciudad de México.

Una vez delimitada el área de estudio, la recopilación de información se llevó a cabo a partir de la construcción y aplicación de guiones de entrevistas semiestructuradas a funcionarios responsables de huertos urbanos de las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, así como a miembros de organizaciones de la sociedad civil (OSC). En total se entrevistó a nueve funcionarios públicos, cuatro miembros de osc y a 12 usuarios de huertos urbanos de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, esto debido a que entre febrero y octubre de 2019, periodo cuando se llevó a cabo el trabajo de campo, eran las únicas demarcaciones urbanas que contaban con huertos urbanos colectivos o comunitarios activos. También se hizo observación participante y no participante en talleres y eventos convocados por instancias gubernamentales y asociaciones civiles. Cabe señalar que debido a la contingencia sanitaria se llevó a cabo una actualización de información en octubre de 2020 a través de llamadas telefónicas a dos actores clave: uno vinculado a la alcaldía Cuauhtémoc y el segundo a la Miguel Hidalgo.

Para la realización de las entrevistas y aplicación de cuestionarios se contactó a las áreas correspondientes en cada alcaldía y se realizó una petición por escrito para el acceso a los espacios y permiso para solicitar las entrevistas a responsables de los huertos y usuarios. A los encargados y encargadas de los huertos urbanos se les explicó en lo que consistía el proyecto, al igual que a los usuarios. Cabe señalar que este artículo se deriva del proyecto posdoctoral titulado “Construcción de ciudadanía alimentaria a partir de la implementación de huertos urbanos como política pública en la Ciudad de México”, apoyado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM (DGAPA). Dentro de los guiones de entrevista, uno de los bloques de preguntas estuvo dedicado a indagar las funciones que los entrevistados les atribuyen a los huertos urbanos. En particular, a los usuarios se les preguntó sobre los motivos para realizar dicha actividad y de qué manera influyó en su vida.

En cuanto al resto de las alcaldías urbanas, Iztapalapa e Iztacalco no respondieron a la solicitud de entrevista y en Benito Juárez funcionarios de distintas áreas manifestaron no tener programas sobre huertos urbanos. En el caso de Azcapotzalco, el espacio es cuidado por personal de la alcaldía y funge como centro ambiental demostrativo.

Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16 sobre ordenamiento territorial, inciso D, reconoce la obligación del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías a formular y fomentar programas de agricultura urbana. En tanto que la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México es el instrumento legal, encargado de establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas para la formulación de políticas públicas orientadas a la mitigación ambiental y seguridad alimentaria a través de la creación, mantenimiento y explotación de huertos urbanos. En ella se estipula el derecho de los habitantes de la Ciudad de México a contar con un huerto urbano y le confiere la obligación de aplicar sus preceptos a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (ya extinta), Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, así como órganos político-administrativos (Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México, 2017).

Dentro de la citada Ley de Huertos Urbanos, un huerto urbano se define como:

[…] todo aquel espacio que se encuentra en el territorio urbano destinado al cultivo y producción de alimentos, el cual se puede llevar a cabo tanto en tierra firme o en espacios que se encuentran en el territorio urbano destinado al cultivo y producción de alimentos, el cual se puede llevar a cabo tanto en tierra firme o en espacios alternativos como recipientes, materiales de reciclaje, esquineros, entre otros (art. 4, Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México, 2017).

En cuanto a las formas de organización, la Ley reconoce tres tipos: 1. Huertos urbanos públicos, aquellos que se encuentran en terrenos de dominio público y son administrados por entes gubernamentales; 2. Huertos públicos al servicio de particulares, se da por la cesión de derechos de un espacio hortícola ya sea a personas físicas u organizaciones sociales; 3. Huertos privados, refieren a los huertos en propiedad privada mantenidos, ya sea por una persona o grupo, es decir son aquellos que cualquier ciudadano puede tener en un espacio del cual acredite su propiedad o existe un arreglo para el uso del espacio (Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México, 2017).

También establece que las actividades realizadas por las instancias rectoras, individuos y organizaciones deberán apegarse a los 16 principios expuestos en el artículo 5°. En apego a la Ley los distintos huertos establecidos en la Ciudad de México deberían cumplir con estos principios, por lo que para efectos de esta investigación servirán de guía para identificar las funciones ambientales, económicas y socioculturales de los huertos urbanos contemplados en el estudio, descritos en el siguiente apartado (tabla 2).

Huertos urbanos administrados por alcaldías de la Ciudad de México

La sociedad civil capitalina ha emprendido grandes esfuerzos en la fundación, administración y mantenimiento de huertos. Ejemplo de ellos son: Huerto Tlatelolco, Huerto Roma Verde, Huerto la Romita, el Predio el Molinito o Huerto San Miguel, los dos últimos ubicados en Iztapalapa. No obstante, teniendo en cuenta que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de la Huertos Urbanos de la Ciudad de México dictan que las alcaldías tienen corresponsabilidad en el fomento de los huertos urbanos, se tomaron como referencia las alcaldías con huertos urbanos activos, de manera específica: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, los cuales han tenido una menor exposición en comparación con algunos de los antes mencionados.

Funciones de los huertos urbanos en la Ciudad de México

A diferencia de otras ciudades como Baltimore, Vancouver o Belo Horizonte, la Ciudad de México no cuenta con una estrategia alimentaría integral que incorpore a los huertos urbanos. Incluso, varios de los funcionarios entrevistados coinciden en que los huertos urbanos en la zona intraurbana de la Ciudad de México no tienen como objetivo complementar las fuentes rurales y externas de alimentos, dado que los espacios para cultivar son casi inexistentes, o bien se duda de su inocuidad debido a la contaminación del agua, aire y suelos. Además, comentan que la ciudad cuenta con diversos establecimientos formales e informales para adquirir alimentos frescos, a buen precio. De tal modo que la gente prefiere comprar que cultivar, o bien pagar un precio más bajo. Entonces, ¿cuál es la función principal de los huertos urbanos en la Ciudad de México?

Si se observa desde el punto de vista institucional, el lugar que ocupan en la estructura organizativa nos puede dar un indicio para responder la interrogante planteada. Por ejemplo, en las alcaldías Azcapotzalco y Cuauhtémoc las funciones ambientales son la pieza clave. Mientras que en Miguel Hidalgo, si bien se encuentra presente el elemento ambiental, sobre todo a través del cuidado a los polinizadores y a la biodiversidad, las funciones socioculturales son de suma importancia.

En el resto de las alcaldías, pese a no tener espacios activos, el tema de huertos o agricultura urbana se encuentra inscrito en las respectivas áreas de sustentabilidad. Cabe señalar que la incorporación de la sustentabilidad como eje de trabajo en las alcaldías es reciente, y se adoptó por distintas áreas administrativas según la demarcación. Así, mientras Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero lo integraron en la Dirección General de Servicios Urbanos, en Coyoacán, Iztapalapa e Iztacalco lo hicieron en su respectiva Dirección de Desarrollo Sustentable. En las alcaldías del primer grupo se observó una tendencia a privilegiar el cuidado del medio ambiente a través de los huertos urbanos, esto no quiere decir que las dimensiones económicas y socioculturales no se encuentren presentes. Sin embargo, en el discurso de los encargados de las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero se resaltan elementos de la dimensión ambiental. Por otro lado, en la alcaldía de Coyoacán se observó que tanto en el discurso del responsable del área como en la práctica los huertos urbanos se integran por elementos de las dimensiones económicas y socioculturales.

Desde la perspectiva de los usuarios y hortelanos, las funciones socioculturales y económicas son muy importantes. Si bien el tema no alcanza el grado de relevancia que tuvieron los huertos comunitarios en Detroit como forma de resistencia y afirmación de la cultura afroamericana (^{White, 2011}), en la Ciudad de México, desde lo privado, varias familias migrantes tanto nacionales como extranjeras, de distintos estratos socioeconómicos, tienen en sus casas camas o mesas de cultivo que les permiten tener algunas hierbas y vegetales que los mantienen en contacto con el terruño. De tal modo que una alcaldía cuente tanto con espacios de cultivo como con programas de apoyo a esta actividad, genera en los ciudadanos el interés por establecer su propio huerto al sentirse apoyados al momento de tener alguna complicación con sus plantas. No menos importante es el intercambio de conocimientos, tanto agronómicos como culturales.

En cuanto a la función económica, la venta para el consumo casero y comercial, es decir a restaurantes, está tomando fuerza a través de tianguis semanales especializados y entregas semanales o quincenales de canasta con vegetales, frutas y hierbas aromáticas de temporada. Si bien la mayor parte de estos cultivos provienen de las zonas suburbana y periurbana y en una menor cantidad de la interurbana, existe una crítica generalizada hacia su accesibilidad, debido al precio más alto en comparación con los productos que se encuentran en los distintos puntos de venta formales e informales.

En este sentido, ^{Valley y Wittman (2019} cuestionan que si teniendo en cuenta los recursos limitados de los gobiernos locales, éstos se deben de invertir en el fomento de una actividad, en la que agua y suelo como elementos básicos para su desarrollo son escasos y se encuentran envueltos en amplios intereses económicos y políticos (^{Romero-Magallán, 2018}). Tal como menciona un estudiante de Univi, “tan sólo con el agua que usa para regar […] es más económico comprar en el tianguis o el mercado; si llegan a quitar la tarifa preferencial para adultos mayores, dejaré de cultivar” (^{alumno S del Huerto Univi, entrevista, el 14 de junio de 2019}). Sin embargo, tanto él como otros alumnos y usuarios de otros huertos urbanos reconocen que su interés sobre el sistema alimentario ha aumentado a raíz de su participación en talleres y como voluntarios; ahora se cuestionan el desperdicio, la calidad nutricional, el sabor e inocuidad de los alimentos que se ofertan en los supermercados y las injusticias hacia los campesinos.

Entonces, más que preguntar si los huertos urbanos pueden alimentar a toda la ciudad, a lo que la mayoría de los entrevistados respondió que no, sobre todo sin políticas de ordenamiento urbano claras hacia el uso de terrenos vacantes e implementación extensiva de tecnologías de aprovechamiento de agua pluvial, la discusión debería girar en torno a cómo es que se alimenta la ciudad. Según ^{Valley y Wittman (2019)}, desde esta perspectiva es más fácil reconocer los aportes a la concientización sobre los efectos del sistema agroalimentario globalizado y en consecuencia fomentar acciones encaminadas al logro de la soberanía alimentaria (^{Boletín Nyéléni, 2012}) y resiliencia (^{Fernández y Morán, 2015}). Lo anterior implica dar un paso más allá de las acciones individuales; por ejemplo, consumir productos saludables y comenzar a tomar en cuenta las consecuencias ambientales, económicas, culturales, políticas y sociales de las prácticas actuales de producción y consumo de alimentos para el grueso de la población.

Tal como menciona un funcionario, “el aprender a cultivar es prepararnos y hacernos responsables de la situación actual” (^{Funcionario AC, entrevista, el 9 de agosto de 2019}). Esta frase detona la discusión sobre la presión ambiental para lograr la seguridad alimentaria en las ciudades, sin dejar de lado la crisis sanitaria mundial actual que ha puesto de manifiesto la importancia de las cadenas cortas de comercialización agroalimentaria y el cultivo de alimentos a nivel familiar.

Esta última mención se deja ver en el incremento en la compra de plántulas comestibles en colonias del área intraurbana de la ciudad. Este creciente interés por el cultivo de traspatio en parte se debe al mayor tiempo de que disponen las personas que tienen oportunidad de trabajar en casa, para dedicarlo a esta actividad, a la vez que resulta terapéutico por estar en contacto con algo vivo. Por supuesto que la difusión sobre enfermedades crónicas vinculadas a la nutrición y su relación con una mayor probabilidad de desarrollar síntomas graves de Covid-19 también han dado pie a un mayor consumo de vegetales y una mayor preocupación por tener certidumbre sobre de dónde provienen los alimentos que se consumen (productor de plántula en Xochimilco, ^{comunicación personal, el 12 de agosto de 2020}).

Conclusiones

Podemos considerar a los huertos urbanos, en tanto espacios apropiados por una parte de la población de la Ciudad de México, como territorios identitarios que brindan pertenencia, generan solidaridad, compartición y reconocimiento de saberes en torno a la producción de alimentos sanos, valoración del saber hacer campesino agroecológico, contribución a la biodiversidad y a la soberanía alimentaria local; puede ser también una forma de ganarse la vida de jóvenes y adultos mayores, así como de enfrentar localmente las crisis alimentarias que siguen amenazando al planeta.

Sin embargo, a dos años del arranque de la actual administración local, en la Ciudad de México no parece clara la línea que se seguirá en materia de huertos urbanos. Lo que sí queda claro es que ante los compromisos adquiridos por la CDMX en relación con la Agenda 2030 y de manera específica en lo que se refiere al cambio climático, política alimentaria urbana y sustentabilidad, urge emprender acciones contundentes.

Para comenzar, es necesario legislar a favor de un reglamento de la Ley de Huertos Urbanos en el que se establezcan lineamientos claros y acciones mínimas para las alcaldías. A fin de asegurar espacios o superficies que cuenten con la posibilidad de desarrollar los huertos y que tengan la certeza de que el hecho será de largo plazo. Aunado a lo anterior, es imprescindible que más funcionarios reconozcan y fomenten los huertos urbanos como estrategia integral que permite a la ciudad adquirir conciencia sobre el actual sistema agroalimentario, así como los efectos del cambio climático y la relación que éstos guardan con la seguridad y la soberanía alimentaria.

Por supuesto también es importante considerar las experiencias que la academia, sociedad civil y ciudadanía están generando, sin duda estos actores han desarrollado desde hace varios años proyectos y esfuerzos en torno a la agricultura urbana. Pero sobre todo es imprescindible la sinergia de estos actores para lograr un cambio que trascienda del espacio privado al público, en particular en el contexto de la actual pandemia que ha puesto de manifiesto la necesidad de cambio de hábitos e incluso, para muchos, la urgencia de transformar el actual sistema agroalimentario y el papel que las ciudades tienen dentro de éste.

Ante la pregunta inicial del texto sobre cuáles necesidades cumplen los huertos urbanos en la Ciudad de México que ameriten una partida del presupuesto público de la ciudad y la reglamentación de la Ley de Huertos Urbanos, la investigación de campo y las referencias teóricas nos dan las respuestas. Los huertos urbanos implican multifuncionalidad, es decir, la interacción de funciones (Purías, et al., 2016: 258; ^{Olson, 2016}), en este caso, de efectos positivos en las comunidades, de acuerdo con los testimonios ya expuestos en el documento. La multifuncionalidad de los huertos urbanos estudiados satisface necesidades económico-sociales y culturales, así como ambientales, a pesar de la inclinación prioritaria enfocada por quienes dirigen las instancias gubernamentales. Lo cierto es que las actividades desarrolladas en los huertos están comprometidas al menos con siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Agenda 2030 del Milenio acordados por la Organización de Naciones Unidas (^{ONU, 2015}) y con la cual se comprometió México, y en particular la Ciudad de México, en 2015. Entre los siete objetivos involucrados están: hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, ciudades sostenibles, producción y consumo responsable, acción para el clima y vida de ecosistemas sostenibles. Lo anterior muestra la pertinencia, no únicamente de mantener los huertos urbanos existentes en la ciudad, sino de construir nuevas experiencias en otras alcaldías involucrando a la población, así como apoyar los esfuerzos ciudadanos independientes.