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Introducción
La International Commission on Missing Persons (2022) afirma que, aunque existen pocas estadísticas exhaustivas y confiables sobre la desaparición de personas a escala mundial, no se soslayan los cientos o miles de casos de personas reportadas desaparecidas, en particular niñas, niños y adolescentes, como resultado de la trata, la violencia vinculada al narcotráfico, la migración o los conflictos armados. Para este organismo, el problema no respeta fronteras y constituye un desafío global que requiere respuestas estructuradas, sostenibles y coordinadas para enfrentarlo.
En el norte de México, la desaparición forzada (el paradero desconocido de una persona a causa de un delito) o la no localización (el paradero desconocido sin presunción inicial de un delito) de niñas, niños y adolescentes (NNyA) no son la excepción. A mediados de mayo de 2019, en San Luis Río Colorado, Sonora, se reportó la desaparición de Itzel, una niña de 7 años de edad. De inmediato se generó una Alerta Amber: la difusión institucional del caso para la localización. Por desgracia, una semana después Itzel fue encontrada muerta y semienterrada, muy cerca de donde fue vista por última vez. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora calificó el hecho de feminicidio (Reporte Índigo, 2019).
Casos como el de Itzel son uno de tantos que desde hace años prevalecen en Sonora: un estado norteño donde, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO, 2021a), entre 1964 y abril de 2021 se registraron 1 521 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, no localizados o localizados. Aunque el rango temporal es de más de medio siglo, permite conocer un panorama amplio del fenómeno: que, de esta cantidad, 44% de los NNyA aún estaba desaparecido o no localizado, mientras que 56% fue localizado.
Los datos son evidencia de la gravedad del fenómeno de la desaparición o de la no localización de esta población en Sonora, en especial cuando se observa que 4 de cada 10 aún permanecen desaparecidos o no localizados. Y de aquellos que han sido localizados, aunque el porcentaje es mayor, algunos (2 de cada 10) aparecen sin vida. Por otro lado, cuando se analizan los rangos de edad de los NNyA, se descubre que estos van desde los recién nacidos hasta los que tienen 17 años (RNPDNO, 2021b). En particular, es evidente que en su mayoría se trata de niñas y adolescentes desaparecidas, quienes oscilan entre los 12 y 17 años.
Ante esta situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha afirmado que Sonora forma parte de los cinco estados que tienen las tasas más altas de personas menores de 18 años desaparecidas en México (CNDH, 2019, p. 387). Considerando lo anterior, el objetivo del presente artículo es analizar el fenómeno de la desaparición y el de la no localización de niñas, niños y adolescentes en Sonora. Se trata de una exploración preliminar realizada en el marco del Informe sobre el contexto de desapariciones en Empalme, Guaymas y Cajeme, Sonora, México (Hernández y Pérez, 2022), el cual se propuso captar el contexto de la desaparición de personas en Sonora, planteando algunas hipótesis y concentrando la mirada tanto en mujeres y hombres adultos, como en niñas, niños y adolescentes.
A diferencia del estudio anterior, en el presente trabajo se analiza con mayor profundidad y se acota en términos temporales la desaparición y la no localización de la niñez en la entidad. El punto de partida conceptual no necesariamente es la desaparición forzada, porque no se tiene un sustento para afirmar tal cosa. No obstante, en cierta medida la fuente de información que se utilizó ⸻algunas fichas de búsqueda de Alerta Amber Sonora publicadas en Twitter⸻ da algunas pistas para pensar en adjetivar la desaparición o la no localización de niñas, niños o adolescentes como forzada o no, aunque se trata de un primer abordaje del fenómeno.
En el artículo se intenta responder a preguntas en apariencia simples: ¿cuál es el perfil sociodemográfico de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados en Sonora?, ¿cuál es la geografía de las desapariciones o de las no localizaciones en la entidad?, ¿cuál es el fenotipo de las víctimas? Con base en la fuente de información, así como en otras de tipo bibliográfico y hemerográfico, se responden estas y otras preguntas intentando poner en contexto los datos derivados de la investigación. En concreto, se pone el énfasis en los rasgos individuales de las niñas, niños y adolescentes desparecidos o no localizados (variables sociodemográficas) y en los rasgos estructurales del fenómeno (variables espaciales y temporales).
El artículo está dividido en cuatro secciones. En la primera se presentan algunos antecedentes generales sobre el tema, en especial la discusión sobre las causas de la desaparición y sus traslapes con la no localización. Se trata de una discusión teórica breve que intenta poner de relieve algunos de los debates que surgen cuando se habla de desaparición de personas, sea forzada o no, así como de las fronteras difusas entre este término y el de no localización. Sin duda es un tema importante, sobre todo porque se trata de una terminología que emplean las instituciones mexicanas.
En la segunda sección se describe la fuente utilizada y el método para analizarla. Como ya se señaló, se usan algunas fichas de búsqueda de la Alerta Amber Sonora difundidas en Twitter entre febrero de 2015 y abril de 2021. Se eligieron estas fichas porque contienen datos importantes sobre las niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados, como el sexo, la edad, el lugar de origen y de desaparición, entre otros, que al sistematizarlos y analizarlos en el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), dan un panorama del fenómeno en la región, aunque en una temporalidad definida.
En la tercera sección se incluyen los resultados del estudio. En específico, se presenta el perfil sociodemográfico de las niñas, niños y adolescentes desparecidos o no localizados en Sonora; la temporalidad de las desapariciones, tanto en años como en meses; la geografía de estas, enfatizando los lugares de origen de dicha población y los lugares de la desaparición; la fenotipología del grupo, en concreto su complexión y tez; y, por último, se presenta el crimen de robo-venta de recién nacidos como otra expresión del fenómeno, aunque vinculado a la trata.
El artículo incluye al final un apartado de conclusiones en el que se consignan, por un lado, los principales hallazgos de la investigación y, por otro, algunos de los debates teóricos a los que este estudio de caso puede aportar información, en especial considerando los rasgos individuales y estructurales de la desaparición o de la no localización de la población en cuestión, los debates en torno a la distinción entre desaparición forzada y desaparición no forzada y la situación de conflictividad que se vive en Sonora y en otras regiones del norte de México.
Antecedentes generales
Según Calvet (2014), en América Latina la desaparición de niñas, niños y adolescentes, en especial la forzada, puede situarse en un contexto histórico de “guerras sucias” entre las décadas de 1970 y 1980. Por supuesto, en años recientes el fenómeno ha adquirido otros contextos y matices. No obstante, al decir de la misma autora, ante esta situación emergió un marco jurídico internacional de protección de dicha población contra las desapariciones que abarcó el ámbito del derecho penal humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, especificando que:
La sustracción de menores de sus padres desaparecidos constituye una vulneración del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El derecho internacional humanitario también reconoce el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros.
En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, hay instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen derechos de los niños a un nombre, conocer a sus padres y ser cuidados por ellos y prevé que los Estados se comprometan a respetar y velar los derechos de los niños. (Calvet, 2014, pp. 231-233)
Aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que todo niño tiene derecho a medidas de protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, hasta la fecha parece evidente que la desaparición o la no localización de niñas, niños y adolescentes no respeta ninguna de estas disposiciones. Ello se debe a que, como subraya Carrillo (2015, p. 3), el fenómeno es complicado y multifacético: es decir, puede tratarse de la sustracción por parte de un familiar, de un secuestro o incluso de ausencias voluntarias o involuntarias. Es precisamente en este contexto donde se produce un debate en torno a la adjetivación de las desapariciones: como forzadas o no forzadas.
Por ejemplo, en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2017), se enfatiza que “comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona”, además de no aceptar haber cometido el delito o de no proporcionar información al respecto (artículo 27).
La ley define como persona desaparecida “a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito”, mientras que define como persona no localizada a aquella “cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de un delito” (artículo 4). En otras palabras, la desaparición forzada implica la comisión de un delito por parte de un servidor público, un particular o ambos en contubernio, pero el problema es que de entrada es difícil saber si se trata de una desaparición forzada (es decir, de la presunción de un delito) o de una no localización.
De acuerdo con Carrillo (2015), por ejemplo, la desaparición o la no localización de niñas, niños y adolescentes, ya sea de manera forzada o de otro tipo, se relaciona con un problema conceptual, pues “el manejo del concepto de desaparecido es muy amplio, este abarca a todo aquel que se encuentre en paradero desconocido, lo cual puede relacionarse con diferentes cosas” (p. 10). Lo anterior no es para menos, pues incluso a escala internacional hay un debate en torno a lo que significa la desaparición forzada y los posibles actores involucrados en ella. Por ejemplo, en la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas celebrada en 1994:
Se considera desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. (Organización de Estados Americanos [OEA], 1994, p. 840)
Nótese el paralelismo entre la definición de desaparición forzada que se plantea en la Convención Interamericana y la de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Más allá de lo anterior, en esta última definición la desaparición forzada de personas implica la violencia y alguna forma de responsabilidad del Estado o de otros actores, aunque ello no exime de buscar los diferentes matices que hay entre la desaparición forzada y la desaparición no forzada, en especial cuando se trata de niñas, niños o adolescentes. Por otro lado, cuando se analizan instrumentos nacionales sobre la materia, el debate no se centra en si las desapariciones son forzadas o no, sino más bien en diferenciar entre desaparición y no localización, lo que implica otro debate o problema conceptual.
Por ejemplo, en la ley que regula el sistema de Alerta Amber en México (Secretaría de Gobernación, 2014) se distingue entre desaparición y no localización. La primera noción se define como la “situación en la que se encuentra una niña, niño o adolescente cuando su paradero es desconocido, especialmente a causa de una catástrofe, rapto o cualquier circunstancia que no se ubique en el espacio-tiempo en el que debería estar”. Mientras que la segunda noción se define como la “situación que se presenta cuando no se encuentra a una persona en el lugar en que se hallaba”. A primera vista se trata de una cuestión semántica, aunque de fondo implica hacer análisis profundos en torno a los lugares o espacialidad del fenómeno, así como sobre los matices de los hechos donde ocurre.
Sin duda, la desaparición o la no localización de los NNyA implica sumergirse en un problema conceptual si se siguen definiciones internacionales o nacionales, sobre todo si estas se vinculan con otras expresiones de la desaparición, como pueden ser la ausencia, el extravío, la sustracción, entre otras, que pueden ser de manera forzada o no. En este trabajo se ha optado por aludir a la desaparición y a la no localización de niñas, niños y adolescentes no como sinónimos, sino como categorías traslapadas que, a pesar de que la diferencia es la comisión o no de un delito, en términos empíricos y analíticos son difíciles de distinguir, porque las fichas de búsqueda de la Alerta Amber solo aluden a tres estatus de localización: no localizado, localizado vivo o localizado muerto.
La desaparición o la no localización de esta población no solo implica un problema conceptual sino también fenomenológico. Velasco-Domínguez y Castañeda-Xóchitl (2020), por ejemplo, argumentan que el incremento de las desapariciones, en especial de niñas, puede estar relacionado con “dos factores centrales: la existencia de una economía de desposesión de vidas humanas para la acumulación de capital que produce formas específicas de violencia contra mujeres y niñas, y la violencia sistemática contra las mujeres ejercida por agentes de instituciones estatales de seguridad y justicia” (p. 95). Lo que señalan las autoras es por demás importante, aunque en el contexto mexicano no es nada nuevo.
Rodríguez (2017) afirma que el fenómeno es sin duda una violación grave a los derechos humanos y que ha sido una práctica constante en el país, aunque “los perfiles de los desaparecidos, el modus y las motivaciones han cambiado, así como el contexto en el que se desarrollan” (p. 1). Para el autor, la clave está en diferenciar entre las desapariciones que se dan por “razones políticas”, a las que alude Calvet (2014), y las que se dan en un contexto de “crisis social”, en específico en el de la llamada lucha contra el narcotráfico en México.
Como se señaló al inicio, en Sonora esto último es más que evidente desde hace algunos años (Hernández y Pérez, 2022). Hace casi un lustro, por ejemplo, Pérez (2018) advirtió que en la entidad el Estado ejerce violencia contra la ciudadanía en términos de violación a los derechos humanos, afirmando que se trata de formas de vulneración institucional y física. Además, desentrañó dos indicadores de la violencia en Sonora: los homicidios y las desapariciones. El autor concluyó que dicha violencia se explica en parte por la ubicación estratégica de la entidad (frontera con Estados Unidos), aunque también por ser un territorio de influencia y disputa de grupos criminales en México (Pérez, 2018, pp. 15-24).
Sin duda, ambos indicadores de violencia en la entidad forman parte de la violencia exacerbada que se vive en México, pero, como afirma Castro (2021, pp. 95-109), a las desapariciones forzadas se ha sumado el rastreo de fosas clandestinas por madres que buscan a sus hijos o hijas: actividad que se traduce en procesos de búsqueda y resistencia por parte de mujeres ante la negligencia del Estado, la impunidad y la ineficacia de los mecanismos de impartición de justicia. Sin embargo, de acuerdo con Zúñiga (2021, p. 123), tales procesos también han implicado transformaciones subjetivas de las mujeres buscadoras ante la violencia que les circunda y que se hace visible no solo en las desapariciones, sino también en los asesinatos, los feminicidios y el desinterés de las autoridades por la vida de sus familiares y la de ellas.
Según algunos comunicadores (Dalby, 2021, p. 14), las desapariciones en Sonora más bien son resultado de un complejo entramado de factores, pero sin duda están relacionadas con grupos criminales, autoridades locales corruptas, poco entrenadas o desmotivadas y grandes intereses económicos que pueden intersectarse con los intereses criminales. Por otro lado, para Sigala (2020), el problema también se debe a que, aunque en el país existe una ley general en materia de desaparición forzada de personas y en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se integra un capítulo referente a la niñez desaparecida, “hasta el momento no hay acciones concretas para su cumplimiento y con ello lograr conocer el paradero de más de siete mil casos vigentes” (p. 3).
Mientras tanto, los NNyA en Sonora son víctimas reales y potenciales de la violencia en general y de las desapariciones en particular. Como señala Niño (2022, p. 13), además de los homicidios y los feminicidios, entre 2010 y 2018 las desapariciones han sido una constante que afecta sobre todo a niñas y adolescentes, en especial en los municipios de Hermosillo y de Nogales. No obstante, como se mostrará más adelante, el fenómeno adquiere otros matices si se analizan tanto los rasgos individuales de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados como los rasgos estructurales del fenómeno en la entidad.
Fuente y método de análisis
Los registros oficiales sobre personas desaparecidas en México, como el RNPDNO, han sido utilizados para analizar el fenómeno o al menos para aproximarse a una expresión de la violencia que se vive en regiones específicas del país, como Sonora (Pérez, 2018, p. 20). No obstante, como algunas organizaciones y especialistas han señalado, el problema de las fuentes oficiales es el subregistro de la información, además de que los datos registrados en las bases pueden variar de un momento a otro.
Debido a lo anterior, en este trabajo se optó por usar la Alerta Amber como fuente de información. Si bien se trata de un sistema que han adoptado varios países desde la década de 1990 para hacer pública la desaparición de niñas, niños y adolescentes, en México no se instrumentó sino hasta 2012 como Programa Nacional Alerta AMBER, con el propósito de “coadyuvar en la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal” (Alerta Amber México, 2021, p. 4).
En el marco de dicho programa, se decidió implementar diferentes líneas de acción en los estados, entre estas establecer vías para difundir la alerta. Dos de ellas son los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Al respecto, aquí se decidió utilizar las fichas de búsqueda (pósteres con información e imagen de personas desaparecidas o no localizadas) de la Alerta Amber Sonora, en concreto aquellas que se difunden en alguna red social, como es Twitter (@AlertaAmberSon). Aunque la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR) autoriza y activa las fichas de búsqueda, en Twitter la Alerta Amber Sonora es una colaboración ciudadana de divulgación asociada con autoridades, medios de comunicación y familias.
Desafortunadamente, las fichas de búsqueda no distinguen entre personas desaparecidas y las no localizadas. Como se señaló en el apartado anterior, solo incluyen una variable denominada “estatus de localización”, que se divide en tres categorías: no localizado, localizado vivo y localizado muerto. Sin embargo, en conjunto, las fichas de búsqueda fueron útiles como fuente de información debido a que, a diferencia del RNPED, incluyen un abanico de variables sociodemográficas y de otro tipo que pueden sistematizarse, compararse y analizarse en paquetes estadísticos.
Después de realizar una revisión general de los pósteres, se decidió elaborar una base de datos con aquellos que habían sido difundidos entre febrero de 2015 y abril de 2021. El corte temporal se debió a que para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2021a y 2021b), 2015 es el parteaguas de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en Sonora. Y se decidió hacer el corte de la revisión de fichas en abril de 2021. Aun así, se trata de una temporalidad de poco más de seis años que permite tener un panorama sociológico del fenómeno.
La base de datos se construyó en el SPSS. Se recopilaron 111 fichas de búsqueda (o casos) emitidos por la Alerta Amber Sonora en el periodo definido, sobre la desaparición o la no localización de niños, niñas y adolescentes en diferentes momentos y geografías de Sonora. Hay que subrayar que, del total de las fichas de búsqueda, había dos que se referían a sujetos mayores de 18 años, que también se incluyeron en la base de datos porque estaban dentro de la delimitación temporal del estudio. Por otro lado, las fichas de búsqueda contenían información como: 1) año del hecho, 2) mes del hecho, 3) edad, 4) sexo, 5) municipio de origen, 6) estado de origen, 7) complexión, 8) tez, 9) municipio del hecho y 10) estatus de localización.
Cada segmento de la información se consideró una variable en la base de datos construida en el SPSS. Algunas variables ⸻tanto nominales como ordinales⸻ se reelaboraron con fines analíticos (por ejemplo: edad en rangos y municipios en regiones, entre otras). Para el análisis, casi siempre se echó mano de la estadística descriptiva: se observaron frecuencias y porcentajes de cada una de las variables, se elaboraron tablas y gráficas y se realizaron tabulaciones cruzadas para comparar tanto variables cardinales como categóricas. Cabe destacar que también se utilizó información bibliográfica y hemerográfica sobre el objeto o la región de estudio, con el propósito de poner en contexto los resultados de la base de datos.
Un último aspecto en el que hay que hacer hincapié son las limitaciones metodológicas y conclusivas del estudio: debido a que la fuente de información central fueron las fichas de búsqueda de la Alerta Amber Sonora en Twitter, es posible que exista un sesgo de los datos debido a la subrepresentación del fenómeno, pues algunos hechos de desaparición o de no localización de los NNyA no se denuncian. Por consiguiente, las inferencias y conclusiones compartidas a lo largo del texto son solo eso: deducciones basadas en los datos de la fuente y a veces constituyen hipótesis que intentan explicar el fenómeno en la región.
Resultados del estudio
Sociodemografía de los desaparecidos
La información derivada de las fichas de búsqueda de la Alerta Amber muestra que la desaparición o la no localización de los NNyA en Sonora, al menos durante el periodo de análisis, se caracterizó por ser más de personas del sexo femenino que del sexo masculino: 62 y 38%, respectivamente. Los datos no representan novedad alguna si se ven en retrospectiva histórica pues, según el RNPDNO (2021a), esta tendencia se documenta desde hace más de medio siglo en la entidad, incluso en el país.
Si el fenómeno ha sido así desde hace varios años, más bien la pregunta es ¿por qué desaparecen más menores de sexo femenino que de sexo masculino? Una respuesta se encuentra en las perspectivas feministas que aluden a las desventajas y a la vulnerabilidad del género, las cuales producen ese sesgo en las desapariciones (Medina, 2021). Otra respuesta se halla en las perspectivas criminológicas que refieren que en las desapariciones involuntarias o forzadas las mujeres tienen mayor desventaja (Barrios, 2018). Tales perspectivas cobran más sentido cuando los datos de la Alerta Amber se desglosan no solo por sexo, sino también por rangos de edad, como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1 Grupos quinquenales de edad por sexo de los desaparecidos, 2015-2021
| Rangos de edad | Sexo | Total | |
| Masculino | Femenino | ||
| De 0 a 4 años | 4 | 3 | 7 |
| De 5 a 9 años | 10 | 9 | 19 |
| De 10 a 14 años | 20 | 33 | 53 |
| De 15 a 19 años | 8 | 23 | 31 |
| De 20 o más | 0 | 1 | 1 |
| Total | 42 | 69 | 111 |
Nota: los rangos de edad se basan en la distribución que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en pirámides poblacionales.
Fuente: elaboración propia derivada de la base de datos construida en SPSS.
Otra variable sociodemográfica sobre la población de desaparecidos o de no localizados en Sonora es el lugar de origen. En general, se identifica que poco más de 60% de los menores eran originarios de Hermosillo (29.7%), Cajeme (15.3%), Nogales (10.8%) y Navojoa (7.2%). El resto es originario de otros municipios del estado, además de tres que provenían de otras ciudades: dos de Tucson, Arizona (Estados Unidos), y uno de Guasave, Sinaloa (véase Tabla 2). En particular, se observa que, en cada uno de los municipios señalados, la mayoría de los menores desaparecidos o no localizados fueron del sexo femenino.
Tabla 2 Lugar de origen por sexo de los desaparecidos, 2015-2021
| Lugar de origen | Sexo | Total | |
| Masculino | Femenino | ||
| No especificado | 3 | 4 | 7 |
| Agua Prieta | 1 | 1 | 2 |
| Bácum | 1 | 0 | 1 |
| Caborca | 1 | 3 | 4 |
| Cajeme | 5 | 12 | 17 |
| Cananea | 0 | 2 | 2 |
| Empalme | 1 | 1 | 2 |
| Etchojoa | 1 | 3 | 4 |
| Guasave, Sinaloa | 1 | 0 | 1 |
| Guaymas | 3 | 3 | 6 |
| Hermosillo | 15 | 18 | 33 |
| Huatabampo | 1 | 1 | 2 |
| Magdalena de Kino | 2 | 1 | 3 |
| Navojoa | 0 | 8 | 8 |
| Nogales | 5 | 7 | 12 |
| Puerto Peñasco | 0 | 1 | 1 |
| San Luis Río Colorado | 1 | 2 | 3 |
| Tucson, Arizona | 1 | 1 | 2 |
| Ures | 0 | 1 | 1 |
| Total | 42 | 69 | 111 |
Fuente: elaboración propia derivada de la base de datos construida en SPSS.
Cuando se hace un análisis por regiones, los datos muestran que 36% de los NNyA desaparecidos o no localizados era oriundo del sur de Sonora (Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo y Navojoa); 30.6% del centro del estado (Hermosillo y Ures); 24.3% originario de la frontera o del norte (Agua Prieta, Caborca, Cananea, Nogales y San Luis Río Colorado); 6.3% de lugares no especificados; y 2.7% de otras ciudades (Tucson y Guasave). Pero, como se mostrará más adelante, los lugares de origen de los menores tienen cierta relación con los lugares de desaparición.
Además del sexo, los rangos de edad y el lugar de origen, también es importante tener en cuenta el estatus de localización de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados. Sobresale que 28% no fue localizado, 71% fue localizado vivo y 1% fue localizado muerto. Cuando los datos se desagregan por sexo, se observa que, a pesar de la diferencia de frecuencias, en el grupo de menores de sexo masculino el porcentaje de no localizados es mayor (31%) que el del grupo de menores de sexo femenino, aunque es en este último donde se registra la única localización con estatus de fallecida.
Temporalidad de las desapariciones
Además del perfil sociodemográfico de los NNyA desaparecidos o no localizados, también es importante pensar en la temporalidad de las desapariciones; es decir, cuándo suceden o cuándo se reportan más casos. Poco se ha considerado esta información en reportes de instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales ni en diagnósticos académicos. Sin embargo, explorar la temporalidad de las desapariciones es crucial porque puede dar pistas para comprender el fenómeno y ser útil para delinear estrategias de prevención.
En el caso de Sonora, la Alerta Amber proporciona dos variables: el año y los meses de desaparición o de no localización de los menores de edad. A pesar de que la base de datos construida con información de dicha fuente se limita a poco más de un lustro (febrero de 2015 a abril de 2021), da algunas pistas importantes sobre la desaparición o la no localización de los menores. Se observa que el año con mayor incidencia de desapariciones fue 2016 (27.9%). Después el fenómeno decrece y en 2019 aumenta de nuevo (14.4%), aunque no igual que en el trienio anterior. Luego las desapariciones decrecen en la entidad.
Fuente: elaboración de Andrés Sumano derivada de la base de datos realizada en SPSS.
Figura 1 Años del hecho por sexo de los desaparecidos, 2015-2021
¿Qué nos dicen estos datos? Primero, que la desaparición o la no localización de los NNyA en Sonora no ha menguado en los últimos años, ni siquiera en el contexto de la pandemia de COVID-19. Segundo ⸻esto es una hipótesis⸻, que los incrementos o decrementos de los casos reportados podrían explicarse por el cambio de gobierno. Por ejemplo, el aumento de 2016 se da durante un cambio no solo de gobierno, sino también de partido político en Sonora: de la gubernatura de Guillermo Padrés, del Partido Acción Nacional, se pasó a la gubernatura de Claudia Pavlovich, del Partido Revolucionario Institucional, lo que pudo significar el desdén de programas de prevención contra robo o trata de menores de edad. Tercero, que la desaparición o la no localización de los NNyA en la entidad está relacionada con intereses o necesidades de grupos criminales. Afirma Sumano (2021) que “en los últimos años Sonora ha experimentado una crisis de violencia asociada a la disputa entre grupos criminales por las diferentes plazas y rutas de tráfico ilegal en el estado” (p. 1). No es un secreto que se secuestra o se recluta a los menores de edad mediante coerción o engaño para realizar actividades que resultan en su muerte o desaparición (Infobae, 2021). Y cuarto, que el fenómeno también puede estar relacionado con la trata o compra-venta de niños, como sucedió en 2015 (El Universal, 2015).
Por otro lado, en cuanto a los meses de desaparición o de no localización, los datos sugieren, como se muestra en la Tabla 4, que es durante febrero, abril, julio y septiembre de los años analizados cuando más casos se reportaron en Sonora: 45%. A priori esto no dice nada hasta que la información es vista desde otra perspectiva: una menos sociológica y más antropológica, mediante la cual se infiere el posible vínculo de las desapariciones con periodos culturales ⸻o sea, los meses cuando se celebran fiestas comerciales⸻ y con periodos de producción en la entidad, esto es, cuando arriban miles de familias migrantes que laboran como jornaleras en los campos de cultivo de Sonora.
Tabla 3 Estatus de localización por sexo de los desaparecidos, 2015-2021
| Rangos de edad | Sexo | Total | |
| Masculino | Femenino | ||
| No localizados | 13 | 18 | 31 |
| Localizados vivos | 29 | 50 | 79 |
| Localizados muertos | 0 | 1 | 1 |
| Total | 42 | 69 | 111 |
Fuente: elaboración propia derivada de la base de datos construida en SPSS.
Tabla 4 Meses del hecho por sexo de los desaparecidos, 2015-2021
| Meses del hecho | Sexo | Total | |
| Niños | Niñas | ||
| Enero | 4 | 4 | 8 |
| Febrero | 4 | 8 | 12 |
| Marzo | 3 | 6 | 9 |
| Abril | 6 | 9 | 15 |
| Mayo | 2 | 5 | 7 |
| Junio | 3 | 2 | 5 |
| Julio | 4 | 7 | 11 |
| Agosto | 3 | 6 | 9 |
| Septiembre | 6 | 6 | 12 |
| Octubre | 1 | 9 | 10 |
| Noviembre | 2 | 3 | 5 |
| Diciembre | 4 | 4 | 8 |
| Total | 42 | 69 | 111 |
Fuente: elaboración propia derivada de la base de datos construida en SPSS.
Respecto a los periodos culturales (febrero), cívicos (septiembre) o días de asueto familiar (vacaciones de Semana Santa en abril o de verano en julio), estos invitan a pensar que pueden estar vinculados con el fenómeno, pues se trata de periodos en que los NNyA se desplazan, ya sea solos o con su familia, y por lo tanto son más vulnerables al delito o al extravío. Por supuesto, en general solo se trata de conjeturas, pues se carece del contexto oficial de desaparición o de no localización.
Por otro lado, los meses de desaparición, o de no localización de esta población, también pueden estar vinculados a los periodos de producción (López de Rivera, 2018). Esta conjetura se hace por lo siguiente: 1) los datos de la base muestran que 6.3% de los menores desaparecidos era de lugares de origen no especificados; 2) es posible que se tratara de inmigrantes menores de edad, pues en 2015 se documentaron casos de bebés robados a madres jornaleras (El Universal, 2015); y 3) llama la atención que 50.5% de las desapariciones ocurrieron entre los meses de marzo y agosto, periodo durante el cual arriban las familias jornaleras para la cosecha de uvas y hortalizas.
Geografía de las desapariciones
La condición geográfica de Sonora a priori sitúa a la entidad como un lugar sin gente, que da pie a los asentamientos humanos en núcleos dispersos y posibilita la desaparición en un sentido amplio. Es decir, da la percepción de un lugar desértico, como un espacio de vacíos o de aparentes ausencias materiales y simbólicas en el paisaje (Pérez-Taylor, Olmos y Salas, 2007, pp. 9-10). Dicha condición lo hace propicio para las desapariciones en un sentido orográfico y social; también como un lugar donde “es posible hacer la historia y la geografía de las elaboraciones sociales sobre modos específicos de delincuencia o criminalidad” (Mendoza, 2017, pp. 13-14).
A diferencia de los lugares de origen de los NNyA desaparecidos o no localizados, la geografía de las desapariciones es, en apariencia, más amplia e imprecisa. En otras palabras, incluye más municipios donde se han registrado las desapariciones y excluye lugares no especificados o lugares fuera de la entidad. Por ejemplo, mientras que los lugares de origen suman 16 municipios del estado, los de las desapariciones suman 21. La multiplicidad de municipios y la dispersión de territorios a lo largo y ancho del estado parecería a primera vista no tener ningún patrón, pero no es así.
En general, como se observa en la Tabla 5, Hermosillo es el municipio que concentra la mayoría de las desapariciones: 34.2%. Le sigue Cajeme con 16.2%. Y por último Nogales, con 13.5%. En otras palabras, tan solo tres municipios de la entidad concentran 63.9% de las desapariciones. Llama la atención, además, que estos municipios están geolocalizados en puntos estratégicos de Sonora: el sur, el centro y la frontera con Estados Unidos. Parece tratarse de un continuum o corredor geográfico de la desaparición de menores de edad, pero para constatar o desechar esta hipótesis es necesario analizar el fenómeno por regiones.
Tabla 5 Lugares del hecho por sexo de los desaparecidos, 2015-2021
| Lugar de origen | Sexo | Total de frecuencias |
Porcentaje | |
| Masculino | Femenino | |||
| Agua Prieta | 0 | 1 | 1 | 0.9 |
| Álamos | 2 | 0 | 2 | 1.8 |
| Altar | 0 | 1 | 1 | 0.9 |
| Bácum | 1 | 0 | 1 | 0.9 |
| Caborca | 1 | 3 | 4 | 3.6 |
| Cajeme | 6 | 12 | 18 | 16.2 |
| Cananea | 0 | 2 | 2 | 1.8 |
| Empalme | 1 | 1 | 2 | 1.8 |
| Etchojoa | 1 | 3 | 4 | 3.6 |
| Guaymas | 4 | 2 | 6 | 5.4 |
| Hermosillo | 15 | 23 | 38 | 34.2 |
| Huatabampo | 1 | 0 | 1 | 0.9 |
| Ímuris | 1 | 0 | 1 | 0.9 |
| Magdalena de Kino | 1 | 1 | 2 | 1.8 |
| Navojoa | 0 | 5 | 5 | 4.5 |
| Nogales | 6 | 9 | 15 | 13.5 |
| Puerto Peñasco | 1 | 0 | 1 | 0.9 |
| San Luis Río Colorado | 1 | 3 | 4 | 3.6 |
| San Ignacio Río Muerto | 0 | 1 | 1 | 0.9 |
| Ures | 0 | 1 | 1 | 0.9 |
| Villa Pesqueira | 0 | 1 | 1 | 0.9 |
| Total | 42 | 69 | 111 | 100 |
Fuente: elaboración propia derivada de base de datos construida en SPSS.
Agrupando los casos de desapariciones y de no localizaciones, la región centro de Sonora concentra la mayoría, 36.9%, mientras que la región sur, 36% y la región de la frontera, 27%. Los datos son más que evidentes: estas regiones del estado son las que concentran los casos (sobre todo los municipios de Hermosillo, Cajeme y Nogales, como ya se ha señalado) y parecen conformar un corredor geográfico, pues a los municipios de otras regiones no se los señala como lugares del hecho.
Hay algo más que los datos hacen visible: los porcentajes por regiones según los lugares de origen de los menores de edad desaparecidos (Tabla 2) y los porcentajes por regiones según los lugares del hecho, son similares. Por ejemplo, es el mismo porcentaje de menores originarios y desaparecidos en el sur; hay solo una diferencia de 6.3% entre estos en el centro y de 2.7% en la frontera o norte de la entidad. En otras palabras: la desaparición y las no localizaciones de los NNyA suelen ocurrir en sus propios lugares de origen. Por desgracia, no se cuenta con información para saber, por ejemplo, dónde apareció 71% de los menores localizados vivos o 1% de los localizados muertos.
Fenotipología de los desaparecidos
Hasta ahora se ha centrado la mirada en las características sociodemográficas de los NNyA desaparecidos o no localizados de Sonora, en la temporalidad de los hechos e incluso en la geografía de las desapariciones, contrastándola con los lugares de origen. Enseguida el énfasis se pondrá en la fenotipología de esta población, en particular en sus rasgos físicos (mas no conductuales), puesto que la información derivada de la Alerta Amber contempla dos variables importantes al respecto: complexión y tez. Es necesario aclarar que la información en sí proviene de datos proporcionados por familiares, a partir de percepciones propias, por lo que puede haber un sesgo en la información.
La fenotipología es un tema que se ha pasado por alto en las estadísticas oficiales, incluso en la difusión que hacen algunos medios. Más allá de darse a conocer que desaparecen más niñas, niños o adolescentes de tales edades o lugares, pocas veces se sabe cómo eran en términos de su complexión. La información derivada de la Alerta Amber es muy clara: desaparecen más NNyA delgados (58.5%), les siguen aquellos de complexión regular (32.4%) y por último los que son robustos. La misma tendencia la encontramos cuando se diferencia por sexo. Respecto a la tez o color de la piel, desaparecen más aquellos de tez morena clara (52.2%), les siguen los de tez blanca (26.1%) y al final los de tez morena (19.8%).
Tabla 6 Complexión de los menores desaparecidos, 2015-2021
| Complexión | Sexo | Total | |
| Masculino | Femenino | ||
| Delgada | 29 | 36 | 65 |
| Mediana | 0 | 1 | 1 |
| Regular | 11 | 25 | 36 |
| Robusta | 2 | 7 | 9 |
| Total | 42 | 69 | 111 |
Fuente: elaboración propia derivada de la base de datos construida en SPSS.
Tabla 7 Tez de los menores desaparecidos, 2015-2021
| Tez | Sexo | Total | |
| Masculino | Femenino | ||
| Blanca | 10 | 19 | 29 |
| Clara | 1 | 0 | 1 |
| Morena | 15 | 7 | 22 |
| Morena clara | 15 | 43 | 58 |
| Morena oscura | 1 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 69 | 111 |
Fuente: elaboración propia derivada de la base de datos construida en SPSS.
La información permite entender la importancia de considerar la fenotipología de los desaparecidos y de los no localizados no solo para conocer este perfil de las víctimas, sino también para detectar indicadores de riesgos posibles entre la población. Es evidente, por ejemplo, que desaparecen más aquellos que son delgados y morenos, sean niños, niñas o adolescentes, y en menor medida aquellos que son robustos, de tez blanca o clara. Al final de cuentas, se trata de las condiciones de vulnerabilidad que puede tener esta población considerando su fenotipología, además de características sociodemográficas, aunque ello no implica negar las condiciones de violencia criminal que se viven en Sonora y que también puede relacionarse con las desapariciones.
El robo-venta de recién nacidos
Durante el periodo que se analizó, de los 111 casos registrados en Alerta Amber Sonora, hay tres que corresponden a la desaparición de recién nacidos: un niño de 8 meses de edad, una niña de 5 meses y otra de 11 meses. Los dos primeros casos sucedieron en 2018, en el municipio de Hermosillo, y el tercero en 2021 en el municipio de Cajeme. Los dos primeros bebés fueron localizados vivos; el otro aún no se ha encontrado.
La desaparición o la no localización de recién nacidos no es nueva en la entidad. Incluso parece ser que se trata de un fenómeno relacionado con la venta de estos en el marco de un fenómeno más complejo de trata de personas. A finales de 2015, por ejemplo, el entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos afirmó tener “documentados 17 casos de venta de menores por el exfuncionario del DIF Sonora […] cuya red de tráfico de infantes tiene varias ramificaciones en la entidad” (SUN, 2015, p. 1). El delito implicaba a agentes de la Policía Estatal Investigadora, a un doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al regidor de un municipio del sur de la entidad (Gallegos, 2017).
El modus operandi consistía en la intimidación a las madres biológicas o a los familiares, asustándolos con supuestas órdenes de aprehensión por adicciones y presionándolos a firmar documentos. Según la nota, la red de tráfico se asentaba en los municipios de Hermosillo, Nogales, Guaymas y “en las zonas agrícolas de la costa de Hermosillo y valles de Guaymas-Empalme con ‘modus operandi’ similares” (SUN, 2015, p. 7). Llama la atención que los lugares de asentamiento de dicha red de tráfico coinciden tanto con los lugares de origen como con los lugares de desaparición de los menores registrados en Alerta Amber Sonora.
Hay que subrayar que otras fuentes señalan que la red de tráfico en cuestión operaba desde 2012 en la entidad; que la venta de recién nacidos oscilaba entre 80 000 y 150 000 pesos; que las madres eran mujeres con problemas de adicción o jornaleras agrícolas; que los recién nacidos se les vendían a parejas que querían adoptar; y que por lo menos 16 personas de dicha red fueron consignadas ante la autoridad en 2015, “por su probable participación en la presunta comisión de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, así como por la sustracción y tráfico de menores” (El Universal, 2015, p. 1). Por tratarse de un delito federal, el caso atrajo la atención de la entonces Procuraduría General de la República y de la Interpol (Milenio Digital, 2015).
Incluso se especuló que el negocio de la red de tráfico de menores no se limitaba a la venta para la adopción ilegal, sino también “que algunos niños pudieron haber sido ofrecidos para el tráfico de órganos y a redes internacionales de trata de personas”, una versión que “nunca fue desmentida por las autoridades de la PGR” (LAS5, 2016, p. 3). Allende lo anterior, el robo y venta de recién nacidos en Sonora no concluyó con el caso mencionado. Una nota posterior señaló que, en la entidad, entre 2015 y 2017 se había documentado la venta de poco más de 250 recién nacidos en hospitales públicos y privados, lo que preocupaba a organizaciones como la Fundación Find (Cultura Colectiva, 2017).
Por supuesto, el fenómeno no solo se ha hecho público a partir de casos como el descrito. A finales de octubre de 2020, por ejemplo, en Ciudad Obregón se llevó a cabo el secuestro de un niño de dos años de edad, quien fue sustraído a la fuerza a su madre por una supuesta amiga y otros sujetos. Se activó una Alerta Amber y se realizó un operativo policial en Cajeme, Bácum y Hermosillo, para horas después localizar vivo al niño en un baldío (ADN40, 2020). Casos como este no son comunes en cuanto a la localización inmediata del menor (y vivo), pero sí son evidencia de la continuidad del fenómeno y de otros modus operandi en la región.
Conclusiones
Hace poco la politóloga Calveiro (2021) afirmó que “el papel de las ciencias sociales para comprender la desaparición forzada requiere de una perspectiva diferente y mucho más abarcadora” (p. 19). Para la autora, la idea es recuperar los rasgos distintivos del fenómeno, lo que le da identidad, a pesar de que estos no estén presentes en todos los casos. Aunque el propósito de este trabajo no fue en sí explorar la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes, sino la desaparición o la no localización en términos generales, el planteamiento de Calveiro es bastante sugerente.
En este tenor, es más que evidente que hay rasgos distintivos en los casos de Sonora de personas desaparecidas o no localizadas, tanto individuales como estructurales. De una u otra manera, ambos rasgos están relacionados entre sí. En el primer caso, está el hecho de que desaparecen más menores de edad del sexo femenino que del sexo masculino, que se trata en su mayoría de adolescentes y que, sin importar el sexo, hay un patrón fenotípico caracterizado por la complexión (en su mayoría son delgados y de complexión regular) y el color de la piel (tez morena clara o blanca) de los NNyA.
En el segundo caso se detectó, por un lado, que el fenómeno se incrementó en tiempos de transiciones gubernamentales en Sonora y sobre todo en lo que se ha denominado aquí periodos culturales (cuando hay fiestas comerciales, cívicas o días de asueto) o de producción (cuando arriban familias jornaleras); y, por otro, que existe una clara geografía de los lugares de origen de los NNyA desaparecidos y de los lugares de las desapariciones o de las no localizaciones, que en sí trazan un tipo de continuum o corredor en Sonora que va desde la costa hasta la frontera con Estados Unidos.
Ambos rasgos ⸻individuales y estructurales⸻ de la desaparición y de la no localización invitan a repensar, por un lado, los debates teóricos en torno a la desaparición y, por otro lado, la forma en que el fenómeno se inserta en lo que Robledo-Silvestre y Querales-Mendoza (2020) denominan “nuevas conflictividades”, puesto que “el crimen organizado se agrega como actor principal en la guerra por los territorios, la migración forzada y la violencia letal contra las mujeres” (p. 8). Hablar de las desapariciones o no localizaciones implica una discusión conceptual, es decir, pensar primero qué se entiende por tales términos, tanto en la teoría como en la legislación y, por otro lado, una discusión contextual, debido a que las condiciones geográficas (estado del norte del país), orográficas (las formas del terreno desértico, montañoso) y la situación de los hechos son relevantes en el análisis, como se intenta mostrar en el presente estudio.
Como se dijo en la introducción, hay un debate sobre la adjetivación de la desaparición de personas, en particular acerca de lo que significa desaparición forzada (Carrillo, 2015), y además un debate sobre las fronteras entre desaparición y no localización de personas (Secretaría de Gobernación, 2014). En el caso de Sonora, a priori podría decirse que la fuente no da sustento para afirmar lo primero, y menos para distinguir si se trató de niñas, niños o adolescentes cuyo paradero era desconocido (desaparición) o que solo no se encontraban en el lugar donde antes se hallaban (no localización). El meollo es si existe o no la presunción de un delito, lo que remite a una reflexión criminológica, institucional, conceptual, incluso semántica, pero también a un asunto que demanda un análisis de la espacialidad y los significados socioculturales de la desaparición o la no localización en el contexto regional, comunitario y familiar.
En cuanto a la presunción de un delito, parece ser que la desaparición y la no localización de esta población de Sonora están relacionadas con las “nuevas conflictividades” a las que aluden Robledo-Silvestre y Querales-Mendoza (2020). Por un lado, debido a la presencia de redes criminales que, desde la institucionalidad, han sentado precedente en la trata de menores de edad o de recién nacidos (SUN, 2015) y, por otro, a razón de las disputas recientes entre grupos del crimen organizado que, mediante la violencia, contienden por territorios para el tráfico de drogas (Barragán, 2022; Sumano, 2021). Quizás en el proceso reclutan a menores de edad que, como en otros contextos, llegan a ser eslabones desechables de las actividades ilegales (Segura, 2021). Sin duda, en los últimos años la violencia criminal ha sido el contexto que enmarca a Sonora, como a otras entidades del norte de México, pero, sobre todo, el escenario donde se suscitan las desapariciones, tanto de adultos como de niñas, niños y adolescentes.
Por último, hay que subrayar que, aunque los resultados del estudio se limitan a una espacialidad y temporalidad acotadas, incluso a una sola fuente de información, invitan a pensar en los perfiles de los NNyA que tal vez fueron víctimas de la comisión de un delito o de los que podrían estar en situación de riesgo. Además, también incitan a pensar en la posible relación entre pobreza, desigualdad y desaparición o no localización de esta población de Sonora, así como en la relación entre economías extractivas, ya sea legales o ilegales, y en la desaparición de personas mediante métodos de violencia que los recluta, desplaza o desaparece de la geografía regional. Después de todo, el fenómeno en Sonora es complejo. Y es también un fenómeno social emergente (Barragán, 2021, 2022).
