INTRODUCCIÓN

La construcción de una política pública es guiada por intereses y objetivos específicos en los que se solapan las condiciones relativas al surgimiento, tratamiento y resolución de la demanda o problema social que pretende intervenir. Las políticas sociales, en tanto políticas públicas, se ligan a un proyecto político determinado, en el marco de un sistema político-administrativo que responde al sistema de acumulación (^{Oszlak y O’Donnell, 1976}). Entonces, el desarrollo de las políticas públicas se contextualiza en un régimen social de acumulación y en un régimen político que comprende a las instituciones y los procesos gubernamentales y no gubernamentales que constituyen y ejercen la dominación política de la sociedad (^{Scribano y De Sena, 2013}).

Las y los técnicos y profesionales de la gestión pública realizan prácticas del saber-hacer en las que se ha configurado una conciencia práctica (^{Giddens, 1998}) que cristaliza a la estructura social en la que se despliegan sus intervenciones. Las trayectorias laborales de los agentes del Estado han sido atravesadas por procesos de descentralización y desburocratización que reconfiguraron los modos de trabajo con medidas de privatización estatal, implementación de proyectos de intervención con organizaciones de la sociedad civil y articulación con organismos de crédito internacional. Por ello, la indagación sobre las vivencialidades de la gestión pública busca comprender la lógica recursiva entre la implementación de las políticas sociales y la estructura social (^{Esping Andersen, 2000}; ^{Adelantado et al., 2000}).

De acuerdo con ^{Adelantado et al. (2000)}, la recursividad de la estructura social implica que esta actúa sobre sí misma mediante las políticas sociales. Es decir, la interacción recurrente entre las políticas sociales y la estructura social se refiere a una influencia recíproca en la cual las desigualdades sociales se constituyen y regulan mediante la política social, más allá d ellos condicionantes estructurales y dinámicos que inciden en estas últimas. De esta forma, los modos de vivenciar la intervención alimentaria que experimentan los técnicos y profesionales que diseñan y gestionan los programas no implican estados íntimos e individuales, sino que constituyen el resultado de la interacción en el contexto social. Los cuerpos-emociones de las personas que implementan los programas alimentarios están situadas socialmente y en relación intersubjetiva y estructural con los otros (^{De Sena, 2016}).

La implementación de programas alimentarios se vincula con la experiencia acumulada de sus ejecutores en tanto que esa puesta en marcha del programa implica variabilidad en su aplicación y tensiones en su ejecución (^{Zavala-Villalón et al., 2020}).

Este trabajo pretende observar lo que realmente sucede en la implementación de los programas sociales, tomando distancia de los diseños, mediante un análisis de abajo hacia arriba (^{Elmore, 1979}; ^{Barrett, 2004}). El texto se enfoca en quienes constituyen a las burocracias y cómo despliegan los procesos de toma de decisiones en múltiples niveles (^{Sabatier, 1991}), considerando el desempeño de los burócratas al nivel de la calle (^{Lipsky, 2010}; ^{Perelmiter, 2016}; ^{Lotta, 2019}).

En esta investigación se pondrán en diálogo a las intervenciones alimentarias con las experiencias de implementación de programas alimentarios para observar las prácticas burocráticas, las percepciones, los esquemas de (di)visión del mundo (sensu Bourdieu) y las sensibilidades que cada contexto social moldea en quienes desempeñan la tarea. El ejercicio de la gestión pública implica una definición de sí mismo/a y de los/as otros/as para los y las agentes del Estado. De esta manera, la intervención implica una complejidad y multiplicidad de actores que resignifican y le dan sentido a las prácticas que se enmarcan en los objetivos de los programas alimentarios en los que trabajan. Desde esta lectura sociológica, el fenómeno de la cuestión alimentaria y la integración social trasciende la materialidad de la prestación y su contenido nutricional porque cristaliza un proceso sociohistórico sobre la distribución desigual de las energías y la regulación del orden social (^{Cervio, 2019}) que atraviesa, desde hace décadas, las experiencias de trabajo cotidianas.

El objetivo de este estudio es identificar las emociones asociadas a los procesos de gestión e implementación de programas alimentarios en técnicos/as y profesionales de la gestión nacional, provincial y municipal entre 1983 y 2020. Ello también implica indagar los mecanismos de soportabilidad social que se despliegan en dichos contextos. El trabajo de investigación se realizó en el Partido de General Pueyrredón (PGP), el tercer aglomerado urbano con mayor población de la Provincia de Buenos Aires (^{DESD, 2016}) que desde los años ochenta presenta un crecimiento en la población con necesidades básicas insatisfechas (^{Núñez, 2000}). En este distrito se registró la implementación de veintiocho programas alimentarios consecutivos, simultáneos, de distintas jurisdicciones gubernamentales y focalizados en la pobreza.

La estrategia argumentativa es la siguiente: a) se describe el marco de referencia para abordar el análisis sociológico sobre la gestión pública; b) se recuperan los antecedentes para el estudio de las políticas sociales desde la sociología del cuerpo/emociones; c) se detalla el recorrido metodológico; d) se analizan las emociones de técnicos y profesionales que se desempeñan en la gestión de programas alimentarios entre 1983 y 2020 en el PGP; e) se abordan los mecanismos de soportabilidad social que se despliegan en el contexto de gestión de dichas intervenciones; y, finalmente, f) se esbozan las consideraciones finales.

SOBRE LA PRÁCTICA DEL “HACER POLÍTICAS PÚBLICAS”

El diseño, gestión e implementación de políticas públicas implican una atribución normativa y ejecutiva de orden general exclusiva del Estado porque define lineamientos aceptados y aceptables, que responden al sistema de acumulación y al proyecto político vigente (^{Oszlak y O’Donnell, 1976}). Como sostiene ^{Harvey (2004)}, existe una materialización del régimen de acumulación bajo la forma de normas, hábitos, leyes y políticas que den unidad, coherencia y consistencia a los comportamientos individuales en función de los esquemas reproductivos del régimen vigente.

La ideología plasmada en los diseños normativos e institucionales construye legitimidad política en las soluciones propuestas y ejecutadas por los organismos gubernamentales. En el caso particular de las políticas sociales, dichas concepciones ideológicas buscan limitar las consecuencias sociales producidas por el libre juego de las fuerzas del mercado (^{Ramacciotti, 2010}). Entonces, las normas, las reglamentaciones o los cambios en gestión pública de un periodo responden a relaciones sociales que expresan necesidades políticas, económicas y sociales de un momento determinado. Las políticas sociales tienen el objetivo de asegurar el orden público y, por lo tanto, de preservar el equilibrio social (^{Castel, 1997}) porque su objeto de intervención son las condiciones de vida y de reproducción de la vida (^{Danani, 2009}). Así, el Estado cohesiona y regula institucionalmente el régimen de acumulación garantizando su reproducción y atenuando el conflicto social que genere (^{Halperin, 2009}; ^{De Sena, 2011}: ²⁰¹⁴).

En la definición de las políticas sociales subyace una definición del problema social (^{Grassi, 2003}), y en sus modalidades de prestación se cristaliza la materialidad con la que se pretende resolver ese problema. Así también, desde la definición del problema público que se pretende intervenir surge la población objetivo a la que se dirige la intervención (^{Rosas Arellano y Sánchez Bernal, 2019}).

En los años setenta la administración pública disminuyó su intervención en la regulación económica y en su capacidad de garantizar derechos sociales (^{Blutman, 2016}). El Estado comenzó a ser observado como un obstáculo para la dinámica de acumulación, tanto desde el capital trasnacional como desde el interior del propio Estado (^{Mattos, 1989}). En este contexto emergieron diversas transformaciones sobre el Estado y la administración pública bajo la modalidad de nuevo gerenciamiento público, tales como: cambios en la organización y gestión de funciones mediante la descentralización, desregulación, privatización, readecuación de los recursos humanos, la tercerización de los servicios de apoyo, orientación de la gestión hacia objetivos y desburocratización (^{Restrepo Medina, 2009}).

Desde los años ochenta, los organismos multilaterales de crédito han influido en la delimitación, definición y modos de abordaje de la problemática social, condicionando el financiamiento de políticas sociales a la concentración del gasto público en determinados sectores (^{Sojo, 1990}). Bajo el velo de reducir la pobreza de modo más efectivo y a menor costo, porque la provisión universal es costosa e ineficiente, se implementaron políticas sociales focalizadas en la pobreza. Con el paso de los años, estas intervenciones no solo se mantuvieron, sino que aumentaron su alcance de cobertura de manera masiva (^{De Sena, 2011}).

Para los años noventa la empresarialización y provisión privada de servicios de bienestar se ha integrado en el circuito económico a través de los procesos de privatización de la administración y de la gestión de servicios sociales (^{Hintze, 2006}; ^{Adelantado y Pérez, 2006}). La descentralización en la gestión se fundamenta en el modelo de organización económica y social centrado en la transferencia de recursos y poder al sector privado. Esta transferencia de recursos y poder también se impulsó al interior del aparato estatal disminuyendo la relevancia del gobierno central y creciendo la de los gobiernos provinciales y municipales (^{Vinocur, Halperin, 2004}; ^{Hintze, 2006}). De esta manera, profundizó la heterogeneidad de los indicadores sociales entre regiones, provincias, localidades y sectores sociales.

En este contexto, desde 1983 las políticas alimentarias cobraron centralidad en las políticas sociales mediante una vigencia permanente hasta la actualidad. El Programa Alimentario Nacional instaló en la dinámica de los programas alimentarios en Argentina la lógica de su masividad y la modalidad de su prestación declarando un contexto de emergencia alimentaria durante su implementación. Desde allí, todas las gestiones gubernamentales implementaron programas alimentarios. En el cuadro 1 se detallan los programas alimentarios que se implementaron en el PGP entre 1983 y 2020, diferenciando su dependencia gubernamental y sus periodos de vigencia.

En otros trabajos se abordó el análisis sobre el diseño de objetivos y modalidades de prestación de los programas (^{Sordini, 2016}; ²⁰²²), así como su impacto en las trayectorias de vida de sus destinatarios (^{Sordini, 2020}). En este escrito se profundiza el análisis sobre los/as agentes del Estado que implementaron dichos programas. Indagar sobre las vivencialidades y sensibilidades que se han configurado en sus trayectorias laborales, en contextos de atención a la pobreza y emergencia alimentaria, permitirá reflexionar en torno a la persistencia del problema alimentario y su gestión.

UN ABORDAJE DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DESDE LA SOCIOLOGÍA DEL CUERPO Y LAS EMOCIONES

Desde el diseño y la implementación de las políticas públicas se elaboran sensibilidades en sus actores intervinientes. Los objetivos, las modalidades de prestación, el tipo de focalización y la implementación territorial de los programas alimentarios delimitan y pautan modos de actuar, de socializar, y configuran sentires y experiencias en torno al problema del hambre. En tanto las emociones emergen, se experimentan y tienen sentido en las relaciones sociales (^{Kemper, 1978}), su abordaje implica la comprensión de la estructura social (^{Elias, 2016}). Entonces, comprender las emociones permite explicar las situaciones contextuales y las relaciones sociales que las producen (^{Bericat, 2012}).

Las sensibilidades cristalizan el contexto histórico-cultural que orienta los sentires, vivencialidades y acciones cognitivo-afectivas. Cada contexto social, histórico y geográfico está marcado por dimensiones normativas, expresivas y políticas en relación con las emociones (^{Hochschild, 1975}). Es decir, en cada contexto se habilitan y deshabilitan determinadas maneras de sentir. Siguiendo a ^{Elías (2016)}, es la estructura social la que exige y fomenta pautas determinadas y un dominio de las emociones.

El control emocional constituye una clave relevante del control social, un modo de participar en la constitución del orden social. Por ello, cuando el agente siente una emoción que se distancia de las sensibilidades normalizadas sentirá el efecto de la disonancia o desviación emocional (^{Bericat, 2000}). Las emociones reflejan la perspectiva del agente en sus contextos sociales porque están cargadas de significados, de sentidos anclados en la dimensión normativa, expresiva y política de esos contextos (^{Hochschild, 1975}). Las normas emocionales se aplican tanto a la conducta y al pensamiento. De esta manera, es inherente a cada situación social controles que afecten a los sentimientos e indiquen lo que cada persona deba sentir en cada circunstancia. De acuerdo con la autora, las normas emocionales señalan la intensidad, la dirección y la duración de los sentimientos (^{Hochschild, 1975}).

El estudio de las políticas sociales desde la sociología del cuerpo y las emociones presenta un amplio recorrido. Las autoras ^{Tonkens, Grootegoed y Duyvendak (2013)} estudian cómo la reforma del Estado de bienestar en Europa afecta las emociones de las personas porque en esta subyace cómo se valora y juzga a los ciudadanos y cómo deben sentirse en relación con las nuevas disposiciones que fomentan una “ciudadanía más activa”. ^{Fraser y Honneth (2003)} observan cómo el cambio en el énfasis de la redistribución al reconocimiento implica que las políticas sociales se focalicen en grupos de individuos particulares. Para las autoras, considerar la reforma del bienestar a través del lente del reconocimiento cristaliza las emociones. Honneth (2003) estudia también la dimensión cotidiana de los sentimientos morales de injusticia al analizar el sufrimiento y la miseria causados institucionalmente (citado en ^{Tonkens, Grootegoed y Duyvendak, 2013}).

Además, se indagaron las conexiones entre las políticas sociales y las políticas de sensibilidades del Sur Global a partir de los datos empíricos sobre Argentina y la información asociada con los problemas de estas intervenciones en América Latina y el resto del mundo (^{De Sena y Scribano, 2020}). Asimismo, se realizaron estudios sobre políticas sociales, consumo y emociones según las lógicas de financiarización y endeudamiento de las que disponen los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingreso (PTCI) para la atención a la pobreza en América Latina (^{Cena y Chahbenderian, 2012}; ^{Chahbenderian, 2015}; ^{Dettano, Sordini y Chahbenderian, 2019}; ^{Dettano, 2020}). En relación con los PTCI y el estudio de las emociones también se abordaron aristas vinculadas a las prácticas de autorresponsabilización e individualización que implican los programas en sus destinatarios y los modos en los que contornean comportamientos en mujeres-madres responsables de los cuidados a partir de las condicionalidades exigidas (^{Cena, 2014}; ²⁰¹⁷).

Otros trabajos profundizan el estudio de las emociones en la administración pública. En esta línea se analizaron las prácticas de gestión de recursos humanos y las estructuras organizativas relacionadas con la alienacion y el trabajo emocional del personal de la administración pública (^{Mastracci y Adams, 2018}), se describieron los grados de confianza/desconfianza entre la ciudadanía y la administración pública respecto a las instituciones (^{Güemes, 2019}), se exploró el rol de las emociones en el vínculo con el Estado (^{Chudnovsky y Campos, 2022}) y se observó el trabajo emocional en trabajadores del ámbito público en contexto de pandemia (^{Varela Castro et al., 2022}).

En relación con los programas alimentarios y las emociones, los trabajos previos indagaron las tramas de sensibilidades que constituyeron a los recorridos biográficos de cuatro generaciones de personas destinatarias de los mismos (^{Sordini, 2021}). En este contexto, indagar las experiencias de gestión de programas alimentarios recuperando las emociones que se configuran en dicha práctica contribuirá a la comprensión del contexto sociohistórico de depredación de los bienes comunes, expropiación de las energías y regulación de las sensibilidades que garantizan la vigencia permanente de programas de atención a la pobreza. ¿Qué emociones se asocian a las vivencialidades de técnicos/as y profesionales que han gestionado e implementado programas de asistencia alimentaria durante el periodo 1983-2020 en el PGP? ¿Cuál es la trama de sensibilidades prevalente en personas que trabajan desde hace años con situaciones de emergencia alimentaria y pobreza? ¿Cuáles son los mecanismos de soportabilidad que despliegan quienes implementan estrategias paliativas ante la desigualdad y el hambre desde hace décadas?

METODOLOGÍA

El diseño del estudio es cualitativo porque permite una aproximación a las subjetividades y a las intersubjetividades desde la propia comprensión que cada persona tiene de la experiencia de la vida cotidiana (^{Denzin y Lincoln, 1994}; ^{Taylor y Bogdan, 1996}), a fin de captar el vínculo sobre el que se coconstituyen de modo dialéctico el cuerpo y las emociones (^{Scribano, 2012}).

Para responder al objetivo general de la investigación, en primer lugar se realizó un mapeo exhaustivo de los programas alimentarios en relación con los componentes de su diseño: objetivos, modalidad de prestación, población objetivo, normativas, etc. Para ello se reconstruyó el puzzle de todas las intervenciones alimentarias mediante la revisión bibliográfica de fuentes primarias (documentos oficiales) y secundarias (investigaciones académicas). Para indagar las emociones de técnicos/as y profesionales que gestionaron las intervenciones implementadas entre 1983 y 2020 en el PGP se realizaron entrevistas en profundidad semiestructuradas mediante un muestreo teórico hasta alcanzar su saturación (^{Glaser y Strauss, 1967}), por la estrategia de bola de nieve (^{Baeza Rodríguez, 2002}); ello implica que cada informante introdujo a otras personas para entrevistar (^{Taylor y Bogdan, 1996}). Se entrevistó a 22 personas que trabajaron o trabajan, durante el periodo 1983-2020, en el ámbito de la gestión de programas alimentarios en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Acción y Promoción Social y, la Secretaría de Educación del Municipio de General Pueyrredón.

La revisión exhaustiva de las intervenciones alimentarias requirió tanto de la bibliografía y documentos oficiales disponibles como de la voz de las y los técnicos y profesionales que trabajaron en su gestión e implementación. La muestra se construyó mediante tres redes de contacto en simultáneo con la finalidad de evitar sesgos, atribuirle validez al estudio y de garantizar la heterogeneidad entrevistando a personas afectadas en diversos programas y en distintos niveles gubernamentales. La heterogeneidad de la muestra fue una decisión clave para completar el puzzle de la intervención alimentaria porque permite contrastar relatos sobre diversos niveles de la gestión gubernamental, periodos y programas dirigidos a la misma problemática. En el cuadro 2 se muestran la jurisdicción gubernamental, los programas alimentarios en los que participó y las principales tareas desempeñadas de cada persona entrevistada.

La entrada al campo en el ámbito gubernamental implicó diversas estrategias para el contacto inicial. A las personas que, en el momento del relevamiento de 2015 a 2020, se desempeñan en la gestión pública las contacté por medios formales, correo electrónico institucional o teléfono de su lugar de trabajo. A quienes ya no cumplen funciones en el aparato estatal las contacté por correo electrónico o teléfono personal.

Para responder a los objetivos de la investigación en la guía de pautas de entrevista se trabajan las siguientes dimensiones: las referencias al trabajo de técnicos y profesionales; la definición del concepto de población objetivo, beneficiario, destinatario; la descripción del programa alimentario en el cual participó; las comparaciones con otros programas; las referencias a la descentralización de la gestión; la modalidad de seguimiento y evaluación implementada en los programas y las concepciones sobre “la política alimentaria”. La construcción de la herramienta de indagación cobra un rol primordial para realizar una escucha activa (^{Bourdieu, 2008}), establecer relaciones conceptuales, identificar temas emergentes y captar con atención aquellas cuestiones inesperadas. La fiabilidad de la guía de la entrevista garantiza que el instrumento responda a los objetivos planteados de manera adecuada (^{Mejía Navarrete, 2011}).

El análisis cualitativo se desarrolla durante todo el proceso de investigación, porque se trata de una actividad reflexiva que influye en el registro, la redacción, el rediseño de los instrumentos de observación y el registro de datos adicionales (^{Coffey y Atkinson, 2003}). Con base en la teoría fundamentada, las tareas analíticas consisten en denominar conceptos, definir categorías y clasificarlas según sus propiedades y dimensiones. De esta manera, se realiza una conceptualización que implica reconocer como significativo en los datos una representación abstracta de un acontecimiento, objeto o acción. En este caso, las emociones son “una forma de estar conscientes del mundo” (^{Calhoun y Solomon, 1996: 23}), por ello son racionales e intencionales y están ligadas a las acciones; para ^{Solomon (1996)}, elegir una emoción implica elegir una línea de conducta. De este modo, las narraciones sobre las dimensiones indagadas se interpretan desde lo conceptual. Las emociones se interpretan a partir de la narración de las experiencias cotidianas vinculadas al desempeño en el ámbito público; en aquellas narraciones se describen las emociones en tanto acciones (^{Luna Zamora, 2007}). Por ejemplo: conceptualmente la frustración se siente al dejar sin efecto un propósito, un objetivo (^{Spinoza, 1996}); por lo tanto, la frustración se interpreta en las narraciones sobre situaciones de desarticulación entre distintos niveles de jurisdicción, el trabajo individualizado, la falta de cooperación y comunicación entre pares. Allí, en esas narraciones se interpreta que la frustración se siente en las interacciones sociales en las que se deja sin efecto una intención sobre un modo de intervenir. Cada dimensión de análisis posee atributos, y la manera en que esas características son definidas e interpretadas determina los modos de clasificar los conceptos. En este proceso también se reconocen “códigos vivos” (^{Glaser y Strauss, 1967}) a partir de la voz de las personas entrevistadas. Entonces, los conceptos se agrupan en categorías que representan a los fenómenos en tanto ideas analíticas relevantes que emergen de los datos (^{Strauss y Corbin, 2002}). Cada categoría se compone por propiedades y dimensiones, es decir, sus características y la localización de las mismas en relación con su frecuencia, forma, etc. El proceso interpretativo de reconocer las relaciones entre estos elementos constituye, mediante la codificación axial, explicaciones más precisas sobre el fenómeno en estudio (^{Strauss y Corbin, 2002}). En las etapas finales del trabajo de campo, al reconocer la saturación teórica (^{Glaser y Strauss, 1967}), se detiene el muestreo y, por lo tanto, la realización de entrevistas. El procesamiento de datos se apoyó en el Software Atlasti y también se realizó de manera artesanal con una matriz de análisis.

TRAMA DE SENSIBILIDADES EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS: DE LA FRUSTRACIÓN A LA RESIGNACIÓN

Las y los técnicos y profesionales que gestionaron los programas alimentarios hacen políticas públicas. El saber sobre sus prácticas del hacer es un elemento constitutivo del diseño de la vida social porque el momento de producción de la acción es también un momento de reproducción en los contextos donde se escenifica la vida social (^{Giddens, 1998}). El conjunto de actividades que despliegan implica reglas y recursos en diversos contextos de acción; así, su trabajo es producido y reproducido en condiciones de continuidad o de transformación. Por ello, las estructuras son constrictivas y habilitantes porque la constitución de los agentes y de la estructura representa una dualidad (^{Giddens, 1998}). De esta manera, al revisar el recorrido histórico de las intervenciones, las personas entrevistadas naturalizan y normalizan la permanente asistencia alimentaria que fue adquiriendo distintas nominaciones.

Si uno va un poquito para atrás en el ministerio de acción social, con los distintos nombres que fue teniendo desde 1983 para acá, siempre hubo programas alimentarios (E1, técnico de gestión nacional).

En términos de programas sociales, todos los programas que hay miras para atrás y hubo uno, dos, tres, cuatro, todos parecidos, porque no hay mucho para inventar (E5, técnica de gestión nacional).

Los modos de sociabilidad y de vivencialidad en la lógica de la gestión e implementación de los programas configura emociones en las y los técnicos ligados a la acción. Se traman tejidos y significados que cristalizan límites para inventar, crear, innovar. Aparece la intervención alimentaria con un carácter constante, naturalizado y normalizado, en la experiencia diaria de la gestión pública. Siempre hubo programas alimentarios. El fraccionamiento burocrático que resulta de la descentralización funcional y atomización genera que la organización de actividades o complementariedad entre jurisdicciones distintas se torne, a menudo, innecesario o imposible (^{Oszlak, 2006}). Entonces, si bien existen diversos programas parecidos -como menciona la persona entrevistada-, incluso de distinta jurisdicción gubernamental, en la práctica la complementariedad de los mismos resulta irreconciliable.

La superposición de intervenciones focalizada en la población con necesidades básicas insatisfechas refuerza la concepción de programas alimentarios parecidos.¹ Además, las modalidades de prestación varían entre la entrega directa de alimentos secos, la entrega de la comida elaborada en comedores comunitarios o escolares, financiación y apoyo técnico a proyectos de la organización de la sociedad civil, talleres sobre educación alimentaria saludable, huertas comunitarias y transferencias monetarias de ingresos. En este contexto, subyace en las narraciones de las y los técnicos sensibilidades ligadas a la desilusión o decepción de no poder trabajar de manera colaborativa con otros espacios de gestión gubernamental que implementan programas similares porque las estructuras laborales se encuentran individualizadas.

Esto de trabajar en común no es tan fácil y ni hablar cuando es con una institución, con la otra, con la otra […] vos seguís intentado, intentando, intentando, esa es la realidad. La verdad es que hemos atravesado una sociedad individualista que a veces trabajar en equipo cuesta (técnica de gestión municipal).

Los modos de sociabilidad en el trabajo individual, indiferente y atomizado se hace cuerpo. En las prácticas del hacer de las y los técnicos se sacraliza la fragmentación, desarticulación, similitud en los objetivos, superposición territorial de intervenciones, focalización en la población con necesidades básicas insatisfechas. También se registró con frecuencia el desconocimiento por parte de las y los técnicos de la gestión nacional sobre la implementación de programas de la gestión provincial, por ejemplo, aunque se trate de intervenciones que convergen en los mismos hogares destinatarios con prestaciones homólogas.

Estas modalidades de trabajo configuran sensibilidades vinculadas a la impotencia que se asocia a la emoción de la frustración con la que se vivencia la desarticulación, el trabajo individualizado, la falta de cooperación y comunicación, las dificultades de coordinación que tensionan la disputa permanente entre lo administrativo-técnico y lo político. La frustración se siente en las interacciones sociales en las que se deja sin efecto un propósito, un objetivo, una intención sobre un modo de intervenir. De este modo, la desarticulación y fragmentación de los programas constituye a la práctica del hacer políticas públicas y se hace cuerpo en las y los agentes del Estado. Aparecen obturadas las expectativas porque, más allá de las convicciones personales, la práctica de hacer programas alimentarios es difícil de sostener en una modalidad de prestación acorde a los criterios de cada una de las personas entrevistadas.

La asistencia en alimentos tenía en sí muchísimos déficit desde lo que es la implementación, más allá de lo que uno ideológicamente puede considerar, y por eso se puso el acento en modificarlo, Mas allá de eso, en la práctica era muy difícil de sostener y que fuera asistencia de calidad […] Esto ya era una dificultad desde lo que uno pretende en cuanto a la dignidad de la persona, pero aun así, los últimos años se fue agravando el circuito administrativo para la adquisición de los alimentos. Entonces, desde todo punto de vista era para nosotros un sistema por demás deficitario (E16, técnica de gestión municipal).

Los modos de ver el mundo y la visión-del-otro se encuentran limitados por las condiciones materiales que la prestación del programa permite. La modalidad mediante la cual el Estado prescribe qué alimentos y de qué calidad se entregan define una mirada-del-otro-destinatario atravesada por la decepción que provoca la imposibilidad de actuar de otro modo. Desde la emoción resignación se pone en práctica un sistema por demás deficitario en el que resulta imposible intervenir sobre las condiciones alimentarias de las y los destinatarios del programa de una manera acorde a su perspectiva ideológica. Por ello, las emociones son relacionales porque “son sentimientos directamente dirigidos a, y causados por, la acción de los otros” (^{Mathews, 1992: 151}). Siguiendo a ^{Von Scheve y Slaby (2019)}, las emociones no se producen en solitario, sino que en ellas se halla la subjetividad y la realidad social entrelazadas y, en este sentido, las emociones se hallan ligadas a la interacción social. En esta clave, la deficiencia de la prestación se tensiona con las concepciones e intenciones que las y los técnicos asocian a la dignidad de las y los destinatarios.

La emoción de resignación se entrama con la emoción de frustración, relacionada con la imposibilidad de cumplir objetivos. En las vivencias de las y los técnicos, dichas emociones implican también encontrar limitada su capacidad de gestión, es decir, desplegar un bajo alcance en el nivel de cobertura, demorar en implementar el programa en el territorio, entregar de manera esporádica las prestaciones e, incluso, no tener tareas asignadas. La desprocedimentalización de la administración pública implica la reducción de tareas y procedimientos a la vez que se prescinde de los saberes técnicos (^{Restrepo Medina, 2009}). La abstención de las prácticas del saber-hacer de las y los trabajadores de la gestión profundiza las sensibilidades asociadas a la frustración. Por ejemplo, la voz de las y los técnicos que se desempeñaron en el programa Unidos, entre 1999 y 2001, denotan la tensión entre los vestigios del modelo burocrático y la desprocedimentalización propia de la época. Mientras el programa Unidos se proponía la meta de una entrega mensual de alimentos, solo realizó una entrega cada seis meses.

Unidos no supo en la gestión, no supo a quién comprarles, cuáles eran los procesos administrativos para la compra, qué logística había que hacer para el material, después que llamaste a una licitación y tardaron seis meses en entregarte, vos querían 25 productos y tenías cinco. ¿Qué hacías? Tenías que seguir esperando (E2, técnica de gestión nacional).

La imposibilidad de dar respuestas y esperar limita la capacidad de acción. Ante esta disposición, las y los trabajadores desarrollan mecanismos de soportabilidad que permiten atenuar el conflicto, aceptar las condiciones y continuar su trabajo en sus formas posibles. Sin embargo, la descentralización, desburocratización y falta de recursos en la dualidad agente-estructura (^{Giddens, 1998}) predomina. En este contexto, la masividad de las políticas y la vigencia permanente de las mismas ha configurado tramas de sensibilidades de indignación, hartazgo, enojo e ira en los agentes del Estado que las implementan. Tanto la discontinuidad de las entregas como el contenido de las prestaciones se ha vivenciado como frustración y resignación en las y los técnicos y profesionales de la gestión pública. De esta manera se configura una trama de sensibilidades que se tensionan, se contradicen, se solapan e impulsan la acción de hacer políticas alimentarias.

Como país que tengamos que tener todavía hoy el reclamo por políticas compensatorias en alimentos es dramático […] a mí me parece terrible que mes a mes sube la población, y eso que llegamos a nada…a nada…creo que no toda la gente que está con un déficit accede al programa […] que tengamos muchas personas en el padrón significa que hay muchas situaciones críticas […] pero tenemos que trabajar desde la política social que es lo que hacemos los compañeros que estamos en territorio para ver cómo esa familia puede hacer uso de ese programa para después despegar (E18, técnica de gestión municipal).

La masividad de las prestaciones y la vigencia permanente de las mismas indica que la necesidad alimentaria en la población no se ha revertido. El egreso de las y los destinatarios, el despegue del programa, se conoce como un horizonte y una prescripción moral, en relación con lo aceptado y aceptable en la sociedad, porque indica la superación de las condiciones de necesidad. Sin embargo, en la práctica impera el dramatismo por el aumento de la cantidad de destinatarios. Con el paso de los años, la masividad en el alcance de la cobertura se va constituyendo como aceptable a través de mecanismos de soportabilidad social (^{Scribano, 2010}; ²⁰¹⁵) que regulan las expectativas frustradas y resisten al conflicto.

La revisión exhaustiva e histórica de las intervenciones implementadas muestra los modos en los que el Estado implementa la integración y la cohesión social. Estas son las maneras de dar respuesta al problema alimentario porque en la definición de los objetivos de las intervenciones subyace un tipo de sociedad deseable. De acuerdo con Bourdieu, “el Estado es el principio de organización del consentimiento como adhesión al orden social [...] que es el fundamento necesario no solo de un consenso, sino de la existencia misma de las relaciones que conducen a un disenso” (^{Bourdieu, 2014: 8}). De esta manera, las emociones de las y los técnicos y profesionales denotan la vivencialidad de una época en la que el hambre acecha y las intervenciones se experiencian como ineficientes, fragmentadas, parecidas y permanentes.

La vigencia permanente de los programas alimentarios asistenciales y de emergencia es el orden social. Las prestaciones paliativas y de calidad cuestionable, desde la voz de quienes las implementan, constituyen el modo en el que se estructura la intervención sobre el problema alimentario en la pobreza. Los programas performan la organización cotidiana del trabajo diario de técnicos y técnicas porque delimitan el consentimiento sobre el modo de resolver el problema alimentario y, además, marcan los disensos sobre las modalidades de intervención que la propia estructura política admite y tolera.

REGULACIÓN DE LAS EMOCIONES: FANTASMAS Y FANTASÍAS SOCIALES

Las y los técnicos y profesionales que vivencian a diario el trabajo en torno al problema del hambre van incorporando en su costumbre las (in)tolerancias a los contextos de desigualdad. En la frustración, la resignación, el enojo y la ira emergen mecanismos de soportabilidad social que permiten la regulación de las emociones porque operan de manera desapercibida, como parte de la normalización de la vida y del sentido común (^{Scribano, 2012}). En este apartado se observará la activación de mecanismos de soportabilidad social para la regulación de las emociones en relación con las dos modalidades de prestación con mayor alcance de cobertura y masividad en el periodo estudiado: las entregas directas de alimentos secos y las transferencias monetarias de ingresos. El predominio de estas últimas implica un giro significativo respecto al rol del mercado en el problema alimentario.

Una amplia bibliografía discute el papel de las políticas sociales en los procesos de integración social y la (des)mercantilización de sus prestaciones (^{Esping Andersen, 1990}; ^{Grassi, 2003}; ^{Danani, 2009}; ^{Adelantado, 2009}). Como afirma ^{Adelantado (2009)}, la política social interviene en el sector mercantil a través de la definición de qué es o no una mercancía. La desmercantilización es un resultado contradictorio, parcial y fragmentario, ya que se inscribe tanto en el distancia-miento del mercado para la satisfacción de necesidades, como en las reivindicaciones de los trabajadores (^{Danani, 2009}). Es decir, los programas de transferencias de ingresos no desmercantilizan las necesidades, sino que las direccionan al mercado. Además, si los subsidios son bajos y están asociados al estigma social, el mismo sistema de ayuda empujará a las personas a participar en el mercado (^{Esping Andersen, 1990}).

En la narración de las y los técnicos, sobre el reemplazo de la bolsa/caja/módulo de alimentos por una transferencias de ingreso bancarizada subyacen expectativas y contradicciones en relación con el cambio en la modalidad de prestación y los marcos normativos con enfoque de derechos sociales que contextualizan a la intervención.

En la trayectoria de programas estudiados predomina la entrega de módulos de alimentos secos. En tanto son transportables, baratos y provistos por las grandes concentraciones de capital industrial y principales proveedores del aparato estatal (^{Aguirre, 2005}), su fácil distribución y bajo costo de logística provocan un detrimento de la entrega de alimentos frescos. De esta manera, a pesar de los múltiples objetivos que propusieron los programas la mayor parte de sus presupuestos se destinó a la entrega de módulos de alimentos (^{Aguirre, 1990}; ^{Britos et al., 2003}). Este tipo de prestación presenta un carácter fuertemente prescriptivo sobre la alimentación de las personas destinatarias.

La familia no elige, de que yo elijo si comen fideos o arroz, como Estado, y entonces vos comes como yo elijo, la marca que yo elijo y todo lo demás (E3, técnica de gestión nacional).

De esta manera, el Estado normatiza y normaliza (^{Grassi, 2003}) los alimentos que sus prestaciones habilitan. Diversos estudios señalan que las cajas de alimentos en algunos casos no cubrían las necesidades de una familia durante un mes (^{Britos et al., 2003}; ^{Aguirre, 2005}). En la mayoría de los casos las entregas no eran mensuales, sino más esporádicas, entre siete y nueve veces en el año. Y por otro lado, si bien la prestación se focalizaba en determinado grupo etario del hogar, esos alimentos se comparten y diluyen en el grupo familiar (^{Aguirre, 1990}; ^{Britos, et al., 2003}; ^{Maceira y Stechina, 2008}, entre otros).

Desde el cambio de milenio las prestaciones alimentarias viraron hacia la transferencia de ingresos monetarios. Algunos autores (^{Britos et al., 2015}), sostienen que este mecanismo otorgó cierta “autonomía” a las personas titulares en la elección de alimentos dentro de las posibilidades de compra condicionada por los montos. Además, se reivindica la implementación de las tarjetas magnéticas con el argumento de evitar las redes clientelares y su utilización en todos los comercios adheridos al sistema Posnet (^{Britos et al., 2015}).

Esta persona debe tener en sus manos la posibilidad de comprar, de elegir y debe tener garantizado este derecho. Podría decir yo, desde lo profesional, que se reconocía ese derecho, pero en la práctica no, porque había alguna circunstancia que hacía que ese mes no lo recibiera o recibiera una asistencia [bolsón de alimentos secos] con una calidad menor a lo que uno pretendería desde el punto de vista técnico. Esteee… era mucha la contradicción para nosotros, técnica y profesionalmente, era mucha la contradicción. Sigue habiendo contradicción porque el monto es limitado a lo que se pretende, es un monto de 200 pesos.² Entonces donde yo tengo un objetivo con una familia en estado de vulnerabilidad, que hace que tenga que estar comprometida en respaldar durante X tiempo como Estado, bueno 200 pesos no es… lo que pasa es otra lucha a hacer […] en realidad el monto hace a la práctica, que uno bueno diga “es poco” y nosotros lo sabemos, pero también este programa permite otras cuestiones porque la persona siente un reconocimiento de lo que está siendo una vida, un reconocimiento desde el Estado de algo. En cambio, acá es el cara a cara con la persona y el yo decir “bueno yo tengo esta tarjeta que a mí me permite tal cosa” es saber eso y el sentirse contenido por el otro. El sentirse dentro de un sistema no caído del sistema. Dentro de ese sistema. Desde este programa que nosotras decimos, hay muchas cuestiones desde lo ideológico, la seguridad alimentaria es una cuestión política, la soberanía alimentaria también lo es, pero el derecho a la alimenta… también lo es (E14, técnica de gestión municipal).

En este relato, aparece un conjunto de presuposiciones y sentidos sobre los modos de intervenir en la cuestión alimentaria. La noción de seguridad y soberanía alimentaria emerge como estructura que organiza la mirada sobre la problemática. Ante el fantasma del hambre y la desigualdad social aparece en la narración la soberanía alimentaria como horizonte deseable. La fantasía sobre “tener en sus manos la posibilidad de comprar” opera como mecanismo de soportabilidad social ante el fantasma del bajo costo de la prestación y la situación de pobreza, en un contexto en el que el acceso a los alimentos es mediante el mercado. Esta contradicción se acepta con resignación. Sin embargo, la bancarización de las transferencias de ingresos, a pesar de su bajo monto, se define como un reconocimiento y como una contención. El hambre y la emergencia alimentaria operan como un fantasma que es regulado por la fantasía de que las y los titulares de la prestación sientan reconocimiento porque tienen en sus manos la posibilidad de comprar.

De esta manera, la fantasía opera ocluyendo el conflicto porque es eficiente en ocultar los antagonismos. De acuerdo con Scribano, “las fantasías sociales ocultan mostrando. Hacen aceptables conflictos estructurales invisibilizándolos, desplazando la mirada social hacia a otros objetos de la escenificación fantasmática” (2004: 9). Así, emerge la soberanía alimentaria como un horizonte deseable. La fantasía guía al deseo ocultando las causas estructurales de la desigualdad y el hambre. Mientras, los alimentos son mercancía, sus precios se encuentran en aumento constante (^{Aguirre, 2015}).

De este modo, se oculta el nodo central del problema de hambre mostrándolo explícitamente: el mercado como regulador de las energías disponibles para la reproducción de la vida. Estas relaciones permiten desplazar la mirada social hacia otros elementos del escenario que ofrecen las transferencias monetarias de ingresos como por ejemplo, evitar las redes clientelares, reintegrar 5 por ciento del impuesto al valor agregado en cada transacción de débito bancario, reivindicar la “elección” de los alimentos en el mercado, etcétera.

En este contexto de amplia desigualdad y pobreza resulta tranquilizador aceptar la fantasía como explicación de la problemática. En circunstancias de permanente frustración, ira y resignación tomar a la soberanía alimentaria como orientación de la acción regula el conflicto porque opera como un mecanismo de soportabilidad social. Entonces, ante el fantasma del hambre interviene la fantasía de que las transferencias monetarias garantizan soberanía alimentaria. Se consagra y naturaliza lo falso como condición social de posibilidad. Se sacraliza el derecho a “elegir alimentos en el mercado”, condicionado por los montos de la prestación y la oferta, en detrimento de las entregas de bolsones de alimentos en los que el Estado intervenía de un modo prescriptivo. Entonces, en la práctica, se trata más de un derecho a comprar que de un derecho a la alimentación.

SOBRE DERECHOS Y FANTASÍAS SOCIALES

Cuando los objetivos de los programas alimentarios proponen garantizar la seguridad alimentaria se enmarcan en un contexto internacional que legitima los derechos reconocidos en tratados y pactos internacionales. El enfoque de derechos busca contribuir a que los Estados puedan cumplir con las obligaciones que les compete en virtud de los mandatos incorporados en las constituciones políticas, sus compromisos aplicados en los pactos y tratados internacionales, que en muchos países de la región tienen jerarquía constitucional y el marco actual en que se desarrollan el conjunto de políticas y de estrategias focalizadas, que en la mayoría de los casos distan de ser respetuosas de los derechos humanos (^{Pautassi, 2010}).

La seguridad alimentaria es el derecho de todas las personas a tener una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada y suficiente. Se trata de un concepto utilizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desde los años setenta. En 2001, se instituyeron cumbres paralelas a las realizadas por la FAO que definieron a la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos. Así, los derechos fijan marcos para la definición de políticas e inciden no solo en sus contenidos u orientación, sino también en los procesos de elaboración e implementación, evaluación y fiscalización. Los derechos delinean una orientación para las definiciones habilitando al Estado un espacio de discreción para elegir las medidas específicas para garantizar esos derechos (^{Abramovich y Pautassi, 2009}).

El discurso sobre el derecho a la alimentación y el derecho a la seguridad y soberanía alimentaria constituyen la otra cara de la moneda que mitiga la desigualdad y la expropiación de las energías que el modelo de acumulación dispone. En este contexto, la resignación se vincula también con la imposibilidad de ruptura con el conflicto permanente de amplios sectores sociales que, desde hace décadas, nutren las listas de destinatarios de programas sociales.

En esta complejidad, se cristalizan emociones en las y los técnicos vinculados a la frustración y a la resignación, porque el uso de la retórica de los derechos se materializa, en un modelo de acumulación vulnerable, a través de una prestación que “se consolida en una suerte de ‘ficción ciudadana’ en lugar de consolidación en un marco de derechos de un modelo económico sólido” (^{Abramovich y Pautassi, 2009: 281}).

Si bien el enfoque de derechos orienta el diseño de los programas alimentarios las estrategias de gestión e implementación permanecen ligadas a la interrelación de las esferas del bienestar (^{Adelantado et al., 2000}) ubicadas en una estructura económica en la que prevalece la desigualdad. Sin embargo, el discurso sobre el enfoque de derechos aparece como una fantasía social que explica y justifica el problema del hambre. Ante el fantasma del no acceso a los alimentos, las transferencias de ingresos mitigan ese conflicto. Si bien el problema alimentario es social y estructural, la intervención le adjudica a cada titular una “autonomía” y “responsabilidad individual” sobre el uso del monto de la prestación. Así, se consagra y naturaliza la fantasía del derecho a la alimentación como condición social posible y como reverso necesario de la dominación al narrar el escenario de la acumulación y la desigualdad.

CONSIDERACIONES FINALES

La intervención de las políticas sociales despliega lazos relacionales que articulan la interacción entre las distintas esferas para que, dentro de las lógicas de acumulación, se implementen políticas moralmente aceptables para alcanzar la integración social mediante la organización de la desigualdad social y la reproducción simbólica de las jerarquías sociales. Este régimen articula patrones alimentarios y culturales, lógicas de acumulación y de expropiación de las energías y del excedente, prácticas políticas y un régimen de sensibilidades (^{Scribano, 2012}; ^{De Sena, 2016}; ^{Cena, 2017}) que configura una economía política de la moral (^{Marx, 2011}) y que moldea los esquemas de visión del mundo (^{Bourdieu, 1999}). Es decir, el ejercicio de “hacer políticas públicas” va preformando una mirada sobre el problema alimentario que normaliza y normatiza a las soluciones posibles, esperables y aceptables más allá de la persistencia la problemática.

El contexto de desigualdad y necesidad alimentaria es atendido desde hace décadas por programas alimentarios de alcance masivo, asistenciales, paliativos y focalizados en la pobreza que moldean mecanismos de soportabilidad social. Este modo de intervenir cristaliza un orden social que naturaliza la vigencia permanente de programas alimentarios y resiste con fantasías vinculadas al derecho a la alimentación y a distribución de los ingresos para el acceso (in)equitativo a los alimentos mediante el mercado. En dichas contradicciones se entraman emociones que impulsan la acción y la gestión de los programas.

Las emociones son racionales e intencionales (^{Solomon, 1996}), por lo cual el objeto de la ira, la frustración y la resignación es un aspecto de las modalidades de gestión e implementación de los programas. Como sostiene el autor, el enojo es causado y dirigido a un objeto. En este caso, la obturación de los objetivos diseñados, más allá de la voluntad de las y los técnicos por llevarlos adelante, genera una dialéctica entre: a) las impresiones que las y los técnicos vivencian en la gestión pública, b) los sentidos y significados que le adjudican a esas circunstancias, c) las sensaciones y prácticas del sentir cansancio e impotencia y, finalmente, d) las emociones de ira, frustración y enojo.

Como se ilustra en el diagrama 1, en las interrelaciones de las emociones de resignación, frustración e ira, que se yuxtaponen en la práctica, subyace la noción de destinatarios/as como titulares de derecho como fantasía. Ante el fantasma del hambre, el aumento en el alcance de cobertura de los programas y las prestaciones insuficientes, emerge la fantasía de que las intervenciones realizan un reconocimiento en sus destinatarios porque permiten elegir los alimentos en el mercado garantizando así el derecho a comprar. Aunque el acceso a los alimentos se presente condicionado por el monto de las prestaciones y la oferta del mercado, se garantiza, de manera eficiente, las masivas transacciones bancarias.

Fuente: Elaboración propia.

DIAGRAMA 1 Emociones en técnicos/as de la gestión de programas alimentarios en el periodo 1983-2020 en el PGP 

Los mecanismos de soportabilidad social operan desapercibidamente en prácticas que se hacen cuerpo como: la convicción discursiva respecto a la “contención” que implican las prestaciones; la mirada del otro/a en tanto sujeto/a de derechos a pesar de que el contenido de las prestaciones sea insuficiente; el predominio discursivo sobre la libertad de elección en el mercado como superadora a la prescripción de las bolsas de alimentos secos. Estos dispositivos de regulación configuran esquemas de visión, clasificación y elaboración de percepciones en relación con el conflicto del hambre, con la concepción de las y los destinatarios, y con la autopercepción como agentes del Estado. Estos mecanismos ocluyen los objetivos de intervención de los programas, en tanto que estos no se proponen “contener” a sus destinatarios, sino complementar y garantizar una alimentación adecuada. Este mecanismo de matizar el conflicto hace soportable la frustración, el enojo y la ira que prevalece en el trabajo cotidiano de la gestión pública en contextos de desigualdad y exclusión.

Los contextos de sociabilidad en la gestión de programas alimentarios son atravesados por limitaciones presupuestarias, decisiones políticas, burocracias que moldean las prácticas y los recursos discursivos en los diseños que se distancian ampliamente de las vivencialidades en el territorio. De acuerdo con ^{Spinoza (1996)}, las pasiones tristes resultan convenientes a las estructuras de dominación porque denotan contextos en los que las posibilidades de acción se encuentran limitadas. La resignación aparece cuando ya no hay nada más que hacer; la frustración emerge como contracara a la realización de los objetivos, porque a pesar de las intenciones y propósitos de los planes de intervención, en alguna medida, quedan sin efecto; la ira manifiesta el enojo y la desidia. Las pasiones tristes representan aquello que obtura la potencialidad de la acción y, por ello, son apropiadas para los contextos de opresión y tiranía (^{Deleuze, 2004}). Observar las emociones de las y los agentes del Estado denota procesos de desigualdad social que se encuentran pautados y normalizados por el modelo de acumulación y de dominación política. Mientras los alimentos se conciban como mercancías solo se regulará el hambre mediante la distribución inequitativa de los recursos disponibles, según la oferta del mercado y compensando al capital. La gestión pública del hambre se vivencia desde emociones como la frustración y el enojo que resisten a la persistencia del problema alimentario desde hace décadas.

De esta forma, el resultado de la interacción de los múltiples agentes del Estado se presenta como un programa coherente que responde a objetivos deseables y beneficiosos para ciertos grupos, legitimados por la autoridad pública (gobierno, ministerio, secretaría, etc.) y, que son ejecutados por el Estado debido a su capacidad coercitiva y el alcance de la intervención, garantizando primordialmente la dinamización del consumo y la bancarización. Lejos de revertir el problema alimentario, los programas se articulan en la “contención” social para la regulación del conflicto sosteniendo, discursivamente, a la soberanía alimentaria como horizonte deseable.