Los orígenes: entre la atención de la pandemia del VIH, la violencia policial y la creación de espacios para la diversidad

La formación temprana del movimiento LGBTI en la Ciudad de México permitió que años más tarde surgieran activismos a escala subnacional. Dentro de esta etapa, Michoacán ocupa un papel poco protagónico, a diferencia de entidades como Jalisco o Veracruz, donde grupos de la diversidad reclamaron derechos (^{Lázaro, 2017}). Esto, en parte, es entendible porque la Iglesia Católica a lo largo de la historia ha sido decisivo en la vida política, inclusive, de forma reciente ha vetado por medio de aliados en el congreso el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.⁹

El activismo por la diversidad sexual comenzó a configurarse en Michoacán entre 1983 y 1985, años donde aparecieron respectivamente los primeros casos de sida en México y en el estado.¹⁰ A pesar de ello, su manifestación no se dio de manera pública mediante marchas o protestas para exigir derechos; se gestó a partir de iniciativas ciudadanas que buscaron atender la enfermedad por medio de cursos, talleres y charlas informativas, brindar apoyo médico, psicológico y capacitación a los contagiados y a sus familiares, así como otorgar asesoría legal y acompañamiento para acceder a los medicamentos de manera gratuita.

La primera iniciativa ciudadana fue la de Sergio Palma, Carlos Saavedra del Moral y Yolanda Pineda, quienes formaron en 1991 Michoacanos Unidos por la Salud y Contra el Sida AC (MUSSAC), proyecto pionero que se encargó de implementar los esfuerzos en el estado en la contención de la enfermedad. La segunda provino de Alejandro Cedeño Farfán, quien luego de ser de las primeras personas diagnosticadas en el país como portadoras del VIH en 1989, se convirtió en un referente y activista en Michoacán en la atención de personas. Su proyecto, en términos de construir una comunidad, no solo sirvió para la difusión de la información, el cuidado emocional y el suministro de medicamentos, además se gestó como un espacio solidario que albergó a las personas seropositivas que asistían desde el interior del estado a la capital a tomar sus tratamientos. La formalización legal de este proyecto se dio en el año 2000 con el nombre de CONVIHVE AC, organización que, además de continuar vigente con los mismos objetivos de su fundador bajo la presidencia de Juan Bosco Valle, es clave dentro de la articulación del activismo, porque sus instalaciones desde los 90 sirven para acoger las causas de la diversidad sexual. Una última acción de este tipo fue el establecimiento de una sede del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH/sida (FrenpaVIH), creado a escala nacional en 1996 con la finalidad de visibilizar la discriminación hacia las poblaciones portadoras de la enfermedad y luchar por la gratuidad de los medicamentos.¹¹

Por otro lado, mientras se produjo el avance de la enfermedad, aparecieron los primeros grupos de activistas trans -más por necesidad que por decisión- que, aparte de sumarse a los esfuerzos contra el sida, se organizaron para reivindicar el trabajo sexual que desde los años 80 ejercieron en la avenida Madero, para evitar ser desplazadas de la zona céntrica y, principalmente, para oponerse al régimen policial que las criminalizaba por medio de hostigamientos, detenciones arbitrarias y extorsiones. Durante esta etapa de manera contundente, en el estado en Michoacán y en otras partes de México se persiguió y hostigó la diferencia por medio de aparatos disciplinares que actuaron en función de valores heteropatriarcales (^{Lázaro, 2017}). Una de las activistas trans que entrevisté describe esta etapa inicial de la siguiente manera:

Los policías nos agarraban como (sic), para aventarnos hacia arriba de la patrulla, como era alta nos aventaban. Antes nos trataban muy mal los policías, no nos podían ver fuera del hotel o en aquel tiempo estaba la central, iba uno a la central a comprarse un café y ahí lo agarraban a uno (entrevista a líder trans).

Así, junto al contexto de adversidad, clandestinidad y exposición a ser víctimas de crímenes por las implicaciones y altos riesgos que conlleva el trabajo sexual, los mayores desafíos que enfrentaron estos grupos fueron las persecuciones, los abusos y los acosos policiales: “como hoy caía a la cárcel al tercer día volvía a caer” (entrevista a líder trans).

Un último aspecto que contribuyó en la conformación del activismo LGBTI, en un momento marcado por la invisibilidad social de las sexualidades disidentes, residió en la aparición de espacios nocturnos, de convivencia, y empresas privadas que sirvieron para ejercer sexualidad y libertades de manera segura. Uno de los lugares más representativos -abierto hasta la fecha- es el centro nocturno Las Rojas, establecido en Morelia por la familia Rojas en 1997. Otros espacios fundados con anterioridad que sirvieron de encuentro para la comunidad fueron el hotel Florida, El Mesón Tarasco, El Monterrey y Los Canarios, al igual que los todavía vigentes baños de Villalongín y Valladolid, o el cine Arcadia, creado en 1988 dentro de la zona de tolerancia, entre otros.

Como se desprende, los prolegómenos del activismo LGBTI en Michoacán se presentaron a lo largo de los años 80 y 90 del siglo pasado, con un énfasis situacional en la capital en torno a tres demandas principales: 1. Contrarrestar la emergencia sanitaria que ocasionó la pandemia del VIH (dos iniciativas surgidas en la capital del estado y otra proveniente del ámbito nacional). 2. Oponerse a los acosos, detenciones y abusos policiales hacia los grupos trans que ejercieron el trabajo sexual. 3. Desarrollar espacios públicos y privados seguros para mostrar la existencia de una pluralidad de seres humanos y ejercer las libertades sexuales. Por lo tanto, así como ocurrió en la Ciudad de México (^{Monsiváis, 2011}), los inicios en el estado están íntimamente relacionados con el surgimiento de clubes, grupos sociales, bares, discotecas y fiestas, y se caracterizan por la ausencia completa de las demandas asociadas con los derechos humanos, que aparecerán en el año 2000 con el surgimiento de los primeros liderazgos de personas homosexuales y la conformación de las primeras organizaciones de la sociedad civil.

La consolidación del activismo LGBTI en Michoacán

A partir de los primeros años del año 2000, el activismo LGBTI entró en una etapa de consolidación en el estado. El surgimiento de algunos líderes de la comunidad homosexual durante la crisis sanitaria, y la apertura de espacios comerciales que sirvieron para visibilizar, integrar y fomentar la diversidad, favorecieron la aparición de un movimiento homosexual que demandó el reconocimiento de sus derechos. Uno de los principales liderazgos que encabezaron este proceso fue el de Gerardo Herrera Pérez, quien, gracias a su formación como abogado, al trabajo político previo en diferentes regiones del estado y a la apertura de negocios (como el café Ámsterdam, ubicado en el centro histórico), logró articular junto a otros miembros las primeras estrategias para incidir en la esfera pública. Durante una entrevista él reflexiona sobre los inicios de su participación de la siguiente forma:

Entonces lo que hice fue darle un formato, y así inicié con talleres de sexualidad al interior del café, y vamos a trabajar para que tengan elementos para que se puedan cuidar, y luego llegó otro chavo que se llamaba Omar que estaba en la radio con otro chavo que hacen intervención, y me dice “oyes Gerardo, hay que hacer una jornada a favor de San Sebastián”, porque es el patrono de los gays, ¿Funcionará? Entonces empezamos a hacer las jornadas y se empezaron a sumar maestros de la facultad de filosofía, de bellas artes. Yo que tenía una formación, y entonces empezamos a hablar de cómo se había ido estructurando un movimiento homosexual desde 1968, la incidencia que había tenido Nancy Cárdenas, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis (entrevista a Gerardo Herrera).

Como resultado de estas iniciativas, en 2007 aparecieron las marchas contra la homofobia y la discriminación, así como la creación del Grupo de Facto Diversidad Sexual, organización encabezada por el propio Herrera para buscar la aprobación legislativa de los derechos de la diversidad. En estos años, que coincidieron con la llegada al gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, y con ello de la alternancia política en el estado (^{López y Guerrero, 2023}), el activismo homosexual logró construir alianzas con lesbianas y feministas, y con el apoyo de legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se presentó, aunque sin éxito, la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia; se conquistó durante la gubernatura de Leonel Godoy Rangel -segundo mandato consecutivo del PRD- la Ley Para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán en 2009 y, finalmente, se comenzó con una estrategia política en torno a los marcos normativos de derechos humanos.

La consecuencia de estos procesos y de la magnitud de las movilizaciones fue el establecimiento de una agenda por los derechos sexuales y reproductivos en la capital, así como la influencia en menores niveles hacia las ciudades de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zacapu y Zamora. No obstante, en esta etapa de franca consolidación se conformaron estratos diferenciados de activismo. Por una parte, aunque fue evidente el avance de algunas causas y la incorporación de una pluralidad de grupos en la participación, el papel que desempeñaron los liderazgos de homosexuales y lesbianas fue más protagónico comparado con el de otros grupos. Por la otra, mientras que la creación de organizaciones funcionó para promover los liderazgos de homosexuales, para las personas trans apenas representó el inicio de una disputa para exigir mejores condiciones frente a la flagrante violencia que experimentaban -y todavía experimentan- por parte de los cuerpos policiales, actitudes de funcionarios de gobierno y ciudadanía en general.

En total, tres fueron las agrupaciones trans que surgieron para combatir tales condiciones: Tarascas en Busca de la Libertad, Mujeres Trans Valladolid y Monarcas Libertad. Todas nacieron a finales de los 90 e inicios del 2000, en el contexto de expansión y fomento a las organizaciones civiles a escala nacional; integran personas que ejercen el trabajo sexual en distintas zonas del centro histórico de Morelia, frente a la antigua central camionera, en la plaza Carrillo y en la avenida Nocupétaro y, en general, buscan mejorar sus contextos para ejercer con seguridad lo que consideran su derecho al trabajo sexual. Al respecto es ilustrativo cómo una activista narra las razones que la llevaron, junto a otras compañeras, a conformar una de estas organizaciones:

Decidimos hacer esa organización -Monarcas-. Nos molestaba mucho la policía entonces nos invitaban los de abajo -Tarascas-, para que hiciéramos una asociación (…) Empezamos y juntamos un grupo de varias personas y decidimos hacer la asociación Monarcas Libertad. Lo hicimos porque antes nos trataban muy mal los policías (…) Nos querían quitar de ahí de la central antigua y por eso fue el fin de que nosotros hicimos esta asociación, que éramos veinticuatro personas (entrevista a líder trans).

Precisamente, este fragmento me permite afirmar que, durante esta fase, las personas trans se convirtieron en activistas sin proponérselo, fue una respuesta contingente ante las imposibilidades de ejercer la única actividad que aseguraba su subsistencia y no el resultado de una “conciencia colectiva” o de un programa político que apelara al reconocimiento sustantivo de sus derechos, como estaba ocurriendo con otros grupos. La diferenciación no se originó como una consecuencia abierta de inclusión/exclusión, se produjo principalmente porque al padecer la vulneración histórica de su derecho a ejercer la identidad de género, ocupar una posición marginal en relación con el orden social heteronormativo y provenir de contextos familiares de profunda violencia, la mayoría se dedicó durante esta época, como en gran parte de México y del mundo, al trabajo sexual.¹² Una persona lo señala de la siguiente forma:

Yo tenía catorce años cuando me metí a la zona de tolerancia. Ahí yo trabajaba. La patrona como yo era menor de edad, me pasaba en una cajuela (…). Yo empecé en este ambiente por mucha necesidad, mi mamá me abandonó (entrevista a líder trans).

Muy probablemente, esta es una de las razones por las cuales muchas personas en situaciones similares terminaron en prisión, sin observarse criterios de asignación de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos (^{Guerrero y Ruíz, 2023}), y sin posibilidades de reinserción social (^{Constant, 2022}), dentro de contextos clandestinos que agudizaron las violencias al grado de impedirles desarrollar actividades no estigmatizadas por la sociedad o tener proyectos de vida que contribuyeran a la formación de capitales culturales, debido a que “el sistema educativo ha sido una pesadilla donde el insulto, la crueldad y la violencia operan” (Bello, 2020:107), por lo que en un número significativo de casos fueron analfabetas.¹³

Con independencia de estas circunstancias desfavorables, articularse como trabajadoras sexuales trans y administrar su activismo dentro de parámetros formales representó efectos simbólicos y prácticos, pues tener actas como asociaciones civiles debidamente constituidas y pagar impuestos les abrió la posibilidad, por la legitimidad que esto representa, de ser escuchadas y disputarles a las autoridades y los mandos de la policía un mejor trato. Una persona trans dedicada al trabajo sexual lo narra así:

No nos querían hacer caso, hasta el día que les enseñamos el acta de la asociación (…). Nosotras les dijimos ya estamos pagando un impuesto, nosotras no estamos de gorra y nos tienen que atender. Lo que hicimos cuando ya tuvimos este grupo nos movimos, fuimos con la autoridad de la policía porque ya estábamos protegidas, si no tuviéramos nada nos hubieran agarrado y metido a la cárcel. (…) Fuimos con el presidente municipal y la única que tuvo contacto con el presidente fue la presidenta, fue la única que se metió a hablar y si no querían pues ya teníamos que meternos todas a la fuerza y ya nos tenían que atender, la policía varias veces lo rechazaban y que era imposible hacer algo, el comandante y todo eso, íbamos metiéndonos poco a poco, allí con ellos y luego nos fuimos a palacio municipal y el secretario nos atendió y ya expusimos cómo nos trataban los policías (entrevista a líder trans).

Es indudable que la integración de las organizaciones les generó alcances en términos de justicia y respeto, ya que, como resultado de la formalización pudieron disputar -y siguen disputando- con las autoridades municipales la capacitación de los policías, con el objetivo de cambiar su trato hostil. Pese a los resultados, el hecho de haber concentrado sus aspiraciones colectivas en función de esa pretensión propició un imaginario discriminatorio por parte de autoridades y políticos, quienes durante distintos momentos solo se ocuparon de gestionar sus demandas colectivas en función de la prostitución (ejercerla dentro de los espacios y límites permitidos, y otorgar despensas y preservativos), pero nunca desde una perspectiva capaz de trascender hacia el reconocimiento de sus derechos históricamente vulnerados, por lo que, en relación con su actuación dentro del activismo, su intervención a lo largo de estos años se limitó a acompañar otras demandas.

Todo lo anterior permite apuntar que la etapa de consolidación del activismo LGBTI en Michoacán no se tradujo en conquistas legales; sin embargo, representó la aparición de liderazgos que formaron alianzas con funcionarios de los gobiernos perredistas en turno; el surgimiento de organizaciones debidamente reglamentadas por el Estado; el establecimiento de una agenda pública en Morelia para demandar el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos de la diversidad sexual; la formalización de grupos trans que ejercían la prostitución; la irrupción de marchas masivas en la capital para oponerse a la homofobia, y la inevitable aparición de sedimentos en la participación política.

La conquista de los derechos LGBTI en Michoacán: cambios y transformaciones en el activismo

Cuando se ofrecen explicaciones sobre la conquista de los derechos de la diversidad sexual, estos suelen abordarse como el resultado de décadas de luchas (^{Díez, 2018}). En Michoacán, el proceso no fue distinto. La mayoría de los derechos sustantivos se lograron entre 2016 y 2018, pero las acciones para reclamarlos se iniciaron desde principios del 2000. Ahora bien, las estrategias y los repertorios de la acción colectiva no fueron los mismos, requirieron cambios, transformaciones y adecuaciones en función de las particularidades de los contextos local y nacional a lo largo de los años.

Uno de los primeros cambios se presentó luego de que transcurriera la legislatura LXXI -y parte de la LXXII- sin que se aprobaran las uniones entre parejas del mismo sexo, pese a que en ambas se construyeron redes significativas con legisladores del PRD. A partir de ese momento se decidió, como en otros estados del país, abandonar la vía legislativa y trasladar la disputa al ámbito judicial. Fue así como en 2014 el Grupo de Facto Diversidad Sexual aprovechó el vínculo de su fundador con Gumesindo García Morelos, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y reconocido abogado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se había distinguido por interponer juicios para la protección de los derechos humanos, para impulsar un litigio estratégico con el propósito de que dos personas del mismo sexo se casaran y, al mismo tiempo, se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 123 y 125 del Código Familiar del Estado de Michoacán, por ser discriminatorios, inconvencionales y violatorios del principio de igualdad.

El resultado de explorar los recursos jurídicos fue que, por primera vez en México y sin que el juicio llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un juez del Poder Judicial Federal, al resolver la medida cautelar planteada en la demanda de amparo, ordenó al registro civil de Morelia casar a Claudia López Ramos y Alejandra Banderas Rosales, quienes se convirtieron en la primera pareja de lesbianas en contraer matrimonio en Michoacán.¹⁴ La resolución judicial también vinculó al poder legislativo del estado para que modificara dichos artículos, pero incurriendo en una flagrante omisión, la legislatura LXXII, que contaba con once legisladores del PRD, incluida Selene Vázquez Alatorre, aliada permanente de la diversidad, no legisló por el resto del mandato legislativo debido al bloqueo impulsado por las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN); solo se creó la Ley de Sociedades de Convivencia, que fue vista como un retroceso, por lo que se mantuvo la omisión legislativa (^{López y Guerrero, 2023}).

La alternativa ante el nulo compromiso del congreso para legislar fue aprovechar el escenario político que dejó la tesis de jurisprudencia 85/2015, emitida a finales de 2015 por la SCJN,¹⁵ para replantearse regresar al cabildeo parlamentario y la presión política como métodos para conquistar ese derecho. De esta forma, durante la legislatura LXXIII se aprovechó la presencia de los congresistas Daniel Moncada y Nalleli Pedraza, del Movimiento Ciudadano y del PRD, quienes a inicios del 2016 presentaron iniciativas legislativas con la intención de aprobarlo, al igual que la coyuntura dejada tras la propuesta -fallida- de Enrique Peña Nieto de incorporarlo al artículo 4 de la Constitución, para formar alianzas estratégicas. Una de las más significativas se estableció con Rosa María de la Torre, quien -de forma paradójica, por ser miembro de un partido que históricamente se había distinguido por bloquear su aprobación (PRI)- presentó una iniciativa adicional y asumió un papel por lo demás protagónico en su bancada para que catorce de los quince diputados respaldaran su propuesta. Las alianzas con las bancadas del PRI, el PRD y el Movimiento Ciudadano significaron que, con todo y las ocho abstenciones del PAN y de los posicionamientos del cardenal de Morelia, Alberto Suárez Inda,¹⁶ 27 legisladores votaran a favor de un proyecto de reforma al Código Familiar donde se incluyó la regulación del matrimonio igualitario en el estado.

De manera paralela a este proceso de reconocimiento del matrimonio igualitario, se experimentaron innovaciones radicales en relación con el formato de las marchas y protestas, las cuales pasaron de realizarse mediante planteamientos que, a juicio de algunos miembros, inhibían la participación de la pluralidad de sectores que conformaban las disidencias sexuales, a desarrollarse bajo lógicas abiertamente trasgresoras de la moralidad heteronormativa y de los valores heteropatriarcales de la sociedad moreliana. Los cambios, impulsados por Raúl Martínez Rojas, tuvieron el efecto de incrementar de manera considerable el número de asistentes a las marchas y la incorporación de jóvenes trans al activismo:

Comencé cuando estaba este auge por el “Frente por la Familia”. En la Universidad Vasco de Quiroga hablaban de lo dañino que era el matrimonio igualitario para la población. Nunca seguí como tal las actividades (del colectivo), solo la marcha, pero no más allá de eso, no sabía lo que hacían. Entonces escribo un mensaje al Facebook y pregunto -oigan se va hacer algo con esto que está pasando- (…). Estaba comenzando en ceros mi transición en ese momento, no tenía un círculo tan amplio de personas LGBT conmigo y quería involucrarme en el tema político y además conocer más gente (entrevista a Irene Valdivia).

En un contraste notable con las experiencias previas, se inició una etapa donde, por decisión política, personas trans asumieron un papel protagónico en el activismo por medio del impulso a Divergente, un colectivo de autoayuda, y la Red Michoacana de Personas Transexuales, un espacio de incidencia política. La creación de ambos espacios sirvió, entre otros aspectos, para iniciar reflexiones colectivas que advirtieron discrepancias entre los proyectos de vida de sus integrantes y los rasgos usualmente estereotipados para enmarcar a las personas trans: “noto esa diferencia como persona transexual, estudiante, joven (…). Contra compañeros con trabajo sexual. Yo no estaba migrando, no estaba huyendo de violencia, yo vivía en mi casa con mi familia, estaba estudiando” (entrevista a Irene Valdivia).

Como resultado de estas preocupaciones, la Red organizó eventos socioculturales para cuestionar las representaciones, los sentidos y las significantes de lo trans; deconstruir el imaginario -normalizado- de las personas trans como sinónimo de trabajo sexual, y visibilizar las problemáticas que enfrentaban para desarrollarse en ámbitos laborales o educativos ante la falta de correspondencia entre sus documentos oficiales y sus cuerpos. La puesta en escena de esta novedosa agenda representó una transformación cultural y simbólica que resultó determinante para la aparición de una fisonomía en el activismo LGBTI, que logró trascender de una disputa basada exclusivamente en el trabajo sexual a una por los derechos humanos consagrados en documentos internacionales y, con ello, trasladar la demanda de los espacios municipales de seguridad pública al congreso, gracias a los márgenes de negociación que lograron generar durante la legislatura LXXIII, período legislativo donde discutió el derecho a ejercer la identidad de género.

Precisamente, durante los debates legislativos para la aprobación de este derecho se pudo advertir de manera contundente la influencia y los alcances que tuvieron las transformaciones cualitativas y simbólicas del activismo trans, ya que de un lado estuvo el bloque de organizaciones conformado por Tarascas en Busca de la Libertad, Mujeres Trans Valladolid y Monarcas Libertad, que representaban la oposición -histórica- a los abusos policiales y reclamaban mejores condiciones para ejercer el trabajo sexual. Y del otro, jóvenes, estudiantes, con empleos formales, que representaron la existencia de proyectos de vida en peligro por la incapacidad de adecuar sus documentos en función de sus cuerpos, y durante esta movilización discursiva amplificaron sus posibilidades de negociación con congresistas de los partidos del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para que, el 13 de julio de 2017, un año después de haber institucionalizado el matrimonio igualitario, en una decisión histórica para el estado, se aprobara por decreto una reforma al Código Familiar que reglamentó el derecho de las personas a cambiar la identidad de género sin necesidad de acreditar intervención quirúrgica, terapias o diagnóstico clínico.

Luego de décadas en el activismo sociolegal, la conquista significó un hito para las organizaciones que acompañan causas de la población LGBTI en la capital del estado (^{Maldonado y Guerrero, 2022}). Sobre todo porque, junto al matrimonio igualitario y la no discriminación, el derecho a decidir sobre la identidad autopercibida del género continúa siendo una de las principales consignas que disputan los colectivos y las organizaciones en gran parte del mundo (^{Díez, 2011}; ^{Figari, 2010}; ^{Grinnell, 2016}; ^{López, 2017}). Ahora, en el caso de Michoacán, lo singular de este reconocimiento fue que durante el proceso se pudieron advertir de manera sostenida tres aspectos: 1). La existencia de organizaciones por más de dos décadas oponiéndose a violencias institucionalizadas y logrando avances en el acceso a justicia, reconocimiento y visibilidad (^{Maldonado et al., 2019}). 2). La articulación de los principales líderes con actores políticos del congreso que, por su trayectoria académica, abrazaron el discurso de los derechos humanos en torno a la “obligatoriedad” del estado de armonizar las leyes nacionales en sintonía con los instrumentos internacionales (^{López y Guerrero, 2023}). Una relativa coyuntura política que dejó la aprobación del matrimonio igualitario en mayo de 2016. Pero lo cierto es que, en el balance, la retórica, los capitales y argumentos movilizados en torno a los proyectos de vida de personas trans fueron determinantes para conseguir su aprobación. Así lo enfatiza una de las principales activistas que impulsaron su regulación:

Creo que también ayudó ofrecer otro tipo de narrativa, iban mis compañeras de grupos que son mujeres transexuales en un contexto particular, y llegamos nosotras a hablar como mujeres transexuales, hombres transexuales, jóvenes, estudiantes, trabajadores, entonces cambiamos trabajadores en un empleo regular, mejor visto, pero igual de digno (…) y fue fácil que lo vieran como una urgencia (entrevista a Irene Valdivia).

Además de conquistar este derecho, las modificaciones ocurridas sirvieron para desencadenar un reacomodo en la participación política del activismo LGBTI en Michoacán, ya que históricamente las causas de la diversidad fueron encabezadas por homosexuales y lesbianas; sin embargo, con las transformaciones socioculturales de una parte de la población trans y la aparición de liderazgos como el de Irene Valdivia, primera persona que ejerció el derecho a la identidad de género en el estado, se dinamizó la participación al grado de que, si bien la visibilidad de los líderes homosexuales es mayor, todas las poblaciones gozan de representatividad. Esto se hizo evidente a partir de la elaboración y la presentación en mayo de 2017 del Protocolo de Actuación para la impartición de justicia en casos que involucran la orientación sexual o la identidad de género,¹⁷ donde la diversidad en Michoacán avanzó en colectivo hacia la eliminación de prejuicios y estereotipos en la impartición de justicia en el Poder Judicial del Estado.

Finalmente, la última modificación que se puede advertir en la actualidad es que, como derivación de los reacomodos internos y del cambio de proyecto de incidencia de Gerardo Herrera, después de encabezar el proceso por el matrimonio igualitario, el activismo quedó aglutinado en torno al colectivo Michoacán es Diversidad, espacio impulsado por Raúl Martínez desde 2014, donde regularmente se articulan los esfuerzos de las organizaciones pioneras, como CONVIVE AC, al igual que otras creadas recientemente, como Red Michoacana de Personas Trans; Responde, Inclúyete como Diversidad y Vive tus Derechos; CANTERAS; Responde Diversidad; Diversidad es Participar para Crecer, así como el resto de colectivos emergentes que buscan transformar su realidad, ampliar sus derechos y eliminar los prejuicios, las discriminaciones y las violencias hacia las poblaciones diversas.