La seguridad pública ha sido un tema crítico de las políticas, la agenda y la opinión pública. En el marco de las percepciones de riesgo, la psicología social ha aportado hallazgos empíricos suficientes para establecer teorías y conceptos circunscritos al impacto de las estrategias políticas y mediáticas en torno a la violencia, corrupción, nepotismo o negligencia. El presente ensayo, discute las diferencias y similitudes de los marcos teóricos y conceptuales para ajustar las relaciones causales entre los hechos y las percepciones correspondientes. Tal ejercicio permitirá discernir los planteamientos existentes en torno a la influencia de los medios en la agenda política, la incidencia de los programas de segundad sobre la opinión pública a través de la cobertura mediática, así como los efectos de la opinión pública sobre la agenda política de segundad nacional ( García, Carreón, Hernández, Morales, Limón, Méndez, Bustos & Bautista, 2013).
La relación que guardan los sistemas sociopolíticos con subsistemas de segundad es espuria. A menudo, influida por otros subsistemas comunicativos e informativos, la seguridad, en tanto subsistema, alude a una representación ubicua del poder. Es decir, el anhelo de los líderes autoritarios y la capacidad de generar sumisión en sus subditos ahora parece estar relacionados con los grupos delictivos que atenían o cuando menos atenúan el poder del Estado (Añanos, 2012).
El poder político, a diferencia de cualquier otro, desgasta la relación asimétrica entre el Estado y los gobernados. A medida que transcurre el régimen, el poder omnipresente y ubicuo disminuye en tanto que el poder de decisión y elección se incrementa. Durante un gobierno, cualquiera que este sea, gobernantes y gobernados son exhibidos por sus decisiones, intenciones o elecciones (Buker, 2011).
En el caso de la seguridad, las teorías acuñadas para explicar la relación entre la clase política y apolítica parecen converger en que un sistema político en el cual se, incluyen subsistemas comunicativos e informativos en torno a los cuales se construye un “conocimiento estándar” con respecto a conceptos tales como: “sicario”, “lugarteniente” o “cártel”. En el epicentro de los argumentos teóricos, la seguridad es el resultado de la coordinación de subsistemas persuasivos más que coercitivos los cuales a su vez son inexorables a las formas de Estado. En tal sentido, las desavenencias entre el Estado y sus instituciones e instrumentos de inteligencia delictiva propiciarán incrementos significativos de la percepción de riesgo ( García, Montero, Bustos, Carreón & Hernández, 2013).
Precisamente, el objetivo del presente ensayo es revisar el marco teórico-conceptual así como el estado del arte en torno a la percepción de seguridad pública. En el marco de la psicología social, cuatro teorías han sido desarrolladas: la Teoría del Establecimiento de la Agenda, la Teoría del Conocimiento Estándar, la Teoría del Autocontrol y la Teoría del Menoscabo Reintegrativo. Cada uno de ellas ha planteado que la seguridad pública es una causa de la forma de Estado en referencia a la participación de sus gobernados (Chavarría, 2013).
Sin embargo, la problemática de seguridad pública global y local parece diversificarse de tal modo que hacen imprescindible marcos teóricos orientados a los efectos de la relación política entre el Estado y los gobernados así como la mediación de subsistemas informativos, comunicativos y persuasivos (Clemente, Vilanueva & Cuervo, 2013).
Desde una perspectiva sociopolítica y psicosocial, se entenderá la segundad pública como el resultado de desencuentros entre los subsistemas coercitivos y persuasivos del Estado en referencia a hechos de violencia, narcotráfico, secuestro, latrocinio, corrupción, negligencia, nepotismo o discriminación (Concimance, 2013).
Se llevó a cabo un estudio documental con fuentes informativas seleccionadas de bases de datos indexadas: DIALNET, LATINDEX y REDALYC con las palabras claves de segundad pública, percepción de inseguridad, corrupción, esfera civil, emprendimiento social, indefensión aprendida e hipermetropía delictiva en el periodo que va de 2010 a 2014. Posteriormente se analizó el contenido a fin de poder establecer los ejes y temas de discusión en la agenda académica e investigativa. Por último, la información seleccionada y categorizada se especificó en un modelo de relaciones observables.
Problemáticas de seguridad pública
El Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad A.C. en su informe correspondiente al año 2010 relativo a los homicidios identifica al Estado de México como la entidad con mayor número de delitos de privación de la vida durante el periodo 1997 a 2010 (Dorantes, 2012).
Con una estadística de aproximadamente seis mil homicidios por cada 100 mil el Estado de México lidera la lista de urbes más inseguras. En contraste, los estados de Baja California y Colima tuvieron el número más bajo de homicidios porcada 100 mil habitantes (Espino, 2011).
Con respecto a homicidios culposos definidos como lesiones no intencionadas de privar de la vida a una persona mediante cualquier objeto, el Estado de México y después Jalisco son las entidades con mayor riesgo de ser privado de la vida incidentalmente. Los estados de Baja California y baja California Sur tienen el menor número de los casos durante el mismo periodo de 1997 a 2010 (Fondevilla & Quintana, 2013)
En cuanto a los homicidios dolosos se han presentado con mayor frecuencia en el estado de Chihuahua durante los últimos años. Así, los estados con el menor número de homicidios: Yucatán, Colima y baja California Sur parecen comprobar la hipótesis de la frontera insegura entre EUA y México. En el caso del estado de Sinaloa, los homicidios se han incrementado sustancialmente en los últimos años. No obstante, el Estado de México es la entidad en donde se comete más homicidios (Gazca & Olvera, 2011).
La tendencia de homicidios concentrada en el Estado de México es corroborada por la cantidad de homicidas del fuero común. Sin embargo, la Ciudad de México lidera este rubro con el mayor número de homicidios.
En el caso de la Ciudad de México, el mayor número de sentencias parece indicar un sistema eficaz de procuración e impartición de justicia puesto que de los 800 homicidas reportados todos fueron sentenciados (Harvey & Muños, 2013).
El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) en su informe correspondiente al año 2010 ubica al robo como el principal delito del fuero común. Se constatan, según datos, incrementos de robo con violencia para la Ciudad de México en alrededor de siete mil casos (Jiménez, 2009).
En los caso de robo de bienes a transeúntes, las bicicletas fueron mayoritariamente sustraídas por los asaltantes en lugares cercanos a la casa habitación o incluso al interior de la misma. Esto alienta la hipótesis de que quienes se dedican al robo podrían ser conocidos por las víctimas o usuarios de bicicletas en los parques aledaños y las zonas de esparcimiento de la Ciudad de México (Jiménez, 2012).
En cuanto al robo de autopartes, alrededor de tres millones de casos fueron denunciados ante las autoridades en México. Este dato es relevante a la luz de otro dato que ubica a las ciudades mexicanas con mayor índice de parque vehicular cercano al 40% en su ocupación del suelo urbano (Noblega, 2012).
Alrededor de diez millones de autos han sido sustraídos por delincuentes. La sobresaturación del parque vehicular en las urbes propicia una elevada probabilidad de robo dado que existe una sobreabundancia de automóviles frente a otras opciones de transporte tales como metrobús, metro, microbús, tranvía o trolebús. Además, la tendencia de crecimiento del parque vehicular sin restricción gubernamental alguna parece incidir en la diversificación del robo en las urbes sobresaturadas de automóviles. Si la ocasión hace al ladrón, entonces el robo de autos es una actividad delictiva muy rentable (Perdomo, 2014).
Los asaltos no solo siguen la lógica de la ocasión oportuna, sino también la lógica del poder que consiste en el control de la situación a partir de un bajo autocontrol de las emociones. Nuevamente, el excesivo número de armas traficadas de los Estados Unidos hacia las ciudades de México facilita el hecho de que sean usadas como los principales instrumentos de la delincuencia (Rottenbacher & De la Cruz, 2012).
Finalmente, los lugares tales como la casa habitación y el automóvil, que debieran proporcionar segundad y confianza a los ciudadanos, ahora son escenarios de robo. El incremento de los asaltos a casa habitación corrobora la hipótesis en torno a la cual el robo está asociado a la percepción de inseguridad personal, familiar y social (Rozo, 2014).
En síntesis, el robo de autos con pistola y de manera violenta es el principal delito del fuero común. Sin embargo, el tráfico de armas, el excesivo número de automóviles que componen el parque vehicular y el alto porcentaje de ocupación del suelo urbano y vías de comunicación, incrementan las probabilidades de oportunidad y motivo que atraen a los delincuentes o a quienes quieren realizar una carrera delictiva.
Teoría del comportamiento delictivo
La Teoría del Autocontrol plantea que la inseguridad pública es el resultado de procesos ambientales, grupales y cognitivo-perceptuales a través de los cuales los hechos de violencia, crimen o delictivos inciden en el comportamiento humano (Nordenstedt & Ivanisevic, 2010).
La percepción es un proceso psicológico básico, en tanto subsistema de procesamiento de información. La percepción está incluida en un ciclo de doce etapas a partir de la sensación de un acontecimiento, la señal del evento, el proceso perceptivo-comparativo, la referenciación de los símbolos, errores de apreciación-atribución, almacenamiento de efectos, sentido de unicausalidad, disturbios ambientales y retroalimentación con otros sistemas (Pando, Aranda & Olivares, 2012)
Si la percepción es un instrumento cognitivo para intercambiar información con el entorno, la inseguridad pública será el resultado de dicho intercambio informativo entre los sistemas. En el caso de la percepción de inseguridad, seis subsistemas vinculados entre sí, Puesto que el autocontrol está determinado por: la estructura social, los factores biológicos, la dinámica familiar, las prácticas parentales, la fe religiosa y la formación escolar. De esta manera, la inseguridad será el resultado del desequilibrio entre estos subsistemas. Es decir, a medida que la fe religiosa se sobrepone a la formación escolar genera un desbalance en la dinámica familiar, las prácticas parentales y la estructuración social. La adquisición de principios morales y normativos deviene en un autocontrol sesgado a los dogmas religiosos o educativos. El quebrantamiento de tales límites, ejercerá una presión sobre la cognición humana y las acciones personales (Taguenca, 2012).
En la primera etapa, el autocontrol tendría su origen en creencias, normas, actitudes, percepciones y motivaciones en torno a un evento de inseguridad. Se trata de una etapa en la que los individuos observan un hecho delictivo, agresivo o violento, pero al parecer solo registran el acontecimiento en pequeñas partes de imágenes, tiempos y movimientos de forma espontánea, sin la existencia de alguna presión de por medio. Las personas se limitan a reproducir y recrear los acontecimientos una vez que estos han ocurrido o están por acontecer (Tena, 2010).
En esta etapa de procesamiento de la información, los individuos que han sufrido los acontecimientos de inseguridad se muestran cautos y expectantes ante los cambios intempestivos. Cada individuo, a partir de sucesos que espera se lleven a cabo, procesa información de tal modo que toma una serie de decisiones las cuales le permitirán afrontar deliberadamente una amenaza o peligro (Torres, 2013).
No obstante, una consecuencia de la relación entre los hechos de inseguridad y los procesos de autocontrol es la minimización o maximización de acontecimientos que llevan a la inacción o indefensión. Es decir, la vida sedentaria sería una consecuencia de altas expectativas de autocontrol de la inseguridad. O bien, un efecto de expectativas bajas de autocontrol con respecto a los acontecimientos de inseguridad en el presente o en el futuro (Uvalle, 2011).
A menudo, las teorías son representadas por modelos desde los cuales es posible observar ciclos de desarrollo de problemáticas, cogniciones o comportamientos. En el caso de la inseguridad, los acontecimientos son conceptuados como disturbios que afectarán la ejecución de acciones con respecto a las expectativas de inseguridad. Una vez que la información es transferida y comparada, los individuos llevan a cabo acciones que reactivarán el ciclo de la inseguridad desde la óptica del autocontrol (Van Bamereld, Rodríguez & Robles, 2012).
Piénsese en la vigilancia policíaca como un atenuante de la inseguridad pública. A medida que las personas consideran la vigilancia continua de la policía como garante de la segundad al disminuir los hechos de violencia, al mismo tiempo incrementan sus percepciones de inseguridad porque su propio autocontrol de los acontecimientos como ciudadanía estaría sustentado en las rondas de vigilancia del policía de barrio (Zambrano & Meneses, 2014).
En contraste, la cobertura mediática, al ajustar sus contenidos a los niveles de rating, podría influir en la minimización o maximización de la inseguridad. Una vez que las personas se han enterado por los medios de comunicación que la inseguridad es cada vez menos o más frecuente, los niveles de autocontrol individual se verían determinados por el contenido de las noticias o notas de prensa policíaca (Zúñiga, 2011).
Sin embargo, existen otros factores de orden socioeconómico, educativo o demográfico que también estarían influyendo en las acciones que indican el autocontrol respecto a la inseguridad. Precisamente, el objetivo del presente estudio es establecer las relaciones causales entre sexo, edad, ingreso, estado civil, religión, vigilancia continua, cobertura mediática y percepción de inseguridad.
Los hechos de inseguridad pública, en tanto señales de autocontrol son mensurables, predecibles y comparables, son evidencia de relaciones entre variables personales, ambientales o grupales que al interactuar explican las situaciones de inseguridad desde el punto de vista y la opinión de quienes han experimentado amenazas, asaltos, agresiones o cualquier otro hecho fuera de sus posibilidades de representación, estimación o reacción (Torres, 2013).
Los estudios psicológicos de la inseguridad muestran que el autocontrol es el determinante del afrontamiento de la inseguridad pública. En este sentido, las variables que determinan el autocontrol estarían vinculadas indirectamente con los acontecimientos de inseguridad. En el caso del factor mediático, la cobertura de los hechos por parte de los medios sería una variable a considerar ya que sus efectos de contextualización, encuadre, enmarcado o intensificación podrían incrementar o disminuir significativamente la percepción de segundad personal o familiar.
En el presente estudio, se consideró el análisis de las relaciones existentes entre que las percepciones sean mediáticas, observadas o inclusivas a la dinámica cotidiana de las personas, sus familias o barrios con respecto a los hechos de inseguridad pública.
La Teoría del Autocontrol (TAC) ha dominado la escena de los estudios criminológicos. En este sentido, el bajo autocontrol se refiere a un conjunto de rasgos de insensibilidad, impulsividad e irresponsabilidad persistentes en la vida personal que hacen más proclive a un individuo al delito. Este principio no solo explica el comportamiento criminal sino también el comportamiento de la víctima. Es decir, la comisión de un delito está relacionado con autocontroles bajos tanto en el criminal como en su víctima quien muestra un bajo autocontrol al sistemáticamente buscar experiencias de riesgo y aventura que lo hacen vulnerable a los delincuentes por su proceder imprudente o no preventivo del delito (Harvey & Muños, 2013).
El estado del arte ha establecido asociaciones entre el miedo, la indignación, el menosprecio, la imprudencia y los delitos. En otras palabras, es más probable la ejecución de un delito por parte de una persona emocionalmente inestable. Los delitos implican la combinación de personalidades con bajo control de sus emociones que los llevan a asumir riesgos. A menudo, estas personalidades, la del delincuente y la de la víctima, improvisan sus actos porque los llevan a cabo a partir de heurísticos que les impiden visualizar las consecuencias de sus actos (Gazca & Olvera, 2011).
El concepto de robo es un acto forzado orientado al fraude para el logro de un interés personal. El fraude es definido como malversación, falsificación o soborno llevados a cabo para beneficiar o no a una sola persona, grupo o institución en detrimento de otra persona, grupo o institución. Sin embargo, el concepto de “fraude” en la Teoría del Autocontrol, es erróneo ya que los actos humanos deshonestos no pueden ser considerados “fraudes”.
La inseguridad pública incluye tres componentes principales: asalto con arma, violación y narcotráfico. Tiene un impacto en la calidad de vida, si se difunde a través de la prensa, incide directa y significativamente sobre la percepción de riesgo.
En este sentido, las decisiones de cambio se ven modificadas por las preferencias y los encuadres de información. Si los receptores perciben que la información mediatizada mejorará su decisión y comportamiento, entonces es probable la adopción de mayores riesgos. Un incremento en la percepción de control de la información también corresponde con un aumento en el riesgo percibido (Fondevilla & Quintana, 2013).
Este hallazgo precisó el planteamiento de la utilidad esperada que considera a los eventos de riesgo como evitables siempre y cuando los individuos realicen la mejor elección en sus preferencias. No obstante, las decisiones y comportamientos parecen llevarse a cabo a partir de la aversión a los riesgos.
La difusión de un riesgo está mediada por un factor de accesibilidad cuya variación hace emerger juicios intuitivos para la decisión y acción prospectivos. En ese sentido, la percepción de inseguridad pública está asociada con los niveles de criminalidad. Si la gente percibe que los homicidios o asaltos son muy probables de llevarse a cabo entonces sus expectativas de segundad disminuyen (Gazca & Olvera, 2011).
De este modo, tanto la intensidad y proximidad del evento como la accesibilidad a la información generada en torno a la contingencia, son factores vinculados con la percepción de control, utilidad y riesgo los cuales inciden en la toma de decisiones. Particularmente, los estudios psicológicos de la inseguridad se han enfocado en la demostración de modelos teóricos en los que se incluyen variables asociadas a la percepción y determinantes tanto de la decisión como de la acción.
En el caso de los valores ambientales, un estudio en el que la alta intensidad percibida de los eventos terroristas se asoció con los valores de apertura al cambio y auto-trascendencia. Este hallazgo es relevante a la luz de la inseguridad pública dado que los medios de comunicación, al magnificar la inseguridad pública, la relacionan con el terrorismo.
En consecuencia, la inseguridad se define como una situación normativa, perceptual, valorativa, actitudinal, intencional y conductual. Dicha situación es vivida en carne propia o a través de canales de comunicación que maximizan o minimizan la situación y su influencia en la vida social, grupal o personal.
En tal sentido, la mediatización de la inseguridad sería la contextualización, el encuadramiento, la dirección y la intensidad de un evento considerado como mensurable, predecible, controlable y evitable.
Los estudios psicométricos del riesgo tienen como referente y objetivo las políticas públicas de prevención y atención a desastres naturales así como catástrofes tecnológicas asociadas a las contingencias ambientales. Así, el Estado es un actor fundamental de la segundad nacional avocado a la difusión e intervención de eventos impredecibles. Por ello en las sociedades desarrolladas, el Libro Rojo es un manual imprescindible para el diseño de políticas y la elaboración de investigación encaminada a la toma de decisiones, iniciativas y legislaciones que garanticen la segundad pública. Sin embargo, la comunicación de riesgos por parte del Estado, no tiene una recepción simétrica por parte de los grupos vulnerables (Fondevilla & Quintana, 2013).
En el estudio de los mensajes gubernamentales sobre los eventos de riesgo fueron recibidos asimétricamente por parte de los residentes migrantes en relación a los habitantes nativos de los Estados Unidos. Incluso, los migrantes se mostraron escépticos a las advertencias de peligro difundidas en los medios públicos, ambientalistas, académicos y científicos. Este es un ejemplo de cómo los encuadres tienen un efecto reactante en turistas y migrantes (Jiménez, 2012).
En contraste, los mensajes parecen ajustarse a la experiencia de los residentes nativos al momento de las contingencias ambientales. El impacto de los eventos de riesgo sobre la cognición y conducta de los humanos están mediados por marcos informativos que minimizan o maximizan la intensidad de una contingencia. Este es el efecto de la hipermetropía o preocupación ambiental sesgada: cuando los eventos de riesgo son percibidos como lejanos, las personas tienden a la indecisión e inacción (Espino, 2011).
En contraste, una contingencia percibida como cercana implicaría una mayor responsabilidad en la prevención o atención de las consecuencias del evento en la salud personal o del grupo de referencia. La hipermetropía subyace al presentarse una contingencia que activa emociones y creencias determinantes de un accionar inmediato. Este es el caso de la investigación en la que establecieron diferencias significativas por grupos socioeconómicos en torno a las creencias de afectación a la salud derivadas de eventos de riesgo. Las mujeres tienden a creer más que los hombres sobre los impactos de determinados eventos de riesgo en su salud (Gazca & Olvera, 2011).
Estas creencias se intensifican en función del nivel de estudio. Quienes solo terminaron el nivel básico se muestran más optimistas con comparación con quienes tienen una formación profesional.
Con respecto al ingreso, quienes ganan menos de diecinueve mil dólares anuales se muestran más propensos a creer que las contingencias de riesgo no afectarán su salud. En cambio, aquellos cuyos ingresos rebasan los setenta y cinco mil dólares por año, se muestran pesimistas ante el impacto de los eventos en su salud. En situaciones de incertidumbre, las personas asumen riesgos significativos para obtener ganancias poco probables en relación con tener pérdidas muy probables o ganancias inferiores a sus expectativas. Hay una percepción de control en relación a la sobrestimación o subestimación del evento de riesgo. Es decir, las personas que tienen expectativas de influencia sobre el impacto de una contingencia en su salud son más propensas a asumir riesgos volitivos (Perdomo, 2014).
El otro estudio demostró una relación directa, positiva y significativa entre la volición y la percepción de riesgo. A medida que la volición aumenta el riesgo percibido se incrementa también. Los resultados de esta investigación parecen evidenciar la relevancia de las dimensiones espaciales del riesgo. En este sentido, la especificidad de un evento influye en la formación de percepciones, creencias y actitudes enfocadas en las estrategias de prevención y la disminución del estrés generado por la amenaza de la contingencia ambiental.
A partir de los estudios esgrimidos, el riesgo se define como una contingencia perceptual, valorativa, actitud i nal, motivacional, intencional y conductual. Dicha situación es vivida en carne propia o a través de canales de comunicación que maximizan o minimizan la magnitud e impacto del evento en la estabilidad global, local, grupal y personal (Espino, 2011).
En este sentido, la inseguridad sería una consecuencia de la percepción, valoración, motivación, decisión y comportamiento en torno a un evento considerado como inconmensurable, impredecible, incontrolable e inevitable.
La Teoría del Autocontrol ha sustentado empíricamente sus fundamentos. Los estudios del autocontrol han demostrado que un bajo autocontrol está asociado con el sexo, la edad, la raza, el auto-concepto, la autoestima, el comportamiento de riesgo, la imprudencia y el crimen. Es posible observar dos tendencias en los estudios del autocontrol. La primera, explica la relación entre variables socioeconómico-demográficas, el autocontrol y el comportamiento de riesgo. La segunda, alude a la predicción del comportamiento imprudente y contraproducente a partir de variables cognitivas (Rottenbacher & De la Cruz, 2012).
El efecto directo entre la edad y la raza sobre la pertenencia a la delincuencia organizada. En el caso del aprendizaje de la delincuencia incidió en el liderazgo delincuente. En otro estudio, establecieron las diferencias significativas por sexos, edades y países con respecto al autocontrol en torno a vandalismo, abuso de alcohol, uso de drogas, bajo rendimiento escolar y desviación general.
En comparaciones generales, la impulsividad fue un factor de diferenciación entre los países. En la muestra estadounidense, se encontraron diferencias significativas entre el abuso de alcohol, uso de drogas y asaltos. En la muestra alemana, el vandalismo, el uso de drogas y los asaltos fueron factores de diferenciación. Las variables sociodemográficas fueron determinantes de los efectos causales, directos, negativos y positivos de cinco conductas desviantes sobre el autocontrol respecto al tabaquismo, la religiosidad y el sexo masculino repercutieron negativamente sobre el autocontrol, la estabilidad fue un determinante positivo.
Por último, establecieron el efecto directo, negativo y significativo de la edad y el autocontrol sobre el comportamiento de riesgo en el número de patrones de delitos sexuales. La edad influyó en las experiencias de peligro y aventura. El origen étnico incidió en los riesgos de manejo tales como; seguir un auto y manejar sin el cinturón de segundad y en el sexo con un desconocido. El sexo determino el manejo sin el cinturón de segundad, conducir en estado de ebriedad, tener sexo sin condón, deshonestidad académica y las intenciones de buscar aventuras peligrosas (Rozo, 2014).
La Teoría del Menoscabo Reintegrativo al considerar la existencia de una interdependencia entre la discriminación y los actos delictivos plantea que en la medida en que un grupo es excluido, desarrolla formas de interacción interna las cuales facilitan la comisión de un delito y la consecuente discriminación por parte del grupo agraviado.
El auto-concepto entre los padres y los hijos a partir del comportamiento antisocial del niño, acceso a los padres, percepción parental e interdependencia entre padres e hijos determinó directa, negativa y significativa al comportamiento antisocial en la niñez, la accesibilidad de los padres, la percepción de accesibilidad parental y la percepción entre padres e hijos sobre el latrocinio.
Un modelo estructural en que la delincuencia es determinada por la evitación de normas e información. En dicho modelo, se establecieron tres indicadores para el comportamiento delincuente: abuso de alcohol, drogas, violencia y robo a propiedad ajena. En una revisión de los medios impresos, encontraron una mayor tendencia de cobertura informativo alrededor del escándalo político. Con respecto a la política de la policía, las personas percibieron el escándalo como severamente justo. En un registro de las noticias sobre los titulares del escándalo político, la mayoría de los periódicos calificaron el evento como un acto criminal de victimización.
Por su parte, mediante tres modelos de regresión, el efecto directo del menoscabo reintegrativo sobre la democracia y la guerra civil en sus dimensiones política y terrorista. En un segundo modelo el menoscabo reintegrativo determinó la represión en sus dimensiones políticas y terroristas como factores de amenaza y democracia. Finalmente, en el tercer modelo, el menoscabo incidió directa, negativa y significativamente sobre la represión en sus dimensiones política y terrorista (Jiménez, 2009).
A partir de modelos de regresión logística, la interacción de las experiencias de menoscabo con el estatus económico bajo en relación con la depresión. Los participantes de estatus medio y alto en relación con la experiencia de menoscabo tuvo una interacción espuria con la experiencia de menoscabo y una relación poco significativa con la depresión.
En síntesis, la Teoría del Menoscabo Reintegrativo explica el proceso de chminalización a partir de percepciones que orientan enjuiciamientos negativos en torno a un evento de victimización. El menoscabo reintegrativo predice comportamientos que justifican el peso de la ley sobre quienes son considerados delincuentes sin importar las causas, únicamente el grado de agravio o estatus social. Incluso, cuando las normas o valores sociales contradicen el enjuiciamiento, el menoscabo reintegrativo parece justificarse. Finalmente, al interactuar las experiencias de menoscabo con el estatus económico bajo, se predice la depresión.
Sin embargo, a pesar de que la TAC y la TMR han sido ampliamente corroborados en diversas temáticas, con respecto al menoscabo del latrocinio podría haber similitudes con otros estudios relativos a la delincuencia y violencia. Tales estudios podrían corroborar la hipótesis en torno a que en la inseguridad social tiene como principal efecto en la ciudadanía una serie de percepciones, creencias, actitudes, intenciones y comportamientos de menoscabo a la imagen de los delincuentes. Precisamente, el aporte del presente estudio estriba en la explicación del menoscabo hacia la imagen del latrocinio como experiencia y percepción de inseguridad y riesgo.
Estado del conocimiento
Los estudios relativos al comportamiento delictivo advierten que se trata de un producto de las relaciones de poder intra grupo en el marco de la segundad privada. En este sentido, el comportamiento delictivo es asumido como un fin último que no estaría mediado por virtudes cívicas, habitus de poder o representaciones sociopolíticas.
Empero, la confiabilidad y validez no sólo permiten evidenciar la emergencia del comportamiento delictivo, sino de además de aquellas variables relativas al constructo que sería el caso del comportamiento de Achenbach y Edelback entendidos como trastornos de formación educativa (Zambrano & Meneses, 2014).
Sin embargo, el comportamiento delictivo sería también resultado de una dinámica grupal en el que la violencia es llevada a cabo a través de diferentes trastornos que en algunos casos enfocan sólo al perpetrador y en otros observan a las víctimas, aunque predominantemente endosan la espiral agresiva o abusiva al perpetrador (Perdomo, 2014). En este sentido, el comportamiento delictivo sería una consecuencia de las patologías desarrolladas en un grupo, pero con el acento en el comportamiento del agresor. A medida que el perpetrador y la víctima desarrollan un vínculo afectivo, en el futuro construirán un escenario de violencia y agresión que se diseminará de diferentes modos hasta legitimar la relación de codependencia.
A partir del estilo de aprendizaje, seguro, ambivalente y evitativo, el comportamiento estaría determinado por relaciones de protección, cariño, disponibilidad, atención, confianza, calidez, y satisfacción en torno a la consecución de un objetivo o meta. En este estilo de segundad, el comportamiento delictivo en tanto indicador de trastornos grupales, sería determinado por la oportunidad delictiva más que por la motivación emocional y afectiva que supondría el estilo ambivalente o evitativo.
El segundo estilo ambivalente justificaría la relación entre frustración y agresión en tanto que el individuo formado desde relaciones de ansiedad no tendría el auto-control suficiente para eludir la comisión de un delito y desarrollar relaciones destructivas y abusivas para reproducir la espiral de violencia.
Por último, el tercer estilo conocido como evitativo anticiparía la victimización más que el comportamiento delictivo en tanto que la inseguridad seria un factor determinante de relaciones inciertas que activarían la comisión de un delito ya no por la oportunidad, sino animado por la necesidad de experimentar emociones de riesgo.
Algunos estudios advierten que los estilos de crianza y aprendizaje son antecedentes y a la vez justificantes del comportamiento delictivo en tanto que plantean a la evitación de contacto como un maltrato suficiente para que el infante al convertirse en adolescente cometa delitos. En este sentido, la negligencia y el abandono explicarían la carrera delictiva de individuos maltratados por sus cuidadores. En sus diferentes dimensiones, el maltrato infantil estaría justificando el aprendizaje de relaciones emocionales, sexuales, sumisas, institucionales y destructivas que afectarían al comportamiento transformándolo en delictivo (Rozo, 2014).
Otros estudios más bien encuentran en la oportunidad derivada de la estructura organizacional la causa de la comisión de un delito. En el caso del acoso laboral no sólo muestra un historial de abuso, sino además anticipa escenarios de destrucción que explicarían la emergencia de un comportamiento delictivo intermitente (Pando, Aranda & Olivares, 2012).
En el mismo sentido, las dimensiones de violencia al estar correlacionadas entre sí aumentan su probabilidad de explicar un comportamiento delictivo. Es el caso de la violencia emocional y física que al generarse en un grupo determinan acciones cada vez más violentas. Si la formación delictiva explica un acto criminal, entonces la formación desde la cultura de la paz explicará la emergencia de relaciones virtuosas en donde no se busca subsanar los límites, sino potenciar las fortalezas (Añanos, 2012).
De este modo, Chavarría (2013) advierte que diferentes formaciones tendrían una relación con diferentes protocolos de pacificación. Es el caso de la indefensión aprendida que al ser transformada en cultura de paz evidencia dos porcesos de locus de control, interno y externo.
El locus de control interno que alude a un refuerzo contingente de la conducta hacia las propias características de la persona explicaría la espiral de violencia en tanto que esta requeriría de experiencias emocionales cada vez más agresivas o sutiles en la que se requeriría de un control interno de las emociones para la manipulación de los afectos del otro.
El locus de control externo justificaría la formación de delincuentes desde estilos ambivalentes o evitativos. En este caso el poder es atribuido a factores ajenos a la voluntad propia. Se trata de construcción de un espacio vital en el que la delincuencia protege a sus integrantes del maltrato social que sufrieron a través de sus cuidadores.
Precisamente, los estudios transculturales advierten que la violencia no siempre presenta un solo rostro, con lo cual puede variar en función de las relaciones asimétricas entre ciudadanos con respecto a la procuración de justicia, el sistema punitivo o las políticas de segundad. Según el tipo de violencia se gestaría un comportamiento delictivo.
La violencia reaccionaria en el ámbito local anticiparía un comportamiento justificado por la falta de oportunidades ante una administración deficiente de recursos por parte del Estado. El desbalance entre demandas y recursos obligaría al individuo a emprender actos violentos que manifiesten su indignación e inconformidad con respecto a las políticas de desarrollo endógeno. Es el caso de confrontaciones con la policía luego de una restricción al empleo o recorte de puestos, supresión de segundad social e incremento de precios en la canasta básica.
La violencia estructura, determinante de la violencia reaccionaria, supone la emergencia de esferas organizadas que desafían la administración central a fin de poder sustituirlo. Es el caso de las esferas civiles que se gestaron en torno a los derechos humanos, pero que en su expresión más radical se materializó en acciones delictivas de secuestros o asesinatos de funcionarios, boicots a centrales de energía o abastecimiento de agua como medida de presión para la libertad de presos políticos o activistas.
La violencia cultural que fundamenta tanto a la reaccionaria como a la estructural va más allá de la relación entre gobernantes y gobernados. Se trata de una violencia sustentada en las diferencias de usos y costumbres que no sólo hacen diferentes a dos grupos, sino también impredecibles sus actos de odio. Se trata de comportamientos delictivos relacionados con la limpieza ética, la desaparición y el secuestro, así como el asesinato de líderes de grupos opositores o disidentes al régimen totalitario.
Por último, la violencia simbólica explicaría las diferencias entre sectores económicos, políticos y sociales quienes harán validas esas asimetrías por la vía de discursos xenófobos o propaganda anti-inmigrante o mediante la diseminación d estereotipos y estigmas en los medios de comunicación.
En su versión sociopolítica, la violencia sólo ha sido abordada desde el efecto de discursos presidenciales sobre las preferencias electorales o las manifestaciones de apoyo o rechazo a la figura de gobernantes. Por consiguiente, el comportamiento delictivo sólo aludiría a la indignación como activador de incendios, destrucción de patrimonios del Estado, bancos o comercios (Fondevilla, 2013).
En suma, el estado del conocimiento avanza hacia el estudio de la violencia como escenario del delito en el que la agresión sería un indicador preponderante, pero no exclusivo razón por la cual es menester ahondar en aquellos otros síntomas del comportamiento delictivo que pudieran explicitar nuevas formas de violencia y pacificación.
Especificación del modelo de variables observables
La especificación de un modelo consiste en la elaboración de un modelo de variables observables en las que se definen; 1) selección de indicadores de acuerdo con su posición en la red nomológica del estado del conocimiento y su conceptualización en los marcos teóricos revisados, 2) orden lógico explicativo del proceso o fenómeno, 3) supuestos básicos subyacentes a las relaciones entre indicadores con respecto al constructo u otras variables latentes según los hallazgos reportados (Zambrano & Meneses, 2014).
De este modo, el comportamiento delictivo es resultado de un ciclo de violencia y espiral de agresión. La relaciones de poder e influencia entre los individuos generan conflictos. En este sentido, una agresión que es minimizada con el perdón genera una relación de dependencia y co-dependencia entre las partes del conflicto. Se trata de una dinámica de agresión, perdón, arrepentimiento y nueva agresión cada vez con mayor intensidad (Perdomo, 2014). Es posible advertir los siguientes modelos:
Unidireccional. Explica la dinámica agresiva compulsiva del perpetrador con respecto a sus víctimas que son asumidas como actores pasivos en la dinámica puesto que se considera al perpetrador como el portador de la violencia (Chavarría, 2013).
Secuencial. Explica la comisión de un delito derivado de un conflicto entre dos actores sobre los que tiene un alto grado de apego. En este modelo, se asume que la agresión es resultado de un entorno de violencia grupal (Añanos, 2012).
Dual. Explica las acciones delictivas como resultado de un sistemático abuso por parte de un perpetrador y la regulación de este proceso por parte de un segundo abusador que en realidad sólo transfiere la agresión y la reduce o intensifica según la dinámica de violencia grupal (Rozo, 2014).
Co-ocurrencia. “Explica la complejidad de la violencia a partir de combinaciones de agresividad; 1) contingente cuando un delito es resultado de otro delito emergente, 2) directa consecuente cuando aparentemente un delito está justificado, 3) circular cuando un delito es pretexto para llevar a cabo otro y 4) indirecta cuando no hay relación aparente, pero existe una conexión en cuanto espacio y oportunidad (Perdomo, 2014).
Aprendizaje. Explica la comisión de un delito a partir del desarrollo patológico del perpetrador y las contingencias de su entorno, oportunidad y motivo siempre que ambos sean significativos para el delincuente ya que éste trata de imitar sucesos en los que fue víctima (Fondevilla & Quintana, 2013).
Legitimación. Explica un aprendizaje a partir de ideas generales del delito: “el que no tranza no avanza”, “más vale corrupto por conocido que por conocer”. Se trata de un aprendizaje complejo que inicia con la recepción de mensajes y culmina en su práctica sistemática cuando la oportunidad lo amerita (Noblega, 2012).
Cada modelo tendría en el comportamiento delictivo una serie de indicadores que explicarían su emergencia en un contexto de segundad pública y percepción de inseguridad, prevención del delito y combate a la delincuencia, violencia o pacificación.
En el caso del modelo para el estudio del comportamiento delictivo será fundamental retomar al modelo de legitimación ya que se considera a la delincuencia como resultado de representaciones sociales en torno al crimen y habitus de poder a partir de la comisión de delitos. En este sentido, el modelo del comportamiento delictivo estaría indicado por valores, normas y estilos relativos a la violencia y pacificación, así como percepciones, creencias, habilidades, conocimientos y decisiones alusivas a la agresión y la concordia.
En efecto, el modelo del comportamiento delictivo no sólo explicaría el perfil de delincuentes o policías, sino además anticiparía la acción de individuos dedicados a la ciudadanización de leyes punitivas, sistemas penales o políticas anticrimen.
Discusión
El presente trabajo ha especificado los datos, teorías, conceptos y hallazgos a fin de modelar las relaciones entre indicadores a partir de las cuales emergería el comportamiento delictivo. En relación con la propuesta de Carreón y García (2013) en la consideran a la percepción de inseguridad como el bastión principal de la desconfianza hacia las autoridades, el presente escrito advierte que la percepción de inseguridad está complementada con prácticas delictivas que derivarían de valores y normas. Es decir, la percepción de inseguridad es un síntoma de los principios morales que guían la observación de un delito o la comisión del mismo.
Respecto al trabajo de García (2012) en el que demostró cuatro dimensiones de la percepción de inseguridad relativas a la acción policiaca, la esfera civil, la agenda pública y la acción gubernamental, el presente ensayo muestra que la relación entre gobernantes y gobernados se gesta en modelos explicativos de la violencia.
Sin embargo, las dimensiones relativas a la percepción de inseguridad son indicativas de la construcción de esferas políticas y civiles que a diferencia de la noción de agentes o actores, son grupos organizados en torno a la observación del desempeño gubernamental en materia de segundad pública, procuración de justicia, prevención del delito o combate a la delincuencia.
La propuesta de Carreón, Hernández, Morales y García (2013) respecto a la conformación de una esfera civil, el presente trabajo ha especificado un modelo en el que será posible estudiar la interrelación entre las esferas políticas y civiles en el marco de políticas de seguridad auxiliada por tecnologías de información.
Empero, la transformación de la información vertida en los medios por agendas de discusión pública, ha sido considerada por García (2013) como la emergencia de una esfera civil ya no asistida tecnológicamente sino identificada por su grado de compatibilidad entre sus estilos de vida y personalización de aplicaciones para su seguridad privada. Al respecto, el presente trabajo advierte que los estilos de vida son sólo una parte en la estructura de procesos psicológicos que determinan el comportamiento delictivo.
Por su parte, Carreón, Hernández, Morales, Rivera y García (2013) al demostrar que las esferas civiles se construyen a partir de establecimiento de agendas que conformarían campos discursivos de poder contradicen la especificación de un modelo a partir del establecimiento de dimensiones relativas al comportamiento delictivo. Es decir, los campos de poder discursivo suponen la interrelación de capitales intelectuales mientras que el comportamiento delictivo estaría indicado por la influencia de estereotipos difundidos en los medios de comunicación.
Con respecto a la violencia sociopolítica planteada por García, Carreón, Hernández y Méndez (2013) en la que el Estado genera una propaganda a favor del combate la delincuencia más que a su prevención, el presente trabajo sostiene que el comportamiento delictivo es producto de la relación entre gobernantes y gobernados que los medios de comunicación terminan sesgando para evidenciar la impericia del Estado. En este sentido, la violencia sociopolítica estaría indicada por emociones más que por razonamientos o acciones deliberadas, planificadas o sistemáticas como en los regímenes autoritarios o totalitarios.
Carreón et al. (2013) demostraron que las mencionadas emociones sociopolíticas correlacionarían con la desconfianza hacia autoridades. En contraste, en el presente trabajo se ha especificado un modelo que integre tanto a factores emocionales como racionales a fin de poder anticipar la emergencia de una esfera o grupo de poder que sin distingo influiría en la sociedad civil a través del establecimiento de una agenda en materia de segundad pública.
Precisamente, en torno a la construcción de una agenda pública determinada por percepciones de inseguridad, García,Carreón, Hernández, Bautista y Méndez (2013) demostraron que en un marco electoral, la reducción de mensajes relativos a la inseguridad en los medios reduciría la participación ciudadana, la generación de esferas civiles y el emprendimiento ciudadano en cuanto a la segundad privada. En este mismo sentido, el presente trabajo ha incluido la posibilidad de que el encuadre de los medios explicitaría los indicadores que correlacionarían positivamente con el comportamiento delictivo.
Conclusión
El presente ensayo ha revisado las teorías, conceptos y estudios en torno a la segundad pública para discutir la relación entre el Estado y la ciudadanía a través de las discrepancias entre las fuerzas públicas y los medios de comunicación. A partir de tal ejercicio, es posible concluir:
La segundad pública incluye términos periodísticos imprecisos, pero los estudios psicológicos del riesgo, autocontrol y menoscabo parecen reivindicar la terminología.
En torno a los hechos de inseguridad pública se construyeron discursos que pretendieron estandarizar el conocimiento del ciclo de la violencia, delito y delincuencia, aunque los estudios relativos al menoscabo parecen corroborar la hipótesis en torno a la cual existe una percepción de ineficiencia de la acción gubernamental frente a los actos delictivos.
Los estudios alusivos al establecimiento de la agenda parecen converger con los estudios sobre el autocontrol ya que a medida que se difunde la idea generalizada sobre la delincuencia organizada, la percepción del riesgo se ha incrementado sustancialmente.
La hipótesis sobre el conocimiento estándar podría sustentar la idea del establecimiento de la agenda si se considera que los medios de comunicación, en su afán de incrementar su audiencia, difunden información básica que corrobora las creencias, mitos y leyendas sobre sicarios, lugartenientes y cárteles.
A pesar de que los delitos del fueron común son adyacentes a la acción gubernamental, la percepción de menoscabo de los delincuentes y las autoridades parece corroborar el supuesto en torno al cual, el gobierno está coludido con la delincuencia organizada en sus niveles municipal y estatal.
A pesar de que cada una de las cuatro teorías explica fehacientemente las causas y consecuencias de la inseguridad pública, es menester construir un nuevo marco teórico-conceptual a partir del estado del arte para ajustar la ambigüedad de los términos.
Si se consideran cada uno de estos rubros, la discusión en torno a la estrategia de segundad global, nacional o local será puesta a escrutinio y se beneficiará de la diversidad de propuestas para reducir el riesgo e incrementar la segundad pública con base en la confianza hacia las autoridades.