La revista economíaUNAM, fundada en 2004 por el rector Juan Ramón de la Fuente, cumple quince años en sus propósitos de ofrecer una visión objetiva, sin tecnicismos oscurantistas, sobre los problemas de la economía nacional, la autonomía o la sujeción externa de las políticas gubernamentales y su incidencia en el bienestar de la población, el crecimiento y la democracia nacional.

Hoy, la proximidad de un nuevo ciclo electoral abre la posibilidad esperanzada de avanzar con mejor suerte en temas rezagados: empleo desfalleciente, informalidad masiva, un desarrollo que no basta para mejorar a todos los mexicanos y una soberanía popular que no se expresa a plenitud en las decisiones democráticas. Por supuesto, no se trata de cuestiones locales, el diagnóstico de la globalización muestra que la desigualdad se ha convertido en el problema con mayúscula a escala universal, con abatimiento del desarrollo y empobrecimiento de los sistemas de protección social a más y más poblaciones.

En ese contexto, el conflicto entre Estado y mercado, entre estabilidad de precios y estabilidad en el ascenso de la producción, pierden mucha de su antigua validez para transferirla a la corrección de disparidades distributivas que ya trastocan la estabilidad política de las sociedades. Incorporar normas democráticas a la integración mundial de mercados y soberanía a las propias es, quiérase o no, un imperativo categórico. En tal sentido, los países y gobiernos que pueden recobrar capacidad decisoria serán los que mejor se adapten a las condiciones del futuro para servir a sus poblaciones.

Es importante entonces, afinar los diagnósticos de la economía mexicana con el fin de singularizar los obstáculos mayores al desarrollo y a una igualdad democráticamente asimilable. Al respecto, México enfrenta una serie de dilemas que necesitan despejarse más o menos simultáneamente con urgencia. El producto interno ha venido oscilando después del tropiezo de la crisis de 2008 hasta estabilizarse en poco más de 2% de crecimiento anual. La inversión es baja con respecto a la evolución de la demanda agregada, sin rebasar entre 20 y 23% del producto. Un factor de debilitamiento reside en la evolución negativa de la inversión pública que desde hace cinco años se reduce hasta re presentar apenas un sexto del total. El balance presupuestario se ha mantenido alrededor de 2.5 a -3.6% (2011-2016) del producto, con cierto acrecentamiento del endeudamiento neto del sector público de 29 a 43% del propio producto. Si esas cifras se comparan con las del grueso de los países industrializados, se podría constatar que todavía hay márgenes al endeudamiento estatal. La cuenta corriente de la balanza de pagos muestra saldos negativos en ascenso de 1 a 2.7% del producto entre 2008 y 2016. Sin embargo, esas cifras no se compadecen del acusado deterioro del tipo de cambio con una depreciación de 90% entre esos años. Entonces, cabe reconocer que la combinación de apertura de la cuenta de capitales y tipo de cambio flotante no acrecienta, sino reduce la autonomía de la política monetaria frente a las fluctuaciones internacionales. Por eso, ahora se busca controlar una inflación en cierto sentido importada.

El mediocre desarrollo de la economía ya experimenta reducción de los ingresos disponibles per capita, no sólo en dólares,¹ sino en pesos. En efecto, si se suman las tasas de crecimiento demográfico (1.1%) y la de la productividad (1.2 a 1.5%), todo indica que un ritmo de expansión del producto de alrededor de 2% no basta para sostener en ascenso el bienestar medio de la población, singularmente cuando la inversión es baja, se instrumentan recortes al gasto público -con fines antiinflacionarios- y prevalece una alta, insostenible concentración del ingreso (60% más del producto es absorbido por 10% de la población más rica). Esa situación configura la otra gran falla de la estrategia económica nacional, la de deshumanizar el desarrollo.

La búsqueda incesante de equilibrios múltiples en la inflación, el presupuesto, la balanza de pagos, el endeudamiento externo, convergen en multiplicar restricciones, en explicar descenso en el ritmo de crecimiento del país desde comienzos de la década de 1970; y explican también el descuido en el logro de otro equilibrio, ese sí fundamental, el de una equidad distributiva que no enflaquezca la demanda, ni comprima el crecimiento.

Aquí cabe un paréntesis para incorporar el problema planteado por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la balanza de pagos. En 2012 el saldo comercial positivo con Estados Unidos de casi 103 miles de millones de dólares fue absorbido por los saldos negativos en Asia, 96.4 (China, tenía más de la mitad) y Europa 19.0. En 2016, la primera cifra arrojó 123 miles de millones de dólares positivos y las negativas 118.4 y 23.0, respectivamente (sólo China subió a 64.1 negativos).²

La renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) fácilmente puede transformarse en fuente de incertidumbre. Aparte de las peculiaridades negociadoras del presidente Trump, hay realidades difíciles de soslayar. El objetivo norteamericano consiste en reducir sus déficit comerciales. Estados Unidos presentan desajustes significativos de pagos que suman en el periodo 1990-2016 más de 10.5 millones de millones de dólares. En igual lapso, China, Alemania y Japón tienen superávit acumulados de 5.3, 2.7 y 3.5 millones de millones de dólares.³ Por ser altos esos desacomodos mundiales no podrían seguir indefinidamente.

Aquí surge un dilema macroeconómico. Si el TLC se descarta o si la negociación lleva a reducir sensiblemente el superávit mexicano, ello forzaría a una combinación de medidas: devaluar, renegociar otros tratados de libre comercio o a restringir deliberadamente las importaciones. Por supuesto también podrían emprenderse otras acciones: diversificación del comercio, convenios de inversión extranjera con los países donde registramos los mayores déficit, pero aquí, en el mejor de los casos, se concretarían resultados a mediano y largo plazos.

Así en el terreno económico parece claro que la estrategia sea neoliberal o de crecimiento hacia afuera, está en la fase de rendimientos a la baja. El crecimiento mundial está decayendo;⁴ los sectores exportadores de los países se encuentran en situación depresiva análoga;⁵ además, las oscilaciones en las corrientes de capitales originan problemas inflacionarios, de balanza de pagos y presupuestarios que ponen en jaque a las políticas macroeconómicas y monetarias individuales; por otro lado, en varios países líderes parecen cobrar vida políticas proteccionistas, de reducción de la tributación progresiva y de consolidación fiscal que -a la par de acentuar los ya graves problemas distributivos-, reducirían todavía más los estrechos márgenes de acción contracíclicos y de crecimiento de las naciones en desarrollo. Las reflexiones previas llevan a pronosticar cambios en gestación en las normas del orden internacional que convendría anticipar en previsión de los ajustes internos que suscitarían.

La situación política nacional muestra por igual debilidades al combinarse la desigualdad, con la corrupción, la impunidad, la criminalidad, la fragmentación de algunos partidos políticos y la falta de prelación a demandas de la población. Así, las desigualdades sociales resultan magnificadas hasta afectar la calidad misma de los procesos democráticos. Hay necesidad de legitimar las acciones públicas, de unir mucho más estrechamente a gobierno y sociedad.

A esa situación incierta en lo económico y político, vienen a sumarse factores de complicación con la ocurrencia de sismos y huracanes. En cuanto a esto último debe partirse del hecho de que esos fenómenos suelen herir con particular intensidad a los grupos pobres de la población, los más expuestos hasta transformar esos problemas naturales en otros esencialmente sociales.

Las acciones espontáneas, solidarias, de la población y del sector empresarial privado son de fomentar y aplaudir. Sin embargo, habría que añadirles una dimensión estatal más decidida y ambiciosa que vaya a remediar no sólo los estragos de sismos y huracanes, sino y sobre todo la creciente desigualdad y el lentísimo crecimiento. Frente a la complejidad y origen distinto de los problemas vivos, se debiera instrumentar en unidad -Estado y sociedad, gobierno y empresa- un modelo de política enfocado a lograr desarrollo y empleo, reindustrialización, compensación de las debilidades de la apertura indiscriminada de mercados y alivio a la población pobre de siempre sobrellevar el costo de los ajustes económicos. En materia social, sería necesario empezar a compensar la caída secular de los salarios en el producto y reiniciar la apertura universal de los servicios públicos básicos. A medida que transcurre el tiempo, la oportunidad de lanzar un programa como el esbozado pudiera diluirse, a menos que la contienda electoral reavive el debate y lleve a renovar las políticas vigentes.