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Crítica (México, D.F.)

versión impresa ISSN 0011-1503

Crítica (Méx., D.F.) vol.53 no.158 Ciudad de México ago. 2021  Epub 28-Feb-2022

https://doi.org/10.22201/iifs.18704905e.2021.1271 

Artículos

Experimentos de soborno desde la perspectiva de su validación de constructo

Carlos Maximiliano Senci1 

1Universidad Nacional del Sur-CONICET Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) maxisency@msn.com


Resumen

El artículo desarrolla un desafío a la validez de constructo de los experimentos de soborno consistente en que las motivaciones sociales no supervienen meramente de las características intrínsecas de los individuos, sino que dependen de factores contextuales, particularmente normativos, que otorgan contenido a dichas motivaciones. El déficit teórico que presenta el constructo de soborno se evidencia en una incompleta teorización de dicha dimensión normativa en la operacionalización del constructo de soborno, lo que se traduce en la falta de inclusión de operaciones que representen dicha dimensión a nivel concreto de la parametrización y la búsqueda de correlatos empíricos.

Palabras clave: economía experimental; corrupción; validez; externalismo; normatividad

Summary

The article develops a challenge to the construct validity of bribery experiments, consisting in the fact that social motivations do not merely supervene on the intrinsic characteristics of individuals, but rather depend on contextual factors, in this case normative, that give content to those motivations. The theoretical deficit presented by the bribery construct is evidenced in an incomplete theorization of such a normative dimension in the operationalization of the bribery construct, which translates into a lack of operations representing the normative dimension at the concrete level of the parameterization and empirical correlates.

Key words: experimental economics; corruption; validity; externalism; normativity

1 . Introducción

La reorientación que ha venido experimentando la economía empírica en las últimas décadas presupone una expansión de sus intereses y su metodología. En esta reorientación han tenido una enorme influencia tanto la economía conductual como la experimental. Estas subdisciplinas han ampliado los principios explicativos a los que recurren los economistas: además de racionalidad económica, los economistas apelan a heurísticas, preferencias sociales, normas, entre otros principios explicativos.1 Con ello también se han incorporado técnicas y metodologías que pertenecieron típicamente a otras disciplinas, tales como la psicología experimental y la sociología, lo que lleva necesariamente a que los economistas empíricos se enfrenten a los problemas de validez típicos de aquellas disciplinas. Al igual que sociólogos y psicólogos, los economistas se valen de métodos que van desde encuestas, sondeos de opinión, y cuestionarios, hasta experimentos de laboratorio y de campo, entre otros. Ningún instrumento puede estar exento de un proceso de validación de constructo. Para cada instrumento es necesario determinar en qué medida permite medir lo que efectivamente pretende medir. La validación se enmarca en el problema del ajuste teórico, y debe responder a la pregunta acerca de si el instrumento elegido representa un test apropiado para la teoría (Gerring 2012). La validación de constructo es particularmente importante cada vez que las propiedades (o variables) que se pretenden medir representan características individuales que no pueden medirse de forma directa, y que los psicólogos suelen llamar variables latentes o no observables. Tal es el caso de muchas de las variables de interés en la psicología (inteligencia, personalidad, extraversión, etc.), así como también en la economía (disposición a pagar, altruismo, calidad de vida, etc.).

Un ejemplo de la expansión de los intereses de la economía lo constituye la literatura experimental sobre corrupción.2 En trazos gruesos, esta literatura busca establecer cuáles son los mecanismos sociales responsables del desarrollo y la persistencia de las prácticas corruptas. Para ello, los investigadores recurren a definiciones operacionales del constructo. ¿En qué consiste un experimento de soborno? La lógica es sencilla. Los experimentos de soborno (ES a partir de ahora) están modelados con base en simples juegos de confianza,3 con la adición de que el intercambio exitoso de favores entre las partes suele tener un costo para terceros que representa un costo social (en la jerga técnica se habla de “externalidad negativa”).4 Por ejemplo, en el trabajo pionero realizado por Abbink et al. (2002) el soborno se caracteriza por contener tres características esenciales:

Primero, está la característica de reciprocidad: tanto la firma como el funcionario pueden intercambiar beneficios entre sí. Sin embargo, dado que el soborno es ilegal, no se pueden hacer contratos exigibles sobre actos corruptos. El intercambio de favores debe basarse en la confianza y la reciprocidad entre el sobornador y el sobornado. Segundo, la corrupción impone externalidades negativas serias al público. Tercero, dar y recibir sobornos está sujeto a severas sanciones en caso de descubrimiento. Por lo tanto, la corrupción es inherentemente riesgosa. (p. 430; la traducción es mía.)5

Como es de esperar, entre la definición operacional y el constructo los investigadores procuran mantener la menor divergencia posible. Lo ideal es que las discrepancias entre ambos no pertenezcan a las propiedades que se consideran causalmente responsables de las diferencias en la variable de interés. La validación de constructo sigue una lógica coherentista, en la medida en que el método procede evaluando la evidencia en favor de una medida o una hipótesis analizando su correlación con otras medidas con las que se supone se relaciona de cierta manera.

La validez de los resultados se evalúa teniendo en cuenta las relaciones que guarda la medida de soborno utilizada con otras medidas, tales como confianza, respeto por las normas, altruismo, aversión al riesgo, entre otras, que los investigadores puedan juzgar relevantes. Esta forma de proceder no puede ser rígida. Recordemos que según la tesis de Duhem-Quine, las hipótesis no pueden someterse a prueba de manera aislada. Dado que cada hipótesis se deduce de una red interconectada de hipótesis, la aparición de anomalías, comunes en la economía experimental, no implica necesariamente que nuestra hipótesis principal sea falsa, sino que el problema puede encontrarse en cualquier parte, en principio no identificable, de la red teórica. En muchas ocasiones ante la aparición de correlaciones discordantes con la teoría no se debe echar por tierra el constructo, sino que más bien se deben evaluar esos datos en relación con el comportamiento holístico del constructo.

La literatura experimental, sin embargo, pareciera evitar deliberada o inadvertidamente una confrontación o evaluación de los constructos que integran el concepto de soborno. En esto los economistas han adoptado la herencia operacionalista de la psicología que es lo que ha influenciado su estatus como una ciencia que evita la teoría y no se ocupa de teorías sustantivas, sino que se atiene a las observaciones empíricas (Alexandrova y Haybron 2016). Como consecuencia de estos sesgos, la economía experimental, y en particular los estudios experimentales de corrupción, presentan una insuficiente teorización de ciertos conceptos clave que están en la base de su metodología.

En lo que sigue voy a argumentar que los investigadores no han considerado hasta aquí (o lo han hecho sólo de manera deficiente) un desafío que pone en riesgo la validez de constructo del concepto de soborno y que se sigue, como se ha afirmado más arriba, de una insuficiente teorización. Para ello me centraré en la operacionalización del constructo tal como aparece en los trabajos antes citados de Abbink y colaboradores.

El desafío que desarrollará este artículo considera que la corrupción es un fenómeno fuertemente normativo, y uno de los déficits que presentan los experimentos es que no brindan un entorno normativo ecológicamente completo a partir del cual los sujetos experimentales puedan tener la intención de sobornar (lo que esto quiere decir quedará claro más adelante). Es decir, que los motivos sociales que exhiban los sujetos puedan ser atribuidos a la situación social en la que interactúan (pretendida por el experimentador). La falta de consideración de este problema surge de una dificultad asociada, que está vinculado a la filosofía de la mente presupuesta por los economistas. Siguiendo una sugerencia de Don Ross, se propone que la filosofía que alienta la experimentación debe poder conciliarse con la tesis del externalismo acerca de la mente, y abandonar la visión internalista más ingenua.

En este trabajo argumento que el déficit teórico que presenta el constructo de soborno en relación con este desafío pone en riesgo la validez del constructo, y por ende lo vuelve poco confiable en términos de su potencial para investigar un fenómeno empírico como el de soborno. En términos de la epistemología social de los experimentos la pregunta por la validez de constructo se encuadra en la pregunta más general acerca de la identidad del fenómeno experimental, esto es, las razones que tienen los experimentadores para creer que han creado en el laboratorio el fenómeno de interés y no un artefacto experimental, un fenómeno que ocurre en el laboratorio pero no en el mundo (Greenwood 1989; Bardsley 2005; Cordeiro dos Santos 2010).

2 . Validación

La literatura suele referirse a Cronbach y Meehl (1955) como el trabajo pionero sobre la validez de constructo. Según los autores la validez de constructo “debe investigarse siempre que no se acepte ningún criterio o universo de contenido como completamente adecuado para definir la cualidad a medir” (p. 176). La noción de Cronbach y Meehl representaba fielmente el abordaje epistemológico imperante a la sazón: el positivismo.

Como es bien sabido, el positivismo desconfiaba de los términos teóricos y, por lo tanto, se evitaba hablar de la referencia de los constructos. Para ellos, el significado de un constructo estaba determinado por sus conexiones con otros términos teóricos en una red de relaciones conectada por leyes científicas, pero no por su referencia a la realidad.6 El apoyo empírico que recibe un constructo proviene de una red nomológica (una estructura jerárquica de leyes, términos teóricos y enunciados observacionales conectados a través de leyes), no desde una sola teoría. El constructo se considera válido en la medida en que esa red tiene apoyo en la evidencia. La propuesta clásica de Cronbach y Meehl (1955) coincide con una visión coherentista de la práctica científica.

Con el foco puesto en la literatura reciente de economía experimental, Heukelom (2011) define la validez de constructo como “una evaluación de la superposición entre la operacionalización científica de un término de orden superior (inteligencia, rendimiento académico, desempleo, etc.) y el significado de este término de orden superior en el lenguaje cotidiano” (pp. 15-16). También señala Heukelom que la primera generación de economistas experimentales, centrados alrededor de la figura de Vernon Smith, evitó un tratamiento exhaustivo de nociones metodológicas provenientes de la psicología.

Recientemente Alexandrova y Haybron (2016) ofrecieron una visión alternativa o complementaria de la validación de constructo. Según los autores la lógica implícita de validación tiene la siguiente estructura:

Consta de una medida M de un constructo C que se valida en la medida en que M se comporta de un modo que respeta tres fuentes de evidencia:

  1. M está inspirada en una teoría plausible de C.

  2. Los sujetos revelan M para rastrear C a través de su comportamiento.

  3. Otros conocimientos que se obtengan de C deben ser consistentes respecto de variaciones en los valores de M en diferentes contextos.

El paso 3 es el que revela el proceder coherentista de la validación de constructo. Una medida es válida cuando correlaciona con ciertos indicadores con los que debe correlacionar de acuerdo con nuestra teorización del constructo.

Alexandrova y Haybron agregaron una cuarta dimensión que debe tenerse en cuenta en la validación, que los autores llaman validez normativa, y que entienden de la siguiente manera: una medida M debe respetar lo que es importante sobre el constructo C (2016, p. 9). Los autores lo ejemplifican de la siguiente manera: “La validez normativa de una medida de, digamos, felicidad es el grado en que esta medida respeta la importancia de la felicidad para el bienestar, ya que el bienestar es el objeto final de preocupación para el proyecto científico en cuestión” (p. 8).

Además de la validez normativa, hay otras amenazas que enfrenta la validez de constructo,7 de las cuales las más acuciantes son la “representación insuficiente del constructo” y la “variación irrelevante”.8 En el primer caso, que un constructo esté insuficientemente representado implica que está teorizado de manera limitada y no incluye características que se consideran relevantes para su significado. En el segundo caso, la variable de interés está definida de manera muy amplia e incluye demasiada variación debido a la confusión con otros constructos. En este caso el constructo se muestra problemático respecto del primer paso de la lógica de la validación.

Validar un constructo en definitiva consiste en evaluar si ese constructo se comporta coherentemente respecto de otros constructos, es decir, si guarda las relaciones con otros constructos que en principio se teorizan como relevantes. Desde luego que es necesario aplicar una virtud de prudencia epistémica. Puede ser que un constructo no se comporte como esperábamos. Por ejemplo, puede ser que esperásemos una correlación negativa entre mayores salarios e incidencia de corrupción, en el sentido de que a mayor ingreso existe un menor incentivo para corromperse. Sin embargo, sabemos que en muchos contextos sociales las posibilidades de ascenso económico están determinadas únicamente por el acceso a empleos en la burocracia estatal. Con el acceso a bienes públicos también aumentan las posibilidades de ayudar a los miembros de la propia familia, y las normas de reciprocidad pueden ejercer presión sobre el nuevo funcionario para que utilice su puesto en beneficio de su familia, un fenómeno que Banfield (1958) llamó “familismo amoral”. En este caso, puede ser necesario revisar la hipótesis inicial acerca de la correlación negativa entre corrupción y salarios, y formular una distinta. Pero para ello también es necesario revisar el constructo de corrupción o soborno.

La corrupción (o el soborno) es un concepto complejo por diversos factores. En primer lugar, es un concepto histórico, por lo que su evaluación o determinación puede variar de época en época. En segundo lugar, a diferencia de otros conceptos, el de corrupción está fuertemente anclado en la peculiaridad del contexto que se pretende estudiar y los órdenes normativos allí vigentes (Anders y Nuijten 2007). Las poblaciones difieren en cuanto a sus normas, valores, instituciones, etc., y en consecuencia lo que consideren “corrupto” puede diferir. Por ejemplo, es conocido el argumento de acuerdo con el cual existe corrupción cuando se vulneran normas universalistas de acceso a los bienes públicos sobre la base de solidaridades familiares, de clase, o de raza, entre otras, y cómo el hecho de que el conflicto entre estas normas prevalezca en una sociedad puede dar lugar a fenómenos de corrupción (Mungiu-Pippidi 2006).

¿Con qué medida o medidas debería correlacionar (positiva o negativamente) la medida de soborno para que pueda ser considerada válida? Las variables relevantes pueden presentarse en diferentes dimensiones, pueden ser por ejemplo, psicológicas (maquiavelismo, aversión al riesgo), sociales (país de procedencia, estatus socioeconómico), o culturales (religiosidad, formación) entre otras. Diversos autores han propuesto una correlación entre confianza y corrupción (Graeff 2004; Uslaner 2002). Ahora bien, el constructo de soborno en la literatura experimental presupone una medida de confianza. En otro lado se ha argumentado que la noción de confianza se encuentra insuficientemente teorizada en los ES (Senci 2020b), y que por lo tanto existe una discrepancia entre la noción medida en los ES y la noción de confianza teóricamente relevante.

Como han argumentado Alexandrova y Haybron (2016) una medida de un constructo es normativamente válida si respeta la importancia que tiene esa medida para el constructo. En este caso, la medida de confianza debería respetar la contribución que hace la confianza al soborno. ¿Respeta la medida en cuestión la relación que existe entre la confianza y el soborno?

La validez de constructo en el contexto experimental apunta al proceso completo de creación del fenómeno de interés en el laboratorio. Este proceso debería finalizar cuando se ha logrado darle la estabilidad necesaria para poder medir, tomar datos, y estudiar relaciones causales. Pero ¿cómo podemos saber si las operaciones que hemos creado en el laboratorio representan de una manera fidedigna el fenómeno real que pretendemos capturar? Justamente uno de los problemas asociados a las ciencias sociales es que los fenómenos sociales son el resultado de las acciones de los seres humanos, respecto de los cuales, como dicen Caamaño-Alegre y Caamaño-Alegre (2019, p. 105) “se debe presuponer que diferentes sujetos tienen creencias diferentes, lo que implica no solo una falta de homogeneidad entre las personas con respecto a las creencias, sino también una fuente clara de incertidumbre o inestabilidad en los fenómenos sociales”. La validación de constructo debería funcionar como un ideal regulativo (para hablar con Kant) al que habría que volver una y otra vez para ajustar progresivamente el instrumento de medición (i.e., el experimento) de manera que se ajuste al constructo teórico.

3 . Un déficit de teorización

En lo que sigue voy a desarrollar un argumento tendiente a mostrar que existe un déficit teórico en la operacionalización del constructo de soborno en los ES. Una incompleta o incorrecta teorización de dicha dimensión se traduce en la falta de inclusión de operaciones que representen dicha dimensión a nivel concreto de la parametrización y la búsqueda de correlatos empíricos. Precisamente el espíritu coherentista de la validación de constructo demanda que el nivel de especificidad (teórico) alcanzado por el constructo sea lo suficientemente informativo como para que las correlaciones con otros constructos sean viables. Una teorización insuficiente puede llevar a los investigadores a medir las variables erróneas, o puede dirigirlos hacia correlaciones poco informativas. Este no es un error infrecuente. En algunas ocasiones el modelo teórico puede estar insuficientemente determinado, o puede incluir relaciones causales incorrectas, ya sea por una insuficiente teorización, o porque el “trozo” de realidad que pretende explicar el modelo no es invariable respecto de factores contextuales que el modelo no toma en consideración.9

3 . 1 . (Ir)relevancia contextual y externalismo normativo

En este apartado pretendo situar la discusión en torno a la normatividad de la corrupción en relación con la tesis del externalismo mental. La actitud intencional con la que tratamos nuestras propias motivaciones constituye un patrón de interfaz, esto es, una relación entre la persona y un contexto social normativo. En muchos casos los experimentadores no advierten que los experimentos deben “poner en escena”, por así decir, un entorno normativo en el que las acciones adquieran el contenido presupuesto por ellos. Siguiendo a Don Ross se argumenta que los experimentadores se han extraviado trabajando bajo el supuesto del internalismo de los contenidos mentales.

Una de las razones principales de la insuficiente conceptualización teórica de las relaciones entre diferentes constructos que forman parte del concepto de corrupción, se relaciona con lo que podríamos llamar ausencia de contexto en los experimentos. La economía experimental tiene como desiderátum metodológico que las variaciones de tratamiento se refieran exclusivamente a la estructura de pagos (o recompensas) en el juego. Por eso su insistencia en la eliminación de toda información contextual que pueda resultar extraña a la definición misma del juego. Desde sus inicios, la economía experimental ha estado signada por una pretensión de pureza en los experimentos. Esto se traduce en instrucciones que evitan brindar cualquier tipo de información o clave que pueda ser utilizada por los sujetos para inferir las motivaciones o hipótesis de los experimentadores. Los experimentadores pretenden evitar así lo que se denomina demanda experimental (Orne 1962). Un problema importante que se deriva de esta característica de los experimentos consiste en que los protocolos experimentales no caracterizan de manera suficiente o adecuada el tipo de interacción pretendida por los experimentadores, con la consecuencia no intencionada de que los participantes tienden a traer al laboratorio sus propias interpretaciones. Un efecto de ello es que la pretensión de tener un mayor control termina generando una pérdida de control debido a condiciones cognitivas de los sujetos.

Este minimalismo metodológico tiene como recompensa un mayor control sobre las variables de interés. Pero lo que gana en control lo pierde en validez ecológica y validez externa.10 En muchos casos esto último no resulta problemático porque lo que se quiere investigar es el funcionamiento de algún mecanismo que se supone explica causalmente un fenómeno de interés. Sin embargo, en muchos casos, la pérdida de contexto puede resultar en tareas experimentales que resulten completamente artificiales a los sujetos (Bardsley 2005).

La utilización de instrucciones en contexto, donde las opciones del juego no se describen en un lenguaje neutro o abstracto, sino que se alude a situaciones de la vida real por medio de palabras alusivas puede ser un remedio para este problema (Alekseev, Charness, y Gneezy 2017). Además, las instrucciones en contexto permiten a los experimentadores “fijar” de alguna manera el contexto de interacción. La utilización de un lenguaje alusivo puede ayudar a los participantes a coordinar el juego en el contexto pretendido por los experimentadores, que es lo que asegura que el comportamiento de los sujetos pueda ser interpretado a la luz del diseño experimental y de la/s teoría/s que lo motivan. A su vez, esto puede evitar que los sujetos enmarquen el juego a partir de sus propios prejuicios y/o disposiciones default (Engel y Rand 2014). Para el valor epistémico de un experimento en ciencias sociales es crucial que pueda lograrse el control suficiente que permita atribuir el comportamiento observado a la situación social creada en el laboratorio y no a algún factor no controlado. Sin ese contexto compuesto por normas compartidas y reglas institucionales, que forman la estructura del juego, no sería posible dotar de sentido las acciones de un individuo en un experimento. Esto implica eliminar el ruido que pueda provenir de variables confundidas para identificar relaciones de causalidad entre las variables. Al mismo tiempo es necesario que la búsqueda de control, que se logra con la artificialidad y la simpleza del experimento, no redunde en que la situación experimental resulte demasiado artificial para los sujetos.

Los actos de corrupción, ejemplificados en el caso del soborno, sólo tienen sentido en una determinada gramática normativa que funciona como telón de fondo de las acciones individuales. Es decir, un soborno no es tal a menos que en la interacción entre dos individuos la acción sea “mentada” por ambos de la misma forma, esto es, que la acción de sobornar tenga para ambos un significado compartido.

Es instructiva en este sentido la discusión que realiza Wittgenstein de los motivos sociales.11 Los motivos sociales, como los que podemos presuponer subyacen a comportamientos como el de realizar una donación no pueden presuponerse sin más, como si fueran esos motivos los que conformaran las “situaciones sociales”. Más bien, es el hecho de que somos creaturas sociales, que interactuamos en situaciones que requieren una lectura mental acerca de las motivaciones de los demás que es necesario postular que existen motivaciones sociales. Es el contexto social de las acciones externas o visibles el que fomenta las “motivaciones sociales”. Lo que pasamos por alto es que las motivaciones sociales a las que asociamos nuestras acciones, y a las que tenemos acceso en la introspección de nuestra mente, surgen de la interacción entre nuestros actos y los de otros individuos. Otra forma de decir esto es que nuestras acciones dependen lógicamente de que ya exista un entramado de acciones, una gramática de la interacción social que brinde un contenido a cada motivación, no al revés. Si la práctica de hacer una donación no existiera no podríamos formarnos la intención de hacer una donación o un regalo. De la misma manera, si la práctica del soborno no existiera un individuo no podría formarse la intención de “sobornar” a otro individuo, ni “confiar” en que su acto será reciprocado.

Consideremos la discusión que realiza Wittgenstein acerca de la práctica de otorgar regalos:

¿Por qué no puede mi mano derecha donar (schenken) dinero a mi mano izquierda? - Mi mano derecha puede ponerlo en mi mano izquierda. Mi mano derecha puede escribir un documento de donación y mi mano izquierda un recibo. - Pero las ulteriores consecuencias prácticas no serían las de una donación. Cuando la mano izquierda ha tomado el dinero de la derecha, etc., uno se preguntará: “Bueno, ¿y luego qué?”. (1953, §268)

El punto importante de esta discusión es que la práctica de soborno sólo tiene sentido en un contexto social en el que esa práctica tiene lugar. Las motivaciones sociales exhibidas en un acto de soborno se insertan en un patrón de prácticas culturales, que crean un campo de significados que otorga “estabilidad semántica” a nuestras palabras y acciones.

Con Wittgenstein diríamos que la expresión “soborno” adquiere sentido al interior de un determinado juego de lenguaje. Esta expresión no designa aquí un juego en el mismo sentido que tiene para los economistas experimentales. Por el contrario, los juegos de lenguaje capturan la interrelación entre el lenguaje y el entramado de actividades en el que se inserta. Que el lenguaje tiene un carácter holístico puede verse en el hecho de que para Wittgenstein puede llamarse juego de lenguaje al “todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido” (1953, §7, p. 25).

Esto se vincula, desde luego, con los orígenes verificacionistas de la tesis wittgensteiniana de acuerdo con la cual “el significado de una palabra es su uso en el lenguaje” (1953, §43, p. 61). Uno de esos juegos a los que Wittgenstein echa mano es el ajedrez. ¿Qué significa mover una pieza en el ajedrez? ¿Cuál es su significado? ¿Cómo estamos seguros de poder atribuirle a un sujeto el estado intencional correspondiente a una jugada en un juego de ajedrez? ¿Cuáles son los criterios (externos) que nos permiten atribuir a un sujeto dicha intención? La forma que tenemos de saber si alguien conoce el significado de una palabra es verificar cómo usa la palabra en un determinado contexto. Por ejemplo, si alguien dice que un objeto es de tal o cual color (azul, por ejemplo) y efectivamente la persona dirige su atención hacia un objeto azul.12 Ese dirigir la atención hacia el color puede llevarse a cabo a partir de diferentes acciones, por ejemplo, “suprimiendo con la mano el contorno de la forma; o no dirigiendo la vista al perfil de la cosa; o mirando fijamente el objeto y tratando de recordar dónde se ha visto ya ese color” (Wittgenstein, §33, p. 51). El punto aquí consiste en que todas estas acciones son concomitantes al dirigir la atención, suceden al mismo tiempo. Pero no son estas las cosas que nos permiten decir que alguien dirige su atención al color o la forma, sino que se trata de algo más. Y a continuación de la discusión acerca de los colores y las actitudes hacia ellos Wittgenstein dice algo revelador:

Como una jugada de ajedrez no consiste sólo en desplazar una pieza de tal y cual manera sobre el tablero - pero tampoco en los pensamientos y sentimientos del jugador que acompañan la jugada; sino en las circunstancias que llamamos: “jugar una partida de ajedrez”, “resolver un problema de ajedrez” y cosas similares. (§33, p. 51).

Entre la acción observable (que tiene lugar en el juego) y aquello que sucede dentro de la mente de cada jugador median las circunstancias de la interacción. Lo interesante es reparar en lo que Wittgenstein llama “circunstancias”, y que sin pérdida de coherencia podemos asimilar con aquello que anteriormente hemos denominado el contexto de interacción. Lo que media entre la acción y la intención que atribuimos a dicha acción son el conjunto de circunstancias (el juego de ajedrez, el tablero, los jugadores sentados alrededor de él, las reglas compartidas del juego, etc.). Sin dicho contexto, que sirve de telón de fondo, no es posible atribuir una intención específica a un jugador. Podríamos decir que existe una relación constitutiva entre los tipos de cosas que cuentan como criterios para atribuir una intención a un sujeto y que dicho sujeto tenga efectivamente la intención que le atribuimos (§353). En términos wittgensteinianos, nos preguntaríamos qué cuenta como criterio para que un sujeto entienda su propia acción como una acción de soborno. Naturalmente, esto va a cambiar de un contexto a otro. Dependerá de las circunstancias de la interacción. Como ya se dijo, el contexto estará constituido por las normas vigentes, los derechos y deberes, formales o informales, que existan en la administración pública y que regulen las interacciones entre los ciudadanos y los funcionarios. Dado que el soborno es fuertemente contextual, las normas relevantes para el tipo de soborno objeto de interés dependerán en gran medida de la clase de situación o modo de coordinación en el que interactúan los sujetos.

La relevancia del contexto se pone en evidencia si pensamos que las motivaciones de los individuos no son observables, no se tiene acceso a ellas en el laboratorio de forma directa. Tampoco los cuestionarios postexperimento representan una alternativa libre de dificultades para inferirlos (son conocidos los inconvenientes en este sentido).13 Todo lo que vemos en el laboratorio son transferencias de dinero de una parte a otra, y la reacción (si es que la hay respecto de un control) de la contraparte (a la manera como una mano transfiere dinero a otra, en el ejemplo de Wittgenstein). Atribuimos a esa transferencia una motivación particular, y designamos tal práctica con una palabra, “soborno”, que pertenece a un campo semántico particular y que se encuadra en una serie de prácticas sociales y culturales específicas. Pero el contexto normativo que hace de la práctica del soborno una práctica cultural con un contenido específico está ausente en el laboratorio, y no se puede estar seguros de que los participantes respondan en el experimento como lo harían en la realidad, es decir, que traigan al laboratorio aquellas disposiciones que exhibirían en una situación de soborno en un entorno natural. La atribución que hacemos al designar la transferencia con la palabra “soborno” puede resultar de un uso abusivo. ¿Es válido interpretar la medida operacionalizada en el laboratorio como informativa acerca del constructo “soborno”? En todo caso, es obligación del experimentador demostrar que ha creado en el laboratorio el fenómeno de interés que pretende estudiar.14

Esta discusión es importante para entender por qué es necesario que los experimentadores contemplen la necesidad de introducir un contexto normativo específico y suficientemente elaborado como para suscitar las reacciones cognitivas, emocionales, y normativas que se supone se suscitan en las situaciones de la realidad que se pretenden modelar.

En mi opinión la ausencia de una discusión en torno a este problema es consecuencia de que los economistas hayan adoptado de manera acrítica una tesis internalista de la semántica y de la mente. Ha sido Don Ross en una serie de trabajos (2004, 2007) quien ha puesto de manifiesto la necesidad de una síntesis de la filosofía de la economía con la tesis del externalismo mental, en paralelo a una crítica del presupuesto internalista de la teoría de la preferencia. Este presupuesto implica que las preferencias y creencias son estados internos del individuo (de los que en última instancia se podrían encontrar correlatos fisiológicos y cerebrales) cuya “existencia y significado son independientes del contexto social e institucional y que deben ser estudiadas de la manera que los psicólogos y neurocientíficos generalmente lo hacen, aislando gente en los laboratorios y ‘mirando adentro’ ” (2016, p. 242). Por el contrario, en las últimas décadas la posición dominante en la filosofía de la mente es el externalismo, representado por filósofos como Dennett (1987), McClamrock (1995), Clark (1997), Bogdan, (2000, 2009), y Rowlands (2003), entre otros. Esta visión acerca de la ontología de lo mental sostiene que “las mentes son interfaces construidas socialmente y mantenidas socialmente entre cerebros individuales y dominios de experiencia que las personas comparten” (Ross 2016, p. 45). El núcleo de la posición externalista podría expresarse con la conocida expresión de Dennett, de acuerdo con la cual las personas adoptamos una “actitud intencional” respecto de nuestras propias creencias y deseos. A diferencia de lo que sostiene el internalismo, el movimiento no consiste en una introspección al estilo cartesiano, para luego proyectar en el mundo y en los otros aquello que previamente encontramos en nuestro interior. Por el contrario, la idea del externalismo consiste en que

las personas observan cómo se comportan los demás, y bajo la presión normativa para modelar su propio comportamiento en términos que tengan sentido para los demás dados esos patrones, adoptan una actitud intencional hacia sus propios sistemas nerviosos y tratan de regularlos en consecuencia. (Ross, p. 247)

Lo importante es que esta actitud intencional es lo que Ross llama un patrón de interfaz, es decir, no es un estado interno, sino que es una relación entre la persona y un “entorno social estructurado por normas y expectativas mutuas” (p. 248).

El mensaje clave que quisiera extraer del externalismo para la filosofía que debiera informar los experimentos económicos consiste en que los individuos no pueden proyectarse normativamente sobre el mundo y los otros (de la manera prevista por los experimentadores) a menos que la “realidad social” del laboratorio les permita formar las intenciones adecuadas. La conclusión que extrae Ross del externalismo tiene implicancias para la forma de entender la agencia de los sujetos experimentales:

[. . . ] cada individuo proyecta su concepción del mundo como un dominio para la acción normativa (un dominio de objetivos, problemas derivados de objetivos y soluciones sensibles a esos problemas) sobre otras personas y luego explica y predice sus acciones y declaraciones en referencia a este marco. (2016, p. 245)

La visión externalista converge con la valoración de Greenwood (1989) de los experimentos de psicología social. Según este autor, los fenómenos que estudia esta disciplina son “relacionales”, esto es, dependen de que ciertas relaciones entre las personas cumplan con ciertos criterios relacionales y de las creencias de las personas respecto de que esas relaciones satisfacen dichos criterios. Además los hechos sociales adquieren su identidad como tales en la medida en que se respetan ciertas reglas constitutivas (Greenwood 1989, capítulo 7). Por ejemplo, el papel de funcionario público no es algo que uno pueda autoatribuirse sin más. Por el contrario, depende de criterios relacionales que deben ser aceptados por todos los participantes de las prácticas en las que intervienen funcionarios.

El soborno es un fenómeno normativo. Esto significa que solo puede interpretarse en el contexto de la gramática normativa del que forma parte. En otras palabras, sólo podemos ir a buscar en el laboratorio las creencias y motivaciones sociales y normativas que forman parte de nuestras hipótesis acerca de cómo funciona el soborno, y de cuáles son los mecanismos de su funcionamiento, siempre y cuando antes sea posible para los individuos representarse esas motivaciones como propias y como respuestas de su propia agencia a la situación social en la que se encuentran. Mi tesis es que eso no es posible si previamente el entorno experimental no incorpora ese contenido en la forma de una gramática de reglas, normas y expectativas mutuas.

El déficit teórico mencionado anteriormente respecto de la operacionalización del constructo de soborno se deja ver en cuanto a la insuficiencia con la cual incorpora información normativa. Tengamos en cuenta que las definiciones de soborno suelen incluir y hacer referencia a normas sociales, a papeles y/o valores institucionales, y en general a elementos normativos que no son tenidos en cuenta en la definición operacional del constructo (una excepción es Senci et al. 2019).

La necesidad de incorporar este tipo de información se hace evidente cuando se considera que hay estudios que muestran que los individuos prefieren “hacer lo correcto”, aun cuando eso implique ir en contra de sus intereses egoístas (Capraro y Rand 2018). La explicitación de información normativa en un ES provoca cambios drásticos en el comportamiento de los sujetos.15 Los ES habitualmente no contienen información explícita acerca de contenidos normativos que en las situaciones reales son ubicuos. Esto difiere sustancialmente de lo que sucede en las interacciones sociales en el mundo real, en las cuales las reglas de interacción en términos de quién debe hacer qué, están explicitadas unívocamente. Basta, por ejemplo, con tener en mente regulaciones como la Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (FCPA) que prohíbe a las empresas privadas ofrecer regalos o dádivas a funcionarios que puedan influir en sus decisiones.

¿Qué sucede, en cambio, en los ES? En los ES normalmente no se explicitan reglas de comportamiento apropiado. Siguiendo prácticas estándar, las instrucciones están normalmente libres de palabras alusivas a situaciones de la vida real, y tienden a restringir la información que se les provee a los sujetos experimentales al mínimo posible: y habitualmente sólo incluyen la estructura de pagos o recompensas y una explicación de las diferentes tareas o etapas que realizan los participantes. Particularmente en relación con estudios de soborno algunos investigadores han utilizado marcos que contienen palabras alusivas,16 pero en general los resultados suelen ser mixtos, quizás debido a la artificialidad de los marcos. Para comunicar una norma a menudo se emplean también externalidades negativas que se siguen del soborno, típicamente implementadas como un costo monetario neto para un subconjunto de los participantes.17 Sin embargo, está lejos de ser claro que los sujetos experimentales interpreten las externalidades en este sentido, ya que hay muchas actividades que producen externalidades negativas que no son contranormativas per se (almacenar mercancías de un producto demandado debido a la creencia errónea de que pueda haber faltantes, con la consecuencia de que si muchos hacen lo mismo se produzca un faltante). El castigo es otro de los métodos empleados, pero puede no ser efectivo para proporcionar información sobre las normas subyacentes.18 La forma en que se implementa el castigo en los experimentos (como un descuento de dinero) puede provocar que los sujetos lo perciban como un costo, es decir, como un “precio”. En el caso de que la posibilidad de pagar para transgredir una norma se considere parte de la gramática del juego, puede suceder que se atenúe la percepción de que la conducta objeto de reproche sea efectivamente inmoral o contranormativa. Dicha posibilidad modifica las normas subyacentes que regulan la transacción y la transforma en una transacción de tipo mercantil: se puede comprar más de la mercancía “corrupción” pagando el precio impuesto. Por lo tanto, el castigo puede tener consecuencias no deseadas que pueden ir en contra de lo que se supone que debe lograr.19

Para resumir, mientras que en situaciones naturales, el soborno es un fenómeno que involucra normas sociales y morales, y que posiblemente provoca fuertes reacciones emocionales en los actores, en el laboratorio el “soborno” es despojado de casi cualquier connotación moral o social. Como hemos señalado, muchas de las herramientas que los experimentadores han usado hasta ahora tienen la apariencia de “artefactos” que simulan una característica que supuestamente está presente en la vida real, pero que se puede dudar de que cumplan la misma función en el laboratorio.

4 . Conclusión

En este trabajo se desarrolló un argumento que representa un desafío para la validez de constructo de soborno. Este argumento consiste en que en el caso del soborno, que es un fenómeno eminentemente normativo, la artificialidad del artefacto experimental dificulta la atribución de causalidad a las disposiciones y motivaciones sociales de los sujetos (que se consideran relevantes en la teoría) que no supervienen meramente de las propiedades individuales psicológicas de los sujetos. Los estudios de laboratorio presentan un déficit en cuanto no reproducen un entorno normativo que “escenifique” las relaciones normativas que supuestamente se dan en el fenómeno de interés en la realidad, y que por tanto serían las responsables del comportamiento de los sujetos. Por otro lado, se ha vinculado la tesis del externalismo mental con la necesidad de brindar un contexto normativo al experimento que haga del fenómeno social creado en el laboratorio la causa de la atribución del comportamiento de los sujetos. Aplicada al contexto experimental, la tesis del externalismo implica que las motivaciones y creencias asociadas al soborno sólo son atribuibles como causales de la conducta si antes se ha creado el fenómeno social característico, de acuerdo al constructo teórico relevante que guía la investigación. Por lo dicho anteriormente es evidente que las operaciones y medidas que forman parte de la operacionalización del fenómeno del soborno en el laboratorio no son normativamente válidas en el sentido antes mentado de Alexandrova y Haybron, ya que no permiten evaluar la contribución específica de factores relevantes para las variables de interés.

Por último, se ha ofrecido una estrategia para subsanar el déficit explicado anteriormente, que consiste en la introducción de información normativa para brindar un contexto normativo ecológicamente válido. La validez de un constructo como el de soborno, por las características especiales que acompañan a los conceptos que involucran aspectos normativos, requiere que se tengan en cuenta las diferencias tanto ontológicas y metodológicas que presentan las ciencias sociales frente a las naturales. Recientemente Caamaño-Alegre y Caamaño-Alegre (2019) llamaron la atención sobre este aspecto que Max Weber notó previamente, según ellos, “estas diferencias ontológicas originan una metodológica, ya que solo en ciencias sociales la explicación causal requerirá eliminar el comportamiento del dominio de lo psicológico y ponerlo en el dominio de las formas culturalmente determinadas de responder al mundo” (p. 105). En este trabajo he mostrado las dificultades de soslayar este aspecto ontológico de comportamientos como el de soborno, que se insertan en una red de prácticas culturales que le otorgan sentido.

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1Para una revisión, véase Camerer 2003.

2El objetivo de los estudios experimentales sobre corrupción es comprender los factores responsables del desarrollo y la persistencia de la corrupción. Un área importante de investigación se enfoca en identificar remedios institucionales y probarlos en el laboratorio (véase la revisión de Abbink y Serra 2012). Debido a su naturaleza ilícita, la corrupción es difícil de estudiar empíricamente. Los métodos experimentales proporcionan una herramienta particularmente valiosa en esta área de investigación. Dado que la corrupción es una actividad ilegal, las partes en una transacción corrupta tienen que confiar en mecanismos de cumplimiento extralegales, como la confianza y la reciprocidad (véanse, por ejemplo, Abbink, Irlenbusch y Renner 2002; Lambsdorff 2012; Rothstein y Uslaner 2005; Barr y Serra 2009). La literatura experimental se basa principalmente en lo que se ha llamado la “visión recibida de la corrupción”, que pone énfasis en la corrupción pública (véase Warren 2006). Por lo tanto, generalmente estudia interacciones entre funcionarios públicos y otros miembros de la sociedad (como empresas o ciudadanos) en la que se produce un intercambio de favores. El primer jugador puede optar por “confiar” y ofrecer una transferencia (un “soborno”) a un participante asociado, que puede aceptarlo y corresponderlo, o rechazarlo y no favorecer al jugador anterior. Un elemento clave del juego es que el intercambio de favores, cuando tiene éxito, genera un costo monetario neto para un tercero (otros miembros de la sociedad). Esta característica intenta imitar las externalidades negativas asociadas a la corrupción (Abbink, Irlenbusch y Renner 2002; Barr y Serra 2009; Cameron, Chaudhuri, Erkal y Gangadharan 2009; para una revisión véase Bobkova y Egbert 2012).

3En ellos un jugador que hace las veces de fiduciante, recibe una dotación $X (generalmente en la moneda del país donde se lleve a cabo el experimento), y debe decidir qué monto ofrecer a otro jugador, que podemos llamar fiduciario. Llamemos al monto que recibe el fiduciario C. Típicamente C es multiplicado por un parámetro (que suele ser 2 o 3). Es decir, si se multiplicara por 3, entonces el fiduciario recibiría C × 3, mientras que el fiduciante tendría en su poder X - C. Finalmente, el fiduciario debe decidir qué monto de lo recibido devuelve al fiduciante.

4En una aplicación de este enfoque, Barr y Serra (2009) estudiaron la corrupción menuda (petty corruption) en un juego de ronda única (one-shot) que enmarcaron como una interacción entre ciudadanos y funcionarios. Los ciudadanos comenzaban con una dotación inicial y podían ofrecer un pago (simulando un soborno) al funcionario a cambio de un servicio corrupto. Ofrecer un soborno tenía un costo para el ciudadano, que representaba la probabilidad de ser castigado. En caso de ser aceptado el soborno, automáticamente el funcionario cumplía con su parte del trato, esto es, el funcionario no tenía la posibilidad de aceptar el soborno y no cumplir con el “servicio” corrupto. El funcionario también incurría en un costo al aceptar el soborno, que representaba la probabilidad de ser descubierto y castigado. Finalmente, había un grupo de participantes pasivos (esto es, que no tomaban ninguna decisión) que recibían una dotación inicial y que sufrían una externalidad negativa o costo cada vez que existía un intercambio corrupto exitoso (cuando se ofrece y acepta una coima). Esta externalidad representaba el costo social que se atribuye a la corrupción.

5En adelante las traducciones de todas las citas son mías.

6Sobre este punto véase Borsboom 2006, especialmente el capítulo 6.

7Para una visión general, véase Shadish, Cook y Campbell 2002, p. 78.

8Véase Messick 1995.

9Véanse ejemplos en Kummerfeld y Danks 2014.

10Los problemas de validez externa en los estudios experimentales soborno se han abordado de una manera muy diferente. Por ejemplo, para Armantier y Boly (2013), que en esto siguen a Guala (2005), la validez externa debe evaluarse empíricamente. La estrategia que emplearon consistió en tratar de demostrar que los datos producidos por los experimentos de laboratorio son similares a los datos que uno puede encontrar en estudios de campo similares. Entonces, para ellos es suficiente demostrar que existe algún tipo de paralelismo entre el laboratorio y el campo. No entraremos en detalles sobre esta propuesta, que consideramos productiva, pero una vez que se hayan abordado a fondo los problemas de validez de constructo. Aquí enfatizamos que la validez externa es también una cuestión conceptual profunda, y no puede abordarse únicamente empíricamente. Precisamente, la validez de constructo representa una amenaza principal para la validez externa, ya que una operacionalización inadecuada puede poner en peligro una generalización significativa del laboratorio a una situación natural.

11Véase Bloor 1997.

12Véanse las consideraciones de Wittgenstein sobre el color y la forma en los parágrafos §33 y §34.

13Véase Caamaño-Alegre y Caamaño-Alegre 2019.

14En el contexto de la discusión acerca de la validez externa de los experimentos económicos, Cordeiro dos Santos (2010) ha argumentado que los experimentos sociales no necesitan un objetivo (en el sentido de target) específico identificable en el mundo real y que funcione como referencia. Por ende, la finalidad del experimento no consistirá en replicar un objetivo concreto, sino en brindar inferencias genéricas que se refieren a clases de fenómenos, y a las relaciones causales que pueden establecerse entre ellos. Según la autora “el modo genérico de inferencia hace afirmaciones relevantes sobre los fenómenos creados en el laboratorio antes de su demostración en aplicaciones concretas. De manera similar a las inferencias hechas a partir de modelos, las inferencias genéricas a partir de experimentos económicos no pretenden aplicarse a situaciones concretas del mundo real. Sin embargo, proporcionan conocimiento sobre el mundo real. Esta posibilidad es ofrecida por la similitud ontológica entre sistemas experimentales y sistemas del mundo real. Las inferencias genéricas hacen afirmaciones que se aplican genéricamente a una clase dada de situaciones del mundo real. Estas afirmaciones describen fenómenos y, más o menos explícitamente, las circunstancias en las que es probable que se observen en el mundo real. Los experimentos económicos o, mejor dicho, series de experimentos proporcionan conocimiento sobre los mundos humano y social antes de establecer una correspondencia entre el mundo experimental y una situación concreta del mundo real” (2010, pp. 118-119). En mi opinión, la estrategia de esta postura, que pretende sortear las dificultades que enfrenta la inferencia sobre validez externa (véase Reiss 2019), aplaza el problema: por más que las inferencias del experimento no se apliquen directamente a un objetivo (en el sentido de target) concreto, sino a clases de objetivos, luego el conocimiento allí obtenido deberá predicarse de un objetivo concreto. Y esto es así porque la finalidad última del conocimiento social es intervenir en la realidad (en el caso de los experimentos de soborno proponiendo políticas anticorrupción eficaces), y para ello, no basta con referirnos a clases de fenómenos (¿cuál sería el criterio para determinar si un fenómenos pertenece a la clase A o a la clase B?). En algún momento el investigador o el decisor político deberá pasar de la clase de fenómenos a un fenómeno concreto, con lo cual se reintroduce el problema de la inferencia de validez externa.

15Para un ejemplo de ello, véase Senci et al. 2019.

17También se han implementado externalidades negativas como un descuento del dinero que los experimentadores destinan a una organización sin fines de lucro con objetivos prosociales (por ejemplo, de conservación del medio ambiente, o de la vida salvaje, etc.). Previo al comienzo del experimento se les informa a los participantes la cantidad de dinero que se donará a la organización, y el monto de dinero a descontar de la donación cada vez que se produce un acto de corrupción.

18Para un desarrollo de estos argumentos, véase Senci 2019; 2020a.

19Para un ejemplo de esto, véase Gneezy y Rustichini 2000.

Recibido: 08 de Junio de 2020; Aprobado: 25 de Enero de 2021

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