1. ¿El por qué de los desequilibrios regionales?

El desequilibrio económico territorial, en la mayoría de los países, se explica por la concentración del poder económico, político y financiero que se asienta en las ciudades más importantes (^{Martin, et al, 2010}). Mientras continúe el poder económico ubicado en las grandes urbes y no se realicen fuertes inversiones y gastos en las regiones menos desarrollas, no hay forma de reducir los desequilibrios existentes (véase Tabla 1).

Fuente: INEGI.

Figura 1 Ciudades que concentran la mayor población en México 2018 

Esos grandes mercados siguen atrayendo inversiones, por lo que se acentúan las desigualdades regionales que se ven reflejadas en desigualdades de rentabilidad y de opciones de inversión.

En las grandes ciudades, además de concentrarse el poder económico, financiero y político, se encuentra el capital humano mejor calificado y las mejores universidades, por lo que las empresas, además de contar con el mercado para sus productos, cuentan con la mano de obra calificada para su producción.

Las cinco entidades federativas de mayor participación en el PIB nacional en 2017, son: CDMX (17.5), Estado de México (8.9%), Nuevo León (7.3%), Jalisco (6.9%) y Veracruz (4.6%), y suman 45.2% del total nacional.

Las cinco entidades federativas que menos aportan al PIB nacional son: Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit, Colima y Tlaxcala, y en conjunto aportan 3.6% del total.

Las desigualdades regionales son reflejo de la falta de acción gubernamental, manifestada en los recortes presupuestales y en una distribución del gasto público que tiende a marginar a las regiones menos desarrolladas.

Las aportaciones federales correspondientes al Ramo 33 del Presupuesto destinado a entidades federales y municipales, constituido por fondos de aportación para la educación, servicios de salud, infraestructura social Estatal y Municipal, educación tecnológica y seguridad pública. Las cinco entidades federativas que recibieron las mayores aportaciones en 2018, fueron: Estado de México (9.9%), CDMX (7.2%), Veracruz (7.1%), Chiapas (6.1%), Oaxaca (5.6%) y suman 35.9% del total.

Las cinco entidades federativas que reciben menos aportaciones, son: Nayarit (1.3%), Tlaxcala (1.2%), Campeche (1.1%), Baja California Sur, (1%), Colima (0.8%), y suman 5.4% del total.

Las participaciones a entidades federativas y municipales, correspondientes al Ramo 28 del Presupuesto Federal, su principal carácter es resarcitorio. Se asignan los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades en la actividad económica y en la recaudación. Pretende generar incentivos para aumentar el crecimiento económico.

Las cinco entidades federativas que recibieron mayores participaciones en 2018 fueron: Estado de México (13.8%), CDMX (10.9%), Jalisco (6.6%), Veracruz (5.8%) y Nuevo León (4.6%) y en total suman 41.7% del total.

Las cinco entidades federativas que recibieron menos participaciones fueron: Aguascalientes (1.1%), Tlaxcala (1%), Nayarit (0.9%), Baja California Sur (0.7%), Colima (0.7%), y en total suman 4.4%.

Los grupos de poder económico presionan para que el presupuesto federal favorezca a las grandes urbes, a costa de sacrificar al resto del país, lo que acentúa las desigualdades regionales, como la desigualdad del ingreso y de la riqueza.

Así mismo, “la evolución de las disparidades regionales está fuertemente relacionada con el desempeño económico nacional”, ^{Pike et al. (2010)}. Ello es debido a que la dinámica económica está determinada en mayor medida por las mayores regiones, lo cual mantiene las disparidades regionales.

No sólo lo económico y oportunidades de empleo origina la movilidad a las regiones mas atractivas, también hay regiones que atraen población porque son lugares placenteros para vivir y ofrecen opciones culturales atractivas (^{Martin et al., 2010}).

2. Las políticas económicas predominantes acentúan las desigualdades regionales

Las políticas de libre movimiento de mercancías y capitales, y las políticas macroeconómicas de ‘estabilidad’ -alta tasa de interés, apreciación cambiaria y austeridad fiscal-, han frenado el crecimiento económico y acentuado las desigualdades regionales y salariales. Tales políticas han empeorado la vida de la población más desfavorecida de las diferentes regiones en nuestros países.

Nota: Es el ingreso promedio obtenido por la población ocupada por hora trabajada. Los datos son del 4º. Trimestre de 2018.

Fuente: INEGI.

Figura 2 Ciudades con los salarios mas altos en México 2018 

En 2015, las 15 ciudades más grandes concentraban 47% del total de remuneraciones.

Fuente: INEGI.

Figura 3 Ciudades con los salarios mas bajos en México 2018 

En las Figuras 2 y 3 se puede observar el diferencial de salarios e ingreso por hora trabajada presente en diferentes ciudades de México.

Se ha perdido el manejo soberano de la política económica tanto para atender los reclamos de la población como para disminuir los desequilibrios y desigualdades regionales y salariales.

La apertura comercial, aunada a las apreciaciones de las monedas nacionales frente al dólar y a los bajos niveles de productividad existentes en nuestros países, colocan en gran desventaja competitiva a los productores nacionales, y ello facilita que se rompan las cadenas productivas y se desindustrialice a países, ciudades y regiones; lo cual propicia que se incremente el desempleo y la economía informal (Tabla 4) y se reduzcan tanto los salarios como el crecimiento económico.

Fuente: INEGI.

Figura 4 Tasa de informalidad laboral en México 2018 

La mayoría de los municipios enfrenta altos niveles de endeudamiento, lo cual limitan su capacidad de gasto e inversión. Las partidas presupuestales federales que reciben son canalizadas al pago de la deuda, por lo que no muestran condiciones de crecimiento, debido a que no hay incremento de gasto e inversión pública; y al no crecer propicia que la demanda se contraiga, por lo que no se incentiva la inversión privada, y genera un estancamiento económico.

El hecho que continúen los rezagos y desigualdades regionales, el desempleo y los bajos salarios en éstas, ha sido como consecuencia de que los gobiernos no han instrumentado políticas de inversión y gasto a favor de las regiones más marginadas en nuestros países. Éstas han quedado desamparadas y quedan sujetas a las decisiones de inversionistas nacionales y extranjeros que imponen sus propias condiciones.

3. La globalización, desindustrialización y nuevas regiones de atracción de inversión

En el caso de México, la apertura comercial ha traído consigo desindustrialización y ello ha impactado el crecimiento de ciudades y regiones donde se asienta la industria tradicional y ha dado paso al flujo de inversiones extranjeras que traen procesos productivos intensivos en mano de obra, caracterizadas como industrias maquiladoras, que se establecen sobre todo en la frontera norte, al aprovechar las ventajas de localización, como la mano de obra barata. Nos dice Mitchell que los “patrones cambiantes de la producción capitalista en los espacios regionales son inevitables y socaban la capacidad de las ciudades para determinar sus rumbos” (2016).

Las ciudades que fueron polos de crecimiento por su desarrollo industrial dejaron de serlo con la apertura comercial y la desindustrialización que ha originado, y no ha sido contrarrestada con otras regiones de exportación. Las ciudades de la frontera norte de México, donde se han establecido las maquiladoras de exportación, no se convirtieron en polos de crecimiento, dado el carácter de las exportaciones manufactureras que tienen alto contenido de importaciones. El valor agregado nacional sólo es la mano de obra, de bajos salarios, cuyo consumo viene de importaciones, no irradiando ello en el desarrollo de las regiones fronterizas.

El contexto de la globalización y el privilegio de la estrategia de crecimiento hacia fuera, ha llevado a los gobiernos a orientar el crecimiento de ciertas regiones, para que aprovechen sus ventajas comparativas y de localización para incrementar exportaciones. El problema es que han tratado de hacerlo estimulando la entrada de inversión extranjera directa (IED), y no tanto impulsando condiciones productivas internas, para incrementar el valor agregado nacional en las exportaciones, para que dicha estrategia irradie a favor del desarrollo productivo y del empleo de las regiones.

A pesar de la promoción a la entrada de IED que ha estado presente en muchos de los países de América Latina para impulsar la dinámica económica, este objetivo no se ha alcanzado. La apertura comercial que ello trae aparejado, ha acentuado el rompimiento de cadenas productivas que no han sido sustituidas por la entrada de IED.

La inversión extranjera y las exportaciones que ésta realiza, a partir de las regiones donde se han establecido, no han contrarrestado, el impacto negativo que la política de libre mercado y de austeridad fiscal ha pasado a tener en ellas.

Los salarios que pagaba la industria manufacturera eran mucho mayores a los que predominan en la industria maquiladora de exportación, por lo que la demanda se ve restringida, así como su efecto multiplicador interno, dado el contexto de libre comercio y el gran crecimiento de importaciones que ello origina. Tal situación ha acentuado las desigualdades de ingreso, lo que atenta sobre el crecimiento económico regional y nacional.

A pesar que la desindustrialización ha disminuido el crecimiento de las ciudades industriales en México, no han disminuido los desequilibrios regionales, debido a que tales ciudades siguen sustentando el poder económico y financiero.

4. La mayoría de las políticas han fracasado para disminuir las desigualdades regionales

Por más que los gobiernos siempre hablan de la necesidad de reducir los rezagos y desigualdades regionales, éstas continúan y hasta se acentúan.

La Tabla 1 refleja los diferenciales de ingreso per capita entre las entidades federativas de mayor ingreso, respecto a las de menores ingresos. El Estado de Campeche, que tiene mayor ingreso per cápita supera con mucho a las entidades federativas de menores ingresos, evidenciando los grandes desequilibrios regionales existentes en México.

Diversos países han instrumentado estímulos fiscales para incentivar la inversión privada en diversas regiones, sin embargo, ello no ha tenido grandes resultados, debido a que las decisiones de inversión descansan en función de las ganancias, como del crecimiento del mercado y las expectativas de éste, más que por reducciones y estímulos tributarios. De ahí que los subsidios o disminución de impuestos para estimular las inversiones en las regiones rezagadas, no han sido eficaces. Han representado desperdicio de recursos, debido a que no se atienden los problemas estructurales que están detrás de los rezagos regionales y de las desigualdades regionales, tales como la falta de infraestructura, de proyectos de inversión productiva que potencien el desarrollo de las regiones, como mayor gasto de educación, salud y en generación de empleos y mercados.

La desigualdad regional afecta el crecimiento potencial de una economía, pues a ello le acompañan desequilibrios y rezagos productivos que atentan sobre el crecimiento, e impiden un crecimiento sostenido.

5. No hay políticas que encaren de raíz las desigualdades regionales existentes

El atraso que enfrentan muchas regiones, como las crecientes desigualdades regionales, han sido resultado en gran medida de la falta de política económica y de estrategias de desarrollo por parte de los gobiernos para atender dichos problemas. Desgraciadamente, el sector hegemónico -que en las últimas décadas ha sido el sector financiero, como las empresas transnacionales- son las que determinan la política económica predominante. De ahí la libre movilidad de mercancías y capitales, como las políticas de alta tasa de interés, estabilidad cambiaria y austeridad fiscal. Ello ha actuado en detrimento del sector productivo, del desarrollo regional, del empleo y bienestar de la población.

Al dejar de actuar la política macroeconómica a favor del crecimiento económico, y al pasar a privilegiar al sector financiero a través de las altas tasas de interés, disciplina fiscal y estabilidad del tipo de cambio, las regiones, Estados y Municipios han pasado a verse rezagados e incapaces de hacer frente a los recortes presupuestales de que han sido objeto.

Si no hay política macroeconómica de apoyo, es decir, expansión del gasto e inversión pública, que desarrollen infraestructura y proyectos de inversión, así como facilidades crediticias y bajas tasas de interés, no se alcanzará el desarrollo regional y territorial. Al no instrumentarse una política económica que genere condiciones de desarrollo incluyentes, no se reducen las disparidades regionales.

Nuestras regiones por lo general no ofrecen centros de desarrollo tecnológico y mano de obra altamente tecnificada, que atraigan inversiones nacionales y extranjeras para establecerse para producir sobre todo para exportación, dada la contracción del mercado interno. Por lo general, nuestros gobiernos no realizan fuertes inversiones en ciencia y tecnología para apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico para el impulso de las fuerzas productivas y mejorar nuestra inserción en el contexto internacional y así potenciar un desarrollo que irradie efectos multiplicadores internos a favor de lo regional y nacional, que disminuya las presiones sobre el sector externo y nuestros requerimientos de entrada de capitales.

Las políticas de austeridad fiscal nos alejan de avanzar en tal perspectiva, lo que nos condena a que continúe la baja productividad y los rezagos y las desigualdades regionales, como el bajo crecimiento, el desempleo y los bajos salarios.

6. La política de austeridad fiscal acentúa el rezago de las regiones más pobres

Las políticas de austeridad fiscal, como las altas tasas de interés, favorecen al sector financiero, y a las ciudades donde éste se asienta, y actúa contra el crecimiento productivo, económico, la generación de empleo, y acentúa las desigualdades regionales, siendo las más afectadas, aquellas que menos asignación de recursos presupuestales reciben.

La Figura 5 refleja el bajo porcentaje que en relación al PIB tienen las participaciones, aportaciones, otros subsidios y transferencias que se realizan a Estados y municipios.

Las políticas de austeridad fiscal encaminadas a generar ahorros forzosos para el pago de la deuda, no solo achica el tamaño del gobierno federal, están reduciendo significativamente la inversión pública y el gasto federal, sino que también las partidas presupuestales a los gobiernos estatales y municipales, mermando así la capacidad de gasto e inversión de éstos para atender los servicios públicos, como para impulsar el crecimiento de sus municipios, estados y regiones.

Fuente: SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. Coordinación con Entidades Federativas, 2019.

Figura 5 Gasto Federalizado (Participaciones, Aportaciones y otros Subsidios y Transferencias a Estados y Municipios), 0-2018, (% del PIB) 

La austeridad fiscal impide financiar proyectos de inversión encaminados a encarar las desigualdades regionales. Los recortes presupuestales, están disminuyendo la inversión pública en infraestructura -la cual es esencial para el desarrollo regional, dados los efectos multiplicadores que de ella emanan-, y en sectores estratégicos, que atenta sobre el desarrollo productivo, económico y social; sino también ha disminuido el gasto en ciencia y tecnología, el gasto social en educación, en salud; todo lo cual contrae la productividad, la actividad económica y la generación de empleo y los servicios públicos; que en conjunto afectan los niveles de bienestar de la sociedad, y los municipios pequeños y medianos son los más afectados; pues tienen menos poder de negociación para evitar ser afectados con tales políticas.

La política fiscal es determinante en el desempeño de las regiones, por lo que los recortes presupuestales, atentan sobre el crecimiento actual y potencial de las economías, y agudizan los rezagos y desequilibrios regionales y sectoriales en las economías. Se reducen las opciones de empleo y de inversión al sector privado, los niveles de bienestar de los ciudadanos y las oportunidades de salir de tal situación.

A los problemas de desindustrialización, de desinversión y deterioro agrícola, por la falta de competitividad frente a importaciones, que enfrentan muchas regiones en nuestros países, se les suman los que se derivan de las políticas de austeridad fiscal.

Los recortes de las partidas presupuestales federales a los Estados y municipios, como los recortes a las subvenciones, los obligan a depender de sus propios ingresos, los cuales son pocos, dada la estructura impositiva existente en muchos países, donde favorece a la federación, por lo que los recursos propios resultan insuficientes para realizar inversiones y mantener la prestación de servicios en educación, salud, alcantarillado, servicios de agua, policía; lo cual aumenta la privatización de éstos servicios, pues se acentua el deterioro del nivel de vida de las grandes mayorías. Los impuestos locales son mínimos en relación con las participaciones federales que reciben, por lo que su capacidad de gasto e inversión está determinada por la política fiscal federal. Si ésta es restrictiva, los estados, municipios y regiones, pasan a estar en el peor de los mundos posibles. Ello ha llevado a tratar de aumentar impuestos locales para encarar sus problemas financieros. El problema es que, en un contexto de bajo crecimiento económico, no hay viabilidad de incrementar impuestos y la recaudación.

Las restricciones presupuestarias, llevan a Estados y municipios a tener que buscar políticas ‘ingeniosas y novedosas’ para promover proyectos e inversiones de empresas locales o foráneas para que se ubiquen en la región, para evitar acentuar el estancamiento y el atraso regional. El problema es que poco se puede alcanzar si no hay política macroeconómica que acompañe las iniciativas regionales que surjan.

Ante los problemas de falta de recursos financieros que ocasiona la austeridad fiscal y los recortes de las partidas presupuestales a los Estados y municipios, y sus bajos recursos internos, los gobiernos locales pasan a promover entrada de inversión extranjera, como proyectos de exportación, o proyectos turísticos, o de minería, o de fraking. Tratan a través de la mayor privatización y extranjerización de sus regiones, salir de los problemas que enfrentan, siendo que ello las convierte en enclaves del capital internacional, sin que ello se traduzca en mayor desarrollo y bienestar de sus pueblos y población. Se da el caso en que los gobiernos, en perspectiva de atraer inversiones toman medidas contra los habitantes de ciertas regiones, sea para desarrollos productivos, turísticos, o inmobiliarios, sin considerar los hábitos, costumbres, historia e idiosincrasia de las regiones y pueblos.

En vez de encaminarse a cambiar la política neoliberal causante de los mayores problemas de atraso económico que enfrentan, optan por salidas falsas que agravan sus problemas, llevando a que nuestros países dejen de pertenecernos.

Al promover proyectos de exportación, colocan a la región a merced del desarrollo del comercio internacional, el cual desde la crisis de 2008-2009 viene manifestando bajas tasas de crecimiento, y ante las políticas arancelarias que establece el gobierno de Estados Unidos, menos condiciones de crecimiento hacia fuera pasan a tener nuestras economías.

Los proyectos regionales del nuevo gobierno en México, tal como el Tren Maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, como el programa Zona Libre de la Frontera Norte, no se traducirán en polos de crecimiento. En el caso del Tren Maya, se favorecerán sobre todo los hoteles internacionales que predominan en dicha zona, los cuales la mayoría de sus insumos son importados, y no reinviertes sus ganancias. En el caso del Istmo de Tehuantepec y la Zona Libre de la Frontera Norte, están encaminados a seguir promoviendo entrada de inversión extranjera para la exportación. Esta historia ya la conocemos, pues los diferentes gobiernos han promovido dichas inversiones y ello no se ha traducido en mayor crecimiento regional y del país, dado el alto componente importado de las exportaciones. Además, hay desaceleración del comercio internacional, y nuestro principal mercado de exportación que es Estados Unidos está instrumentando aranceles a sus importaciones. No se puede seguir apostando al crecimiento hacia fuera, cuando esta estrategia no nos ha sido benéfica, hemos sido perdedores, y menos cuando está desacelerándose el comercio internacional.

Los empleos que logran generarse con tales proyectos no son bien remunerados. Prosigue la pobreza, la miseria y el desarrollo alcanzado recae sólo en las empresas privadas nacionales y extranjeras que realizan la inversión. Sus ganancias no son reinvertidas para impulsar otros sectores productivos de la región, sino son transferidas a su lugar de origen. A ello se suma el daño ambiental y ecológico que muchas de esas inversiones y proyectos de desarrollo originan.

Al continuar las políticas de austeridad fiscal y los recortes presupuestales, proseguirá la desatención al desarrollo regional y nacional, que es difícil ello sea contrarrestado por el ‘beneficio’ que algunas regiones puedan tener por la llegada de inversión extranjera.

Los estragos que origina la austeridad fiscal pasan a ser mayores a la desindustrialización y descapitalización que el cambio de modelo económico ha generado en muchas regiones, debido a que evidencia la falta de política económica para encarar los problemas que se enfrentan.

7. Menos participación del Estado, más mercado, menos ética y más desigualdad

La desatención del Estado al desarrollo económico nacional y regional, coloca a las regiones y al país en decisiones del sector empresarial, como a la disponibilidad de recursos naturales con que cuentan las regiones para desarrollarlos, ya sea con inversión extranjera, o en torno a los recursos financieros internos y externos, con que puedan disponer.

Las políticas que nos han llevado a reducir la participación y el tamaño del Estado en la economía, tal como la autonomía del banco central, la austeridad fiscal, la libre movilidad de mercancías y capitales, así como la desregulación del sector financiero, han llevado a que la economía sea determinada por las decisiones de inversión del sector privado, de las fluctuaciones del comercio internacional y de la entrada de inversión extranjera; todo lo cual ha acentuado los desequilibrios y desigualdades regionales en los países. Crecen relativamente más aquellas regiones que son atractivas para el gran capital, sea por la dotación de recursos de que disponen o por las ventajas para la exportación y por el crecimiento de mercado que ofrecen o por sus playas y lugares atractivos para el turismo. Se ven marginadas el resto de las ciudades y regiones, tanto por los recortes presupuestales, como porque no ofrecen atractivos y opciones rentables a la inversión privada.

La menor presencia del Estado en la economía viene acompañado de la mayor privatización y desigualdad del ingreso y la riqueza en las economías, como de mayores rezagos productivos y desempleo y miseria.

Gobiernos federales, estatales y municipales tratan, a través de impulsar la privatización, de promover entrada de inversión extranjera que sea el sector privado nacional y extranjero el que impulse el desarrollo regional y nacional. Sin embargo, ya tenemos décadas con dicho proceso y no se ha recuperado el crecimiento económico, ni el desarrollo regional en nuestros países. La mayor presencia del sector privado en nuestras economías y regiones, no se ha traducido en mayor desarrollo productivo, ni en mayor empleo, ni en mayores salarios y bienestar en nuestros pueblos y regiones. Sólo se ha acentuado la privatización y extranjerización de nuestras regiones y países, pero prosigue el bajo crecimiento, las desigualdades regionales, el desempleo y las desigualdades de ingreso.

No se puede descansar en la inversión extranjera y en las exportaciones, dado el carácter usurpador de las primeras y el carácter volátil y de alto componente importado, de las segundas, que no generan efectos positivos sobre el desarrollo regional y nacional en nuestros países. Las beneficiarias del proceso de globalización han sido las empresas transnacionales, no los países, ni las regiones y mucho menos los trabajadores, pues pasamos a tener más desempleo y menores salarios con la globalización, que cuando predominaban políticas donde el Estado regulaba la actividad económica e impulsaba a la industria a través de políticas proteccionistas de sustitución de importaciones.

Señala ^{Mitchell (2016)} que para algunos expertos en nuevo regionalismo (y cita a John Lovering), la región debe ser el centro principal de la política económica, ya que “argumentan que los espacios regionales proporcionan la mejor plataforma para lograr economías flexibles de alcance que se requieren para adaptarse a mercados cada vez más inestables”. Tales concepciones colocan a las regiones a merced de las necesidades de expansión y competitividad que buscan las empresas transnacionales, sin tomar en cuenta la idiosincrasia, las costumbre y la cultura de las regiones y los pueblos.

Con más mercado de economía abierta y menos Estado, crecemos cada vez menos, y los rezagos productivos y regionales y las desigualdades regionales se han acentuado.

La pobreza aumenta y se extiende a todas las regiones y con ello crece también la delincuencia. Los gobiernos incrementan el presupuesto a los servicios de seguridad, a costa de seguir recortando los gastos sociales y de desarrollo regional; ahondando así los problemas estructurales que se padecen, por lo que continúa creciendo la delincuencia y criminalidad.

Ello evidencia que sin el poder de un Estado-Nación fuerte, no se retoma la dinámica económica, ni se disminuyen los desequilibrios regionales, ni la pobreza.

8. La política económica es crucial para el desarrollo regional y nacional de los países

No se puede dejar a las libres fuerzas del mercado de economía abierta la determinación de los rumbos del acontecer regional y nacional, pues sería no sólo condenarnos al atraso, sino perder identidad nacional y pasar a ser enclaves de empresas transnacionales.

Ante la incertidumbre que configura el entorno interno, como de la economía y el comercio mundial, no se puede dejar al libre arbitrum el devenir de nuestros pueblos y regiones.

Las regiones no pueden estar a merced del gran capital nacional y transnacional, pues éstos terminan imponiendo decisiones y políticas a su favor y en detrimento de los intereses regionales y nacionales.

No deben impulsarse proyectos que inserten a las regiones en la competencia mundial a través de bajos salarios, y mediante la explotación irracional de los recursos naturales que terminan haciendo mas daño a nuestras regiones y países, que beneficios. Nos dice Mitchell que “el uso de espacios públicos con fines comerciales está aumentando. Esto es particularmente cierto en áreas que antes considerábamos dignas de protección, por ejemplo, parques urbanos, espacios verdes, parques nacionales” (2018).

De no revertir dicha política de austeridad fiscal y de apertura externa indiscriminada, continuarán rezagándose las regiones. La política de austeridad no debe proseguir, pues no solo atenta sobre el crecimiento económico, sino sobre la seguridad nacional, tanto porque pasamos a depender más del capital internacional para el impulso de la economía, como por los problemas de mayor endeudamiento, desempleo, miseria y violencia que se deriva de dicha política económica.

Nuestra inserción en el proceso de globalización, demanda altos niveles de competitividad, que no pueden sustentarse en bajos salarios, ni en la exportación de nuestros recursos naturales en bruto.

A pesar que algunas regiones cuenten con ventajas comparativas -en función de su dotación de recursos- y de localización, para insertarse al proceso de globalización, es importante la política económica, monetaria, fiscal, cambiaria y crediticia para impulsar el desarrollo regional, y asegurar el carácter incluyente de desarrollo que debe darse a nivel regional y nacional. Que no sólo sean exitosas las empresas que cuenten con ventajas comparativas, sino que el dinamismo irradie al conjunto de la región, para que el mayor número de empresas e individuos sean beneficiados.

Para que las regiones tengan condiciones de alcanzar competitividad a nivel mundial, es indispensable la política económica y la participación del Estado, dado que el solo mercado, es incapaz de alcanzar un crecimiento incluyente. Y si éste no se ha dado, ha sido por la cada vez menor participación del Estado en nuestras economías.

Para que se incremente la productividad, la competitividad, la producción y el empleo en todas las regiones, la política macroeconómica debe responder a ello y el problema es que los objetivos que prioriza han sido los de baja inflación, estabilidad cambiaria y disciplina fiscal; lo que atenta sobre las condiciones de desarrollo regional y nacional.

Las regiones no podrán desarrollarse si no hay política económica que configure las condiciones de demanda y financieras para ello. En un contexto de austeridad fiscal y altas tasas de interés, no hay condiciones para su crecimiento, ni para aumentar el empleo y reducir los desequilibrios regionales existentes y el mercado, el sector externo, el sector privado y las familias, poco pueden hacer para ello.

El único que puede impulsar el crecimiento de una región que no es rentable al capital, es el gobierno, para lo cual se requiere de gasto público deficitario que no está presente en nuestras economías, dado el predominio de políticas a favor del sector financiero, que está contra el déficit fiscal por el temor a la inflación y a la mayor participación del Estado en la economía.

No hay razón de ser de la política de austeridad. La política económica debe potenciar el desarrollo de todas las regiones y no seguir impulsando políticas a favor de un sector económico o ciudad o región específica. Perfectamente el gobierno federal puede expandir el gasto público deficitario a favor del desarrollo productivo y potenciar el crecimiento de las regiones, aprovechando los recursos naturales de que disponen, para que haya capacidad productiva -industrial y agrícola- para satisfacer la demanda generada por el gasto deficitario y evitar así presiones sobre precios y el sector externo, que pueda generar inestabilidad económica.

El Estado debe actuar e instrumentar políticas macroeconómicas que configuren los niveles de desarrollo tecnológico para incrementar el valor agregado interno de nuestras exportaciones y así potenciar el desarrollo de nuestras regiones y del país, como para contar con mano de obra altamente calificada y remunerada en beneficio de los ciudadanos.

Los gobiernos nacionales, estatales y municipales deben impulsar la formación de capital humano para que los trabajadores cuenten con el conocimiento y habilidades técnicas requeridas para insertarse en las nuevas olas tecnológicas, hacia las cuales debemos avanzar para mejorar nuestra inserción en la economía mundial y que ésta impulse un desarrollo con efectos multiplicadores a favor de las regiones y del empleo bien remunerado.

Se requiere de una banca de desarrollo regional que otorgue recursos y créditos baratos para potenciar su crecimiento. Las regiones menos desarrolladas deben contar con mayores recursos, acompañado ello de políticas de inversión de infraestructura y gasto público, en educación, formación de capital humano, de ciencia y tecnología; que configuren las bases y las condiciones para impulsar la inversión privada en tales regiones.

Los proyectos que deberían impulsarse en las regiones deben buscar un desarrollo incluyente, la generación de empleo bien remunerado y que no se atente sobre el derecho de los residentes, ni contra el medio ambiente. El crecimiento debe impulsar bases reales para un crecimiento sostenido. Las decisiones importantes deben recaer en la sociedad organizada y no en las empresas nacionales o transnacionales que inviertan en la zona que solo ven el objetivo de lucro.

Los residentes deben oponerse a todo aquello que dañe el ecosistema y que atente sobre las hábitos y costumbre de sus pueblos y luchar por que se instrumenten políticas en beneficio de su región y no comprometer el patrimonio regional y nacional a inversiones extranjeras como ha venido aconteciendo hasta ahora, que atentan contra el patrimonio nacional y no impulsan el desarrollo regional, ni la generación de empleo bien remunerado, y si en cambio ocasionan graves daños ecológicos y acentúan las desigualdades regionales, de ingreso y de riqueza en nuestros países.