1. Introducción

El presente artículo aborda el concepto hegemónico de desarrollo en tanto mecanismo de poder capitalista, occidental y colonial, el cual, desde una perspectiva economicista, ha conducido a una crisis multidimensional y a la devastación de la naturaleza.

Teniendo como marco teórico general de análisis la perspectiva del sistema capitalista, el artículo se compone de tres apartados y conclusiones: en el primero, se hace un recorrido histórico en torno a la idea del desarrollo, destacando su carácter de mito en cuanto se le vincula con la idea de crecimiento, bienestar y progreso; en el segundo, se destaca lo que ha significado para América Latina y el Caribe el saqueo de sus recursos naturales a lo largo de más de cinco siglos; por último, se aborda el arribo de gobiernos con una orientación nacional-popular a los países andinos, resaltando el avance que ha representado el reconocimiento del Sumak Kawsay o buen vivir, las limitaciones e inconsistencias de dichos gobiernos al centrar su estrategia en la extracción intensiva de recursos naturales y en su ubicación en los marcos del concepto hegemónico de desarrollo.

2. El desarrollo, la historia de un mito

Tal como señala Rist,¹ el desarrollo tiene su principal fuerza en su capacidad de seducción. Su definición se ha impuesto en el lenguaje común y corriente para significar un estado, una idea de bienestar, progreso, justicia y crecimiento económico. A lo largo de la historia, la idea de crecimiento y desarrollo se ha universalizado. Por ello, el motor del desarrollo es y ha sido su creencia. Sin embargo, lejos de haber representado una solución para la humanidad, sigue siendo su mayor problema.

Al mismo tiempo, la historia del desarrollo, no tanto como concepto, sino más bien como creencia o mito, se puede remontar a los griegos. Para Aristóteles (384-322 a.C.), la naturaleza significaba una generación de cosas en desarrollo; proponía una historia natural basada en la disipación de desarrollo invisible, silencioso y necesario de las instituciones y de las cosas. Siglos más tarde, san Agustín (354-430) se esforzaría por conciliar la filosofía y la teología cristiana. El cristianismo convertiría el azar que Aristóteles descartaba en signos de la providencia divina. Es oportuno señalar que para el cristianismo no es concebible la idea de eterno retorno, porque la historia tiene un principio y un final. Por ello, San Agustín conservaría del pensamiento aristotélico los elementos del ciclo crecimiento-decadencia, así como la noción de necesidad, y construiría una filosofía de la historia universal que excluyera el retorno.²

A partir del siglo XVII, ya con la modernidad, la idea de que existe una historia natural de la humanidad, el desarrollo de las sociedades, de los conocimientos de las riquezas, correspondió a un principio natural y autodinámico. En ese sentido, con el triunfo del evolucionismo social, se pudo alcanzar en el imaginario colectivo la idea de la superioridad occidental sobre las demás sociedades. Es decir, se crearía ese imaginario que los pueblos recorren el mismo camino y no todos avanzan al mismo ritmo de la sociedad occidental que mantendría ciertas ventajas frente a las demás sociedades.

En el siglo XIX, la colonización se presentaría como una forma (la mejor, dirían los colonizadores) para llevar la cultura occidental, su creencia de sociedad, a los países colonizados. Se puso en marcha todo un aparato para convencer a la opinión pública de que la colonización sería, en primer lugar, un deber, y su moral, una responsabilidad.

La colonización impuso la orientación de economías locales según los intereses de los países colonizadores, necesitados de ciertas materias primas y de productos tropicales. Cuando los países europeos devinieron potencias industriales, sus colonias, al no tener independencia política, no podían oponerse a la importación de bienes manufacturados que destruyeron sus antiguos artesanados.³ La justificación filantrópica de la colonización consistía entonces en la idea de llevar el progreso y civilizar a los pueblos que eran concebidos como inferiores, bárbaros, atrasados o incivilizados.

Sin embargo, las "buenas intenciones" civilizatorias no ocultan otras características del sistema colonial como los trabajos forzados, las prestaciones personales gratuitas, las subidas de impuestos, el desplazamiento de poblaciones, la imposición de cultivos rentables, sin contar los abusos de todo tipo ligados al sentimiento de superioridad.

En el siglo XX, y en particular con la constitución de la Sociedad de las Naciones (SDN) en 1919, después de la brutal Primera Guerra Mundial, la historia de la creencia sobre el desarrollo se repetiría y, sobre todo, se pondría de manifiesto a nivel internacional, y en especial en los artículos 22 y 23 de dicha institución, que la responsabilidad administrativa de las posesiones territoriales se daría a los Estados europeos para llevar a las colonias hacia la senda del desarrollo. Tal como señala Rist,⁴ este documento de la SDN utiliza por primera vez la noción de grados de desarrollo para justificar la clasificación de las naciones; afirma además que en lo alto de esta clasificación están las naciones "desarrolladas".⁵

Fue, sin embargo, en el punto IV del discurso del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, que se inventó como tal el concepto de desarrollo. Era una obra maestra que sintetizaría ideas innovadoras en el terreno conceptual y pondría de manifiesto una nueva forma de entender las relaciones internacionales⁶ y de justificar tanto una hegemonía cultural occidental como una dominación efectiva.

En efecto, pocos años después de la creación de la carta de las Naciones Unidas, y de nuevo desde un protagonismo estadounidense, Harry S. Truman, durante su segunda envestidura, pronunció su famoso discurso de los cuatro puntos, donde quedaba oficializada la existencia del subdesarrollo:

"Debemos embarcarnos en un nuevo programa que haga disponibles nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial para la mejora y crecimiento de las áreas subdesarrolladas." y aclararía más adelante que dichas áreas subdesarrolladas tienen una "vida económica primitiva y estancada".⁷

Podemos ver sintetizadas en el punto IV del discurso de Truman varias ideas clave. Aquí aparecen tanto el concepto de desarrollo como el de subdesarrollo. La aparición del término subdesarrollo sugería no sólo la posibilidad de un cambio dirigido hacia un estadio final, sino también la capacidad de provocar dicho cambio. Por lo tanto, el desarrollo tomaría un sentido transitivo que correspondería a un principio de organización social. Al mismo tiempo, el subdesarrollo fue considerado como un estado previo que existe naturalmente.

Tras haber afirmado la existencia del subdesarrollo, Estados Unidos se presentó con una propuesta generosa que, de manera retórica, apareció por encima del enfrentamiento ideológico capitalismo-comunismo. En ese sentido, el ejercicio del poder estuvo ligado al uso de las palabras y el discurso del desarrollo buscó justificar la intervención en nombre de la libertad y la modernización.

Bajo conceptos como el del producto interno bruto y el producto nacional bruto, es decir, de carácter netamente económico, y carentes de dimensiones humanas y sociales, se afirmaría la hegemonía de los Estados Unidos ante el mundo. En 1943, más de dos mil millones de personas, sin saberlo, cambiaron al estatus de subdesarrolladas. El mundo estaría viviendo esa ilusión de que la modernización, en cuanto sinónimo de desarrollo, guiaría a las naciones subdesarrolladas hacia el progreso social, cultural y político.

Paradójicamente, el proyecto hegemónico estadounidense encontró un impulso en la conferencia de Bandung y sus procesos de descolonización; las nuevas naciones, pese a su recientemente lograda autodeterminación política, aún no habían conseguido la autodeterminación económica. Por lo tanto, caminar sobre la senda del desarrollo, cuyo imperativo era el aumento del pib, apareció como la opción obligada.

Los treinta años gloriosos del capitalismo fueron solamente un relámpago de luz en la tormenta del capitalismo. No obstante, la creencia en torno al desarrollo ha quedado casi inmutable. Concluimos este recorrido histórico señalando que la noción de desarrollo lleva implícito un sentido del tiempo lineal, es decir, se encuentra contenida en una visión evolucionista, teleológica, propia del surgimiento del capitalismo y de la consolidación de las ideas de la modernidad.

La historia de lo que hoy constituye América Latina y el Caribe, por lo tanto, no puede en modo alguno desvincularse de esta noción y de esta práctica. No sólo eso, la historia de nuestra región ―y con ello la historia de los pueblos originarios y de su territorio― ha estado profundamente condicionada por los procesos de acumulación capitalista y por las ideas propias del capitalismo como sistema de producción hegemónico (incluida, por supuesto, la idea del desarrollo).

La visión instrumental y utilitaria de la naturaleza, y más que eso, la explotación intensiva y las prácticas depredadoras propias de un capitalismo naciente, se hicieron presentes en los territorios de lo que hoy conforma la América Latina y el Caribe desde sus inicios. En tal sentido, la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, en 1492, constituyó el anuncio de una larga cadena de pillaje y extracción de los recursos naturales de nuestra región, la cual, como veremos en el siguiente apartado, ha continuado de manera ininterrumpida durante más de cinco siglos.

3. América Latina y el Caribe: una larga historia de saqueo de sus recursos naturales

Adoptando diversas formas, y bajo los más variados mecanismos, la expoliación de riquezas hacia los principales centros de dominación ha continuado desde el momento mismo en que América Latina fue violentamente incorporada al mercado mundial, a principios del siglo XVI. Dicha subordinación salvaje a la lógica de acumulación del capital marcó a fuego el futuro de la región, dejó cicatrices visibles; condicionó las posibilidades y estableció límites difíciles de superar hasta nuestros días.

De alguna forma, por tanto, la historia de América Latina puede contarse también como la historia del drenaje de recursos de nuestra región hacia las metrópolis: el oro, la plata, las especias, el azúcar, el algodón y el café, en una primera etapa, son ejemplos que muestran que nuestra región ―junto con sus pueblos― ha sido utilizada como un enorme botín. Su estructura económica fue diseñada desde la llegada de los conquistadores para el despojo, y continúa hasta nuestros días en la misma tónica, si bien el saqueo financiero y de recursos naturales (petróleo, agua, gas, minerales estratégicos y biodiversidad) adopta formas novedosas al amparo del discurso globalizador.

En contrapartida, y de forma simultánea, con la llegada de los conquistadores españoles, portugueses e ingleses, se puede hablar, también, del inicio del largo y complejo proceso de lucha y resistencia por parte de las civilizaciones establecidas en estas tierras en defensa de su cosmovisión y sus recursos. Pueblos y culturas originarias, como la azteca, la maya o la inca, que dominaban no sólo la agricultura, sino también la arquitectura, las matemáticas y la astronomía, empezaron a enfrentar el embate de las naciones europeas en su ambición de conquista e incorporación de nuevos territorios y productos al mercado mundial.

A lo largo de más de tres siglos, la idea de la tierra como botín y, más que eso, el permanente proceso de despojo y desalojo de los territorios de las comunidades y pueblos originarios, han tomado renovados bríos en esta nueva etapa de desarrollo del capitalismo. Particularmente para el caso de los países de América Latina y el Caribe, esta forma de "acumulación por desposesión"⁸ se ha traducido en un feroz embate contra los derechos de los pueblos originarios, ante los intentos gubernamentales por "llevar el desarrollo" con obras de infraestructura, hidroeléctricas, presas, gasoductos, carreteras, puertos, aeropuertos y, por supuesto, con la entrega de enormes porciones del territorio a las empresas mineras nacionales y extranjeras, para continuar cumpliendo con las necesidades y demandas de la acumulación capitalista a nivel global.

Además de recordar las condiciones de explotación como parte del complejo proceso de imposición de la cosmovisión y la cultura occidental sobre los pueblos originarios, interesa subrayar que el llamado sistema colonial no puede entenderse si no se observa en función de la dinámica del sistema general del cual formaba parte.

La economía de la Nueva España era sólo una parte del imperio español, el cual a su vez constituía una pieza del capitalismo europeo naciente. Con el establecimiento de las colonias en América, se crearon las condiciones que tendieron a reforzar durante los siguientes tres siglos el proceso de acumulación originaria del capital en los países europeos.

El empobrecimiento de América Latina y el Caribe se constituyó entonces en un componente en el cual se apoyaron las fuerzas dinámicas del capitalismo europeo para consolidar su crecimiento. De esta forma, la acumulación originaria en las metrópolis europeas se dio sobre la base de una "des-acumulación originaria" en las colonias en las que tendió a imponerse lo que Bagú⁹ denominó como un capitalismo colonial.

De esta manera, el análisis del funcionamiento del sistema capitalista mundial como una totalidad nos lleva a distinguir que el avance de las metrópolis europeas y de las formas capitalistas de producción y distribución se vio fuertemente influido por el respectivo retroceso en las colonias, en las cuales se implantaron mecanismos de succión de excedentes sobre la base de aplicar formas precapitalistas de producción e incluso de mecanismos de corte esclavista de generación de riqueza.

Concluido el periodo colonial, tras las violentas y prolongadas luchas de liberación, el camino que siguieron los países de la región se caracterizó por el mantenimiento del carácter precapitalista de las formaciones económico-sociales así como por la continuidad de las relaciones de producción. La pesada herencia colonial¹⁰ continuó aproximadamente hasta 1870, es decir, unos cincuenta o sesenta años después de finalizadas las guerras por la independencia. A partir de entonces, y al amparo del discurso de la llegada del progreso y la modernidad, las resistencias del legado colonial empezaron a resquebrajarse ante la violenta arremetida del capital que, procedente mayoritariamente de Europa, con la llegada del ferrocarril y la aparición de los primeros bancos, buscaba ensanchar los mercados.

Consolidado el proceso de construcción y estabilización de los Estados nacionales, y dejado atrás el llamado "período de anarquía", el último tercio del siglo XIX se caracterizó por una tendencia a la implantación de un proceso de acumulación originaria, así como de un gradual despliegue e imposición de formas capitalistas de producción en las distintas economías nacionales.

La forma en que se dio dicho proceso de acumulación originaria y los mecanismos por los cuales las formas de producción capitalistas lograron imponerse adoptaron diversas características con base en las particularidades específicas de cada país, así como de las resistencias que mostraron los distintos segmentos precapitalistas al interior de ellos.

De esta manera, el proceso de acumulación originaria se dio en las naciones latinoamericanas sólo hacia finales del siglo XIX, es decir, una vez que se consolidó en las grandes potencias la fase imperialista de desarrollo del capitalismo. Así, tendieron a establecerse nuevos vínculos y formas de relación entre los países capitalistas desarrollados y sus antiguas colonias y, en general, con el resto de los países "subdesarrollados".

Nuevas inversiones extranjeras en áreas estratégicas ―particularmente inglesas y estadounidenses― reorientaron los mecanismos de succión de excedentes en las naciones latinoamericanas y empujaron un particular tipo de crecimiento "hacia afuera", caracterizado porque las economías de la región volcaban el grueso de su producción para exportar hacia los centros imperiales, para satisfacer las incesantes demandas de materias primas y alimentos de los pujantes centros industriales.

Plenamente instalada en la lógica de la acumulación mundial capitalista, esta forma de crecimiento hacia fuera de América Latina condujo a la profundización de una forma de desarrollo dependiente, que tuvo entre sus consecuencias un crecimiento restringido del mercado interno en las economías de la región, por el hecho de que los ejes centrales de acumulación capitalista se encontraban estrechamente articulados con las demandas de los centros industriales europeos y estadounidenses y no a las necesidades de consumo y expansión del mercado local.

Bajo esa dinámica, se conformó la deformada estructura económica dependiente que en muchos sentidos permanece hasta nuestros días. La duración de esta fase "primario-exportadora", caracterizada por el dominio de los sectores terratenientes locales y la burguesía comercial nativa ―ambos en unión con el capital monopólico extranjero― dio como resultado, además, la conformación de un Estado oligárquico que vino a constituirse en un elemento adicional del deformado "modelo de crecimiento" seguido en la región.

Hasta después de la Segunda Guerra Mundial se comenzó a articular ―aunque parcialmente― una forma diferente de vinculación de nuestras economías con los países desarrollados y de inserción al mercado mundial.

Esta etapa se caracterizó tanto por la aparición y reforzamiento de una escuela de pensamiento económico latinoamericano ―la CEPAL― que gravitó no sólo en el ámbito académico, sino también en la toma de decisiones de los respectivos gobiernos de la región, como también por un esfuerzo de los sectores productivos locales por "sustituir importaciones" en aras de avanzar en la producción de bienes.

Bajo las premisas cepalinas, y teniendo como eje las aportaciones de pensadores como Raúl Prebisch, Celso Furtado y Aníbal Pinto, la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) dio paso a importantes incrementos en la producción industrial en la mayoría de las economías de la región. El complejo proceso de industrialización abarcó, en principio, la producción de bienes de consumo no duradero; en un segundo momento, a la sustitución de bienes duraderos; posteriormente, a los bienes intermedios y, finalmente, algunos bienes de capital.

Con altibajos que dependieron de factores internos y externos, que fueron condicionando los avances del proceso, la política de industrialización se tomó como una decisión deliberada y en la cual le fue asignado al Estado un activo papel de coordinación: la protección y defensa del mercado nacional. Ello permitió establecer industrias consideradas estratégicas ―como la siderúrgica― para la promoción del desarrollo.

Sin embargo, el crecimiento "hacia adentro", en la mayoría de los países de América Latina, tuvo serias limitaciones que empezaron a hacerse evidentes durante los años sesenta. El hecho de que el sector externo se viera constantemente estrangulado por la ausencia de divisas suficientes para mantener el proceso de industrialización fue sólo uno de los factores que dieron al traste con ese intento de atenuar los lazos de dependencia de las economías latinoamericanas con los principales centros de dominación económica y financiera. La severa crisis que enfrentó el sistema mundial capitalista a mediados de los sesenta y principios de los setenta constituyó el punto de quiebre que impactó de manera definitiva a la forma de crecimiento que promovía en la región.

Después de este intento por encauzar el desarrollo con mayores grados de autonomía, vino la larga noche que representó para la población de América Latina y el Caribe la década perdida de los ochenta y la implantación a ultranza del modelo neoliberal. La apertura indiscriminada y unilateral de las economías a la inversión extranjera, la acelerada liberalización comercial, la privatización de empresas públicas, la desregulación económica, y la drástica disminución del gasto público en correspondencia con el discurso dominante respecto al "urgente" adelgazamiento del Estado, fueron las acciones centrales de la estrategia neoliberal de reorganización económica y social.

La dramática situación social existente en los países de América Latina y El Caribe, después de la aplicación de las recomendaciones formuladas como parte del Consenso de Washington a lo largo de los años noventa del siglo XX, condujo a la conformación de un escenario caracterizado por la agudización de la pobreza, la marginación y la exclusión social en los países de la región.

Un conjunto de sucesos, entre los cuales sobresalen el levantamiento del movimiento zapatista en Chiapas, la emergencia y difusión de movimientos altermundistas, que incorporaron nuevos temas y demandas en sus luchas emancipadoras por alcanzar un mundo mejor; la realización de los foros sociales mundiales de Porto Alegre; y la llegada al poder, en la primera década del siglo XXI, de gobiernos con una plataforma política alternativa, que empezaron a transitar hacia un escenario posneoliberal, provocaron un parteaguas y abrieron un panorama político en varios países de la región completamente distinto al que predominó en las dos décadas previas.

4. Los gobiernos nacional-populares: avances, limitaciones e inconsistencias

El panorama actual que se vive en América Latina y El Caribe dista mucho del escenario que predominaba en la región hace apenas quince años. Si en los años noventa la correlación de fuerzas políticas se inclinaba claramente hacia la derecha conservadora pro estadounidense, con personajes que ejercían la presidencia de sus respectivos países, como Collor de Mello en Brasil, Carlos Menem en Argentina, Ernesto Samper en Colombia, Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, Carlos Salinas de Gortari en México, Sixto Durán Ballén en Ecuador, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Violeta Barrios en Nicaragua y Alberto Fujimori en el Perú, dicha correlación fue variando paulatina pero significativamente con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en el año de 1999, Lula da Silva a la de Brasil en 2003, Néstor Kirchner a la de Argentina en 2003, Evo Morales en Bolivia en 2006 y Rafael Correa en Ecuador en enero de 2007.

En efecto, parte de las importantes transformaciones políticas ocurridas en los países de América Latina y el Caribe tiene que ver con la llegada de un conjunto de gobiernos que, en distintos grados, se alejaban de las políticas neoliberales promovidas en los noventa por Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Gobiernos de carácter progresista, provenientes de posturas de centro y centro-izquierda, con una orientación nacional-popular, que comparten afinidades políticas e ideológicas, y que en algunos casos llegaron al poder mediante la activa participación de fuertes movimientos populares, fueron tomando distancia de las orientaciones estratégicas estadounidenses en el hemisferio e iniciaron un proceso de ejercicio del poder con mayores grados de autonomía y soberanía.

El rechazo frontal al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2004; las luchas en distintos países de movimientos sociales que se oponen a la firma de Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos; la conformación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) en 2005 y posteriormente de la Unasur y la Celac; la mayor autonomía de los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay frente a las propuestas estadounidenses y ante instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; y la expansión de una conciencia de lucha, resistencia y emancipación que ha trascendido los movimientos indígenas y campesinos, con reivindicaciones de grupos de mujeres, ambientalistas, desempleados, jóvenes desocupados y sectores marginados, que se manifiestan de diferentes formas y en los más variados planos, son expresión de la distinta correlación de fuerzas internas y externas y de los cambios en la balanza de poder en la región.

Venezuela, Bolivia y Ecuador han buscado llevar adelante estrategias que, cuando menos a nivel discursivo, toman distancia en diferentes grados del neoliberalismo: desde el socialismo del siglo XXI en Venezuela, hasta los planteamientos desplegados por Bolivia y Ecuador referidos al buen vivir y la revolución ciudadana. En todos estos casos, el Estado se ha constituido en un agente político y económico fundamental, expropiando y nacionalizando empresas estratégicas y formulando políticas, programas y acciones que han permitido atenuar las desigualdades sociales y mejorar las condiciones materiales de vida de la población en ámbitos como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y el ingreso.

En Bolivia y Ecuador se ha dado un paso adelante, al rechazar, cuando menos formalmente, la noción de desarrollo e impulsar la adopción del concepto del buen vivir. En tal sentido, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 de Ecuador señala que "El concepto dominante de "desarrollo" ha entrado en una profunda crisis, no solamente por la perspectiva colonialista desde donde se construyó, sino además por los pobres resultados que ha generado en el mundo entero".¹¹ Y prosigue: "Es por eso que es necesario encontrar propuestas desde el Sur que permitan repensar las relaciones sociales, culturales, económicas y ambientales. Siguiendo el nuevo pacto de convivencia sellado en la Constitución del 2008, este Plan propone un desplazamiento de la palabra desarrollo para incorporar en el debate el concepto del Buen Vivir".¹²

En el mismo documento, se plantea la ruptura con el concepto de desarrollo y se afirma que es inexistente en la cosmovisión de los pueblos indígenas andinos y que, por el contrario, "El objetivo que nos convoca ya no es el 'desarrollo' desde esa antigua perspectiva unilineal de la historia, sino la construcción de la sociedad del Buen Vivir".¹³

Posteriormente y en la misma tesitura, en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 se afirma: "El Buen Vivir es nuestro horizonte. Ofrece alternativas para construir una sociedad más justa, en la que el centro de la acción pública sea el ser humano y la vida. Supera los límites de las visiones convencionales de desarrollo que lo conciben como un proceso lineal, de etapas históricas sucesivas, que reducen el concepto a una noción exclusiva de crecimiento económico".¹⁴

Por lo que se refiere a Bolivia, el artículo 306 de su Constitución Política expresa que "El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos."

En lo que corresponde a los derechos de la naturaleza, y teniendo presente la necesidad de dejar atrás la noción de la naturaleza como recurso, para dar paso a una concepción distinta en que la naturaleza se concibe como el espacio donde se reproduce y se realiza la vida, en distintos artículos del capítulo séptimo de la Constitución de Ecuador se establecen, entre los puntos más importantes, los siguientes:

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

También en el ámbito de los derechos de la naturaleza, en la sección i del capítulo quinto de la Constitución de Bolivia, referida a la protección y defensa del medio ambiente, el artículo 34 señala:

Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.

A pesar del reconocimiento explícito presente en diferentes ámbitos de la normativa jurídica, una de las principales críticas que se ha hecho a los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador se dirige hacia la paradoja latinoamericana, caracterizada por la existencia de gobiernos que se definen como progresistas, e incluso revolucionarios, pero sustentan el grueso de su estrategia política en una sobreexplotación de los recursos naturales, es decir, en lo que se ha dado en llamar neoextractivismo, lo cual ha generado graves conflictos al interior de esos países en materia ambiental y social.

Numerosos sectores de la sociedad, incluyendo importantes grupos políticos dentro de la izquierda y la intelectualidad militante, han advertido los riesgos de impulsar una estrategia sustentada en la sobreexplotación de los recursos naturales, subrayando que esta forma de impulsar el crecimiento ha sido una constante que ―como se hizo ver en este artículo― se promovió durante largos periodos con pésimos resultados para los países de América Latina y El Caribe, los cuales se especializaron en la monoproducción como parte de los ciclos en los cuales la división internacional del trabajo impuso a los países de la región la aplicación de modelos de "crecimiento hacia afuera".

Al impulsar alternativas de desarrollo con características particulares, como la búsqueda de un crecimiento endógeno y la creación y consolidación de un mercado interno con mayores grados de cohesión, los gobiernos de orientación nacional-popular continúan ubicándose dentro de los marcos del concepto hegemónico del desarrollo, evitando avanzar en el vasto horizonte de transformaciones que incorpore la búsqueda de alternativas al desarrollo, y permita dejar atrás el patrón civilizatorio antropocéntrico mediante el establecimiento de nuevas relaciones con la naturaleza.

En tal sentido, al hacer referencia a la intensa movilización social desplegada en América Latina, así como a la existencia de políticas de reprimarización que han emprendido los gobiernos progresistas, Lander afirma:

América Latina, durante las últimas dos décadas, ha sido el continente más activo en este sentido. Continúan y, en muchos casos, se profundizan y radicalizan, las movilizaciones y luchas, especialmente en contra de las múltiples modalidades del extractivismo: minería a cielo abierto; extracción de hidrocarburos; monocultivos de soya transgénica, eucaliptos, pinos y palma africana; y, grandes represas hidroeléctricas [...] Sin embargo, la lógica extractivista y la inserción primario-exportadora de estas economías han continuado, más allá de los profundos cambios políticos experimentados en el continente; y representan la fuente principal de las contradicciones internas y los desencantos con los gobiernos "progresistas" y de izquierda de la región.¹⁵

En el mismo sentido, al señalar algunos de los rasgos que asume esta modalidad de neoextractivismo progresista, Eduardo Gudynas, si bien reconoce las importantes diferencias entre los gobiernos neoliberales y los gobiernos progresistas, no duda en resaltar el hecho de que suele haber poca diferencia entre unos y otros en lo referido a la matriz generadora de recursos, así como a la concepción del desarrollo que se encuentra profundamente inmersa en ambos gobiernos.

Se genera una curiosa situación, donde la "alternativa" progresista de desarrollo es sin duda un cambio frente al reduccionismo mercantil, pero es también convencional en relación a muchas de las ideas clásicas de desarrollo. En parte se parece a los planes tradicionales de la década de 1960, con una apelación de desarrollo nacional, aunque sin el acento en la industrialización propia por la substitución de importaciones. [...] Este es un estilo de desarrollo que acepta las condiciones del capitalismo actual, donde el Estado debe reducir o compensar algunas de sus aristas negativas. Este es un "capitalismo benévolo" que apunta sobre todo a lidiar con la pobreza y la desigualdad con rectificaciones y compensaciones.¹⁶

Para el caso de Ecuador, el sesgo de soportar el grueso de su estrategia productiva en un modelo exportador es reconocido incluso en los mismos documentos oficiales, como en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, donde se afirma: "Hasta la fecha, el Ecuador ha contado con veinte constituciones. Salvo el período desarrollista, que no prosperó por múltiples razones, la estrategia de desarrollo de la vida republicana ha consistido en generar riqueza a través de la exportación de bienes primarios agrícolas o no renovables (petróleo). Ha sido una estrategia primario exportadora extractivista".¹⁷

El reconocimiento de estos hechos debería llevar a la superación de esta propuesta; sin embargo, el crecimiento ha seguido apoyado de manera sustancial en la explotación y exportación de los recursos naturales. Si bien existen diferencias entre el nuevo extractivismo y el llamado extractivismo clásico, como el hecho de que actualmente el proceso es comandado por el Estado y que la mayoría de los beneficios son reinvertidos en atenuar los desequilibrios y desigualdades sociales, sigue constituyendo un gran riesgo y una incongruencia política apostar el conjunto de un proyecto nacional en la explotación intensiva de los recursos naturales.

América Latina y el Caribe, y en particular los países andinos, poseen importantes reservas de recursos naturales, lo cual incluye minerales fósiles y no fósiles, fuentes de abastecimiento de agua dulce, así como una considerable diversidad biológica y ecosistemas, de lo cual se desprende la necesidad de fortalecer el cuidado y preservación de estos recursos en un contexto global de creciente acaparamiento y especulación de las materias primas y alimentos, commodities, por las empresas transnacionales que han convertido dichos recursos en parte de sus activos financieros.

Al hacer referencia a lo que parece una especie de maldición de los recursos naturales, Acosta ha señalado en diferentes obras¹⁸ la necesidad de repensar el desarrollo y avanzar en la construcción del buen vivir. Ubicando al extractivismo y al neoextractivismo como dos caras de la misma maldición, este autor ha insistido en la necesidad de superar el desarrollismo senil, para transitar hacia un postextractivismo; en tal sentido, afirma:

Por cierto que esa transición no es fácil en un mundo capitalista impensable sin las actividades extractivas como el petróleo, minería, o forestal. Construir estas transiciones es la gran tarea del momento, en tanto convoca todas las capacidades del pensamiento crítico, así como de inventiva y de creatividad de las sociedades y las organizaciones sociales. Los esfuerzos para dar paso al postextractivismo en el Sur global deberían venir de la mano del decrecimiento económico, o por lo menos del crecimiento estacionario, en el Norte global.¹⁹

Teniendo presente que los actores sociales y políticos tienen generalmente más claridad respecto a lo que rechazan e intentar superar ―la dominación estadounidense, el neoliberalismo, e incluso el capitalismo y la noción de desarrollo― que respecto a los componentes con los cuales sustituir la sociedad existente y a cómo llevar a cabo dicha transformación, no puede dejarse de lado como parte del análisis de la dicotomía desarrollo-buen vivir la enorme fuerza y capacidad de acción de las burguesías nacionales y de los sectores más conservadores, vinculados con el capital trasnacional, en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

En tal sentido, destaca la guerra política y económica que han librado dichas burguesías contra los gobiernos nacional-populares democráticamente elegidos y algunas de cuyas expresiones de mayor calado lo constituyen los intentos separatistas del bloque empresarial terrateniente boliviano en la región de la Media Luna y la masacre de campesinos efectuada en Pando. En el mismo tenor, se ubica el intento de golpe de Estado y el secuestro del presidente Rafael Correa en Ecuador, el 30 de septiembre de 2010; así como el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, efectuado en Venezuela en abril de 2002, a lo que hay que agregar la ininterrumpida estrategia de desestabilización y sabotaje económico que la oligarquía venezolana, con el apoyo incondicional de Estados Unidos, ha mantenido contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Si el Estado es una relación social, un terreno de lucha, un campo en disputa por la transformación de la sociedad, en el cual las diferentes fuerzas sociales y políticas se confrontan para promover sus propios intereses y llevar adelante sus respectivos proyectos, resulta fundamental continuar profundizando en la lucha por la apropiación del Estado. Al hacer referencia a esa lucha, a ese proceso de tensión permanente, García Linera da una muestra de lo ocurrido en Bolivia en los últimos años respecto a las intentonas autonomistas de las élites económicas, resaltando los crecientes niveles de confrontación:

La derecha no estaba dispuesta a ser incluida en el proyecto nacional-popular como fuerza minoritaria y dirigida, y optaba por la conflagración territorial. La lucha por el poder se acercaba al momento de su resolución bélica o final, en la medida en que, en última instancia, el poder del Estado es coerción. Esto es lo que denominamos 'punto de bifurcación' o momento en que la crisis de Estado, iniciada ocho años atrás, se resuelve ya sea mediante una restauración del viejo poder estatal, o bien mediante la consolidación del nuevo bloque de poder popular. Es el momento de inicio del nuevo orden estatal. Y todo ello mediante el despliegue, medición o confrontación de fuerza desnuda de los dos bloques polarizados.²⁰

El grado de conflictividad que ha alcanzado la lucha por el control del Estado muestra la magnitud del desafío que representa consolidar una alternativa de carácter natural-popular en los países andinos, en un entorno global caracterizado por dinámicas y procesos en los cuales predomina la tendencia a la restauración de las élites conservadoras y de la fracción financiera de la clase en el poder.²¹

En este escenario internacional adverso, que impacta severamente y de distintas maneras en las sociedades y en la economía de los países andinos, es preciso advertir que la derrota de los gobiernos de orientación nacional-popular terminaría por cerrar cualquier posibilidad de transitar hacia escenarios donde se incorporen las agendas y proyectos de los movimientos populares, campesinos y de los pueblos originarios, con todo lo que ello implica en términos de formulación de utopías, construcción de horizontes de futuro y avances en las luchas por la emancipación y liberación de los pueblos.

5. Conclusiones

Aunque a partir del siglo XXI han surgido propuestas alternativas, en términos generales el discurso del desarrollo sigue conectado con la idea de progreso o crecimiento económico, político, social y cultural. Es decir, sigue siendo un concepto hegemónico en tanto mecanismo de poder capitalista, occidental y neocolonial.

Siguiendo a Adorno,²² cuando se pretende rastrear las materialidades de una noción, los conceptos contienen átomos y partículas ligadas a la problemática de poder. A tal propósito, las materialidades no resultan captables a primera impresión, sino que es necesario rastrear los conflictos para desenterrar los múltiples discursos que son materialidades que constituyen las subjetividades de la socialización. Asimismo, la conceptualización del mundo determina las funciones de la sociedad. A tal propósito, la conceptualización del desarrollo se da en el dominio de clase que no sólo se impone por la fuerza y la violencia, sino que también "implica una dirección ideológica donde dominados y dominantes se funden en un conocimiento activo de las clases dominadas".²³

Por ello, aunque el discurso del desarrollo se encuentra en un mal momento, intenta sobrevivir a su muerte, a sus críticos, y a sus alternativas. La era del desarrollo en partículas, concepto señalado por Latouche,²⁴ en el cual se menciona que la adjetivación que se le da (sostenible, humano, etcétera), le permite prolongar indefinidamente su agonía. Por ello, consideramos que dicho discurso, en cuanto discurso de poder, debe ser cuestionado en sus lógicas tradicionales y mostrar el estado de excepción, en otras palabras, la historia de los oprimidos.

En ese sentido, a partir de este siglo, América Latina ha representado la ruptura de un discurso de poder en el pleno de la tormenta neoliberal. A tal propósito, las propuestas alternativas al desarrollo que han surgido en este siglo, y que mucho debate generan en la academia y en la sociedad, se enmarcan en la consolidación de los gobiernos nacional-populares. Consideramos que la consolidación de estos gobiernos pasa necesariamente por el mantenimiento y profundización de la activa participación de la gente, de los movimientos sociales, de las comunidades y de los pueblos originarios, que hacen suyas las propuestas y demandas que el conjunto de estos sectores formulen.

Teniendo presente la existencia de un escenario caracterizado por la acentuación de la lucha política, en el cual predominan las divergencias, tensiones y contradicciones en relación con los proyectos de futuro, lo que suceda en Bolivia y Ecuador en materia de trabajo político, de organización y articulación de los distintos movimientos sociales y de puesta en marcha de políticas consecuentes con sus postulados teóricos resulta decisivo para superar la oscura y dolorosa etapa que por más de cinco siglos ha vivido América Latina.

Dejar atrás la noción de desarrollo y el conjunto de elementos que le acompañan es algo particularmente complejo si se tiene presente la pesada carga colonial y neocolonial que pesa sobre las espaldas de América Latina y el Caribe y su pertenencia al sistema mundial capitalista. El establecimiento de gobiernos nacional-populares ha abierto la posibilidad para atisbar hacia la implantación de nuevos paradigmas y a la creación de nuevos horizontes de futuro.

En el proceso de transición desplegado en los países andinos, resulta indispensable consolidar las transformaciones en marcha, escuchar la voz y el sentir de los pueblos originarios, y acelerar el paso para concretar una propuesta que impactará de manera decisiva en las diferentes luchas y movimientos de resistencia anticapitalista en el resto del continente.

Finalmente, si se quiere construir una alternativa genuina al desarrollo, el neoextractivismo debe ser superado, dando paso a la formulación de una estrategia integral que conlleve a una reapropiación social de la naturaleza y al establecimiento de una nueva relación hombre-naturaleza, como parte del complejo proceso de transición desde el antropocentrismo a una propuesta alternativa biopluralista, en donde se condense de manera plena el cambio de paradigmas y el respeto e igualdad hacia toda forma de vida.