Introducción

Los entornos urbanos y sus dinámicas sociales para algunos habitantes citadinos tienden a una desconexión con el medio ambiente natural, con cierta indiferencia ante los impactos socioambientales derivados de los procesos urbanos, en detrimento de las comunidades rurales, sin apremiar los beneficios que otorgan los ecosistemas naturales para el sostenimiento de las actividades industriales y la agroindustria. Este intercambio de recursos del campo a la ciudad ha provocado externalidades negativas a mediano y largo plazos que, para este caso, se han caracterizado por la instalación de megaproyectos: presas, hidroeléctricas, corredores industriales, entre otros.

Según estudios del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, se proyecta que para 2050 la concentración de personas en zonas urbanas será del 68% con respecto al campo. Se prevé que este fenómeno suceda principalmente en países en desarrollo, por la migración de la población de las zonas rurales a las urbes (^{ONU, 2018}). Dichas tendencias proyectan afectaciones en zonas rurales y periurbanas, por la sobreexplotación de los insumos y recursos naturales necesarios para el funcionamiento de las ciudades, sumada a los nuevos hábitos de consumo que van adquiriendo las personas migrantes al estar inmersas en una realidad citadina, poniendo a contraluz, si las comunidades rurales podrán sostener la demanda potencial de las ciudades.

El intercambio de bienes y servicios entre el campo y la ciudad propiamente no guarda un equilibrio, ya que la extracción de bienes naturales supera el tiempo que requiere la naturaleza para regenerarse, teniendo como punta de lanza el enfoque extractivista que ha provocado la mercantilización de las fuentes naturales (^{Acker y Tittor, 2016}). Otro de los puntos a tocar en este intercambio es la deuda que se tiene con las comunidades rurales, ya que logran gozar de los beneficios de las ciudades; por ejemplo, servicios médicos de calidad, instituciones educativas, centros comerciales y culturales, que propiamente son diseñadas para el uso y el disfrute de los habitantes de la ciudad.

Bajo este tenor los grupos ambientalistas han redefinido el rumbo, en defensa de sus territorios y bienes naturales, con una participación más activa y visible por parte de mujeres que han alzado la voz, al verse afectadas por el deterioro de sus ecosistemas y los medios de subsistencia que soportan su economía y la propia vida, y han surgido grupos con mujeres organizadas que llevan a cabo prácticas de sustentabilidad que convergen en las teorías del ecofeminismo.

La incidencia y la participación de las mujeres en colectivos se definen aquí como el sujeto de estudio sobre la base de las aportaciones del ecofeminismo de la filósofa y ambientalista Vandana Shiva, que resalta la capacidad de agencia de las mujeres en su comunidad, sumada a los saberes cotidianos de las mujeres que desarrollan por los roles de género y de cuidado, aterrizado al accionar en territorios en conflicto socioambiental. Para el presente estudio se analiza el colectivo Un Salto de Vida, localizado en el municipio de El Salto, en el estado de Jalisco, una zona declarada en emergencia ambiental, sin dejar de lado la derrama económica que este municipio aporta al estado.

Conflictos socioambientales en disputa por el agua

Los territorios en conflicto ambiental tienen como antecedente haber sido zonas con gran riqueza natural, por las disponibilidad de agua de un río, lago o laguna, por el suelo fértil para sembrar, por paisajes paradisíacos, o los ecosistemas boscosos; todas estas cualidades cumplen una función que es dar soporte a las actividades económicas o de reproducción del capital.

En este contexto surgen disputas por los bienes o servicios ambientales, estos últimos considerados como los beneficios gratuitos que ofrece la naturaleza y que no pueden ser almacenados o transportados, como el aire limpio y el paisaje natural, por mencionar algunos ejemplos. Esta riqueza natural llega a ser considerada por algunos pueblos de América Latina como una maldición, ya que han tenido el infortunio de perder todo y han llegado a pensar que más que una bendición resulta una maldición para las comunidades colonizadas por el sistema económico capitalista.

A medida que los bienes ambientales se van utilizando, e incluso sobreexplotando, estos por lo general pierden sus características naturales hasta llegar al punto de la degradación, que a su vez se refleja en la pérdida de valor para el sistema económico, los ríos y lagos envenenados por los desechos tóxicos que se vierten en él, o incluso cuerpos de agua totalmente secos por el acaparamiento en presas como fuente principal para la industria y para uso doméstico. Este fenómeno en los territorios fue llamado por Steve Lerner como “zonas de sacrificio”; para el autor estas zonas son elegidas cuidadosamente para ser sobreexplotadas, y en su mayoría son habitadas por personas de bajos ingresos o perfiles bajos.

Cabe destacar que en sus estudios Lerner pone en evidencia la desigualdad entre comunidades; en estudios empíricos analizados en Estados Unidos durante tres décadas, en la mayoría de estos, los principios de justicia ambiental son inválidos para personas de color o de ingresos bajo (^{Lener, 2010}).

De ahí, pues, provienen las disputas por los bienes naturales entre los diversos grupos de interés, que para este trabajo el elemento hídrico es el punto de discusión, que en el afán de ser aprovechada por el sector productivo, ha detonado en conflictos socioambientales, para Yacoub este término proviene en contextos locales donde se desencadenan disputas sobre el agua y el territorio, entre diversos actores que generalmente involucra el sector privado, el estado y las comunidades originarias (^{Yacoub, Duarte y Boelens, 2015}).

Para el caso en particular el conflicto deriva del acaparamiento de agua para su uso industrial y a la vez por fungir como vertedero de residuos y provocar fuertes niveles de contaminación del agua, situación que ha mermado la capacidad autoalimentaria de las comunidades de entornos rurales. Bajo el paraguas del ecofeminismo es importante mencionar la importancia de las mujeres como afectadas en primera fila cuando se encuentran desempeñando el papel de proveedoras y jefas de familia.

Los estudios sobre el agua han sido abordados de forma transdisciplinar, con diversos enfoques: el agua como mercancía, como derecho humano, como servicio público, entre otros; para el presente estudio se analiza desde la dimensión analítica del ecofeminismo, y se recogen visiones y discursos locales de grupos de mujeres que han estado presentes en la defensa de sus territorios, del derecho al agua y a la vida.

Se ha particularizado el estudio de las mujeres, debido a que muchas de ellas están a cargo del sustento diario de sus familias y están expuestas directamente a los impactos socioeconómicos que suponen los conflictos socioambientales. En este contexto las mujeres responden a las afectaciones en lo emocional y lo subjetivo (^{Gómez, 2014}). En este sentido resalta la importancia de contar con mayores estudios empíricos en contextos locales que ayuden a comprender la naturaleza, las motivaciones y los aportes desde el ecofeminismo.

Para el caso analizado, cabe señalar que el conflicto socioambiental está relacionado con la presencia de un megaproyecto, particularmente el corredor industrial de El Salto, que deriva en una fuerte contaminación de las fuentes hidrológicas que imposibilita el desarrollo local e incluso ha empobrecido a las comunidades locales con la pérdida de identidad, aparición de enfermedades crónicas derivadas de la contaminación, empleos precarios, entornos pestilentes, por mencionar algunas de las características de la zona.

Abordaje y descripción del método

La metodología incluyó la observación participante informada a través de la participación en talleres de educación ambiental y agroecología, visitas guiadas, foros, seminarios, lo que permitió recolectar información in situ (fotografías y grabaciones) sobre las relaciones de colaboración, los propósitos, los objetivos y las motivaciones hacia el accionar del colectivo Un Salto de Vida, que se fundamenta en la sensibilización con el entorno y la simbiosis que existe entre la naturaleza y los seres que la habitan (^{Uwe Flick, 2015}), otra técnica de recolección de información fue las entrevistas semiestructuradas a las miembros y los miembros del colectivo para conocer las motivaciones, los saberes y las estrategias que ha llevado a cabo el colectivo durante más de quince años de lucha, resaltando los saberes y las capacidades de las mujeres como elemento clave para la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de los entornos locales.

Asimismo, se realizaron entrevistas y charlas informales con pobladores de El Salto, que sirvieron de insumo para contextualizar las características del territorio, algunos sucesos cotidianos y los desafíos que enfrenta la población con las condiciones ambientales y económicas del territorio analizado. Los informantes dan cuenta de los cambios en el entorno y las actividades productivas, derivados de la instalación del corredor industrial, el acaparamiento del agua y su contaminación.

Como parte de la indagatoria e investigación del colectivo Un Salto de Vida se hizo una revisión documental en artículos científicos, tesis, cortometrajes, hemerotecas, complementada con seis entrevistas en profundidad con tres representantes del colectivo y tres más realizadas a miembros del colectivo durante el recorrido de campo en el toxic tour, además de conversaciones casuales con la comunidad afectada.

Por lo tanto, se hace un perfil de las prácticas que realizan las comunidades o los colectivos inmersos en territorios en conflicto socioambiental por megaproyectos, tomando en cuenta la trayectoria de quince años de lucha que tiene este colectivo localizado en la región Centro del estado de Jalisco.

El trabajo es un proceso de abordaje teórico-metodológico socioambiental desde tres ejes analíticos: 1) el primero aborda la definición de los conflictos socioambientales, donde convergen sociedades y medio ambiente, 2) el segundo eje versa sobre el territorio, visibilizando los intercambios de recursos de zonas rurales hacia las zonas urbanas derivado en conflictos por megaproyectos, 3) el tercer y último eje de análisis se acerca a la definición de las estrategias y los propósitos de la conformación de colectivos locales autogestivos con gobernanza amplia de las mujeres desde el ecofeminismo.

En este sentido, las narrativas feministas que se construyen desde el discurso se cruzan con los aportes cualitativos de las entrevistas realizadas, las características de los conflictos socioambientales que llevan de base el desarrollo económico y la relación funcional entre la zona metropolitana y el municipio en cuestión, que en este estudio convergen en el análisis minucioso desde el ecofeminismo.

Con este enfoque se confronta, compara y confirma la información desde el método de la triangulación, con la participación activa de las mujeres en el colectivo Un Salto de Vida, que busca incidir en la sustentabilidad ambiental y comprender la complejidad de los conflictos socioambientales. La construcción del enfoque teórico-interpretativo surge de la revisión documental del ecofeminismo desde la mirada constructivista como agentes de cambio para el desarrollo de sus comunidades, y como agentes de cambio social en su entorno familiar y comunitario.

La recopilación de las visiones locales a través del análisis del discurso de las informantes y los informantes permitió comparar y contrastar la información con las corrientes teóricas del ecofeminismo, principalmente desde la mirada “constructivista”; es decir, que guarda relación con el papel de las mujeres en el cuidado del entorno vinculado con una asignación sociohistórica por su capacidad de respuesta y la ejecución de tareas domésticas diferenciadas de los varones, y que sirven de base a la reproducción social, como la recolección de leña, flora y fauna silvestre, el lavado de ropa, el acarreo de agua (^{Paulson, 1998:42}).

Del ecofeminismo también proviene la visión “esencialista”, que hace referencia a la conexión nata de las mujeres con la naturaleza, relacionado con la maternidad, dadoras de vida y su potencial de cuidadoras, siendo esta una postura crítica que invisibiliza las relaciones de poder (^{Paulson, 1998}).

En escenarios de conflicto socioambiental, la movilización social de oposición, en este caso las mujeres, son quienes significativamente resultan ser las más afectadas y quienes sufren con mayor intensidad los impactos y, por tanto, se convierten en un grupo propenso a ser vulnerable (Gómez, 2015:64). En este contexto las entrevistas realizadas a las mujeres incluyeron temas como:

Estos temas fungen como segmentos analíticos de las narrativas, tanto en las entrevistas como en los documentos y páginas oficiales del colectivo Un Salto de Vida. Las entrevistas realizadas son intencionadas, no probabilísticas, y requieren la interpretación analítica de los conceptos que surgen de la estrategia de intervención, el proceso de asimilación y el trabajo de campo, para evitar un sesgo de la visión subjetiva de la investigadora (^{Peniche, 2020}).

El primer propósito es identificar las prácticas ecofeministas del grupo seleccionado. Para el análisis se pretende resaltar la participación activa de las mujeres en las actividades de gestión, organización, logística, vinculación y difusión, que coadyuvan a la legitimación colectiva que se nutre de la colaboración cotidiana e informal, la cantidad de tiempo invertido, el esfuerzo, el conocimiento, sin una remuneración económica inmediata y desde la cosmovisión hacia la defensa de sus territorios, sus recursos naturales, la recuperación de saberes locales y el buen vivir, tanto de las mujeres como de sus familias y de las generaciones venideras.

Antecedentes

En la década de los 40, en México se produjo una urbanización acelerada, con incremento de la población y su concentración en los centros urbanos. El desarrollo industrial fue un factor detonante (^{Barkin, 2006: 58}), y con ello un aumento en la demanda de agua, energía, insumos primarios, mano de obra, entre otros. Frente a estas nuevas necesidades, el marco normativo en materia de agua priorizó el uso para abastecimiento del sector agrícola e industrial, y marcó las directrices de los siguientes 25 años, dejando de lado aspectos importantes, como el acceso al agua potable local, el saneamiento y la regulación de la industria, que en ese entonces apenas vislumbraba la concentración de contaminantes, que paulatinamente se fue intensificando, hasta ocasionar impactos irreversibles en el segundo río más importante del país, el río Santiago.

En ese entonces las políticas de uso y aprovechamiento del agua estuvieron configuradas bajo modelos de gestión federal, condensados en los planes nacionales y estatales de desarrollo y el Programa Nacional Hídrico, con baja o nula participación local, y sí con severos impactos socioambientales a escala local (^{Peniche, 2020}).

Para los años 70 la gestión del agua pasó de ser de competencia federal, con mayor autonomía para el estado y los municipios, con un enfoque en temas de provisión de servicios de agua potable como parte de las mayores demandas sociales, basada en una política de subsidios y la creación de infraestructura que permitiera su aprovechamiento (^{Barkin, 2006: 61}).

En la década de los 80 cambia la dinámica y la participación del Estado pierde facultades y da paso a las políticas de liberación y privatización, en un intento por descentralizar el sistema de gobernabilidad tradicional, bajo la premisa del libre mercado (^{Castro, 2005}), con lo que pasa la gobernanza al sistema capital, y se transforma el valor del agua, de un bien público y derecho universal a un bien económico.

Las políticas sectoriales mexicanas incentivaron la instalación industrial cobijada por la Ley de Fomento Industrial, con la apertura al capital extranjero y la llegada de la industria electrónica y la especialización de la mano de obra, que priorizó el desarrollo de las ciudades con rezago del medio rural y las periferias (^{Durand, y Torres, 2006}).

A la par del marco legal, se consolidaron megaproyectos de infraestructura hidráulica para abastecimiento de las ciudades y de la industria, como estrategia para hacer frente a las demandas del sector público y del privado. Pese a ello, los problemas hídricos se fueron acentuando, no solo en la dimensión ambiental sino también en la económica, por los costos asociados a la transferencia de agua, el aumento en los niveles de contaminación y el deterioro de la infraestructura hidráulica (^{Barkin, 2006}), lo que desencadenó conflictos hidrosociales entre los usuarios del agua.

Los paraísos fiscales y la escasa regulación para la industria incentivaron la inversión extranjera; fue así como a inicios de 1890 se construyó la planta de luz El Salto, en el municipio de El Salto, que sirvió para abastecer de energía eléctrica a la ciudad de Guadalajara (^{Ibáñez, 2015}); este territorio pudiera ser considerado como una zona del hinterland, que Brenner define como los entornos y los pueblos circundantes que hacen posible el funcionamiento del desarrollo urbano de las ciudades centrales (^{Brenner, 2016}); es decir, son las poblaciones y los territorios que soportan las externalidades originadas por la dinámica urbana, sin tener beneficios reales o equiparables, e incluso con afectaciones a mediano y largo plazos, término semejante a las zonas de sacrificio expuestas anteriormente por Lerner.

Años más tarde, con la infraestructura de la hidroeléctrica, la energía generada y el cauce del río Santiago, se generaron las condiciones para la instalación de una fábrica textil que incentivó la industrialización del municipio de El Salto, donde se encuentra el caso de análisis, bajo la premisa del desarrollo económico (^{Ibáñez, 2015}), que prometió a los habitantes locales empleos, desarrollo turístico y modernización, y que hoy en día evidencia el colapso de este modelo de desarrollo extractivista que toma los recursos necesarios para echar a andar obras de gran envergadura dejando territorios inhóspitos, ecosistemas muertos, poblaciones empobrecidas, enfermas e incluso la disminución en la esperanza de vida, sin una estrategia de remediación o reparación de los daños ocasionados a los habitantes y su entorno natural, que perdurarán a mediano y largo plazos.

Las políticas implementadas en los 70 fueron mayormente beneficiosas para los centros urbanos, con un aumento en la cobertura del 82% de agua potable para la población urbana contra el 49% para la población rural (^{Martínez, 2002}), no así las afectaciones hacia las comunidades rurales; en algunos casos las dejaron inoperantes para realizar sus actividades cotidianas y de supervivencia.

Cabe señalar que el municipio de El Salto no el único que mantiene una lucha por el patrimonio natural, sino que a lo largo del territorio jalisciense se presentan diversas zonas de conflicto socioambiental en sus variados ecosistemas, sea por acaparamiento se por su contaminación; por mencionar algunos casos, se encuentra la tala de árboles en los bosques de Mazamitla y Tapalpa, la privatización de las playas del Pacífico en Puerto Vallarta, la contaminación de los afluentes del río Santiago y el vertedero de aguas sin tratamiento en el Llago de Chapala; estos ecosistemas resultan atractivos para los sectores público y privado, lo que ha acentuado problemáticas socioambientales, visibles desde la década de los 70.

Ecos del feminismo

La vulneración de las fuentes naturales y sus impactos negativos en las poblaciones originarias despiertan oposición y resistencia; de aquí deriva el debate de que no todos los movimientos surgen por una sensibilidad hacia la naturaleza misma, sino como una forma de manifestarse ante un hecho que afecta directamente a la comunidad, lo que, para autores como Martínez-Alier, se denomina ecologismo popular (^{Martínez-Alier, 1994}).

Cabe destacar que el ecologismo popular y el ecofeminismo mantienen cierta conexión en el engranaje del reclamo del derecho a los cuerpos y al territorio como propiedad de los pueblos, que históricamente han sido explotados por el capitalismo patriarcal y colonial; así, pues, el ecofeminismo en sus orígenes reconoce los problemas ambientales de la época, que vislumbra una proyección a largo plazo de los impactos en los ecosistemas, debido al uso y el abuso de los recursos naturales, acentuados por el crecimiento económico y la globalización (D’Eaubonne s/f, citado por ^{Tardon, 2011}). En este sentido, los movimientos ecológicos son considerados como antiglobalistas, con un sentido de desarrollo a escala local.

Recuperando el término de ecofeminismo propuesto por la filósofa francesa Francoise D’Eaubonne, que más tarde fue reforzado y difundido por Vandana Shiva y María Mies. Este pone de manifiesto la preocupación de las mujeres ante los problemas ecológicos que aquejan a la humanidad; asimismo, centra su análisis en la interconexión entre la mujer y la naturaleza, al encontrar coincidencias del entorno biológico y los comportamientos andrógenos hacia ellas, que las sitúan en un plano de vulnerabilidad (^{Shiva y Mies, 1998}); cabe señalar que estas expresiones y posturas han sido motivo de crítica por considerarse de tintes esencialistas y subjetivas; sin embargo, existen otras miradas, como la propuesta por Ariel Salleh, que no representa el “esencialismo”, al contrario, el ecofeminismo surge de la práctica basada en las realidades materiales e históricas que ponen de manifiesto que los impactos ambientales recaen principalmente en las mujeres por ser las encargadas de la reproducción social (alimentos, vestido y vivienda) y la propia producción de la especie humana (^{Salle, 2017}).

Colectivo Un Salto de Vida

La zona de análisis pertenece a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, una de las más grandes en México, cuya dimensión abarca los municipios de Jalisco de Ocotlán, Poncitlán, El Salto, Juanacatlán y otros estados de México, como Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas (^{Durán Juárez y Torres Rodríguez, 2006: 231}), por lo que sus aguas entran en contacto con los pueblos aledaños. Se tienen registros de los altos niveles de contaminación en el río Santiago, que provocando afectaciones a la salud, los ecosistemas acuáticos y terrestres, sin dejar los servicios ambientales, como el aire limpio y la belleza paisajística entre otras.

El colectivo Un Salto de Vida surge en el municipio de El Salto, Jalisco, y fue conformado legalmente en 2005, por un grupo de personas afectadas por la contaminación del río Santiago; en un inicio las reuniones y asambleas eran presididas por varones, y las mujeres se limitaban a ser oyentes, cocineras y “las esposas de” los miembros del colectivo, a pesar de estar involucradas en la problemática.

En la década de los 70, la comunidad de El Salto comenzó a notar cambios en su entorno natural derivados de la concentración de desechos tóxicos del corredor industrial (solventes, metales, gases, desechos orgánicos e inorgánicos, entre otros) que habían contaminado no solo los cuerpos de agua superficial sino también el agua subterránea (^{Durán y Torres 2006: 231}), que categorizó el río Santiago como uno de los más contaminados de México (^{Steve y Malkin, 2020}).

La mezcla de químicos y desechos industriales en el agua y el aire ha provocado enfermedades en los habitantes de El Salto y Juanacatlán, donde confluyen las aguas del río Lerma Santiago. Según estudios de toxicología, la exposición a concentraciones altas de productos químicos provoca enfermedades graves. Para los pobladores de El Salto se tienen registros de personas con insuficiencia renal grave, cáncer, enfermedades gastrointestinales, cefaleas, e incluso la muerte por falta de tratamiento médico adecuado (^{McCulligh, Páez y Moya, 2007}), pues la zona de estudio no cuenta actualmente con servicios médicos de calidad que puedan enfrentar las dolencias provocadas por la contaminación del río. A pesar de que parte de la población no relaciona los impactos relacionados con la salud, el colectivo un Salto de Vida lo tiene claro, y se ha encargado de llevar un registro de las personas fallecidas, con la causa de la muerte, el domicilio de la persona y la fecha del deceso.

Este colectivo ambientalista, al igual que otros colectivos investigados, pero que para fines de este trabajo no se mencionan, existe un hecho que pudo ser detonante para el despertar de la población; para este colectivo en particular, un hecho que marcó la pauta para alzar la voz y que llamó la atención de los medios de comunicación, investigadores y la comunidad fue el suscitado en 2008, en el fraccionamiento La Azucena, colindante con el río Santiago, cuando un infante de ochos años se encontraba jugando a orillas del río y por accidente cayó al agua y estuvo allí por unos minutos, lo que días después provocó su muerte en el hospital; más tarde los estudios revelaron que sufrió intoxicación por metales pesados, como arsénico, plomo, cromo y mercurio (^{Miyuki, 2012}), ingeridos mientras estuvo en contacto con el agua.

Está noticia fue de alcance nacional; de ahí familiares, vecinos, estudiantes, investigadores y ONG comenzaron a organizarse en la búsqueda de soluciones, acompañadas de peticiones, pronunciamientos, marchas, campañas de sensibilización, resistencia pasiva, demandas, entre otras acciones enfiladas en las calles de la Ciudad de Guadalajara (^{Balcazar, 2003}). Dichas movilizaciones fueron la motivación para el fortalecimiento del colectivo Un Salto de Vida, que unió esfuerzos para visibilizar el ecocidio suscitado en sus territorios y las afectaciones a la salud de sus pobladores.

Estas oposiciones conciernen a la vulnerabilidad y el sacrificio de los pueblos frente a la intensa demanda de recursos y servicios de las ciudades y de un sistema capitalista que, en el afán de reducir al máximo los costos, traslada las externalidades a las comunidades más vulnerables, que se convierten en zonas de sacrificio, que según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA):

Son sectores geográficos de alta concentración industrial, en los que se ha priorizado el establecimiento de polos industriales sobre el bienestar de las personas y el ambiente. Se caracterizan mayormente por ser lugares de bajos ingresos, en los cuales se han instalado industrias, declarando intenciones de desarrollo, además de mejoras en las condiciones de trabajo y vida para sus habitantes. Sin embargo, sus habitantes alegan que la contaminación ha degradado su salud y bienestar, además de deteriorar los ecosistemas marinos y terrestres necesarios para el desarrollo económico local (EPA, s/f)

Una vez analizado el contexto socioterritorial, es importante identificar las características del grupo de resistencia que surge bajo este escenario de conflicto socioambiental, resaltando las motivaciones, las formas de organización, el financiamiento, las alianzas estratégicas, la participación de las mujeres, los retos y los logros del colectivo Un Salto de Vida.

Como se señaló anteriormente, este colectivo tuvo en sus inicios una estructura jerárquica en un contexto cultural donde el varón desempeñaba funciones asociadas al poder con cargos de presidente, tesorero, secretario, entre otros. Una de las lideresas del colectivo cuenta que en el año 2005-2006 cuando comenzó el colectivo, la división sexual del trabajo estaba relacionada con los estereotipos de género que alentaban las desigualdades sociales; como señala Blazquez estos roles situaban a las mujeres en el plano privado, la casa y la familia, y a los varones en las esferas públicas, la vida política y el mercado (^{Blazquez, Flores Palacios y Ríos Everardo et al., 2012}), por lo cual participación de ellas era escasa y poco representativa.

En las entrevistas realizadas a las mujeres que ahora son líderes del colectivo, ellas señalan que su actividad en el pasado se limitaba a realizar las tareas de limpieza y cocinar para los varones integrantes del colectivo. Esto se fue transformando poco a poco hasta ganar un papel protagónico, con toma de decisiones importantes para el colectivo. Cabe destacar que en la actualidad la organización está liderada principalmente por mujeres, con el involucramiento de las nuevas generaciones (hijas y nietas), que se han unido a la lucha iniciada por sus padres y madres, como es el caso de la familia de las fundadoras y los fundadores del colectivo Un Salto de Vida. Estas nuevas integrantes han sido portadoras de voz y han abierto la puerta a más mujeres al colectivo, con acciones significativas de vinculación y difusión con entrevistas en canales locales, ruedas de prensa, asambleas, que no han quitado el dedo del renglón y siguen resistiendo; este territorio en conflicto socioambiental ha sido de interés nacional e internacional, que se ha visto materializado en cortometrajes y producción de documentales que visibilizan el conflicto hidrosocial de la comunidad de El Salto. Ejemplo de ello es el documental Resurrección, con reconocimiento en el marco del Festival Internacional de Cine Medioambiental, que tuvo impacto en México y España (^{FCEA, 2017}) que vale la pena visualizar.

La feminización de este colectivo radica en la transformación de las estructuras que en un inicio excluía a las mujeres de la esfera pública, y que en los últimos años ha cobrado relevancia al hacer visible las aportaciones de las mujeres y su interés por en el ámbito político, ambiental y económico. Uno de los fundadores señala:

el colectivo creció mucho, se están haciendo muchos trabajos pero ha sido más que nada gracias a la inclusión de las mujeres que ya están adentro, entonces ya lo que se dio en verdad, todas las mujeres son muy rescatables en conocimientos y además muy decididas en sus acciones entonces, ya siempre las mujeres son las que ya son más visibles más activas, la verdad ya ha sobrevivido el colectivo, sigue funcionando por las mujeres verdad, por decirlo así de alguna manera van a la cabeza, entonces desaparecieron todas esas figuras que era el presidente del colectivo, entonces ya no va a haber ni presidente ni tesorero como antes (Enrique Enciso, cofundador del colectivo Un Salto de Vida).

Para las mujeres del colectivo Un Salto de Vida, la causa de lucha es recuperar la memoria histórica de un río que en sus orígenes las dotó de alimento, espacios de recreación y fortalecimiento de la comunidad, y proveía de bienestar a la población lugareña, con identidad cultural, autonomía y el habitar del territorio. Para las integrantes del colectivo son los recuerdos y su sentido de pertenencia lo que las motiva a seguir resistiendo de manera activa, sin obviar la situación actual que viven las nuevas generaciones, que están creciendo en “zonas de sacrificio” que limitan el desarrollo humano al estar en contacto con la contaminación, los niveles de pobreza, la violencia, pues, según datos del ^{Instituto de Información Estadística y Geografía -IIEG (2014)}, el municipio de El Salto es uno de los territorios que presentan rezago en su infraestructura, así como en los servicios de salud y educación.

Asimismo, resuenan las voces del colectivo por la atención de la salud de los habitantes afectados, el tratamiento del agua residual del municipio y la regulación y la supervisión para la industria, ya que, en las entrevistas realizadas en la comunidad, una mujer exempleada de una de las fábricas del corredor industrial comenta sobre las prácticas que se llevan a cabo en algunas empresas, que apagan las plantas de tratamiento por las noches, horario en el cual se descarga el mayor volumen de desechos industriales, y a esas horas la supervisión por parte de las autoridades ambientales es nula, con lo que se afecta drásticamente los afluentes de la cascada de El Salto, que en el pasado fue fuente de abastecimiento e insumo para la producción de alimentos, sin dejar de lado los servicios ambientales, como la belleza paisajística y el espacio de convivencia y recreación.

Se observa en la investigación y en las narrativas de las informantes que las acciones de estos movimientos requieren compromiso, organización, tiempo, arraigo y valentía para enfrentar las disputas y conflictos de interés que se pueden suscitar a mediano y largo plazos. En este andar es probable que algunas personas se vayan desanimando, se sientan amenazadas, inseguras y temerosas, ya que ha habido casos de activistas de este colectivo que han sufrido daños en sus bienes patrimoniales, e incluso hay quienes han sido privados de su libertad por algún tiempo y, en casos extremos, han sufrido desapariciones.

En este contexto en el Occidente de México, la desaparición masiva de personas por asuntos relacionados con el narcotráfico es alarmante. Asimismo, es de notarse que van en aumento el asesinato y la desaparición de activistas ambientalistas, como si cuidar y proteger el medio ambiente fuese un delito que perseguir, lo cual se puede leer constantemente en los periódicos nacionales, como se muestra en la siguiente nota:

Durante el 2020, en México fueron asesinados 14 activistas defensores del medio ambiente, derechos humanos y de la comunidad LGBT+ (Milenio, 2020: 13).

La aceptación de las iniciativas y propuestas que emergen de abajo hacia arriba (bottom-up); es decir, de la comunidad hacia el gobierno, pueden para por procesos ásperos y llegar a la desesperanza por la baja posibilidad de cambio y más cuando se ejerce alguna forma de hostigamiento personal, familiar o a los bienes patrimoniales ; este tipo de represalias puede persuadir y/o generan posturas de pasividad o apatía ante la problemática, que debilitan los colectivos.

Por otro lado, existen marcos internacionales que sustentan las directrices de iniciativas, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que demuestran que los gobiernos por sí solos no tienen capacidad, facultad y recursos suficientes (técnicos, monetarios, de personal, de tiempo), para resolver todos los conflictos, y el Estado no puede darse el lujo de excluir a la comunidad como agente de cambio (Balcazar, 2006), por lo que se pudiera decir que el desarrollo comunitario pertenece a “la comunidad”. En este sentido, la contribución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recae en el objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, el cual reconoce que el empoderamiento y la participación de la comunidad son elementos claves para la cohesión social y el desarrollo local.

Lo anterior se debe a que las acciones comunitarias se caracterizan por centrarse en aspectos positivos y, con ello, mejorar la calidad de vida personal y colectiva; según Oliveras, “la capacidad de participación se adquiere, no se nace con ella” (Oliveras, 2007, citado en ^{Rodríguez, Agost y Torres Paredes, 2017}). Con la construcción de la comunidad, resalta la importancia de retomar los saberes y la memoria histórica para plantear un futuro basado en modelos de desarrollo local alternativo, en equilibrio con el medio ambiente, sin sobreponer las necesidades extraorbitantes de las ciudades (^{López, López, 2020}), sino un modelo equitativo que considere también las realidades y necesidades de las comunidades locales.

Una de las características de este colectivo de lucha es el tiempo de resistencia, que oscila entre diez y quince años; esta variable de resistir puede opacar o fortalecer la consecución de los objetivos, por un lado se visualiza el desgaste de las integrantes y los integrantes por el envejecimiento, las enfermedades, el ánimo de quienes antes participaban activamente (Graciela, González),¹ que por sus dinámicas y etapas de vida van cambiando sus prioridades, lo que deriva en una menor participación; por otro lado, para las integrantes y los integrantes que se quedan la experiencia vivida, los aprendizajes, las actitudes, pueden ser estímulos y experiencias liberadoras como parte de una herencia generacional que coadyuve a la defensa del territorio, con una actividad fundamental como portadoras y voceras de historias, donde siembran una semilla que florece en las nuevas generaciones.

Los desafíos y retos de este colectivo siguen latentes, con los reclamos comunitarios por la atención médica para la población enferma; además, exigen al gobierno y las empresas que se acaten las medidas de control ambiental sobre la base de los niveles máximos permitidos por la normatividad aplicable, así como la supervisión estricta de la operación de las plantas de tratamiento industriales y municipales que operan con deficiencias, sobre todo en las horas en que no hay vigilancia; es decir, en horarios nocturnos.

Conclusiones

La conformación de los colectivos ambientalistas ha fungido como un nicho de oportunidad para potencializar la capacidad de agencia de las comunidades, en el entramado del diálogo con el sector público y otras organizaciones, al generar sinergias que incidan de manera paulatina en la toma de decisiones. A partir de la observación participante se evidencia que las comunidades en conflicto socioambiental generan movilizaciones frente a la devastación de su entorno natural. Asimismo, resalta la cosmovisión de la interconexión de las comunidades rurales con la naturaleza, que busca alternativas y respuestas propias que incidan en una sociedad sostenible local.

El camino para el logro de los objetivos de los colectivos depende de diversos factores, como las metas fijadas, el grado de compromiso, las acciones tomadas, el contexto social, la voluntad política y del sector empresarial, e incluso factores ambientales, como la pandemia covid-19, que paralizó las movilizaciones sociales y el activismo.

Cabe señalar la importancia de cuidar los ecosistemas que dan soporte a la vida, pues de ellos dependen otros sistemas, no solo su disponibilidad sino en su calidad, como es el vital líquido agua, que es el insumo base para actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria; sin embargo su gestión integral no ha sido prioridad para el Estado y el sector privado, que optan por megaproyectos que ofrecen una solución rápida e insostenible para el abastecimiento de uso agrícola e industrial; sin embargo, estas soluciones no han sido las más viables a largo plazo, ni las más económicas, puesto que los gastos de construcción y operación son extraorbitantes, e incluso algunas obras no llegan a concretarse por falta de presupuesto y capacidad técnica, con la externalización de costos sociales y ambientales a corto, mediano y largo plazos.

Resalta el involucramiento paulatino de las mujeres, que feminizan las luchas ambientales como promotoras y agentes de cambio para el desarrollo local sustentable en el caso expuesto, que, sin propiamente reconocerse como ecofeministas, en su quehacer cotidiano recogen representaciones ideológicas del ecofeminismo que revalorizan los bienes y servicios ambientales como elementos vivos y fuentes de vida en introspección y sensibilización por la naturaleza, con enfoque holístico y con participación activa en los asuntos públicos, que en el pasado fue invisibilizada no solo en los entornos locales, sino también en las políticas sectoriales, lo que da pie a un nuevo desarrollo que no recaiga en el extractivismo, sino en una forma creativa de dar soluciones a los retos actuales, retomando los saberes y experiencias de las mujeres que históricamente han luchado por alcanzar mejores condiciones de vida en términos de inclusión, defensa del territorio, derechos humanos, bienes naturales, salud, educación y buen vivir.

Para las mujeres entrevistadas, sus elementos naturales, como el agua, significan más que un insumo económico, pues los visualizan como elemento vivo, latente y parte de la vida; en su discurso, ellas señalan que, cuando el agua es degradada y devastada, limita el desarrollo de las economías locales con mayor dependencia de las ciudades en términos de empleo, alimentos y servicios, que justifica la aceptación de megaproyectos extractivistas como medio de solución ante las demandas sociales, desvirtuando las posibilidades de producción local y equilibrio con los ecosistemas naturales.