INTRODUCCION

Enmarcado en el campo de la historia social, este artículo presenta las primeras reflexiones de un proyecto más amplio en torno al rol de la universidad pública en las reconfiguraciones entre el Estado y la política del México posrevolucionario. Nuestro objetivo es comprender las características y el papel jugado por los proyectos de universidad popular en el país (como fueron los casos de Guerrero, Sinaloa, Nuevo León y Puebla). Si bien estas experiencias fueron importantes, nuestro artículo busca estudiar y comprender casos poco explorados de dicha tendencia radical al interior de la educación superior mexicana. Una de nuestras premisas es que todos estos casos se encuentran profundamente relacionados, aunque falta explorar esa relación a profundidad. No obstante, junto con la de Puebla, la experiencia guerrerense sobresale por su alcance temporal y relevancia sociopolítica.

En el México del siglo XX, la relación entre disidencia política y gobiernos locales fue sumamente conflictiva. En el caso del estado de Guerrero, ubicado en el suroeste del país, uno de los puntos de inflexión de esta dinámica tuvo lugar en 1960, cuando la exigencia académico-estudiantil de crear una institución autónoma de educación superior encontró puntos de convergencia con los reclamos de diversos grupos sociales de la entidad que buscaban transformaciones sociales y políticas más profundas. La Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) estuvo vinculada desde sus inicios con una oposición a la estructura autoritaria del gobierno y del ejercicio arbitrario del poder en México, lo que en algún momento la convirtió en el punto de encuentro de la disidencia política nacional y en un desafío constante para el gobierno local y nacional. Presentamos una primera aproximación a la pugna entre Estado y la Universidad en el estado de Guerrero, y lo que este enfrentamiento significó para la lenta construcción de la democracia como asunto de discusión pública en México, resaltando particularmente la relevancia del periodismo en el conflicto universitario guerrerense y su rol en la conformación de la UAG como agente de cambio sociopolítico en el sur del país.

Metodológicamente, este artículo se apoya principalmente en la revisión de fuentes documentales y hemerográficas a partir de las que se explora la relevancia de la prensa escrita en los conflictos alrededor de la legitimación del proyecto universitario guerrerense. Es importante destacar que el presente trabajo no es un estudio exhaustivo de las publicaciones en sí, pues no se busca hacer una caracterización de las revistas y los periódicos, ni de la trayectoria de los periodistas. En todo caso, la consulta de medios constituye el punto de partida para reconstruir el papel del periodismo en los debates en torno a la participación política y la democracia a partir de la cobertura de los acontecimientos en Guerrero durante el periodo estudiado.³

Debido a que el tema central es la relación entre Estado y universidad, la mayor parte de las notas periodísticas empleadas forman parte de los expedientes dedicados a la Universidad Autónoma de Guerrero que se encuentran en el Fondo Investigaciones Políticas y Sociales del Archivo General de la Nación. La selección de notas elaborada por la Secretaría de Gobernación (Segob) durante las fechas citadas, considera los periódicos de circulación nacional y es exhaustiva, cotejada con los periódicos de origen, e indica el grado de interés que el gobierno mexicano daba a los asuntos relacionados con la UAG, así como los temas que resultaban más relevantes.

Las reflexiones aquí presentadas también su sustentan en 28 entrevistas a profundidad, y en innumerables conversaciones informales con participantes del proceso universitario guerrerense como profesores, alumnos y autoridades universitarias. No obstante, es importante señalar que el énfasis está puesto en las fuentes escritas, dejando para futuros trabajos el análisis de las entrevistas en la conformación de la memoria del proceso universitario.

Cabe mencionar que, en tanto un primer ejercicio de sistematización y crítica, el presente artículo permitirá ver la complejidad y riqueza tanto de las fuentes hemerográficas como de la pluralidad de voces y experiencias en la memoria del proceso universitario en Guerrero, expresado en las diversas entrevistas realizadas durante las primeras dos fases de trabajo de campo. En ese sentido, el objetivo central de este artículo es presentar las principales líneas de reflexión conceptual a las que nos ha llevado esta primera sistematización.

SOCIEDAD Y UNIVERSIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO

Durante la década de 1950 un grupo de jóvenes estudiantes del entonces Colegio de Guerrero planteó reiteradamente la importancia de establecer una universidad en el estado, con el fin de ampliar las áreas de conocimiento abiertas a los estudiantes de la región, y sobre todo, integrar una institución educativa autónoma, con libertad para establecer su orientación académica y definir su papel como actor de la sociedad guerrerense. Amplios sectores de la sociedad local brindaron un apoyo constante al proyecto universitario, y la Universidad de Guerrero se fundó el 30 de marzo de 1960; todo ello en medio de una fuerte crisis política en la entidad (^{Sandoval Cruz, 1999}).

En 1957 el General Raúl Caballero Aburto asumió el poder ejecutivo del estado de Guerrero. Su mandato se caracterizó por la determinación de eliminar cualquier diferencia de opinión o forma de disidencia política, así como por el uso patrimonialista y discrecional de los recursos públicos. El nivel de oposición que se generó en contra de Caballero Aburto y su gobierno fue el inicio de una serie de movimientos sociales que tuvo uno de sus momentos clave el 31 de octubre de 1960, con la manifestación multitudinaria que se realizó ese día en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado. Entre los grupos que se unieron a esta manifestación estaban los estudiantes universitarios. Las dos exigencias fundamentales fueron la desaparición de poderes en Guerrero y el establecimiento de la autonomía de la universidad. En este momento, en opinión del profesor e historiador universitario Mario García Cerros, “la lucha universitaria dio un salto cualitativo para transformarse en un movimiento estudiantil-popular” (^{García Cerros, 1991, p. 102}). Con la huelga general que se emplazó para el 7 de noviembre en la capital del estado, a las demandas universitarias se unieron las de “los trabajadores, los industriales, los comerciantes, los banqueros, la burocracia estatal y federal y el magisterio” (^{García Cerros, 1991, p. 101}). Algunos de estos grupos formaron la Coalición de Organizaciones del Pueblo (COP), la cual sirvió como espacio para plantear una estrategia común de oposición al gobierno de Caballero Aburto.

Las demandas fundamentales que articulaban la lucha de la COP eran cinco: la desaparición de poderes en el estado de Guerrero; aplicación de la Ley de Responsabilidades al gobernador; 4 la derogación de los decretos perjudiciales a la población, la eliminación de los latifundios, y que la universidad adoptara una orientación de servicio a la sociedad en la que se promoviera el desarrollo social, industrial y político de Guerrero. La vinculación entre la universidad y los intereses de la sociedad guerrerense se consolidó en estos días de solidaridad y participación cívica, dando paso a un proceso de politización de la vida universitaria que marcaría el rumbo de la institución en las décadas por venir, teniendo su punto máximo de radicalización durante la década de los 70 (^{García Cerros, 1991}).

Fuente: Colección particular Roberta Campos Adame.

Imagen 1. Pliego petitorio de los estudiantes de la Universidad de Guerrero en 1960 

La movilización de protesta se mantuvo durante las semanas siguientes. El 20 de noviembre se realizó en Chilpancingo una marcha silenciosa en la que se calculó la participación de más de 10 000 mujeres y estudiantes guerrerenses, acompañados por alumnos de dos de las mayores instituciones de educación superior en México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tras la marcha se organizó el plantón permanente en la alameda Francisco Granados Maldonado, frente al edificio principal de la Universidad (^{Sandoval Cruz, 1999}). El día 25 de ese mes policías y militares desalojaron a los ciudadanos de la alameda, y sitiaron el edificio de la Universidad. El 27 de noviembre la legislatura local decretó el cierre de la Universidad por tiempo indefinido, pues la universidad era considerada el “bastión principal de la lucha anticaballerista”. Familias enteras se organizaron para mantenerse en asamblea permanente y “escuchar información sobre el desarrollo de la lucha y los últimos acontecimientos” (^{García Cerros, 1991, p. 115}). En otras ciudades y pueblos del estado se replicaron las muestras de apoyo al movimiento: algunos barrios y pueblos enviaron dinero o víveres, mientras que otros organizaron sus propias manifestaciones de protesta.

La movilización estudiantil-popular llegó al 30 de diciembre en plena fuerza. Como se había hecho habitual en los últimos meses, las familias guerrerenses se encontraban congregadas en la alameda Francisco Granados Maldonado. En esa fecha, el ejército disparó en contra de los ciudadanos, dejando un saldo indeterminado de personas muertas, entre ellas mujeres y niños. El resultado inmediato de este hecho trágico fue la destitución del gobernador y la declaratoria de autonomía de la Universidad de Guerrero, ahora Universidad Autónoma de Guerrero. Por otra parte, a mediano plazo se fortalecieron los vínculos entre diversos grupos políticos y sociales y la comunidad universitaria (^{García Cerros, 1991}).

Lo importante a destacar es que desde ese entonces la Universidad se convertirá en un eje articulador de la oposición política frente al gobierno estatal, y un punto de referencia de movimientos de izquierda en el ámbito nacional. Lo anterior se acentuó a partir de 1972, cuando la institución se planteó una orientación pedagógica y social marcadamente de izquierda: el proyecto Universidad-Pueblo. En palabras de uno de sus rectores, el ejercicio de la autonomía significaba que los universitarios debían “desarrollar el cuestionamiento y crítica seria” a la política del estado “conjugando su actitud ciudadana con la exigencia de pleno respeto a la Constitución”, pues la discusión en la arena pública era una de las “nuevas normas de los gobiernos democráticos” (^{Revolución, 1977, p. 284}).

El objetivo principal de la ahora Universidad Autónoma de Guerrero fue la transformación social a partir de un proyecto amplio de democratización de la educación superior y media superior. Asimismo, se proponía establecer una relación estrecha entre la comunidad universitaria y la población rural y urbana por medio de acciones concretas que pusieran en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas en beneficio de la sociedad, particularmente de los grupos más necesitados: “si la universidad es financiada por el pueblo” tenía que estar a su servicio (^{Huerta, 1977, p. 8}). A la larga, la decisión de ser un agente de cambio social, aunada a los vínculos de algunos universitarios con diversos –y a veces contradictorios– grupos políticos de izquierda, será el fundamento para que durante toda la década de los 70 y hasta mediados de los 80 (^{González Ruiz, 1989}) tanto los gobiernos locales como el nacional buscaran atacar, desprestigiar y reducir el ámbito de influencia social de la Universidad, que para 1972 ya será conocida como el proyecto Universidad-Pueblo guerrerense.⁵

Establecer un concepto coherente y definitivo de lo que fue históricamente la Universidad-Pueblo resulta complicado, y en ello reside la complejidad y riqueza de dicho proceso. Históricamente, la idea de universidad en la Europa del siglo XIX estaba ligada a la conformación de los estados nacionales, siendo las formas francesa, y principalmente alemana, las que darían los rasgos característicos retomados en América Latina. De acuerdo con ^{Readings (1997)}, la universidad alemana cumplió el rol de incorporar a la naciente burguesía del régimen prusiano, con el fin de evitar un movimiento revolucionario como el sucedido en Francia. La universidad cumpliría así el papel de incorporar a la naciente clase asalariada y comercial a la estructura del Estado, configurando de paso la idea de un espíritu del pueblo: la conformación de la nación sociopolítica. En México este proceso se expresará en la UNAM bajo el lema de Por mi raza hablará el espíritu. Si bien escapa a los límites de este trabajo trazar el desarrollo de dicha idea en el contexto mexicano, podemos decir que uno de los roles de la universidad moderna es la incorporación hegemónica de los sectores emergentes de las estructuras del Estado a través de la cultura y la formación profesional.

En el México posrevolucionario, la crisis de esta misión se manifestó con mayor claridad en el Movimiento del 68, el cual ha sido ampliamente estudiado en la literatura periodística y académica. En el contexto de la Guerra Fría y el avance del ideario de izquierda en Latinoamérica, la crítica a la universidad agregará el elemento clasista de la misma y su papel en la reproducción del capitalismo (^{Wences Reza, 1971}; ^{Burgueño, 1971}; ^{Tecla Jiménez, 1976}). No obstante, si bien se ha escrito mucho sobre el movimiento estudiantil en la capital del país, se ha escrito muy poco sobre las formas que adquirió en otros estados, incluso oscureciendo la preminencia temporal de algunas experiencias locales, como fueron los casos de Michoacán y Guerrero (^{Gutiérrez López, 2011}). Asimismo, no hemos encontrado investigaciones que aborden la relevancia del movimiento rural-normalista para la conformación de los cuadros que luego se incorporarían a las universidades, tal como fue en el caso de Guerrero.

En dicho contexto, el concepto de Universidad-Pueblo guerrerense se nutrirá de las experiencias y el pensamiento de la izquierda de corte marxista que formó al movimiento rural-normalista, el movimiento estudiantil del 68, así como de influencias presentes en la formación ideológica de su principal figura: el Dr. Rosalío Wences Reza.⁶ Críticos del modelo, como ^{Esteban Dávalos Rueda (1999)}, señalaban que la Universidad-Pueblo constituía un modelo educativo radical en el que la misión de la universidad como agente de cambio social sería la de “contribuir a la transformación del mundo […] ligarse a las clases populares y darle a la sociedad los liderazgos que necesitaba […] la revolución social podría ser generada desde la universidad” (^{Dávalos Rueda, 1999, p. 53}). Por su parte, según ^{Ávila Serrano (s.f.)}, Wences Reza dirá que la universidad hegemónica:

[…] tiene que ceder el paso a la Universidad-Pueblo, en la que las labores académicas y de investigación sean complementadas con un contacto estrecho con la sociedad que le da vida. La Universidad-Pueblo, dejará de ser una institución elitista, porque no deben ser sólo unos cuantos elementos del pueblo los que lleguen con sacrificios a las aulas universitarias, son que las universidades deben ir al pueblo y atraérselo a su seno (^{Ávila Serrano, s. f., p. 75}).

No obstante, Wences Reza también hará hincapié en que la vocación de la Universidad-Pueblo debía ser democrática, crítica y popular:

[…] por ningún motivo es la universidad del socialismo o para el socialismo. […] La universidad de la que hablamos pretende conjuntar esfuerzos en la lucha por alcanzar la más amplia transformación académica y democrática posible dentro de una sociedad capitalista como la nuestra, en aras de preparar las condiciones necesarias para el advenimiento del socialismo; pero la realización de la revolución –la socialista o la burguesa– es tarea que compete a las clases sociales; y no a las instituciones de educación superior (^{Wences Reza, s.f.b}).

Por un lado, crear las condiciones para el socialismo a través de la cercanía con el pueblo; por el otro, demarcar a la universidad de dicha lucha. Contrario a ver en esto un signo de incoherencia estéril, pensamos que será precisamente esta ambigüedad ideológica la que le permitirá a la UAG convertirse, ya como Universidad-Pueblo, en una esfera de crítica y experiencias democráticas relativamente protegida en medio de un entorno fuertemente autoritario y represivo. Al interior de la universidad se generarán durante un tiempo espacios para que diversas perspectivas ideológicas y demandas sociales de varios sectores políticos y populares se articulen y sean presentadas al Estado y ante la sociedad. Podemos decir que la UAG se conformó como una esfera pública democrática, si bien fuertemente delimitada (^{Habermas, 1981}).

A finales de los 70, al carácter democrático, crítico y popular de la Universidad se agregará el de científica: La Universidad-Pueblo: Crítica, Científica, Democrática y Popular. Estos objetivos quedarán plasmados en la Ley Universitaria de la UAG de 1978. Dicho énfasis en la ciencia tuvo el objetivo de rescatar el elemento académico en un momento en que lo educativo acabó subordinado a las luchas políticas en y desde la universidad, en gran medida producto del constante y violento embate del estado y sus esfuerzos por asfixiar y literalmente desaparecer a la UAG, lo cual llegará a su punto más álgido durante la gestión de Jesús Reyes Heroles al frente de la Secretaría de Educación Pública (1982-1985) (^{González Ruiz, 1989}).

Como deja ver lo apuntado en párrafos anteriores, la conformación ideológica y práctica del proyecto Universidad-Pueblo guerrerense es multifacética y contradictoria, quedando fuera de los límites de este trabajo el abordarlo en su total complejidad. No obstante, es claro que será el carácter democrático, crítico y popular de la universidad el que atraerá la animadversión del Estado, siendo precisamente esas dimensiones en las que se gestará el conflicto alrededor de las representaciones de la UAG en la opinión pública.

En las siguientes secciones nos enfocaremos en un periodo particular del conflicto Estado-Universidad: el año de 1976, enfatizando en la relación entre el periodismo escrito, la movilización popular-universitaria y el significado que dicha dinámica tuvo en las transformaciones de la democracia como asunto público mexicano.

EL PERIODISMO Y LA LEGITIMACIÓN DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO GUERRERENSE

Durante los años 60 y 70 del siglo XX, las instituciones de educación superior mexicanas se consideraban ámbitos en los que era posible articular la libertad de expresión, la equidad y la participación como elementos fundamentales dentro de una idea democrática que aspiraba a la argumentación y deliberación del proceso de toma de decisiones. Este era un proceso democratizador de la vida universitaria en sí mismo, pero también didáctico, pues implicaba transmitir valores ciudadanos a los estudiantes, quienes adquirirían las habilidades para demandar derechos y participar en la construcción de una sociedad más equitativa (^{Knappe, 2017}).

En el México de aquella época, distintas publicaciones periódicas dieron seguimiento a los acontecimientos universitarios. En el caso de la UAG, los editoriales y las notas de análisis proveían de contexto, pero también aportaban una interpretación de la información desde una perspecitiva política específica (^{Palti, 1998}). Por lo anterior, a la información sobre los acontecimientos dada por la prensa se añadía el objetivo de lograr la movilización de la sociedad relacionada con fines políticos concretos, como las demandas por la justicia y la democracia.

En 1976, el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales de la Segob consideraba que, de todos los problemas que aquejaban a Guerrero, el estudiantil era el más agudo. La afirmación tenía sustento. El 24 de noviembre de ese año, la prensa informaba a nivel nacional sobre el secuestro de cuatro estudiantes de la Preparatoria 10, en el municipio de Iguala, una escuela que dependía de la UAG. La noticia fue dada a conocer por Rafael Mora Gómez, investigador de la Escuela Superior de Agricultura, quién declaró al diario El Sol de México, que el gobierno del estado intentaba relacionar a los estudiantes con un secuestro ocurrido días antes en esa ciudad.

La Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense denunció las acciones del ejército, exigió su salida del estado, y expresó su repudio a la represión sistemática de toda manifestación democrática en la entidad por parte del gobierno local, particularmente en contra de la UAG. Los señalamientos sobre el secuestro de otros estudiantes “en su mayoría de la Preparatoria 7 de Acapulco” (^{Últimas Noticias, 1976, s/n}) por parte del ejército y la policía judicial se repitieron en las notas periodísticas de noviembre. De especial relevancia fue el secuestro, posteriormente explicado como detención por parte de las autoridades locales, del profesor Eloy Cisneros Guillén, en Ometepec. Para los universitarios, Cisneros Guillén era un defensor de la autonomía universitaria y un académico comprometido con la vinculación de la universidad “con el pueblo” a través de la creación de centros de alfabetización y de dispensarios médicos en comunidades y rancherías. A decir de la Unión de Catedráticos de la UAG, esta relación con la población le había granjeado la “hostilidad de los caciques locales” y del ejército en la zona (^{Excélsior, 1976f}). Días después, la Unión Sindical de Catedráticos denunció la desaparición de Jesús Heriberto Noriega Cantú, profesor de la Escuela Superior de Arquitectura, y de Lucía Lozano, estudiante de la Escuela de Enfermería. Si bien el sindicato calificó estas detenciones y secuestros como un “acto de provocación”, la Unión de Periodistas Independientes y Democráticos de Guerrero señalan estos actos como una violación de “garantías individuales” (^{Excélsior, 1976g}).

En las semanas siguientes continuaron los desplegados por parte de miembros de la UAG, y pronto fueron seguidos por otros de grupos afines al gobierno. El primero, firmado por los alumnos del Instituto Superior Agropecuario del Estado de Guerrero –Instituto creado por el gobierno local a partir de la Escuela Superior de Agricultura–, en el que acusaba a la UAG de ser una “mezcla de cinismo, delincuencia y mentira” (^{El Heraldo de México, 1976, s/n}). El gobernador Figueroa Figueroa declaró entonces ante la iniciativa privada que “en los centros de estudios es donde se genera la violencia y los secuestros”, en clara alusión a la universidad y su sistema de preparatorias.

El intercambio de acusaciones en la arena de los periódicos de circulación nacional se intensificó a finales de diciembre de 1976. En ese año, la Procuraduría de Justicia de Guerrero señaló a Eloy Cisneros Guillén como jefe del comando guerrillero Carmelo Cortéz, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias –grupo guerrillero desprendido del Partido de los Pobres con presencia incluso en el puerto turístico de Acapulco– y como autor intelectual y material del secuestro y homicidio de Hermelindo Tiburcio Velasco Ibarra. La familia de la víctima publicó en Excélsior un desplegado exigiendo “justicia, garantías y seguridad en Guerrero”. En este documento, la familia se refiere al caso de Cisneros Guillén con extraordinario detalle, pues afirman que Cisneros Guillén confesó que él y el profesor Noriega Cantú, ambos maestros de la UAG, eran dirigentes de un grupo guerrillero dedicado al secuestro. La vinculación de las personas con la institución era directa, pues la familia Velasco señaló de forma contundente que “la llamada Universidad de Guerrero está llena de delincuentes” y demandaron que la Presidencia de la República y el gobernador Figueroa Figueroa terminaran con “esta amenaza pública que son los secuestradores surgidos de la UAG” (^{Excélsior, 1976a, p. 248}).

Por su parte, el gobierno del estado mantenía sus dichos y posturas y buscaba la mejor manera de darles sustento. Un año más tarde, el procurador Carlos Ulises Acosta Viques afirmaba desde su alto cargo que los centros de estudios de la entidad no eran más que “madrigueras de maleantes” y se esforzaba por explicar los lazos entre los detenidos, la universidad y grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Vanguardia Armada Campesina Revolucionaria del Pueblo, señalando además las relaciones con grupos políticos fuera del estado, particularmente del entonces Distrito Federal (^{Excélsior, 1976c}). Posteriormente, aparecieron unos impresos pegados en los muros de la ciudad de Ometepec en los que se exigía la liberación de Cisneros Guillén y que llevaban la firma de la universidad, el Partido Comunista, la Liga 23 de Septiembre, el comando Francisco Villa y la brigada Lucio Cabañas. Inmediatamente, comenzaron los señalamientos por parte del gobierno del estado y los desmentidos por parte de las autoridades universitarias, quienes señalaron que la publicación era apócrifa. En un comunicado, el rector Morales Carranza señaló que “la Universidad no es ningún partido; nosotros sabemos que los problemas que existen en las esferas oficiales los obligan a cometer actos delictivos escudándose en la Universidad” (^{Huerta, 1977, p. 8}). En esta ocasión, incluso el Partido Comunista se desligó del caso.

A través de un desplegado publicado en la prensa titulado ¿Subsidio a la UAG para hacer terrorismo y secuestros?, las autoridades y comités comunitarios de Ometepec secundaron la versión del gobierno local sobre las relaciones entre guerrilla y universidad, señalando a la Vanguardia Armada Revolucionaria del Pueblo como un “grupo subversivo, formado en el seno de la UAG y tolerado, y hasta quizá inspirado por otros alumnos y maestros de esta institución”. Sin embargo, este documento deja claro que el problema con la universidad radica en la decisión de sus miembros de “hacer el socialismo” (^{Excélsior, 1976b, p. 252}; ^{Excélsior, 1976d}). Otros observadores, como Alejandro Miguel, señalaban directamente al gobernador Rubén Figueroa Figueroa, “autoritario personaje [que] habla de la universidad como centro de subversión”, como responsable de la circulación de este tipo de desplegados. En su opinión, las acusaciones eran falsas y señalaban solamente una “guerra contra la universidad”, pues no se habían presentado pruebas contra la institución y el gobernador se había “encerrado dentro de las consabidas y desacreditadas visiones de anticomunismo de víscera”. Aquellos que estaban a favor de la universidad, desde el rector hasta los comentaristas en la prensa nacional, concordaban en que la causa principal de la hostilidad gubernamental era la “actitud crítica de la UAG” y su decisión de vinculación y solidaridad con la sociedad guerrerense, en particular con “quienes son víctimas de un sistema social injusto de rapiña y simulación” (^{Ovaciones, 1976a, p. 228}).

Alejandro Miguel formaba parte de un grupo de periodistas dispuestos a empuñar la pluma para comentar sobre la vida y los problemas de la universidad, así como secundar desde sus columnas el derecho de los universitarios a participar en la vida pública e insistir en las causas estructurales de la violencia en Guerrero. El origen de la violencia era “el sistema social y la forma despótica de gobernar […] la injusticia, la pobreza y la ignorancia” que aquejaban a la sociedad guerrerense. Estas declaraciones fueron respaldadas por el periodista Eduardo T. Vaughan a principios de 1977, al presentar a los lectores de Excélsior un balance de lo que había sido la relación entre gobierno y universidad en los últimos años, enfatizando la escalada de las reacciones gubernamentales: de la toma de instalaciones se había pasado a las desapariciones y detenciones ilegales de alumnos y maestros (^{Vaughan, 1977}).

En este contexto de inestabilidad y tensión sociopolítica, la relación entre universidad y guerrilla era compleja: aunque formalmente inexistente, la diversidad de posturas ideológicas al interior de la universidad daba indicios de su vigencia y evidenciaban la gravedad de la situación política del estado, pero también proveían de un sustrato de credibilidad a las acusaciones del gobierno en contra de la institución educativa. De forma reiterada, en los momentos álgidos del enfrentamiento, ya fuera el gobernador o alguno de los funcionarios de gobierno hacían alusiones públicas que señalaban esta relación. En septiembre de 1975, el gobernador Figueroa Figueroa insistía en que “desde la época de Rosalío Wences [ex rector de la UAG] y todavía en la actualidad la Universidad es utilizada para adoctrinar a jóvenes y transformarlos en guerrilleros” (^{Punto Crítico, 1975, p. 17}) refiriéndose a las declaraciones del rector un par de años antes.

En 1973, un grupo de agentes judiciales ingresaron de forma violenta a las instalaciones universitarias. En el contexto del secuestro del futuro gobernador Rubén Figueroa Figueroa por parte del Partido de los Pobres, el entonces gobernador Israel Nogueda Otero encabezó un mitin en la “Plaza Cívica” de Chilpancingo, frente a la universidad, para condenar las acciones del grupo liderado por Lucio Cabañas. Algunos estudiantes intentaron leer un manifiesto al mismo tiempo que el gobernador daba su mensaje, aprovechando que en el evento se encontraba la prensa nacional, tanto de medios impresos como de radio y televisión, que fueron testigos de todo lo sucedido (^{Rojas Delgado, 1973a}).

El jefe de la policía de Guerrero ordenó a un grupo de agentes judiciales el arresto de los estudiantes y el ingreso a las instalaciones universitarias, donde golpearon a los alumnos, e incluso al rector, Rosalío Wences Reza. La respuesta de las autoridades universitarias fue convocar a una reunión de Consejo Universitario; este órgano resolvió exigir la desaparición de poderes en el estado, lo que en la práctica significaba demandar la destitución del gobernador Nogueda. El rector informó directamente a los reporteros y comentaristas sobre las decisiones del Consejo e hizo de su conocimiento un telegrama que dirigió al presidente Luis Echeverría para denunciar las acciones del gobierno de Guerrero, pero que también señala “la razón humana de hacer uso de las armas” por parte de Lucio Cabañas en un país en el que la élite gobernante no respetaba ni leyes ni derechos (^{Rojas Delgado, 1973a}). La relevancia de este caso fue la cobertura periodística que permitió a las autoridades universitarias informar directamente sobre la situación de la universidad, así como la postura institucional ante la situación política de la entidad, que implica a las guerrillas, y cuestionar el ejercicio del poder en México al apelar a la Constitución y señalar, una vez más, los delitos oficiales cometidos por el gobernador.

Esta fue una de las denuncias más fuertes de la UAG en estos años. Sin embargo, los señalamientos sobre las decisiones gubernamentales también abarcaron el uso de los recursos públicos. En una entrevista que el rector Rosalío Wences Reza concedió a la revista Punto Crítico, aseguró no sólo que “personas dentro del gobierno del estado” se encontraban detrás de los ataques contra la universidad, sino que también él tenía noticia de que en tan sólo unos meses se habían gastado “más de un cuarto de millón de pesos” en pagar desplegados varias veces por semana en diarios locales, y también en periódicos nacionales como Excélsior y El Universal. Wences Reza consideraba que solamente grupos apoyados por el gobierno del estado podían desembolsar esas cantidades para propaganda política. La campaña mediática, que también tuvo algunos episodios en los noticieros de televisión, aunado a los interrogatorios a autoridades universitarias y los ataques a la autonomía, permitían al rector afirmar que existía un “afán por parte de las autoridades del gobierno del estado de perjudicar a la Universidad” (^{Punto Crítico, 1974, pp. 36-37}).

En ese momento, hasta los periodistas más moderados consideraban que el objetivo del gobernador Figueroa Figueroa de controlar la política universitaria era “casi más que imposible de conseguir”, y no dejaban de advertir sobre los efectos negativos de esta confrontación permanente. En opinión de algunos periodistas como Miguel Arroche, el asunto se reducía a una lucha de poder entre dos actores que pretendían extender sus atribuciones más allá de lo que les correspondía. Otros, como Rodrigo de la Huerta, aunque reconocían las causas de la violencia, en especial las omisiones y vicios en el sistema de justicia, consideraban este enfrentamiento como una de las causas de la inestabilidad política en Guerrero (^{De la Huerta y Peguerros, 1976}).

Miguel Arroche Parra veía la disputa en un contexto político nacional y criticaba que la universidad intentara “proyectarse no como la institución que es, sino como un centro de decisión política, como un partido político particular […] porque no tiene censores” (^{Arroche Parra, 1977, p. 259-260}), en clara alusión a la autonomía universitaria que le permitía actuar como el eje de la disidencia política, como espacio de interacción y, sobre todo, por los recursos económicos de que disponía. En su preocupación por el restablecimiento del orden constitucional en Guerrero, Arroche Parra señala que la inestabilidad era una base firme para la guerrilla, pero también para el cultivo de droga, que justificaba la presencia del ejército, lo que en su opinión llevaría “no a una salida democrática, sino a un agravamiento de toda clase de problemas” (1977, p. 259-260).

Como se ha visto a lo largo de esta sección, ya estuvieran a favor o en contra, para la opinión pública era claro que uno de los actores políticos y sociales más importantes de Guerrero era la universidad.

CONCLUSIONES: LA UNIVERSIDAD-PUEBLO COMO ESFERA PÚBLICA DEMOCRÁTICA

En la década de 1970, la situación sociopolítica en Guerrero era tan compleja y violenta que incluso una prensa y un periodismo acotado por el autoritarismo del gobierno mexicano tuvo la oportunidad de dar seguimiento a los acontecimientos en aquel estado. En 1976, ante la ofensiva del gobierno guerrerense contra la universidad, los académicos se involucraron en tareas periodísticas y trataron de aprovechar al máximo el rol tradicional del periodismo como examinador de las acciones gubernamentales, trabajando arduamente para contrarrestar las estrategias del estado para manipular la opinión pública.

Rectores y académicos señalaron reiteradamente que la universidad era un espacio de “crítica seria” e incluyente dentro de los parámetros de la democracia, al que consideraban como el sistema idóneo de gobierno. Sin embargo, este ideal democrático requería de diálogo e información, y dado que el gobierno se oponía a esta posibilidad, académicos y periodistas se concentraron en dos de los elementos necesarios para su construcción: comunicarse directamente con la población a través de asambleas y mítines, y la publicación de comunicados para evitar distorsiones a la información.

Por otra parte, en la prensa escrita buscaron aliados que llevaran a la población reportes más precisos de la situación en Guerrero, acompañados de editoriales que aclaraban puntos confusos en los sucesos e impulsaran a la población a ponderar la información sobre los acontecimientos y, en el mejor de los casos, unirse a la lucha universitaria. Al presentar hechos y razones de la forma más amplia posible, los universitarios, tanto desde las instituciones educativas como desde la prensa, esperaban educar a la población no sólo en “prácticas discursivas” sino, fundamentalmente, en las responsabilidades cívicas (^{Dzur, 2002})

La insistencia del gobierno guerrerense de equiparar a la universidad con la guerrilla como un medio para justificar los ataques a la autonomía y eliminar la idea de la universidad como un espacio de transformación social, fue de tal encono que permitieron que los acontecimientos locales se mantuvieran en el ámbito de la prensa nacional. La experiencia de 1968 y de 1976 involucró a los periodistas en el seguimiento de los conflictos Estado-educación superior, y algunos de ellos asumieron la labor de analizar las acciones y los dichos del gobierno local, señalando la falta de consistencia y de pruebas en los ataques contra los universitarios y la UAG en general.

A pesar de las divisiones internas, los universitarios aspiraban a transformar la sociedad involucrando a los ciudadanos en la crítica a los excesos del poder y en la demanda por justicia y legalidad, entre otras acciones. Si bien la universidad buscaba generar un entorno propicio para que los estudiantes adquirieran las habilidades para argumentar y exigir respeto a la Constitución y denunciar la injusticia, a nivel general el acceso a la información por parte de los ciudadanos comunes era una tarea fundamental. Las manifestaciones, asambleas y la decisión de académicos y periodistas de mantener la publicación de desplegados tenían como finalidad representar a la comunidad universitaria frente al público mexicano, pero también aspiraban a “educar a aquellos miembros de la sociedad que dudaban del valor de sus intereses, objetivos y perspectivas o que están escasamente al tanto de ellos” (^{Dzur, 2002, p. 329}).

Como ha señalado Albert W. Dzur, en la práctica democrática el papel del periodismo es acotado, aunque muy relevante en lo relativo al seguimiento y crítica de los asuntos públicos. En el caso mexicano, la participación de la prensa fue especialmente notable debido a que era casi el único ámbito, junto con las instituciones autónomas de educación superior, en que era posible oponerse a las decisiones de gobierno de forma sistemática.

Los grupos más fuertes y activos que integraban la universidad se consideraban a sí mismos como agentes de transformación social y de democratización de la vida política. La opinión era compartida por algunos comentaristas que publicaban sus escritos en diarios de circulación nacional, y también por el gobierno local, que trató de limitar lo más posible la influencia y los ámbitos de acción de la universidad. La interrelación entre universidad y medios impresos, así como el intercambio que se estableció entre periodistas, académicos y la comunidad universitaria fue parte de una “conversación pública” que incluyó, aunque de forma acotada, deliberación, diferencias de opinión y argumentación.

El intercambio de ideas al interior de cada uno de estos ámbitos y con el resto de la sociedad a partir de la publicación en los periódicos fue un elemento relevante para la formación tanto de la democracia participativa, antecediendo a la acción, como para sentar las bases de una democracia deliberativa que aspiraba a orientar la toma de decisiones, tanto al interior de la universidad como – y más importante– en el ámbito sociopolítico nacional.

A decir de un observador de la época, “la UAG influye y se deja influir. Y esto aparece como situación intolerable, como desdén al endiosamiento de los gobernantes” (^{Ovaciones, 1976a, p. 228}). La decisión de la comunidad de la UAG de llevar la disputa con el gobierno local a la arena nacional desde los medios impresos, abrió la posibilidad de una mayor cobertura y difusión de los acontecimientos políticos en Guerrero.

Reporteros y editorialistas demandaron el respeto de la universidad pública, argumentando que esta debería ser un espacio de crítica y un agente de cambio social. Todo ello en un momento en que la discusión de los asuntos públicos y el disenso político comenzaban a considerarse como prácticas indispensables de los gobiernos democráticos. En medio del debate, gobiernos locales como el de Guerrero se oponían a estas ideas y defendían los ámbitos de su ejercicio con férrea decisión.

El proyecto Universidad-Pueblo en Guerrero constituyó un experimento sociopolítico radical a través del cual se expresaba la crítica y la lucha ciudadana ante el cierre del espacio público, en el que la participación política a través de las vías legales y democrático-institucionales era prácticamente imposible. Frente a un sistema político corporativista, autoritario y violento, comandado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la UAG y su proyecto de Universidad-Pueblo se constituyeron temporalmente como una esfera pública democrática relativamente fuerte, aunque limitada, desde la cual diversos sectores sociales pudieron protegerse, defenderse, organizarse y articular sus demandas ante el estado y otros sectores dominantes. Esto fue particularmente importante considerando la larga tradición autoritaria y patrimonialista del uso del poder en el estado de Guerrero.

Como hemos mostrado, las luchas alrededor de la representación de la universidad en la prensa de la época, fue fundamental para que diversas y viejas demandas de justicia y de distribución socioeconómica alcanzaran una dimensión nacional. Tanto desde la estrategia de proyectar a la UAG de manera positiva ante la sociedad mexicana, como por el mismo proceso de construir una esfera pública democrática a través del debate sobre sus representaciones. Esta disputa incidió en la reconfiguración del discurso y el debate político en el México posrevolucionario, contribuyendo así a la lenta democratización del país.