INTRODUCCIÓN

Rosario era para finales de los años veinte del siglo XX una de las ciudades más importantes de la Argentina. Con poco más de 400 000 habitantes, era la segunda con más población detrás de la capital de la nación (Buenos Aires) y contaba con una intensa actividad económica estrechamente vinculada al modelo agroexportador. Pero la ciudad también había sido, y era, un campo de experiencias sociales y políticas; en ella se había arraigado una cultura política donde la intensa capacidad de movilización social de sus actores era una norma episódica pero recurrente (^{Bonaudo, 2006}). No es casualidad que desde finales del siglo XIX e inicios del XX los movimientos político-partidarios de mayor arraigo local (radicales y demoprogresistas) habían debatido acerca de cómo articular intereses sociales en clave política; de allí que la cuestión electoral (calidad del votante, sistema de representación, etc.) había estado en el tapete en múltiples ocasiones.

Ahora bien, en el transcurso de un año (para ser más precisos, de noviembre de 1927 a noviembre de 1928), la ciudad de Rosario pasó por seis procesos electorales (dos provinciales, uno nacional y tres municipales). La disputa a nivel nacional, en un primer análisis, parece no tener mayor significado político que el de confirmar una tendencia ya indicada por la bibliografía sobre la coyuntura, el llamado “plebiscito” al ex presidente Hipólito Yrigoyen en abril (^{Horowitz, 2015}; ^{Rock, 1977}); por su parte, las disputas a nivel municipal (noviembre de 1927 y abril y noviembre de 1928) y provincial (febrero y abril de 1928) no sólo son encarnizadas, sino que en ellas se hace evidente (en muy distinto grado y con algunas particularidades) el entramado de estas compulsas con el contexto de altísima conflictividad social por la que atraviesa la ciudad. En esta circunstancia, algunos de los objetivos que propongo dilucidar en este trabajo son, por una parte, caracterizar el comportamiento del sistema de partidos local ante las novedades institucionales que supone la ampliación del sufragio que pasa de un modelo fiscal sostenido en la figura del contribuyente urbano a otro de voto “universal”. Por la otra, postulamos que el vínculo (tanto práctico como discursivo) que los distintos actores políticos establecen con los trabajadores es sin dudas uno de los ejes sobre los que se montan tanto los argumentos como las detracciones entre aquellos que pretenden construir legitimidad política a través de las urnas.

LAS NOVEDADES DEL NUEVO RÉGIMEN ELECTORAL MUNICIPAL

El tema de los fundamentos de la representación política municipal tenía en Argentina una larga tradición de debates que se remontaba a los clásicos en la formulación del sistema político argentino de mediados del siglo XIX (Sarmiento, Alberdi, etc.) (^{Ternavasio, 1991}).¹ El punto clave del debate había estado en la condición del votante, donde claramente la opción por el sufragio universal no había sido la más extendida, no obstante que sí lo fue a nivel nacional y provincial (^{Bonaudo, 2006}). En el ámbito municipal se pensaba que el sujeto de la representación debía ser el “vecino” más que el “ciudadano”² y como corolario de ello se construyó un discurso “antipolítico” contraponiendo a esta (la política) con la “administración” (^{Ternavasio 1989}, ¹⁹⁹⁶). Ahora bien, en el específico contexto rosarino, el tema de la representación municipal se articuló claramente sobre dos ejes mutuamente imbricados: las condiciones de la participación política de los extranjeros y los derechos que debían otorgar la tributación a los habitantes de la ciudad. En estos términos, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y hasta precisamente la coyuntura analizada, esta convicción dio lugar a un sistema electoral calificado por el cual se constituía el poder legislativo municipal expresado en el Concejo Deliberante (en adelante CD).³ La condición de contribuyente definió la potestad de ser elector y elegido, y si bien con variaciones en ese laPSo, el CD fue indudablemente un espacio de representación de las distintas fracciones de la burguesía comercial rosarina; en este sentido, el listado de concejales era un muestrario (incompleto por supuesto) de los líderes empresariales de la ciudad: de los más ricos y exitosos indudablemente, pero con el inicio del siglo también de aquellos que constituían la base electoral del sistema (los medianos y pequeños comerciantes) (^{Alarcón, 2013}).

Ahora bien, en la coyuntura de apertura del sistema político argentino de principios del siglo XX, los nuevos aires que trajeron la Intervención provincial (1911-1912) (^{Carrizo, 2005}; ^{Cecchini, 1991}) y las ampliaciones del régimen electoral nacional (1912) (^{Botana, 1985}; ^{Castro, 2012}), no se trasladaron normativamente al nivel municipal.⁴ No obstante, el clima político general que le siguió a la apertura política de 1912, y particularmente la larga hegemonía de las distintas facciones radicales en la provincia,⁵ hizo que, por una parte, las disputas entre estos y la Liga del Sur (casi inmediatamente constituido como Partido Demócrata Progresista [PDP en adelante]) se hicieran endémicas, pero también que se extendieran una multitud de mecanismos para controlar los resultados de las elecciones sobre una base electoral que se expandiría más lentamente.

Ahora bien, el dato que más resalta de la reforma del sistema electoral introducido por la nueva Ley Orgánica de Municipalidades (núm. 2147, sancionada en septiembre de 1927), es precisamente la expansión de los votantes a nivel municipal. En la última elección con padrón de contribuyentes (noviembre de 1927) votaron entre 3 149 y 5 566 personas según ganadores o perdedores.⁶ Para la primera elección con el nuevo sistema el número fue multiplicado diez veces y siguió creciendo con el tiempo. Una evolución similar ocurre con los padrones, en las elecciones precedentes las inscripciones no habían pasado de entre 4 000 o 5 000,⁷ en las subsiguientes no bajaron de los 54 000 (véase cuadro 1 y 2).

La expansión es producto de la nueva ley que establece una nueva base de la representación sostenida en el voto obligatorio y universal, tomando a los efectos el padrón provincial vigente (es decir, compuesto por todos los hombres, nativos, mayores de 18 años).

Ahora bien, respecto del voto de los extranjeros, la nueva ley es más inclusiva que el sistema previo, aunque a diferencia de aquel no hace obligatorio el voto luego de la inscripción al padrón:⁸ pueden votar aquellos extranjeros mayores de edad que ejerzan alguna profesión liberal; los contribuyentes (del municipio o de la provincia) por sumas mayores a los 50 pesos anuales, pero también los que estén casados con nativas con uno o más hijos argentinos.⁹

La nueva representación que esto supone merece que introduzcamos algunas indicaciones respecto del peso relativo del voto extranjero (y nativo) en Rosario que contrasta con el sentido común historiográfico que asignaba un papel clave al voto de los extranjeros en la esfera municipal. Si bien las fuentes no nos aportan cifras exactas, son suficientes para indicar que, por una parte, los extranjeros constituyeron cuanto mucho una cuarta parte del padrón de contribuyentes, por lo que la participación de los nativos debía ser central en la constitución de una buena elección municipal en el anterior sistema. Por otra parte, es indudable que la condición de extranjero pasó a ser insignificante a partir de la reforma, por lo que debemos suponer que “viejas” formas de prácticas políticas si bien no llegaron a su fin, no constituían a partir de este momento una parte tan central de las mismas; nos referimos tanto a las más informales que se articulaban a través del muy dinámico asociacionismo inmigrante, como a las más estrictamente formales evidenciadas en la participación directa de corporaciones empresariales (los ejemplos más evidentes son la sociedad de almaceneros o la asociación de propietarios inmobiliarios) donde el componente extranjero era muy significativo.

Si bien mucho más acotado, los resultados de la inclusión del voto femenino calificado merecen unas consideraciones: la más obvia la indican los números y es el rotundo fracaso de la participación femenina; evidentemente no se inscribieron mujeres, pero también es evidente que los partidos no tuvieron ninguna política concreta para alentar su participación, es más, podría indicarse que tampoco la prensa local insistió en demasía sobre el asunto.¹⁰

La posibilidad del voto femenino ya estaba prevista en la vetada Constitución de 1921, la cual habilitaba a las mujeres para votar y ser candidatas, aunque uno de los requisitos era ser mayor de edad y que “tengan la libre administración de sus bienes o diploma que las habilite para ejercer alguna profesión liberal”.¹¹ La nueva legislación, en su artículo 57, las excluía de ser candidatas, y sólo podían ser electoras aquellas que fueran mayores de “22 años de edad y posean títulos universitarios que las acrediten para ejercer una profesión liberal; las profesoras normales nacionales de segunda enseñanza y las que paguen impuestos a su nombre en comercios honestos, por una cantidad mayor a cincuenta pesos anuales”.¹²

Un punto interesante sobre el voto femenino lo da el diario prorradical unificado La Acción, el cual transcribe en la primera página la carta que envía una mujer a su amiga, donde fundamenta su inscripción en el padrón respectivo. El tono es claramente indicativo del clima general y los límites en los que se concebía el voto femenino: la supuesta sufragante es indubitablemente una dama burguesa que pretende convencer a su amiga que es perfectamente posible conciliar las tareas del hogar con el voto municipal.¹³

EL DESEMPEÑO ELECTORAL DE LOS PARTIDOS

El partido político que pone más en juego con la nueva ley es el PDP. El CD de Rosario había sido desde la misma creación del partido como Liga del Sur (1908) uno de los ámbitos privilegiados en el accionar del mismo; indudablemente era un espacio de formación y proyección de liderazgos. Así, desde su recinto se habían construido carreras políticas notables en un cursus honorum que podía llegar tanto a la legislatura provincial como al Congreso nacional. A ello se sumaba que desde su primera intervención electoral en 1909 había conservado el control de la mayoría en el CD. Este había sido no sólo una de las principales herramientas políticas del partido en sus confrontaciones con las diversas facciones radicales, sino claramente “el último reducto” institucional del partido. Encarar un cambio tan profundo en el sistema de representación evidentemente ponía un velo de incertidumbre al partido, más en una coyuntura en la que, como veremos, no parecía contar con la voluntad de la mayoría de los rosarinos (véase cuadro 3).

Del análisis estricto de los resultados electorales se puede deducir que en el transcurso de poco más de un año el PDP pasa de una de sus peores performance electorales desde su creación (cuyo piso son indudablemente las elecciones provinciales de febrero de 1928) a un “resurgimiento” casi inmediato y una evidente consolidación para finales de 1929 que lo deja, según sus propias expectativas, con excelentes posibilidades para las elecciones legislativas nacionales de marzo de 1930 y con el horizonte abierto de cara a una futura elección para gobernador.¹⁴ No obstante un enfoque centrado en la escala local de la política muestra algunas disonancias con esta imagen: en principio, porque el PDP perderá definitivamente la mayoría del CD a manos de las heterogéneas facciones del radicalismo yrigoyenista, quedando no sólo muy lejos de cualquier control numérico (quorum, retiros, asistencia, etc.) del legislativo municipal, sino que su labor estará supeditada a establecer algún tipo de acuerdos con los ahora minoritarios radicales unificados y/o aprovecharse de las constantes y continuas desavenencias de los yrigoyenistas. En términos generales, se hace evidente que el PDP superó con escasas dificultades el paso de un sistema electoral a otro a nivel municipal, por lo menos medido en términos de votantes, no así si lo miramos desde lo estrictamente institucional.

La reforma también fue considerada una oportunidad para los partidarios locales del catolicismo social. Estos si bien venían discutiendo la necesidad de crear un partido orgánico desde bastante tiempo atrás, hasta precisamente esta coyuntura habían optado por colocar a algunos de sus más expectables líderes en las listas del radicalismo (con una particular propensión por los unificados).¹¹⁵ Los católicos seguramente pensaron que el nuevo sistema electoral (que preveía la representación proporcional por cociente¹⁶) les permitiría en lo inmediato lograr algún representante y a partir de allí consolidar un electorado propio más claramente identificado con su doctrina. Para desazón de sus propulsores (el diario El Heraldo, el Círculo de Obreros, el obispado, etc.), la experiencia fue claramente fallida, después de una intensa campaña (con actos y mítines con presencia de líderes “nacionales” y una buena cobertura de la prensa¹⁷) la Unión Popular de Rosario (con apenas 712 votos, el 2% del total) no llega siquiera a la mitad del cociente electoral (1 427) que los ponga en la posibilidad de ingresar un concejal. Las elecciones de noviembre de 1928 confirman la tendencia (apenas superan el 1% de los votos) haciendo que el partido se diluya y que los dirigentes católicos busquen nuevamente en los partidos mayoritarios un lugar para sus demandas.

Por otra parte, en el amplio y heterogéneo campo que siempre había sido el radicalismo santafesino, la expansión del electorado a nivel municipal es indudablemente una oportunidad para medir fuerzas, con el PDP, pero muy particularmente entre sus muchas facciones, circunstancia que se evidencia en la multiplicación de las listas que se identifican en esa tradición política.

En principio, es evidente que el radicalismo unificado es el sector más claramente en retirada. En un cuadro en el que la tendencia general será el crecimiento y la polarización de las facciones del radicalismo yrigoyenista, la Unión Cívica Radical Unificada -fuerza que gobierna la provincia desde 1924- está en franco retroceso: ya había estado en tercer lugar en las elecciones para diputados provinciales de 1926 con poco más de 9 000 votos, se recuperó cuando trataba de conservar la gubernatura provincial en febrero de 1928 con poco más de 14 000 votos, pero se vuelve a desplomar en las elecciones presidenciales y legislativas nacionales de marzo de ese año; pero donde el fracaso es sin dudas más evidente es a nivel municipal. Hasta las vísperas de la reforma, había conservado la minoría del CD con un caudal de votos ciertamente menor pero que podía atribuirse a lo restringido del padrón; no obstante un breve recorrido de su desempeño posterior (ya con un padrón ampliado) da como resultado inequívoco la decadencia de esta facción. En principio podemos atribuírselo al irrefrenable ascenso de los yrigoyenistas, pero posiblemente a que una buena parte de sus votantes migraran hacia el PDP, del cual sin dudas se diferenciaba escasamente, sea en la crítica común al “personalismo” de aquellos, como también en la ausencia casi absoluta de una interpelación “social” o siquiera popular de su discurso (véase cuadro 4).

Un panorama totalmente inverso lo observamos en el radicalismo yrigoyenista. Ahora bien, una mirada que se abstraiga de la profunda conflictividad interna de los yrigoyenistas nos da como resultado un crecimiento al mismo tiempo notable y espasmódico. No obstante, esto no debe oscurecer la profunda impronta que la identidad radical tiene en el electorado rosarino: así, si sumamos a las cifras del cuadro 5 las de los también radicales unificados nos dan un resultado si no sorprendente, sí lo suficientemente importante como para llevarnos a reflexionar (en otra ocasión, por cierto) sobre la hegemonía casi absoluta de una identidad política en el sistema político local (véase cuadro 6).

No obstante, el rasgo definitorio del radicalismo rosarino es su fragmentación y el altísimo grado de conflictividad interna, circunstancia que provocará en cuestión de meses la polarización en dos orientaciones que se declaran igualmente yrigoyenistas y partidarias de los intereses de los obreros (veremos más adelante que es en grado diverso). Ahora bien, volviendo a la primera elección municipal bajo la nueva ley, esta da la oportunidad de que cada facción muestre su peso relativo, circunstancia que se hace evidente con sólo contrastar sus resultados (véase cuadro 7).

Sobre un total de 18 listas presentadas para la renovación total del CD (23 bancas), ocho corresponden a las listas radicales, y de estas siete son declaradamente “personalistas”. La dispersión de estos últimos nos da indicios de cómo se construía el poder al interior de las facciones yrigoyenistas, todas ellas habían ido juntas dos meses atrás en las elecciones provinciales, pero la existencia del sistema proporcional, en un principio, las alentó a medir fuerzas sobre la base del control de situaciones partidarias, territoriales y hasta sectoriales (sean estos comités, seccionales, gremios y/o una combinatoria de estos); por otra parte, tanto el pobre desempeño del PDP en las elecciones provinciales (que podría hacer suponer que se repetiría en las municipales), como la seguridad de que el ejecutivo municipal también sería radical yrigoyenista (al ser elegido por el gobernador electo), posiblemente desalentaba las políticas unitarias.

Ahora bien, en el transcurso de pocos meses el panorama político (pero fundamentalmente social) cambiará sustancialmente. El resultado de ello será la creciente polarización de las facciones yrigoyenistas que se reducirán a tres para las elecciones de noviembre de 1928 y a sólo dos para las del año siguiente (véanse cuadro 8 y 9).

Se podría esgrimir razones sistémicas para explicar esta notable reducción, pero ni la fragmentación había sido ineficaz (de hecho cuatro de las siete listas lograron representantes) y precisamente esta misma circunstancia había dejado a cada grupo en mejores condiciones de negociación con la facción mayoritaria. Nuestra hipótesis es que tal polarización es el resultado concreto e inmediato del doble accionar de una de las facciones yrigoyenistas (el caballerismo)¹⁸ al introducir una clara interpelación social (obrera) en el discurso político del radicalismo, como de la acción de aquellos mismos agentes a los que se interpelaba, los trabajadores rosarinos; a esta articulación le dedicaremos el último apartado.

Un párrafo aparte merece el desempeño de las izquierdas: en principio porque a partir de las reformas del sistema electoral logran representación en el legislativo municipal hasta 1930,¹⁹ es más, no obstante el hiato que impone el golpe de Estado de 1930, retomarán su presencia a partir de 1932.²⁰ Son tres los partidos que incluimos en esta caracterización: el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC) y el recién organizado Partido Socialista Independiente (PSI). El primero contaba con presencia en la ciudad desde finales del siglo XIX, pero escasamente había obtenido adhesiones tanto a nivel electoral como sindical, el PC (escisión de aquel) estaba iniciando un periodo de crecimiento particularmente sostenido, en buena medida, por su crecimiento gremial (^{Menotti, 2009}); el PSI de muy reciente creación debuta electoralmente en las municipales de 1928 y, según comunistas y radicales, arrastra adhesiones tanto entre los socialistas como algunos votos más cercanos al PDP²¹ (véase cuadro 10).

Un seguimiento del voto de la izquierda establece una clara correlación: mientras mejor desempeño tienen los radicales “obreristas”, peor desempeño realizan particularmente el PSI y el PS. Una excepción (relativa) es la evolución del PC ya que a nivel municipal crece significativamente en una correlación casi estricta con los picos de conflictividad social.²²

LA CONFLICTIVIDAD OBRERA EN TIEMPOS DE ELECCIONES MASIVAS: TENSIONES SOCIALES Y DISCURSIVAS EN LA POLÍTICA

El año 1928 fue un momento crucial en la historia del movimiento obrero, no sólo rosarino, sino también argentino (^{Videla y Menotti, 2013}). El ciclo de huelgas que se iniciaron en los puertos santafesinos tuvieron una gran importancia porque marcaron puntos de inflexión en la dinámica del movimiento obrero y en su relación con los principales actores políticos. En este sentido, como sostuvo Roberto ^{Korzeniewicz (1993)} , las huelgas portuarias de principios de 1928 -que abrieron el camino a nuevas agitaciones urbanas durante todo el año y en el espacio rural pampeano a finales de este- fueron soslayadas hasta hace muy poco por los estudios históricos. Fue precisamente este autor quien llamó la atención acerca de la importancia de la agitada movilización laboral que se inició en 1928 en Rosario. Su análisis abordaba los dilemas de la dirigencia política de la UCR frente al problema que presentaba la clase obrera en cuanto a sus demandas y a su organización. En este sentido, planteó que los gobernantes radicales santafesinos buscaron implementar una serie de políticas para estrechar lazos entre el partido y las organizaciones sindicales; y, si bien al mismo tiempo y a nivel general, asumía que estas tuvieron escaso éxito, Korzeniewicz afirmaba que estos hechos sirvieron para marcar “un temprano desarrollo del populismo en la Argentina”. Por su parte, Mathew ^{Karush (2002)} indagó en la misma línea al analizar, en un marco general y en un más largo plazo, a la dirigencia política radical en Rosario; su enfoque se fijaba en la figura de Ricardo Caballero -uno de los principales protagonistas en las huelgas del año 1928- y su trabajo intentaba demostrar que los radicales se esforzaron por integrar políticamente a los trabajadores en tanto “ciudadanos”.

Ahora bien, ya desde los primeros días de 1928, la cuestión político-electoral también presentaba un aspecto complejo. El radicalismo antipersonalista (representado en la provincia por los unificados) desde el año previo estaba en retirada a nivel provincial y nacional. En ese contexto, el yrigoyenista Pedro Gómez Cello decidió postularse para el cargo de gobernador. Para ello tejió una alianza con varios sectores del fragmentado radicalismo en la que resaltaba Caballero (dueño de un particular discurso que combinaba obrerismo con criollismo y nacionalismo), circunstancia que le permitió ganar las elecciones provinciales de febrero. Por otra parte, los comicios nacionales realizados el 1 de abril le dieron un contundente triunfo a Hipólito Yrigoyen, a lo que se suman las elecciones municipales de fines de ese mes en la que los radicales yrigoyenistas desplazan a los demoprogresistas del CD. Finalmente, a los pocos días (ya en mayo y en medio de la conmoción de la huelga portuaria y las movilizaciones por el asesinato de la joven obrera Luisa Lallana), Gómez Cello designa a Caballero como jefe de la policía de la ciudad.

En este sentido, no se debe soslayar la expectativa generada en los trabajadores por la vuelta de unos políticos considerados obreristas a la nación, a la provincia de Santa Fe y a la ciudad de Rosario.²³ Al mismo tiempo, no se debe dejar de percibir la creciente agitación precedente, iniciada en 1927 por las organizaciones obreras y de izquierda con las manifestaciones de solidaridad referidas a Sacco y Vanzetti, que en la sureña ciudad santafesina y en el territorio provincial en su conjunto, tuvieron una destacada efervescencia y que incluyó también a miembros más radicalizados de la facción caballerista.²⁴

El impacto de la conflictividad obrera, particularmente los desafíos que supone la explícita interpelación a los obreros de las facciones radicales -evidentemente la caballerista, pero no sólo esta- hizo que muchos líderes radicales construyeran parte de su legitimidad sostenidos en la táctica de presentarse como representantes de los obreros: José Benjamín Abalos, Jorge Raúl Rodríguez, Alcides Greca y aun el demoprogresista devenido radical José Guillermo Bertotto entre los más visibles. Esta circunstancia impacta concretamente en el estricto ámbito electoral: si bien en las primeras elecciones municipales con el nuevo sistema electoral no aparece de manera tan clara y contundente (a diferencia de la campaña para las elecciones de noviembre), las acusaciones contra el “personalismo” por su incitación a la clase obrera son recurrentes.²⁵ Ahora bien, a partir de esa coyuntura y producto directo del accionar de los caballeristas, la “política obrerista” de estos pone distancias entre las facciones yrigoyenistas, y ya desde la mitad del año, estalla otra fractura: se constituye el Núcleo (que pronto adopta el nombre UCR Junta Reorganizadora) compuesta por aquellos mencionados más arriba (muchos de ellos antiguos defensores de la vetada Constitución de 1921) y por talante político más cercanos al reformismo liberal que las huestes caballeristas. La nueva división partidaria se consolidó en noviembre, cuando Caballero se presentó a las elecciones municipales con una lista propia, por fuera de las fuerzas yrigoyenistas.

Por otra parte, no podemos dejar de notar que las elecciones de noviembre suponen un claro corrimiento discursivo, si no hacia la izquierda, sí hacia una retórica radical-populista y obrerista de buena parte del electorado. En estos términos, el relativo debilitamiento de las orientaciones de la izquierda orgánica (PS, PSI) no supone que haya un retroceso en las oPCiones discursivamente (y prácticamente) favorables a la clase obrera; en este sentido la magnitud del voto caballerista (y aun la relativa concentración de algunas facciones radicales tras este), en un contexto claramente atravesado por la conflictividad obrera, no puede más que interpretarse como ejemplificación de una extensa opinión obrerista en la ciudad, es más, postulamos que debe precisamente considerarse como parte de la extensión e iniciativa de la clase obrera rosarina sobre el espacio público. En este sentido, mirado desde la clase obrera, las disputas de los “personalistas” con los “antipersonalistas” y los demoprogresistas, permitió que los trabajadores tuvieran un margen de espacio para elevar sus reclamos, mostrar su fuerza en la calle sin ser reprimidos y sentarse a negociar con un frente empresario poderoso.

Por otra parte, en el plano de lo estrictamente partidario, la situación supuso un claro desafío para casi todos los partidos: el “obrerismo” era indudablemente uno de los ejes por los cuales podemos tratar de explicar el intrincado panorama de las facciones radicales: ya ha sido destacado por Karush su efecto para entender las disputas al interior del radicalismo (en particular como estigma atribuido a los policromos yrigoyenistas por las distintas facciones que en ocasiones confluyen como antipersonalistas), pero también recorren las filas de aquellos. En este sentido, es evidente que la formación del Núcleo (integrada por conspicuos “obreristas”), en medio de otro ciclo de huelguistas, está marcada por las prácticas de acercamiento (más estrictamente, por el relativo éxito de estas) del caballerismo a la clase obrera. Ahora bien, la misma facción caballerista tenía ese mismo conflicto; evidencia de ello es la iniciativa de uno de sus grupos sindicales adictos (en general ferroviarios articulados alrededor de la publicación El Nativo y la asociación cultural “Solidaridad Social”) de crear un partido radical obrero (nacionalista popular, latinoamericanista, cooperativista, internacionalista, y por tanto reinvindicador de la revolución rusa, en algún sentido clasista y en particular furibundamente yrigoyenista) (^{Müller, 2008}). Por otra parte, que el líder de la facción no tomara este camino también es un indicador de hasta dónde llegaban los límites de una construcción política que no asumiría plenamente la condición obrera de su identidad política.

Por otra parte, este mismo grupo sindical caballerista ejemplifica las tensiones que recorrían a la izquierda local: si bien no podemos confirmarlo plenamente parece evidente que los “nativistas” formaban parte de una facción al interior del PS que en la coyuntura migró al caballerismo rosarino.²⁶ Es que, en general, todas las orientaciones ideológicas de izquierda percibían el impacto de la política caballerista y por tanto se encargaban de advertir contra ella a los obreros. En este sentido, es interesante cómo La Internacional (uno de los órganos de prensa más importantes del PC) debía señalar el diferencial que suponía la gestión de Caballero respecto de los conflictos: “Es importante, a los fines de la lucha que se desarrolla y de su victoria futura, que el proletariado esté en guardia contra las maniobras y especulaciones demagógicas de la burguesía caballerista, intensificando su acción de clase y acentuando su independencia absoluta como tal.”²⁷

Por otra parte, casi paradojalmente, el discurso popular-obrerista de las facciones yrigoyenistas (y más radicalmente de la facción caballerista) también cercaba las posibilidades discursivas del PDP; en este sentido, es evidente que, ni dentro de los recursos retóricos, pero tampoco en el tono de sus apelaciones discursivas, predominaron el estilo altisonante, “plebeyo”, populista de algunas facciones radicales, más aún, en el plano de los tópicos del discurso político, era evidente que uno de los más transitados por los demoprogresistas, el del reformismo político (encarnado en la vetada Constitución de 1921) ya no tenía la efectividad (ni tampoco la centralidad) de los años previos (^{Mauro, 2013, p. 87}). En este sentido, la escasa presencia -desde la retórica política- del discurso social en el PDP pudo haber sido uno de los motivos de la sangría de votos (y previamente de dirigentes) que se hizo notable en febrero de 1928.²⁸

REFLEXIONES FINALES

Como vimos, es evidente que el nuevo mecanismo electoral produce novedades en el sistema de partidos local, en principio por la presencia notable, claramente mayoritaria, que tendrán de aquí en adelante en el legislativo municipal las diversas vertientes que componen el heteróclito radicalismo; como otras instancias legislativas será el canal en el cual confluyan (contradictoriamente) a dar vida a una identidad política tan extensa que puede albergar en su seno buena parte de las tensiones políticas (y aún sociales) de la Rosario de fines de la década de los veinte.

Por otra parte, ya se ha señalado que otra novedad es la pérdida (relativa) de la hegemonía demoprogresista. No obstante, la situación se verá morigerada por la aplicación de la representación proporcional que estos mismos habían evadido a nivel municipal (en flagrante contradicción con sus postulados generales expresados en fallida Constitución de 1921) hasta que la inminencia de la reforma electoral lo hizo impostergable. Pero la representación proporcional también dio vida a otras expresiones del arco ideológico, en particular a unas pequeñas pero dinámicas expresiones de izquierda, que sin dudas lograron articular intereses sociales y políticos de una manera que todavía no podemos más que postular.

Otro componente, tal vez menos novedoso, es que el nuevo sistema electoral deja ya definitivamente fuera de las ecuaciones político-electorales a los extranjeros, no solamente porque su número fuera ahora claramente insignificante en el nuevo padrón (aunque sugerimos que ya lo venía siendo en el antiguo padrón de contribuyentes), sino porque no parece que esta circunstancia sea motivo para que las agrupaciones políticas tomen el tema como parte significativa de sus agendas, tal como lo había sido en el pasado reciente. Es más, contrasta con la circunstancia que estos (los extranjeros) no han decaído en su número (45% de la población rosarina lo era); pero la pregunta sobre quién asume su representación es sin dudas parte de una agenda de investigación posterior. Al presente sólo indicios nos hacen pensar que tal vez fueran las organizaciones gremiales y/o las territoriales (las nacientes asociaciones vecinales) donde encontraran respuestas a sus intereses.

Visto desde la dinámica temporal de muy corto plazo, la novedad más evidente para el sistema político municipal es la rapidísima transformación que sufren casi todos los actores políticos preexistentes: con la lparcial del PDP (que por otra parte ya tenía una posición dominante), las agrupaciones electorales preexistentes se reconfiguran o desaparecen en menos de un año. Por un breve momento pareciera que el nivel municipal de la política va adquiriendo una fisonomía particular y distintiva: un ámbito donde se procesan casi formalmente un primer nivel de las internas del partido mayoritario al tiempo que habilita la aparición de una estructura de partidos “orgánicos” más extensa y compleja (tanto a la derecha como a la izquierda del arco ideológico). No obstante, muy pronto el sistema de partidos municipal se asemeja más al nivel provincial, y una evidencia de ello es que los tópicos que lo recorren en la coyuntura (fundamentalmente el tema de “obrerismo” radical) se convierten en uno de los ejes articuladores de los posicionamientos partidarios.

Finalmente, respecto de nuestra preocupación inicial por la articulación entre conflicto obrero y política municipal, comprobamos que, en el ánimo de la masa obrera, la perspectiva de la vuelta de los yrigoyenistas incidió al crear un “clima de oportunidad” para sus reclamos, que se reforzó por el comportamiento puntual de alguna de sus facciones. Pero, a su vez, provocó que el enfrentamiento de clases profundizara las diferencias internas del radicalismo, tensionándolo hasta la ruptura partidaria, pero no ideológica. En este sentido, postulamos que, para acercarnos a una explicación, hay que pensar “radicalmente” (es decir dentro de la lógica de la identidad partidaria) y que, por tanto, aun para sectores del radicalismo yrigoyenista con cierta orientación social (J. R. Rodríguez, el “Núcleo”, por ejemplo) el movimiento obrero era “exterior” a su propia experiencia política y no integrable (relativamente) en el entramado de la propia identidad. En este sentido, estos sectores estarían todavía encorsetados por una matriz ideológica que no podía pensar en un movimiento obrero “radical” como parte de una identidad más extensa. El caballerismo, por lo menos en la coyuntura, estaría indicando que el camino no era intransitable, pero suponía asumir plenamente tanto tareas prácticas (ya sean las de intervención estatal, si se estaba en lugares de decisión, o las más propias de la militancia sindical, a nivel de la acción colectiva), como también las consecuencias de los conflictos derivados de una estrategia donde la conflictividad social se articulaba con la política, derrotero que el radicalismo, en general, no estaba dispuesto a emprender más allá de la disposición favorable, o no, de los trabajadores.