Artículos

 

Una mirada hacia las organizaciones civiles de apoyo al migrante en Baja California y Sonora

 

José Ascensión Moreno Mena^* Lya Niño Contreras^*

 

^* Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 3er piso Unidad Universitaria, Blvd. Benito Juárez s/n, C. P. 21280, Mexicali, Baja California, México. Teléfono: (686) 566 2985 y 566 0658, extensión 116. Fax: (686) 566 2985, extensión 105. Correos electrónicos: jmoreno@uabc.edu.mx / lnino@uabc.edu.mx

 

Recibido en marzo de 2012
Aceptado en septiembre de 2012

 

Resumen

Los migrantes en tránsito, los que intentan cruzar y los devueltos de Estados Unidos, que son presa de todo tipo de autoridad y del crimen organizado, demandan mucha atención, que no es brindada debidamente por el sector gubernamental. Ante tal situación, la sociedad civil organizada en Baja California y Sonora ha tenido que asistir a los deportados y aspirantes a ingresar al vecino país, incluyendo la promoción y defensa de los derechos humanos y la conformación de redes formales e informales. Baja California, debido a su larga experiencia en el tránsito de migrantes, está mejor preparado para atenderlos en cuanto a equipos e infraestructura física y humana no gubernamental. Los datos presentados son resultado de una encuesta aplicada a 21 de las 23 organizaciones civiles existentes en Baja California y a 9 de las 11 en Sonora.

Palabras clave: migración, organizaciones civiles, promoción y defensa, derechos humanos, atención, Baja California y Sonora.

 

Abstract

Migrants in transit, those attempting to cross the border and those who are sent back from the United States, who are prey to all kinds of authorities and to organized crime, generate an important demand for services which are not adequately provided by the government sector. In view of this situation, organized civil society in Baja California and Sonora has had to provide assistance in an attempt to diminish the conditions of precariousness and vulnerability of the migrant population, including advocating for human rights and fostering formal and informal networks. Baja California, due to its long history in dealing with transitory migrants, is better prepared in terms of non-government organizations' equipment, material and human infrastructure. The data presented are the outcome of a survey applied to 21 of the 23 civil society organizations that assist migrants in Baja California and 9 of the 11 in Sonora.

Key words: migration, civil organizations, advocacy, human rights, services, Baja California and Sonora.

 

Introducción

Las organizaciones civiles (OC) que realizan actividades de apoyo, asistencia, asesoría y defensa de los migrantes indocumentados en la frontera norte de México han desempeñado un papel cada vez más activo en los asuntos relativos a la atención de quienes, en su intento de cruzar o al ser deportados desde Estados Unidos, quedan abandonados en un lugar que por lo regular no es "su tierra".¹ Las OC buscan paliar necesidades básicas que surgen del abandono, rechazo, abuso y desolación, producto de las repatriaciones y la pobreza que obliga a emigrar a familias enteras, por lo que su importancia comienza a ser relevante. Ante esta situación, sumada a la precaria atención de las autoridades mexicanas a los migrantes en tránsito y a la incipiente capacidad de respuesta de los gobiernos locales, es que las OC en ambos lados de la frontera han enfrentado solidariamente este problema, aunque de manera limitada.

En los últimos años, Baja California y Sonora se han convertido en los estados receptores más importantes de flujos de migrantes, cuya intención era ir a Estados Unidos o que fueron devueltos de ese país. Las dos entidades recibieron a 75 por ciento de los más de 600 mil eventos de repatriación, que ocurrieron en toda la frontera norte en 2009.Aunque el comportamiento del flujo ha ido en descenso en los siguientes años, pues se reportaron 469 mil casos en 2010, continúan siendo los estados con mayor recepción, ya que captan a 65 por ciento de ellos. En 2011 se registraron 405 mil eventos; dichas entidades recibieron 54 por ciento de ellos.

El propósito de este artículo es presentar un acercamiento a las características de las OC que atienden a migrantes en Baja California y Sonora. El trabajo está dividido en tres apartados; en el primero se vierten algunas precisiones conceptuales sobre lo que se entiende como organizaciones civiles y los modelos que se derivan de ellas; en segundo lugar, se hace un recuento de las que se ocupan de atender al migrante en la frontera norte y sus antecedentes, y al final se abordan las características de dichos organismos en los dos estados. Los datos son resultado de una encuesta aplicada a 21 organizaciones de la sociedad civil de apoyo al migrante, de las 23 existentes en Baja California, y a 9 de 11 registradas en Sonora durante 2009 y 2010.²

 

Las organizaciones civiles, entre la asistencia y la incidencia

Antes de analizar la información relativa a las OC que atienden a migrantes, se harán algunas precisiones conceptuales sobre lo que se entiende como tales y de los modelos a los que por lo regular se hace referencia cuando se discute sobre ellas. En este trabajo se utilizará la definición propuesta por Canto (2004, 57), que las considera como una "organización libre, voluntaria, de ciudadanos, que a partir de la identificación sobre campos específicos de la vida social realizan acciones tendientes al bienestar colectivo, para lo cual pretenden influir en las decisiones públicas y en su normatividad". Las OC son agrupamientos que tienen una estructura de relaciones, con reglas de funcionamiento y objetivos relativamente estables, que tienden a profesionalizar las acciones que realizan y, en la mayoría de los casos, cuentan con personalidad jurídica. Así mismo, se subdividen en asociaciones y movimientos sociales para la defensa de los derechos ciudadanos, organizaciones de promoción, desarrollo y servicios comunitarios y asociaciones de asistencia privada (Olvera 2004).

La relación entre las OC y los gobiernos suele ser contradictoria, pues colaboran con las políticas sociales, pero denuncian las prácticas que consideran erróneas por parte de las instituciones gubernamentales. Y esto es así por la diversidad de ellas.

Los autores que abordan el tema de la sociedad civil organizada, en especial la que dedica sus esfuerzos a atender a los grupos vulnerables, hablan de organizaciones no gubernamentales (ONG), las clasifican por su orientación en el trabajo específico, según el momento histórico en que se encuentran; de esta forma han seguido utilizando el concepto de "generación", entendido como evolución y adaptación al contexto socioeconómico (Revilla 2009). Aunque lo anterior no implica que se den procesos de yuxtaposición de distintas generaciones, coexistencia de varios tipos de organizaciones y marcadas diferencias en diversos países. En esta línea de análisis se retoma la clasificación inicial que hace Korten (1987 y 1990), reformulada por Revilla (2009) y Mesa (2000), que menciona varias generaciones: a) las de la primera o asistencialistas,³ otros las denominan humanitarias, ya que realizan acciones de emergencia (Revilla 2009), con las que pretenden dar respuesta inmediata a las carencias materiales (Mesa 2000); b) las de la segunda o de enfoque desarrollista, que fomentan la participación comunitaria a partir de estrategias de autoayuda, como las herramientas básicas de intervención; c) las de la tercera, que fomentan alianzas o cooperación y la denuncia social (Mesa 2000) y d) las de la cuarta, las promotoras de la educación para el desarrollo humano y sostenible, también denominadas de "empoderamiento", en el sur, y de presión política, en el norte (Ibid.). Estas tipologías encajan en el contexto de los países desarrollados, porque por tradición han contado con el apoyo económico de fundaciones gubernamentales, religiosas, de las instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que les permite una mayor cobertura y profesionalización. Además, las acciones de estos grupos se presentan en un público con mayor nivel educativo, receptivo y demandante de sus derechos. Pero, ¿qué pasa con las organizaciones en los países en desarrollo, como México y algunos de América Latina? Montalvo (2007), retomando la propuesta de Korten (1987 y 1990) para el caso latinoamericano, prefiere dividirlas en dos tipos: las de carácter asistencial y las de promoción para el desarrollo, esta tipología es reduccionista porque deja fuera las iniciativas ciudadanas, que pretenden influir en las decisiones políticas de los gobiernos.

En México resulta más operacional clasificar a las organizaciones en tres tipos, que en la realidad no aparecen con la pureza de las definiciones, pero sí pueden servir como herramientas metodológicas para entender el quehacer de los grupos analizados según sus fines. En ese sentido, están: a) las civiles asistenciales, cuya finalidad es proveer un bien o servicio a sectores pobres, donde sus acciones están más encaminadas a la filantropía, y no tienden a resolver problemas causales de pobreza e indigencia sino sólo a paliar sus efectos, que en ocasiones tienden a suplantar al Estado en esas acciones; b) las de promoción para el desarrollo, que tienden a privilegiar en su trabajo la educación y la capacitación, el desarrollo organizacional de los sectores populares, en busca de una mayor participación de ellos en el contexto social y político; le dan un peso importante al desarrollo de la conciencia y a la denuncia pública, y c) las de incidencia, que privilegian la participación política y social de los actores, para la construcción de un país más democrático y equitativo; sus acciones están encaminadas a influir en las políticas públicas, legislativas y en todas las acciones de gobierno, dan prioridad al cabildeo y la denuncia, y siempre presentan propuestas. Los tipos descritos están presentes en el contexto mexicano, si bien es cierto que predomina el primero, hay organizaciones que pretenden rebasar el asistencialismo y proponen cambios estructurales, que chocan con la visión de los gobiernos en turno pero no necesariamente llegan al antagonismo.

El potencial de las OC para coadyuvar en los programas sociales es grande, sin embargo, no siempre existen las condiciones favorables para que participen en la toma de decisiones políticas en los estados del país. Hay una escasa cultura política de los gobernantes, que impide una visión de colaboración mutua sin subordinación entre gobierno y sociedad civil. Los canales de acceso al sistema político son limitados, y la persistencia de prácticas añejas de corporativismo y falta de transparencia dificultan su participación en políticas públicas.

 

Las organizaciones civiles de atención al migrante en Baja California y Sonora

Están identificados dos momentos históricos de auge de las OC que apoyan a los migrantes, el primero es el previo a la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (The Immigration Reform and Control Act) en los años ochenta. Las OC surgidas entonces, sobre todo en Baja California, Tamaulipas y Chihuahua, tenían un carácter de promotoras y defensoras de los derechos humanos; ya que documentaban las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, presentaban denuncias públicas y desarrollaban procesos de capacitación en derechos humanos, tal es el caso de los Centros de Información y Estudios Migratorios. El segundo momento fue durante el Gobierno de Bill Clinton, en la década de 1990, cuando se puso en marcha, en octubre de 1994, la Operación Guardián (Operation Gatekeeper). En dicho periodo surgió la mayoría de las actuales OC de apoyo a migrantes, con la salvedad de que funcionaban con un carácter meramente asistencial.

En la actualidad, y con las reservas del caso, hay cerca de 51 OC de apoyo al migrante en el norte de México; en la región fronteriza Baja California-California, en especial en las ciudades de Tijuana-San Diego, es donde han proliferado más, por ser una zona tradicional de cruce (Moreno et al. 2012). Esto explica que en el estado predominen organismos defensores de migrantes, y que en los años ochenta fuera la principal zona de tránsito de migrantes hacia Estados Unidos.

Lo sorprendente es que Sonora, que por tradición había sido una entidad expulsora de población, se convirtiera de pronto en una de tránsito y recepción de migrantes, tanto de quienes intentan internarse en Estados Unidos, como de los que han sido devueltos de territorio estadounidense.⁴ Esta nueva afluencia de migrantes, junto con el escaso apoyo gubernamental en esa frontera, explica parcialmente la proliferación de organizaciones de la sociedad civil que se preocupan por atenderlos.

Esta situación no se explica del todo, porque a las OC se suma la activa participación del obispo de la Diócesis de Hermosillo, quien ha ejercido una pastoral social enfocada a los migrantes, además el empresariado sonorense ha apoyado a las OC de migrantes. Por ejemplo, existe un evento llamado "Migratón", único en su especie, ya que participan asociaciones civiles, el sector empresarial y últimamente el gubernamental, con la finalidad de recaudar víveres (ropa, calzado, comida y medicamentos, entre otros), para las personas que se encuentran en tránsito por distintas ciudades sonorenses, y se realiza desde hace cinco años en Agua Prieta, Nogales y Cananea.

 

Características de las organizaciones civiles de apoyo a migrantes en Baja California y Sonora

La estructura de una organización refleja las responsabilidades de sus integrantes, los roles que deben jugar en los ámbitos interno y externo. Se relaciona con la autoridad y la forma que adopta, y re-mite también a su formalidad e informalidad y a la seriedad (Favela et al. 2003). Para analizar este rubro, se contempló el periodo de operación, el tamaño de los organismos, el tipo de registro y número de integrantes.

En cuanto a los años de operación, en términos generales en ambos estados, 45 por ciento de las organizaciones tiene entre uno y diez; un tercio inició hace 15 o 20 años, mientras que 24 por ciento tiene más de 20, esto puede indicar que comenzaron a operar recientemente. La mayoría se creó a finales de los años noventa, cuando los operativos de control migratorio –como la Operación Guardián– se encontraban en su máximo apogeo, y se habían puesto en marcha las medidas antiterroristas del gobierno estadounidense.

Las organizaciones de Baja California son más antiguas, dos tercios iniciaron sus actividades hace 11 o 20 años; una tercera parte tiene entre uno y diez de operación, sólo 10 por ciento tiene más de 20, lo cual corresponde con la antigüedad de la presencia de migrantes en Tijuana, pues esa ciudad llegó a ser el centro más importante de cruces migratorios durante los años ochenta. Las de Sonora son más recientes, dos tercios comenzaron a operar desde hace uno y diez años, periodo en el que el desierto se convirtió en una zona de cruce migratorio importante, y 22 por ciento tiene entre 11 y 20 años.

La mayoría de las OC de apoyo al migrante cuenta con un registro formal ante las instancias legales correspondientes, así cada una busca autonomía e independencia, y participar en los concursos públicos para la obtención de recursos que puedan ayudarles a mejorar la atención. Años atrás, la mayor parte de estos organismos eran de corte religioso, y las iglesias asumían el rol de apoyar a los más necesitados y desamparados. Hoy han modificado su estructura organizativa y, sin perder su vínculo con la Iglesia, funcionan con registros formales y una administración más moderna.

En cuanto al tipo de figura jurídica, al que más recurren las OC, en términos generales, es a la asociación civil, poco más de 70 por ciento está constituida como tal, mientras que el restante 30 adopta registros distintos, incluso algunas todavía no poseen uno formal. Es más comprensible que se opte por la asociación civil, en primer lugar es más flexible para incorporar objetivos diversos; en segundo, porque no existe una legislación adecuada para la gran variedad de categorías de agrupaciones que están surgiendo continuamente.⁵

Cuando se analizan los datos por estado, hay algunas diferencias importantes. En Baja California, todas las OC que prestan apoyo a los migrantes cuentan con una estructura organizativa formal, la mayoría tiene un registro legal que les da presencia jurídica y les permite acceder a recursos públicos. En Sonora, en cambio, casi 80 por ciento cuenta con registro legal y 20 no, esto se explica debido a la juventud de los grupos, ya que algunos apenas iniciaban operaciones al momento de realizar el trabajo de campo.

Es importante destacar el aspecto de la formalización jurídica, porque las OC se encuentran dotadas de mecanismos internos de representación que actúan, la mayoría de las veces, como vehículos de representación ante otras asociaciones y los sectores público y privado (Favela et al. 2003). Una figura legal les permite tener reconocimiento jurídico ante las instancias tanto de gobierno como de las no gubernamentales; realizar una serie de trámites para acceder a recursos públicos o privados; les da la posibilidad de convertirse en donatarias, es decir, que puedan recibir recursos por parte de las empresas privadas y éstas, a su vez, deducirlas de sus impuestos; extender recibos por servicios prestados, efectuar convenios, contratos, participar en concursos y recibir donaciones.

En cuanto al tipo de registro por estado, en Sonora existe mayor diversificación; más de 20 por ciento de las organizaciones adoptaron la modalidad de asociación civil, y más de 90 de las de Baja California. En Sonora, un tercio de las OC está registrado como religiosas, 11 por ciento como instituciones de asistencia privada, otro 11 como de beneficencia privada; de éstas últimas Baja California sólo tiene 5 por ciento. En Sonora hay 20 por ciento sin registro formal, lo que no sucede en Baja California, debido a que en esa entidad el concurso por los recursos económicos las obliga a registrarse formalmente, y así tienen más experiencia por la antigüedad; además, en 2001 se creó la Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social, para Baja California, que obligó a las OC a registrarse en un catálogo (Periódico Oficial 2001).

El número de integrantes sirve para saber que la media de las OC tiene 19.25 miembros, por lo que, en términos generales, son pequeñas; pero al analizar estos mismos datos por estado, en Baja California cada grupo, en promedio, está formado por 9.2 personas, y en Sonora por 40.2. Esta brecha tan grande se puede explicar por la proporción de voluntarios en Sonora, y por el acercamiento tan estrecho entre sus OC con las religiosas, y a que una gran cantidad de las primeras está también integrada orgánicamente a las iglesias. Cabe mencionar que, en general, en ellas laboran, en promedio, 14.7 mujeres y 8.6 varones; dos terceras partes de los miembros de base y voluntarios son mujeres, mientras que una tercera parte son varones. Esta proporción es muy similar en ambos estados.

Con respecto al funcionamiento de estas organizaciones, destaca que uno de los factores más relevantes en cuanto a su ejercicio diario es el capital humano con que cuentan, ya que sin él no podrían funcionar ni hacerlo de buena forma. Casi todas tienen personal voluntario, lo que les permite expandir sus actividades e intensidad, también resulta un buen termómetro para observar el grado de avance hacia su consolidación. La media de voluntarios por grupo, comparado con el promedio de miembros totales por organización, permite afirmar que, en términos generales, las que atienden a migrantes en ambos estados dependen en más de 70 por ciento del trabajo voluntario, lo que da muestra de este gran activo. En Baja California, dichas instituciones dependen en 65 por ciento del voluntariado, porcentaje que se eleva a más de 90 en Sonora. Esto pudiera explicarse también por la relación tan estrecha de un gran número de ellas con las iglesias locales, que son las que aportan personas de apoyo.

Por otra parte, más de 80 por ciento de las organizaciones cuenta con personal asalariado, esto indica que hoy el voluntario no es suficiente para el buen funcionamiento del albergue o centros ya que, por la complejidad administrativa de las instituciones, deben ocuparse de asuntos más específicos y además se necesita, según el tipo de servicios y horarios, de personal de tiempo completo que apoye y acompañe todo el proceso (atención de migrantes, documentación, limpieza y vigilancia, entre otros).

En ambos estados, un promedio de 3.1 personas por organización reciben sueldo o salario, lo que también implica prestaciones como seguro social y las derivadas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Esto comprueba la aseveración de que las OC son más eficientes en el uso de los recursos, pero también muestra las carencias de personal para mantener una profesionalización que permita realizar más actividades.

En cuanto al nivel de instrucción académica de los directivos de las agrupaciones civiles de apoyo a los migrantes en ambos estados, éstos se dividieron en dos categorías: los coordinadores operativos y los administradores, no se incluyó a los presidentes o el representante legal, porque la mayoría de las veces ellos sólo son figuras de representación jurídica o política, y no desempeñan un trabajo práctico. Una tercera parte de los operativos tienen bachillerato terminado, y otra tercera realizó estudios profesionales, mientras que uno de cada diez terminó la secundaria y 13 por ciento cursó una carrera técnica, regularmente de trabajo social.

Cuando se analizó la escolaridad por estado, se encontraron algunas diferencias importantes, en Baja California cuatro de cada diez estudiaron una carrera profesional, en cambio en Sonora la proporción es sólo una tercera parte. En Baja California un tercio de los operativos cuenta con bachillerato terminado, mientras que en Sonora es la mitad, donde ningún operativo llegó a la secundaria, aunque 11 por ciento realizó estudios técnicos. En Baja California se encontraron operativos que sólo cursaron hasta secundaria, esto es 15 por ciento.

Respecto a los coordinadores administrativos, el nivel de instrucción es un poco más bajo que el de los operativos, un tercio acreditó una carrera profesional, una cuarta parte estudios técnicos, dos de cada diez cursaron el bachillerato, uno de cada diez terminó la primaria y una proporción similar la secundaria. En Baja California, cuatro de cada diez administradores concluyeron una carrera profesional, y en Sonora sólo uno de cada diez. En lo que respecta a los que estudiaron bachillerato, en Baja California fue uno de cada diez y en Sonora cuatro de cada diez. En el nivel técnico, en Baja California una cuarta parte de los administrativos llegó a ese grado, mientras que un tercio en Sonora.

Uno de cada diez administrativos de Baja California y Sonora sólo terminó la primaria. En cuanto a la secundaria, 15 por ciento la cursó en Baja California y ninguno en Sonora.

 

Modelos de atención

La mayoría de las OC se enmarca en el modelo asistencialista, con la estructura funcional de un albergue, comedor o dispensario médico, donde se prestan los servicios de hospedaje, comida, aseo e higiene. Sólo 17 por ciento de los centros es de apoyo, que pueden ser de promoción de derechos humanos o módulos de recepción en las garitas, que van más allá del simple asistencialismo; 10 por ciento son comedores, donde se brinda alimentos y alguna atención médica preventiva. Un porcentaje muy pequeño ofrece servicios de salud básicos a los migrantes.

En ambos estados más de 70 por ciento de las organizaciones son albergues que atienden necesidades básicas; en Sonora los comedores son más comunes, debido a la intermitencia de los migrantes. En Nogales, a partir de 2011 se instaló un dispensario médico para atender a migrantes, por parte de la Iniciativa Kino.

Como una primera categorización general, de acuerdo con el tipo de servicio que prestan, las OC se distinguen en casas o albergues del migrante, que funcionan como lugares de alojamiento temporal y proveen techo, comida, vestido, atención médica inmediata, servicios de higiene, enlace telefónico con familiares, información, asesorías y gestión. El grueso de ellas está íntimamente relacionado con las asociaciones religiosas, ya sea de manera orgánica –que dependen de ellas– u operativa; sus representantes por lo regular son sacerdotes católicos, que se apoyan en voluntarios y laicos, y sus modelos operativos se ubican como asistenciales. Son organismos pequeños y de reciente formación, no más de diez años. En general los usuarios son migrantes varones, deportados desde Estados Unidos o que intentan cruzar la frontera, con el propósito de encontrar un empleo. Son muy pocos los albergues que están habilitados exclusivamente para mujeres o niños en ambos estados, sin embargo, con el incremento de esta población en los últimos cinco años, las casas han tenido que acondicionar sus instalaciones para asistirlos, o han surgido nuevos para este grupo de migrantes. El trabajo voluntario es uno de sus principales activos, pues con menos recursos y libres de la exagerada burocracia gubernamental tienen logros importantes.

También están los comedores para migrantes, habilitados y por lo común a cargo de iglesias; proporcionan alimentación y alguna supervisión médica preventiva. Pretenden atender una necesidad de emergencia, ya sea alimentaria o de salud, por lo que son clasificados en el modelo asistencial. Tienen límite de horario, y en algunos casos les piden una cuota de recuperación a los comensales; algunos entregan tres comidas al día y otros sólo una. Son atendidos por voluntarios o por monjas, si el comedor pertenece a una iglesia.

Los módulos de apoyo a repatriados canalizan a las personas según sus necesidades, a instancias gubernamentales y de la sociedad civil, los asesoran y gestionan apoyos. El modelo de intervención de los módulos es complementario al asistencial ya que, además de proporcionar alimentos y bebidas de manera inmediata y brindar primeros auxilios, realizan labor de monitoreo de violaciones a derechos humanos y documentan los casos. Mantienen una relación muy estrecha con las casas a las que son canalizados los migrantes, así como una comunicación constante con las autoridades gubernamentales relacionadas con esta población.

Los centros de derechos humanos del migrante (CDHM) realizan actividades de promoción, capacitación, documentación y defensa íntegra, generan reportes informativos y estadísticos de violaciones a derechos humanos, los cuales se difunden a los órganos gubernamentales y a la opinión pública en forma de denuncias. Los CDHM van más allá del modelo asistencial y de la promoción para el desarrollo, porque promueven el respeto a la dignidad humana de las personas migrantes, por medio de acciones legales, políticas y educativas en un esfuerzo por incidir en las políticas públicas a favor de este sector vulnerable. Su trabajo está más dirigido a la conciencia que a lo material, aunque en algunos casos se convierten en la voz de las casas de migrantes. Están coordinados por laicos, académicos o activistas comprometidos con esta población móvil. Podría decirse que se acercan más al modelo de organizaciones que buscan la incidencia pública; pero por desgracia son muy pocos, dos en Baja California y uno en Sonora.

 

Infraestructura de las organizaciones

Para hacerle frente a las necesidades de los usuarios, los centros de apoyo requieren una infraestructura importante para prestar sus servicios de forma eficiente, por esa razón uno de los aspectos fundamentales para la estabilidad de las organizaciones es su infraestructura, en particular el local donde realizan sus actividades, ya que ello les permitirá establecerse en un lugar fijo y, como consecuencia, tener un punto de referencia para su localización. Más de la mitad no tiene uno que pueda considerarse propio y patrimonio de la institución. Algunas funcionan en locales rentados, lo cual disminuye la oportunidad de utilizar más recursos para destinarlos a los usuarios; otras los consiguen prestados de benefactores o están en comodato, ya sea en común acuerdo con alguna iglesia o sector público.

Las OC de Sonora tienen más carencias, pues casi 80 por ciento no cuenta con un local propio. En Baja California la mitad está trabajando en espacios prestados, rentados o en otra situación, pero 50 por ciento tiene los propios. Carecer de un lugar propio crea incertidumbre sobre el futuro de las organizaciones, porque no se pueden hacer ampliaciones sin el permiso de los dueños, o si éstos se los requirieran algunas se quedarían en completo abandono. Además, el local es un espacio físico que contribuye a generar una identidad como organización.

En lo que respecta a la infraestructura operativa, más de 90 por ciento de los centros cuenta con mobiliario propio, todos tienen teléfono; algunos han recibido apoyos de la empresa Teléfonos del Noroeste para instalar líneas de manera gratuita, sin embargo, las tarifas se les cobran como a cualquier particular; 90 por ciento tiene fax y computadoras, algunas donadas por fundaciones o adquiridas con los fondos de coinversión. El uso del teléfono y el fax son esenciales para mantener la comunicación de los migrantes con sus familiares. Ocho de cada diez organizaciones cuentan con internet, ya que ello les facilita el contacto con sus pares, y dos terceras partes poseen fotocopiadoras y vehículos, que les permiten movilizar y trasladar a migrantes hacia los albergues.

Figura 9

Los centros de apoyo han desarrollado una infraestructura importante dentro de sus locales, para hacerle frente a las necesidades de los migrantes; si se descarta a los que no son propiamente albergues, 82 por ciento tiene cocina y un espacio para comedor; dos terceras partes cuentan con dormitorios, la mitad tiene sala de entretenimiento y salón de usos múltiples y casi 90 por ciento tiene baños con regadera.

La población que atienden los centros de apoyo es un factor sintomático de la situación que priva en la entidad donde hay flujos de migrantes. Cuando se abrieron, la mayoría de los centros atendía sólo a un sector de ellos, sin embargo, la problemática se ha vuelto compleja, de tal forma que ahora la atención se ha diversificado, y algunos establecen prioridades por sexo o edad, pero no en cuanto a la nacionalidad, religión o pretensiones. Los grupos ligados a las iglesias manifiestan su ecumenismo y afán altruista, al aceptar a cualquier migrante sin distingo de creencias. En lo que coincide 90 por ciento de las OC es que los usuarios son preponderantemente personas devueltas de Estados Unidos, sean varones adultos, mujeres o menores.

Dos terceras partes de las organizaciones civiles de apoyo al migrante son albergues que permiten la estadía por varios días, y los que no lo son ni cuentan con habitaciones sólo de manera excepcional ofrecen hospedaje por un día. Una tercera parte no brinda albergue, puesto que son módulos, comedores o dispensarios médicos.

Más de dos tercios de las OC que atienden y brindan hospedaje fijan límites para los usuarios, mientras que un tercio no. Algunas son muy flexibles, y autorizan estadías por más del tiempo establecido, siempre y cuando la persona haya encontrado trabajo y no tenga donde dormir, el límite promedio es de diez días; mientras que un tercio establece de tres a diez; la mitad entre 15 a 21, aunque en la práctica eso no se cumple de manera estricta por diversas circunstancias, entre ellas la temporada, pues en invierno se reduce la llegada de migrantes y eso permite más espacio. Los usuarios no permanecen mucho tiempo, la media es de 6.3 días pero, en términos generales, en ambos estados más de 70 por ciento se queda de uno a nueve, lo cual indica que hay mucha rotación.

Servicios

En cuanto a los servicios básicos que prestan las OC a los migrantes, se dividen en personales y de tipo colectivo. En los primeros destacan los siguientes: a) 93 por ciento otorga alimentación; b) 76 por ciento brinda apoyos de aseo e higiene individual, al permitir el acceso a los sanitarios y las regaderas y al proporcionar materiales de limpieza personal como cepillos de dientes, jabones y rastrillos, entre otros; c) 89.7 por ciento da ropa y calzado, que a su vez es donado por la comunidad, un poco más de la mitad facilita el teléfono para que los migrantes puedan comunicarse con sus familiares, sólo un cuarto de ellas les ofrece ayuda económica para que retornen a sus lugares de origen.

Figura 10

Es importante mencionar que, aparte de los servicios tradicionales de carácter asistencial, las OC han incorporado otros que la misma dinámica de necesidades de los migrantes está demandando, más de la mitad de ellas realizan acciones relativas al campo jurídico, dos terceras partes gestionan tarifas preferenciales con las líneas de transporte, para que retornen a sus lugares de origen cuando así lo requieran. Ocho de cada diez auxilian con trámites administrativos, y dos terceras partes apoyan en el cambio de cheques y money orders a los que ya no pueden volver a Estados Unidos.

Pocas OC tienen la infraestructura para prestar servicios de salud, sin embargo 23 de las entrevistadas ofrecen alguno; 41 por ciento proporciona primeros auxilios, cuando algún migrante llega luxado, golpeado o con un problema menor; 17 por ciento, que incluye a los dispensarios médicos, puede ofrecer consultas primarias en sus instalaciones, esto lo hacen porque tienen convenios con instituciones gubernamentales o médicas, que envían a algún pasante de medicina, o bien si llegan a tener un prestador de servicio social del área médica. Otro 10 por ciento realiza acciones de prevención y 3 otorga medicamentos que no requieren receta; el resto no brinda servicios de salud o bien canalizan a las instituciones correspondientes a los migrantes que llegan con algún problema de salud.

En todos los rubros se observa una pequeña diferencia en las OC de Baja California en cuanto a la gestoría, con respecto a las de Sonora, lo cual puede explicarse porque las primeras tienen mayor tiempo en las actividades de apoyo, cuentan con mayor experiencia y mantienen una relación de colaboración mutua con los tres órdenes de gobierno.

 

 

Donaciones

Las OC, como entidades sin fines de lucro, reciben donaciones de particulares y de empresas privadas de forma constante, la mayor parte son en especie, más de 90 por ciento de ellas reportan donaciones. En este aspecto, el comportamiento es similar en ambos estados, aunque destaca que todas las de Sonora son más favorecidas en algún tipo de apoyo en especie, y los más comunes son ropa y calzado, cobijas y sábanas, medicinas y materiales de limpieza.

Figura 13

 

La participación de las organizaciones civiles en redes

En los últimos años, las OC del país han concretado procesos de articulación con actores sociales, sobre todo con sus pares de otras regiones o de su propia localidad, conformando redes temáticas, regionales e internacionales; gracias a ello han podido mantener un grado de desarrollo en sus objetivos o actividades. Cuando los organismos conservan relaciones de intercambio entre sí en forma reiterada, de manera duradera o coyuntural, entonces las redes terminan por institucionalizarse.

Las redes significan la conformación de proyectos conjuntos, relacionados en forma estrecha con los procesos económicos, políticos y culturales, que generan nuevas formas de acción e intervención social, con propuestas y alternativas viables y válidas para sectores específicos de la población del país.

Asimismo, las redes permiten que los miembros de las OC tengan acceso en forma ágil a información más completa sobre sus entornos; también favorecen el aprendizaje, ya que hacen posible sintetizar toda la información, y dar como resultado una identificación cualitativamente distinta de cada uno de los nodos que las integran. Así, la trasmisión fluida de información produce una nueva en el ámbito de la red (Castells 1999).

Las redes permiten también multiplicar la acción internacional, cuando el objetivo es presionar para que un país cambie algunas leyes o políticas públicas, es decir, cuando hacen "diplomacia ciudadana". Por último, ayudan a obtener recursos de una manera más ágil; a través de ellas es posible negociar con los funcionarios estatales, y desarrollar una actuación autónoma.

Trabajar en red genera muchos beneficios, sobre todo en el manejo de información y el empoderamiento de las organizaciones, además facilita la promoción y defensa de los derechos humanos. Estar asociadas, de alguna forma las valida ante la opinión pública, y refuerza su estructura político-social en cuanto a generar incidencia pública en temas de interés común; por ejemplo la violación de los derechos humanos de los migrantes. Por otra parte, y desde un punto de vista más pragmático, ser parte de una red ayuda a abaratar los costos de operación de las OC.

En ambos estados, la construcción de redes ha sido fundamental para pasar del asistencialismo y la filantropía a la promoción de los derechos humanos. De acuerdo con la información recabada, 72.4 por ciento de las organizaciones encuestadas participa en alguna red. Y el comportamiento es muy similar, como se observa en la figura 14.

Como ya se mencionó, las OC en pro de los migrantes comenzaron a rebasar el asistencialismo y a ser más protagónicas en la defensa de los derechos humanos cuando surgió la Operación Guardián y Save Our State (SOS), mejor conocida como la "proposición 187", que se planteó en California, en septiembre de 1994. Hubo respuestas en ambos lados de la frontera; en Baja California, fue en la región Tijuana-San Diego donde se desplegó la mayoría de las acciones ciudadanas, que pretendían influir en algunas decisiones de política pública y relaciones entre los dos países, de tal forma que beneficiaran la situación de los migrantes. Sin embargo, también en la región Mexicali-Caléxico se presentaron algunos eventos significativos, y fue a partir de ellos que empezaron a conformarse redes y coaliciones en las ciudades fronterizas.

Derivada de esta experiencia local de trabajo conjunto, meses después se constituyó la Coalición Pro Defensa del Migrante, por seis agrupaciones bajacalifornianas dedicadas a otorgar asesoría jurídica y ayuda material a los migrantes.⁶ Los objetivos fundamentales de la conformación de este espacio estatal fue la documentación de casos de violación a los derechos humanos y el intercambio de información, el principal instrumento de denuncia que comenzó a utilizar fue el monitoreo, cuyos resultados se presentaban en los medios de comunicación locales y nacionales. Después surgió otra red informal en Mexicali, grupos pertenecientes a la Iglesia católica-Diócesis de Mexicali empezaron a trabajar de manera conjunta a favor de los migrantes.

Actualmente, la Coalición Pro Defensa del Migrante documenta casos de violación de derechos humanos de migrantes en los módulos ubicados en las garitas de Tijuana y Mexicali; cuando las denuncias implican a autoridades locales, las hacen llegar a la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También presentan sus denuncias ante la Subcomisión de Migración del municipio de Tijuana, y cuando las violaciones se hacen sistemáticas recurren a la denuncia pública ante los medios, herramienta que les da mejores resultados.

La Coalición Pro Defensa del Migrante emite un boletín de prensa cada vez que ocurre algún hecho violatorio de los derechos humanos que rebasa la cotidianidad, como los asesinatos, la brutalidad policiaca y fechas significativas relativas a los derechos humanos. Algunas de sus afiliadas presentan sus datos en revistas o publican libros. La coalición mantiene una relación regular con autoridades policiacas y con las vinculadas con los migrantes, con el objetivo de establecer comunicación y evitar las violaciones a los derechos humanos. De igual forma, se articula con organizaciones del otro lado de la frontera, para intercambiar información y realizar acciones en conjunto. En Mexicali, algunas que no pertenecen a la coalición recurren a la movilización y a la denuncia pública para presentar sus denuncias, en ocasiones en coordinación con otras de distinto tipo, aunque son escasas y tienen poca influencia.

En Sonora, por fortuna, desde hace más de una década han surgido algunas OC en ambos lados de la frontera, que desarrollan estrategias para hacerle frente a los problemas derivados de los cambios de rutas migratorias, como la estadounidense Fronteras Compasivas (Humane Borders), Coalición de Derechos Humanos de Arizona y la Patrulla Samaritana (Samaritan Patrol), también la Red No Más Muertes constituida por organizaciones humanitarias de Arizona y Nogales, Agua Prieta y Naco, que junto con la Iglesia Unitaria Universalista de Tucson han estado apoyando el módulo de atención Centro de Recursos para Migrantes en Agua Prieta, que orienta a los migrantes sobre sus derechos humanos mediante pláticas y trípticos, documenta casos y los apoya cuando deciden presentar quejas ante las autoridades.

La Iniciativa de Frontera Kino (KBI, por sus siglas en inglés), de reciente creación, es un esfuerzo innovador y de cooperación entre seis agrupaciones religiosas de ambos países, para acompañar a los migrantes y a las comunidades que sufren las consecuencias de la migración.⁷ El KBI se encuentra estratégicamente ubicado en las ciudades gemelas de Nogales, que es un importante puerto de entrada y deportación de los migrantes en el suroeste de Estados Unidos. Entre sus objetivos está trabajar con personas comprometidas de las universidades regionales y asociaciones sin fines de lucro, para documentar casos de violaciones a los derechos humanos. La KBI recopila información sobre la realidad de la frontera y colabora con las organizaciones internacionales, que abogan en nombre de los derechos humanos y la reforma migratoria integral en Estados Unidos.

Las principales herramientas para denunciar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes son la documentación y la elaboración de informes, en conjunto con las organizaciones civiles y religiosas del otro lado de la frontera. A diferencia de las OC de Baja California, las de Sonora son poco visibles en los medios de comunicación locales.

En cuanto al carácter de las redes en las que participan las organizaciones civiles de apoyo a migrantes de Baja California y Sonora, el mayor porcentaje lo hace en las regionales o locales, luego en las internacionales y, en tercer lugar, en las nacionales. La mayoría de las OC manifiesta que la experiencia de haber participado en redes ha sido fundamental para mejorar la atención a los usuarios, la ayuda mutua y establecer lazos de colaboración.

La incorporación de los derechos humanos en las actividades que llevan a cabo las organizaciones civiles de Baja California y Sonora se hace cada vez más evidente, es sintomático que más de dos tercios de las encuestadas ofrezcan algún tipo de capacitación en derechos humanos a los usuarios que atienden; mientras que la mitad imparte pláticas de prevención de riesgos para el cruce migratorio, y una cuarta parte proporciona información sobre la realidad del fenómeno migratorio.

También es importante destacar las actividades de documentación de casos de violaciones a los derechos humanos que llevan a cabo las OC, aunque dos tercios lo hacen de manera incipiente y con pocas herramientas metodológicas. No obstante, esto les sirve para apoyar a migrantes a fundamentar y presentar denuncias ante la opinión pública o instancias nacionales e internacionales, esto coincide con los dos tercios que documentan. Una cuarta parte de las OC también realiza investigación sobre el fenómeno migratorio, y 40 por ciento tiene entre sus tareas cotidianas la difusión de los problemas migratorios derivados de sus indagaciones locales.

 

La relación de las OC de apoyo al migrante con los gobiernos locales

En Baja California, se puede afirmar que la relación de las OC es de cordialidad y colaboración con los tres órdenes de gobierno; existen algunas experiencias de gestión asociadas entre éstas y el gobierno local, para asistir a los migrantes en tránsito y repatriados, por ejemplo, la Coalición Pro Defensa del Migrante atiende en Tijuana dos módulos en las garitas y en Mexicali uno con recursos de las organizaciones civiles, y también la red de Cáritas de la Diócesis de Mexicali tiene otro en el espacio federal. En los módulos de atención se recibe y apoya a migrantes deportados desde Estados Unidos, y se les ofrecen distintos servicios y orientación.

Si bien es cierto que existe colaboración y comunicación entre las organizaciones civiles que trabajan con migrantes en Baja California, también hay fricciones cuando las primeras realizan denuncias sobre el proceder de las autoridades, en especial cuando consideran que se han cometido violaciones a los derechos humanos de la población migrante.

En el caso de Sonora, los gobiernos locales comenzaron a darle importancia al tema migratorio cuando llegaron las oleadas de migrantes que no podían cruzar por otros estados, entonces se creó la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes, en 2007 (Boletín Oficial del Estado de Sonora, 2007), pero sin la participación de las OC. La relación entre éstas y los gobiernos en el estado es más compleja; las de Nogales, sobre todo las religiosas, se llevan mejor con las instituciones federales que con las municipales y estatales; en Agua Prieta sucede algo similar, pues las de este municipio mantienen cierta distancia del gobierno estatal.

 

Financiamiento

Es una realidad que las organizaciones públicas o privadas requieren recursos financieros, materiales y humanos para cumplir sus objetivos. Las que apoyan a los migrantes, para funcionar y alcanzar cierto grado de consolidación, necesitan de la buena voluntad de sus miembros, de la colaboración altruista de la comunidad y, de manera muy importante, una serie de recursos financieros y materiales que les ayuden a alcanzar sus metas fijadas.

Explorar e intentar conocer las fuentes de financiamiento de las OC no resulta sencillo; identificar los mecanismos mediante los cuales buscan y obtienen el financiamiento excede los propósitos de este trabajo, pero se puede mencionar que un factor fundamental del financiamiento tiene que ver con la actividad concreta que desempeñan, con las relaciones que tengan y formalicen con instancias públicas y privadas, así como el mayor o menor grado de consolidación administrativa y profesional que posean. De esta forma, las que cuenten con el personal suficiente, como para dedicar a un profesional a la búsqueda de fondos, obtendrán mayores recursos, y se consolidarán aún más, por el contrario, las que tienen el personal mínimo sólo sobrevivirán de lo que reciban de apoyos públicos y de la comunidad.

 

Consideraciones finales

Aquí se presentó una pequeña radiografía de las organizaciones civiles que trabajan en pro de los migrantes en Baja California y Sonora, con la idea de conocerlas, identificarlas, clasificarlas y hacer visible su trabajo en los derechos humanos. A continuación se exponen algunas conclusiones.

La estructura tanto material como administrativa de las OC habla de un funcionamiento moderno, actual, acoplado, que juega con las mismas cartas y casi al mismo nivel que las instituciones del Estado, que deberían estar abordando estas temáticas y problemas. La diferencia radica en los recursos disponibles para ello.

A pesar de que predominan las organizaciones de carácter asistencial, también existen las de promoción para el desarrollo y las de incidencia, que se están articulando con las locales, regionales e internacionales conformando redes formales e informales donde pueden incidir –y lo están haciendo– en cambios en las políticas migratorias y en los tratados internacionales relacionados con el abuso de los derechos humanos principalmente. Si bien son iniciativas incipientes, es un camino que muchos quieren pavimentar.

En Baja California y Sonora hay grupos con pocos recursos, pero que atienden al grueso de los migrantes que son deportados o a quienes aspiran a ingresar a Estados Unidos sin documentos. La capacidad de atención de ambas entidades alcanza a cerca de 2 mil personas diarias que, dependiendo del caso, pueden estar en promedio hasta tres días en algunos albergues mientras solucionan su situación. Aun así, todas las organizaciones no se dan abasto para auxiliar a la población migrante que necesita ayuda. Baja California está mejor preparado para asistir a los migrantes en cuanto a equipos, infraestructura física y humana no gubernamental; tiene el doble de grupos en relación con Sonora. Sin embargo, aún no cuenta con una ley local de protección a migrantes, como sucede en Sonora.

Parece existir mejor colaboración entre los gobiernos locales de Baja California y las OC; se ha forjado mayor capital social que en Sonora, no obstante en ese rubro siguen existiendo inercias que impiden su participación en políticas públicas destinadas a migrantes.

Por lo anterior, el reto mayor de las OC que apoyan a migrantes es dar un salto cualitativo en cuanto a sus modelos de atención y gestión, pero para ello resulta fundamental una mayor profesionalización, que permita contar con herramientas más eficientes para documentar casos de violaciones a los derechos humanos, la creación de bases de datos que puedan ser públicas y transparentar sus procesos.

 

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Notas

¹ Ante la insuficiencia de programas y políticas gubernamentales de atención, han surgido iniciativas ciudadanas, en especial de las iglesias, para auxiliar a la población migrante en tránsito y deportada en la frontera norte de México (Camacho 2012).

² Los universos de OC que atienden a migrantes en ambos estados están registrados en el Directorio regional de organizaciones civiles en pro de los migrantes en Baja California y Sonora 2009, y en el Directorio de organizaciones civiles que atienden a migrantes en la frontera norte de México 2012, publicados por la UABC.

³ Algunos autores le incorporan el concepto de "caritativas" (Ibid.).

⁴ Esta situación se explica por la política de control migratorio en las zonas tradicionales de cruce entre Tijuana-San Diego y Mexicali-Imperial, que orillaron a la población migrante a desplazarse hacia Sonora, sobre todo al desierto de Altar.

⁵ Aun y cuando ya se aprobó la Ley de Fomento para las Actividades del Desarrollo Social de Organizaciones de la Sociedad Civil Federal en algunos estados, como en Baja California.

⁶ La Casa del Migrante en Tijuana, Casa Madre Assunta, Young Men's Chrisitan Organization (YMCA), Albergue del Desierto, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante y el Centro de Derechos Humanos y Educación Cívica.

⁷Arquidiócesis de Hermosillo, Diócesis de Tucson, Provincia de California de la Compañía de Jesús, Servicio Jesuita a Refugiados, Estados Unidos-Washington, D. C., Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y Misioneras de la Eucaristía.